23/11/2024
Por Chesnais François , ,
En la primavera de 2010, los grandes bancos europeos, encabezados por los bancos franceses y alemanes, convencieron a la Unión Europea y al Banco Central Europeo que el riesgo de default de la deuda pública de Grecia ponía en peligro sus balances. Los grandes bancos europeos habían recibido una fuerte ayuda en el otoño del 2008, cuando la quiebra del banco Lehmann Brothers en Nueva York llevó la crisis financiera a su paroxismo. Luego del salvataje, no depuraron todos los activos tóxicos de sus cuentas. Y a pesar de todo siguieron haciendo colocaciones de alto riesgo. Para algunos, el más mínimo default de pago significaría la quiebra. En mayo 2010 se montó un plan de salvataje con un ribete financiero y otro de drástica austeridad presupuestaria y acelerada privatización: fuertes reducciones de los gastos sociales; disminución de los salarios de empleados públicos y reducción de su cantidad; nuevos ataques a los sistemas jubilatorios, fuesen por capitalización o por repartición. Los primeros países en aplicarlo, como Grecia y Portugal, quedaron atrapados en una infernal espiral cuyas víctimas inmediatas son las capas populares y los jóvenes. Esta política afecta a un número cada vez mayor de países en Europa occidental y mediterránea, después de haber asolado a los países bálticos y balcánicos. El costo del salvataje del sistema financiero europeo y, con él, del sistema mundial, se impone a los trabajadores, a la juventud y a las capas populares más vulnerables.
¿Qué necesidad tenemos de los bancos en su forma actual? ¿Hay que seguir salvándolos?
Dos series de ideas estrechamente entrelazadas son repetidas hasta el cansancio, con ligeras variantes, tanto por el gobierno como por los dirigentes del UMP, del Partido Socialista y de los partidos llamados centristas. Las primeras se refieren a la deuda pública, las segundas a los bancos. Los “sacrificios” reclamados a nivel de las jubilaciones, el congelamiento de las remuneraciones de los empleados públicos, los nuevos y drásticos recortes en el presupuesto educativo, etcétera, son necesarios, nos dicen, para que “la deuda de Francia sea honrada”. Es preciso evitar también que Francia pierda la calificación AAA que le conceden las agencias calificadoras, a fin de no quedar obligada a pagar intereses más altos de los que paga actualmente por la deuda pública. En lo que se refiere a los bancos, se nos dice que tienen funciones indispensables que cumplen bien, o en todo caso lo suficientemente bien como para que sea necesario y legítimo correr en su auxilio cada vez que lo piden.
La exhortación a “honrar la deuda” y ayudar a los bancos se basa en la idea de que habrían prestado sumas que son el fruto del ahorro pacientemente acumulado a través de un duro trabajo. “La mayor parte de los economistas, escribe un especialista crediticio que trabaja en los Estados Unidos, piensa que los bancos son simples intermediarios entre los depositantes y los tomadores de créditos. Otra manera de expresar esta creencia muy difundida es decir que los bancos recogen el ahorro y financian la inversión. A partir de esto, basta un pequeño paso para llegar a la conclusión de que, antes de que pueda hacerse una inversión debe constituirse un determinado monto de ahorro”1. La realidad es muy distinta. Los préstamos de los bancos no guardan relación con el monto de los depósitos y el pequeño ahorro que les es confiado. Nunca fueron simples intermediarios. Y después de su transformación en grupos financieros diversificados, con operaciones trasnacionales, menos que nunca. Los beneficios bancarios provienen de sus operaciones de creación de crédito. Y su fuente está en el flujo de riqueza (valor y plusvalor) provenientes de las actividades productivas. El camino seguido diferirá según quien tome el préstamo. En el caso de un Estado, pasa por el impuesto y los servicios por los intereses de la deuda pública. En el caso de una empresa, se trata de una fracción de la ganancia. En el caso de los particulares y hogares, es una parte de su salario o de su jubilación la que es absorbida por los intereses que pagan por sus créditos hipotecarios o sus cartas de crédito. Mientras más presta un banco, mayores son sus ganancias. En el transcurso de las dos últimas décadas, los bancos concibieron medios que aparentemente le permitían lograrlo. Las “innovaciones financieras” dieron origen a una red muy densa de transacciones interbancarias. Y fue a partir de estas “innovaciones” que los bancos pudieron poner en marcha el llamado “efecto de apalancamiento”, es decir una relación de préstamos de capitales propios y depósitos disponibles cuya altura (incluso más de 30%) los coloca permanentemente en situación de gran fragilidad. Ellos lo saben, pero cuentan con los gobiernos para que les aseguren en cualquier circunstancia y a cualquier costo social un cinturón de seguridad, y en los casos extremos, la socialización de sus pérdidas.
El FMI publica, cada seis meses y más o menos simultáneamente, dos grandes informes, uno sobre las perspectivas de la economía mundial, y el otro sobre el estado del sistema financiero mundial. El primero atrae la atención de todos los economistas, allí el FMI presenta sus proyecciones macroeconómicas: es un terreno familiar. El segundo apenas si es leído por quienes, en el marco de la mundialización comercial y financiera, dan importancia a la finanza y a las crisis financieras. En enero 2011, el FMI estimaba ya que una de las grandes incógnitas de la situación económica mundial tenía que ver con que en Europa, “la integración entre los riesgos soberanos y bancarios se intensifica”2. El primer capítulo del nuevo informe sobre la situación del sistema financiero mundial confirma esta apreciación. El mismo pone el acento en la vulnerabilidad de los bancos, en particular de los bancos europeos3. El juicio del director del departamento de mercados financieros y monetarios del FMI es el siguiente: “casi cuatro años después del comienzo de la crisis financiera, la confianza en la estabilidad del sistema bancario global todavía debe ser restablecida totalmente”. Y subraya, en lo referido a los bancos europeos, que “algunos bancos siguen teniendo un porcentaje de apalancamiento demasiado importante, tienen capitales propios insuficientes, teniendo en cuenta la incertidumbre en la cualidad de sus activos. Estos débiles niveles de fondos propios hacen vulnerables a algunos bancos alemanes ante nuevos choques, así como las cajas de ahorro italiana, portuguesas y españolas en dificultades”4.
El rol de los bancos es proveer crédito comercial (suministrar efectivos comerciales a muy corto plazo) y préstamos a más largo plazo a las empresas para sus inversiones. Este rol es indispensable para el funcionamiento del capitalismo. Y lo será también para cualquier forma de organización económica basada en modalidades descentralizadas de propiedad social de los medios de producción que supongan recurrir al intercambio. Pero el balance de tres décadas de liberalización financiera y de cuatro años de crisis plantea, en todo caso, la cuestión de la utilidad económica y social de los bancos en su forma actual. Convertidos en conglomerados financieros, ¿tienen derecho los bancos al respaldo de los gobiernos y los contribuyentes, cada vez que sus balances están amenazados debido a sus propias decisiones de gestión? Mucha gente comienza a cuestionarlo. Ellos se expresan a veces, como lo ha hecho Eric Cantona, de una forma que los medios no pueden ignorar. No se trata de destruir los bancos, sino de tomarlos para que puedan cumplir las funciones esenciales que en principio les son propias, es la respuesta que doy junto a otros, como Frederic Lordon5.
Definamos la ilegitimidad de las deudas públicas
El concepto de deuda odiosa fue aplicado desde los años 1980 a la deuda de los países del tercer mundo. Se ha discutido su posible aplicación al caso de la deuda griega. Se trata de una noción que se remonta al período de entreguerras. La primer definición pertenece a Alexander Sack, jurista ruso y profesor de derecho internacional en París: “deuda contraída por un régimen despótico [diríamos ahora “dictadura” o “régimen autoritario”] en función de objetivos extraños a los intereses de la nación, a los intereses de los ciudadanos”6. El Centro por el Desarrollo Sustentable Internacional de la Universidad Mc Gill de Montreal dio a comienzo de los años 2000 una definición bastante semejante, más en sintonía con la financiarización contemporánea. Las deudas odiosas son “las que fueron contraídas contra los intereses de las poblaciones de un estado, sin su consentimiento y con pleno conocimiento de causa por el lado de los acreedores”7. Esta definición se aplica perfectamente a la deuda específica que pesa en Francia aún sobre municipalidades, consejos regionales e incluso algunos hospitales, en los que representantes o directivos acaban de constituirse como asociación para entablar acciones judiciales colectivas contra los bancos8. Ellos fueron incitados por estos últimos a comprar los “productos estructurados”, que supuestamente facilitarían por sus elevados rendimientos el financiamiento de proyectos de inversiones costosas en un contexto de transferencia de los gastos del Estado hacia las regiones. Esos títulos financieros opacos, convertidos en “activos tóxicos” con la crisis del otoño de 2008, pesan sobre los presupuestos. El hecho que ellos fueran comprados ejemplifica, por supuesto, el hecho de que el fetichismo del dinero no es característico solamente de los traders puesto que se impone también en el juicio de los electos y las administraciones locales. Pero los bancos sabían perfectamente los riesgos que les hacían tomar, el juego del casino en el cual los hacían ingresar. El suplemento de endeudamiento contraído por las municipalidades, debido a la compra de títulos podridos, tiene que ver con las “deudas odiosas”.
La noción más amplia de deuda ilegítima me parece que se ajusta más a la deuda de los países capitalistas avanzados, en particular los de Europa. Esta es también la posición de los militantes del Comité por la anulación de la deuda del tercer mundo (CADTM)9. Los factores que se esgrimen más frecuentemente se vinculan con las condiciones que condujeron a que un país acumula una deuda elevada se ponga en manos de los mercados financieros. Aquí, la ilegitimidad tiene su fuente en tres mecanismos: los gastos elevados tienen el carácter de regalos hechos al capital; un bajo nivel de fiscalidad directa (impuestos sobre la ganancia, el capital y los ingresos de las empresas) y su muy débil progresividad; una importante evasión fiscal. Estos tres factores se reencuentran tanto en el caso de Grecia como en el de Francia, y por supuesto también en el de todos los países hoy atacados por los fondos especulativos y los bancos. En el caso de Francia, la deuda nació, a partir de 1982, del regalo que se hizo al capital financiero con las nacionalizaciones del gobierno de la unión de izquierda. Su crecimiento se unió luego al movimiento de liberalización financiera, que en su primera fase de los años 1980 estuvo marcado por tasas de interés reales muy altas; el endeudamiento del estado se origina en la debilidad de la fiscalidad directa (impuesto sobre los ingresos e impuesto sobre las impresas) y en la evasión fiscal. En lugar de enfrentar a los grupos sociales beneficiados y con recursos, los gobiernos del Partido Socialista, tal como los del RPR-UMP, han “esquivado” el problema de la manera más favorable al capital y la riqueza. Se les concedieron préstamos a quienes se dejaba de aplicar tasas. Los impuestos al capital y a los altos ingresos fueron reducidos primero con prudencia, y luego, bajo los gobiernos Jospin, Raffarin y de Villepin, de un modo aún más fuerte, con la multiplicación de 1000 de los fiscales, con el Bouclier fiscal, con mecanismos que restituyeron a los más ricos una parte del impuesto. Analizar los orígenes de la deuda de Francia ayudará a precisar la noción de deuda ilegítima y por lo tanto a plantear la cuestión de su anulación, no solamente desde un punto de vista económico, sino como una cuestión política con fundamento ético.
Pero la ilegitimidad está basada también en la naturaleza de las operaciones de “préstamo” que es preciso “honrar”, por las cuales se requiere pagar elevados intereses y asegurar su reembolso. La obligación de pagar la deuda se basa, implícitamente, es necesario repetirlo, en esta idea de que los montos, fruto de un ahorro pacientemente amasado por un duro trabajo, habría sido prestado. Este puede ser el caso de los ahorros de los hogares o de los fondos de los sistemas de pensión por capitalización. Pero no es el caso de los bancos o de los Hedge Founds. Cuando éstos “prestan a los Estados” comprando los Bonos del Tesoro emitidos por los ministerios de finanzas, se trata de sumas ficticias que se ponen a disposición en base a la red de relaciones y transacciones interbancarias. La transferencia de riqueza, la que nace del trabajo, se produce en el otro sentido. La deuda y el servicio de los intereses son un componente de la “bomba financiera”, bautizada por Frederic Lordon en homenaje a Jarry y a su Padre Ubu. La naturaleza económica y las sumas prestadas son un factor más que cuestiona la legitimidad de la deuda pública.
Auditoría y anulación de la deuda pública
El CADMT sostiene, desde siempre, la necesidad de la auditoría de la deuda como etapa hacia su anulación; el objetivo de la auditoría es identificar los factores que permiten caracterizar la deuda como ilegítima, así como aquello que justifican o incluso exigen, pese a todo el reembolso de una fracción de la deuda a algunos acreedores. Yo no estaba demasiado convencido hasta que los militantes griegos demostraron su alcance. Hasta entonces, el único ejemplo de auditoría fue el realizado en Ecuador en 2007: fue como resultado de una decisión gubernamental, el presidente Rafael Correa quería conocer las condiciones en las cuales la deuda del país había sido concebida. La auditoría permitió al gobierno decidir la suspensión del reembolso de la deuda, constituida por títulos de la deuda con vencimiento, algunos en 2012, y otros en 2030. Forzó así a los banqueros, sobre todo norteamericanos, poseedores de los títulos a negociar. Ecuador pudo recomprar títulos estimados en 3,2 mil millones de dólares por un monto algo menor a mil millones de dólares. En Europa no es concebible un escenario similar al del Ecuador. La reivindicación de moratoria inmediata y de la auditoría preparatoria de la anulación debe ser dirigida evidentemente a los partidos políticos en ocasión de las campañas electorales. Los militantes, y tal vez incluso algunos dirigentes, serán sensibles. Sin embargo, estas reivindicaciones solamente pueden ser sostenidas por comités del tipo como los que han nacido durante la campaña de 2005 contra el proyecto de tratado constitucional europeo o, más recientemente, por el problema de la jubilación. Sólo hay un país en el que se ha creado un Comité nacional que permite la constitución de comités locales: se trata de Grecia, donde se conformó el comité griego contra la deuda. Veamos cómo define sus objetivos10.
La auditoría debe deuda y ejercicio de los derechos democráticos
“El primer objetivo de una auditoría es clarificar el pasado (...) ¿Qué pasó con el dinero de esos préstamos, en qué condiciones se establecieron esos préstamos? ¿cuántos intereses fueron parados, a qué tasa, que parte del capital fue ya reembolsado? ¿cómo se infló la deuda sin que ella sirviese el pueblo? ¿qué camino siguieron los capitales? ¿a quiénes sirvieron? ¿qué parte fue desviada, por quiénes y cómo? ¿quién prestó y cuál fue su rol? ¿cómo quedó comprometido el Estado, mediante cuál decisión y a título de que? ¿quién encaró proyectos irrealizables, quién empujó en ese sentido y quién los aprovechó? ¿qué delito, o incluso crímenes, fueron cometidos con ese dinero? ¿por qué no se establecieron las responsabilidades civiles, penales y administrativas?
La auditoría de la deuda pública no tiene nada que ver con la caricatura que la reduce a una simple verificación de números hecha por contadores rutinarios. Los partidarios de las auditorías invocan siempre dos necesidades fundamentales de la sociedad: la transparencia y el control democrático del Estado y de los gobiernos por los ciudadanos. Se trata acá de necesidades referidas a los derechos democráticos más elementales, reconocidos por el derecho internacional, aunque violados permanentemente. El derecho de control de los ciudadanos sobre los actos de aquellos que los gobiernan, de ser informados sobre todo lo referido a su gestión, como sus objetivos y sus motivaciones, es intrínseco a la democracia misma, puesto que emana del derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer su control sobre el poder y participar activamente en los asuntos comunes. (…) Esta permanente necesidad de transparencia en los asuntos públicos adquiere en la época del neoliberalismo más salvaje y de corrupción sin frenos ––sin precedente en la historia mundial–– adquiere una enorme importancia suplementaria que se transforma en una necesidad social y política completamente vital. El ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos, considerados siempre como “elementales”, es visto por los gobernantes casi como una declaración de guerra a su sistema llevada a cabo por “los de abajo”. Y naturalmente, es tratada en consecuencia de manera represiva (...). La auditoría de la deuda externa adquiere una dinámica socialmente saludable, políticamente casi subversiva. La utilidad de una auditoría no puede resumirse únicamente a la defensa de la transparencia y la democratización de la sociedad. Va mucho más lejos, puesto que abre el camino a un proceso que podría revelarse extremadamente peligroso para el poder establecido, y potencialmente liberador para la aplastante mayoría de los ciudadanos! En efecto, al exigir abrir y auditar los libros de la deuda pública, y mejor todavía abriendo y auditando estos libros, el movimiento de la auditoría ciudadana se atreve a lo “impensable”: penetra en la zona prohibida, en el más sagrado santuario del sistema capitalista, allí donde, por definición no se tolera ningún intruso!” (subrayado en el original).
Así comprendida, la reivindicación de auditoría de la deuda y sobre todo el inicio de su implementación mediante la creación de comités, como instancias populares donde las pruebas de la ilegitimidad serían reunidas y debatidas, constituirían un formidable instrumento de “redemocratización”11.
Tratándose de los tenedores de la deuda pública, generalmente se esgrime la salvaguarda del pequeño ahorro, con una objeción importante, como un cálculo determinante. Esto no plantearía ningún problema. Durante las declaraciones de impuestos directos, los bancos calculan en detalle los montos correspondientes a diferentes formas de ahorro de los hogares. Ello podría ser garantizado, porque no representan más que una minúscula parte de las “ acreencias” reclamadas. La anulación de la deuda pública no puede evidentemente ser una medida de manera aislada. Aquí pondremos en primer lugar el acento, muy brevemente, en dos aspectos. El primero es la apropiación social de los bancos y de su reconfiguración, de modo tal de restablecer sus funciones esenciales de creación de determinadas formas ilimitadas de crédito, y ponerlas al servicio de la economía. El segundo es la reconfiguración de la fiscalidad, que debe dejar de caer pesadamente sobre los asalariados y las capas populares. Los sindicatos, SNUI y Sud Trésor tienen proposiciones bien elaboradas. Igualmente importante es la utilización que se hace del impuesto, nacional o localmente percibido. El control democrático del uso del impuesto ha pasado a ser puramente formal.
Más en general, la cuestión es la que está definida en este documento griego, es decir la creación de una dinámica política en la cual aquellas y aquellos que han mostrado, repetidamente, una fuerte capacidad de movilización debían apoyar la campaña por la anulación como una cuestión esencial que condiciona el futuro. En Francia, pero también en toda Europa, los asalariados están confrontados a las cuestiones cruciales del empleo y de la precarización. Su solución pasa por el control social de la inversión. No puede seguir dependiendo de estrategias de maximización de las ganancias de las grandes empresas. La satisfacción de las necesidades sociales apremiantes tiene como contexto la crisis ecológica en todas sus dimensiones. Es indispensable que esté basada en profundas transformaciones en los modos técnicos de producción, en la industria y en la agricultura. El financiamiento sería asegurado por el impuesto y el crédito bancario controlado. La “sobriedad energética” y la desmercantilización serían su complemento. La liberalización de los intercambios, cuyo costo ecológico es inmenso, es un pilar del capitalismo financiero erizado. El control social de la inversión permitiría la relocalización de múltiples actividades y un acortamiento de las cadenas de aprovisionamiento, de producción y de comercialización. La anulación de las deudas en los países cuyos pueblos se movilizarían para imponerlas crearían las condiciones de una real “salida de la crisis”.
Aferrar la oportunidad del combate en varios países
La campaña contra la deuda no puede hacerse “por encargo”. El pueblo griego no puede hacerla por los otros pueblos europeos. Las agencias calificadoras no se encarnizan todavía con Francia; esta no sufre todavía significativas subas en las tasas de interés. Pero el imperativo de “la deuda a honrar” no deja de caer pesadamente sobre la situación económica y social, así como sobre la vida política francesa. Tanto el gobierno como los dirigentes del UMP y el Partido Socialista, así como los partidos llamados centristas, repiten día a día que la decencia exige a los ciudadanos que “acepten sacrificios” para que Francia pague sus deudas. Sólo difieren en la manera exacta de hacerlo, sobre la mejor policy mix. La deuda obstruye el futuro de las clases populares, por supuesto, pero también de toda la sociedad. Llevar adelante la campaña por la anulación no está más allá de la capacidad del movimiento social francés. La movilización que centenares de miles de personas realizaron el otoño último por las jubilaciones coloca a las asociaciones, a los sindicatos y a los partidos franceses en una situación de especial responsabilidad. El rechazo de los trabajadores franceses a pagar la deuda, sería también el apoyo internacionalista más eficaz que podrían dar a los de Grecia, de Portugal, de Irlanda. Una campaña popular impulsada por comités por la moratoria inmediata y la auditoría de la deuda, prepararía al movimiento social para nuevos episodios de la crisis financiera. Los publicistas y los responsables políticos que hoy preconizan la reestructuración de la deuda de Grecia e Irlanda reconocen que los riesgos que los adversarios subrayan son reales. La vulnerabilidad sistema financiero europeo, pero también mundial, hace posible una nueva crisis. La quiebra de sectores enteros de sistema bancario no está excluida. En países en los que el pago de la deuda esté cuestionado por el movimiento social, los trabajadores y los jóvenes volcados de diversas maneras hacia las cuestiones “políticas” estarían preparados, al menos parcialmente.
Uno de los grandes argumentos de los partidarios de la salida del euro es que quienes apuestan al movimiento social europeo persiguen una quimera. El desafío es aferrar la ocasión para su nacimiento. Varios países están confrontados muy duramente al problema de la deuda. Otros más lo estarán después. Todos están sometidos a políticas económicas y monetarias pro cíclicas. Incluso la Confederación Europea de Sindicatos estuvo obligada a desvincularse de la Comisión Europea y del Banco Común Europeo. Están dadas las condiciones para que exista la oportunidad de construir entre los ciudadanos de los países de Europa una verdadera unión. La solución progresista no es salir del euro. Consiste en ayudar a la convergencia de las luchas sociales y políticas, llevadas adelante hoy de manera dispersa, hacia un objetivo de control social democrático común de sus medios de producción y de cambio, y por lo tanto también del euro. “Tomar los bancos”! Sí, en todos los países en los que el movimiento tenga fuerza; sí, incluyendo entre ellos al Banco Común Europeo.
La campaña por la anulación de las deudas públicas europeas debe estar acompañada, por supuesto, por la anulación de la deuda de los países del sur, en manos de los bancos de los fondos de inversión europeo. Para los pueblos de los países europeos, esta campaña es un paso obligado y también un trampolín. Paso obligado, porque ninguna política mínimamente progresista, tanto a nivel social como en el plano ecológico, puede ser conducida, ninguna gran inversión puede ser hecha mientras se mantenga la sangría del servicio de los intereses. Trampolín, porque toda victoria alcanzada en este terreno constituiría un verdadero sismo para el capitalismo mundial. La anulación de las deudas modificaría profundamente las relaciones de fuerza políticas entre trabajo y el capital. Liberaría los espíritus a “la amplitud de lo posible”. Cuando se presenta una ocasión como ésta, ¿no hay que tomarla...?