Durante las tres últimas semanas se ha dado un fuerte debate sobre la acción del gobierno de Venezuela, en la que de manera expedita e ilegal entregó al periodista Joaquín Pérez Becerra a las autoridades colombianas. Las protestas llegadas del exterior, pero sobre todo de diferentes organizaciones políticas y sociales de Venezuela llevaron al gobierno a tratar de aplacar los ánimos. Primero fueron los ministros de Relaciones Exteriores y Comunicaciones, pero sus declaraciones no convencieron, más bien encendieron aún más los ánimos por el tono pendenciero y desobligante utilizado: “No estamos sometidos ni estaremos sometidos al chantaje de nadie, ni de la ultraizquierda ni de la ultraderecha”. Casi inmediatamente el Presidente Chávez se refirió al hecho, pero, en contra de lo se esperaba de un político de su estatura, su argumentación se basó en la endeble premisa: “Que cada uno asuma su responsabilidad”. Incluso entre quienes lo aplaudían en el acto público donde hacía las declaraciones había caras de desconcierto. ¿De cuándo acá la Revolución Bolivariana, que consideramos un ejemplo para toda Latinoamérica, seguía la política de “cada uno sálvese como pueda”? Creemos que una revolución que se precie de tal debe, por el contrario, basarse en la solidaridad y la coherencia con los principios que la animan. Eso es lo que de manera fraternal pero decidida le piden sus seguidores al presidente Chávez.
En este caso la premisa de “que cada uno asuma su responsabilidad”, termina repartiendo las culpas entre muchos y por lo tanto, al final, nadie debe hacerse cargo de los hechos: El periodista es culpable por salir de Suecia, su país, hacia Venezuela, Suecia fue negligente porque no lo capturó en el aeropuerto, las organizaciones de izquierda son responsables porque han sido infiltradas, la persona que invitó a Pérez Becerra no evaluó la situación adecuadamente, la derecha le puso una papa caliente, y el Presidente Chávez tomó la decisión que correspondía. Sin embargo, no creemos que ocurriera una cadena inexorable de acontecimientos frente a la cual era imposible reaccionar. Consideramos –muy a nuestro pesar- que la deportación ilegal de Pérez Becerra a Colombia es otra muestra más de una peligrosa tendencia dentro de la revolución bolivariana que busca llegar a una solución de compromiso con Estados Unidos.
Empecemos por repasar el caso: Joaquín Pérez Becerra es un periodista de nacionalidad sueca y de origen colombiano, que llegó a ese país como refugiado político a comienzos de la década de 1990, escapando de la persecución a que sistemáticamente habían venido siendo sometidos los militantes de la Unión Patriótica, un partido de izquierda. Adquirió la nacionalidad sueca y renunció a la colombiana, aunque siguió vinculado a su país natal través de su labor periodística en la agencia de noticias Anncol, caracterizada por seguir una línea de férrea oposición al régimen colombiano.
Pérez Becerra fue detenido el pasado 23 de abril en el aeropuerto de la capital venezolana y contra todo sentido del derecho internacional y de solidaridad con los disidentes y perseguidos políticos, fue mantenido incomunicado, no se le permitió comunicarse con un abogado y en un tiempo record fue deportado a Colombia, donde se le presentó como un peligroso terrorista. Aunque el gobierno de la República Bolivariana fue presionado para que tomara una decisión rápida, lo que se esperaba era una respuesta solidaria o por lo menos apegada a la legislación internacional. Debe recordarse que Pérez fue deportado a Colombia, no extraditado como se dijo en algunos medios, ese procedimiento hubiera requerido más tiempo para el estudio por parte de las autoridades venezolanas de las causa que se le imputaba, así como de las pruebas que la sustentaban, lo que le hubiera permitido al acusado a gozar de dos derechos fundamentales: asistencia de la embajada de su país y contar con abogado de confianza. Por lo tanto, la deportación de un opositor de régimen colombiano a Bogotá no era la única opción, ni la más adecuada, como lo sabe el presidente Chávez, quien hasta hace unos meses había denunciado al gobierno colombiano como uno de los principales violadores de los derechos humanos.
En el pasado cercano podemos rememorar dos episodios similares. Uno, en diciembre de 2004, cuando miembros de la inteligencia colombiana incursionaron ilegalmente en territorio venezolano y secuestraron a Rodrigo Granda –miembro de las Farc-, para posteriormente mostrarlo como capturado en la ciudad colombiana de Cúcuta. En ese momento el presidente Chávez respondió con firmeza, desenmascarando la faz criminal del gobierno colombiano y exigiendo respeto a la soberanía de su pueblo. Posteriormente, a mediados de 2009, el sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán fue detenido en la ciudad de México –donde residía-, se le mantuvo incomunicado y con gran celeridad fue entregado a las autoridades colombianas que lo requerían por terrorismo, según información extraía del maravilloso computador de Raúl Reyes. La decepción no fue poca para los latinoamericanos, que siempre habían encontrado en México un refugio seguro en épocas de dictaduras y persecución política; sin embargo, rápidamente se entendió que en esos momentos (y en la actualidad), México y Colombia jugaban alineados a la derecha y no podía esperarse mayor solidaridad del régimen, no así de importantes sectores del pueblo mexicano que hasta el día de hoy siguen reclamando la libertad de Beltrán.
Por ello, para los luchadores colombianos los últimos acontecimientos no dejan de producir una verdadera sombra de terror, puesto que hasta ahora se ha considerado al gobierno venezolano como fraternal y solidario con los perseguidos políticos, pero en estos momentos todos deben estar preguntándose sobre lo que puede pasar en el futuro. La respuesta de Caracas va a envalentonar más a Santos y, por ello, la sonrisa con que narró cómo el mandatario venezolano no había dudado ni un instante ante su solicitud, puede interpretarse como una amenaza vedada a periodistas, disidentes políticos, defensores de derecho humanos y organizaciones sociales colombianas, que ven cerrarse una de las pocas puertas de solidaridad internacional vigentes en la actualidad, mientras en el plano interno aumenta la persecución y la estigmatización.
Tristemente, la decisión de Chávez termina legitimando la impunidad con la que actúa el gobierno colombiano para perseguir a los disidentes políticos en el lugar del mundo que le plazca. En el pasado reciente Santos demostró que no le importa incursionar ilegalmente y bombardear a un país hermano con tal de apuntarse algunos “positivos” y por ello valdría la pena preguntarse si este tipo de “cooperación” entre los dos países no puede terminar contribuyendo a frenar los procesos de cambio social que se viven en la región y que hasta ahora venían siendo liderados de manera ejemplar por el mandatario venezolano.
No buscamos magnificar los hechos y hacer leña del árbol caído, sino tratar de aclarar si este fue un error lamentable o un claro indicio de freno o de cambio de rumbo en la revolución bolivariana. A los hombres y mujeres de América nos urge una respuesta a este interrogante. La premisa “sálvese como pueda” no sólo desdeña la solidaridad -principio ético fundamental de cualquier proceso que se precie de ser revolucionario-, sino que deja abierta la puerta para negociar lo innegociable.
En el comunicado de prensa donde se da cuenta de la entrega de Pérez Becerra se adopta el lenguaje imperial de “lucha contra el terrorismo”, que para el caso colombiano significa la prolongación de la guerra y el cierre a cualquier posibilidad de salida negociada al conflicto social y político que vive el país desde hace medio siglo, pero tiene también fuertes implicaciones regionales y globales. La clave está en la aceptación de la dominación imperialista estadounidense y la consecuente adopción de un rol subordinado y dependiente de los intereses geoestratégicos de la potencia. Esto sí es caer en una verdadera trampa, pues en los últimos tiempos la “lucha contra el terrorismo” ha amparado la invasión de países cuyos regímenes han sido considerados por Estados Unidos como enemigos o incómodos.
Desde meses atrás veníamos observando con profunda preocupación el afán del Presidente Chávez por congraciarse con el gobierno de Santos, su “nuevo mejor amigo”, con quien ha estado preparando el regreso de Honduras a la OEA y aceptó compartir la presidencia la UNASUR. Y este último acontecimiento confirma la idea de una especie de normalización y compromiso, no con Santos que es una figura segundona, sino con lo que él representa: la punta de lanza de la estrategia de dominio de Estados Unidos en la región. Situación que ha sido interpretada por Heinz Dieterich como el “restablecimiento (por Chávez) de la Doctrina Monroe en la Patria Grande, negociando a cambio, su permanencia en el poder”
[1].
En este contexto, las protestas y debates que se han suscitado en las últimas semanas entre los seguidores de la revolución bolivariana son un síntoma saludable, muestran que amplios sectores no están dispuestos a permitir un cambio de rumbo en la revolución por la que han luchado tanto y mantienen en alto el principio de solidaridad internacionalista que debe caracterizar a los luchadores sociales. Sin embargo, también ha quedado en evidencia el interés que guía a los sectores que aplauden y presionan por una “normalización” del proceso bolivariano. Al respecto no podría ser más elocuente el artículo escrito por Iván Maiza para justificar lo injustificable:
La tarea principal es garantizar que los objetivos planteados para la elección del 2012 sean cumplidos, que se construyan casas, edificios, pueblos y se siembren las tierras de alimentos para la población, en eso hemos decidido jugarnos la continuidad del proceso revolucionario, y en eso damos lo mejor de nosotros día a día, […] el tiempo de pasar a una segunda etapa se nos va montando encima, debemos ser más hábiles que nunca, más cautelosos que nunca, y para ello se establecen caminos estratégicos. ¿En qué parte de la estrategia está la parte en que peleamos con Santos porque un camarada decidió alegremente venir a propiciar un escarseo (sic) diplomático? ¿En qué parte hemos dicho que es el momento de la confrontación contra esa oligarquía colombiana que tanto daño nos ha hecho? ¿No ha quedado claro desde hace varios meses que estamos en otra etapa de la estrategia? Vuelvo y repito ¿Quién montó en este momento a Joaquín en ese avión? ¿Quién lo vendió para poner a la Revolución Bolivariana en riesgo de perder su ordenamiento estratégico?
[2] Más claro no podría estar, para un sector el “objetivo estratégico” del proceso venezolano pasa por la normalización de la relaciones con Colombia y piensan seguir el libreto al precio que sea, no importa que ello implique entregar a una persona -víctima del terrorismo de Estado en Colombia y defensor incondicional de la Revolución Bolivariana-, a un régimen de ultra-derecha. Malos vientos soplan para un proceso revolucionario cuando considera más valiosa sus relaciones con un Estado criminal, que la vida de un revolucionario.
[2] Ivan Maiza “Acerca de Joaquín Perez Becerra”, 29-IV-2011, disponible en http://www.telesurtv.net/secciones/opinion/92147-NN/acerca-de-joaquin-perez-becerra/