Honduras después del golpe: el corredor latinoamericano de la reacción. 2º parte…

Zelaya, un rico hacendado y magnate de la industria maderera, asumió la presidencia en enero de 2006 como líder del Movimiento Esperanza Liberal, una corriente disidente del tradicional Partido Liberal. Su llegada al gobierno se produjo en el marco de aproximadamente ocho años de virajes significativos, aunque desparejos, hacia la izquierda en muchas partes de América Latina y a casi una década de una prolongada crisis de legitimidad del modelo neoliberal. El ascenso de Zelaya también coincidió con la intensificación de los esfuerzos imperialistas y de la derecha latinoamericana para volver el tiempo atrás.[i]

Zelaya había sido un diputado liberal por tres períodos consecutivos entre 1985 y 1999, y había liderado el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) financiado por el Banco Mundial entre 1994 y 1999. En la campaña presidencial de fines de 2005, su contrincante fue Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional. La campaña giró casi exclusivamente en torno del crimen violento y las pandillas juveniles, con Lobo Sosa asumiendo el compromiso de continuar con la estrategia de mano dura y reintroducir la pena de muerte que había sido abolida en 1937. Zelaya, en cambio, se opuso a la pena de muerte y a la legislación antipandillas, planteando que en el pasado este tipo de enfoque represivo había exacerbado el problema del crimen. En su lugar, hizo algunas promesas vagas de nuevos programas sociales para aliviar los altos niveles de pobreza y desempleo que, en su opinión, eran los factores centrales que llevaban a la juventud a sumarse a las pandillas.

Una vez en la presidencia, Zelaya hizo algunos avances modestos en materia de reforma social y económica progresiva. Introdujo la gratuidad de la educación, incrementó los salarios de los maestros e hizo esfuerzos para reducir los precios crecientes de los combustibles.[ii] También aumentó el salario mínimo en un 60%, de 6 a 9,6 dólares por día, pidió disculpas por las ejecuciones de niños de la calle a manos de las fuerzas de seguridad durante los ’90, impulsó la legalización de algunos narcóticos, se opuso a la escalada de la “guerra contra las drogas” y vetó normas que hubieran ilegalizado la venta de la píldora del día después.[iii] En materia de extracción de recursos naturales, Zelaya envió al Congreso proyectos de ley que establecían regulaciones ambientales más estrictas, incluyendo la prohibición de la minería a cielo abierto. Una nueva Ley Forestal aprobada en septiembre de 2007 introdujo medidas para evitar profundizar el colapso ecológico, clasificando al 87,7% del territorio nacional como área protegida.[iv] A pesar de las presiones de grupos empresarios y facciones de derecha de su propio partido, el presidente también se negó a privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la empresa de telecomunicaciones Hondutel de propiedad estatal.[v]

A pesar de esto, no se debe sobreestimar la magnitud del giro a la izquierda de los liberales, quienes, al menos en materia de política local, nunca trascendieron los parámetros de un reformismo modesto.[vi] El gasto público educativo se mantuvo en un modesto 3,8% del PBI. En abril de 2006 Honduras adhirió al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, América Central y Estados Unidos (DR-CAFTA, Dominican Republic–Central American Free Trade Agreement) destinado a eliminar los aranceles y otras barreras comerciales y a crear condiciones favorables para atraer inversión externa directa, y particularmente para las empresas multinacionales interesadas en convertir a Honduras en su plataforma de lanzamiento.[vii] Dos años más tarde, en abril de 2008, el gobierno de Zelaya firmó un acuerdo stand-by con el FMI por el cual “el gobierno se compromete a mantener la estabilidad macroeconómica, reduciendo el gasto corriente (particularmente los salarios de los empleados públicos), alcanzar un déficit fiscal de 1,5% del PBI y concentrar el gasto público en infraestructura y reducción de la pobreza”.[viii] Más aún, las reformas sociales implementadas por Zelaya se debieron en buena medida a presiones intensas y sistemáticas de las bases ejercidas a través de sindicatos, organizaciones campesinas y grupos estudiantiles crecientemente activos e inspirados por ideologías de izquierda y la teología de la liberación. Según registros oficiales, en los primeros 32 meses de su presidencia, se produjeron no menos de 722 conflictos contra la privatización y el libre comercio y en reclamo de incrementos de salarios y subsidios para controlar el precio de la canasta alimentaria básica.[ix]

Como se mencionó antes, en 2008 Honduras sufrió una caída económica abrupta vinculada con la aguda crisis global y, particularmente, con la profundización de ésta en Estados Unidos, el principal mercado de exportación y fuente de turismo, remesas e inversión externa directa en el país. Fue en este contexto que, en septiembre de 2008, Zelaya tomó la decisión pragmática de adherir al ALBA. Como parte del acuerdo “Venezuela [...] se ofreció a comprar bonos hondureños por un monto de 100 millones de dólares que se destinarían a vivienda para los pobres. Chávez también ofreció una línea de crédito de 30 millones de dólares para agricultura, cien tractores y cuatro millones de lamparitas de bajo consumo (Cuba enviaría técnicos para ayudar en la instalación, además de más médicos y maestros alfabetizadores)”.[x] La prensa financiera internacional interpretó esta iniciativa de Zelaya no como “una expresión de afinidad ideológica, sino más bien como producto de la necesidad financiera”.[xi]

Sin embargo, como la historia ha demostrado, no es necesario que los gobiernos latinoamericanos adopten medidas sociales revolucionarias para que las elites tradicionales y las fuerzas militares conservadoras se sientan amenazadas y actúen violentamente en defensa de sus intereses. Las tensiones se agudizaron al intensificarse la campaña para el referéndum no vinculante impulsado por Zelaya que debía llevarse a cabo en junio de 2009. Este referéndum les preguntaría a los hondureños si querían que se realizara un referéndum vinculante durante la elección de noviembre para decidir acerca de la convocatoria a una asamblea constituyente. La constitución vigente fue adoptada durante el régimen militar de los ’80. Zelaya convocó a los militares a distribuir las boletas para el referéndum luego de que la Corte Suprema decidiera que éste era ilegal.[xii] El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, General Romeo Orlando Vásquez Velásquez, se negó a cumplir la orden y fue removido de su puesto por Zelaya. Luego Vásquez asumiría el liderazgo militar del golpe.[xiii] Después de la destitución de Vásquez, el ministro de defensa Ángel Orellana renunció y la Corte Suprema estableció que la destitución era ilegal. La mayoría del Congreso, incluyendo la facción de derecha del Partido Liberal liderada por Micheletti se volvió en contra del presidente.[xiv] Una combinación de fuerzas sociales conservadoras aprovechó la oportunidad para congregarse alrededor del derrocamiento de Zelaya: “Evangelistas conservadores y católicos ‑incluyendo el Opus Dei, con fuerte presencia en el país‑ detestaban a Zelaya porque él se había negado a prohibir la píldora del ‘día después’. El sector minero, hidroeléctrico y de biocombustibles tampoco lo quería porque él no había puesto fondos estatales y tierras a su disposición. Los defensores de la ley y el orden lo odiaban porque se había disculpado en nombre del Estado por el programa de ‘limpieza social’ que había tenido lugar en los ’90 y había incluido la ejecución de niños de la calle y miembros de pandillas. Y los generales habían recibido con disgusto su intento de poner a los militares bajo control del Ejecutivo.”[xv]

 

 

Como se señaló, durante el gobierno de Zelaya se introdujo una modesta ruptura con la ortodoxia neoliberal, la cual se tomaría revancha, primero bajo el liderazgo de Micheletti y luego bajo el de Lobo. La indicación más clara del compromiso de Lobo en este sentido tal vez sea la conferencia de inversión “Honduras is Open for Business” que tuvo lugar en Trujillo en mayo de 2011 cuyo lema fue “un momento de cambio, un horizonte de oportunidades”. La conferencia estuvo acompañada de la publicación del documento oficial Honduras: A Country Open for Investment.[xvi] Como lo explica el informe oficial, se está avanzando rápidamente en la sanción de la legislación destinada a facilitar la implementación de las distintas etapas de dos amplios planes de desarrollo, Visión de País (2010-2038), y Plan de Nación (2010-2022). El objetivo central de ambos es atraer inversión externa directa a seis áreas en las cuales el gobierno de Lobo estima que el país tiene una ventaja competitiva: infraestructura, energía renovable, turismo, agronegocios, explotación forestal, textiles, electrónica y servicios empresarios.[xvii]

Lobo también impuso una ambiciosa reestructuración del sector educativo “que ayudará a erosionar la influencia del poderoso sindicato docente” (EIU 2012: 3). La inflación se redujo al nivel más bajo en dos décadas. En 2010 se aprobó una ley que regula la asociación entre los sectores público y privado ‑pieza central de las reformas neoliberales en la región para facilitar la privatización de activos públicos con la participación nominal del gobierno‑. En marzo de 2002 finalizó un acuerdo stand-by con el FMI por 202 millones de dólares pero se espera que se celebre un nuevo acuerdo. “Frente a las presiones del FMI”, informa la Unidad de Inteligencia de The Economist, “el gobierno redoblará los esfuerzos para reducir el excesivo gasto público en salarios y consumo durante 2012 y 2013”, aunque estos esfuerzos pueden resultar parcialmente frustrados por “la víspera de las elecciones presidenciales de 2013”.[xviii]

Sin duda, el rasgo más sensacional y emblemático de la profundización del rumbo neoliberal bajo el liderazgo de Lobo fue el intento de impulsar las “regiones especiales de desarrollo” o “ciudades modelo” pensadas a partir del concepto de “charter cities” del profesor de economía de la Universidad de Nueva York Paul Romer, quien actuó como consultor del gobierno hondureño. La idea de charter city planteada por Romer es, en síntesis, una ciudad-estado corporativa puesta en marcha y controlada por los inversores externos. El régimen de Lobo aprobó una reforma constitucional que permitió “lo que constituyen nuevos emprendimientos internos ‑ciudades estados cuasi-independientes que comienzan como una tabla rasa y luego quedan bajo la supervisión de expertos externos. Hubieran tenido su propio gobierno, sancionado sus propias leyes, administrado su propia moneda y llevado a cabo sus elecciones.”[xix] Su gobierno constituiría una “Comisión de Transparencia” integrada por un consejo de tecnócratas ‑extranjeros no electos‑ “una suerte de consejo de administración que designa a los gobernadores, supervisa sus acciones y tiene que asegurar que las entidades sean intachables.”[xx] Los elementos más básicos de la democracia liberal procedimental sólo se “introducirían gradualmente”, esto es, “sólo cuando la comisión de transparencia considerara que estaban dadas las condiciones para que los ciudadanos eligieran a los integrantes de los ‘consejos normativos’ (que en los hechos son parlamentos locales)”.[xxi] También se establecería un tope impositivo del 12% para los individuos y de 16% para las corporaciones. Este plan para establecer enclaves del sueño neoliberal parece haber ido demasiado lejos hasta para la Corte Suprema que, habiendo apoyado el golpe contra Zelaya, declaró la inconstitucionalidad de la legislación argumentando que este tipo de regiones quedaba fuera del control de la ley hondureña.[xxii]

 

 

Una consecuencia no prevista de la ruptura de la institucionalidad liberal producida por los conspiradores golpistas ha sido el surgimiento de una fuerte oposición popular con ideologías y prácticas mucho más cercanas a las de las mejores tradiciones de izquierda revolucionaria del resto de América Latina que a las de la mayor parte de la historia política moderna de la izquierda hondureña.[xxiii] La resistencia surgió casi inmediatamente. Mientras Micheletti celebraba la toma del poder presidencial, en otras partes de la capital y en el resto del país, irrumpían las clases populares, adquiriendo fuerza y enfrentando la represión, bajo el liderazgo de maestros, trabajadores urbanos, estudiantes, comunidades indígenas, campesinos, pobres urbanos, movimientos ambientalistas y organizaciones de mujeres, entre otros. Se erigieron barricadas improvisadas en Tegucigalpa, se bloqueaban las autopistas, se quemaban cubiertas de autos en las calles, se producían enfrentamientos con la policía y los militares y se multiplicaban las leyendas las paredes de las ciudades que calificaban a Micheletti de fascista o lo llamaban “Pinocheletti”. [xxiv] “Ellos quieren expulsar a Zelaya a cualquier costo” exclamaba el líder campesino Rafael Alegría, “pero lo único que han logrado es presentar a nuestro país como salvaje, como un lugar en el que no se respetan las reglas de la democracia. ¿Acaso ustedes conocen otro caso en el mundo en que una consulta haya originado un golpe de estado?”[xxv] Entre el 28 de junio y el 29 de noviembre, momento en el que se celebraron las elecciones nacionales que consolidaron el golpe, transcurrieron aproximadamente 150 días de acciones de resistencia, las cuales alcanzaron picos el 5 de julio, cuando Zelaya intentó infructuosamente retornar del exilio en avión, y el 15 de septiembre, cuando el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) organizó una marcha paralela que constituyó un desafío político a la celebración oficial del Día de la Independencia.[xxvi]

El núcleo institucional del FNRP está constituido por distintos sectores del movimiento obrero, especialmente maestros, trabajadores bananeros, trabajadores del sector público y trabajadores de plantas embotelladoras. Incorpora también un abanico de movimientos sociales, incluyendo campesinos, mujeres, prensa alternativa, grupos indígenas y afroindígenas, organizaciones de derechos humanos, militantes gays, lesbianas, bisexuales y transgénero (LGBT), entre otros.[xxvii] Delegados de estos distintos movimientos sociales y bases sindicales participan en la instancia central de coordinación del frente como representantes de sus sectores. Más que reclamar la vuelta de Zelaya, el FNRP comenzó casi inmediatamente a demandar una Asamblea Constitucional destinada a refundar el país sobre la base de la justicia social y la igualdad. En términos ideológicos, y recurriendo a la acción directa de masas sobre cuya base se constituyeron las capacidades de los sectores populares para organizarse en condiciones adversas, el FNRP representa a una izquierda social crecientemente radicalizada. A efectos de profundizar el análisis de la formación relacional de la subjetividad política en juego en estas incipientes formaciones sociopolíticas de izquierda, es conveniente pasar del análisis macrohistórico y multiescalar que presentamos hasta aquí a una perspectiva etnográfica más fina basada en nuestro trabajo de campo.

 

 

Fuimos testigos del vibrante espíritu de resistencia que existía en las calles de Tegucigalpa el 27 de enero de 2010, el día de la asunción de Lobo. Resultaba claro que la “normalidad” no estaría libre de desafíos con el traspaso del poder de Micheletti a Lobo. A pesar de la presencia de tiradores vestidos de negro visibles en lo alto de los edificios que bordeaban el recorrido de la marcha y los cientos de militares y policías pertrechados con armas automáticas, no parecía que las masas que protestaban tuvieran más miedo que Pepe Lobo. De hecho, en las remeras de uso extendido en la resistencia popular se leía “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”.

En una reunión realizada en Tegucigalpa en la víspera de la asunción de Lobo, el periodista Félix Molina de Radio Globo nos sugería que Honduras estaba ingresando en la cuarta etapa del golpe. La primera fase había incluido su preparación y ejecución. La segunda fue la de reunión de la elite local y las fuerzas imperiales en torno al Acuerdo de San José. La tercera puso en práctica este acuerdo. El cuarto momento comenzó a concretarse una semana antes de la asunción de Lobo. Afiches que celebraban el inicio de un nuevo gobierno de “unidad nacional” empapelaron las paredes de la capital. “Este cuarto momento”, señalaba Molina, era el de “construcción de normalidad, con paz y reconciliación. Es un momento de vender un supuesto proyecto de integración nacional. El objetivo fundamental es decir que aquí no ha pasado nada, que los golpes pueden ser un método democrático para corregir una democracia que perdió el rumbo. El objetivo de este cuarto momento es la legalización del golpe”. Tan pronto como la propaganda estatal que predicaba la calma y el consenso aparecía en las avenidas de Tegucigalpa, artistas callejeros de la resistencia respondían “¡Fuera golpistas asesinos!” La prensa corporativa menciona a Lobo como el “presidente electo” mientras que el FNRP lo repudiaba como el “hijo del golpe”. La prensa corporativa celebraba el gobierno de integración y unidad nacional, mientras que el FNRP rechazaba el diálogo con el régimen de Lobo y lo denunciaba como la última encarnación del golpe original de junio de 2009.

Esta guerra de palabras se materializó en una catarata de protestas protagonizadas por cientos de miles de personas que marcharon desde el centro de la ciudad al aeropuerto el 27 de enero. La marcha homenajeó a Zelaya, cuando éste finalmente logró salir hacia el exilio en la República Dominicana luego de cuatro meses de reclusión en la embajada brasileña y, al mismo tiempo, anunció que continuaría la lucha contra el régimen golpista. Nos acercamos a la primera fila de la policía militar mientras la multitud se hacía oír, alentaba a la gente a estudiar y aprender para que nunca tuvieran que estar el otro lado de las barricadas.

Un grupo de niños de 10 años bailaba entre quienes marchaban, reclamando la muerte del régimen golpista. Campesinos, sindicalistas, feministas y diferentes grupos de izquierda caminaban codo a codo y celebraban a viva voz cuando los autos que iban en dirección contraria tocaban la bocina en solidaridad. Adolescentes se asomaban por las ventanas de un colectivo que pasaba con sus puños en alto.

El pueblo ¿dónde está?
¡El pueblo está en las calles exigiendo libertad!

¿Estás cansado?
¡No!
¿Tienes miedo?
¡No!
¿Entonces?
¡Adelante, Adelante, que la lucha es constante!

“La resistencia tiene dos pilares principales”, nos explica durante la marcha Rafael Alegría. “Un pilar social que reivindica los derechos populares, por el cual la resistencia acompaña al pueblo en sus luchas diarias por la reforma agraria, por salarios justos y en oposición a la privatización de los servicios sociales. Este es el pilar de la movilización social”. El otro pilar, dice Alegría, “es el brazo políticol ‑convertirnos en una fuerza política militante que trabaje para tomar el poder en nuestro país”.

Le preguntamos a Alegría acerca de la Asamblea Constituyente cuando la multitud alrededor nuestro estallaba:

¿Qué somos?
¡Resistencia popular!
¿Qué queremos?
¡Constituyente!

“El poder popular”, nos decía, “resultará en transformaciones fundamentales en este país. Reclamamos una Asamblea Constituyente que transforme al país en una democracia participativa. Será una nueva Honduras –un país con justicia social, con igualdad, con un nuevo modelo de desarrollo en el que todos estén incluidos y, como dicen los bolivianos, en el que todos puedan vivir bien”. Alegría contrasta esta visión con la “situación actual, en la que existe una oligarquía privilegiada que posee y controla todo y una inmensa masa de gente empobrecida. Esto no puede seguir así.”

Dos días antes, en una concentración de la resistencia frente a la embajada brasileña para celebrar el Día de la Mujer Hondureña, nos reunimos con Brenda Villacorta, de Feministas en Resistencia, quien expresaba sentimientos similares. “La asunción de Lobo no significa nada. Es la continuidad, la perpetuación del golpe de estado que tuvo lugar en este país el 28 de junio de 2009. Los protagonistas cambiaron pero el escenario es exactamente el mismo”. Quienes marchaban el 27 de enero estaban de acuerdo:

¡No existe Presidente!
¡Si a la constituyente!

“La resistencia va a tomar las calles una y otra vez”, decía Villacorta. “Esta es la única forma en que podemos presionar, o al menos, la forma más efectiva de hacerlo”. Estimaba además que “el proceso para crear la Asamblea Constituyente sería largo”, pero valdría la pena. “La vieja constitución fue establecida bajo una dictadura militar y no favorece al pueblo hondureño, al auténtico pueblo hondureño. Opera en cambio a favor de los intereses de la clase empresaria y de los grandes grupos de poder.”

Para la resistencia hondureña, Lobo no representa el final del golpe sino más bien su consolidación bajo el barniz de la legitimidad democrática. Al día siguiente de asumir, ya había declarado la emergencia financiera y reclamaba nuevas medidas de austeridad fiscal. Esto, combinado con la ley de amnistía para los protagonistas del golpe y la apertura de concesiones mineras, apuntaba a consolidar un fuerte giro a la derecha en política interna y económica, cuyo fin era desandar las modestas reformas introducidas por Zelaya. El ataque inminente a las clases populares en el contexto de una profunda recesión exacerbada por la conspiración golpista, tanto como la represión y la intimidación política persistentes representan desafíos formidables para la resistencia de cara al futuro. Si el 27 de enero mostró algo, esto fue que Honduras tiene dos campos. El polo de Pepe Lobo y los imperialistas, por una parte, y una hidra de muchas cabezas de explotados y oprimidos, por la otra. Si bien las masas todavía no han logrado reunir poder para arrojar a Lobo al basurero de la historia, han demostrado que no se acobardarán fácilmente frente a una pequeña minoría, aunque ésta esté armada hasta los dientes.

 

 

Al volver a Honduras en junio de 2011 encontramos una resistencia que parecía haber entrado en un quinto momento. El 22 de mayo de 2011, un mes antes de nuestra llegada, se había firmado el Acuerdo de Cartagena promovido por el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y su contraparte de Venezuela Hugo Chávez. A cambio del apoyo de Chávez a la readmisión de Honduras en la OEA –concretada el 1 de junio— el gobierno hondureño se comprometió a permitir la vuelta de Zelaya y a anular las medidas judiciales en su contra. El acuerdo también incluyó el compromiso del régimen de adherir al estado de derecho, asegurar la protección de los derechos humanos y permitir los plebiscitos acerca de temas políticos, económicos y constitucionales. Finalmente, el régimen de Lobo, a través de las decisiones de Cartagena, se comprometió a reconocer cualquier iniciativa del FNRP destinada a transformarse en un partido político formal. Aunque el acuerdo, en sus artículos 5 y 8, requería que el estado hondureño asumiera la responsabilidad por la protección de los derechos humanos, para junio de 2011 pocas cosas habían cambiado en este plano. Más bien, el cinismo del régimen de Lobo en este sentido desafía la imaginación. De acuerdo con la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Bertha Oliva, poco después de la firma del acuerdo, dos personas fueron asesinadas en Tegucigalpa. Una de las víctimas fue una amiga íntima de la esposa de Zelaya que había estado en la embajada brasileña con Zelaya en septiembre de 2009, cuando éste volvió a Honduras por primera vez luego de su exilio. Este asesinato descarado fue un signo indudable de que hasta las personas cercanas a Zelaya eran vulnerables.

“Quienes estamos aquí en el terreno, quienes entendemos la realidad de la situación de derechos humanos, pensamos que el Acuerdo es una trampa o que fácilmente podría convertirse en una trampa”, nos decía Oliva en una entrevista realizada el 24 de junio. “Sabemos que antes del Acuerdo de Cartagena, durante las negociaciones y durante la reincorporación de Honduras a la OEA las violaciones de los derechos humanos persistieron… La OEA no está interesada en los derechos humanos. El mismo día de la readmisión del país se estaban produciendo serias violaciones de los derechos humanos.” El 5 de junio, dos semanas después de la firma en Cartagena, tres militantes campesinos de la región de Bajo Aguán fueron asesinados cerca de la cooperativa San Esteban. El mismo día, guardias de seguridad al servicio de Miguel Facussé entraron al Instituto Nacional Agrario y abrieron fuego sobre los campesinos que se habían refugiado allí durante el invierno siguiente a una ola de represión anterior. Una persona resultó herida seriamente. El tiroteo en el Instituto Nacional Agrario estuvo seguido por la invasión de varias cooperativas agrarias en la región de Aguán por parte de fuerzas policiales militares y de seguridad privada. La situación de Aguán brinda un panorama particularmente escalofriante de la rutinización de la violencia política en la Honduras luego del golpe. La misma se articula de manera directa con los patrones actuales de acumulación internacional de la cada vez más limitada tierra de cultivo. En esta región, las luchas por el reclamo de tierras campesinas, que habían tomado cierto impulso durante la presidencia de Zelaya, se enfrentan con un poderoso terrateniente como Facussé, ligado a las iniciativas de Estados Unidos y del Banco Mundial para expandir la producción internacional de biocombustibles. La seguridad del Estado y sus propias fuerzas de seguridad privada han actuado con impunidad en la imposición brutal de las operaciones locales del régimen global de biocombustibles, asesinando a más de 40 militantes campesinos a partir del golpe y al abogado que representaba a una de las organizaciones campesinas en el otoño de 2012.[xxix] Al mismo tiempo, las amenazas de muerte contra otros miembros de la Resistencia con quienes hablamos, incluyendo los militantes que se estaban organizando en Trujillo en contra de megaproyectos turísticos financiados por Canadá, seguían siendo un rasgo demasiado común de las luchas sociales en el país.

La impunidad reinaba en la Honduras post Cartagena. “Vivimos en un estado” nos recuerda Oliva “en el que las fuerzas de seguridad pueden torturar y no pasará nada, donde pueden detener gente sin causa y no pasará nada”. De acuerdo con Oliva “pueden perseguir y asesinar a sus oponentes políticos y no pasará nada. Pueden empujar al exilio político a la cantidad de gente que deseen y no pasará nada”. La base de esta escalada de intimidación fue un esfuerzo sostenido de los golpistas por crear un estado de miedo lo suficientemente agobiante para imponer un escenario en el que la gente estuviera tan aterrorizada como para dejar que su lucha se extinguiera.

Si bien el ataque a los activistas de base fue el rasgo más pernicioso y extendido de la represión que siguió a Cartagena, el aparato estatal destinado a sofocar el disenso había comenzado a extender su alcance hacia los escalones más altos de la resistencia oficial. En lo que, según el propio Zelaya, era una violación del artículo 3 del acuerdo, el cual supuestamente debe garantizar “el retorno, la seguridad y la libertad de los ex funcionarios del gobierno” que se habían exiliado. Quien había sido su ministro de la presidencia, Enrique Flores, fue puesto bajo arresto domiciliario por un juez el 15 de junio, luego de haber regresado a Honduras en el mismo avión que Zelaya. Los cargos contra Flores parecían fundarse en una causa de corrupción amañada. El hecho de que el Estado hondureño detuviera a una figura de tan alto perfil fue un signo de que nadie que enfrentara a la dictadura estaría protegido de sus acciones punitivas. El caso de Flores fue también clave porque reveló la absoluta confianza con la que el Estado estaba dispuesto a llevar adelante sus planes cuando todavía estaba fresca la tinta del acuerdo de Cartagena.

El Acuerdo de Cartagena, la legitimación del régimen de Lobo por parte de la OEA y la repatriación de Zelaya fueron los disparadores de una nueva etapa en la fluida agenda sociopolítica de la siempre heterogénea resistencia hondureña. Comenzó a desarrollarse una batalla no declarada por la hegemonía del frente entre las tres corrientes más cohesionadas. Primero los Liberales en Resistencia (nombre que resulta un oxímoron) conformaron con los afiliados del partido Unión Democrática lo que Carlos Amaya, del Espacio Refundacional, denomina la resistencia “oficial”. El mote remite a sus orígenes políticos, como renegados de la elite recientemente expulsados del sistema bipartidista en cuyo marco se había negociado históricamente el poder político entre los liberales y el Partido Nacional. La oficialidad de la Resistencia es, en otros términos, una rama perseguida de antiguos miembros de la clase dominante.

Es fácil entender que esta tendencia de la Resistencia ha sido la que ha tenido mayor voluntad de participar en futuras elecciones convocadas por la dictadura de Lobo, a condición de que Zelaya pudiera competir por la presidencia desde territorio hondureño. Igualmente entendible ha sido su adhesión crítica al Acuerdo de Cartagena, al que vieron como un avance democrático. Zelaya, a pesar de su apoyo táctico a la unidad de todas las corrientes internas del frente, ha estado, desde el principio, más cerca de esta corriente. Al fin y al cabo, él era un miembro de una fracción populista del partido Liberal hasta el momento en que fue expulsado de la presidencia por liberales tradicionalistas en julio de 2009.

En segundo lugar está el Espacio Refundacional, una corriente ecléctica de movimientos de base, trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, organizaciones feministas, activistas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, grupos políticos marxistas y autonomistas y una cantidad de organizaciones juveniles radicales. Las organizaciones formales más importantes del Espacio Refundacional son COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Este sector de la resistencia se agrupó en torno del compromiso de construir un movimiento popular de base, con una política anticapitalista y antiopresiva. Su principal demanda ha sido la de una Asamblea Constituyente refundacional y autoorganizada. Desde este espacio se ha planteado que no existían condiciones para elecciones justas en Honduras y que cualquier reconocimiento del régimen de Lobo como el gobierno legítimo del país constituiría una traición inescrupulosa al movimiento.

Una tercera fuerza oscilante dentro de la resistencia es la que, como el Espacio Refundacional, está integrada fundamentalmente por clases populares y grupos oprimidos y también por algunas organizaciones políticas de la extrema izquierda del país. Esta fuerza ha sido la menos clara y definida. No era una corriente formalmente organizada sino más bien un segmento significativo de las bases de la Resistencia que no se ha alineado ni con la tesistencia “oficial” ni con el Espacio Refundacional. Se entiende así que sus compromisos hayan ido oscilando entre las políticas de las dos corrientes en distintos momentos desde el inicio de la lucha popular contra el golpe en 2009. Si bien todavía no es posible hacer afirmaciones categóricas, parecería que en las vísperas del Acuerdo de Cartagena y, más claramente, luego del retorno de Zelaya a Honduras, las energías en la Resistencia viraron del Espacio Refundacional al sector oficial del Frente. 

Una historia de dos asambleas

 

En el fin de semana del 17 y 18 de julio, viajamos por cuatro horas en micro desde Tegucigalpa a La Esperanza, para participar de una reunión del Espacio Refundacional realizada en el centro de capacitación de COPINH (básicamente un centro comunitario en un área agrícola de las afueras de La Esperanza). El objetivo de la reunión era desarrollar una perspectiva común del Espacio Refundacional para la Asamblea Nacional de la Resistencia que se realizaría en la capital el 26 de junio. La reunión fue importante por su carácter revolucionario democrático y por su espíritu igualitario. Numerosas sesiones de discusión, con participación constante de las bases, se extendieron por dos días enteros y resultaron en un conjunto de resoluciones para el futuro de las luchas: muy sintéticamente, sí a la construcción de poder de base anticapitalista, antirracista, antipatriarcal y no a la participación en las elecciones en tanto la estructura de poder golpista se mantuviera intacta, y no a cualquier tipo de reconocimiento al régimen de Lobo.

Todos los participantes de la reunión pasaron la noche en el campamento durmiendo en colchones en el piso o en algunas cuchetas que había en el lugar y se prepararon y sirvieron comidas comunitarias. La participación de las mujeres fue importante, desde las coordinadoras al frente del espacio a la participación desde las bases. Las mujeres constituyeron la mitad de la delegación del Espacio Refundacional a la Asamblea Nacional. Activistas LGBT tuvieron una presencia visible y jugaron un rol importante en la reunión. Representantes indígenas y campesinos de COPINH tuvieron roles de liderazgo y fueron una fuerza importante en las discusiones del fin de semana. Los garífunas de OFRANEH estuvieron subrepresentados en la reunión, probablemente debido a la ubicación geográfica de la mayoría de las comunidades garífunas en la zona norte más alejada del país, pero estuvieron representados en la delegación elegida para concurrir a la Asamblea Nacional en Tegucigalpa.[xxx] 

El espíritu y la estrategia de luchas de base tan evidente en la reunión de Espacio Refundacional se habían impuesto a escala nacional durante la Asamblea Nacional de la Resistencia realizada en febrero de 2011. Gilda Rivera, una militante de Feministas en Resistencia e integrante activa del Espacio Refundacional, en una entrevista que mantuvimos el 26 de junio, recordaba las resoluciones adoptadas por la Resistencia en la asamblea nacional de febrero de 2011: “Las decisiones de la asamblea de febrero se centraban en la autoorganización y en la negativa a participar en las elecciones. Esta negativa se basó en el hecho de que no existen condiciones para hacerlo, las estructuras de poder responsables por el golpe siguen controlando la totalidad del aparato institucional. La asamblea de febrero determinó que no participaríamos en las elecciones que eran parte de la estructura golpista.”

“Transcurrió un período de seis meses de debate antes de la asamblea” recordaba, en referencia a la Asamblea de febrero, Tomás Andino, otro delegado del Espacio Refundacional con quien hablamos el 26 de junio, “Y en la propia asamblea de febrero hubo un debate político amplio y extenso”. En el contexto del debate y de la discusión que caracterizaron a la asamblea de febrero, el Espacio Refundacional fue capaz de ganar el apoyo de una mayoría para su posición contraria a la participación electoral y a favor de la construcción del poder popular de base en curso, a pesar de tener una minoría de los delegados. Además de la atmósfera participativa de las deliberaciones de febrero, la posición ambigua de Zelaya, todavía en el exilio, jugó un rol fundamental. “En la última asamblea” nos sugería Bertha Cáceres en la entrevista del 18 de junio, “era muy importante la oposición de Zelaya a convertir al Frente en un partido electoral. Pero, obviamente, en ese momento él estaba exiliado. Ahora está de regreso en Honduras. Entonces la situación es más compleja.”

La dinámica de la Asamblea Nacional de la Resistencia que se realizó en Tegucigalpa el 26 de junio, y a la cual asistimos, fue radicalmente diferente de la anterior. A pesar de la presencia de 1.500 delegados de distintos puntos del país, todas las resoluciones se tomaron en menos de tres horas, con mínima discusión de base. La vasta mayoría de los oradores que accedieron al micrófono “abierto” fueron seleccionados del campo oficialista. El efecto caudillista de la presencia de Zelaya al frente del salón era palpable. Antes de iniciar las discusiones, él habló largamente a favor de la estrategia electoral y de la formación de un Frente Amplio partidario. Las discusiones entre los asistentes fueron repetidamente interrumpidas por largos discursos de varones representantes de la resistencia oficial, quienes, desde la plataforma elevada ubicada al frente del salón, reforzaban de manera persistente la estrategia electoral impulsada por Zelaya. Cuando se cerró la discusión de la asamblea, la posición de la resistencia oficial ganó la mayoría del apoyo y se determinó que la Resistencia crearía un partido político para participar de las elecciones de 2013.

Afuera de la asamblea conversamos con Rivera y Andino, del Espacio Refundacional. “Decepción”, respondió Rivera, cuando le preguntamos que pensaba de los acontecimientos del día. “Diría que las decisiones a las que se llegó hoy fueron el resultado de la manipulación del proceso por parte de los líderes del Frente y de una campaña de desinformación en las bases de la Resistencia. Algunos de los líderes del Frente se han posicionado para integrarse en las estructuras de poder existentes de este país. En otros espacios de la Resistencia, esta tendencia ha sido derrotada, pero ganó en la asamblea de hoy. Las decisiones tomadas en la última Asamblea Nacional de la Resistencia en febrero de 2011 fueron tiradas a la basura con toda tranquilidad.” Respecto de los procedimientos de la asamblea, Rivera agregó “hubo una ausencia total de discusión paciente y una grave manipulación del proceso. Entonces, de antemano, tuvimos una cantidad de comentarios favorables a la estrategia electoral [en los medios, en los meses previos a la reunión], y poca discusión en la Asamblea”.

“Creo que la asamblea careció de debate político”, agregó Andino. “No hubo oportunidades suficientes para discutir la posición oficial.” Desde el punto de vista de Andino “las decisiones de hoy fueron tomadas sin suficiente preparación previa y sin la discusión necesaria”. Es más, “la decisión de optar por formar un partido para participar en las elecciones de 2013 es equivocada”. “En mi opinión”, decía, “los golpistas estarán felices de que la Resistencia haya elegido el camino electoral, porque este camino valida las instituciones políticas existentes en el país, y probablemente llevará a la continuidad del sistema bipartidista conformado por el Partido Liberal y el Partido Nacional. En las condiciones actuales, en las que el régimen se ha fortalecido y la Resistencia carece de una estrategia de lucha, quedamos casi a merced de los caprichos del régimen, cualesquiera sean las decisiones que tomen.” En esta visión, el Acuerdo de Cartagena, la reintegración de Honduras en la OEA y el retorno de Zelaya en estas condiciones han domesticado, al menos temporariamente, la dinámica de la Resistencia, a la vez que brindaron una base de legitimidad a un régimen dictatorial que mantiene el control de cada dimensión del poder en el país.

“Los mismos poderes que fueron responsables por el golpe de estado siguen estando presentes”, marca Andino, “y las fuerzas que derrocaron a un gobierno electo democráticamente son las fuerzas que permanecen en el poder. Los golpistas han institucionalizado su poder. En el Tribunal Supremo Electoral y en la Corte Suprema siguen estando las mismas figuras que legitimaron el golpe y otro tanto sucede en el ejecutivo y en de las fuerzas armadas. Entonces, ¿podemos esperar que estas fuerzas que llegan al poder por la fuerza renuncien al mismo por los votos? ¡No! Todas estas condiciones sugieren que la única estrategia posible para el pueblo es alzarse si es que realmente quiere a expresar su voluntad. Si avanzamos hacia más participación en las elecciones, estaremos perdidos.”

“El actual Tribunal Supremo Electoral es el mismo del momento del golpe de estado”, nos decía en una entrevista realizada el 26 de junio, la activista del Espacio Refundacional Sandra Sánchez. “Este es el mismo tribunal que no dijo nada cuando el gobierno de Zelaya, al que previamente había reconocido como electo legítimamente, fue derrocado violentamente en un golpe de estado.” Y las continuidades institucionales del poder golpista no se limitan al tribunal. De acuerdo con Sánchez, “La Corte Suprema en este país es la misma que guardó un total silencio cuando ocurrió el golpe de estado, la misma que se mantuvo en silencio cuando se rompió el orden constitucional en este país. La gran mayoría de los diputados que están actualmente en el Congreso son los que plantearon que Zelaya debía escribir una carta de renuncia luego de producido el golpe”. En este contexto, preguntaba ella, quién puede plantear seriamente que la dinámica de poder ha cambiado como para garantizar la participación electoral genuina de las fuerzas de la Resistencia.

 

El Primero de Mayo de 2012, cientos de miles de personas salieron a las calles en todo el país para participar de las marchas de resistencia organizadas por Libertad y Refundación (LIBRE), el nuevo partido que surgió a partir de las decisiones tomadas en la Asamblea Nacional de la Resistencia del 26 de junio de 2011. La esposa de Zelaya, Xiomara Castro de Zelaya fue elegida por LIBRE como candidata presidencial para la elección de 2013. Parecería entonces que el escepticismo inicial con el que los movimientos populares más militantes del Frente habían tomado la idea de un nuevo partido de este tipo ha dado lugar a una aceptación de alguna forma de participación en sus filas.

La declaración de principios de este partido titulada La Revolución es Inevitable es promisoria.[xxxi] “Libertad y Refundación (LIBRE) interpreta y expresa el pensamiento y la fuerza del pueblo que demanda con urgencia la refundación del estado, la transformación de la sociedad y del sistema económico y político”, anuncia. Estos objetivos están acompañados por “la construcción de una verdadera democracia participativa e incluyente basada en la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia con las cuales se garantice el respeto universal e irrestricto de los derechos humanos”. La soberanía popular aparece en primer lugar de la lista de principios. Para LIBRE, esta sección supone “la continuidad histórica de la lucha del pueblo hondureño por lograr su libertad y su independencia” y en este momento necesariamente requerirá el rechazo de “las fuerzas antidemocráticas y oligárquicas (tiranías y dictaduras) y el retorno de las castas militares a la vida cívica de la nación”. La soberanía popular se alcanzará, dice el partido, sólo mediante la conformación de una Asamblea de Poder Popular, como un organismo base para la construcción del poder popular y la democracia participativa.

La soberanía popular está seguida por la igualdad social y económica, la unidad de fuerzas y el respeto por la diversidad y la conexión con los sectores populares. Los sentimientos revolucionarios más fuertes se expresan en el primero de estos tres principios adicionales: “Asumimos, junto a todos los sectores populares, que existen enemigos de clase que impiden el desarrollo integral de nuestra sociedad”. La unidad de fuerzas, que se ubica en segundo lugar, está más abierta a interpretaciones diversas, dado que incluye el objetivo de sumar constantemente a “más ciudadanas y ciudadanos de movimientos políticos, organizaciones populares y otros sectores democráticos y progresistas”. Si aquí se destaca el carácter multiclasista del partido, en otra parte del documento se pone el acento en lo popular. El partido, por ejemplo, “se liga indisolublemente al pueblo, a sus organizaciones populares, a los sectores democráticos de la ciudadanía en la conformación de un bloque que enfrenta el sistema y va sumando en la construcción del poder popular desde la base”.

Acompañando estos axiomas, el partido se compromete a la renovación permanente y no dogmática de su perspectiva crítica, “buscando las contradicciones fundamentales de la sociedad en función de mejorar sus propuestas de transformación, usando para ello el método científico de análisis social”. Los derechos humanos, la seguridad humana, la honestidad y la transparencia, la naturaleza y el medioambiente, y la libertad religiosa constituyen las secciones intermedias de la declaración, impregnadas con los principales elementos del liberalismo, mientras que los dos últimos principios ‑la solidaridad centroamericana y latinoamericana y el antiimperialismo, el anticolonialismo y la solidaridad internacional‑ vuelven de manera más explícita al tono revolucionario.

 

Aunque esta plataforma ofrece la esperanza de una política claramente transformadora para Honduras y la región centroamericana, no debemos ignorar las contradicciones potenciales de este viraje electoral de la resistencia de masas liderado por Zelaya y los caudillos asociados a él. El viraje rápido y contundente hacia una estrategia electoral, en lugar de una estrategia de renovación de la militancia democrática de base en las calles, en las comunidades y en el campo, tanto como la adecuación relativamente rápida de los partidos de centroizquierda que obtuvieron victorias electorales en otras partes de América Latina a un neoliberalismo “reconstituido” son razones para tener cautela acerca de LIBRE y de la actual orientación de los esfuerzos organizativos antigolpistas y antiimperialistas en Honduras.[xxxii]

Una pregunta que queda abierta es si el nexo de la política oficial de derecha y el aparato de seguridad apoyado por el imperialismo permitirá que este partido llegue al poder por vía electoral o que ejerza una independencia política significativa fuera del marco del militarismo y el neoliberalismo reconstituido sin una renovada militancia de base impulsándolo.[xxxiii] Honduras se ha convertido en un eje de la respuesta geoestratégica de Estados Unidos (y en menor medida de Canadá) al surgimiento de gobiernos de centroizquierda en El Salvador y en Nicaragua con lazos diplomáticos con la Venezuela de Chávez e, igualmente importante, al surgimiento de movimientos militantes opuestos al desarrollo de megaproyectos extractivos en toda la región. Esto depende, por supuesto, de las relaciones de fuerza entre clases: el golpe ciertamente ha tenido un impacto galvanizador de la polarización sociopolítica del país, envalentonando a la clase dominante hondureña y a sus socios imperialistas y, a la vez, alentando la renovación de la militancia y el surgimiento de una nueva generación de activistas. Sin embargo, las aristas de esta dinámica se han suavizado, al menos por el momento, en tanto la nueva formación electoral recanaliza las energías militantes hacia las urnas en 2013. Sin embargo, las energías acumuladas luego del derrocamiento de Zelaya deberían estar preparadas para sostener una victoria electoral: cómo Zelaya y el resto del liderazgo de LIBRE esperan explotar y dirigir estas energías será un factor importante en la trayectoria de la resistencia contra el autoritarismo en los próximos meses y años.

 

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