Los estados nacionales latinoamericanos en el marco de la crisis capitalista actual. Entre el cambio estructural y la emergencia de nuevas relaciones de fuerza

En los últimos tiempos, sobre todo en varios países centrales, pudo observarse la emergencia de un nuevo modo de accionar estatal, más intervencionista que en los momentos previos al estallido de la actual crisis capitalista.

Para algunos autores parecía que se trataba del retorno de ciertas políticas de “corte” keynesiano, una suerte de “revival” de aquellas “policies” que permitieron la salida de la crisis del ’30 y que habían caído en desgracia hacia inicios de la del setenta.

Otros autores, filiados en distintas corrientes intelectuales, tendieron a ver de un modo diferente este proceso de entrada en crisis del llamado “estado benefactor”. Estos se habían preguntado en su momento si el abandono de las “políticas de bienestar” habían supuesto un proceso de “desmantelamiento” del estado o si más bien se trataba de una transformación del mismo, aunque esta haya sido de carácter sustantivo (¿modificaba esto su “naturaleza”?).

Pero en una América Latina donde el proceso de implementación de “políticas neoliberales” durante los noventa fue “salvaje”, la llegada de fuerzas progresistas a los gobiernos regionales en el nuevo siglo implicó una crítica a ese tipo de políticas previas, aún antes de la crisis capitalista de 2007. Dicho proceso (con las limitaciones del caso) supuso la recuperación de cierta intervención y control por parte del Estado, hacia la esfera del mercado.

Ello pareciera indicar que hoy, en medio de esta crisis capitalista mundial, nuestra región posee una suerte de “muro de contención” respecto del impacto del mercado internacional sobre el funcionamiento económico y social local.

Nuestra pregunta en este trabajo será si ello es tan así; y si eso depende de la emergencia de una nueva “forma” estatal determinada por nuevas condiciones estructurales o si se trata de la configuración de nuevas relaciones de fuerza que impactan en el estado capitalista.

 

El momento capitalista que va de fines de la década del ‘60 a mediados de la década de los ‘70 es el momento –fundamental– donde se cierra uno de los ciclos más formidables de expansión capitalista en todo el mundo.

Las posteriores décadas de los ‘80 y de los ‘90 –con la consolidación de gobiernos de signo neoconservador en varios países centrales, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania; pero también con la implementación de políticas neoliberales por parte de aquellos gobiernos “progresistas” (socialdemócratas y demócratas)– son momentos donde cristaliza una reconfiguración capitalista regresiva para las clases populares (con el abandono de todo tipo de política estatal tendiente a “controlar” a “los mercados”, más aún en los casos donde el estado directamente competía con ciertos capitales individuales o concentrados).

Cierta explicación sociológica “tradicional” o politológica (como ser las de aquellas herederas del pensamiento de Durkheim, Weber, Tönnies o Simmel, Park, Merton o Parsons), tendió a focalizar por un lado en el desarrollo –empírico– de cierto importante proceso de diferenciación social y funcional dentro de las “complejas” sociedades contemporáneas, y por el otro, en la necesidad de estas complejas sociedades de garantizar la homeóstasis. De modo tal que la preeminencia al interior del funcionamiento de la sociedad de una esfera o subsistema por sobre la otra/o tendía a implicar un desbarajuste dentro del mecanismo social de “frenos y contrapesos” (Dahl, Parsons, también Bell o Lipset).

Autores como Habermas u Offe explicaban la entrada en crisis del estado benefactor como producto de un “exceso” intervencionista del propio Estado; en tanto que redundaba en una “invasión” por parte del “sistema social” –regido por imperativos de racionalidad instrumental y estratégica– de ámbitos de un “mundo de la vida” normados por tipos contrapuestos de accionar comunicacional y/o cultural. En esta sociedad diferenciada funcionalmente y cuya tendencia es la búsqueda del equilibrio, el problema es fundamental, ya que redunda en las tensiones de intentar reconciliar acumulación capitalista con “legitimidad” de masas (Habermas, 1999; Offe, 1990).

De modo que si la crisis del estado de bienestar es “interna” al “sistema”; la “salida” a esta crisis no puede provenir del mismo interior del “sistema” sino que debe focalizar en el potencial crítico de unos “movimientos sociales” que extraen los fundamentos de su acción de un “mundo de la vida” situado por fuera de ese “sistema” (por diferencia con el movimiento de trabajadores).

Para otros autores, de perspectiva neo-durkheimniana, tanto Habermas como Offe sobreestimarían el potencial crítico presente en algunos movimientos sociales cuya presencia pública es francamente efímera. Hay coincidencias con caracterizar al problema como “político”, pero la solución aquí radica en la capacidad de los movimientos para motorizar los recursos de intervención y control estatales hacia las fuerzas desatadas del mercado. El problema para Castel o Rozanwallon, por ejemplo, es la resolución estatal de la “exclusión” o de la “desafiliación”, y la “recreación” de una suerte de “ciudadanía universal”.

Ahora bien, otros autores han hecho hincapié en factores diferentes para explicar la crisis de esta formación estatal; y la “naturaleza” de las crisis capitalistas en general.

En un artículo “clásico” escrito hacia mediados de la década del setenta, Antonio Negri presentaba a John Maynard Keynes como lo que efectivamente era: un burgués. Buscando interpretar la “naturaleza” del pensamiento de Keynes como así de las políticas llevadas a cabo por las nuevas formaciones estatales denominadas “de bienestar”, Negri llegaba a dos conclusiones (cf. Negri, 2002). Por un lado, observaba empírica e históricamente la implementación de aquellas políticas derivadas de la teoría de Keynes a posteriori de la crisis capitalista de 1930; pero a diferencia de gran parte de las interpretaciones al respecto, Negri no derivaba la implementación de estas políticas keynesianas de la mencionada crisis sino de la Revolución Rusa de 1917. Es decir que para Negri la formación estatal derivada a posteriori de la crisis de 1930 era en realidad producto de la lucha de clases a nivel internacional.

Y Keynes, según Negri, era el intelectual burgués que tenía una clara conciencia respecto de este “peligro”, por eso su concepción de política económica se sustentó en un proceso de incentivo de la “demanda” (donde por “demanda” debe entenderse “clase obrera”). Es el momento donde “el capital” debe “volverse marxista”, es decir, debe “integrar” al “polo del trabajo” dentro de los procesos de valorización capitalista.

Así, las políticas keynesianas desde esta perspectiva son llevadas adelante estructuralmente por el capital para recomponer los procesos de producción, valorización, circulación y consumo de las mercancías, es decir, para garantizar la reproducción de la sociedad capitalista comprendida como una “totalidad orgánica”. Para lo que es necesario al mismo tiempo “disciplinar” e “institucionalizar” a la fuerza de trabajo.

Es decir que Negri entonces pensaba al “Estado” vinculado con la relación social “básica” de la sociedad capitalista: la relación “capital-trabajo”. De lo que se desprende la segunda conclusión a la que llega Negri en ese artículo, que el estado que implementa este tipo de políticas keynesianas es un estado capitalista.

Pero ¿cómo comprender la entrada en crisis de esa formación capitalista estatal “de bienestar” desarrollada con claridad hacia mediados y fines de los años setenta?

Ya hacia fines de los ’70, e inicios de los ‘80, otro autor, John Holloway, plantea que  las transformaciones históricas de la “forma estado” son en realidad resultado de las modificaciones que toma la “forma” de la relación del capital, es decir de la relación entre “capital” y “trabajo”. Esto explicaría no sólo el traspaso de la formación estatal liberal a una de tipo “keynesiana” (no necesariamente “de bienestar”) sino a posteriori la transformación de esa última “forma estado” (keynesiana y/o “de bienestar”) a una de tipo “neoconservadora” y “neoliberal” (Holloway, 1994).

Para otro autor cercano a esta interpretación, como Joachim Hirsch (Hirsch, 2001), los “límites” de la intervención del “estado de bienestar” y su posterior entrada en crisis (como “forma-estado”) tienen que ver con la imposibilidad de esa formación estatal de volver “positiva” la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Lo que explicaría el proceso por parte del capital de incorporación de capital constante en detrimento del capital variable, cuyo resultado es a corto plazo el crecimiento del “ejército de reserva” y la modificación del proceso productivo en sentido “posfordista” (donde el modo de organización del trabajo se “flexibiliza”) y por último la transformación del estado capitalista a su actual forma “neoliberal”.

Siguiendo el razonamiento de estos autores, si las décadas de los ‘80 y de los ’90 del siglo pasado son claramente momentos de una reconfiguración regresiva del capitalismo, que va de la mano de la aparición de nuevas relaciones de fuerza dentro de esa sociedad y dentro del estado, esto se fundamenta en una “derrota” de las clases subalternas en general y de los  trabajadores en particular.

Pero entonces postular nuevamente procesos de intervención del estado en la “economía” como única alternativa progresista sería volver a argumentar “estadocéntricamente”, limitando toda “alternativa” a lo que suceda en torno a las políticas del estado capitalista.

En una perspectiva donde el paso de la “forma-estado” keynesiana a una “neoliberal” se lea como un proceso dialéctico de disputa antagónica de clases, es que es posible decir que el paso del reinado de Keynes al paso del reinado de Friedman es sustancialmente un cambio de “forma” del estado capitalista. Aunque la misma no sea menor.

 

 

Prosiguiendo con el argumento, lo que encontramos hacia inicios y mediados de la década de los ‘80 del siglo pasado es la emergencia de una nueva formación estatal que algunos han caracterizado como “neoconservadora” en lo político y “neoliberal” en lo económico (distinción analítica que tomamos sin perder de vista el funcionamiento “totalizador” del capitalismo). Si el retorno a una economía (neo)“liberal” focalizada en el “incentivo de la oferta” supuso la posibilidad de recomponer la tasa de ganancia empresaria; una perspectiva política “neoconservadora” (“eficiente”, “funcional”) suponía la reducción de los procesos de legitimidad en la opinión pública a solamente aquellas expresiones existentes dentro de la institucionalidad democrático-formal (lo que se condecía con un proceso de “estrechamiento” de la “opinión pública” a lo que dicen las encuestas).

Ahora bien, el resultado de esas modificaciones al interior del funcionamiento capitalista  implicaron un aumento generalizado de la desocupación (el ejército de reserva), que fue sin embargo contenida por el desarrollo de ciertos tipos focalizados de “políticas sociales”, no generadoras –sino contenedoras– de nuevos puestos de trabajo.

Esto implica que, desde un punto de vista pragmático, aún en una formación estatal “neoliberal” encontremos procesos de intervención del Estado dentro de diversos ámbitos sociales, inclusive en algunos de ellos que estarían dentro de la esfera económica. Algo que no es nuevo, también Marx en El capital (y antes, en El XVIII Brumario de Luis Bonaparte) había observado estos fenómenos de intervencionismo estatal para el caso del funcionamiento del “primer” capitalismo liberal, en el siglo XIX. Pero como afirmaba nuevamente en El capital, estas intervenciones eran producto del conflicto de clases.

Entonces, para el caso que estamos analizando, el cambio de “policies” puede ser un cambio en la “forma” del estado, pero no en su contenido capitalista.

En los albores de los ‘90 todo este proceso implicó un momento del capitalismo donde la liberalización se combinaba dentro de los países centrales con ciertas políticas “regulacionistas” (entre las que encontramos cierto control del tipo de cambio y de la tasa de interés por la Reserva Federal) y con la necesidad por parte del “sistema” de establecer cierta previsibilidad (Watkins, 2010).

Este esquema se modifica en parte con la llegada de Clinton al gobierno de los Estados Unidos (y con el desplazamiento del gobierno conservador inglés por parte del “nuevo laborismo” de Tony Blair), provocando un tipo de relación entre mercado y Estado más propio de lo que se ha dado en llamar de “tercera vía”; que de ninguna manera implicó una transformación radical de las políticas neoliberales hasta entonces implementadas ni tampoco el “regreso” de una formación estatal como la “de bienestar”.

En términos de la caracterización de las intervenciones estatales, desde aquí podemos decir que es bastante delgada la línea que separa a las “policies” implementadas desde estas formas estatales neoliberales desarrolladas inmediatamente a posteriori de la caída en desgracia del keynesianismo y aquellas implementadas por formaciones estatales de “tercera vía” (sustentadas en lo que se ha dado en llamar “neokeynesianismo”). Lo que parece indicar que estas diferencias “de grado” entre unas y otras formaciones estatales y tipos de “policies” se encuentran determinadas por el funcionamiento estructural, aunque también por ciertas  modificaciones –“de grado”– que pueden observarse dentro de la sociedad capitalista (indicadoras del estrecho margen de maniobra político-sistémico de las democracias burguesas).

Sin embargo, y más allá de esto que acabamos de decir, veremos en términos teóricos algunas diferenciaciones a medida que avancemos en la descripción de la crisis capitalista actual.[1]

Porque hacia fines de los ’90 algo comienza a cambiar, en la medida en que nos encontramos con la reaparición de sucesos de protesta en Europa y en varios países de la periferia (en mayor medida América Latina), protagonizados por múltiples “movimientos sociales”.

El “ciclo de protesta” (cf. Tarrow, 1997) pareciera tener un punto de inicio en el año ’94 con el surgimiento en México de una nueva forma de cuestionamiento crítico de lo establecido, encarnada en el movimiento zapatista (aunque algunos rastreen un inicio previo en las protestas desarrolladas en 1990 por el movimiento indígena ecuatoriano), pero proseguida a continuación con las huelgas y las protestas de los sindicatos estatales, de transporte, educativos, y otros en Francia, promediando los ‘90; para luego desde allí trasladarse también a otros países europeos y del resto del mundo. Hacia fines de los ‘90 e inicios del siglo XXI todo esto parecía confluir en lo que se dio en llamar el “movimiento” antiglobalización neoliberal, cuyo eje central fue no sólo desplegar un planteamiento crítico hacia la sociedad capitalista “neoliberal” sino también intentar pensar y discutir el desarrollo de alternativas.

Lo cierto es que este proceso supuso la aparición de un importante cuestionamiento y rechazo de las políticas neoliberales impulsadas desde organismos de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), y además a la visión de un mundo “unipolar” hegemonizado por el poderío militar norteamericano.

Sin embargo, y más allá del –retrógrado– cambio de signo político sucedido en los Estados Unidos a inicios del siglo XXI, esto no supuso –nuevamente– una modificación sustancial del tipo de política estatal desplegada al interior de ese país, si hacemos la salvedad para el caso de la radicalización bélica de las intervenciones en la política exterior.

Como sostiene Susan Watkins en el citado artículo “Arenas movedizas”, que editorializa la edición aniversario (50 años en su versión en inglés, diez años en su versión en castellano) de la New Left Review: “A lo largo de la década de los noventa y comienzos de la siguiente [...], en Estados Unidos, el boom de la ‘nueva economía’ de mediados de esa época se demostraba pasajero. La estrategia de Clinton, diseñada por Goldman Sachs, se basaba en el efecto riqueza de los beneficios del sector financiero, que compensaban los pobres rendimientos de la inversión de capital y el estancamiento de los salarios; la errónea asignación sistémica del capital se convirtió en una virtud. Pero cuando el dólar se revaluó de nuevo a partir de 1995, la competitividad de las empresas estadounidenses empeoró. En 2000, los escasos beneficios empresariales condujeron al colapso de las acciones de las empresas tecnológicas. A partir de entonces, el crédito barato proporcionado por inversores extranjeros, sobre todo Japón y China, sirvió de premisa para sucesivas burbujas basadas en el endeudamiento. Greenspan, en su lucha por mantener la economía estadounidense a flote, recortó drásticamente los tipos de interés del 6.5 al 1% a partir de 2001, y durante los cuatro años siguientes, avivó el precio de la vivienda más del 50%... Cuando Bernanke empezó a subir los tipos de interés en 2006 para estabilizar el dólar y dominar la burbuja, empezó el gran desmoronamiento”(Watkins, 2010).

Lo interesante aquí de ser observado es que desde la “debacle” del “modelo de bienestar” y de la postulación del “neoliberalismo” como “política oficial”, este “nuevo modelo” no demuestra funcionar en el conjunto de la sociedad dejando librado todo a la “mano invisible” del mercado sino ejerciendo ciertas y muy puntuales intervenciones estatales dentro de ámbitos específicos de la economía y de la sociedad. Pero entonces, ¿cómo explicar este naciente “intervencionismo” estatal observado a raíz de la manifestación plena de la actual crisis del capitalismo?

Nuevamente según Watkins, a diferencia de los momentos anteriores (incluso los de la “tercera vía”), nos encontramos actualmente con un acuerdo manifiesto y mayoritario     –sobre todo dentro de los más importantes sectores vinculados al establishment económico y político– de una mayor necesidad de regulación sobre el funcionamiento económico y financiero en todo el mundo. Es lo que denomina “liberalismo regulado” (Watkins, 2010).

Ahora bien, esta noción de “liberalismo regulado” es también una nueva diferencia “de grado”, en tanto no supone ninguna transformación del actual patrón de acumulación presente en el mercado mundial (no implica una reformulación del vínculo existente entre capital financiero y capital productivo, tampoco de la forma de la división del trabajo existente en el mercado mundial[2], ni una modificación de la “unipolaridad” presente en términos geopolíticos[3]).

Las recetas para su solución o “aplacamiento” son de parte del establishment un aumento del intervencionismo estatal, pero en aquellos ámbitos donde parece prevalecer el capital financiero (en sectores denominados “tóxicos”).

Sin embargo, más allá del optimismo profesado por algunos funcionarios (sobre todo de la administración Obama), lo cierto es que pareciera ser que la resolución de esta crisis   –que excede a nuestro juicio la calificación de “crisis financiera”– dista mucho de concretarse en el corto plazo. Esto está claro, según indicadores, desde la perspectiva de los sectores populares, pero lo estaría también desde una que incluya a otros sectores sociales (cf. Astarita, 2008).

Considerando nuevamente algunas apreciaciones de Watkins en el mencionado texto de la New Left Review, lo que pareciera explicar la imposibilidad de resolución a corto o mediano plazo de la crisis es la incapacidad organizativa de los sectores populares y del movimiento de trabajadores frente al despliegue de las formas de intervención de los estados capitalistas.

 

 

La explicación “ortodoxa” del inicio de la crisis en los Estados Unidos y su impacto en varios países desarrollados, se basa en derivar el estallido de la “burbuja inmobiliaria” de la existencia de una baja tasa de interés y de inversión productiva en estos países, originadas en una sobreabundancia de ahorro en el mercado mundial provista por países emergentes o periféricos. Esto generaba una tendencia a la baja de la tasa de interés, incentivaba la inversión en el mercado inmobiliario y el estímulo al consumo dentro de los hogares norteamericanos (cf. Arceo, E.; Golombek, C.; Kupelian, R., 2009).

Sin embargo, otras explicaciones de la crisis hacen foco en el agotamiento del patrón de acumulación capitalista actualmente existente, que es el que en realidad provoca el estallido de estas “burbujas”. Pero lo que aquí nos interesa mencionar es la existencia de reservas en los países periféricos, producto también del tipo de división internacional del trabajo y del modo de inserción dentro de la economía mundial. Existencia de reservas que pueden explicarse estructuralmente pero también suponen ciertas “policies” por parte de algunos de los gobiernos como forma de tener algún tipo de control monetario que prevenga futuras corridas o bien que establezca cierta distancia con las políticas desarrolladas durante los noventa. De modo tal que encontramos en varios países latinoamericanos, vía crecimiento de las “reservas”, una suerte de “colchón amortiguador” del impacto de la crisis internacional; aunque en el marco de una economía que se encuentra interconectada por exportaciones.

Hecha la explicación “objetiva” del por qué del “colchón”, la pregunta que queremos hacernos es por las condiciones “subjetivas” que podrían explicar su “existencia”.

Porque a diferencia de la virtual “desaparición” en los países centrales del movimiento de trabajadores y de otros movimientos sociales, vemos en América Latina desde inicios de los noventa la emergencia de movimientos de protesta conformados en contraposición a las políticas neoliberales implementadas por los estados capitalistas.

Ciertamente, la emergencia de la conflictividad social desarrollada en prácticamente todo el subcontinente tuvo  suerte diversa y se manifestó de manera diferente: en algunos lugares (Ecuador a inicios de los noventa, también Venezuela, Argentina en diciembre de 2001, Bolivia en octubre de 2003) supuso la deposición de varios gobiernos de tinte neoliberal y además un cuestionamiento del conjunto del sistema político (judicial, mediático, etc.). En casi todo el subcontinente este proceso desembocó también en la llegada al gobierno vía eleccionaria de experiencias partidarias progresistas o de centroizquierda (con matices más o menos “izquierdistas” según el caso).

Esto implicó que a diferencia de lo sucedido en los países “centrales”, en América Latina se generó un importante movimiento de resistencia crítico hacia las formas y políticas  “neoliberales” triunfantes al interior de las sociedades capitalistas.

Por ende también las políticas públicas estatales que emanaron de esos gobiernos “progresistas” refirieron a este nuevo momento histórico donde –tomando la definición de estado del “último” Poulantzas– se “condensan” nuevas “relaciones de fuerza” entre las distintas clases sociales. Sin embargo, dicho proceso debe ser comprendido en un sentido “dinámico”, porque como sostiene Holloway, todo proceso de “desfetichización” social contiene su contracara “fetichizadora”.

Si es cierto que tanto en América Latina en general y también en Argentina en particular encontramos una impugnación del funcionamiento de un “sistema político” en su conjunto, en tanto el mismo operó como una “institucionalidad” legitimadora de las políticas neoliberales; también es cierto que a diez años de ese notable suceso hoy nos encontramos con un proceso de recomposición del funcionamiento de ese mismo “sistema político”. A la vez, en consonancia con esto, si en el momento de una mayor radicalización de la crítica al funcionamiento de las formas políticas de la sociedad burguesa vemos que las “policies” emanadas del estado capitalista tienden a plantearse distanciadas en parte del tipo de políticas neoliberales prevalecientes hasta entonces (lo que puede observarse incluso en Argentina en un gobierno como el de Eduardo Duhalde, al que es difícil de catalogar como “progresista”[4]), lo cierto es que una vez “institucionalizado” el accionar crítico de los diferentes movimientos sociales o de trabajadores –en algunos casos en el estado capitalista– se observa que dichas “policies” parecieran regresar a algunos puntos de partida “neoliberales” (por ejemplo el reciente “regreso” de Argentina a su rol de “pagador” de una deuda externa que ya fue varias veces pagada).

Como pudimos ver, a diferencia de lo sucedido en el “primer mundo”, en todo nuestro subcontinente se observa una importante presencia política de diferentes tipos de movimientos sociales y de trabajadores, y ello conlleva que hacia inicios del siglo XXI podamos encontrar gobiernos de signo progresista y al mismo tiempo algunas políticas públicas que se planteen como no-neoliberales o bien cercanas a cierto “neokeynesianismo”.[5]

Si siguiendo el razonamiento “ortodoxo”, la constitución de reservas por parte de los países en desarrollo es un fenómeno básicamente estructural; también es cierto que ese fenómeno estructural por lo menos en América Latina se encuentra acompañado por toda una serie de manifestaciones políticas articuladas con ese proceso estructural. De manera que podría sostenerse que el nivel y el tipo de intervencionismo estatal se encuentra en relación con el nivel de presencia de la protesta social en la esfera pública. Sin embargo, los niveles de impacto de la protesta dependen a veces de su perdurabilidad en el tiempo y ello supone el riesgo de una posible “institucionalización” de la misma, lo que reduce su nivel de impacto en la esfera pública y vuelve previsible sus acciones. Enmarcadas institucionalmente, las acciones comienzan nuevamente a ser desplegadas dentro del “sistema político”, y a ser funcionales al mismo.

Si contra la explicación ortodoxa habíamos visto que el proceso de acumulación de reservas en varios de los países denominados emergentes se debía a la dinámica de un patrón de acumulación prevaleciente en Estados Unidos extendido también al mercado mundial. Ahora vemos que este proceso, esta dinámica y estos modos de intervención de los estados también dependen de cómo se desarrolla el antagonismo entre las clases dominantes y subalternas.

La articulación de estos tres elementos (dinámica de los flujos de capital –en la explicación más “ortodoxa”–, patrón de acumulación internacional y lucha de clases) pueden permitirnos intentar explicar de un mejor modo las características de los tipos de intervención estatal (con matices, por supuesto, porque hay diferencias entre lo que puede verse en Venezuela, Brasil, Bolivia, Nicaragua, México, Argentina, Perú, etc.) en los momentos previo y posterior a la crisis.

En Argentina, tal vez la evaluación de un fracaso relativo en torno de la experiencia emergente posterior a las jornadas de finales de diciembre de 2001, tenga que ver con las limitaciones observadas en las formas de organización de las clases subalternas que les impidieron configurar una alternativa que redundara en una forma-estado y en unas políticas públicas más favorables a ellas.

Pero en la medida que ello no se produjo, y en la medida que la forma de reconfiguración de una forma-estado pos-neoliberal implicó un basamento en aquellos sectores dominantes y fracciones de capital predominantemente exportadoras (encargadas de generar las condiciones de articulación del capital y sus modos de acumulación con el mercado mundial y por lo tanto sujetas a los vaivenes existentes en el mismo), la forma-estado resultante de ese modo de articulación de las relaciones de fuerza fue una de tipo neo-desarrollista, que Sanmartino denomina “de compromiso débil” (cf. Santamarino, 2010).

Sin una articulación entre los distintos sectores de las clases subalternas, es de esperarse que los tipos de intervencionismo estatal y de políticas públicas resultantes a partir del impacto de la crisis internacional en América Latina y en Argentina vaya de la mano de los intereses prevalecientes en los sectores dominantes y fracciones de capital dominantes que componen el “bloque en el poder”. Pero a la vez, dialécticamente, esto también dependerá de la potencialidad organizativa de las clases populares.  

 

 

A lo largo de estas páginas, intentamos en principio trazar una caracterización aproximada del funcionamiento estructural del capitalismo –sobre todo– a posteriori de la crisis del estado benefactor, para luego establecer una relación con los tipos de “intervencionismo” estatal realmente existentes.

Ahora bien, como tratamos también de mostrar, dichas características estructurales deben analizarse en relación con toda otra serie de elementos, permitiendo recuperar una mirada más “totalizadora” en relación con el capitalismo y su crisis actual.

Tomando en consideración a algunos autores que habían interpretado de manera diversa la crisis del estado benefactor y evaluado negativamente la emergencia de la actual formación estatal neoconservadora y neoliberal, reclamando a la vez una suerte de “regreso” de cierto intervencionismo estatal; concluimos que dicho intervencionismo ya estaba presente en ciertas políticas públicas definidas hacia fines de los años ochenta e inicios de los noventa como “neoliberales”.

Con una sociedad capitalista neoliberal ya configurada, además por el impacto y el despliegue de un proceso de valorización del capital cada vez más mundializado, es claro que dichas “policies” estatales –aún de “tercera vía”– distaban mucho de aquellas que dieron forma al llamado “compromiso keynesiano” que sustentaba el “estado de bienestar” europeo.

Pero como también observamos, esta transformación de las políticas público-estatales no tenía solamente una explicación “estructural” (que partía de aquellas “condiciones que el hombre no había contribuido a crear”, y que se “volvían extrañas a él”, según Marx) sino además otra que refería más bien al vínculo entre esos fenómenos estructurales y las subjetividades antagónicas presentes entre las diferentes clases sociales.

Al considerar el elemento de las “subjetividades”, trasladando el análisis que Negri o Holloway realizan del por qué de la conformación del “estado benefactor keynesiano” a la actualidad, tratamos de interpretar una nueva relación entre lo estructural y las políticas públicas estatales aplicado tanto al análisis de la situación europea de crisis y a la latinoamericana en general, llegando a la particularidad del “caso” argentino.

Si de Europa o de los Estados Unidos u otros países centrales podíamos decir que puede explicarse la relación entre “nuevas” condiciones estructurales del capitalismo, políticas públicas y antagonismo social; básicamente desde el “peso” de lo estructural, en la medida que los conflictos sociales parecieran desplegarse en un sentido más bien “sistémico”[6], y cuya resolución quedaría planteada a través de diferentes formas de expresión de la “integración social”. Lo mismo no podría afirmarse de América Latina, donde encontramos contraposiciones importantes entre las primeros y los últimos años de la década de los noventa del siglo pasado hasta los iniciales del siglo XXI. No solamente porque el “neoliberalismo” que se desplegó por estas tierras cobró características claramente “salvajes” sino porque dicho proceso desencadenó a posteriori resistencias y organización al interior de las clases populares, que se manifestó tanto vía electoral como a través de un número importante de revueltas que acabaron con varios gobiernos neoliberales; como así con el despliegue de tipos de políticas más próximas a cierto neo-desarrollismo.

Esto quiere decir que podríamos en estos casos interpretar el carácter de las políticas públicas presentes, en relación no sólo con los condicionantes estructurales sino también con el desarrollo y el tono de los antagonismos sociales.

En América Latina  y particularmente en Argentina, sobre todo luego de la crisis de diciembre de 2001, se observa consecuentemente este proceso descrito donde el emergente parece ser esta “forma-estado” de “compromiso débil”. Sustentada en una serie de elementos estructurales que permitieron la conjugación de saldo en cuenta corriente y acumulación de reservas, pero también la inserción dentro de la división internacional del trabajo a partir de formas de acumulación basadas en un modelo exportador combinado –vía competitividad generada por devaluación- con procesos segmentados y particularizados de “sustitución de importaciones” (Pinazo, 2011). Entendemos que en general y en este caso particular, lo estructural no puede entenderse sino en términos de una relación compleja con el desarrollo del antagonismo social y las relaciones de fuerza históricamente existentes.

Siguiendo a Holloway en su caracterización de las crisis, tendríamos también aquí que afirmar que este momento es una forma particular de configuración de la “crisis de la relación social del capital”. Tratar de observar este proceso de emergencia y de impacto de esta forma particular de configuración de la actual crisis de la relación social capitalista en los países latinoamericanos y en Argentina, implica a la vez poder analizar el campo de las relaciones de fuerza del conjunto de las clases sociales componentes de la sociedad.

Al momento, encontramos un impacto no demasiado sustantivo de la crisis –si bien el mismo existe y todo parece indicar que será más importante en relación directa con una mayor o menor presencia de productos de exportación vernáculos en las economías más afectadas, producto obviamente de la retracción y el ajuste al interior de las mismas– en varios de los países latinoamericanos, en la medida en que nos encontramos con reservas, con tipos de políticas cambiarias que reservan a los Estados nacionales capacidad de regulación, y con políticas de subsidios diferenciales que buscan aminorar el impacto en los sectores afectados.

Pero si ello depende de las relaciones de fuerza establecidas socialmente, nos encontramos en estos momentos en una etapa donde las mismas parecieran dirimirse de manera “institucional”, dentro de los “sistemas políticos” nacionales. En la “naturaleza” de estas relaciones de fuerza, en el grado y modo en que se expresen, es donde se verán las características de las próximas políticas “anticíclicas” desplegadas por los estados capitalistas periféricos.

También en la naturaleza de estas relaciones de fuerza, que interpelan a la “totalidad” de la sociedad capitalista, será donde se encuentren las posibilidades de construcción de una alternatividad post-capitalista y de izquierda.

 

 

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