La economía libre y un estado fuerte: notas sobre el Estado

El neoliberalismo llego definitivamente a

su fin cuando estalló la crisis del 2008

(Ceceña, 2009: 33).

 

Tradicionalmente, se considera que el neoliberalismo emergió como secuela de la profunda crisis de principios de la década de 1970. De acuerdo con Altvater, por ejemplo, “comenzó con el fin del sistema de Bretton Woods de tasas de cambio fijas en 1973 y la consecuente liberalización de los mercados financieros en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher” (2009: 73). Al neoliberalismo se lo asocia con un régimen específico de acumulación capitalista, caracterizado por el dominio del capital financiero sobre el capital productivo.[1]En general, al neoliberalismo se lo asocia también con un Estado débil que es incapaz de resistirse a las fuerzas del mercado. O sea, el Estado neoliberal funcionaría como un Estado que facilita al mercado.

Se dice que el régimen neoliberal de acumulación se terminó en 2008, cuando la banca “no dudó en ‘traer de vuelta al Estado’ de un modo aún más radical que en la época keynesiana”. Una vez que regresó el Estado, el capitalismo neoliberal se transformó en una “especie de ‘socialismo financiero’” (Ibíd.: 79, citando a Sennet). Esta especie de socialismo socializa las pérdidas financieras, garantiza la “deuda tóxica” y asegura las ganancias privadas, y para equilibrar los balances, ataca las condiciones de vida de los trabajadores. Equivale a una enorme redistribución de riquezas desde el trabajo al capital. El socialismo financiero ilustra muy bien la opinión de Marx sobre el Estado capitalista como el comité ejecutivo de la burguesía. Sin embargo ¿qué significa “traer de vuelta al Estado”? ¿Realmente había quedado “afuera” durante el llamado régimen neoliberal de acumulación?

La idea de que el Estado ha sido “traído nuevamente” sugiere un Estado que resurge, que ha recuperado en alguna medida el control sobre el mercado. Esta opinión implica una concepción del mercado y del Estado como dos modos distintos de organización social y la pregunta recurrente en esta concepción es si el mercado tiene autonomía frente al Estado o si el Estado tiene autonomía frente al mercado. No se plantea la constitución social del Estado y del mercado como formas distintas de relación social. Siguiendo a Clarke (1992), en este ensayo sostendremos que el Estado capitalista es fundamentalmente un Estado liberal. Esta concepción implica a la clase como una categoría determinante de su forma y de su contenido.

 

 

Lo que se necesita es [...] una fuerza

coercitiva, honesta y organizada

 (Wolf, 2001).

 

Por más que la respuesta política a la crisis de 2008 haya sido variada, el neoliberalismo que surgió durante la década de 1980 no implicaba un Estado débil, sino un “Estado fuerte”. Por eso, el libro de Andrew Gamble sobre el periodo de Thatcher se titulaba muy apropiadamente La Economía Libre y el Estado Fuerte, refiriéndose evidentemente a la concepción ordoliberal de la relación entre el Estado nacional y la economía global.[2] Susan George (1988) caracterizó la década de los ochenta como una época en la que se privatizaba todo, salvo las pérdidas, que fueron socializadas por medio del endeudamiento y las reformas represivas del mercado laboral y del Estado de bienestar. Ernest Mandel (1987) caracterizó a la economía política de los años ochenta como un “keynesianismo militar”; un keynesianismo que refinanciaba un sistema financiero al borde de la catástrofe, en vista de la crisis de los deudores de entonces y a la arriesgada exposición de las deudas. Su rescate tomó la forma de un financiamiento pro-cíclico del déficit global, basado en el dólar norteamericano, la expansión del complejo industrial- militar, la privatización y la desregulación financiera. El keynesianismo militar intentó equilibrar los balances tomando dinero del bolsillo de los trabajadores y atacando sus condiciones de vida. La redistribución de la riqueza desde el trabajo hacia el capital fue tan evidente que a principios de los noventa “cerca de los dos tercios de la población mundial habían ganado muy pocas ventajas, si es que alguna, por el rápido crecimiento económico. En el “mundo desarrollado”, la cuarta parte más baja de los asalariados sólo ha visto un derrame hacia arriba en vez de un derrame hacia abajo” (Financial Times, 24 de diciembre de 1993). Esta cuarta parte ha crecido desde entonces, hasta incluir a más de la mitad de la población mundial, creando una brecha sin precedentes en los ingresos, a escala nacional y a escala global.[3]

El “keynesianismo militar” sostuvo al capitalismo sobre la base de una acumulación de riquezas potencialmente ficticias. La deuda se expandió a tal punto que, según el Financial Times (27 de septiembre de 1993), el FMI temía, a principios de la década de 1990, “que la amenaza de la deuda se está mudando hacia el norte. En estos días es el crecimiento de la deuda del primer mundo y no la crisis crónica de África lo que no permite conciliar el sueño a los funcionarios del FMI”. Frente a las crisis recurrentes desde 1987,[4] y los diversos pánicos de los mercados de valores, los EE.UU. emergieron como el mayor país deudor. Magdoff y otros (2002) afirmaron que para 2002, la deuda privada extraordinaria era dos veces y cuarto el PBI, mientras que la deuda extraordinaria total –la privada más la gubernamental– se acercaba a tres veces el PBI. El gasto del déficit mantuvo a la economía global que pasó a depender completamente de una montaña de deudas.

A lo largo de los últimos 30 años, la acumulación de riqueza potencialmente ficticia en forma de dinero, y el control coercitivo de los trabajadores, desde la servidumbre de la deuda hasta las nuevas expropiaciones de tierras y expulsiones a campesinos, desde la desregulación de condiciones de vida hasta la privatización del riesgo, todo se ha juntado. En el contexto de una economía global plagada por las deudas y amenazada por el colapso de éstas, Martin Wolf decía que para garantizar al capital global hacían falta Estados más fuertes. Como lo dijo en relación al llamado Tercer Mundo, “lo que se necesita no son aspiraciones piadosas, sino una fuerza coercitiva honesta y organizada” (Wolf, 2001). En relación al mundo desarrollado, Soros (2003) sostenía, y con razón, que el terrorismo no sólo proporcionaba la legitimación ideal, sino también el enemigo ideal para la protección coercitiva sin trabas de las relaciones del mercado libre abrumado por la deuda “porque es invisible y no desaparece nunca”. La premisa de una política de la deuda es la acumulación en curso de “máquinas humanas” sobre las pirámides de la acumulación. Su ciego entusiasmo por el saqueo exige una fuerza coercitiva organizada para sostener la enorme hipoteca sobre el ingreso futuro en el presente. La demanda de Wolf de un Estado fuerte no contradice al neoliberalismo. El neoliberalismo no exige la debilidad al Estado. El laissez faire no es ninguna “respuesta a los disturbios” (Willgerodt y Peacock, 1989: 6). En realidad, el laissez-faire es “una descripción muy ambigua y engañosa de los principios sobre los que se basan las políticas liberales” (Hayek, 1976: 84). O sea que el Estado neoliberal “planifica para la competencia” (ibíd.: 31), y por eso no puede haber libre mercado sin una “policía del mercado” (Rüstow, 1942: 289). Para los neoliberales hay por lo tanto “una relación innata entre la economía y la política” (Friedman, 1962: 8); no sólo requiere el mercado libre un Estado fuerte que lo facilite, sino que también depende del Estado como el garante de la libertad de mercado.

Ahora, el neoliberalismo ha llegado aparentemente a un final aplastante cuando “implosionaron los mercados financieros, causando pérdidas enormes de más de 1.4 billones de dólares” en agosto de 2008 (Altvater, 2009: 75). Renaciendo de sus cenizas, aparece “la nueva era del post-neoliberalismo” (Brandt y Sekler, 2009: 12). El post-neoliberalismo es una respuesta a “los impactos (negativos) del neoliberalismo” (ibíd.: 6) y dicen que su modo específico de organización todavía no está claro. Podría abarcar desde una socialdemocracia a una dictadura militar y desde un keynesianismo radicalizado a una militarización de las relaciones sociales. Sin embargo, otros teóricos, por ejemplo Bayer (2009), ven a China como un ejemplo del post-neoliberalismo. Bayer dice que China tiene éxito, porque se introdujo al mercado sin las políticas neoliberales.[5] Sum (2009) coincide con él, y afirma que los cambios recientes en la estrategia estatal hacia “un socialismo con características chinas” han llevado a la promoción de una “sociedad más armoniosa”, que ella compara con la Venezuela de Chávez. Cualesquiera que sean sus características precisas, básicamente se lo ve al post-neoliberalismo como un rechazo del capitalismo financiero, apoyado por fuerzas sociales que exigen una vuelta al crecimiento económico real y sustentable (véase Brandt y Sekler, 2009, pág. 11-12). El espectro de la próxima era aparece así con la forma del Estado “post-neoliberal” fuerte y capaz, que hace del dinero su sirviente, poniéndolo a trabajar para el crecimiento y los empleos.[6] Se concibe así al Estado post-neoliberal como un Estado poderoso que controla el mercado con una fuerte autoridad estatal, a favor de una acumulación productiva progresiva, creadora de empleos y riqueza.

 

 

La superestructura es una expresión

de la subestructura

(Benjamin, 1983: 495-6).

 

Marx presenta su metáfora de la base y la superestructura diciendo que sus investigaciones lo han llevado a la conclusión de que “el conjunto de las relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia social” (1981: 8). Dejando de lado la propia convicción de Marx sobre su obra como una crítica de las categorías económicas (ibíd.:10) y en consecuencia de la misma objetividad económica sobre la que se supone que se levanta la superestructura; su metáfora dice que la forma política de la sociedad burguesa, es decir, el Estado, pertenece a la sociedad sobre la cual se desarrolla. Dicho toscamente, el propósito del capital es acumular la plusvalía extraída y el Estado es la forma política de este propósito.

La afirmación de Marx de que la metáfora de la superestructura es resultado de sus investigaciones es poco sincera. Su origen reside en la economía política clásica. William Robertson (1890: 104) resumió muy bien la postura clásica: “en toda investigación sobre las operaciones de los hombres, cuando se unen en una sociedad, deberíamos fijar nuestra atención en su modo de subsistencia. Por lo tanto, cuando éste varia, sus leyes y políticas también deben ser diferentes”. Adam Smith también proporcionó la explicación clásica. Su teoría de la historia es notable, no sólo por el énfasis puesto sobre las fuerzas económicas que abren su camino en la historia hacia la “sociedad comercial”. También es notable por el argumento que afirma que, en cada etapa histórica, la forma política de la sociedad, ya sea que se la conciba en términos de autoridad o de jurisdicción, necesariamente fluye de la condición de la propiedad. Para Smith, la propiedad privada es la consecuencia del desarrollo en la división del trabajo. Esto da origen a una creciente diferenciación social de la sociedad en diferentes clases sociales; y su ampliación aumenta el excedente social que lleva a la expansión de la propiedad privada. Esta expansión sienta los fundamentos para separar al Estado de la sociedad civil en el capitalismo.

Smith determina al Estado como la forma política de la propiedad privada y deduce la finalidad del Estado a partir de las necesidades de la propiedad privada. El Estado debe proteger, mantener y facilitar la ley de la propiedad privada –lo que Marx llamó más tarde la ley del valor–. El economista escocés especifica una serie de funciones estatales indispensables. Además de defender al país contra amenazas externas, debe proporcionar una correcta administración de la justicia para resolver los choques de intereses entre propietarios. Para él, “la justicia […] es el pilar central que soporta a todo el edificio” (1976b: 86). Salvaguarda los derechos del individuo a la libertad y a la propiedad, garantizando la estructura de la sociedad civil. El Estado es indispensable también para proporcionar bienes públicos que se requieren para que funcione el mercado, pero que no pueden ser provistos por el mercado mismo por falta de rentabilidad.[7] Más aún, el Estado está encargado de facilitar la ley de la propiedad privada, por ejemplo, eliminando los diversos impedimentos legales e institucionales, y confrontando aquellos intereses privados que impiden la perfecta libertad del mercado. Esta responsabilidad también implica que el Estado logre la “baratura de las mercancías” (Smith, 1978: 6) facilitando el desarrollo progresivo de la acumulación sobre la base de la productividad laboral aumentada.

Él presenta la lucha de clases entre el capital y el trabajo diciendo que “los salarios dependen del contrato entre dos partes cuyos intereses no son los mismos”. Es decir, “los trabajadores desean recibir mucho, el patrón dar lo menos posible. Los primeros están dispuestos a unirse para aumentar los salarios, los últimos a disminuirlos” (Smith, 1976a: 83). En esta lucha, los patrones tienen una ventaja porque “son menos y se pueden unir mucho más fácilmente (...) [ellos] pueden vivir más tiempo de las reservas que ya han adquirido” (ibíd.: 83-4) y los trabajadores podrían “morir de hambre” (ibíd.: 85). Es comprensible que los trabajadores se rebelen dado que “están desesperados (ibíd.: 84-5). Sin embargo, su acción es imprudente porque “los trabajadores muy rara vez reciben alguna ventaja de la violencia de estas asociaciones tumultuosas” (ibíd.: 85).

Para el autor de Las riquezas de las naciones, el conflicto de clases sólo puede resolverse determinando el verdadero interés del trabajador y este verdadero interés reside en una acumulación progresiva y sostenida. “Los trabajadores hacen bien en no luchar, porque con el aumento del excedente se acumulan los stocks, aumentando el número de trabajadores, y el aumento de los ingresos y de los stocks es el aumento de la riqueza nacional. Con el aumento de la riqueza nacional […] aumenta la demanda de quienes viven de sus salarios” (ibíd.: 86-7). Esto es pues, el famoso efecto del derrame: la acumulación según Smith aumenta la riqueza nacional y “es la causa de un aumento del salario de los trabajadores” (ibíd.: 87). Smith llama a esto “la recompensa liberal por el trabajo”. Una consecuencia de este razonamiento es, por supuesto, que si hay pobres, entonces, indica que “hay un estancamiento” (ibíd.: 91) que requiere la acción estatal para facilitar “la baratura de todo tipo de bienes” (ibíd.: 333). Los propietarios del capital en algunos países podrían recibir tasas de retorno sobre sus inversiones más altas que en otros países, “lo que indudablemente demuestra la redundancia de su capital” (Smith, 1976a: 109). El mantenimiento del capital requiere de un ajuste competitivo y la tarea de facilitarlo “pertenece a la policía” (Smith, 1978: 5).

Según Smith, “la riqueza nacional” y “los trabajadores” se benefician de una acumulación progresiva. Sin embargo, los propietarios del capital tienen una relación ambigua con la acumulación progresiva, porque el aumento del capital, que aumenta los salarios, tiende a una ganancia más baja” (Smith, 1976a: 105). Por lo tanto, los capitalistas podrían tratar de mantener la tasa de ganancias artificialmente, impidiendo la libertad natural del mercado, por ejemplo por medio de fijar los precios o el proteccionismo. Esta afirmación del poder privado “produce lo que llamamos policía. Se considera que cualquier reglamentación que se haga con respecto al intercambio, al comercio, a la agricultura o a las industrias del país, es una tarea de la policía” (Smith, 1978: 5). Es decir, “el sistema económico requiere de una policía de mercado con una fuerte autoridad estatal para su protección y mantenimiento” (Rüstow, 1942: 289) y un poder policial efectivo implica “un Estado fuerte, un Estado donde corresponda: por encima y más allá de la economía, por encima y más allá de las partes interesadas” (Rüstow, 1963: 258). La capacidad del Estado de proteger y mantener la ley del valor depende de su separación de la sociedad civil. La independencia del Estado respecto de la sociedad es lo que permite un funcionamiento efectivo como Estado capitalista. Cuando no pueda mantener su separación de la sociedad, esto “llevará eventualmente a una guerra de clases” (Nicholls, 1984: 170).

Según Hegel (1967: 210), la prevención de la guerra de clases podría anticiparse por medio de “guerras exitosas” que “han frenado el descontento interno y consolidado el poder del Estado en el país”. También abogó por el uso de medios éticos, incluyendo la igualdad regresiva del nacionalismo, que supone que independientemente de nuestras diferentes condiciones, somos todos miembros de un único barco nacional, una comunidad imaginaria que se propone superar las relaciones de clase.[8]Antes que Hegel, Smith (1976a:723) ya había propugnado que el Estado debe promover “la instrucción del pueblo”, principalmente por medio de la educación y del entretenimiento público. Aducía que el gobierno debía esforzarse para compensar las consecuencias sociales de la acumulación, asumiendo la responsabilidad de realizar actividades culturales para mantener la constitución liberal de la sociedad civil. Contra la falsa conciencia de la guerra de clases, el Estado debía lograr que los trabajadores se den cuenta de que sus verdaderos intereses están mejor servidos por la acumulación progresiva. En palabras de Müller-Armack, un ordoliberal muy famoso, que acuñó la frase “economía social de mercado”,[9] esto llevaría a incluir la competitividad “en un estilo de vida total” (Müller-Armack, 1978: 328). El objetivo del Estado es pues asegurar “la erradicación completa de todo desorden de los mercados y la eliminación del poder privado de la economía” (Böhm, citado por Haselbach, 1991: 92). Al mercado libre se le asigna, pues, una esfera no estatal bajo la protección del Estado. El Estado despolitiza la conducta de las relaciones sociales y las denomina relaciones de libertad, de libre albedrío, de igualdad y de Bentham. Lo hace monopolizando lo político como la “violencia concentrada y organizada de la sociedad” (Marx, 1983: 703).

Sus defensores conciben al Estado liberal descaradamente, como un Estado de clase que, aparentemente, funciona a favor del verdadero interés de los obreros, en cuanto a empleos, salarios y condiciones y, por lo tanto, en la acumulación progresiva del capital. El Estado “mantiene a los ricos en la posesión de sus riquezas contra la violencia y la rapacidad de los pobres” (Smith 1978: 338), y enseña a los pobres que su verdadero interés reside en la progresiva acumulación del capital. Por supuesto, el Estado no es un Estado de clase porque sus defensores así lo digan. Sin embargo, la metáfora base–superestructura que dedujo Marx de la economía política clásica,[10] dice que el Estado es la forma política de la ley de la propiedad privada. Como Estado tributario, depende totalmente de la acumulación progresiva del capital. Sin embargo, el carácter de clase del Estado no está definido en términos nacionales. Se deduce de las relaciones internacionales del mercado. Como lo consigna Smith (1976a: 848-49):

 

 

Es decir, “la ley capitalista de propiedad y contratos [trasciende] los sistemas legales nacionales y el dinero mundial [trasciende] las monedas nacionales” (Clarke, 1992: 136 y Bonefeld, 2000). Smith escribió su obra para criticar al Estado mercantilista de entonces. A principios del Siglo XIX se había convertido en una ortodoxia ideológica de un Estado liberalizador.[11] Fue en este contexto que Marx (y Engels) habla, en el Manifiesto Comunista, sobre el carácter cosmopolita de la burguesía y define al Estado nacional como el comité ejecutivo de la burguesía.

 

 

La ley está hecha para el Estado y no el Estado para la ley.

[Si] hay que elegir entre los dos, la ley es

la que debe ser sacrificada ante el Estado

(Rossiter, 1948: 11)

 

En nuestra época, Milton Friedman ha proporcionado una definición convincente del Estado como el comité ejecutivo de la burguesía. Tal como lo afirma, el Estado es “esencial tanto como foro para determinar las ‘reglas de juego’, y como un árbitro para interpretar y hacer cumplir las reglas que se han decidido”. Y es necesario hacer cumplir las reglas “por parte de aquellos pocos que de otro modo no jugarían el juego” (1962: 25). Es decir, “la organización de la actividad económica mediante el intercambio voluntario supone que hemos establecido, a través del gobierno, el mantenimiento de la ley y del orden para impedir la coerción de un individuo sobre otro, hacer cumplir los contratos realizados voluntariamente, definir el significado de los derechos de propiedad, interpretar y hacer cumplir estos derechos y disponer de una estructura monetaria” (ibíd.: 27). El Estado debe “promover la competencia” (ibíd.: 34) y hacer por el mercado “lo que el mercado no puede hacer por sí mismo” (ibíd.: 27). Los liberales, según él, “deben emplear los canales políticos para reconciliar las diferencias porque el Estado es la organización que proporciona los medios “por las que nosotros podemos modificar las reglas” (ibíd.: 23, subrayado mío). Sin embargo, ¿qué pasa cuando ellos interfieren?

La gran calamidad para el capital y su Estado no es incorporar una representación de la clase obrera en el sistema de la democracia liberal. Como dice Simon Clarke (1991: 200):

 

 

El gran peligro es la democratización de la sociedad.[13] Esta democratización pone de relieve la separación burguesa entre sociedad y Estado y lo hace reconociendo y organizando sus “‘forces propres’ como fuerzas sociales” (Marx, 1964: 370). De acuerdo a las concepciones de los defensores (neo) liberales, esta democratización, es decir, la politización de las relaciones sociales del trabajo por medio de luchas sociales sostenidas, es inherente al “sistema de mercado”. Para Smith, por ejemplo, la lucha de clases se deriva de las condiciones desesperadas de los trabajadores, y sostenía que esta lucha expresa una conciencia falsa, porque la mejora de las condiciones depende de una acumulación progresiva, y apela al Estado para asegurar provisiones baratas (por medio de una mayor productividad obrera). Los ordoliberales razonan en forma similar. En su concepción, la tendencia de lo que ellos llaman proletarización es inherente a las relaciones sociales capitalistas que si no se las controla, llevan a las crisis sociales, a los disturbios y al desorden. Su contención es una responsabilidad política y las medidas de contención varían desde la internalización de la competitividad (Müller-Armack, 1978), la creación de una sociedad de cooperativas (Röpke, 1949), la transformación de una sociedad proletaria en una democracia de propietarios (Brittan, 1984), la regulación supranacional del dinero y las leyes (Hayek, 1939; Müller-Armack, 1971) y la acción política contra la organización colectiva: “para que la libertad tenga una posibilidad de sobrevivir y se mantengan las reglas que aseguren las decisiones individuales libres” el Estado debe actuar (Willgerodt y Peacock, 1989: 6), y “los principios más fundamentales de una sociedad libre [...] podrían tener que ser transitoriamente sacrificados [...] [para preservar] a largo plazo la libertad” (Hayek 1960: 217). En tiempos de crisis, “ningún sacrificio es demasiado grande para nuestra democracia, y menos que todo el sacrificio temporario de la democracia misma” (Rossiter, 1949: 314). Para que prevalezca la justicia, hay que restaurar el orden. La ley no es aplicable al desorden social. La ley es la consecuencia del orden y el reinado de la ley depende de la fuerza de la ley. Es por esta razón, que quien se proclama ciudadano, también está bajo sospecha como potencial riesgo a la seguridad.

Entonces, el uso de “una fuerza honesta y organizada”[14] se refiere a las acciones policiales realizadas para facilitar y mantener la justicia, este pilar de la ley de la propiedad privada. ¿Qué es un salario justo? La noción de salario justo presupone que el contrato laboral se realiza entre partes iguales de un intercambio, cada una contratando con libre albedrío y libertad, buscando fortalecer sus respectivos intereses. La codificación de la relación entre el capitalista y el trabajador como ciudadanos libres e iguales, se contradice por el contenido del intercambio. Una vez firmado el contrato laboral, la fábrica reclama al obrero. El contrato de trabajo es la forma fundamental de la libertad burguesa: relaciona la igualdad con la explotación.

En verdad, la Economía Política es una discusión académica sobre cómo puede dividirse el botín extraído al trabajador (Marx, 1983: 559) y cuanto más tiene el trabajador, tanto mejor. Después de todo, es su trabajo social lo que produce la “riqueza de las naciones”, en un contexto en el cual “el trabajador pertenece al capital antes incluso de haberse vendido al capital” (Marx, 1983: 542). Entonces, la sugerencia optimista de que un modo de regulación capitalista “postneoliberal” beneficiará a los trabajadores porque crea empleos, convierte las demandas de la clase obrera por empleos y seguridad social en una política de crecimiento económico, es decir, en la presión sobre el Estado para facilitar el aumento de la tasa de acumulación.[15] La opinión de Smith de que la acumulación progresiva es la que mejor sirve al interés de los trabajadores parece confirmarse así en todas las formas posibles. En el neoliberalismo, así como en el postneoliberalismo, la clase obrera sigue siendo “un objeto del poder estatal. El poder judicial del Estado se esconde detrás de la apropiación del trabajo sin equivalentes por la clase capitalista, mientras impide a la clase obrera usar su poder colectivo para afirmar su derecho al producto de ese trabajo” (ibíd.: 198). El poder jurídico del Estado no sólo implica el reconocimiento legal del individuo social como propietario. También implica la fuerza de la ley. O como decía Walter Benjamin: para los oprimidos “el ‘estado de emergencia’ […] no es la excepción, sino la regla” (Benjamin, 1965: 84).

 

 

 

La fácil aceptación de la crisis capitalista como un punto de transición de un régimen de acumulación hacia un nuevo régimen de acumulación se basa en ciertos rasgos del desarrollo capitalista que son elevados a la categoría de caracteres determinantes de un modo de regulación capitalista particular.[16] El carácter superficial de este análisis impide comprender los rasgos más duraderos de las relaciones sociales capitalistas. Es llamativo su desprecio por la historia. La historia nos dice “con qué rapidez una época de prosperidad global, perspectivas subyacentes de paz mundial y de armonía internacional, puede convertirse en una época de confrontación global que culmine en una guerra. Si esta perspectiva no parece posible hoy en día, tampoco lo parecía hace cien años” (Clarke, 2001: 91) y parece más probable hoy que ayer. La historia nos dice que la solución a las crisis capitalistas –proclamadas como un capitalismo del crecimiento económico, de los empleos y las condiciones de vida– es potencialmente la barbarie.[17] O sea, que la idea de cambios constantes del régimen capitalista revela una reducción de la conciencia histórica. Esta idea justifica la mala memoria y justifica, también, lo que se olvida.

He sostenido que el carácter del Estado neoliberal no se define por su relación con el mercado, sino por las clases. También, he sostenido que el Estado capitalista es fundamentalmente un Estado liberal.[18] Ya sea que lo llamemos neoliberal, postneoliberal, keynesiano, fordista o post-fordista, en cualquier caso la finalidad del Estado está implicada en su carácter burgués, y eso significa “dominar la fuerza de trabajo” (Hirsch, 1997: 47; Agnoli, 1990). El viejo dicho de que el Estado es el comité ejecutivo de la burguesía, lo resume muy bien.

 

 

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