Bolivia. Manifiesto 22 de junio

Pablo Regalsky

 

 

Hermanos y hermanas: quienes firmamos este manifiesto no nos atribuimos representación alguna. Simplemente asumimos la obligación moral de dar nuestra palabra honesta y comprometida frente a los difíciles momentos que vive nuestro país, identificándonos con lo que sienten y piensan muchas bolivianas y bolivianos. Convocamos a conformar una Coordinadora Plurinacional de la Reconducción para recuperar el proceso de cambio, y proponemos la apertura inmediata de espacios deliberativos de amplia concurrencia.

Cuando en el año 2000 los bolivianos y bolivianas rompimos con las formas de hacer política y economía a las que nos habían condenado todos los gobiernos, despojándonos casi de todo lo material y espiritual, decidimos ponernos de pie y cambiar las cosas por nosotros mismos. Así, derrotamos al enemigo común de nuestro pueblo y de otros pueblos como el nuestro: el Estado colonial, los malos gobiernos, el imperialismo, las formas de dominación del orden mundial capitalista, los organismos financieros, como el FMI y el BM, las transnacionales, la burguesía intermediaria, las oligarquías regionales, los partidos políticos y los aparatos represivos.

Nuestras armas fueron las piedras y los palos, pero, ante todo, la capacidad de indignación y de lucha, recuperadas ante el desprecio con el que se nos gobernó y oprimió, siempre en nuestro propio nombre y en el ajeno beneficio de las élites privilegiadas y el capital transnacional.

Nuestra forma fue la movilización, por eso respondemos a los movimientos sociales y naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos. Practicamos esa democracia que siempre hemos querido: la directa, la participativa, sin intermediarios, en asambleas y cabildos, en las plazas, las calles, los sindicatos, las comunidades y los ayllus, deliberando, decidiendo y ejecutando lo que decidíamos, tomando las calles, las plazas, los caminos y los territorios.

Cambiamos el rumbo del despojo de nuestros bienes comunes y de nuestro patrimonio nacional construido por las generaciones de nuestros padres y abuelos, madres y abuelas, y decidimos, como en el 2000, el 2003 y el 2005, que el destino de éstos debería ser el bienestar, la dignidad y la libertad de los que habitamos en este territorio, sin exclusión ni discriminación. Derrotamos al proyecto neoliberal, a la política partidaria excluyente, circense, mercantilista y corrupta, y le devolvimos el sentido ético a lo político, entendiéndolo como la capacidad colectiva de construir un destino común.

Fue así como la gente sencilla y trabajadora del campo y la ciudad, las comunidades, el proletariado, los y las ciudadanas, con su lucha y su esperanza, y desde sus comunidades y organizaciones de base, abrió el proceso de cambio, dándole la finalidad de transformar profundamente la injusta realidad que ha imperado siempre y de construir un nuevo Estado y una nueva sociedad, donde todas las personas convivan en equidad, justicia y fraternal armonía, entre sí y con la gran comunidad de vida que expresa nuestra Madre Tierra.

Hoy, en el año 2011, al quinto año de gobierno e ingresando a la segunda gestión del presidente Evo Morales, todos y todas nos preguntamos: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, a la crisis misma del proceso? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación y el futuro del proceso de cambio que hemos abierto entre todos y en el que hemos depositado nuestras esperanzas de un mejor futuro colectivo?

I. En lo económico

Hoy la gran mayoría de nuestro pueblo se encuentra básicamente en la misma situación de pobreza, precariedad y angustia en la que estuvo siempre. Pareciera que los que más mejoraron son los que siempre estuvieron bien: los banqueros, las transnacionales petroleras y mineras, los contrabandistas y los narcotraficantes. El gasolinazo del 26 de diciembre ha evidenciado que la gestión económica de este Gobierno se dirige a reproducir y restaurar las viejas estructuras que mantuvieron históricamente al país en la pobreza y la opresión, y no a la construcción de otras nuevas, justas y liberadoras, como es el mandato del pueblo boliviano.

A 5 años de la nacionalización, las transnacionales siguen en poder de nuestros campos hidrocarburíferos

La nacionalización decretada el 1º de mayo de 2006, para hacerse real y efectiva, tendría que haberse consumado en una rápida secuencia de acciones centradas en la reapropiación material de los hidrocarburos, en toda la cadena productiva, por parte del Estado boliviano expresado en YPFB. Sin embargo, hasta la fecha ese proceso se ha reducido a la sola recuperación de los sectores secundarios del transporte y la refinación. A cinco años de su refundación, YPFB no opera, salvo alguna posible excepción irrelevante, ningún campo hidrocarburífero en producción, y no muestra la voluntad de imponer su estrategia ni hacer prevalecer los intereses nacionales frente a las empresas contratistas, como correspondería en ejercicio del inalienable derecho propietario del Estado boliviano, honrando el discurso de “socios no patrones”. La inconsecuencia con el interés nacional ha llegado a la inconcebible situación de adquirirse, a alto precio, la mayoría accionaria en determinada empresa hidrocarburífera, para luego ceder a la socia transnacional la condición de operadora y, consiguientemente, el dominio efectivo del proceso productivo.

Las transnacionales petroleras, supuestamente nacionalizadas, se han beneficiado de injustas y leoninas indemnizaciones cargadas a YPFB. Así ocurrió, por ejemplo, con Transredes, que fue indemnizada con alrededor de 241 millones de dólares, aunque delinquió y causó grave daño económico al Estado boliviano en los años anteriores, o con las indemnizaciones por inversiones financiadas con deudas asumidas por YPFB. A otras, YPFB les está devolviendo el costo, globalmente establecido en 1.500 millones de dólares, de inversiones pasadas que permanecen en su poder y beneficio. A todas las empresas contratistas, YPFB les devuelve por concepto de costos recuperables grandes cantidades de dinero que solo el año 2010 llegaron a 640 millones de dólares, siendo que este concepto, por su especial amplitud y ambigüedad, puede aplicarse a una gran variedad de situaciones, muchas de ellas carentes de legitimidad y efectivo control por parte de YPFB. Las transnacionales se benefician también con la injusta devolución del impuesto a las transacciones (IT), no obstante que este impuesto recae en última instancia en los consumidores. Por último, algunas de estas empresas, como en el caso de Petrobras, han venido siendo ilegítimamente favorecidas con la exportación de gas boliviano de un alto valor energético asociado que no se reconoce en su precio de compra.

No obstante todos los injustos privilegios de los que siguen gozando, y del dominio efectivo del proceso productivo que conservan, a cinco años de la nacionalización, las transnacionales petroleras solo aportaron 1.528 millones de dólares (regalías e IDH) el año 2010. Pero, si restamos los 640 millones de dólares que las petroleras exigen que YPFB les pague por costos recuperable del mismo año, resulta que su contribución efectiva se reduce a 888 millones de dólares, mientras que los otros empresarios aportaron por impuestos a las utilidades 857 millones de dólares el mismo año. Es decir, todos los empresarios contribuyeron con 1.746 millones de dólares el año 2010. Entre tanto, los consumidores y ciudadanos, el pueblo, aportó por una serie de impuestos, sin incluir el de las propiedades, alrededor de 2.300 millones de dólares en el año 2010. En otras palabras, el pueblo contribuye con montos muy mayores a los de los empresarios para sostener al Estado.

En contraste, YPFB sufre la descapitalización constante, pues debe hacerse cargo del pago de las indemnizaciones y de la devolución de los costos recuperables, las inversiones y el impuesto a las transacciones a las transnacionales. Asimismo, se ha cargado a la débil economía de la empresa el pago de los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy y de la Renta dignidad. Al mismo tiempo, YPFB sufre una grave incapacidad operativa. Así se reveló cuando, en una relativa compensación a su descapitalización permanente, se le destinaron 1.000 millones de dólares de las reservas internacionales, y en dos años no tuvo la capacidad de invertirlos ni siquiera en una pequeña proporción.

Mientras el poder de las transnacionales petroleras se ha reestructurado con rostro remozado y conserva lo principal de su dominio sobre los hidrocarburos bolivianos, YPFB se ha refundado aplastada por el peso de las deudas y los bonos, por una abrumadora incapacidad de gestión y por un manejo clientelar que en el pasado produjo su ruina. Por eso, a cinco años de su refundación, es una empresa débil y marginal en el proceso productivo de los hidrocarburos, no ha superado de manera efectiva y esencial la condición residual a la que la condenó el neoliberalismo, y no es capaz de desarrollar una estrategia empresarial que permita la efectiva reapropiación nacional de los hidrocarburos.

Bolivia financia al capital financiero transnacional con sus reservas internacionales

Como demostración de la buena salud de la economía nacional y del éxito de sus políticas económicas, el gobierno de Evo Morales propagandiza la existencia de reservas internacionales que expresan el ahorro del país y que a la fecha tienen la dimensión nunca antes alcanzada de 10.700 millones de dólares. Sin embargo, el beneficio que el país, y particularmente sus sectores sociales mayoritarios, obtiene de dichas reservas es escaso y dudoso, mientras es evidente y destacado el obtenido por el capital financiero transnacional.

En efecto, se ha destinado una parte importante de las reservas a la compra de bonos de bancos y gobiernos extranjeros, como el de los Estados Unidos y Portugal. Solo el primer semestre del año 2010, Bolivia invirtió 734 millones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, a un interés promedio del 2%. Con lo que resulta que el gobierno, pretendidamente antiimperialista de Bolivia, financia con el sacrificado ahorro interno del país al mismísimo tesoro del imperio.

Asimismo, el gobierno de Bolivia, durante el primer semestre de 2010, compró bonos del Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria de España por un valor de 1.290 millones de dólares. En este caso, la inversión boliviana tiene la extraordinariamente baja tasa de interés de alrededor de 0,25 %, mientras los créditos concesionales que recibe el país del Banco Mundial tienen tasas de interés del 0,50%, de 2,5% los otorgados por la Corporación Andina de Fomento, y de 2%, los créditos solidarios de Venezuela. Es decir, el gobierno de Evo Morales emplea el ahorro del pueblo boliviano en otorgar créditos concesionales a la banca transnacional, con intereses 8 veces menores a los de los créditos solidarios que Venezuela brinda a Bolivia. El “anticapitalista” y “antiimperialista” gobierno de Evo Morales es mucho más generoso y solidario con la banca transnacional, núcleo duro y agresivo del capital mundial, de lo que el presidente Hugo Chávez lo es con Bolivia.

Por otra parte, al considerar la importancia y disponibilidad de las reservas internacionales, se debe tener en cuenta que cerca de 4 mil millones de dólares de las mismas deben destinarse a respaldar las importaciones bolivianas del extranjero, y, asimismo, que su cuantía debe cotejarse con la de la deuda externa que, al presente, se halla alrededor de los 3.000 millones de dólares.

En suma, bajo un altisonante discurso anticapitalista y antiimperialista, el gobierno de Evo Morales ha financiado a países ricos y a la banca transnacional con más de 2.500 millones de dólares del sacrificado ahorro nacional de uno de los países más pobres del continente, otorgados a bajísimos intereses solidarios. Al mismo tiempo, han sido insignificantes y absolutamente insuficientes los recursos públicos invertidos en los sectores productivos del país, no obstante que entre ellos existen muchos emprendimientos que redituarían mucho más que los míseros intereses que paga el Tesoro de los Estados Unidos o el banco Bilbao Vizcaya. Ante la escasa inversión pública para el desarrollo productivo general del país, se han perdido importantes oportunidades para diversificar la economía con sustento productivo, buscar la autosuficiencia, la soberanía alimentaria y disminuir la dependencia tecnológica, o reconstruir y fortalecer efectivamente las empresas del país estratégicas, abriendo también los espacios de despliegue de la economía social y comunitaria, como establece la Constitución.

Esto último nos lleva a constatar lo siguiente, aún más grave y frustrante para el proceso de cambio, que se ha defeccionado así del propósito revolucionario de construir y desarrollar el sector social y comunitario de la economía, programáticamente constituido en el eje de un nuevo modelo económico de auténtica equidad y amplia inclusión social, que conduciría a la nueva sociedad que anhelan los bolivianos y bolivianas. Hablamos de la perspectiva de una economía plural integrada, articulada y complementaria, encaminada a pasar del modelo extractivista a un modelo productivo basado en la soberanía alimentaria, conformando el modelo alternativo civilizatorio del vivir bien.

La condena del modelo extractivista

No hemos salido del modelo extractivista, mas bien reforzamos su persistencia, robusteciendo las cadenas de nuestra dependencia al centro del sistema-mundo capitalista, supeditándonos a la división del trabajo internacional y a los condicionamientos del mercado internacional, transfiriendo nuestros recursos naturales y valores en aras de la acumulación ampliada de capital, desacumulándonos internamente, repitiendo la condena impuesta por el colonialismo y la colonialidad: ser un país extractivista. Cuando de lo que se trata, de acuerdo al horizonte abierto por la Constitución, es salir del modelo extractivista, construir un modelo productivo y producente de nuevas relaciones sociales de producción, basadas en la solidaridad, la complementariedad y la reciprocidad. Cuando de lo que se trata es de salir de la dependencia y supeditación a la economía mundo capitalista haciendo posible otro mundo alternativo, abriendo las rutas de una transición transformadora y emancipadora, rescatando las profundas tradiciones comunitarias y movilizando las iniciativas sociales y populares.

Lo más grave de este modelo extractivista es el alcance destructivo, depredador y contaminante a la que ha llegado la minería capitalista, destrozando la tierra mediante la tecnología de explotación a cielo abierto. Ya no solamente la minería capitalista deja cementerios mineros, deja huecos en el subsuelo, sino que ahora deja zonas desoladas y desequilibradas ecológicamente, sin que este alto costo ecológico recompense a los habitantes, comunidades, campesinos y bolivianos y bolivianas. La destrucción tiene perspectivas de ser irradiante, conllevando despojamiento en los otros espacios económicos concomitantes; en lo social, destruyendo las capacidades de cohesión; en lo cultural, destruyendo las redes simbólicas; en lo ético, empujando a la gente al abismo de la decadencia moral.

 

Para colmo el gobierno impulsa la legalización de los transgénicos, que son productos manipulados genéticamente bajo control y monopolio de ocho trasnacionales, atentando contra la vida, los ciclos de la vida, la integralidad complementaria de los seres vivientes, dejando que estas trasnacionales se apoderen de la reproducción de la vida y la mercantilicen, volviendo a los campesinos, comunidades y consumidores en dependientes y supeditados absolutos de sus circuitos de ganancia. Esta actitud del gobierno, con complicidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, devela los actuales compromisos y alianzas de los gobernantes con las trasnacionales, las empresas agroindustriales, las oligarquías regionales, las clases económicamente dominantes. Destapa también el doble discurso, por una parte se propagandiza el discurso de defensa de la Madre Tierra y por otro se ejerce el poder para continuar con su depredación y la destrucción de los ecosistemas. No se hace caso para nada a lo establecido por la Ley de la Madre Tierra, que se encuentra agendada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Más deuda para cargarla sobre los hombros de los bolivianos

Dado que al Estado no le alcanzan sus ingresos, como lo muestra el déficit fiscal en el que se ha caído, debido a su política rentista, de crecimiento burocrático y grandes concesiones a las transnacionales, el gobierno ha venido acrecentando la deuda pública aceleradamente. Solo en el año 2011, los créditos de agencias multilaterales y de otros países significaron alrededor de 1.500 millones de dólares de endeudamiento neto nuevo. Así, a fines del 2010, la deuda externa se acercaba a los 3.000 millones de dólares. El otro componente de financiamiento del Estado, la deuda interna, también ha experimentado un gran crecimiento, superando los 4.500 millones de dólares en 2010. En suma, la deuda del Estado boliviano ha superado ya, al presente, los 7.500 millones de dólares.

Pero para el gobierno, este gigantesco endeudamiento parece no ser suficiente ni representar problema alguno, pues ha decidido endeudarse mucho más. Para ello, el ministro de Economía ha anunciado que se emitirán bonos del Gobierno de Bolivia por un monto de 5.000 millones de dólares para ofertarlos en el mercado internacional solo durante el año 2011. Continuar con dicha política es un grave atentado para la economía nacional. Si se materializan las nuevas proyecciones de endeudamiento, los bolivianos no podremos terminar de pagar semejante deuda, cuyo peso asfixiará y aplastará, como ha sido la dolorosa experiencia de todo el continente con la deuda externa, todas nuestras iniciativas y esfuerzos de desarrollo soberano.

El gobierno pretende obtener nuevos ingresos a costa de los humildes, tal y como razonaron y actuaron los neoliberales del pasado. Es por ello que se han detectado recursos en los seguros de los trabajadores y se pretende utilizarlos contra la voluntad de sus titulares y sin respetar sus derechos ni la autonomía de sus instituciones. De igual modo, en el proyecto borrador de la Nueva Ley de Hidrocarburos 2011, se formula una serie de tasas sobre ventas brutas y otras que inevitablemente se descargarán sobre la población que ya ha visto sus ingresos reducidos por la inflación. Es la sombra de un nuevo gasolinazo, mucho más disimulado, que se cierne sobre la cabeza del pueblo boliviano.

II. En lo político

También el ámbito político, el de la construcción de la democracia participativa, ha sido escenario de grandes capitulaciones gubernamentales y, consiguientemente, profundas frustraciones para la marcha del proceso de cambio.

El soberano mandato del pueblo boliviano, claramente expresado en la nueva CPE, establece el imperativo supremo de construir el Estado Plurinacional Comunitario, concebido como la integración emancipadora de la sociedad boliviana, que amplía y profundiza la democracia mediante sus formas directas y comunitarias, y el autogobierno local y étnico expresado en las autonomías indígena, departamental, municipal y regional. El Estado Plurinacional Comunitario, en ningún caso, puede ser la conculcación de la tradicional democracia representativa, sino su profundización y complementación histórica, dando al conjunto de la sociedad más derechos, garantías, libertad y sobre todo participación en las decisiones públicas, en síntesis, más democracia. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales ha tomado una inocultable opción antidemocrática; ha violado reiteradamente la nueva CPE, recién aprobada por la esperanzada voluntad de transformación democrática del pueblo boliviano, y ha cancelado la auténtica construcción del Estado Plurinacional.

Se han violado principios de la democracia

Las graves agresiones a la democracia y violaciones a la nueva CPE empezaron con la transgresión al elemental principio democrático de la independencia de poderes que se produjo cuando el Órgano Ejecutivo, con la complacencia servil de la Asamblea Legislativa, nombró vertical y arbitrariamente a las principales autoridades del Órgano Judicial. La subordinación de la administración de justicia a la voluntad del gobierno central, que por sí solo revela este acto, ha generado justificadas dudas en la ciudadanía sobre la transparencia y legitimidad que se dará a la elección de los magistrados por voto universal, de acuerdo con la norma constitucional, más aún, cuando dicha subordinación tiene una larga y vergonzosa confirmación en las múltiples y subrepticias acciones con las que el Gobierno ha instrumentado a distintas instituciones públicas relacionadas con la administración de justicia para eliminar o reprimir la oposición y la disidencia política.

Más allá de su profundo sentido autoritario, esta sostenida actitud ha tenido un particular impacto exculpatorio de los verdaderos corruptos de la partidocracia tradicional, al mezclarlos, bajo el mismo tratamiento arbitrario, con quienes son víctimas de la injusta represión política judicial, convirtiéndolos también en víctimas. Por lo demás, la forzada celeridad y debilidad de fundamentos con los que se enjuician y destituyen a opositores contrasta con la indulgente lentitud e inoperancia frente a la creciente corrupción de los oficialistas.

Al mismo tiempo, el gobierno de Evo Morales ha dado un fuerte giro autoritario frente al conjunto de la sociedad. Así, mientras se proclama gobernar obedeciendo, se lo hace, en realidad, desde una estrecha concentración del poder y las decisiones sobre el futuro colectivo. Por eso, se han evitado o eliminado todos los espacios que permitirían la efectiva participación social en la conducción del proceso o se los ha reducido a insignificantes simulacros protocolares. A las legítimas demandas y movilizaciones con las que los sectores populares ejercen sus derechos y defienden sus intereses, se ha venido respondiendo con la descalificación calumniosa, la intimidación sistemática o la represión violenta y brutal. Esto ha sido particularmente evidente en el campo del trabajo asalariado, donde la lucha de los trabajadores contra las condiciones de precarización que sufren y el desconocimiento de sus derechos sociales viene siendo respondida desde el Gobierno con la calumnia, la intimidación y la represión. El gobierno de Evo Morales ha envuelto su gestión y sus actos en una densa intransparencia que la hace inaccesible al conocimiento y control de la ciudadanía, reduciendo la divulgación de la gestión pública al mediocre ejercicio propagandístico.

Por último, las conductas autoritarias y represivas en el Gobierno se combinan con la reproducción de las antiguas prácticas de prebendalismo y distribución corporativa de la administración pública que caracterizaron al Estado oligárquico y colonial, degradando la función pública y sometiendo a las organizaciones populares al envilecimiento de la servidumbre política. Hoy, como en los tristes tiempos de la decadencia de la Revolución del 52 y del pacto militar-campesino, hay una dirigencia social siempre lista para enfrentarse agresivamente, y sin más argumento que su obsecuencia oficialista, a las protestas obreras, las marchas indígenas y cualquier otra manifestación de disconformidad de los sectores populares.

Se ha abandonado la construcción del Estado Plurinacional

Pero si principios e instituciones fundamentales de la democracia representativa han sido trasgredidos o avasallados, la constitución concreta de las nuevas instituciones públicas, en las que debe adquirir vigencia real el Estado Plurinacional Comunitario, ha sido obstruida, distorsionada, postergada o abandonada por la acción u omisión del Gobierno. Así, las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin consulta con los pueblos indígenas y originarios, han desconocido la letra y el espíritu de la nueva Constitución y han herido de muerte el proyecto del Estado Plurinacional Comunitario.

Para empezar, en la Ley de Régimen Electoral se ha violado flagrantemente el derecho constitucional de los pueblos indígenas a la representación política directa, menoscabando profundamente el carácter plurinacional de la Asamblea Legislativa, al establecer un número de circunscripciones especiales indígenas que priva de posibilidades reales de representación política directa a varios pueblos indígenas del territorio nacional, y niega toda posibilidad de ello a los pueblos indígenas de Chuquisaca.

En el mismo sentido, en la Ley de Autonomías y Descentralización se han establecido, para la constitución y funcionamiento de las autonomías indígenas, normas obstructivas que desconocen, en este ámbito socio-cultural eminentemente comunitario, las prácticas de la democracia comunitaria constitucionalmente reconocida, además de desconocerse la pre-existencia de los pueblos indígenas y originarios a la Colonia y la República, como estipula el artículo 2 de la nueva Constitución.

Asimismo, la reforma del sistema educativo, ámbito fundamental para la emancipación cultural y la construcción de un sentido de ciudadanía plurinacional, no solo no es objeto de ningún avance real y práctico, sino que experimenta sensibles retrocesos en los modestos logros de años anteriores. Por último, la Ley de Deslinde Jurisdiccional es colonial y racista porque limita la jurisdicción indígena originaria campesina a una especia de minoría de edad, al igual que en la Colonia, contradiciendo la administración de justicia propia según la nueva Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos Indígenas de Naciones Unidas.

Como ningún gobierno neoliberal en el pasado reciente, el gobierno de Evo Morales, que en los foros internacionales se sitúa a la vanguardia discursiva de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas, ha asumido en su totalidad el diseño subimperial del capitalismo brasileño para implementar megaproyectos de infraestructura inadecuados a las necesidades nacionales y locales. Estos además implican, primero, alto endeudamiento externo con la consiguiente pérdida de soberanía y, luego, graves e irreparables daños al ecosistema y al ejercicio de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y originarios. En este afán, el Gobierno ha venido violando reiteradamente el derecho a la consulta previa e informada que la nueva Constitución ha establecido en favor de los pueblos indígenas y originarios cuando se pretende ocupar o afectar su territorio con obras o actividades de distinta naturaleza, como es dramáticamente el caso de la carretera que se pretende construir, con capital y empresa brasileños, en el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, sin la previa e informada consulta a las comunidades indígenas que lo habitan ancestralmente y que son su legal y legítimo propietario.

En el derrotero de la Guerra del Agua, de la marcha indígena por la Asamblea Constituyente, de las incontables movilizaciones campesinas e indígenas por tierra y territorio, de las victoriosas insurrecciones populares de abril y septiembre de 2000, octubre del 2003 y mayo y junio de 2005, y de todas las gestas combativas del pueblo boliviano, convocamos a todos los bolivianos y bolivianas a recuperar el proceso de cambio para el pueblo, y a construir, con su capacidad colectiva creadora, un destino común de justicia, libertad y dignidad. En esa perspectiva, proponemos la apertura inmediata de espacios deliberativos de amplia concurrencia, en los que queremos recuperar y reconducir el proceso de cambio; evaluemos honesta y profundamente la situación del país y construyamos, colectiva y democráticamente, las propuestas y alternativas que nos conduzcan a conquistar el mañana soñado.

Propuestas

1. Conformar una Coordinadora Plurinacional de la Reconducción.
2. Replantear colectivamente y de manera participativa la agenda de la reconducción.
3. Defender movilizadamente la Constitución y su aplicación consecuente.
4. Revisión de las leyes promulgadas por el Gobierno y aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, también sus actos, acciones, decisiones atentatorias de la Constitución Política del Estado.
5. Construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico efectuando transformaciones institucionales y estructurales económicas, políticas, sociales y culturales fortaleciendo los gobiernos territoriales y aplicando plenamente las formas democráticas directa, representativa y comunitaria.
6. Ejercer la interculturalidad emancipadora y participar abiertamente en la descolonización múltiple, desmontando todos los mecanismos de dominación económica, social, cultural y de género.
7. Desarrollar colectiva y participativamente una agenda económica productiva para salir del modelo extractivista y conformar un modelo productivo basada en la soberanía alimentaria, cumpliendo con la Constitución en el ejercicio de la planificación integral y participativa.
8. La aprobación de la Ley de la Madre Tierra y su promulgación cumpliendo con las resoluciones de Tiquipaya, impulsando una plataforma sudamericana que establezca una agenda común energética, ambiental, alimentaria, económica y de ciudadanía intercultural.
9. Mantener comunicada e informada a la población, abriendo espacios de participación en forma de redes confluentes, de tal manera que todo lo que se haga sea una construcción colectiva.

Firman:

Alejandro Almaraz, Gustavo Guzmán, Raúl Prada, Oscar Vega, Roberto Fernández, Oscar Olivera Foronda, Marcela Olivera Foronda, Leonardo Tamburini, Pablo Regalsky, Pablo Mamani, Jorge Komadina, Gustavo Soto, Aniceto Hinojosa, Víctor Hugo Sainz, Moisés Torres, Rafael Quispe y otros.