¿A prueba las mujeres o el proceso de cambio?

En este contexto, en Bolivia la cuestión de la opresión colonial ya no puede eludirse en el debate político, mientras la opresión de tipo patriarcal continua siendo esquivada. En otras palabras, mientras hoy en Bolivia ya nadie puede poner en cuestión, al menos impunemente, la capacidad y legitimidad de los pueblos indígenas para participar en la conducción de los destinos de la nación, las mujeres seguimos siendo continuamente puestas a prueba en nuestras capacidades políticas. Parece ser que el mismo proceso que condena cualquier actitud racista, admite cotidianamente expresiones y prácticas abiertamente machistas.

Nuestras reflexiones parten, entonces, de la certeza de que en un proceso que se ha planteado trastocar de fondo las estructuras de dominio y desigualdad, resulta, al menos, un contrasentido, decir “que habrá más ministras si prueban que trabajan bien”, o que, de lo contrario, se reducirá el porcentaje de participación de las mismas en el gabinete. ¿Debemos inferir de esta afirmación, que las mujeres que no demuestren capacidad en la función pública deberán dejar vacantes sus puestos, para que cualquier varón, cuya capacidad no ha sido, ni será puesta a prueba, la ocupe por el hecho de ser hombre? Debemos apuntar además que en esta suerte de prueba “meritocrática”, lo que menos vale son nuestros méritos y las trayectorias de lucha en los ámbitos públicos y privado. Lo que, en verdad, termina definiendo la presencia de mujeres en los espacios de poder son las formas tradicionales de pactos entre hombres, quienes establecen, en última instancia, las reglas de juego y los mecanismos de acceso y permanencia a los espacios de toma de decisiones.

Por ello, afirmamos categóricamente, que no somos las mujeres las que estamos a prueba en este proceso, sino que es el propio proceso de cambio el que está a prueba, si no apuesta a una política clara que lleve a desmontar las estructuras de desigualdad y opresión patriarcales. Un proceso que convive cotidianamente con expresiones de machismo, sin que esto lo desgarre por dentro, no está apuntando a una transformación profunda de la sociedad y del Estado.

Por eso, para promover un cambio cualitativo en el Estado, no es suficiente una mayor incorporación de mujeres, que podría ser refuncionalizada para reforzar los núcleos de desigualdad dentro del mismo, si su presencia se limita a adecuarse a las lógicas internas de distribución del poder y de los roles estatales, en lugar de iniciar un proceso de crítica de algunas funciones que se les asignan, siguiendo ciertos criterios estereotipados, como ser, la atribución del papel de garantes de la honestidad y transparencia de la política liberal.

Entonces, la inclusión de una mayor cantidad de mujeres en las estructuras de poder estatal no significa automáticamente una ampliación de los procesos de democratización del mismo. Históricamente, el Estado ha experimentado cambios y ampliaciones parciales de su estructura, que no han puesto en riesgo sus núcleos de exclusión. Por tanto, existen democratizaciones aparentes, que en rigor, no democratizan los ejes más sólidos de desigualdad dentro de una sociedad, que sería nuestro caso, en el que los cuestionamientos a la colonialidad no implican necesariamente un cuestionamiento al sistema patriarcal.

Una de las cosas que habría que cuestionar en esta tarea política de no asumir el poder solamente para ocuparlo, sino para transformarlo, es la división, planteada como natural, entre lo privado y lo público. Esta gran contradicción de la sociedad y la política, que divide entre lo privado y lo público, es lo que básicamente sustenta al poder estatal representativo, ya que mientras unos se dedican a la esfera pública, otras/os lo garantizan desde el trabajo reproductivo. Y esta asignación, que al final no es natural, ni accidental, surge a partir de un conjunto de intereses que reproduce privilegios, prestigio público y poder personal en la toma de decisión sobre el bien común. Privilegios que unos adquieren abandonando a sus familias para dedicarse a la política, casi en un acto heroicamente masculino, que, en el mejor de los casos, les sirve a ellos/as para re-producir su poder personal, pero que tiene como principal consecuencia el hecho de que la mayor parte de quienes están involucrados en esta división de trabajo sumamente jerárquica y vertical, queda excluida de estos hechos productivos y políticos, supuestamente centrales.

Otro de los problemas que nos interesa plantear aquí, es aquel referido a la institucionalidad estatal de género. Vale decir, a cuáles son los mecanismos reales y prácticos a través de los cuales el gobierno nacional aborda las desigualdades entre géneros a nivel de políticas públicas. Consideramos que es fundamental cuestionar la lógica liberal a partir de la cual se ha abordado hasta ahora la temática, desde instancias como las secretarías y/o viceministerios de asuntosde género, generacionales y familia, y sus análogos viceministerios de asuntos indígenas, en los que las grandes mayorías del país eran asumidas como sujetos carentes y vulnerables y no como agentes de su propia lucha. Sin embargo, tampoco nos satisface la argumentación gubernamental de que no resulta necesario tener una instancia institucional para desmontar la opresión patriarcal, planteando como única alternativa la hasta ahora inexistente transversalización. Nos convencen aún menos los supuestos argumentos políticos según los cuales las mujeres, al exigir paridad en los espacios de toma de decisiones, estarían auto-marginándose, ya que, en los hechos, podrían aspirar, virtualmente, a la totalidad de los cargos si demostraran su capacidad.

En esta misma línea, se nos pregunta: ¿por qué aspirar sólo a un ministerio, si podemos ocupar todos los espacios de poder? Al menos, nos sorprende que este tipo de argumentación liberal que pone fuera de su consideración las relaciones de poder estructurales, provenga de un gobierno revolucionario.

Nosotras asumimos el reto de debatir sobre cuál es la forma adecuada de abordar desde el gobierno las formas concretas para desmontar las estructuras de desigualdad entre géneros. Lo que no admitimos es que se decida de manera unilateral y sin derecho a réplica, que no se creará un ministerio para la mujer. La simple arrogancia de un “NO”, sin más, es la que no aceptamos. Para nosotras, está claro que las muchas mujeres que hemos contribuido a producir desde nuestras luchas las condiciones de posibilidades de este proceso, no pretendemos automarginarnos en una instancia como ésta. Lo que no nos queda claro es cómo el gobierno está asumiendo esta problemática. Y, obviamente, un gobierno que es parte de este proceso de cambio tendrá que decir de qué modo lo está haciendo desde su ubicación estatal.

Una transversalización práctica-mente inexistente no es la respuesta que se espera. No necesitamos que desde arriba se nos diga a las mujeres dónde estamos, dónde queremos estar y desde dónde hablar. Las mujeres que buscamos una transformación profunda de las relaciones de poder y desigualdad estaremos en la lucha como siempre hemos estado. La pregunta es, entonces, dónde está un gobierno revolucionario en el marco de esta lucha. Es fundamental que el proceso de cambio asuma el carácter patriarcal del Estado, las sociedades y las culturas del país, como un problema estructural que produce relaciones de poder cimentadas en los machismos, las homofobias, la exaltación de la heterosexualidad como un valor social, el adultocentrismo, el racismo, entre otros.

Consideramos que el proceso encuentra su principal límite en las propias resistencias patriarcales y coloniales que reproduce en su interior. Por ello, el reto de acción y articulación política para las mujeres debe considerar estos límites. Entre ellos planteamos dos desafíos importantes: el primerio, es el de cuestionar la supuesta imposibilidad de las mujeres de hacer cuerpo político desde diálogos interculturales, más allá de sus diferencias en su origen étnico y de clase. Argumento que amerita una respuesta política, ya que apunta a negar a las mujeres la posibilidad y capacidad política de articulación en un proyecto común de cambio, a la par que se presenta como figura emblemática del proceso a un binomio constituido por dos personas diferentes en su origen de clase y etnia, en este caso se resalta como valor la complementariedad.

El segundo límite a considerar es el que surge de un razonamiento inverso, pero igualmente

despolitizador, que parte de la concepción de que el hecho biológico de ser mujeres nos predispondría casi de manera automática a acciones políticas conjuntas, más allá de las diferencias ideológicas y desde agendas comunes despolitizadas.

En este marco, uno de los retos políticos consiste en cuestionar la supuesta identidad fija, singular de la mujer, como una categoría unívoca, visibilizando la existencia de mujeres como sujetos políticos con una multiplicidad de relaciones en constante transformación y lucha, así como potencialmente contradictorias, pero que por ello no están imposibilitadas de tender puentes, si se toma en cuenta, previamente, que se debe problematizar la diferencia sexual, en lugar de asumirla de la misma manera para todas las mujeres y culturas.

En este marco, es importante plantear que la despatriarcalización y descolonización, como tareas políticas, que requieren de acciones prácticas, no tienen por qué responder a un contenido único, ni definido de antemano, sino que debe construirse desde el lugar que se ocupa y desde experiencias de lucha concretas. Las diversas luchas individuales y colectivas de mujeres por hacer frente a la victimización, a los esencialismos culturales, al racismo que niega el valor a su historia y experiencia, deben hacer frente a un tipo de articulación para responder a la fragmentación y al esencialismo identitario, de manera activa, con posicionamientos, que no nacen de soluciones o direcciones establecidas a priori.

Este tipo de articulación también deberá hacer frente a las propias resistencias machistas, expresadas en actores/as que enarbolan la bandera del cambio sin cuestionar el sistema de prerrogativas derivadas del esquema patriarcal. Este tipo de resistencia se da principalmente en varones que detentan poder, o en algunas mujeres cercanas a estos esquemas, que construyen su poder a partir de su propia subordinación a cambio de algún privilegio.

La pregunta necesaria, en esta coyuntura de cambio, sobre una articulación política orientada a develar, denunciar y desmontar las desigualdades de raigambre patriarcal y colonial, no se resuelve simplemente enunciando la pluralidad de voces y actoras del mismo, o enunciando la existencia de una agenda política de género, sino debatiendo de manera amplia sobre la capacidad de acción conjunta, sobre las/os actores, las formas en que se construyen las agendas, los modos concretos de participación, así como las relaciones de poder internas y externas al movimiento. En este sentido, el horizonte que queremos dibujar con estas reflexiones es que, si se aspira a una sociedad justa e igualitaria, es decir, a un proceso de democratización profunda del Estado y de la sociedad, esto presupone condiciones materiales y simbólicas de igualdad, así como espacios y formas de participación y decisión respecto a la organización de la sociedad en su conjunto, lo que es en términos prácticos una democracia entre géneros.

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