Movimientos asamblearios y empresas mineras: la lucha en torno a la megaminería. Entrevista a Sergio Onofrio

Mendoza, provincia argentina de la región cuyana, es un territorio mayoritariamente conformado por zonas montañosas y áreas de planicie. Sus características secas y áridas son producto de la escasa cantidad de lluvias, que ronda los doscientos milímetros anuales, son estacionales y se producen predominantemente en el verano. La porción del territorio en la que se realiza la mayoría de las actividades se limita a un 3% del total, y allí se concentra al 90% de la población. Este espacio se abastece del agua que proporcionan tres oasis: la cuenca Norte, conformada por los ríos Mendoza y Tunuyán inferior; la cuenca Centro, alimentada por el Río Tunuyán superior y la cuenca Sur, que es abastecida por los ríos Diamante y Atuel. Estos oasis recorren la provincia de oeste a este y resultan del deshielo de las nieves acumuladas en la cordillera y del aporte de los glaciares. De ahí la importancia del agua en Mendoza: el agua es vida, la historia de Mendoza que va desde las comunidades originarias Huarpes hasta nuestros tiempos se encuentra íntimamente relacionada con este bien natural. Quien lo ponga en riesgo va a encontrar la resistencia de los pueblos porque en Mendoza “el agua vale más que el oro”.[1]

Allí nos encontramos con Sergio Onofrio, sociólogo nacido en Buenos Aires y que hace veintiséis años decidió radicarse en Mendoza. Militante comprometido y activo participante de la Asamblea Popular del Agua que a su vez integra la Unión de Asambleas Ciudadanas[2], nos concedió una extensa entrevista en la que hablamos de la preocupación que tienen los habitantes de la provincia por las consecuencias nocivas derivadas tanto de los proyectos megamineros que se están llevando a cabo desde hace unos años como de otros, que están tratando de implementarse en la actualidad. Conversamos también acerca de las formas de organización que, fuera de los cánones partidarios habituales y recuperando las prácticas asamblearias surgidas en el país en el 2001, generaron los vecinos para decidir y llevar adelante la lucha por el futuro que quieren. Acompañamos la información obtenida en la entrevista con numerosos links en los que se puede ver de qué estuvimos hablando. Y es suficiente ingresar en Google o Youtube los términos que a modo de palabras clave se repiten insistentemente durante la charla: megaminería, San Jorge, potasio, agua pura, etcétera, para ampliar la percepción de estas experiencias.

El texto que presentamos en este número de Herramienta y que da cuenta sólo de una parte de la conversación mantenida en ese encuentro resultó del trabajo conjunto con Sergio y contó con la colaboración de Laura Álvarez, especialista en el tema de la megaminería. El 12 de mayo próximo pasado mientras le estábamos dando los últimos retoques, se produjo en el acceso a Tinogasta, exactamente en la ruta nacional 60, una nueva represión a militantes[3] de los movimientos que se oponen a los emprendimientos extractivistas.

Las asambleas representan una forma de oponerse a las consecuencias de un modelo de acumulación cuyo único objetivo es lograr máxima rentabilidad en el corto plazo, a costa de la extracción de recursos naturales que luego son valorizados en el mercado internacional.

Esta política de búsqueda de rentabilidad ocasiona situaciones conflictivas principalmente en las poblaciones aledañas a los emprendimientos mineros, porque estos nunca tienen en cuenta las lógicas locales, siempre ven a estos bienes naturales como recursos desaprovechados que pueden ser valorizados, al tiempo que las empresas que los llevan adelante se autojustifican diciendo que son portadoras de la modernización.

En cambio, para las comunidades locales los recursos naturales son un hecho dado, que está y no se concibe que puedan dejar de existir. Al verlos amenazados por los emprendimientos extractivistas, las comunidades se embarcaron en un proceso de revalorización de lo propio y en una reflexión que las llevó a una conclusión común: los recursos naturales son bienes que hay que cuidar, no destruir, que pertenecen a todos, y que conforman su pasado, su presente y su futuro.

Este proceso de reflexión sobre los recursos naturales provocó en varias comunidades mendocinas consecuencias profundas: si hacemos un esfuerzo por recordar y reconstruir los orígenes del movimiento asambleario en Mendoza, podemos darnos cuenta de que las experiencias de organización generadas a lo largo de los nueve años que hace que están en marcha transformaron, a uno de los pueblos más tradicionales y conservadores de la provincia como San Carlos, en uno de los más aguerridos defensores de su hábitat, de su naturaleza y de su principal recurso natural: el agua. El camino recorrido también llevó a la valorización de sus costumbres aunque, en definitiva, resultó una experiencia transformadora: tras el proceso los habitantes de San Carlos ya no fueron nunca los mismos.

  

Las primeras asambleas aparecen allí, en el departamento de San Carlos, allá por el 2003. San Carlos se encuentra en el centro-oeste de la provincia y cuenta aproximadamente con poco más de treinta mil habitantes. Es el departamento con menor porcentaje de población urbana en la provincia, dado que casi la mitad habita en zonas rurales.

Para comprender por qué el pueblo de San Carlos se suma de manera tan masiva y casi sin distinción de sectores a la movilización social en defensa de su recurso más preciado, el agua, es importante tener en cuenta las actividades departamentales, dado que ese es uno de los disparadores de la resistencia.

En ese departamento se destacan actividades agroindustriales como el envasado de concentrado de tomate, la producción de manzanas y de plantas aromáticas de exportación, además de la obtención de uvas para el desarrollo de la industria vitivinícola. El turismo constituye en la región una actividad en crecimiento debido al incremento de pequeños emprendimientos que explotan tanto los paisajes como la belleza de los recursos naturales. Uno de ellos es la Laguna Del Diamante, ubicada en el distrito Pareditas, a setenta kilómetros del pueblo y a dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar. La laguna está declarada reserva hídrica desde 1994[5] en custodia de los glaciares que dan origen a cursos de agua de superficie y napas subterráneas que irrigan, cuenca abajo, el oasis del Valle de Uco. Fue precisamente la defensa de ese lugar, ante la puesta en marcha de un proyecto de explotación de oro y cobre a cielo abierto en las cercanías de la Laguna Del Diamante, el proyecto “Papagayo”, lo que desencadenó la protesta social.

Para el departamento el agua es un bien indispensable. El miedo a la contaminación con químicos, producto del proceso de lixiviación de minerales, los drenajes ácidos y su impacto en el suelo, en el aire y en napas hídricas, constituyen temáticas que en estos últimos años han transformado la agenda política, social y hasta cultural como no lo ha hecho ningún otro problema desde la fundación del departamento de San Carlos. Hoy el agua como recurso es un bien imposible de separar de las riquezas naturales y representa para la comunidad un sinónimo de calidad de vida.

La posibilidad de instalación de proyectos extractivistas ha hecho crecer una preocupación que ha ido recorriendo la provincia y genera dudas y preguntas. Las formas de organización de tipo asamblearias en defensa del hábitat y el territorio fueron una forma de respuesta a esas preguntas y dudas que, sin proponérselo, comenzaron a enfrentar este modelo de acumulación extractivista exportador, de acumulación por desposesión, como llama David Harvey o de acumulación por despojo, como lo califica Rina Roux.[6]

En el 2003 llegan a San Carlos unas personas que quieren explorar la Laguna Del Diamante. Es un lugar hermosísimo al borde del Volcán Maipú, al que sólo se puede acceder en verano porque durante las otras estaciones está lleno de nieve. Estas personas, que llegan como emprendedores, quieren recorrer el lugar y para ello contratan baqueanos de San Carlos, quienes los llevan a visitar la zona y a juntar piedras. Los baqueanos me contaban que estaban muy contentos, porque los contrataban por juntar unas mulas, ir a recorrer y juntar algunas muestras de piedras, además de que les pagaban muy bien. Entonces se sentían muy felices. Así comienzan a participar en este proyecto: les muestran el terreno y los llevan a recorrer; y entonces estos extranjeros, que eran geólogos que trabajaban para la empresa canadiense Tenke Mining Corporation, le dicen a los baqueanos que están allí porque van a encarar un proyecto minero.

  

Al comienzo a estos baqueanos no les parecía mal. Pero un día, andando en la ruta, les hace dedo un chico que venía de Esquel. Este chico les cuenta el tema del cianuro y todo el proceso que venía de suceder en Esquel contra la minería a cielo abierto.[7] Cuando los habitantes de San Carlos tomaron conocimiento del tema del cianuro, comenzaron a preguntarse qué pasaría si el cianuro cayera a los ríos cuyas vertientes y afluentes aportan al río Tunuyán, que riegan los cauces de toda la zona. Se alarmaron porque pensaron que no iban a poder vender lo que producían, y ellos viven de la venta de esa producción. Así fue como comenzaron a preocuparse. Primero buscaron información y, cuando la obtuvieron, decidieron empezar a difundirla por el pueblo. Como San Carlos es tan tradicional tiene sus propias fiestas, por ejemplo, la de la Vendimia, la del Tomate, la del Orégano, la de la Tradición. En esas fiestas los vecinos pusieron puestos en los que repartían volantes informativos que les llegaban de Esquel. De a poco, todos los vecinos comenzaron a juntarse para discutir qué hacer. Pasan por distintas experiencias de estructuras, del hacer, del organizarse, y en un comienzo forman el Frente Diamante. Este frente es dirigido por un personaje de la Sociedad Rural y lo usa para posicionarse políticamente. Cuando los vecinos se dan cuenta de eso se van, vacían esa estructura y vuelven a juntarse primero en los bares, después en las casas, hasta que posteriormente las reuniones cobran un carácter más sistemático.

  

Las actividades continúan más o menos en la misma línea que venía comentando hasta el 2005, año en que el por entonces gobernador de Mendoza, Julio Cobos, organiza un desfile cívico militar para festejar el 25 de mayo en el departamento de San Carlos. En ese desfile, setenta uniones vecinales de la zona deciden presentar un manifiesto al que llaman “El pueblo quiere saber de qué se trata”. En ese manifiesto afirman que están en contra del cianuro y de la minería a cielo abierto. Al momento de presentar el manifiesto, un grupo de jóvenes se mete en medio del desfile usando máscaras. Se filma esa intervención y sale a nivel nacional por el canal Todo Noticias, así quedó registrado como un posicionamiento del pueblo de San Carlos en contra de la minería.

A partir de esto los vecinos se dieron cuenta de que a las firmas del manifiesto no las iba a ver nadie, pero la intervención sí. Entonces comprendieron que el reclamo no podía pasar sólo por un papel, una firma o una gestión, sino que había que encontrar otra forma de hacerse escuchar. Tal fue la movilización que esta intervención generó, que Guiñazú, el intendente de San Carlos partidario del Partido Justicialista que hasta ese momento decía que estaba a favor de la minería, va a un foro minero y dice que como médico jamás aceptaría esa minería en su pueblo porque mata.

  

Las primeras protestas dieron lugar a un proceso que desencadenó otras movilizaciones, y ese proceso se constituyó alrededor de la vida, alrededor de interrogarse acerca de qué pasa si nos quedamos sin agua. Se comenzó a revalorizar lo que se tenía: los glaciares, las montañas, el agua. Todo el pueblo discutía por qué luchaba, porque al mismo tiempo que organizaba esas acciones, estaba siendo bombardeado por la empresa que quería realizar el emprendimiento con nociones como progreso, minería sustentable, desarrollo, trabajo, recursos naturales, potencialidades, etcétera. Estos conceptos se ponen en cuestionamiento y al calor de los debates se resignifican, hecho que provoca también un cuestionamiento y una resignificación de los vecinos mismos. Doy un ejemplo: fue muy interesante la discusión del agua que construyen estos vecinos. Decidieron no discutir por el agua potable sino por el agua pura, por el agua que no estaba intervenida por el ser humano. Cuando logran retomar y valorar el agua el pueblo ya era otro, todos participaban. Entonces se organizaron por zonas y comenzaron a hacer cortes de tres mil, cuatro mil personas.

  

A fines de 2006 las organizaciones sociales de General Alvear, San Rafael y Valle de Uco realizaron una actividad a la que denominaron “Ayuno y Actividad Cultural” en los alrededores de la legislatura provincial, en la ciudad de Mendoza, dado que allí se daría tratamiento a una ley que proponía suspender el otorgamiento de derechos mineros en la provincia hasta tanto no se contara con un plan ambiental. Esta ley, sancionada por la legislatura, fue vetada por el entonces gobernador de la provincia Julio Cobos. En respuesta a estos hechos, en diciembre se organizó la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza. La articulación de esta asamblea con los otros grupos existentes dio por resultado la Asamblea Mendocina por Agua Pura (AMPAP).[8] La AMPAP es, desde entonces, un espacio donde los diversos grupos que rechazan la megaminería en Mendoza coordinan sus acciones y planifican estrategias de lucha. Fueron estas asambleas de vecinos autoconvocados y otras organizaciones las que, a mediados de 2007, lograron la sanción de la Ley provincial nº 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro en el proceso de lixiviación de metales como el oro, la plata, etcétera. A esta ley se la conoce como “Ley del pueblo” y es considerada por las asambleas y el pueblo de Mendoza como un gran triunfo de la movilización popular. La ley fue anunciada de la siguiente manera:

 

El Decreto 1423/07 del Gobernador de la Provincia de Mendoza, DA FUERZA DE LEY 7722/07 a la ley que el pueblo pidió desde las calles, y que custodia legalmente la vida de los mendocinos ante la posible contaminación de actividades mineras metalíferas con uso de sustancias químicas en nuestras montañas, poniendo en alto riesgo la calidad y la cantidad de agua en Mendoza. SEÑORES, MENDOZA TIENE AGUA PURA!!! DISFRÚTENLA!!!

 

Las empresas buscan las mil y una maneras de eludir esta ley. Por ejemplo, reemplazan el cianuro por xantato, aunque éste no sea tan rentable, o argumentan como en el caso de Sierra Pintada que el uranio no es un mineral sino un combustible, por lo cual su explotación no quedaría comprendida por los alcances de esta ley.

  

No. Otro de los movimientos que surgió en la provincia, por ejemplo, fue en torno a la explotación de uranio en el Complejo Sierra Pintada, que funcionó desde finales de los años 70 hasta el año 1995, momento en el que la coyuntura internacional hizo que la explotación de ese mineral no fuera rentable. Pero desde el año 2003, los distintos gobiernos nacionales tratan de reabrir la producción debido al incremento de los precios internacionales. Pero los pueblos sureños de la provincia cuestionan la reapertura.[9] Mil toneladas de residuos sólidos enterrados en cinco mil trescientos cuarenta tambores además de 1.5 millones de toneladas de colas de uranio abandonadas sin remedio provocaron la reacción de la comunidad, que participó en distintas audiencias públicas en las que declararon su oposición a dicho emprendimiento.[10] La sanción de la ley 7.722 de la que hablábamos antes se convirtió en una traba concreta a la reapertura de la mina a cielo abierto. Por ello, varias empresas mineras que se encuentran en la provincia presentaron pedidos para que se declarara la inconstitucionalidad de la ley.[11]

  

 

Los argumentos esgrimidos son variados. Fundamentalmente dicen que impide el desarrollo del sector, aunque la ley solo abarca el uso de químicos y tóxicos en la minería metalífera a cielo abierto. Las empresas se refieren también a que ya han realizado inversiones; que se violan los derechos constitucionales de igualdad, legalidad, razonabilidad, de debido proceso, de propiedad y de derechos adquiridos de las empresas. Argumentan en términos de que produce discriminación, ya que a otros sectores industriales sí les está permitido el uso de dichas sustancias. Dicen que la medida es arbitraria porque no permite que se prueben nuevas tecnologías, porque vulnera la seguridad jurídica y el principio de irretroactividad legal. En principio hubo doce pedidos de inconstitucionalidad. Finalmente quedaron diez en la órbita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la empresa Portal del Oro SA desiste de seguir con las dos acciones judiciales que había iniciado. A fines de 2008 esta minera vendió sus acciones al desestimar la posibilidad de encarar un proyecto de explotación de uranio en la zona de Sierra Pintada, el que se denominaba “Proyecto Tigre”.

  

No, en general son extranjeras. Portal de Oro, por ejemplo, es canadiense. Otras que podemos nombrar son Deprominsa, Minera del Oeste, Minera Agaucu, Cognito Limited, Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, Minera Río de la Plata y Vector Argentina SA. Pero esas empresas siempre cuentan con socios locales. Los intereses internacionales se relacionan todo el tiempo con la esfera de lo político nacional y con las corporaciones locales. Un ejemplo muy importante es el Proyecto San Jorge, en el Departamento Las Heras en la localidad de Uspallata, a unos cien kilómetros de la ciudad de Mendoza, muy cerca del límite con Chile. El proyecto pertenece a una empresa también de capitales canadienses. Su presidente es el abogado Fabián Gregorio, quien proviene de un estudio de abogados llamado BRGPG[12], especializado en derecho minero y uno de los preferidos por las empresas a la hora de demandar al Estado por la ley 7.722. Durante el proceso de aprobación del proyecto minero, Francisco Pérez quien compartía el estudio con Gregorio se transformó en ministro de infraestructura de la provincia y luego fue designado por el gobierno nacional como el candidato del Partido Justicialista para las elecciones del 2011. Hoy ocupa el cargo de gobernador de la provincia. Otro de los abogados integrantes de ese estudio, fue uno de los autores del decreto 820/6 que regula y favorece a la actividad minera porque, por ejemplo, suprime la posibilidad de rechazar un informe si no cumple con la normativa, permite eludir la audiencia pública y avasalla atribuciones de la autoridad ambiental a favor de la autoridad minera, entre otras cuestiones.[13]

En la actualidad, el emprendimiento minero más importante es Proyecto Río Colorado de Vale Doce, empresa de capitales brasileros. Hoy en día Vale es la segunda minera del mundo, está instalada en más de treinta y ocho países a lo largo de los cinco continentes y tiene un nivel de inversión para la explotación de potasio que llega a los 5.900 millones de dólares.[14]

No es casual que en estos últimos años aparezcan gran cantidad de proyectos, pero es necesario recordar que la mayoría de ellos ya existía en los años setenta y que, tal vez tanto por el nivel de desarrollo de la tecnología utilizada como por el exiguo valor en el mercado internacional, durante un tiempo se definieron como no rentables. Recién mencionamos el caso de Sierra Pintada, lo mismo sucedió con Potasio Río Colorado: en el año 1976 la empresa Minera Tea inició las actividades de prospección y exploración de potasio en las provincias de Mendoza y Neuquén, y en 1990 creó la empresa Potasio Río Colorado SA, que en el año 2003 suscribe un convenio con la empresa transnacional Río Tinto (anglo-australiana), titulación que conseguirá en el 2005.

Pero a pesar de estos antecedentes, pensemos que los cambios estructurales instaurados por el menemismo a partir del Consenso de Washington, como la reforma del estado, la ley de flexibilización laboral y el código minero[15], que sentaron las bases para incentivar este tipo de actividades abriendo las puertas al mercado internacional, esos cambios estructurales, decía, permitieron sellar un cambio en el modelo de acumulación, al igual que sucedió en casi todos los países latinoamericanos. Los precios internacionales exacerban la voracidad de los emprendimientos que nunca responden a necesidades locales a pesar de que los disfrazan tras puestos de trabajo, que siempre son temporales y mínimos a pesar de que los hacen aparecer como emprendimientos de desarrollo sustentable, cuando en realidad dejan vacíos y pasivos ambientales, crean desigualdad social y limitan la participación democrática de los pueblos sobre su ambiente. Estos emprendimientos solo consiguen la licencia social a partir de la corrupción, la violencia y la mentira. Pero la resistencia de los pueblos se transformó en obstáculo para las ganancias del capital.

  

Porque es la técnica más utilizada en la actualidad debido al agotamiento mundial de los metales en vetas de alta ley, es decir, de minas con material muy concentrado. Las nuevas tecnologías permiten rentabilizar los metales que se encuentran diseminados en pequeñas proporciones mediante un proceso de molienda de la roca formando escalones, excavaciones u open pit de gran tamaño. Por ejemplo, en Chuquicamata, Chile, hay escalones hasta un máximo de cuatro kilómetros por dos y medio kilómetros de ancho y novecientos metros de profundidad. Es común encontrar que muchas personas no conocen o no dimensionan a qué nos referimos cuando hablamos de minería a cielo abierto. Según el informe de la minera de Pascua Lama[16], para extraer un gramo de oro las minas a cielo abierto destruyen de dos a cuatro toneladas de roca. Pensemos que se prevé obtener cuatrocientos cuarenta y siete toneladas de oro en veintiún años. Y esto requiere remover más de mil ochocientos millones de toneladas de roca; consumir ciento setenta millones de metros cúbicos de agua y utilizar casi cuatrocientos mil toneladas de cianuro (que se deben transportar en cerca de treinta mil camiones). Se necesita también utilizar casi cuatrocientas cincuenta mil toneladas de explosivos (transportados en más veinte mil camiones), consumir casi cien millones de litros de gasoil (tengamos en cuenta que eso equivale aproximadamente al consumo de este combustible que se produce en cuatro años y medio en la provincia de San Juan), cerca de dieciocho millones de litros de nafta; y de ciento diez Megavatios de electricidad promedio. En Chile algunos valores son aún mayores.[17] Pero no se trata sólo de lo que se consume. Consideremos, además, que no estamos haciendo referencia a la gran cantidad de pasivos ambientales que quedan una vez que concluyen los proyectos.

Los estudios los tiene que hacer la empresa por obligación, por ley, y tienen que ser públicos. Nosotros solicitamos esa información que por ley debería estar accesible, la analizamos, la estudiamos y luego vamos a las audiencias públicas donde planteamos nuestras objeciones. Tras la presentación de diversas demandas logramos que los estudios sean hechos en español, porque las partes más controvertidas muchas veces se encuentran escritas en otro idioma. Pero es muy común que las empresas traten de no mostrar los estudios, o que traten de mostrar una parte o el resumen técnico, pero no muestran todo.

En teoría las empresas tendrían que hacer un estudio que se llama “línea base”. Ese estudio permite saber cómo se encontraba el lugar antes de la explotación. Este tipo de estudios son de utilidad porque después permiten evaluar las consecuencias, los impactos. Generalmente los estudios de base que hacen las empresas son muy precarios, son malos, van forzando la información. En realidad no hacen un estudio de base sino que justifican una decisión ya tomada. Por ejemplo, en el informe de Potasio Río Colorado no se había tenido en cuenta la acción del viento zonda sobre la “pequeña” pila de sal que dejaría la explotación como pasivo ambiental: la pila mediría aproximadamente unas doscientas diez hectáreas por cuarenta y cinco metros de altura, y quedaría ubicada a solo cuatro kilómetros del río Colorado. Y el río Colorado abastece de agua a cuatro provincias: imaginemos qué pasaría si toda esa sal cae en el río. En San Jorge, por ejemplo, nos querían convencer de que el agua del arroyo Tigre no era apta para el consumo humano y que la cuenca era endorreica, es decir, que nacía y finalizaba en la finca donde iban a hacer la explotación. Durante la audiencia pública en la que se discutió ese proyecto, los puesteros narraban cómo utilizaban esas aguas para pescar, bañarse y regar los cultivos. Sin embargo, la empresa sostenía que, como el agua no servía ni para el consumo humano, la agricultura o la ganadería, debía utilizarse para la extracción de minerales.

Nosotros tomamos los estudios de impacto que hacen las empresas, los analizamos cuidadosamente y sobre ellos damos la batalla. Lógicamente el tema empieza por un hecho puntual, pero se extiende y termina siendo un cuestionamiento global a un modelo que se basa en el saqueo y la contaminación.

  

 

En el año 2008 se presenta el informe de Impacto ambiental de Proyecto San Jorge, para obtener la aprobación y realizar la explotación de una mina de oro y cobre a cielo abierto, noticia que alteró la tranquilidad de la comunidad uspallatina. Al igual que sucedió en otras localidades provinciales ante situaciones similares, se empezaron a organizar reuniones donde se analizó las consecuencias de que se instale un proyecto de tal naturaleza. Si bien no se utiliza cianuro como resultado de la vigencia de la ley 7.722, sí utilizarían el xantato, que es un tóxico muy contaminante y difícilmente degradable, el cerro San Jorge desaparecería, correrían peligro algunas especies de la zona, destruirían una parte del Camino del Inca y utilizarían gran cantidad de agua que, una vez contaminada, podría filtrarse y poner en riesgo la cuenca del río Mendoza, que abastece a más de un millón de personas y el oasis principal de la provincia.

El hecho es que de ser un pueblo cordillerano tranquilo, apacible, Uspallata pasó a ser un campo de disputa entre los intereses de la mina y los de los vecinos. La empresa daba charlas en las escuelas, auspiciadas por el municipio y la provincia, mientras que el estado y la dirección de escuelas no concedía a los vecinos, ya organizados en asamblea, el permiso para dar a conocer su posición al resto de la comunidad usando esos mismos canales. La minera pagaba los anuncios en la radio, sobre la que ejercía presión para que no criticara el emprendimiento, y prometía progreso y prosperidad a cambio de devoción. Al no poder recurrir a los medios a fin de ser escuchados, los vecinos se vieron obligados a conseguir, instalar y aprender a utilizar su propia radio, a la que llamaron “La Paquita”, en alusión a un bichito del lugar que pica fuerte. Luego de algunos meses en funcionamiento, la radio atrajo a todos los anunciantes de la otra radio minera y de forma abierta y desinteresada muchos vecinos pudieron tener un programa local que los contuviera. Es importante destacar que en todo este proceso de la organización de los vecinos el cura del pueblo, Pablo, tuvo un rol muy importante y que luego, debido a eso, fue trasladado de Uspallata. Los vecinos se vieron obligados por las circunstancias a reflexionar sobre su lugar y a entender que la única forma de preservarlo y defenderlo era organizándose. Un militante de la asamblea me decía “yo pensaba que esta militancia no duraba más que uno o dos meses, ahora me doy cuenta de que es para siempre”.

 

 ¿Qué acciones se llevaron a cabo desde la asamblea para lograr que la situación se conociera?

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata implementó diversas acciones para dar a conocer los hechos. Organizó cortes de la ruta Nacional Nº 7, vía de comunicación con Chile, marchas por la localidad y visitas a todos los vecinos para plantear el tema. En este recorrido, los miembros de la asamblea construyeron una identidad propia que plasmaron en el slogan de las remeras que usan para identificarse, y que dice: “No a la minería contaminante”. Y no se quedaron encerrados en sí mismos, sino que comenzaron a articular acciones con otras asambleas de la provincia y se organizaron concentraciones y marchas en contra del proyecto San Jorge, acciones que no tenían cabida en los medios masivos de comunicación, que callaban a cambio de las inversiones en publicidad de la empresa. Pero las diferentes asambleas de la provincia intervenían en cuanta actividad pública existiera: un recital, una fiesta patria, eventos, visita de personalidades. Fue tan importante la movilización social que se fue generando que finalmente los medios, de a poco, fueron reflejando el sentir popular en contra de la megaminería.

A finales del 2010 se produce un acontecimiento clave: se pauta una audiencia pública para presentar el proyecto San Jorge. Todos se pusieron a leer y a estudiar a fin de buscar argumentos de por que sí o por qué no a la megaminería. En esa audiencia participaron más de mil ochocientas personas, unas setecientas de las cuales expusieron fundamentos y se convirtió en la más concurrida de Argentina. A pesar de que a muchos vecinos les costaba hablar en público, a medida que transcurrían la horas, más aguerridos se ponían y más querían hablar. La empresa también hacía lo suyo: con la anuencia del gobierno, trajo en micros personas de otros departamentos, a quienes pagaban noventa pesos y les daban un sándwich si participaban de la audiencia diciendo que estaban a favor de la aprobación del proyecto porque daba trabajo. Esto lo supimos porque en una charla que dábamos en una escuela a más de ciento veinte kilómetros de Uspallata, un alumno nos contó que él había recibido plata y comida a cambio de hablar en la audiencia a favor del emprendimiento. A pesar de esto, el 75% de las personas que intervinieron en la audiencia manifestó el rechazo al proyecto y no concedió la licencia social.

  

Sí, en los primeros meses del 2011 se desarrollaron marchas cada vez más importantes en contra del proyecto.[18] Incluso el 22 de febrero, en lo que terminó siendo una de las marchas más simbólicas para la lucha, los asambleístas tomamos la sede del poder judicial y luego la legislatura provincial. En un acto muy emotivo dentro de la legislatura más de tres mil personas votamos en contra del proyecto. Un compañero de Vecinos Autoconvocados de San Carlos expresó:

  

Quiero creer en la democracia, y quiero creer que nuestros representantes de aquí nos representan, hoy legislamos directamente, y esos legisladores que deberían representarnos tienen que saber que una democracia directa la gente ya votó ¡No a la Minería San Jorge![19] 

 

Luego sucedieron otras marchas. La más importante fue la que se realizó durante la Fiesta de la Vendimia, en marzo de este año 2012. Más de ocho mil personas recorrieron las calles de Mendoza ante el aplauso cerrado de vecinos y turistas, bajo las consignas “El Agua de Mendoza No se negocia” y “NO a San Jorge. Como consecuencia de estas acciones, la presidente Cristina Fernández sólo subió al palco una vez que terminó de pasar la columna de más de ocho cuadras que se oponía al proyecto.

También se hicieron festivales con los artistas mendocinos en apoyo a la lucha y hasta Eduardo Galeano dedicó el título de Doctor Honoris Causa que el 22 marzo le concedió la Universidad Nacional de Cuyo a los luchadores del agua en contra de la gran minería.

En definitiva, tal fue el estado de movilización que el mismo candidato del gobierno nacional, Francisco Pérez, dos semanas después del triunfo de las primarias, propuso que se archivara el proyecto San Jorge[20], aunque como ya dije él mismo era parte de la empresa interesada. Esos días hubo fiestas y caravanas en gran cantidad de distritos de Mendoza, especialmente en Uspallata.

Para finalizar, me gustaría remarcar que éste fue un pequeño triunfo de la ciudadanía que desafió al poder político y económico y logró poner coto al extractivismo megaminero. La lucha no termina, pero este resultado demuestra que otras formas de lucha apoyadas y sustentadas en las comunidades son capaces de ofrecer resistencia a este modelo de acumulación que hoy está sustentado por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las grandes corporaciones. En estos años, las asambleas han sido capaces de desenmascarar el carácter de este tipo de explotación, han puesto el tema en la agenda política y están dando herramientas tanto organizativas como políticas para enfrentar al gran capital.

  

  

Harvey, David, “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”. En: RevistaSocialistRegister. CLACSO (2004).

Roux, Rhina, “Marx y la Cuestión del despojo. Claves teóricas para iluminar un cambio de época”. En: Herramienta38 (junio de 2008).