Con el apoyo de más del sesenta por ciento del voto popular, el peso simbólico de la tercera asunción de Evo Morales fue grande. Las imágenes ceremoniales en Tiahuanaco, y más tarde en el Congreso Nacional, transmitieron el orgullo del lugar ocupado, al menos simbólicamente, por los pueblos indígenas, los campesinos, los mineros y los trabajadores, en el gobierno del MAS. De acuerdo con la socióloga boliviana Fernanda Wanderley, en años recientes el predominio del simbolismo usualmente ha ensombrecido toda evaluación coherente de la adecuación entre la práctica del gobierno y sus ideales y compromisos políticos manifiestos: “Esta es la fuerza política y simbólica de este gobierno. La pregunta de si está efectivamente comprometido con estos ideales constituye otro registro de análisis. Y, en tanto la sensación de bonanza económica y estabilidad macroeconómica sea mantenida, esta pregunta va a seguir siendo secundaria” (Wanderley, 2015).
“En efecto”, observa Schipani en otro lugar, “centros comerciales y restaurantes se han extendido en uno de los países más pobres de América Latina, y las compañías de consumo parecen felices. Las ventas de supermercados se dispararon desde 71 millones, antes de que Morales asumiera el poder, hasta 444 millones el año pasado, en tanto las ventas de restaurantes crecieron un 686 por ciento en el mismo período. [...] Como dice un economista local, conocido por sus críticas a las políticas: ‘Esto es el colmo del consumismo. Llamen a este modelo como quieras. Pero por favor, no lo llamen socialismo, o anticapitalismo. ¡Tengan algo de respeto por Marx, por favor!’” (Schipani, 2014).
Inmediatamente después de los resultados electorales, el vicepresidente Álvaro García Linera publicó un comunicado en los grandes diarios, trazando las características centrales de lo que llamó el “nuevo mapa político”: “Lo que ocurrió en Bolivia en la última década, es la emergencia y consolidación de un tipo de integración lógica y moral de la sociedad, esto es, una casi unánime manera de entender y actuar en el mundo, caracterizada por el trípode constitucional de: una economía plural con eje en el Estado, el reconocimiento de las naciones indígenas con un gobierno de los movimientos sociales, y un régimen de autonomías territoriales” (García Linera, 2014). El establecimiento de una economía plural dirigida por la intervención del Estado, y la liberación indígena a través del reconocimiento territorial y político, se dice que dieron paso a una revolución democrática y cultural, desplazando la corrupción e injusticia del precedente orden ortodoxo neoliberal, con un gobierno de los movimientos sociales
Con una tasa de crecimiento promedio de un cinco por ciento desde 2006, descensos impresionantes en los niveles de pobreza y pobreza extrema, masivos proyectos infraestructurales como el nuevo teleférico que une los asentamientos de El Alto con la ciudad capital de La Paz, el satélite Tupac Katarí y logros sociales en áreas como la reducción del analfabetismo, no es difícil ver por qué Morales es popular (Ergueta, 2015). Pero, ¿en qué sentido, la nueva economía política introducida por Morales en 2006, ofrece una alternativa radical al neoliberalismo, y mucho menos una transformación revolucionaria de la sociedad, economía y Estado bolivianos?
“Tensiones creativas”
La característica definitoria del proceso revolucionario desde 2010, de acuerdo con Álvaro García Linera (2011), es la emergencia de lo que él llama las “tensiones creativas” o contradicciones. En su posiblemente mejor libro desde que se convirtió en vicepresidente, Tensiones creativas de la revolución, describe cinco etapas de lo que ve como el proceso revolucionario boliviano que comenzó en 2000 con la Guerra del Agua en Cochabamba. En su quinta fase, comenzada en 2010, se resolvieron las contradicciones anteriores entre dos proyectos en competencia por la sociedad, con la victoria del bloque nacional-popular sobre el bloque burgués-autonomista de las tierras bajas del este; pero permanecen las tensiones dentro de sectores constitutivos del proceso de cambio mismo. En esta óptica, las tensiones creativas, si son administradas apropiadamente, pueden ayudar a empujar el curso de la revolución. Pueden reforzarse positivamente entre sí y mutar en fuerzas productivas objetivas y subjetivas de la revolución.
Mao es el punto de referencia de García Linera, en tanto señala las que él considera son las contradicciones primarias y secundarias de la coyuntura. Las fisuras de las primeras dividen a los elementos de apoyo del proyecto nacional-popular, de un lado, y el conjunto de las fuerzas imperiales alineadas contra aquél, junto con los remanentes de la recalcitrante derecha vernácula, por el otro. Las contradicciones secundarias son las tensiones creativas internas al proceso revolucionario mismo. Estas tensiones creativas pueden ser trascendidas a través de medios democráticos y revolucionarios, por el “gobierno de los movimientos sociales”.
El “pueblo” boliviano estaría entonces unido alrededor de la plurinacionalidad, la autonomía indígena territorial, y una economía plural —incluyendo formas de propiedad públicas, privadas y social-comunitarias, con la presencia estatal en la economía subordinando a las otras formas de propiedad. El proceso estaría en marcha hacia un Estado integral, entendido como la final disolución del Estado en la sociedad, mientras que la economía se estaría convirtiendo —aun con retrocesos— en una dominada por la lógica del valor de uso por sobre el valor de cambio.
A la caza de herejes
Jorge Viaña cuenta una historia algo diferente sobre el carácter del proceso desde 2010 en adelante. La derrota del bloque de oposición organizado permitió un endurecimiento de las capas más conservadoras dentro del gobierno, mientras simultáneamente proveía espacio para que se profundizaran y expandieran las divisiones internas dentro del bloque popular. Disidentes internos en el partido de gobierno fueron crecientemente identificados como enemigos del proceso mismo, particularmente las organizaciones indígenas de las tierras bajas, que continuaron luchando por una significativa auto-determinación territorial de los pueblos indígenas en las partes del país bajo su control.
Una indicación inicial de las nuevas divisiones fue el conflicto del gobierno con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en junio de 2010. A fines de junio, una marcha indígena dirigida por la CIDOB partió de Trinidad, la capital del departamento de Beni, protestando contra la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías que el gobierno acababa de introducir como medio para implementar diferentes componentes de la nueva constitución.
Los manifestantes fueron apoyados por siete congresistas indígenas del MAS, provenientes de las tierras bajas, que hicieron huelga de hambre en solidaridad. Los manifestantes vieron las nuevas leyes como insuficientes respecto de las demandas históricas de los escaños designados en el congreso para la auto-representación indígena; también argumentaron que la nueva legislación no incluía suficiente respeto por la consulta con las comunidades indígenas antes de que se iniciaran proyectos de desarrollo en sus territorios, y minimizaba la integridad de la autonomía territorial y por lo tanto de la auto-determinación en las tierras bajas. Específicamente, pedían la aprobación inmediata de mecanismos que proyectaran mejor el reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) (Viaña, 2012: 378).
Los activistas de la CIDOB fueron descalificados por miembros del gobierno como “divisionistas” (fraccionalistas) del bloque nacional-popular, haciéndole el juego al imperialismo y a la derecha vernácula. El gobierno se mostró crecientemente incapaz de distinguir entre los activistas indígenas de las tierras bajas y los gobernadores de derecha de los departamentos de la media luna que habían intentado un golpe civil en 2008. Aun si fuera cierto que las fuerzas políticas conservadoras y las ONG liberales estaban tratando de dirigir la dinámica dentro de las protestas indígenas de las tierras bajas —cosa que inevitablemente hicieron, como lo habían hecho a lo largo del pasado reciente—; el rechazo de las demandas básicas de la CIDOB en la protesta fue un error de cálculo extraordinario por parte del gobierno. El error político, como señala Viaña, fue negar la legitimidad fundamental de la lucha de los indígenas de las tierras bajas, y por lo tanto pasar de la negociación a dirigir todos los recursos del Estado contra el movimiento. Si el gobierno está efectivamente comprometido con la plurinacionalidad, afirma Viaña, en las tierras bajas es un requisito fundamental el respeto por la integridad territorial de los 26 millones de hectáreas de TCOs, de modo que los pueblos indígenas de la zona puedan, en términos materiales y culturales, continuar reproduciéndose a sí mismos (Viaña, 2012: 380, 386).
Las tensiones con la CIDOB fueron seguidas por el desastroso “gasolinazo” de diciembre de 2010, cuando el gobierno intentó cortar los subsidios a la gasolina, subiendo los precios un 80 por ciento. Jaime Paz Zamora fue el último presidente boliviano que intentó algo así —en su caso, con un incremento del 35 por ciento en 1991, en la cima del experimento neoliberal— y eso casi llevó a la caída de la administración. Previsiblemente, estallaron grandes protestas en diciembre de 2010 y forzaron al gobierno de Morales a retirarse, pero la iniciativa marcó una creciente arrogancia de parte del partido de gobierno. La casi total evaporación del bloque opositor entre 2008 y 2010 permitió la consolidación de las capas más conservadoras dentro del MAS y un giro de su enfoque hacia la vigilancia de las capas disidentes dentro del bloque nacional-popular, que habían defendido repetidamente el proceso contra la derecha desde 2006 (Viaña, 2012: 379-380).
Crisis en el TIPNIS
Para mediados de 2011, las emergentes divisiones dentro del bloque nacional-popular escalaron cuando Morales dio luz verde a un plan de décadas de antigüedad para construir una autopista conectando Villa Tunari (en el departamento de Cochabamba) con el norte de San Ignacio de Moxos (en el departamento de Beni), a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro (TIPNIS) (Webber, 2015). El conflicto por la autopista en el TIPNIS desató marchas por grupos indígenas de las tierras bajas, defendiendo su derecho al auto-gobierno y consulta previa antes de que cualquier proyecto de desarrollo sea planeado y ejecutado. El gobierno, a su vez, promovió contra-demostraciones y envió a la policía para reprimir las marchas. Las protestas indígenas, argumentó el gobierno, eran manipuladas, o incluso dirigidas, por ONGs extranjeras y la derecha vernácula. Mientras hay evidencia de que los intereses norteamericanos y la derecha boliviana buscaron intervenir en la crisis del TIPNIS para sus propios fines —como siempre lo van a hacer, dada la oportunidad—, el carácter orgánico del núcleo de los movimientos es difícil de desconocer aún para los partidarios del gobierno más estrechos de miras. Es digno de notar, también, la presencia de voces dentro de la marcha indígena del TIPNIS que han sido críticas de sus líderes de organización, por no haber estado suficientemente en sintonía con los intentos de la derecha de cooptar su lucha.
La crisis del TIPNIS condujo a las primeras grandes rupturas formales dentro de las bases del bloque nacional-popular que habían hasta entonces prestado un apoyo crítico al gobierno. A fines de 2011, la CIDOB junto con el Consejo Nacional de Ayllus y Marckas de Qullasuyu (CONAMAQ), se separaron del Pacto de Unidad, una coalición de fuerzas indígeno-campesinas que había unido a estas dos organizaciones a través de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. El Pacto de Unidad había sido la más importante organización indígena de izquierda en el contexto del proceso de la Asamblea Constituyente, a menudo avocando explícitamente por propuestas a la izquierda de los representantes ejecutivos del MAS (Viaña, 2012: 382).
Una vez que la CIDOB y la CONAMAQ se fueron formalmente del Pacto de Unidad, el MAS inició un esfuerzo concertado para socavar su capacidad de representar independientemente a los grupos indígenas de las tierras bajas —en 2012, simpatizantes del gobierno disidentes dentro de la CIDOB deacreditaron a las autoridades electas y llamaron a una “comisión extendida” a través de la cual nuevas autoridades deberían ser elegidas. Más dramáticamente, en diciembre de 2013, afiliados del MAS minoritarios dentro de la CONAMAQ ocuparon la sede central de la organización en La Paz, golpeando y expulsando a las autoridades legítimas. Lo hicieron con el apoyo de la policía, que custodió la sede y evitó el retorno de los representantes electos de la CONAMAQ (Zibechi, 2014). En suma, el conflicto de la CIDOB en junio de 2010, el gasolinazo de diciembre de 2010, el conflicto del TIPNIS en 2011, y las divisiones en el Pacto de Unidad más tarde ese mismo año, representaron una nueva consolidación de las capas más conservadoras del partido de gobierno, y la identificación de los disidentes internos como enemigos del “proceso de cambio”.
Capitalistas indígenas
La noción de una economía plural propuesta por García Linera y otros dentro de la administración de Morales, no puede dar cuenta de las tendencias a la concentración y centralización dentro de la acumulación capitalista. Como los economistas Carlos Arze y Javier Gómez han señalado, la dinámica contradictoria entre empresas capitalistas de gran escala en industrias extractivas y formas de producción para el mercado a menor escala, que son subsumidas en la acumulación capitalista, causa un conjunto de desarrollos inestables a través de secciones de clase intermedias en la sociedad boliviana. Vendedores ambulantes, pequeños extractivistas, productores industriales de pequeña escala, y productores de mediana escala involucrados en la agricultura comercial de exportación, todos en niveles de acumulación incipiente, están haciendo crecientes demandas políticas al Estado boliviano para que mejor sus perspectivas de competitividad en el mercado (Arze y Gómez, 2013: 164).
En ausencia de cambios estructurales en la propiedad social bajo la administración de Morales, este tipo de demandas han llevado al Estado hacia políticas de incremento de los márgenes de ganancia de estos pequeños sectores, a expensas del trabajo asalariado: la depresión de los salarios, el incremento de la precariedad en las relaciones laborales, la flexibilización de los derechos territoriales a la auto-determinación de las comunidades indígenas rurales, la relajación de las regulaciones ambientales, y la implementación flexible de la ley frente a las actividades de importación y exportación de contrabando en la industria de los narcóticos (Arze y Gómez, 2013: 165).
Más aun, la evolución favorable de los trabajadores cuentapropistas durante los últimos años –mediante el acceso a crédito y subsidios, entre otras medidas– ha permitido a algunos segmentos de esta capa de la población convertirse en capitalistas de pequeña escala, que entonces acumulan ganancias mediante la explotación del trabajo asalariado. Estos fenómenos pueden observarse en la minería, el comercio de contrabando, la agricultura comercial, y sectores del transporte urbano, entre muchos otros de la economía boliviana (Arze y Gómez, 2013: 166).
En semejante ambiente, como señalan Arze y Gómez, es difícil discernir cualquier movimiento hacia el socialismo comunitario o el vivir bien. En cambio, lo que es notable es una configuración típica del capitalismo dependiente, donde el capital extranjero domina a un sector extractivo destinado a los mercados de exportación, mientras capas de capitalistas locales más pequeños asumen unas posición estructuralmente subordinada; ambos sectores, mientras tanto, viven de la explotación de las clases trabajadoras de Bolivia. El Estado no es “integral” acá, al menos no en la manera prevista por García Linera. Antes bien, es un típico Estado capitalista que asegura, lo mejor que puede, la reproducción de la acumulación capitalista.
Las capas emergentes de pequeños capitalistas han salido fundamentalmente de la población indígena de Bolivia. Y son precisamente estos sectores sociales emergentes, en alianza con sectores dominantes más viejos en la sociedad boliviana –agroindustriales, el capital minero y las corporaciones petroleras extranjeras– los que han consolidado y articulado sus intereses en los influyentes círculos de gobierno, en tanto los opositores de izquierda y los indígenas plurinacionalistas han sido empujados hacia afuera (Paz, 2014). La lógica del gran capital corre paralela a la función legitimadora de la formación de una burguesía indígena.
Como indica la antropóloga Sarela Paz, siempre hubo contradicciones dentro del bloque nacional-popular, pero éstas han emergido decisivamente desde 2010. Mineros cooperativistas (relacionados con el capital minero transnacional), cultivadores de coca (con intereses en la comercialización y legalización de la tierra bajo títulos individuales antes que colectivos), y comerciantes de El Alto y las tierras altas del Oeste (vinculados con el capital chino), se cuentan entre los más poderosos jugadores dentro del MAS hoy (Paz, 2014).
Cualquier demanda de los sectores populares que pueda mover el proceso de cambio en una dirección más radical –defensa de la propiedad colectiva de la tierra, autonomía territorial indígena en las tierras bajas, control socializado de la agro-industria, límites al crecimiento de productos genéticamente modificados, desarrollo de un sector minero estatal, políticas comerciales que limiten la liberalización del comercio y fortalezcan la agricultura y manufactura nacionales– no se ajustan cómodamente con las aspiraciones de estos nuevos sectores emergentes y sus geometrías de poder (Paz, 2014).
En el epicentro de la fórmula de gobernanza que sostiene a la administración del MAS hoy, hay una alianza entre el capital agro-industrial de las tierras bajas del este y el capital transnacional en los sectores mineros e hidrocarburíferos, de un lado, y la incipiente burguesía indígena de la minería cooperativa, el comercio, el contrabando y los narcóticos. Los grandes capitalistas operando en Bolivia entienden políticamente que viejas formas de ejercicio de la dominación sobre la sociedad, mediante el racismo explícito y los partidos políticos conservadores, ya no es sostenible, y están dispuestos a compartir el poder con capitalistas indígenas en ascenso. Mientras tanto, estas capas indígenas emergentes son amenazadas por los intereses objetivos de los trabajadores indígenas y campesinos que están por debajo de ellos, intereses objetivos relacionados con la socialización de la riqueza, los recursos naturales, la tierra y las bases productivas de la economía boliviana, y por lo tanto están dispuestos a alinearse tácticamente con los elementos más reaccionarios del sectores de negocios de la media luna (Paz, 2014).
Distribución extractiva
Las contradicciones de clase inherentes al modelo de acumulación adoptado por el MAS desde 2006 han sido parcialmente ocultadas en el contexto de un ambiente externo caracterizado por un extraordinario boom de las commodities. Las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina representaron el 54,7 por ciento de las exportaciones totales en 2013, en tanto las exportaciones mineras fueron el 25,4 por ciento del total. Arriba del 80 por ciento de las exportaciones totales ese año fueron de materiales primarios, un hecho que obviamente hace a la economía del país vulnerable a la volatilidad de los mercados internacionales en el mediano-largo plazo, pero que trajo ingresos abundantes durante el pico del super-ciclo de las commodities (2003-2011) (CEPB, 2014: 33-34).
Significativos gastos en infraestructura pública en los años del boom, contribuyeron a un pico en la demanda doméstica, y junto con crecientes ingresos, las remesas del exterior, y programas de transferencia de efectivo focalizadas, ayudaron a reducir la pobreza desde un 62, 4 por ciento, a un 36,3 por ciento entre 2002 y 2011, y la pobreza extrema desde 37,1 hasta 18,7 por ciento, durante el mismo período (CEPAL, 2013: 95). Este es, indudablemente, uno de los factores más importantes a la hora de explicar la actual popularidad de Morales, a pesar del hecho de que estos guarismos son reflejados en otras partes en la región, que ha experimentado declinaciones globales en los índices de pobreza durante el boom de las commodities. El vecino Perú, por caso, un modelo de liberalismo de mercado, también experimentó decensos en la pobreza, desde un 48,7 por ciento en 2001, hasta un 21,1 por ciento en 2013 (CEPAL, 2013: 96).
Estregando la renta generada, muchos gobiernos progresivos de Sudamérica han establecido lo que el sociólogo uruguayo Eduardo Gudynas llama “Estados compensadores”, cuya legitimidad descansa sobre una modesta redistribución alcanzada mediante el arreglo de programas a menudos preexistentes de transferencia monetaria a los extremadamente pobres, sin tocar la estructura de clases subyacente en la sociedad. En efecto, la reproducción de estas economías políticas depende de que los Estados prioricen el mantenimiento y reaseguro del derecho a la propiedad privada, en entornos jurídicos en los que las multinacionales puedan obtener beneficios (Gudynas, 2012).
¿Se avecinan tiempos austeros?
En 2014, la economía mundial ascendió levemente con respecto a 2013, con un crecimiento agregado que pasó del 2,4 al 2,6 por ciento (CEPAL, 2013b: 7). El crecimiento de los “países en desarrollo” continuó desacelerándose, sin embargo, incluso si los niveles de crecimiento del mundo en desarrollo continuaron siendo superiores a los del mundo desarrollado. En promedio, los países en desarrollo crecieron un 4,4 por ciento en 2014.
En este empeorado contexto global, el PBI global de América Latina y el Caribe alcanzó sólo un 1,1 por ciento en 2014, el más bajo desde 2009. Pero hubo importantes diferencias en el ritmo de crecimiento en diferentes países. Significativamente, hubo falta de dinamismo e incluso contracción en algunas de las principales economías de la región: Argentina (-0.2%), Brasil (0.2%), México (2.1%), y Venezuela (-3.1%) (CEPAL, 2013b: 8). En contraste, los países con crecimiento más acelerado fueron Panamá y la República Dominicana (ambos 6,0%), seguidos por Bolivia (5,2%), Colombia (4,8%), y Guayana y Nicaragua (ambas al 4,5%) (CEPAL, 2013b: 9).
La fragilidad del actual régimen de acumulación en Bolivia se relaciona precisamente con el deterioro de las condiciones externas y la profundización del modelo primario exportador dentro del país, a lo largo del período de Morales (CEPB, 2014: 14). El gasto doméstico continúa siendo el principal motor del crecimiento en Bolivia en un sentido inmediato, pero la demanda doméstica misma ha estado supeditada al dinamismo derivado de sectores más amplios de la economía, como resultado de la extracción minera y de gas natural, que permitieron mayores ingresos y transferencias monetarias, así como picos significativos en el gasto público en infraestructura y construcción (CEPB, 2014: 38). En 2013, el 40 por ciento del gasto público fue dirigido a la infraestructura, especialmente en transporte, seguido por la energía y las comunicaciones. Después de la infraestructura, un 27 por ciento del gasto público fue dirigido hacia el sector productivo (primero, hidrocarburos, seguidos por la minería y la agricultura). La inversión social en sentido amplio ascendió al 29 por ciento del gasto público ese año, alcanzando un 46 por ciento más de lo que había alcanzado en 2012, en no menor medida debido a las inminentes elecciones generales. Los gastos en salud y seguridad social fueron todavía mínimos en proporción con el gasto total, llegando sólo al 4 por ciento, mientras que la educación y la salud recibieron el 8,7 por ciento, la sanidad básica el 5,4 por ciento, y los proyectos de urbanización y vivienda el 10,8 por ciento (CEPB, 2014: 22-23).
El ministro de economía, Luis Arce, insiste en que la economía boliviana puede continuar creciendo en 2015 a un ritmo del 5 por ciento, aun si el precio del petróleo baja a 30 dólares el barril, debido a los US$ 15 billones en reservas internacionales, que pueden ser utilizadas si resulta necesario para re-alimentar la actividad interna (Página Siete, 28 de enero de 2015). Sin embargo, Gonzalo Chávez, un economista de la Universidad Católica de La Paz, estima que las ganancias de la exportación del gas van a descender al menos en US$ 1,3 billones en 2015, el equivalente a un 4 por ciento del PBI, suponiendo un precio promedio del barril de petróleo a US$ 60. Para Chávez, un 5 por ciento de crecimiento es alcanzable con el petróleo entre US$ 90 y 100 el barril, mientras el máximo crecimiento que se puede lograr a US$ 50 o 60 el barril, estaría entre el 3,4 y el 4 por ciento (Schipani, 2015).
Agotamiento
El paisaje social de la Bolivia contemporánea se inclina tal vez más hacia la incomprensión que el de cualquier otro país de América Latina. En medio del jolgorio por el primer presidente indígena en la historia republicana asumiendo el cargo, una bonanza de consumismo sin precedentes en la historia reciente de Bolivia, y enormes proyectos públicos de modernización de satélites y autopistas, todos introducidos bajo las rúbricas de la liberación indígena y el socialismo comunitario, inquietantes nuevas formas de dominación de clase han sido fáciles de minimizar o ignorar por completo.
Con la derecha autonomista de las tierras bajas del este puesta a descansar desde 2009, las capas conservadoras del MAS han consolidado silenciosamente su poder de novedosas maneras. La demonización de las organizaciones indígenas de las tierras bajas a avanzado junto con la incorporación de la burguesía de Santa Cruz en los círculos interiores del poder del Estado. En medio de un boom de las commodities histórico-mundial, con el ritmo de la acumulación de capital alcanzando nuevas cotas según los estándares bolivianos, emergentes sectores de la burguesía indígena en las tierras altas del oeste, cuyos interese están basados en la minería cooperativa y el comercio, han consolidado su influencia sobre el gobierno, y se han alineado políticamente contra cualquier profundización del proceso de cambio hacia la socialización de la tierra, la propiedad y los recursos naturales. Esta nueva matriz de dominio económico ha sido legitimada políticamente mediante los mecanismos distributivos de un Estado compensador en tiempos de abundancia. Ahora que Sudamérica está siendo arrastrada hacia la Era de la Austeridad, sin embargo, con economías en contracción en los principales socios comerciales de Bolivia, Brasil y Argentina, es cada vez más difícil tomar los confiados pronunciamientos del ministro de economía a su valor nominal.
Bibliografía
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Zibechi, Raúl, “Developmentalism and Social Movements in Bolivia”. En: Americas Program (9 de diciembre de 2014).
Artículo enviado por el autor para su publicación en este número de Herramienta.
Traducción de Facundo N. Martín.