Eugenio Sergio García Herrera, Carolina Gonzaga González, Oliver Gabriel Hernández Lara, Dulce María López Meza, Ana Laura López Villegas, José Manuel Montaño Galindo y David Tapia Martinez.
Introducción
Lo que parecía el mejor montaje mediático contado por del duopolio de la televisión mexicana ha chocado con la realidad superando cualquier guion cinematográfico de Quentin Tarantino. El producto más visible de este montaje es el actual presidente Enrique Peña Nieto (EPN) a quien se le han atribuido las características necesarias para “salvar a México”. Heredero de una república en guerra y que tiene la “capacidad” de impulsar y sacar adelante las afamadas reformas estructurales “que el país necesita”, y “rescatar” la paz y el progreso disueltos por el narcotráfico. Sin embargo, la historia empieza a tomar otra perspectiva. El montaje de encanto se ha convertido en una pesadilla llena de realidad. Que más que golpear a los protagonistas, da un puñetazo en el rostro a aquellos que miraban, crédulos y entusiasmados, la ficción mexicana.
Cabezas, torsos, brazos, corazones, cuerpos calcinados, huesos triturados, un diente por aquí, las costillas por allá. Fosas comunes a diestra y siniestra. El escenario principal se vuelve un basurero. Tan cotidiana es esta situación para quienes habitan la zona de Guerrero, que se sorprenden y nos miran con curiosidad a nosotros que nos alarmamos con estas reveladoras noticias. No saben decir cuántas exactamente, pero varias camionetas pasan por ese camino por las noches, y siempre van a lo mismo. La dirección para el matadero humano se la saben de memoria. El “cementerio del narcotráfico” lo llaman ellos. Ellos, los que saben –porque la monstruosa cotidianeidad está ahí para recordárselos– que "calladitos se ven más bonitos". Porque esta tierra caliente ha engendrado un hijo: el miedo. Miedo a que sus hijos no se acuerden de ellos por haberse ido tan pronto, miedo a pasar a formar parte del número de los "desaparecidos", "los no localizados". Miedo a regresar sólo como parte de un recuerdo.
Pero antes del basurero hubo otros, en otros lugares, y hay más, también en otros lugares. El pavor de los crédulos y entusiasmados es que no fueron los primeros y tampoco serán los últimos. Ahora los realizadores de este montaje se preguntan ¿cómo salir de esta realidad y regresar a su fantasía de orden y progreso? Mientras unos conviven cotidianamente con la violencia, la preocupación de los otros es alejarnos de la realidad y volver al teatro mediático. Esta realidad les ha desbordado sus intenciones al grado que difícilmente encuentran quién les consuma el teatro montado. A aquellos que viven dentro de la realidad inventada se les hace cada vez más difícil comprar la hipocresía vendida por quienes la producen. Quienes vivimos y somos conscientes de esa violencia decimos ¡BASTA!
“¡Todos somos Ayotzinapa!”, gritó el 28 de noviembre de 2014 en Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana EPN; a dos meses del acontecimiento cruel y barbárico que marcó y seguirá marcando la historia de México en el siglo XXI. Pero el estruendo de los que se pasean fuera de ese palacio es más fuerte. Caminando todos juntos, codo con codo, hombro con hombro –“porque Ayotzi somos todos”–, con dolor en el rostro, la indignación se distingue, la rabia de los que no queremos más lo que estamos viviendo. A sabiendas de que puede haber represalias, levantones, detenciones arbitrarias, y todas esas herramientas violentas y deleznables de los poderosos; las calles son recorridas por multitudes que gritan, se indignan, denuncian. La mayoría hace uso de las redes sociales y convocan al paro estudiantil y a la marcha. Fuera de ese palacio se escucha el estruendo “¡Peña tú no eres Ayotzinapa!”. Algunos son más directos y aclaran, por medio de pancartas, que él no puede ser Ayotzinapa porque es Atlacomulco.
[1] Las puertas del palacio se mantuvieron cerradas, se redobló la seguridad. Por el balcón presidencial nadie se asomó. Y según él todos somos Ayotzinapa.
Las evidencias de crisis de legitimidad son aún más contundentes si tomamos en cuenta la forma en la que llegó al poder el actual Presidente de México. Las Instituciones Electorales mexicanas –que son de las más costosas del mundo– permitieron un proceso electoral con una serie de irregularidades. A esto debe sumarse la notoria indiferencia que vierten los índices de participación para las elecciones de 2012
[2], pues del total de la lista nominal –79 millones–, sólo el 63% de los registrados –unos 49 millones– acudieron a votar. De ese total el 38% –alrededor de 19 millones– votó por el actual presidente de México. Es decir, sólo el 25% de los mexicanos en calidad para votar respalda la elección del actual presidente. Una cifra muy pobre si volteamos hacía el pasado, en 1994 el 77% de la lista nominal –45 millones registrados– votó, de ese porcentaje el 48% lo hizo por Ernesto Zedillo. En 2000 votó el 63% de los registrados –58 millones– y Vicente Fox ganó con el 42%. En 2006, en una elección muy controvertida por lo cerrada de la votación y la campaña de desprestigio electoral, la lista nominal era de 71 millones, pero sólo el 58% –unos 41 millones– acudió a votar. Al final el entonces IFE resolvió la victoria de Felipe Calderón con 35.89% del total de votos, sólo 0.56% más que Andrés Manuel López Obrador. Con ello tenemos un Instituto Electoral que avala una elección con menos de 1% de ventaja entre los dos competidores más cercanos, pero además concluimos que tan sólo 15 millones, es decir, 21% de los mexicanos apoyaron a Calderón (Arriaga, 2014).
El Gobierno Federal ha tenido suficientes tropiezos al grado que la aceptación del presidente ha caído por debajo del 45%, cuando anteriormente los niveles alcanzaban el 60% de aprobación. En noviembre del año pasado los porcentajes de aceptación estaban en 39% en la encuesta de Grupo Reforma, y 41% en la de El Universal. Pero mientras políticos y académicos se fijan en las cifras para dar cuenta de la pérdida de legitimidad del gobierno mexicano, la mayor parte de los mexicanos somos testigos y padecemos problemas económicos, ambientales, falta de empleo y de educación, inseguridad en cada esquina, incertidumbre sobre qué ocurrirá en el futuro, violencia, crimen, miedo e indignación. No es casualidad Ayotzinapa, es reflejo de un choque de fuerzas que se da entre la ambición de acumulación de la oligarquía nacional e internacional, los intereses de políticos que desprecian a sus gobernados y no están interesados más que en aprovechar su cargo público para fines privados, y una sociedad indignada que está harta de tanto saqueo, impunidad y corrupción. El ejército y la policía ya no están en las calles para buscar narcotraficantes o criminales, están para resguardar este desorden y para ejercer acciones de contrainsurgencia (Sandoval, 2014).
¿Quién es Ayotzinapa? o ¿qué es Ayotzinapa? En la madrugada del 26 de Septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, se dieron varios acontecimientos que desembocaron en lo que algunos han llamado "el despertar de la sociedad mexicana". 43 alumnos de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, pasaron de forma no oficial, a la lista de desaparecidos. David Josué García Evangelista, de 14 años, fue ultimado la noche del 26 de Septiembre, cuando el camión en el que viajaba con su equipo de fútbol "Los Avispones" fue atacado por encapuchados. Julio César Mondragón, originario de la Ciudad de México, fue encontrado la mañana del sábado 27 con el rostro desollado. A partir de la mañana del 27 el Estado de Guerrero junto con el Estado mexicano montarán una serie de “respuestas” prontas para dar “solución” a la situación de violencia que se vive en Guerrero porque, según la autoridades, este es un caso aislado.
La forma de deslindarse, en este sexenio, es presentar los hechos como casos aislados, discurso similar a los “daños colaterales” que manejaba Felipe Calderón durante su guerra contra el narcotráfico. Si Felipe Calderón le apostó a la guerra en contra del narco para atenuar su falta de legitimidad, ahora EPN apuesta a la capacidad política de gestionar las reformas pendientes para profundizar las políticas neoliberales en nuestro país. Pero no debemos caer en el engaño de presentar las iniciativas políticas y económicas y la actual crisis de México como si residiera en la voluntad del actual presidente. El gasto excesivo en imagen y la sociedad que creó su partido y grupo de asesores con Televisa para la promoción de su imagen en radio, prensa y televisión, son evidencias de que EPN es tan solo una mercancía que se nos ofreció en campaña, y que sólo unos cuantos compraron tal como si hubiesen elegido una camisa, un cereal o papel de baño. La inversión en imagen y los negocios turbios del presidente son uno de los escándalos más visibles en la actualidad.
La agenda presidencial: la agudización del antagonismo
Al igual que muchos países latinoamericanos (Bonnet, 2009), México inicia un proceso de reformas estructurales a partir de la década de los 80. Dichas reformas han implicado el despliegue de un conjunto de políticas neoliberales que –en palabras de Alberto Bonnet– son: “una intervención política de la burguesía en la lucha de clases que apuntan a una recomposición de la acumulación y la dominación capitalistas a través de la imposición de la disciplina de mercado sobre la clase trabajadora mediante mecanismos: monetario-financieros” (Bonnet, 2007:145). Estas imposiciones de las disciplina de mercado sobre la clase trabajadora se ha dado a través de reformas que ejercen violencia monetaria y social. Pero que además impulsan un proceso de mercantilización de relaciones sociales previamente estatalizadas.
Según Rolando Cordera y Carlos Tello (2010) existen dos tipos de reformas, económicas y políticas. Las reformas económicas se dan en dos sentidos: redimensionar al Estado y revisar a fondo el papel que debe desempeñar en la economía, así como redefinir las relaciones económicas del país con el exterior. Es decir, si bien el Estado y el mercado no son entidades propiamente separadas, sí cuentan con particularidades que les diferencian, al tiempo que son atravesadas por el antagonismo entre capital y trabajo inherente a la sociedad capitalista (Bonnet, 2009). En México la etapa de aplicación de diversas políticas neoliberales comienza con acciones como la reducción del gasto público, la desregulación de todo tipo de actividad, y la reforma del artículo 27 durante la administración de Carlos Salinas de Gortari en 1992, para liberar la tierra ejidal y comunal. Cada una de estas políticas implicó abrir paso a formas agresivas del capital que han tenido consecuencias desastrosas para la mayor parte de la población. Despojos de tierras en comunidades indígenas y campesinas, reducción de los salarios de los trabajadores, de sus derechos y de los contratos colectivos de trabajo, crecimiento de la economía informal para el sustento de las familias mexicanas, incremento de la brecha entre ricos y pobres, etc.
En lo que se refiere a las reformas políticas las iniciativas parecen venir apostado a crear un sistema democrático, que cambiara las formas de imposición que el PRI había realizado por más de 70 años. Sin embargo se trató sólo de cambios en las reglas del juego de la política formal, y no de un proceso real de democratización. Sería la misma elite política la que aprobaría nuevas reformas electorales que permitieran mantener a las opciones políticas de derecha –el PRI y el PAN– siempre al frente de las decisiones importantes del país, ya sea en el Congreso de la Unión o en la Presidencia de la República. La democracia en México ha sido entonces el elemento político para justificar la toma de decisiones impuesta desde la disciplina de mercado. Esto no implica caer en el error de postular que el Estado se ‘minimiza’ o se ‘adelgaza’, sino que se afirma que éste es partícipe directo de los intereses de la élite nacional e internacional. Vistas en este sentido, las políticas neoliberales en general y las reformas de EPN en particular, expresan el grado máximo de subordinación del Estado a los intereses del capital y, por lo tanto, una profundización del antagonismo de clase.
Las políticas neoliberales expresan la llegada de una nueva oleada de pensamiento que remplazaría la hegemonía del modelo keynesiano en la que el Estado, lejos de intervenir para paliar las contradicciones generadas por el capital, se vuelve un ente al servicio del capital generando y facilitando las condiciones para su reproducción. Las reformas están atravesadas por la premisa de crear un país ofertante de mano de obra barata, y con legislación permisiva respecto a la explotación de sus recursos estratégicos y los bienes comunes naturales. Esto hace de México una de las zonas geográficas en la que la contradicción capital-trabajo es más nítida. México no es un país, no puede ser llamado así pues no tiene proyecto alguno que le otorgue cualidades para poder ser llamado de esa manera. México es una de las zonas geográficas en las que hay más desigualdad, violencia y corrupción. Es posible que ello se deba a diferentes factores, sin embargo es claro que un Estado que subordina al trabajo, sus recursos y la vida en general a los intereses del capital, sólo puede producir y alojar esos males sociales. México no es un país, es una zona que sirve a los demás países como maquinaría para mantener su economía.
Las reformas estructurales como la energética, de educación, de telecomunicaciones, política, hacendaria y financiera –impulsadas por EPN desde 2013– han generado indignación y disgusto, tanto por la forma en que fueron aprobadas, como –sobre todo– por su contenido que violenta a la economía de la mayoría de las familias en México. Diferentes analistas han denunciado que ha sido un proceso acelerado, sin el debate público necesario, y con intenciones a largo plazo. Según Khemvirg Puente, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, las reformas podrían no reflejar resultado positivo alguno (García, 2013).
La Reforma Energética realiza cambios internos en dos de las empresas que aun conservaban su carácter estatal como son Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Éstas se convertirán en Empresas Productivas del Estado y dejarán de ser Organismos Descentralizados. Así mismo la reforma establece que el Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República, dejará de tener injerencia en las decisiones de Pemex. Enunciar todas las acciones que involucran a la Reforma Energética sería desgastante, pero es importante destacar que todas ellas implican un atropello y nueva venta de las riquezas naturales del país, sin la posibilidad de apelo a la constitución para poder defenderlas. Aunque la constitución marque que el petróleo es propiedad de la Nación y este aspecto es inalienable, las formas de exploración, extracción y venta pueden ser por parte de particulares, lo cual sólo será regulado por la Secretaría de Energía. Mismo caso, el de la CFE.
Esta reforma involucra también a la Secretaría de Hacienda, que sería la encargada de regulaciones fiscales para la exploración y extracción de hidrocarburos; y será la Comisión Reguladora de Energía, la que otorgue los permisos para su exploración, extracción y distribución. En este aspecto Pemex tendrá que comportarse como el resto de los particulares y hacer licitaciones de proyectos los cuales, en caso de no obtener frutos los primeros años, serán reasignados o desechados. La Reforma Energética afectará de forma directa en los subsidios, pues se creará un programa de sustitución de subsidios generalizados por uno de subsidios focalizados en el rubro energético. Esta reforma incluye también la creación de un Fondo que será público y tendrá como fiduciario al Banco de México (BM), pero este tendrá un consejo técnico que será precedido por el Secretario de Hacienda nombrado por el Presidente de la República. También participarán el Secretario de Energía, el Gobernador del BM y 4 miembros independientes, también nombrados por el Presidente de la República. Como se podrá ver la Reforma Energética en realidad es una reforma hecha para otorgarle mayor poder al Ejecutivo Federal, y darle mayor entrada a particulares que deseen extraer petróleo con fines privados. Esto resulta por demás sospechoso si tomamos en cuenta que México es uno de los países más corruptos del mundo.
La reforma educativa es otra iniciativa del Gobierno Federal que atenta a las Normales Rurales. Sin embargo ésta no es precisamente una reforma en materia educativa, sino una reforma laboral en el ámbito específico de los trabajadores de la educación al servicio del Estado. Los principales artículos reformados fueron el 3 y el 73. Entre las iniciativas más criticadas está el que se impone una nueva evaluación que determinará el acceso, la permanencia y el ascenso al Sistema Educativo Nacional. Para esto se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, todo ello sin si quiera hacer una consulta previa.
Otro atropello cometido a la Educación Pública Superior fue el realizado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a todos sus estudiantes cuando se intentó reformar sus estatutos internos. Esto implicó hacer modificaciones para crear cuadros de trabajadores especializados, pero con un título de técnico. Otras modificaciones que se intentó impulsar fueron las de eliminar el seguro médico, la elección de los profesores por concurso obligándoles a una continua evaluación que asegure su lugar dentro de dicho Instituto, la limitación en el uso de los servicios informáticos y electrónicos y, finalmente, la violación de la libertad de expresión al interior del Instituto, pues se prohíbe la realización de actividades que puedan influir en su toma de decisiones.
El IPN entró en paro de labores desde el 17 de septiembre hasta el 9 de diciembre de 2014 cuando, después de múltiples asambleas entre el Gobierno Federal y la Asamblea General Politécnica, acordaron tres convenios que fueron publicados en la Gaceta Oficial Politécnica. Sin embargo el tema de obtener la autonomía del IPN sigue vigente y se convertiría en un tema central de la lucha social con el objetivo de dejar de ser regulados por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Gobierno Federal. A reserva de lo que muchos medios de comunicación pudieran expresar, el apoyo solidario de los estudiantes del IPN a los padres de los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” en Ayotzinapa Guerrero, fue uno de los pilares fundamentales durante las protestas sociales que se llevaron en el Distrito Federal. Al grado que en diversas ocasiones la Asamblea General Politécnica interrumpió el dialogo con las Autoridades Federales.
La reforma de telecomunicaciones aparenta fomentar mayor competencia entre compañías de servicios de comunicación y entretenimiento, sin embargo en detalle atenta a la libertad de expresión restringiendo a los medios libres. Así, esta reforma sólo beneficia al duopolio televisivo, afectando directamente a las radiodifusoras comunitarias, las cuales quedan fuera de la competencia por no tener “preponderancia” ni por sectores ni por servicios. Esta denominación de “preponderancia” es un calificativo que otorgará el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y que beneficia sólo a las empresas que logren un mayor sector de usuarios. Lo anterior es aplicado en cualquier tipo de servicio de radiodifusión y telecomunicaciones como son internet, telefonía móvil y fija, y televisión. La reforma tiene nuevos elementos que parecieran dar cuenta de un mayor control en materia de comunicación con “calidad”, sin embargo dentro de éstas el Estado adquiere un papel importante porque a través de la “preponderancia” se obliga a restricciones como la censura, la desconexión, el bloqueo de señales, mayor publicidad, entre muchas otras acciones. Esto se convierte en una forma sutil de censura, puesto que aquellos medios que alcanzan el estatus de “preponderancia” son los que custodian el discurso oficial y juegan un papel importante dentro del montaje del Estado.
Finalmente la Reforma Financiera, una de las menos visibles y discutidas debido a que parece ser sólo cuestión entre los banqueros, implica la modificación de aproximadamente 30 leyes con las que se permite de forma legal, que los miembros del sistema bancario sean los propios cobradores del dinero que prestan. De igual forma se les otorga mayor libertad para otorgar préstamos, lo que favorece el consumo de mercancías que de otra manera le serían inaccesibles a la clase trabajadora pero que, simultáneamente, les endeuda subsumiéndolos a la lógica del capital (Veraza, 2010). Es la misma lógica de imposición de medidas injustas a través del endeudamiento, con el objetivo de mantener una tasa de ganancia redituable para la burguesía nacional e internacional, pero con renovados bríos ya que la reforma implica que éstos también pueden cobrar las deudas de la manera que les convenga. Siguiendo los argumentos críticos de Jorge Veraza (2010) y de Alberto Bonnet (2007), afirmamos que nos encontramos frente a un proceso de comando del capital-dinero, cuyo objetivo es el de atenuar la tendencia decreciente de tasa de ganancia, beneficiando al máximo a la élite económica.
Depredar el ambiente es privilegio de toda la clase burguesa, pero, sobre todo, de la oligarquía; depredar a la fuerza de trabajo, sus sueldos y salarios es privilegio de toda la clase burguesa, en particular de la financiera; depredar otras secciones del salario y de la reproducción de la fuerza de trabajo es privilegio de los hospitales y las aseguradoras de salud, etcétera, así como, por otro lado, de las instituciones educativas privadas estadounidenses; pues los servicios de salud y educación debieran ser públicos y gratuitos. Depredar las riquezas nacionales de otros países –petróleo y agua en primer lugar, así como biodiversidad– es privilegio de las empresas trasnacionales que forman parte de la oligarquía no sólo estadounidense sino también de la nación que les abre las puertas (…) Depredar culturas y soberanías nacionales y la industria, el comercio y el sistema financiero de otros países –es caso ejemplar el de México– es privilegio de todo el capital social estadounidense, en especial a favor del capital industrial para someter y eliminar competidores y para transferir grandes masas de plusvalor y riquezas nacionales de otros países a Estados Unidos (Veraza, 2010: 129 – 130).
La coyuntura de los 43 estudiantes desaparecidos es una expresión en contra de estas reformas y cambios que han venido generando un país cada vez más desigual, injusto e inseguro. El hecho de desaparecer una Normal con años de historia dentro de la lucha social para mantener un Centro Educativo de Educación Superior, implica un intento del Estado a desaparecer toda aspiración del estudiante mexicano en situación marginal. La Normal Rural “Isidro Burgos”, como el resto de las Normales Rurales en el país, surge después de la Revolución Mexicana como parte de un proyecto general de nación que podríamos denominar como cardenismo. Este proyecto, además de las Normales Rurales, incluía acciones como el reparto agrario, la expropiación petrolera, y los decretos de creación de parques naturales; todas ellas están siendo desmanteladas desde el salinismo por políticas neoliberales y neoextractivas, que deben ser entendidas en términos de lucha de clases. Dadas las características y poca continuidad que tuvo el proyecto desde la cúpula política de nuestro país, se puede afirmar que las Normales Rurales han estado en resistencia desde su creación. El ataque que sufren busca, bajo las evidencias obvias, desaparecer estos centros de formación crítica y educativa. El número de las Normales Rurales ha disminuido a menos de la mitad desde su fundación
[3], y el constante ataque que sufren es prueba de que el objetivo de los gobiernos pasados y presente es el de desaparecer estas alternativas honestas de la población más pobre.
Las Escuelas Rurales acogen a hijos de campesinos hasta finalizar su preparación como futuros profesores de comunidades rurales de la sierra y de todo el país. Lugares a los que, por cierto, la elite académica normalmente no quiere ir, a menos que sea en términos temporales o como “turistas revolucionarios”. Los tintes académico-militantes siempre estuvieron presentes, los maestros y alumnos son activos en cuestión de sindicatos y lucha social, siempre en busca de beneficios para mejorar las condiciones de infraestructura y académicas. La lucha activa es parte fundamental de su formación para buscar mejorar las contrastantes condiciones de vida de las zonas rurales.
Los crímenes ocurridos en Ayotzinapa no son sólo una estrategia del Estado en contra de la Normal de Guerrero, también representan un golpe directo a la histórica organización estudiantil, que pugna por una educación digna. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), fundada en 1935, ha dado origen a luchadores sociales comprometidos con las causas del pueblo como Genaro Vásquez y Lucio Cabañas, ambos graduados de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Ésta ha sido un frente que se coordina a lo largo y ancho del país para lograr resistir y exigir al Gobierno Estatal y Federal en cada estado que se lance la convocatoria de ingreso cada año; así como emprender diversas acciones como la toma de camiones, de franquicias o empresas trasnacionales, para exigir el apoyo con material didáctico e infraestructura de sus centros educativos. La FECSM es actualmente una de las organizaciones más activas en la movilización nacional de indignación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que la ha convertido en una de las organizaciones con mayores críticas a la presente administración. En el estado de Guerrero la acción del narcotráfico ha funcionado a la medida como una estrategia contrainsurgente. Todo esto, es sólo una muestra de una política militar y estratégica para continuar con la guerra sucia, elemento primordial para la dictadura del Capital, bajo una trágica obra teatral montada con el denominador de ‘democracia’.
Con todo lo anterior, afirmamos que la Reforma Educativa es un intento de limitar la Educación Superior o desaparecerla, creando Sistemas de Evaluación que no prevén la formación de los docentes desde la Educación Normal, y que además lo hacen en función de parámetros extranjeros, de acuerdo a recomendaciones de instancias internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Como ya se dijo, la Reforma Educativa implica un cambio en las condiciones laborales de los trabajadores del Estado, para explotarlos sin derecho a crear antigüedad y a la jubilación. Las Escuelas Normales Rurales en todo el país tienen la firme convicción de exigir el acceso directo a las plazas en comunidades rurales marginadas, para poder llevar la educación básica a las comunidades que más lo necesitan.
El precio que han pagado las Normales Rurales por exigir que hijos de campesinos de escasos recursos –y en su mayoría de comunidades muy alejadas– tengan acceso a la educación ha sido muy caro. Hay una larga lista de agravios que se podrían reportar, sin embargo la muestra más contundente y visible son los 43 jóvenes de 18 a 25 años desaparecidos desde el 26 de Septiembre de 2014. Mientras esos jóvenes son esperados y buscados por sus familias, en el resto del país el fruto de las reformas estructurales sigue afectado a la mayor parte de la población. Con despojos territoriales a pueblos originarios, alza de precios en productos de la canasta básica, inseguridad y crimen organizado en las calles, bajos salarios y sin la garantía de un seguro social básico; la migración campesina, el empleo informal, el desempleo, la corrupción y la impunidad, el hambre y las enfermedades, son el rostro cotidiano de nuestra realidad.
De esta forma, vivimos bajo políticas neoliberales impuestas por las elites política y económica. Estas políticas les han dejado frutos, pues han conseguido mantener y multiplicar su riqueza, en detrimento de los sectores sociales más amplios que han testificado la pauperización de sus condiciones de vida. Por si fuera poco, a este orden social desigual, injusto y violento lo protegen las instancias policiacas y de justicia más corruptas de la región. La conjunción de estas instancias con el contexto de crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado, ha sumido a la mayor parte de la población en un contexto de miedo y represión. En ese sentido, mientras unos se enriquecen, otros delinquen, otros reprimen y otros asesinan, se mantiene al resto de la sociedad mexicana en una fosa a la que todavía le caben más cuerpos.
En resumen tenemos una serie de reformas económicas y políticas que tienen como finalidad el fomento a la acumulación del capital, poniendo en peligro la existencia y reproducción de las clases más desprotegidas. Sin embargo el hartazgo y la indignación están presentes en la mayoría de los mexicanos, algunos de los que han creado distintas formas de resistencia a estos cambios económicos, políticos y sociales. Un ejemplo notorio a nivel Internacional es el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes se han proclamado en contra de estas reformas con los argumentos de que afectan la economía de las familias mexicanas, pero también como un atentado contra la riqueza natural y cultural de los pueblos indígenas. En palabras del subcomandante Moises:
Los compañeros estudiantes desaparecidos nos están llamando a organizarnos para que no nos pase igual en este sistema en que estamos. Porque lo han explicado muy bien los familiares de Ayotzinapa. Como buenos maestros, los familiares han explicado que el responsable del crimen es el sistema capitalista por medio de sus capataces, de sus escuelas para capataces, mayordomos y caporales. Y esas escuelas donde aprenden son los partidos políticos de quienes sólo buscan cargos, puestos, puestecitos. Ahí es donde se preparan los serviles de los malos gobiernos. Ahí es donde aprenden a robar, a engañar, a imponer, a mandar. De ahí salen los que hacen las leyes, que son los legisladores. De allí salen los que obligan a cumplir esas leyes, con la violencia, que son los presidentes grandes, medianos y pequeños, con sus ejércitos y policías. De ahí salen los que juzgan y condenan a los que no obedecen esas leyes, que son los jueces… Su trabajo allá arriba es no dejarnos respirar a los que estamos abajo (Moisés en González Casanova, 2014).
México se encuentra en una encrucijada que parece no tener salida. Los grupos de interés y los poderes públicos y fácticos no tienen la intención de cambiar las cosas. Quieren continuar en el teatro que ellos mismos se han montado. Muestra de ello es que están más preocupados en organizar, arreglar y ganar las elecciones en Guerrero, que en encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos. El freno a esta situación no vendrá por parte del Estado, por el contrario, los políticos se están planteando terminar con esta oleada de reformas que comenzó en 2012. Organismos como la OCDE (Cordera y Tello, 2010) han recomendado comenzar con una tercera oleada de reformas, pero ahora en materia penal, misma que se antojaría necesaria y tardía, dados los acontecimientos del pasado 26 de Septiembre. Pero también insuficiente, ya que la corrupción parece ser un elemento inalienable de cualquier iniciativa política en nuestro país.
No solo son 43: la insurgencia se levanta
¿Cómo condensar en un par de hojas el proceso histórico de un país “condenado” o “resignado”? En esta época, en donde migrantes centroamericanos desaparecen en su peligrosa travesía por México hacia un gastado “sueño americano”, o donde miles de feminicidios horrorizan el norte y centro del país (Arteaga, 2010). En este espacio, donde agentes del Estado secuestran y desparecen a más de una cuarentena de jóvenes estudiantes sin ninguna explicación lógica ni convincente, responsabilizando cómodamente al narcotráfico y a la delincuencia organizada, en donde cada vez hay un mayor cinismo en las formas de insultar la inteligencia de la gente o –peor aún–, en donde una gran parte de la población asume posturas conservadoras, reproduce o permanece indiferente ante tales situaciones.
Las estrategias de contrainsurgencia, los crímenes de Estado, las desapariciones forzadas, los cada vez más cínicos asesinatos políticos, no son hechos aislados ni manifestaciones de épocas pasadas. Son la concurrida historia de las clases populares. Son parte de la historia negada, y en ese sentido Walter Benjamin acierta cuando afirma: “El asombro ante el hecho de que las cosas que vivimos sean ‘aún’ posibles en el siglo veinte no tiene nada de filosófico. No está al comienzo de ningún conocimiento, a no ser del de que la idea de la historia de la cual proviene ya no puede sostenerse” (Benjamin, 2008: 43). Parece una historia que se repite constantemente, con estrategias y formas diferentes pero la esencia sigue siendo la misma. Historia que enmarca la lucha de un pueblo por su emancipación en contra de las constantes estrategias para acallar esta protesta y criminalizar su actuar.
Carlos Montemayor (1991), escritor mexicano, nos da una semblanza perfecta de una realidad que puede traducirse en una novela trágica, la de los tiempos de guerra en México que no tuvieron ni han tenido un “responsable oficial”. Guerra en el paraíso narra en forma de novela los acontecimientos de la guerra sucia en México durante los 70. Paraíso, seudónimo con el que se conoce al puerto de Acapulco, Guerrero, es una muestra de la realidad contradictoria de aquellos años y de la actualidad. Guerrero, en donde existe el municipio con mayor índice de pobreza extrema de todo América Latina
[4], paraíso en guerra que hoy vuelve a ser referencia por lo sucedido con los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Esta novela cuestiona una realidad que parece durar para siempre. Es la continuación de lo sucedido en 1968 con los estudiantes en la Plaza de Tlatelolco. Un proyecto de contrainsurgencia tan peculiar en América Latina, y que se agudiza en todas sus formas y posibilidades en espacios específicos. A partir de la noche trágica de Tlatelolco, parte de la sociedad inconforme encontró en la lucha armada una vía para acabar con el autoritarismo de partido hegemónico. Otra parte de la población eligió la organización independiente del Estado y denuncia política a través de organizaciones barriales, campesinas, obreras y magisteriales. La respuesta ante estas dos alternativas se mantuvo bajo la lógica de los intereses del Capital, comprar o acallar las voces críticas.
La época conocida como “guerra sucia” en México, que comprende entre 1969 y 1988, representó crímenes de Estado y de lesa humanidad similares a los ejecutados en toda América Latina por las diversas dictaduras auspiciadas por el gobierno norteamericano. Una lucha contrainsurgente que orquestó y aplicó el Estado mexicano en contra de movimientos insurgentes y organizaciones sociales, en la que, de acuerdo a organizaciones de familiares y de Derechos Humanos, se registraron entre 1200 y 1800 desapariciones forzadas por motivos políticos
[5]. Poco conocemos de esta cruel etapa, sin embargo, de a poco se van develando las estrategias que se utilizaron, entrenamientos policiaco-militares por parte de agencias de seguridad estadounidenses, practicas recurrentes como la tortura o la desaparición, la masacre de comunidades indígenas y el arrebato de sus tierras, circos mediáticos en el mundo del “no pasa nada”, y comunicadores que se venden al mejor postor para presentar lo “bello del folclor patrio” y enjuiciar a los que detentan contra el “orden y el progreso” del país (Gamiño Muñóz, 2011).
Ante los hechos que hoy presenciamos en la realidad mexicana sabemos que el panorama no se ha modificado. La presencia paramilitar en las comunidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, y un largo etcétera, es la realidad ante los intereses político-económicos nacionales e internacionales, específicamente de nuestro país vecino Estados Unidos quien –como se sabe– ha entrenado desde la guerra sucia a la actualidad a las Fuerzas Armadas de México
[6], principalmente desde la Escuela de las Américas, enfocada a instruir en manuales contraguerrillas, extorsión, tortura física y psicológica e inteligencia militar, bajo la lógica de la contrainsurgencia y de la Guerra de Baja Intensidad
[7].
Con la bandera del “combate al narcotráfico” comunidades indígenas y campesinas han sido invadidas por militares y policías, ejerciendo terror y muerte, con el latente objetivo de arrebatarles tierras o controlar la inconformidad social. Toda esta situación no responde a un hecho aislado. Con lo sucedido en Ayotzinapa se ha generado una necesaria revisión crítica sobre las formas violentas de acción del Estado, muchas de ellas dirigidas a comunidades en todo el país, bajo intereses político-económicos (Zibechi, 2010 y 2013). Las acciones para desarticular a estos “semilleros de la guerrilla” –forma en la que se ha llamado despectivamente a las Normales Rurales– ha sido históricamente la misma (Redacción AN, 2013, Comité Cereso, 2013, Gómora, 2010 y Eremy 2009). La pregunta es ¿a qué le temen los poderosos cuando alguien ha decidido emprender una lucha digna? Detrás de ello no hay más que el afán de ganancia y acumulación a costa de todo, de manera que se echa a andar una maquinaria de muerte.
Se despliegan estrategias fundadas en el miedo y en la agudización de la guerra entre narcotraficantes y grupos de interés, policías que reprimen y secuestran al estilo Tarantino, todo bajo la mira y supervisión de los ‘poderosos’. Y es que acá llamamos poderosos a los que tienen el dinero o las influencias suficientes para poder hacer prácticamente lo que quieran. Matar, secuestrar, extorsionar, despojar, vender y explotar a quien y lo que se pueda. La guerra sucia hoy sigue los mismos patrones que en los 70, donde se agudizó y perfeccionó con la contrainsurgencia y el paramilitarismo, los secuestros y las desapariciones, en resumen, un Estado de Excepción (Zibechi, 2013). Hoy, tristemente, el panorama no se ha modificado. Largas son las notas periodísticas, los testimonios y los atropellos que dan fe de estas tácticas como una política de Estado.
Respecto a los hechos ocurridos en Ayotzinapa y Tlatlaya claramente decimos “fue el Estado”, porque consideramos que no es un ente abstracto. El Estado mexicano tiene sus representantes con nombre y apellido, sus partidos políticos en todos los colores y sus fuerzas represivas qué representan los intereses de una clase que controla la producción. El Estado como instrumento de dominación y sometimiento. No podemos quedarnos con la idea de Estado como representante del pueblo o como órgano regulador, las evidencias lo señalan y las políticas neoliberales lo sustentan. El terror con el que se nos gobierna es parte de una estrategia bien diseñada, una Guerra de Baja Intensidad que se aplica en contra del pueblo para beneficio de unos cuantos.
Aquellos que estamos en contra de sus políticas, intereses y su lógica inhumana debemos ser acallados por los medios que sean necesarios. Y el medio más recurrente es la contrainsurgencia, que se resume en crímenes y terrorismo de Estado o, para ser más exactos: “todas las acciones políticas, económicas, militares, paramilitares, sicológicas y cívicas que puedan ser tomadas por un gobierno para lograr su objetivo”. Y estas medidas deben ser totales, según lo dicta el manual táctico contrainsurgente desclasificado por el Pentágono en abril del 2009
[8]. No es necesario abrir los empolvados libros de historia antigua para darnos cuenta de estas afirmaciones, a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” se han justificado ataques bestiales contra el pueblo de México, al que le han desaparecido, en sus partidas de ambición del capital, 27 mil 243 personas tan solo en el sexenio 2006-2012, de acuerdo a datos oficiales de la CNDH.
[9]Las diferentes estrategias policiaco-militares están vinculadas a someter las posibilidades de defender la dignidad del pueblo, que buscan desaparecer. En los últimos meses se ha generado un ataque directo a radios comunitarias en zonas ya ubicadas como focos rojos con tintes guerrilleros, o por lo menos, ese es el argumento con el que justifican los atroces procesos de caza de brujas. Se asesinan líderes campesinos e indígenas, se agudiza la represión hacia las movilizaciones que exigen la presentación con vida de los normalistas, y se agrede a las comunidades en resistencia que defienden sus territorios. ¿Por qué existe un incremento de la violencia represiva? Haciendo un panorama de los estados en donde se han generado incrementos en las medidas contrainsurgentes –manifestadas en desapariciones forzadas, ejecuciones a representantes de los movimientos populares, detenciones arbitrarias y represión a las expresiones de descontento popular–, son regiones en donde existen reservas de recursos energéticos y naturales.
Todo parece apuntar a esto: la presencia de la violencia y la contrainsurgencia está ligada a los despojos con recursos legaloides, los actos de terror en las zonas indígenas, el ataque en contra de defensores del territorio, y las estrategias para ahuyentar a la población de regiones en donde existen grandes cantidades de recursos. Queda demostrado, una vez más, que la ambición de las transnacionales por recursos y ganancias no tiene límites y pretende realizarse a costa de todo. Son riquezas bañadas en sangre.
Las expresiones represivas se agudizan, los presos en las protestas de los meses de octubre y noviembre de 2014, donde se masificaron las movilizaciones y acciones en el país por el caso Ayotzinapa, fueron numerosas. Las leyes son definitivas cuando se trata de criminalizar la protesta, el número de presos políticos en el país sigue creciendo, los ataques directos a las poblaciones indígenas, los proyectos de muerte, las estratégicas contrarreformas aplicadas contundentemente con EPN, ya previstas desde Vicente Fox y orquestadas desde los años 80, hacen hoy más grandes los estragos en los bolsillos de los habitantes de estas geografías. Hemos sido, como en toda América Latina, laboratorio de muerte y genocidio de las políticas neoliberales al servicio del capital.
Podríamos seguir enunciando los miles de abusos que se han generado por parte del Estado en los últimos años, pero lo que queremos dejar claro es la situación concreta en la que se le ha condenado a la protesta en México, bajo una estrategia política. No se trata de un Estado Fallido o de la ausencia de éste, como citan algunos analistas. Presenciamos una estrategia de terrorismo de Estado que busca, específicamente, desmovilizar cualquier forma de organización crítica. Tenemos que decir que los medios “oficiales” de comunicación
[10] han sido parte fundamental para difundir la desacreditación de las acciones de protesta. Son la herramienta ideológica por excelencia. Los medios “informativos”, que con sus argumentos obtusos pretenden seguir domesticado a la población, forman parte medular del teatro social y su tragedia. El papel de los medios de comunicación oficiales ha sido siempre el de ocultar y manipular los hechos del país. Desde el absurdo patriotismo que impregnan en cada época festiva, hasta el de enjuiciar las acciones de protesta, preponderando siempre la “libertad de expresión” y la supuesta democracia mexicana. Son ellos los que asignan lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo de las protestas. Son jueces y verdugos de la realidad social, presentando las marchas, los mítines y las acciones de protesta social como expresiones de “radicales” y “vándalos de la sociedad”, descontextualizando todo hecho para exigir enérgicamente el cumplimiento del Estado de Derecho –es decir la represión– para que la “sociedad” pueda regresar a su estado de diseñada “tranquilidad”. Monopolios de la comunicación que nos presentan un México en donde el terrorismo de Estado no existe ya que vivimos en un país “democrático”.
Partamos por lo que se entiende por democracia, o por lo que se plantea desde las cúpulas de poder como “democracia mexicana”. Nosotros, los que problematizamos la situación social con miras críticas, no queremos su democracia de asesinato, de represión, de desaparición forzada y de criminalización a todo aquel inconforme con su condición de explotado y oprimido. Que le expliquen a los migrantes que transitan por México, a las mujeres jóvenes que se asocian a la trata de personas, a todos los deslazados como mecanismos de control social y territorial, que vivimos en una ‘democracia’. El Estado no reconoce las posturas radicalmente políticas, ni lo que ellos impulsan con su gran cadena de corrupción, el crimen organizado.
Existen organizaciones que cuestionan las acciones del Estado, y son pocas las que lo combaten, sin embargo creemos que en estos tiempos dichas organizaciones son contundentes y necesarias, porque rompen con las formas de vida acondicionadas que impone la lógica del Capital (Gómez Carpinteiro, 2013). Es necesaria la organización fuera de los márgenes establecidos por la cultura dominante (Tischler, 2013). Una transformación radical de la sociedad bajo los objetivos claros de cada lucha y de cada momento histórico-geográfico. Desde nuestros diferentes campos de posibilidades, creemos necesaria la lucha, asumirnos como partícipes activos de ésta, siempre bajo la responsabilidad crítica como herramienta dialéctica de la transformación social. Debemos negar lo existente bajo la responsabilidad de la construcción, asumiendo la realidad concreta para abandonar la contemplación y aterrizar en la transformación de la vida.
Negar el montaje construyendo otra realidad
El 4 de Enero de 2015 aparece una nueva hipótesis científica elaborada por el Dr. Jorge Antonio Montemayor Aldrete del Instituto de Física de la UNAM y Pablo Ugalde Vélez del Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco. La hipótesis se basa en que la supuesta incineración de los normalistas ocurrió en los crematorios del Ejército y no en el basurero. Este trabajo demuestra que la línea seguida por la PGR sobre la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula es absurda. Es por esto que el Dr. en Física ha llevado su trabajo hacia los crematorios del Ejército o aquellos particulares en los que el Ejército tiene injerencia. Siguen la línea de estos crematorios por la supuesta implicación que tiene el Ejército con la desaparición forzada de los normalistas. Hasta el momento los investigadores se han dedicado a buscar información sobre la actividad de los crematorios en esas fechas, y aspiran que sus indagaciones tengan un peso jurídico. A partir de sus investigaciones han recibido llamadas amenazantes y han sido seguidos, atribuyen estas acciones al Estado.
Las autoridades han negado constantemente la existencia de crematorios en instalaciones del Ejército. El 7 de febrero de 2014, en La Jornada Ilustrada, se afirmaba que ninguna instalación militar contaba con crematorios. El argumento se vuelve contradictorio cuando en la Guía para el Trámite de Beneficios con arreglo a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
[11] el servicio de cremación aparece como servicio otorgado a militares y familiares de los mismos. El ex General José Francisco Gallardo Rodríguez, quien fuera preso político nueve años (1993-2002) por su lucha en Derechos Humanos, confirma la existencia de crematorios en instalaciones federales, así como de cárceles donde se encuentran presos algunos civiles y militares disidentes.
Para el 14 de enero Murillo Karam anuncia que “se agotaron las líneas de investigación”. Aun cuando faltan los resultados de 16 restos encontrados en el basurero de Cocula y trasladados a la Universidad de Innsbruk. En esa misma rueda de prensa el procurador dio a conocer los resultados de las investigaciones: 221 órdenes de captura, 97 detenidos participantes de la incineración (52 detenidos por delincuencia organizada y 45 presuntos responsables de secuestro), a María de los Ángeles se le agregó una acusación por crimen organizado pero NO por el ataque a los normalistas, 5 policías acusados por desaparición forzada por la muerte e inhumación de 30 personas identificadas en los restos encontrados en fosas clandestinas en los municipios de Iguala y Cocula, 380 interrogados, entre ellos 36 militares. Después de todo ello se mantendrá la afirmación de que “no hay indicios que vinculen la participación del Ejército” (La jornada 14 de Enero). Con este discurso pareciera que se está dando por cerrada la investigación. Y dado por entendido que ya no hay en dónde ni a quién investigar. Pero, para que no todo quede perdido, a la Normal Rural “Isidro Burgos” se le donará una ambulancia y se buscara su dignificación. En este mismo discurso el procurador recalcará el hecho de que los cuarteles militares están abiertos a los ciudadanos siempre que se visiten con orden y respeto. Un día después Osorio Chong argumentará que no se había hecho una “petición formal” para entrar en los cuarteles y por esta situación no se había atendido.
Las autoridades están reuniendo sus esfuerzos para que el caso que provocó una crisis social y política sea olvidado pronto. Los procesos electorales están en puerta y, aun cuando los padres de las víctimas están llamando a no participar en estos ejercicios electorales, el ex presidente del ahora INE, José Woldenberg hace una amenaza directa a los padres de familia y las organizaciones que los apoyan mencionando que, de no haber proceso electoral, el Presidente de la República, con el apoyo del Congreso, declararía en el Estado de Guerrero un estado de excepción y la suspensión de las garantías individuales. Así, pregunta a los padres ¿Esto es lo que quieren? El discurso se da con una actitud amenazante llamando a los padres a no quebrantar el (des)orden establecido y continuar el proceso electoral. Los padres de las víctimas desaparecidas no están llamando al desorden sino a la creación de un Gobierno Popular.
Los últimos “resultados” dados a conocer por parte de la PGR se vuelven desalentadores, el Estado busca cerrar el caso de los normalistas a como dé lugar. Las investigaciones hechas por la Universidad de Innsbruck no pueden otorgar resultados sobre los restos que fueron enviados para su análisis debido al grado de calcinación en el que se encuentran. Deben continuar con otras técnicas pero no aseguran poder obtener resultados. Información suficiente para que el Procurador de Justicia se apresurase a declarar que, debido a que uno de los normalistas fue identificado en el basurero de Cocula, piensa que conforme a las “declaraciones, las pruebas y todo lo demás […] allí los mataron (a los 43 estudiantes)” (21 de Enero – La jornada). Es preciso recordar que los forenses argentinos insistieron en que no hay evidencia científica que vincule los restos identificados del Río San Juan con el basurero de Cocula, y que ellos no se encontraban presentes cuando estos restos fueron encontrados. Todos estos elementos hacen dudar sobre la verdadera intención de las autoridades en apresurar la resolución de los resultados de las investigaciones. Donde también se violó el trato que se había firmado con los padres de las víctimas en noviembre, en el que las autoridades se comprometieron en dar a conocer primero los resultados a los padres de los estudiantes cosa que, con el último informe, no sucedió.
Una vez más las respuestas que da el gobierno sobre el caso Ayotzinapa han dejado dudas sobre su veracidad nutriendo la continua desconfianza hacia el Estado y sus representantes. Desde el inicio del régimen de EPN se habla poco de la violencia que azota el país. El día de hoy la violencia desborda los tapetes del Palacio de Gobierno en los que se pretende ocultar. A pesar de los “intentos” de la PGR por resolver el caso de los ahora 42 desaparecidos, la desconfianza hacia las autoridades y sus instituciones continúa en incremento. Las luchas por los despojos de tierras, las luchas campesinas, la luchas lesbico-gays, las luchas indígenas, las luchas anti-capital, las luchas por el caso de la guardería ABC, las muertas de Juárez, los feminicidios en el Estado de México, Atenco, Tlatlaya, las luchas por la libertad de numerables desaparecidos y presos políticos, etc.; encuentran en este hecho un vínculo que los une y demuestra que no están solos (Bartra, 2014). Cada uno con sus luchas y sus exigencias a un Estado que ignora aquello que no tenga que ver con inversiones, orden y progreso, se une en un solo grito ¡Todos somos Ayotzinapa! Porque en un país como México es difícil no conocer a alguien que no haya sufrido extorsión, el amigo de un amigo que fue secuestrado, asaltado a mano armada, levantado por la policía, etc. Esta es la realidad mexicana que la ficción creada por la televisora ya no puede ocultar.
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[1] El Grupo Atlacomulco es una presunta agrupación de políticos mexicanos miembros del
PRI (Partido Revolucionario Institucional) que tendrían su campo de acción en el
Estado de México. Se ha hecho mención a que su principal líder y mentor fue
Carlos Hank González. Ninguno de los supuestos miembros de este grupo ha aceptado su existencia, negándolo reiteradamente.
[2] Para mayor información acerca de las cifras de la elecciones de 1994 a 2012 consultar la página oficial del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) antes Instituto Federal Electoral (IFE) (http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Historico_de_Resultados_Electorales/)
[3] Fue en el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz cuando se cerraron la mitad de Normales rurales en todo el país. Estrategia política de guerra sucia, hija de los crímenes del 1968 en Tlatelolco. Actualmente, y con las mismas estrategias del gobierno, se siguen cerrando normales rurales y privatizando la educación pública en todo el país, hoy solo quedan 15 Normales Rurales en funcionamiento a pesar de la resistencia de sus profesores y alumnos.
[4] “Cochoapa el Grande, municipio considerado como el más pobre en América Latina junto con Metlatónoc, tiene 14 mil 431 pobres, lo que equivale a 95.9 por ciento de su población total y de los cuales dos mil seis habitantes son pobres moderados y 12 mil 425 viven en pobreza extrema” (La Jornada Guerrero, 12-02-2012). En 2003, con el decreto 588 del Periódico Oficial del Gobierno de Guerrero, se decidió dividir a Metlatónoc para crear el municipio de Cochoapa el Grande en donde pasaría a ser el municipio más pobre del país y después de América Latina, en segundo lugar queda Metlatónoc. Sin duda, esta es una muestra de la manera cínica y vergonzosa con la que se dan solución a las estadísticas en este país. (Hoy Tamaulipas,13-11-2013).
[5] De acuerdo al Informe sobre la situación de desaparición forzada en México ante la CIDH 2013.
[6] Para más información: http://www.eluniversal.com.mx/notas/690652.html
[7] S.O.A. La Escuela de las Américas. Gustavo Castro Soto, 5 de noviembre de 1999 CIEPAC
[8] Véase: http://contralinea.info/archivorevista/index.php/2009/06/28/contrainsurgenciaparaelsigloxxi/
[9] De acuerdo al Informe sobre la situación de desaparición forzada en México ante la CIDH 2013
[10] Consideramos medios oficiales de comunicación a todos aquellos que ostentan una postura que defiende y justifica todas las acciones del Gobierno Mexicano. Los principales representantes de este grupo son el duopolio televisivo representado por Televisa y TV Azteca, pero también la mayor parte de la prensa, entre los que destacamos a Reforma, Milenio y Excélsior.
[11] Véase: http://www.henm8893.com/armada/prestaciones/guia_prestaciones.pdf