Las luchas defensivas del Welfare State y la lucha histórica por la jornada de trabajo de 10 horas.

 

                                              (versão em português) 

 

 

Los efectos de la ofensiva neoliberal sobre las políticas sociales en los últimos años no se revelan sólo en la reducción de recursos, en la sectorialización, en la fragmentación, en el incentivo del voluntarismo, en la individualización y en la transferencia de la responsabilidad social del Estado hacia la sociedad en el tratamiento de las cuestiones sociales. Alcanzaron también el propio ethos del Servicio Social en Brasil, y sus reflexiones teóricas sobre el tema. De alguna manera, los asistentes sociales tuvieron que ocupar los estrechos espacios reservados a la aplicación de los escasos recursos sociales bajo los criterios de la política neoliberal, corriendo el riesgo de la incorporación, aunque no deseada, de sus prioridades y objetivos. Y este riesgo existe a pesar de la visión contraria que se ha desarrollado durante años dentro del Servicio Social contra la mera instrumentación de las políticas sociales del Estado como una forma de atenuar la lucha de clases.

Si hubo momentos en el pasado en que se pudo avanzar en el sentido de la universalización de los derechos sociales, fortaleciendo la convicción de que gradualmente se hacía retornar a los trabajadores parte de la riqueza social generada por ellos, en la forma de beneficios indirectos proporcionados por las políticas sociales, hoy se trata de resistir la retirada provocada de antiguas conquistas y de percibir el aumento inducido de los desempleados, con un impacto evidente en el aumento de la demanda de los beneficios sociales, cada vez más escasos y selectivos.

Esta es la tendencia dominante en el ámbito de los derechos y beneficios sociales, y no hubo nada que indicara una inversión bajo la administración Lula, ni que la haya hoy en la administración de Dilma Rousseff; ya que siguen presentándose, sin mostrar resistencia, las prioridades y criterios de la agenda neoliberal bajo la hegemonía del gran capital internacional.

Ante esa necesaria reorientación macroeconómica de la acumulación capitalista, como reacción a la crisis estructural que ya se prolonga desde finales de los años ’70 y la consecuente inmovilidad de los trabajadores, que no presentaron resistencia equivalente a la ofensiva neoliberal, los viejos debates sobre políticas sociales salen del centro de las preocupaciones de los profesionales del Servicio Social. Preguntas tales como si las políticas sociales son resultado de concesiones o conquistas, si se prestan a la institucionalización y a la conciliación de los conflictos, si fortalecen el mantenimiento del orden social dominante o si hacen avanzar la lucha de los trabajadores, requieren menos atención que el esfuerzo requerido en la lucha defensiva para el mantenimiento de los restringidos derechos ya adquirido.[1]

Sin embargo, exactamente como reacción al estrechamiento de las políticas sociales implementadas por el proyecto neoliberal, debemos profundizar nuestra reflexión teórico-política sobre la evolución histórica de las luchas por los derechos sociales universales y examinar el significado de los avances y retrocesos, escapando de la presión ejercida por el estado de emergencia en el que las políticas sociales tuvieron lugar. Las condiciones de vida impuestas a los trabajadores en general, en el marco de la crisis estructural del capitalismo ‑crisis no vista hasta el momento‑ exigen una reacción que va más allá de la mera contabilidad de ganancias y pérdidas de derechos sociales. Recoloca en el orden del día la propia continuidad del orden del capital. Y nos obliga a reexaminar los presupuestos teóricos de las políticas sociales, concebidas para la situación actual como un medio de insertarlas en el centro de las actuales transformaciones. Consideramos que si por un lado trajo restricciones no deseadas, por otro hizo más evidentes sus limitaciones. Esto es así incluso obteniéndose ganancias parciales en beneficio del trabajo, porque ya sea en mayor o menor grado, éste “permanece firmemente adherido al círculo vicioso del sistema de capital” (Mészáros, 1995:540) y sus necesidades de auto valorización, con todo lo que esto implica para la satisfacción de las necesidades sociales.

En este sentido, pretendemos abordar dos cuestiones sobre la lucha reivindicativa por derechos sociales y el despliegue de las políticas sociales como forma de intervención del Estado. En primer lugar, se tiende a enfocar la naturaleza de las conquistas de derechos por parte de los trabajadores y sus implicaciones en la relación capital-trabajo que caracteriza el capitalismo, especialmente la conquista de la jornada de 10 horas de trabajo. Y en segundo lugar, en los acontecimientos históricos de la estrategia keynesiana y el proyecto socialdemócrata del Welfare State, cuya esencia fue la expansión ilimitada de derechos sin confrontación con el capital, hasta que se alcanzase la emancipación del trabajo.

 

 

Se han realizado estudios y largos debates para aclarar el significado real de los derechos adquiridos por los asalariados en el curso de la historia. Dentro de esos debates, se distinguen tres posiciones: algunos prefieren verlos como concesiones del Estado; otra posición considera como la más significativa conquista histórica la lucha por la jornada de trabajo en la Inglaterra del siglo XIX, presente en literatura relevante y en el conocido estudio de Coimbra (1987), y, por último, otros pretenden atribuirle un doble sentido, unas veces como concesión, otras veces como conquista. Todas estas posiciones procuran depurar la relación establecida entre el Estado (representando los intereses del capital hegemónico), los trabajadores y otros estratos de clases de desposeídos, tratando de visualizar si la legislación social es resultado de una iniciativa estabilizadora del sistema, o de un desafío a la explotación de clase imperante y de demostración de fuerzas de la clase trabajadora.

El análisis, en nuestra opinión, no debería dirigirse a la búsqueda de un perdedor o ganador circunstancial en cada conflicto entre trabajo y capital, porque no hay posibilidad de privilegiar uno sólo de los contendientes cuando los efectos y las consecuencias son desencadenados por una lucha reivindicativa dada una procesualidad histórica determinada. Trabajo (nos referimos siempre al trabajo abstracto) y capital están “íntimamente interrelacionados” (Mészáros, 1995:383) y mantienen entre sí una relación de reciprocidad dialéctica, siendo que el movimiento emprendido por uno implica una reorganización del espacio y de la posición de clase adoptada por el otro. Reciprocidad no significa sin embargo equilibrio, pero sí interrelación de fuerzas antagónicas e irreconciliables, en la cual el capital sólo puede existir con la explotación y la apropiación del trabajo excedente generados por el trabajo. No está de más recordar que el capital es “trabajo ajeno no remunerado” (Marx, 1984:165) y sólo pudo prevalecer de forma dominante a partir del momento en que también el trabajo, en cuanto mercancía, se convirtió en la base de la producción de riqueza social a través de la generalización del trabajo asalariado.

En la sociedad capitalista, la reproducción del capital implica necesariamente la reproducción de la fuerza de trabajo (del trabajo asalariado) en la medida y lugar necesarios a la acumulación del capital. Como dijo Marx (1984:188), “la reproducción de la fuerza de trabajo (...) constituye, de hecho, un momento de la reproducción del capital”. No es posible alterar la naturaleza de una relación en la que el capital sólo existe en función de la valorización del trabajo no remunerado del trabajador, son polos antagónicos de la misma relación social. La disputa por condiciones más favorables para la reproducción de la fuerza de trabajo está siempre limitada a la esfera de la relación-capital (“capitalistas, de un lado, asalariados, del otro”) históricamente determinada y a la “relación de dependencia” en que se encuentra el trabajador pues, para sobrevivir, tiene que someterse a la venta de su fuerza de trabajo al capital (“su propio producto personificado en el capitalista”) (Marx, 1984:189). Mientras que el trabajador permanece en los límites de la producción de mercancías y de la acumulación del capital, como la forma dominante de reproducción social, para valorarse en cuanto mercancía el trabajo “constantemente necesita incorporarse al capital como medio de valorización” y, en ese sentido, se encuentra subordinado a él, “no puede librarse de él”. Tal límite impuesto por la relación de dependencia en la esfera de la producción, en el contexto de la discusión sobre la distribución del producto de la riqueza social en los marcos del sistema dominante del capital, no significa otra cosa que la “lucha por la proporción ‘correcta’ entre salarios y lucros” (Holloway, 1982:31)[2].

Esas determinaciones causales definen el espacio de reivindicaciones y conquistas de los trabajadores, las cuales ‑mantenidas la relación de dependencia y la forma de valorización del trabajo subordinadas a los intereses de la acumulación del capital‑, sólo pueden significar, en circunstancias históricas favorables, movimientos en ambos lados de la relación entre capital-trabajo como el margen negociable de la distribución de la riqueza social, pudiendo, en estas ocasiones, volver de vuelta a los trabajadores “una parcela mayor” de “su propio plusproducto (...) bajo la forma de medios de pago” (Marx, 1984:191). Márgenes de ganancia que, sin embargo, como veremos a continuación, “no superan la relación de dependencia y de explotación (...) del asalariado” y “en nada modifican (...) el carácter básico de la producción capitalista”. La ampliación de la satisfacción de las necesidades de los trabajadores asalariados “resultado de la acumulación de capital significa, de hecho, apenas que el  tamaño y el peso de la cadena de oro que el propio trabajador forjó para sí reduzcan su apretón” (Marx, 1984: 188,191).

Por lo tanto, debemos detenernos en la relación jerárquica constitutiva de esa relación de reciprocidad del capital sobre el trabajo, y averiguar si la estrategia utilizada por el trabajo avanza en la eliminación de la subordinación al capital, o sea, si en las luchas por derechos acumula fuerzas en el sentido de la liberación de esa relación de explotación o si procura, apenas, la atenuación de las desigualdades de la riqueza distribuida entre las clases, la cual encuentra su límite infranqueable en el propio mantenimiento de la relación-capital bajo la apropiación del trabajo no remunerado.

La distribución equitativa de la riqueza social, si eso fuese posible, chocaría con la relación de explotación del trabajador por el no trabajador, el capitalista. Porque, como hemos visto, el capital es trabajo no remunerado apropiado del trabajador. En la propia fuente de riqueza, en la producción material, ya se encuentra establecida la desigualdad de funciones estructurales: unos trabajan y otros se apropian del trabajo ajeno. La base de la producción cuyo resultado es objeto de la distribución se encuentra, entonces, ya comprometida por la naturaleza de la producción capitalista. Pero imaginemos que este impedimento histórico-social sea abstraído y que, de hecho, la distribución justa y equitativa de la riqueza social tiene algún sentido de ser reivindicada. Tendríamos que llegar al extremo de equiparar el precio del trabajo al precio del producto creado por el trabajador y no quedaría “ninguna plusvalía para el comprador de su trabajo”, inviabilizando la transformación del trabajo no remunerado en capital y, en consecuencia, causando la desaparición de la base de la producción capitalista y, por lo tanto, de los propios capitalistas (Marx, 1984:127). En ese caso, estaríamos yendo más allá de la relación-capital, no respetando los imperativos de la dependencia y de la explotación del trabajo por el capital. Hay, por lo tanto, una contradicción fundamental e insuperable en el contenido de la igualdad a lograrse por las políticas sociales redistributivas que se pretenden emancipatorias, pues se basa en la permanencia de la producción y apropiación desiguales.

No se trata de precisar aquí las diversas cuestiones teóricas y políticas que están involucradas en el debate de las políticas sociales (tales como el concepto de clase trabajadora, de Estado, de capital y capitalismo, de economía y política, de totalidad, de lucha de clases, de ciudadanía, de derechos, etc.), lo que nos interesa es rescatar el lugar que la relación capital-trabajo, una relación sustentada por la dominación y la explotación de clase, reserva a las políticas sociales, que son indisociables del modo capitalista de producción y fueron concebidas históricamente para intervenir no en las causas, sino, según Netto (1996:28), en “las consecuencias, en las refracciones, en las secuelas de la ´cuestión social´”.

Las políticas sociales reflejan las contradicciones de una “confrontación irreconciliable” entre capital y trabajo. Por eso, en determinadas circunstancias históricas, pueden tanto ser el resultado de una lucha penosa y duradera de las clases subalternas, como fruto de las “anticipaciones estratégicas” del Estado, tal como las denomina Netto (1996:29). Sin embargo, por encontrarse al interior de esa relación antagónica no tiene manera de satisfacer por igual los intereses de las clases en confrontación, porque el avance de una impone el retroceso de la otra. Vale decir que no estamos hablando de cualquier retroceso temporario o reversible de una de las clases, sino de aquel que pone en jaque a la clase gobernante y posibilita la acumulación de fuerzas para la eliminación de la explotación sufrida por la clase obrera. No hay ningún acuerdo a ser compartido entre capital y trabajo que se sustente en base a las conquistas que pueden comprometer la vitalidad del flujo reproductivo del capital, cuyo resultado venga a imposibilitar el desarrollo metabólico del capital. Es lo que también coloca límites al aumento de los salarios pues, según Marx (1984:192-193) la contrapartida del aumento en el precio de la fuerza de trabajo es la “disminución cuantitativa del trabajo no remunerado” que el trabajador proporciona al capitalista, y esta “disminución no puede nunca llegar al punto en que amenace el propio sistema” o perturbe la “marcha de la acumulación”. Las reclamaciones y demandas de los trabajadores “sólo pueden ser satisfechas hasta el grado en que se puedan amoldar a ese marco de orientación” y encontrarse subordinadas “al imperativo material de la rentabilidad” pudiendo, incluso, ser posteriormente transformadas en ventajas para el capital. (Mészáros, 1995:572-573)

 

 

El hecho de la aprobación de las leyes laborales inglesas del siglo XIX (no se trata solamente de la regulación de la jornada de trabajo, también contienen “cláusulas sanitarias y educativas”) consideradas como una victoria/conquista de los trabajadores, tan exaltadas por la literatura especializada, si se examina mejor, como lo hizo Marx largamente en El Capital, acaban por transformarse en un estímulo para el desarrollo de la industria[3] y la consiguiente intensificación del trabajo, necesaria para la extracción de la plusvalía relativa. Lo que no quiere decir que no hubo ganancias para el trabajo, pues fue capaz de imponer cierta resistencia, como dice Marx (1983:211), a la “feroz voracidad por más-trabajo” en una fase de transición de la manufactura a la gran industria, “por medio de la limitación coercitiva de la jornada de trabajo por parte del Estado”, aunque fuese “en realidad (...) un Estado en el que capitalista y Landlord dominan”. (Marx, 1983:193)

La regulación de la jornada en 10 horas diarias de trabajo en Inglaterra, país representativo del avance de la industrialización y de la maquinaria, fue resultado de penosas luchas obreras, en la medida que las primeras leyes obligatorias que regulan el trabajo surgieron en la mitad del siglo XIV, proceso que se extendió hasta el siglo XIX, cuando se dio la limitación definitiva de la jornada de 10 horas en 1848 (Marx, 1983:215). La reglamentación de las normas de trabajo, que incluía la regulación del tiempo de trabajo, los horarios límites y pausas para recuperación y descanso, sólo puede ser proclamada por el Estado después de siglos de lucha de clases, lo que en el capitalismo maduro asumió proporciones de “una guerra civil de larga duración, más o menos oculta entre la clase capitalista y la clase obrera”, una vez que el trabajador se volvió “incapaz de resistir individualmente” (Marx, 1983:235).

La jornada normal de trabajo, por lo tanto, fue “resultado de una lucha multisecular entre el capitalista y trabajador”, lo que llevó a los trabajadores, en cuanto clase, a conquistar “una ley estatal, una barrera social superior”[4] que los obliga a “venderse a sí mismos y a su descendencia, por medio de un contrato voluntario con el capital, a la noche y a la esclavitud!” (Marx, 1983: 215,238)

El “capital tiene como único impulso vital, el impulso de valorizarse a sí mismo, (...) de absorber (...) la mayor masa posible de plus-trabajo” (Marx, 1983: 188,189:) Durante los primeros siglos de lucha por la reglamentación del trabajo, el capital, aún embrionario, se aprovechaba del poder del Estado para asegurar la prolongación ilimitada de la jornada de trabajo, llevando a los trabajadores a la extrema fatiga y hasta a la muerte[5]. En su etapa madura, alrededor del siglo XIX, también el Estado promoverá una acción opuesta a la fase anterior, buscando con la reglamentación de las leyes laborales inglesas una reducción de la jornada laboral a 10 horas. Además de los movimientos de resistencia y la lucha emprendida por la clase obrera, Marx señala que otros factores favorecieron las leyes restrictivas a imponer. Muchos fabricantes utilizaban las violaciones de las leyes anteriores como medio de usufructuar condiciones más favorables de competencia en el mercado, llevando a que muchos otros se aliasen a los trabajadores en defensa de la Ley de 10 horas.

La “succión desmesurada de la fuerza de trabajo” en esa época ponía en riesgo la reproducción real de la fuerza laboral, porque en muchos sectores industriales la degradación de la vida del trabajador comenzó a comprometer las generaciones futuras, como señala un inspector de fábrica que se refiere a los alfareros diciendo que presentaban “una generación sucesiva (...) más raquítica y más débil que la anterior”, o cuando se constata que los oficiales panaderos “rara vez alcanzan 42 años de vida” (Marx, 1983: 193,197)

Con las leyes coercitivas de la jornada de trabajo se pretendía evitar que predominase la práctica de los fabricantes que preferían alcanzar “su objetivo acortando la duración de la fuerza de trabajo, como un agricultor codicioso que puede aumentar el rendimiento del suelo mediante el saqueo de su fertilidad”. Y en esta preocupación no había ningún carácter humanitario, porque al capital no le importa el trabajador y su familia, o su bienestar, sino sólo como fuente de producción de plusvalía. Por otra parte, la “prolongación antinatural de horas de trabajo” estaba causando el aumento en los costos de “depreciación en la reproducción de la fuerza de trabajo” con la muerte prematura de los trabajadores. (Marx, 1983:212)

En la fase del capitalismo maduro (siglo XIX), entonces, por la “feroz voracidad por más trabajo”, se pudo poner “finalmente al capital bajo el yugo de la regulación legal” (Marx, 1983:196). Pero debe hacerse la salvedad de que el freno de la explotación del trabajo con las 10 horas preveía  restricciones: inicialmente, sólo protegía a menores y mujeres y no al trabajador masculino adulto, lo que ya significaba una gran salvaguarda para la súper explotación de una parte significativa de la fuerza de trabajo.

La restricción legal a la jornada de trabajo enfrentó gran resistencia de los fabricantes en los primeros momentos de su implementación, pese a contar con la adhesión de otros. Estas actitudes controvertidas tenían su fundamento exactamente en el margen de rentabilidad diferenciado de cada sector industrial y en la posibilidad de unos u otros de evadir la ley o utilizar nuevos medios de producción que pudiesen recuperar la plusvalía necesaria para la acumulación de capital. Muchos fabricantes se colocaban por encima de la ley, además de contar con la recomendación de los jueces (originarios de la propia clase capitalista) a que los inspectores de fábrica del Estado hiciesen “la vista gorda a la aplicación de la ley” (Marx, 1983:226).

Para todos los capitalistas, independientemente de que resistieron inicialmente la restricción a las 10 horas de trabajo diario, cualquier cambio en la forma de extracción de la plusvalía que comprometa su margen de beneficio provoca una reacción de igual o mayor magnitud tendiente a asegurar la continuidad de la acumulación ampliada de capital. La reducción de la jornada laboral, por lo tanto, debía ser compensada con ganancias adicionales por otros medios de extracción de plus trabajo. Al capital le quedaban numerosas maneras de mitigar los efectos restrictivos de la legislación laboral, a pesar de la lucha que los trabajadores llevaron a cabo durante siglos, e hizo uso de las más variadas formas, a veces desistiendo de invertir los recursos financieros, materiales y humanos para su aplicación obligatoria, otras veces prefiriendo evadir la ley (como los sistemas de turnos) porque aun penalizados por violación de la ley, prevalecía el saldo de lucro aún restante. Medidas como la desvalorización de los salarios junto a la reducción de horas de trabajo, trabajo nocturno, el despido de los adolescentes y adultos trabajadores, la alteración de los horarios de descanso (no incluido en la jornada normal de trabajo) y la eliminación del descanso de los niños que trabajan en la tarde, fueron algunas de las muchas soluciones creativas para evitar la disminución e incluso hacer crecer la plusvalía apropiada de la fuerza de trabajo.

Aun así, las leyes laborales fueron gradualmente generalizadas a los demás sectores productivos y hacia otros estratos de trabajadores porque a muchos propietarios industriales les interesaba inhibir la “‘competencia’ inmoral de falsos hermanos” que insistían en mantener el viejo molde de explotación de la fuerza de trabajo en base a la prolongación de la jornada. Llegaron, incluso, a realizar una alianza provisoria con los trabajadores en defensa de la lucha por 10 horas de trabajo a cambio de su apoyo a la lucha por la derogación de las leyes del trigo que beneficiaban a los propietarios de la tierra y sus aliados conservadores, mientras que encarecía el precio de la fuerza de trabajo. Tal como destaca Marx (1983:223) en una nota, poco después de la abolición de las leyes del trigo los capitalistas reforzaron los “ataques a los trabajadores y a sus reivindicaciones”.

Todas estas referencias históricas no parecen muy distantes de los embates político-jurídicos entablados por los trabajadores en Brasil desde el fin de la dictadura. La Constitución de 1988 está llena de conquistas y de políticas sociales no reglamentadas, o vaciadas en su objetivo distributivo, porque surgieron en el momento en que la ofensiva neoliberal y sus estrategias de recuperación de las tasas de rentabilidad, afectadas por la crisis global, se encontraban en plena ejecución. Muchas de ellas ni siquiera pudieron entrar en vigor, y las políticas de carácter universalista implementadas, pronto vieron sus fundamentos distributivos sustituidos por principios focalistas y selectivos. Lo que revela, mas allá de las particularidades nacionales y temporales de las conquistas sociales, una línea de continuidad desde los inicios del capitalismo, en tanto se mantiene intacto el predominio del capital sobre el trabajo.

Si es innegable que las prolongadas luchas de clases “arrancaron” a los capitalistas y obligaron al Estado a la promulgación de leyes regulatorias del trabajo en las fábricas, no es menos cierto que junto con ese “progreso”, como afirma Marx (1983:224), los mismos capitalistas y su Estado aseguraban un “retroceso compensador”´ a través de otras medidas legislativas o cambios en los procesos y medios de trabajo. Lo que se ganaba por un lado, provocaba medidas compensatorias por el otro. Dice Marx (1984:34) que “dentro de ciertos límites, se gana en grado de esfuerzo lo que se pierde en duración”. Y el ciclo de acumulación del capital continuaba su flujo expansivo sin constreñimientos regresivos[6]. Y, así, la referencia a la primera conquista de la clase trabajadora gana su debida dimensión histórica, en la medida en que la “jornada de trabajo legalmente limitada” apenas “aclara cuando termina el tiempo que vende el trabajador y cuando comienza el tiempo que aún le pertenece”, sin que se ponga en cuestión la relación-capital y la relación de dependencia y subordinación del trabajo al capital. Parafraseando a Marx (1983:238), “¡Qué gran cambio!”, teniendo en el horizonte la lucha emancipatoria de los trabajadores.

Ante esto, la controversia acerca de si tal derecho social fue conquistado o concedido por el Estado pierde su importancia, porque en realidad lo que pesa en la relación capital-trabajo es si tales derechos pueden hacer retroceder la explotación hasta el punto de terminar con la explotación de clase. O si cada conquista apenas dará lugar a un nuevo nivel de la lucha sin amenazar al poder dominante del capital, sirviendo mucho más para mistificar la pretendida capacidad progresiva de mejoras sociales hasta lograr la emancipación y la igualdad, o incluso para desviar los objetivos estratégicos de la lucha de los trabajadores, de un “orden social alternativo”, hacia objetivos que auxilien a la reproducción consentida del mismo orden con la consiguiente “revitalización de adversario capitalista” (Mészáros, 1995:205).

Ya en el momento de las primeras luchas del trabajo contra el capital, Marx (1984:39) alertaba sobre el carácter inexorable de la relación capital-trabajo desde entonces establecida, diciendo que

 

No cabe la menor duda de que la tendencia del capital a resarcirse elevando sistemáticamente el grado de intensidad del trabajo tan pronto como la ley le cierra de una vez para siempre el camino de alargar la jornada, convirtiendo todos los progresos de la maquinaria en otros tantos medios para obtener una absorción mayor de fuerza de trabajo, empujarán de nuevo a la industria a una situación decisiva, en que no tenga más remedio que volver a reducir el número de horas de trabajo. (Énfasis agregado.)

 

Las luchas de clase que se realicen dentro de los límites legales impuestos por la relación capital-trabajo y que, por lo tanto, no amenacen el orden existente y busquen el previo establecimiento del consenso entre intereses irreconciliables, no tienen ninguna viabilidad de afirmarse como conquistas emancipadoras del trabajo. Las fuerzas políticas del trabajo estarán constantemente preparándose para una nueva y siempre renovable pauta de reivindicaciones parciales, nivel siempre superado por medidas compensatorias[7] del capital que, inevitablemente, irán a recaer nuevamente sobre los victoriosos trabajadores del momento.

 

 

El hecho de que Marx se refiera a la lucha por la reducción de la jornada laboral y otras leyes laborales como “concesiones conquistadas “ (1983:220), o como “conquistas arrancadas” (1984:23), o como la “primeras concesiones dolorosamente[8] arrancadas al capital” (1984: 90) no altera en nada la relación de subsunción del trabajo al capital, en la medida en que éste termina por recompensarse a sí mismo ventajosamente de cada ganancia obtenida por el trabajo, como el mismo Marx señaló. En una fase de expansión del capital, o más bien, del mismo plusproducto del trabajo vivo transformado en capital, Marx (1984:191) afirma la posibilidad de  “devolver a ellos [los trabajadores] una parcela mayor [del plusproducto] bajo la forma de medios de pago” que, sin embargo, no amenaza en modo alguno la relación de dependencia y explotación de los asalariados. Por el contrario, significa sólo, como ya hemos visto, una disminución en el apriete de la “cadena de oro” que el obrero asalariado se ha forjado.

Estamos refiriéndonos aquí al modo de reproducción del sistema como un todo, porque incluso cuando en casos singulares los trabajadores obtienen alguna ganancia sin pérdida compensatoria del capital, la misma se estará pagando por medio de algunos otros sectores de la producción, o en algún otro lugar del sistema orgánico del capital global, como vimos en la relación establecida entre el centro y la periferia por el Welfare State típico de los países avanzados. En cierto modo, quienes pagaron la cuenta fueron los trabajadores de los países atrasados, sometidos a una tasa de explotación y extracción de plusvalía incomparablemente mayor.

El resultado de la política de intercambio y negociación de la socialdemocracia europea responsable de la consolidación del Welfare State en los países avanzados se reveló desolador ante los efectos devastadores de la crisis estructural del capital desde el comienzo de los años 70. El principio que guiaba la política socialdemócrata, según Mészáros (1995:665) fue “nunca desafiar el funcionamiento tranquilo de la relación-capital, aceptando así la subordinación estructural permanente del trabajo al capital”. Al considerar suficiente atacar meramente las “contradicciones” parciales y las disfunciones del sistema del capital, desarmó a los trabajadores, en la medida en que ellas, como dice Mészáros (2001:785)

 

pueden ser desplazadas y diseminadas ‑dentro de los límites últimos o estructurales del sistema‑ y las fuerzas o tendencias contrarrestantes neutralizadas, asimiladas, anu­ladas o incluso convertidas en una fuerza activamente sostenedora del sistema en cuestión. De aquí el problema del amoldamiento reformista.

 

Y de esta manera, lo que el discurso socialdemócrata prometía ‑un avance gradual hacia el socialismo junto con la economía de mercado‑ no ocurrió, predominando sólo la economía de mercado. Las concesiones obtenidas por los trabajadores ‑y, recordemos, los trabajadores de un número restringido de países, mientras que los demás sufrían la más brutal tasa de explotación del trabajo‑, según Mészáros (1995:791) no alteraron la relación de fuerzas a favor del trabajo, ni podrían hacerlo.

La fragilidad de la “acomodación reformista” pronto se reveló, en el momento que el sistema de capital ya no pudo hacer concesiones, ni transformar las ganancias del trabajo en ventajas para el capital, como siempre lo hiciera. Con la crisis estructural consumiendo el anterior patrón de acumulación, se hizo necesario adoptar una distribución más restrictiva de las ganancias de la productividad.

En la misma medida que la base material de la socialdemocracia fue sostenida por “la expansión global del sistema de capital”, su fracaso está vinculado al fin de la “fase expansionista”. Según Mészáros (1995:722), “la fase histórica de estrategias defensivas se agotó”. El derrotado proyecto socialdemócrata pasó a unirse a la estrategia neoliberal para enfrentar la crisis estructural del capital, y sus partidos se convirtieron en eficientes “partidos liberal-burgueses”, como lo demuestra la reelección de Tony Blair en Inglaterra. Esta evolución, para Mészáros (2001: 784), “solamente podía tomar de sorpresa” a aquellos que “albergaban (…) grandes ilusiones sobre el margen de posibles ganancias para el trabajo”.

Pero ¿cuál es el papel y el lugar de las luchas por los derechos sociales en el capitalismo? El ilusionismo jurídico de las seguras garantías de conquistas de los trabajadores efectivas y acumulativas no debe ser reemplazado por la inmovilidad o capitulación ante las dificultades históricas. Los reveses sufridos por los trabajadores sólo pueden ser abordados en la medida que se planteen las reivindicaciones parciales en consonancia con la lucha por un proyecto alternativo de orden social, en el que se pueda eliminar la desigualdad social a partir de la superación de las causas que la originan, a saber, la apropiación por unos pocos de la riqueza social producida por el trabajo.

En un largo pasaje, Mészáros articula debidamente la inserción de las luchas por reivindicaciones parciales en el actual momento histórico. Para él,

 

Lo que decide el punto es la relación entre los objetivos perseguidos por el trabajo y los parámetros estructurales del orden socioeconómico establecido. En ese sentido, cualquier concesión obtenida por el trabajo que sea compatible con, y contenible por, el sistema del capital orientado hacia la expansión y guiado por la acumulación, resulta por el mismo motivo incapaz de alterar la postura defensiva y la posición estructuralmente subordinada del antagonista del capital para con su adversario. Éste continúa siendo el caso independientemente de lo agudos que puedan resultar los choques y enfrentamientos periódicos ‑incluyendo hasta la huelga general más dramática‑ gracias a los cuales el capital finalmente le concede ganancias al trabajo. Las concesiones hechas al trabajo bajo el “estado benefactor” no debilitaron en lo más mínimo al capital. Muy por el contrario, contribuyeron significativamente a la dinámica expansionista del sistema, durante un período sostenido de dos décadas y media después de la Segunda Guerra Mundial. Ni tampoco dichas concesiones alteraron la relación de fuerzas a favor del trabajo. Si acaso, debilitaron la combatividad del trabajo al reforzar las mistificaciones del reformismo. Naturalmente, todo esto no significa que no valga la pena defender las ganancias defensivas del pasado, en especial cuando el capital está obligado a tratar de anularlas, bajo la presión de una crisis estructural que se profundiza. Pero sí significa que las ilusiones puestas en ellas a lo largo de la historia de la social­democracia reformista tienen que ser planteadas según ellas son, en vez de fan­tasear acerca de la viabilidad de la “estrategia económica alternativa” neokeynes­iana del trabajo, que resulta ser no sólo totalmente irreal bajo la circunstancia de la crisis estructural del capital, sino que, incluso si por algún milagro se pudiese implementar, en modo alguno constituiría una alternativa. (2001:910)

 

Cuando se acepta como perenne el sistema del capital, cuya condición de existencia es la separación de los productores y de los resultados y medios de trabajo, para que sean apropiados por quien nada produce, es inocua cualquier tentativa de reorientación sea neo-contractualista o post-keynesiana de lucha por políticas sociales más justas y redistributivas. Como tampoco es cuestión de mejorar los instrumentos políticos en cada confrontación con el capital con la esperanza de obtener concesiones más duraderas. No se trata por lo tanto de reformar la creencia reformista de que a través de logros graduales se podría llegar a la libertad y a la igualdad. Por el contrario, la necesidad de emprender permanentemente estos enfrentamientos por reivindicaciones parciales sólo obtendrá eficacia histórica si forma parte de una estrategia de superación del mismo capital y de la explotación del trabajo. En este sentido, para concluir, estamos de acuerdo con Mészáros (2001: 911-912) cuando dice que

 

La rearticulación del movimiento socialista como una ofensiva estratégica para ir más allá del capital es de esta forma también la precondición necesaria de los éxitos parciales que, en su debida oportunidad, se pueden volver acumulativos dentro del marco de la estrategia correcta. Por el contrario, sin el objetivo apropiado de la estrategia ofensiva ‑orientada hacia el orden socialista como una alternativa hegemónica para el existente- el viaje mismo resulta carente de brújula. Y ciertamente no podemos darnos el lujo de vagar sin rumbo por otro siglo y medio en el callejón sin salida de tratar de producir cambios estructurales dentro de los confines estructurales paralizantes del sistema del capital.

 

Reconocer las implicancias de este “callejón sin salida” en la acción profesional es fundamental para el Trabajo Social, porque reconociendo el lugar que las políticas sociales ocupan dentro de la relación capital-trabajo y la necesidad de operar con ellas con miras a una alternativa “hegemónica” al orden del capital, se puede explorar mejor sus espacios, evitando hacernos cargo de la “enorme frustración de los profesionales”, como nos advierte Behring (2000:179), ante el “bajo impacto” de las políticas sociales y una creciente demanda cada vez más imposible de satisfacer.

 

 

Behring, E. “La nueva condición de la política social”. In: Montaño, C. & Borgianni, E.(orgs.). La Política Social Hoy. San Pablo: Cortez Editora, 2000.

Coimbra, M.A.- “Será que o marxismo responde à pregunta de como surgem as políticas sociais?” In Política Social e Combate à Pobreza. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987.

Holloway, J. Fundamentos teóricos para una crítica marxista de la Administración Pública. México: Instituto Nacional de Administración Pública Ediciones, 1982. 

Marx, K. Das Kapital – Buch I. Berlin: Dietz Verlag Berlin, 1975.

Marx, K. O Capital - Vol.I, Tomo 1. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

Marx, K. O Capital - Vol.I, Tomo 2. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

Mészáros, I. Beyond Capital. London: The Merlin Press, 1995.

Mészáros, I. Más allá del Capital. Caracas: Vadell Hermanos Editores, 2001.

Montaño, C. & Borgianni, B. (orgs.) La Política Social Hoy. San Pablo: Cortez Editora, 2000.

Netto, J.P. Capitalismo monopolio y Servicio Social. São Paulo: Cortez Editora.1996.

Pastorini, A. “¿Quién mueve los hilos de las políticas sociales?Avances y limites en la categoría ´concesión-conquista´”en:Montaño, C. & Borgianni, E.(orgs.). La Política Social Hoy. San Pablo: Cortez Editora, 2000.

 

O objetivo deste texto é trazer ao debate uma análise do avanço efetivo que a luta por direitos sociais e econômicos dos trabalhadores têm trazido à emancipação do trabalho subordinado à relação-capital.

 

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