El lock-out agrario y la crisis política del kirchnerismo
Introducción
El lock-out capitalista agrario y el prolongado conflicto que se desató a partir de la modificación del régimen de retenciones a las exportaciones agrarias por parte de la administración de la presidenta Kirchner pusieron en escena las limitaciones políticas del kirchnerismo. Pero estas limitaciones políticas existían de antemano. Los mencionados lock-out y conflicto agrarios fueron, en realidad, el primer desafío político importante que enfrentó el kirchnerismo desde su ascenso al poder. Y alcanzó ese primer desafío para poner en escena crudamente esas limitaciones preexistentes. Este artículo retoma nuestro análisis previo del kirchnerismo abordando esa crisis política, sus características y perspectivas. Y discute asimismo algunas de las muy variadas interpretaciones de dicha crisis realizadas en el seno de las organizaciones de la izquierda social y política.
La prueba de fuego
El kirchnerismo[1] atravesó en 2008 su primera prueba de fuego (aunque en este caso, alcanzó con el humo) y salió ciego y desorientado. Y la prueba del fuego que atravesó remite, naturalmente, al lock-out capitalista agrario y al conflicto en su conjunto que desató su intento de modificar el régimen vigente de retenciones a las exportaciones agrarias, es decir, al proceso que se extiende durante los cuatro meses que van desde el anuncio de un nuevo régimen de retenciones móviles (la resolución 125/08) por el entonces ministro de economía M. Lousteau el 11 de marzo de 2008 hasta el anuncio de su derogación (el decreto 1176) por el entonces Jefe de Gabinete A. Fernández el 16 de julio siguiente. La caracterización de este proceso, acaso inédito en nuestra historia, es muy compleja y controvertida.[2]
El proceso se inició con la respuesta de las organizaciones agrarias al anuncio de retenciones móviles. El comunicado El campo dice basta del 12/3 ya adelantaba, de alguna manera, las tres características más importantes del conflicto que sobrevendría. En primer lugar, fue firmado conjuntamente por las cuatro organizaciones patronales agrarias más grandes: la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y la Federación Agraria Argentina (FAA) que, a partir de ese momento, integrarían una Comisión de Enlace que organizaría las acciones de la burguesía agraria en su conjunto.[3] Aquí se impone una advertencia: esta unidad en la acción no es una novedad. Estas cuatro organizaciones ya habían protagonizado una tendencia hacia la confluencia durante la década de 1990, que se intensificó a partir de la devaluación y la imposición de las retenciones desde 2002 (Lattuada 2006).[4] En particular la SRA, la más reticente a esa unidad, giró hacia esa estrategia desde la designación de L. Miguens como su presidente: “insistiremos en la conformación de un frente de acción conjunta con las demás entidades del sector, por la mayor fuerza que ello otorga a nuestros reclamos”, ya adelantó en su discurso de asunción (La Nación 27/9/02). La importancia que revistió esta unidad en la acción durante el conflicto no puede menospreciarse: los grandes burgueses de la SRA aportaron su programa, mientras los pequeños y medianos de la FAA se encolumnaron detrás suyo, dotándolos de su capacidad de movilización. Sin embargo, la afirmación de que los dirigentes de estos se comportaron como “idiotas útiles” de aquellos, que sugirió el gobierno y repitieron sus seguidores, es infundada. En principio, el aumento de las retenciones hubiera afectado a la renta agraria y, por consiguiente, al conjunto de la burguesía agraria, sea grande o pequeña, empresaria o rentista, propietaria o arrendadora de tierras. Este simple hecho alcanzó para sustentar aquella unidad. Y, en los hechos, las cuatro organizaciones, junto con otras entidades agropecuarias y agroindustriales que enseguida veremos, venían exigiendo, desde que la economía empezó a recuperarse en 2003, la supresión lisa y llana de las retenciones (Makler 2008). Así, los intentos del gobierno de minar esa unidad a través de medidas favorables a la pequeña y mediana burguesía agraria no alcanzaron ningún resultado: sus representantes saludaron los anuncios, pero siguieron adelante con sus medidas de fuerza.[5] Y, más allá de estos intentos, la seguidilla de torpezas políticas que desplegó el gobierno durante el conflicto en su conjunto, a las que nos referiremos más adelante, contribuyó considerablemente a galvanizar esa unidad.
El comunicado, en segundo lugar, ya sugería a grandes trazos la posibilidad de una alianza social más amplia: era el campo / el interior quien se rebelaba frente a la medida del gobierno -aunque esta alianza se ampliaría más adelante hacia las grandes ciudades. La burguesía agraria encolumnó detrás suyo, inmediatamente, a otros sectores de la burguesía con intereses en la producción agropecuaria o agroindustrial. En particular, varias entidades patronales importantes como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) o la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), respaldaron a esa burguesía agraria.[6] Pero también arrastró a buena parte de los sectores medios de las ciudades y pueblos del interior. Y también este fenómeno tiene un sustento. La modernización del capitalismo en el campo, por una parte, involucra la consabida creciente integración de los procesos de producción agrarios dentro del proceso de reproducción capitalista en su conjunto. La producción extensiva de cereales y oleaginosas de la pampa húmeda de nuestros días implica así la producción, transporte y comercialización de semillas genéticamente modificadas y de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y otros agroquímicos, el empleo de maquinaria agrícola cada vez mas grande y compleja, asistencia técnica y variados servicios especializados, nuevos modos de almacenamiento y de transporte de su producto y el procesamiento agroindustrial del mismo (véase por ejemplo, Pizarro y Cascardo 1991 y Bisang 2007). El crecimiento de esa producción de cereales y oleaginosas, particularmente intenso durante esta década que combinó los procesos de innovación tecnológica y de expansión de la frontera agraria que venían de largo plazo con un tipo de cambio y precios internacionales favorables a corto plazo, acarreó, por otra parte, la recuperación económica e incluso cierta prosperidad para muchos pueblos y ciudades del interior. Un interior que, además, venía extendiéndose junto con la extensión de la frontera agraria. Las mejoras en los niveles de consumo de los sectores medios de esos pueblos y ciudades se evidenciaron, por ejemplo, en los mercados inmobiliarios o en los parques automotrices locales. Desde luego que la mayor parte de las rentas y ganancias generadas por aquella producción de cereales y oleaginosas no “se derraman” en esos pueblos y ciudades del interior. Los ingresos provenientes de las 150.000 has. explotadas por Los Grobo no se quedan en Carlos Casares. Pero alcanza con una parte menor de esas inmensas rentas y ganancias para motivar la movilización de amplios sectores medios de esos pueblos y ciudades detrás de la burguesía agraria. No todas las 4x4 de los piquetes eran de los productores sojeros y, además, también hubo algunos rastrojeros desvencijados. La masividad que revistieron las asambleas, cortes, marchas, cacerolazos y demás acciones que tuvieron lugar en muchas ciudades de la región pampeana mostraron que las demandas de la burguesía agraria gozaron de un amplio consenso en ellas.[7] Y este consenso explica, a su vez, el apoyo que recibieron de varios gobernadores, encabezados por H. Binner de Santa Fe y J. Schiarretti de Córdoba, y de la mayoría de los intendentes y concejales del interior de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
La burguesía agraria seguramente también logró arrastrar en sus acciones a algunos trabajadores. El prolongado conflicto golpeó inmediatamente a sectores de la clase empleados en la producción agropecuaria y agroindustrial, el transporte de cargas, el comercio de alimentos. Y esto dejó una impronta en las posiciones adoptadas por algunos gremios vinculados con esa producción agropecuaria y agroindustrial, como la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne.[8] Sin embargo, otros gremios no menos vinculados con esa producción agropecuaria y agroindustrial y perjudicados por el conflicto, como la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), la Federación Argentina Unión Personal de Panaderías y Afines (FAUPPA) o la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), apoyaron más o menos decididamente al gobierno, junto con los restantes gremios de la CGT. Y en la CTA, cuyos gremios no guardan relación alguna con la producción agropecuaria y agroindustrial, el sector dirigido por H. Yasky (junto con la FTV de L. D´Elía) se encolumnó activamente con el gobierno, mientras que el dirigido por C. Lozano intentó mantener distancia del mismo. Los posicionamientos de los distintos gremios durante el conflicto parecen explicarse, entonces, más por los alineamientos políticos previos de los sectores de la burocracia sindical ante el kirchnerismo que por los intereses económicos inmediatos de los trabajadores que agremian. Resumiendo, la alianza dirigida por la burguesía agraria no contó con un respaldo significativo de la clase trabajadora organizada pero, dejando de lado acciones puntuales como las encabezadas por Moyano o D´Elía, tampoco fue especialmente activo el respaldo que esa clase brindó al gobierno. Los trabajadores asistieron más bien como “convidados de piedra” (Sartelli 2008; ver asimismo Sartelli et alii 2008) a este conflicto entre burguesa agraria y gobierno.
La alianza dirigida por la burguesía agraria logró extenderse, en cambio, hacia una porción importante de los sectores medios de las grandes ciudades, cuyos intereses eran ajenos a los de aquella, alcanzando así una masividad social y un impacto político que las pequeñas y medianas ciudades del interior no hubieran podido otorgarle. Las manifestaciones más contundentes de esa masividad y ese impacto fueron las grandes concentraciones convocadas por la Mesa de Enlace en el Monumento a la Bandera (Rosario) el 25 de mayo y en el Monumento a los Españoles (Buenos Aires) el 15 de julio. En ambas la burguesía agraria reunió mucho más apoyo que el reunido por el gobierno en las que había convocado simultáneamente en el Monumento a Güemes (Salta) y el Congreso (Buenos Aires): unas 200 y 230.000 personas, contra 50 y 100.000, respectivamente (Clarín y La Nación 25/6 y 16/7/08). Por cierto, el saldo arrojado por estas dos grandes mediciones de relaciones de fuerza responde en parte a un retroceso de la capacidad de convocatoria del kirchnerismo, pero mucho más significativa es la inédita capacidad de convocatoria entre los sectores medios urbanos demostrada por las organizaciones de la burguesía agraria. Estas concentraciones habían sido precedidas por una serie de cacerolazos y movilizaciones de sectores medios acomodados (véanse los cacerolazos en Palermo, Recoleta, Barrio Norte, Belgrano y Caballito tras el primer discurso de la presidenta, del 25 al 27/3; La Nación 26/3/08) e incluso en cierta medida habían sido impulsadas y encabezadas por individuos y organizaciones situados en la ciudad aunque vinculados con el campo (véase el cacerolazo en Santa Fe y 9 de Julio del 12/5; Clarín 13/5/08). Pero la magnitud alcanzada por esas concentraciones del 25/5 y 15/7 impide explicarlas a partir de estos restringidos antecedentes. Volvieron a demostrar más bien la capacidad de convocatoria de la que pueden gozar ciertos representantes y/o organizaciones no-partidarios de la burguesía en los sectores medios, cuyo antecedente más inmediato se encuentra en las concentraciones convocadas por J. C. Blumberg desde abril de 2004.[9] Puede decirse en este sentido que la crisis del sistema de partidos políticos, que culminó en diciembre de 2001, no solamente impulsó la organización de nuevos movimientos sociales por parte de los trabajadores, sino también de la burguesía.
Esto nos lleva a la tercera característica distintiva del conflicto. El comunicado del 12/3 anunció un lock-out por 48 horas, que se prolongaría durante 15 días y sería reimplantado en otras dos ocasiones en abril y mayo. El lock-out, naturalmente, es la medida de fuerza burguesa por excelencia: consiste en el empleo por los capitalistas de su propiedad privada de los medios de producción como arma en la lucha de clases. Pero la burguesía agraria también tomó algunas armas prestadas. Los piquetes y asambleas en las rutas y en los accesos a empresas agroindustriales, así como los citados cacerolazos y movilizaciones de masas, son prácticas populares en las luchas sociales.[10] Estas prácticas, desde luego, fueron encaradas mayoritariamente por los productores más pequeños de la FAA o autoconvocados, pero esto no desmiente que, a través de ellos, la burguesía agraria haya asimilado estas prácticas populares de lucha social y que esta sea otra de las características distintivas del conflicto.
La crisis del kirchnerismo
Veamos ahora el modo en que el kirchnerismo atravesó esta prueba de fuego, para lo cual conviene tener en cuenta algunas de sus limitaciones políticas que ya habíamos identificado (Bonnet 2007a). El kirchnerismo repite el populismo como farsa y el conflicto suyo con la burguesía agraria no fue sino un nuevo acto de esta farsa. La presidenta, el ex presidente, sus funcionarios y seguidores se encargaron, en sus discursos, de que no quedaran dudas al respecto. Se empeñaron en resucitar, pasar revista y poner a desfilar a todos los muertos vivos que pueblan la mitología populista. Dieron el presente el pueblo versus antipueblo, la puta oligarquía, la fuerza bestial de la antipatria y la fuerza popular organizada, una especie de golpe de estado y los golpistas genocidas, todos invitados por D´Elía, la aristocracia del campo y los métodos golpistas de la mano de Moyano, el gobierno nacional y popular de las carpas kirchneristas, los señores de apellidos finolis de Tumini y los cuatro jinetes del apocalipsis de Pérsico. El ex presidente aportó incontables invitados: los especuladores, la mesa y el bolsillo de los argentinos, la batalla nacional, la rendición incondicional y la derrota deshonrosa, la sedición del campo y el campo de rodillas, la Unión Democrática y los golpes del 55 y del 76, los comandos civiles y los grupos de tareas, la oligarquía que persiguió el cadáver de Evita y abrazó a Rojas y, naturalmente, las banderas de Perón y Evita. La presidenta fue más moderada, en virtud de su investidura, aunque aportó algunos otros: el sesgo predemocrático, las minorías egoístas, el aguante, los argentinos que estrechan filas y las clases sobre vacas, trigo y soja. También invitó al Acuerdo del Bicentenario, pero tuvo que retirarse temprano del desfile.[11]
El kirchnerismo dispuso también de una corte de intelectuales –desde la última dictadura, siempre hay intelectuales disponibles para cualquier cosa en estos pagos- que festejaron su farsa. Me refiero al grupo de intelectuales que presentó una Carta Abierta, en abril, para intervenir en una supuesta “confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía” (véase Gutierrez y Maiello 2008).[12] La carta retomaba las consabidas alarmas con las que nuestros intelectuales progresistas, políticamente correctos, nos advierten periódicamente acerca de la peligrosa derecha que acecha en las sombras para justificar así su propio apoyo a la derecha que gobierna a la luz del día. La última alarma había sonado con motivo de la elección de Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en apoyo de la candidatura de Filmus.[13] Pero aquí sólo interesa remarcar que si la presidenta, el ex presidente y sus funcionarios y seguidores resucitaron, pasaron revista y pusieron a desfilar a los muertos vivos de la mitología populista, los intelectuales progresistas disfrazaron esos muertos vivos con los harapos académicos más curiosos. Supimos así de un “clima destituyente” que vendría a ser “golpismo”, pero “no, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional”, sino en el sentido de “un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental”. Nuestros “integrantes de mundos políticos e intelectuales” agradecieron al kirchnerismo por instalar “un debate que involucra a la historia, a la persistencia en nosotros del pasado y sus relaciones con los giros y actitudes del presente” y denostaron la “práctica de auténtica barbarie política diaria” que “consiste en la gestación permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva”, porque estaban resueltos a “oponer a los poderes de la dominación la pluralidad de un espacio político intelectual lúcido en sus argumentos democráticos”, y así sucesivamente (Página 12 15/5/08). Y no vaya a creerse que esta suerte de guerra de las galaxias narrada entre las cuatro paredes de una cátedra de Ciencias de la Comunicación de la UBA no aportó lo suyo al escenario principal de la farsa: en su primera reunión, el nuevo Consejo Nacional del PJ debutó unos días más tarde con un documento en el que denunciaba un “ataque antidemocrático con ánimo destituyente” (Página 12 28/5/08)…
Recordemos que el kirchnerismo había intentado revestir los superávits fiscales con los que había engrosado las reservas con una virtuosa austeridad republicana acorde con la recuperación del estado como instrumento de un proyecto nacional y popular, convertir los pagos de deuda externa con los que había superado el default en un renacimiento de la autonomía del estado y la independencia de la nación, rodear las concesiones a las empresas privatizadas en materia de marcos regulatorios, subsidios, inversiones y salarios con alaridos acerca de revisiones y rescisiones de contratos, y demás (Bonnet 2007a). No puede sorprender que esta vez, en su acto culminante, haya intentado recubrir el reparto de la renta agraria entre distintas fracciones de la burguesía con los harapos de la heroica lucha del pueblo contra el antipueblo.
Pero dejemos atrás estos raros discursos y vayamos a la crisis del kirchnerismo. Puede decirse que la administración de Kirchner había sido exitosa en la medida en que había retomado y completado la tarea iniciada por su predecesora, la de Duhalde, consistente en revertir la profunda crisis de acumulación y dominación que culminó en diciembre de 2001 preservando, al mismo tiempo, los avances de la reestructuración capitalista que la gran burguesía había impuesto en los noventa. Pero es importante distinguir entre el consenso que acompañó al kirchnerismo en 2003-2007 y una hegemonía política sólida como la menemista de 1989-2001. El consenso kirchnerista simplemente acompañó una política gatopardista que, en condiciones económicas favorables, se limitó a preservar la reestructuración capitalista alcanzada en el marco de una hegemonía neoconservadora durante la década previa. La capacidad política del kirchnerismo era, fundamentalmente, ni más ni menos que la contrapartida de la incapacidad política del resto para ofrecer una alternativa al mismo –incluyendo, desde luego, a la propia izquierda social y política. Téngase en cuenta, especialmente, la ineptitud tanto del arco centroizquierdista como del derechista para organizarse como alternativa político-electoral, que vino ratificando la posición del PJ como único partido en condiciones de gobernar. Esto explica, en última instancia, el que alcanzara con este primer desafío político importante, el lock-out de la burguesía agraria, para poner en escena sus estrictas limitaciones.
Veamos ahora la manera en que la administración de Fernández de Kirchner enfrentó dicho desafío para advertir estas limitaciones. Virtualmente, no hubo respuesta alguna que el kirchnerismo no ensayara, y, absolutamente, no hubo ninguna en la que acertara. La presidenta intentó ignorar sin más la ofensiva de la burguesía agraria durante las dos primeras semanas del conflicto, hasta que ya no pudo seguir haciéndolo (del anuncio de las retenciones móviles el 11/3 a su discurso del 25/3). El kirchnerismo midió fuerzas con la burguesía agraria en las calles, pero fue superado en su capacidad de convocatoria (en los citados actos del 25/5 y 15/7). El gobierno reprimió las acciones de la burguesía agraria, tanto mediante fuerzas de seguridad como mediante el empleo de organizaciones sociales y sindicales afines como fuerzas de choque (despeje de ruta por la Prefectura en San Pedro el 29/3, represión y detenciones por la Gendarmería en Gualeguaychú el 14/6, ataque del Movimiento Evita y la FTV a los manifestantes de Plaza de Mayo el 25/3, presiones de los camioneros de Moyano sobre los cortes de ruta desde el 20/3) rodeándolas así, involuntariamente, de un mayor consenso. El gobierno se sentó a negociar con la burguesía agraria y, a la vez, saboteó y dilató dichas negociaciones (ambas cosas en la tregua de 30 días de abril: concesiones de Lousteau, presiones de Moreno, promesas de Fernández, desautorizaciones de Kirchner, y así sucesivamente). La presidenta anunció sobre la marcha un plan social de construcción de hospitales, caminos rurales y viviendas populares solventado con una porción de las retenciones (el 9/6 por cadena nacional) sin que nadie le creyera. Y el gobierno, finalmente, envió el asunto al parlamento sin contar de antemano con una mayoría segura y, el 16/7, fue derrotado en el Senado gracias al voto de senadores propios y de su propio vice-presidente! Esta increíble ineptitud política vino así a confirmar, retrospectivamente, que la aparente capacidad política del kirchnerismo no había sido sino la mera contrapartida de la incapacidad política del resto.
Dijimos que esta incapacidad afecta también a la izquierda social y política. Veamos su intervención durante el conflicto. Hay que reconocer antes que nada que este tipo de conflictos plantea desafíos muy complejos para la izquierda, pues enfrentan a un gobierno burgués con un sector de la propia burguesía. Se trata más precisamente, en este caso, de un enfrentamiento entre distintas fracciones burguesas, una de ellas coyunturalmente enfrentada con el gobierno, alrededor de la apropiación de la renta agraria. Esta complejidad, sin embargo, no justifica los desatinos políticos cometidos por una parte importante de esa izquierda durante el conflicto. Empecemos por el más evidente: el apoyo a la burguesía agraria en su pugna por apropiarse de la mayor parte posible de la renta. Y empecemos recordando que esta apropiación de renta es una relación de explotación. La renta es plusvalor remanente por encima de la tasa media de ganancia, que se origina en la apropiación privada monopólica de esta condición social de la producción que es la tierra. El apoyo a la burguesía agraria en su pugna por apropiarse de la mayor parte posible de la renta, en consecuencia, es sencillamente reaccionario por definición (véase Astarita 2008: XI).
Pero importa aclarar que no estamos considerando como reaccionaria la defensa de la renta agraria porque equivalga a la defensa del ingreso de una vieja aristocracia terrateniente, ya extinta, sino porque, reestructuración capitalista del agro pampeano mediante, equivale a la defensa del ingreso de una moderna burguesía agraria.[14] El desarrollo capitalista tiende a subsumir crecientemente a la producción agraria a sus propias leyes: a convertir a la renta diferencial de tipo II en la modalidad dominante de renta y a otorgar una mayor centralidad a la ganancia. Es decir, tiende a convertir en la modalidad dominante de renta a la proveniente de las sucesivas inversiones de capital incorporadas de manera permanente en la tierra y usufructuadas por el terrateniente, en desmedro de la proveniente de las diferencias naturales de productividad entre las tierras y de la renta absoluta proveniente de una menor composición orgánica del capital agrario -sustraído de la tendencia a la nivelación- respecto de la composición orgánica media de la economía. Y, a esta altura, ya es evidente que el agro pampeano viene sufriendo, desde mediados de los sesenta, un intenso proceso de reestructuración. El aumento del monto de la inversión de capital en relación con la tierra y el trabajo empleados, la reducción absoluta del número de trabajadores asalariados, el aumento continuo de la productividad del trabajo son componentes de esta reestructuración desde sus inicios (Bocco 1991) y se intensificaron durante la última década. A propósito del sector de la burguesía agraria que lideró esta reestructuración (unos 1.000 grandes propietarios del 60% de la tierra, con 2.500 a 5000 has. cada uno), Pucciarelli y Castellani (1998: 69) afirmaban a fines de los noventa que “las nuevas inversiones, los cambios tecnológicos y la adopción de la agricultura deben haber generado un sustancial aumento del valor de la producción en los grandes establecimientos. Aumento del valor que, si tenemos en cuenta la evolución del mercado, obedece mucho menos a la elevación de precios que al aumento de los rendimientos físicos y económicos. Aumentos que han modificado seguramente el papel que la renta había jugado tradicionalmente en la composición del beneficio global del productor. La ganancia se halla ahora mucho más estrechamente asociada a la innovación de métodos y a la inversión de capital que a la renta de la tierra, en un contexto que ya no premia como antaño con mejores precios las ventajas naturales del suelo pampeano”. Los pools de siembra, que alcanzaron el estrellato durante este conflicto, no son sino la versión más moderna de las empresas capitalistas agrarias resultantes de ese proceso.
Volvamos a los partidos de izquierda que cuidan los ingresos de esta burguesía agraria. Todos ellos invocaron una supuesta estructura de clases existente en el agro y movilizada en el conflicto, dentro de la cual la izquierda maoísta (el PCR-CCC) insistió en apoyar a unos presuntos campesinos y una porción de la izquierda trotskysta (encabezada por el MST) decidió sorpresivamente apoyar a unos presuntos chacareros. La posición adoptada por la primera era previsible a sabiendas de su tradición –y de su militancia en una corriente interna de la FAA: convocó a una supuesta unidad obrero-campesina contra el gobierno: “la simultaneidad de los estallidos y paros obreros con la rebelión de los productores del campo, crea condiciones para avanzar en la unidad que es la base para enfrentar la política kirchnerista. Los trabajadores en las ciudades y los productores en el campo cortan las calles y las rutas, siguiendo el camino abierto por el Argentinazo” (Hoy 1208, 19/3/08). Pero esta posición enfrentaba una dificultad: la mayoría de esos campesinos no se contaban entre los que cortaban las rutas, sino que estaban en contra de los mismos e, inversamente, los que cortaban las rutas no eran campesinos.[15] Los verdaderos campesinos, que sobreviven en las economías regionales extra-pampeanas, en el mejor de los casos, son ajenos a la producción extensiva de cereales y oleaginosas para la exportación y, en el peor, son sus primeras víctimas en la medida en que pierden sus tierras con la expansión de la frontera agraria que esta producción impulsa -y así vienen enfrentándola desde los noventa! (Giarracca 2008 y Domínguez y Sabatino 2008). Y cabe agregar que, en cualquier caso, son un sector marginal dentro de la estructura social argentina, de manera que la maoísta es desde el vamos una estrategia política carente de sujeto. Los pequeños y medianos productores pampeanos de cereales y oleaginosas, por su parte, no son campesinos sino granjeros que logran vivir de rentas y/o ganancias integrándose de manera subordinada a la moderna producción capitalista agraria pampeana o se arruinan cayendo afuera de la misma.[16]
El apoyo a estos granjeros por parte de una porción de la izquierda trotskysta resultó, en cambio, mucho más imprevisible que el maoísta. El periódico del MST, por ejemplo, convocó a la unidad entre “los trabajadores y la clase media de la ciudad” y “los pobres y sectores medios del campo”. Pero los últimos ya no eran campesinos. “El campo, como la ciudad, también tiene clases sociales, no sólo la minoritaria y privilegiada oligarquía, sino también los absolutamente mayoritarios pequeños y medianos productores, chacareros, peones y trabajadores rurales” (Alternativa Socialista 472, 3/4/08). Su análisis partía de grupos sociales realmente existentes en el capitalismo agrario pampeano: trabajadores asalariados y granjeros. Pero enfrentaba dos pequeñas dificultades, una con cada uno de dichos grupos. La referencia a los “peones y trabajadores rurales” no venía a cuento pues en ningún momento sus intereses habían estado en juego durante el conflicto –y, ciertamente, ni la burguesía agraria grande ni la pequeña, que clamaban por su renta, habían sumado sus demandas a las suyas. Esto a pesar de que los aproximadamente 1.300.000 trabajadores asalariados rurales (un 10% de ellos en la región pampeana) son uno de los sectores más castigados de la clase en cuanto a precariedad (75% de empleo en negro) y salarios ($ 1.500 promedio en marzo) (Neiman 2008). La referencia a los “pequeños y medianos productores, chacareros”, venía más a cuento porque, como dijimos, estos desempeñaron un papel protagónico en el conflicto: el papel de infantería al mando de los generales de la SRA. Pero menos a cuento venía que un partido de izquierda convocara a sumarse a esta infantería. En realidad, no hay razón estratégica alguna que indique que la izquierda deba apoyar las demandas de apropiación de plusvalor en concepto de renta o ganancia de estos sectores pequeños o medianos de la burguesía agraria –aún cuando estuvieran disputando dicho plusvalor con los grandes. Y para peor, en el conflicto que nos ocupa, estos sectores pequeños y medianos de la burguesía agraria se subordinaron a los grandes en su demanda conjunta de apropiación de una porción mayor de plusvalor frente al estado y otras fracciones de la burguesía, de manera que ni siquiera pueden esgrimirse razones tácticas. La única razón que parece quedar es un lamentable oportunismo.
Pasemos ahora al desatino opuesto, menos evidente, aunque no menos grave, de la izquierda: el apoyo al gobierno en contra de la burguesía agraria. El gobierno intentó presentar este enfrentamiento entre distintas fracciones de la burguesía alrededor de la apropiación de la renta agraria como una disputa sobre la distribución de la riqueza entre el pueblo y la oligarquía, mediante el argumento de que el aumento de las retenciones apuntaba a contener el aumento de los precios de los alimentos porque los desvinculaba de los internacionales.[17] Y además empleó subsidiariamente otros tres argumentos: que la movilidad de las retenciones reducía la incertidumbre que afectaba a la inversión agraria a raíz de las grandes fluctuaciones de los precios internacionales, que la diferencialidad de las retenciones reducía el incentivo a producir soja y revertía la sojización y que el incremento en la recaudación derivado del cambio del régimen de retenciones se destinaría a gastos sociales.
Ninguno de estos argumentos era disparatado, desde un punto de vista técnico-económico. Por esta razón un grupo de conocidos economistas “comprometidos con la reindustrialización y un modelo de crecimiento con empleo, distribución equitativa de la riqueza e inclusión social” pudo avalarlos en su conjunto en una solicitada que titularon, muy sintomáticamente: Los economistas rechazamos el lock out.[18] Pero en los hechos no estaban rechazando el lock out como economistas, desde una supuesta ciencia, sino apoyando al kirchnerismo como intelectuales, desde una posición política. Porque todos esos argumentos eran no menos falsos, desde un punto de vista político. Un aumento de las retenciones hubiera podido desvincular en mayor medida los precios internos respecto de los internacionales y, en consecuencia, tendido a desacelerar el aumento de estos últimos. Pero esta no era la finalidad perseguida por el aumento de las retenciones. Las retenciones inciden mucho más indirectamente sobre los precios de los productos que componen la canasta familiar que otros instrumentos anti-inflacionarios. La producción de soja y girasol y sus derivados están decididamente orientadas hacia la exportación: se exportaban 6,3 de los 7,2 millones de toneladas del aceite de soja que se producen y 1,4 de las 1,7 millones de toneladas del de girasol. E incluso, dentro del alza generalizada de los precios internacionales de los alimentos que venía registrándose desde mediados de la década, los precios del trigo y el maíz aumentaron en mayor proporción que los de la soja y el girasol, mientras que el gobierno aumentó las retenciones a las exportaciones de estos pero redujo levemente las retenciones a las exportaciones de aquellos.[19] El componente exógeno, además, es sólo un componente de la inflación doméstica, junto con otros endógenos. Y, en cualquier caso, hay otros instrumentos que actúan mucho más directamente sobre el costo de la canasta familiar, como la desgravación de los productos y servicios de consumo masivo.
Los otros tres argumentos son mucho más endebles. Algunos analistas afirmaron que la supresión de la volatilidad de los precios internacionales hubiera afectado a los mercados de futuros y a los sistemas de comercialización y acopio. Pero, en cualquier caso, la burguesía agraria dejó en claro que prefería seguir rigiendo sus decisiones de inversión por rentas mayores aunque fluctuantes, a pesar de la incertidumbre, que por rentas fijas aunque menores. Este argumento pronto fue archivado. Nadie consideró en serio la repentina preocupación del gobierno por la ecología o la soberanía alimentaria, amén de que incentivar la producción de trigo y maíz reduciendo las retenciones a su exportación podría resultar contradictorio con aquella supuesta intención de contener los precios de la canasta familiar. Y mucho menos la ocurrencia de último momento de que la recaudación derivada del cambio del régimen de retenciones se destinaría a gastos sociales.
Hasta el 9 de junio de 2008, el kirchnerismo narró el originalísimo relato del primer impuesto de la historia que un gobierno aumenta sin fin recaudatorio alguno; ese día, la presidenta corrigió el relato por cadena nacional: en realidad, se recaudarían unos USD 1.300 millones extra, pero serían destinados a hospitales, viviendas y caminos (Clarín 10/6/08). Y también el ex presidente se sinceró, un poco después: “si se suspenden las retenciones, ¿con qué vamos a pagar la salud, los hospitales, las obligaciones externas de los argentinos?” (La Nación 4/7/08). A la luz de los montos a los que ascendían los vencimientos de deuda externa para 2008 y 2009, así como de los anuncios de pago de la deuda con el Club de París y de re-negociación con los hold-outs realizados antes del recrudecimiento de la crisis financiera mundial, acaso el ex presidente se haya sincerado demasiado...[20] Antes, el kirchnerismo había salido del default, pagando; ahora, quería evitar volver a caer en ese default, pagando. Pero pagando sólo una parte de la deuda. La otra parte quería refinanciarla en el mercado financiero internacional, a cuyos brazos quería volver, pagando. (Y eventualmente otra parte más la pagarían los jubilados en casa, a través de las AFJPs –antes de que fueran estatizadas- y la ANSES.) Pero semejante ratificación de la recuperación de la autonomía del estado y la independencia de la nación requería (Bonnet 2007a), esta vez, una guerra sin cuartel contra la antipatria.
Estamos de nuevo ante el consabido enfrentamiento entre distintas fracciones de la burguesía alrededor de la apropiación de la renta agraria. Pero no nos referimos a un enfrentamiento entre una supuesta fracción agraria (representada por las organizaciones de la burguesía agraria) y otra supuesta fracción financiera (representada por los organismos financieros internacionales). El equilibrio (digamos cuasi-bonapartista) entre distintas fracciones burguesas que las administraciones kirchneristas intentaron sostener durante el lustro pasado y que entró en crisis en su conflicto con la burguesía agraria es más complejo. En primer lugar, porque esas fracciones se definen de una manera más compleja (la agroindustria e incluso parte de la banca se alinean con la burguesía agraria, las empresas de servicios públicos privatizadas suelen alinearse con la financiera, etcétera). Y en segundo lugar, más importante aún, porque los intereses del agro y las finanzas no son los únicos en jugo en el conflicto (quizás la presión de los vencimientos de deuda sobre el presupuesto haya sido la más intensa en esta coyuntura, pero también está la presión de los innumerables subsidios directos e indirectos a los servicios públicos, a la industria, etcétera)
La otra precisión que debemos añadir es que, si bien en un comienzo la decisión del gobierno de cambiar el régimen de retenciones persiguió fundamentalmente un objetivo recaudatorio, a partir de cierto momento del desarrollo de su conflicto con la burguesía agraria la insistencia del gobierno en su decisión pasó a responder a razones predominantemente políticas. La diferencia entre ambos regímenes de retenciones hubiera involucrado, a los precios internacionales de las oleaginosas de ese momento, un aumento de la recaudación de unos USD 1.500, contra vencimientos de deuda de unos USD 16.000 o un gasto público de unos 60.000 millones para 2008. Esa cifra, aunque significativa, no compensa ni los costos económicos ni los costos políticos del conflicto. La insistencia del gobierno en su decisión, a partir de cierto momento, pasó a responder al objetivo de imprimir una suerte de derrota aleccionadora al lock out agrario. Un diario puso en boca del ex presidente una frase que sintetiza este objetivo: “los voy a poner de rodillas” (Crítica de nuestro tiempo 4/5/08). El resultado fue la genuflexión del ex presidente. Pero, aún dejando de lado este resultado, la decisión era disparatada desde el punto de vista de la propia política burguesa. Digamos que el gobierno kirchnerista no intentó imponer una derrota política aleccionadora a la clase trabajadora con amplio respaldo de la burguesía (como el gobierno menemista cuando la huelga ferroviaria de 1990-92), sino una derrota política aleccionadora a una fracción de la burguesía sin apoyo significativo de las restantes fracciones de la misma y en su propio beneficio político. Y la burguesía en su conjunto, incluso aquellas fracciones que apoyaban las retenciones móviles, condenó este exceso de autonomía exigiendo una y otra vez que el gobierno negociara.
A esta altura, va de suyo que el apoyo que brindaron ciertas organizaciones de la izquierda social y política al gobierno en su puja con la burguesía agraria fue, en este marco de enfrentamiento entre distintas fracciones de la burguesía, un desatino político. Sólo vamos a añadir otras tres consideraciones. Hubo, en primer lugar, una modalidad de ese apoyo que convirtió a las organizaciones sociales y políticas involucradas (la FTV, el Movimiento Evita, el Movimiento Barrios de Pié y otras) en fuerzas de choque a las órdenes del gobierno. Esta conversión constituye la más profunda degradación de las prácticas de lucha de los trabajadores: viene a ratificar desde abajo la convicción reaccionaria de que la clase trabajadora, lejos de ser un sujeto capaz de emanciparse a sí mismo, es una masa de maniobra al servicio de la burguesía. Las acciones serviles de estas organizaciones fueron así decididamente reaccionarias.[21]
Existe, en segundo lugar, una razón para rechazar ese apoyo brindado por las organizaciones de la izquierda al gobierno que es más profunda e independiente de las características de este conflicto en particular. Dijimos antes que la administración de Kirchner había retomado y completado la tarea de revertir la crisis de acumulación y dominación de 2001. El ítem decisivo en esa tarea había sido desactivar el ascenso de las luchas sociales que había conducido a dicha crisis. Y en este ítem el kirchnerismo había sido especialmente exitoso: no sólo había terminado de desactivar ese ascenso de las luchas sociales, sino que había sumado el apoyo activo de una considerable porción de organizaciones sociales y políticas, piqueteras, partidarias y de derechos humanos a su farsa. El objetivo político prioritario de la izquierda en esta coyuntura del lock out agrario era, en consecuencia, minar el apoyo que esas organizaciones sociales y políticas (y la clase trabajadora en su conjunto) venían brindando al gobierno, en lugar de contribuir a reforzarlo enrolándose en su supuesta cruzada contra la burguesía agraria. Aún en caso de que pudiera afirmarse que, en este conflicto, las organizaciones de la burguesía agraria representaban intereses más reaccionarios que los representados por el gobierno, la independencia política de la clase trabajadora y sus organizaciones era mucho más importante que la imposición de estos sobre aquellos.[22]
Puede objetársenos, en tercer lugar, que no apoyar a ninguno de los dos bandos en el conflicto era adoptar una posición abstracta que privaba a la izquierda de su capacidad de intervención en el mismo. Pero hay que replicar, primero, que intervenir políticamente en un conflicto no equivale necesariamente a tomar partido por uno de los bandos en disputa –en caso contrario, por ejemplo, la izquierda solo podría intervenir ante una guerra tomando partido por uno de los ejércitos enfrentados. Esta objeción, entonces, sólo puede ser correcta en determinadas circunstancias. Y hay que replicar que, en las circunstancias de este conflicto, esta objeción es incorrecta. Si, a pesar de todo, la negativa a apoyar a alguno de los dos bandos era una posición abstracta, lo era simplemente porque la izquierda social y política contaba de antemano con muy escasa capacidad de intervención en el conflicto.
A manera de conclusión
Escrito más de un año atrás, repasemos ahora las perspectivas abiertas por el conflicto agrario. Comencemos por las dimensiones de esta crisis del kirchnerismo. La propia ruptura del bloque en el poder, con la defección de la fracción burguesa vinculada directa o indirectamente con la producción agraria y agroindustrial (ante una actitud, agreguemos, más bien pasiva de sus restantes fracciones), es la primera dimensión de la crisis política del kirchnerismo. Esta ruptura del bloque en el poder es la primera desde aquella entre los partidarios de la continuidad y profundización de la convertibilidad del peso a través de la dolarización y los partidarios de la devaluación del peso, que se registró entre 1999 y 2001 y se saldó con la devaluación de la administración de Duhalde a comienzos de 2002 (Bonnet 2008: VI). Desde aquella coyuntura hasta este conflicto con la burguesía agraria, ninguna de las fracciones de la burguesía había sacado los pies del plato servido por el kirchnerismo. Y, aunque esta ruptura del bloque aún no se expresó plenamente en la organización de una alternativa política al kirchnerismo, representa ya en sí misma un componente de la crisis política del mismo.
El conflicto, en segundo lugar, impactó duramente en las propias filas de la administración kirchnerista. Desató una crisis de gabinete que cargó sucesivamente con el ministro de economía Lousteau, el ministro de interior Fernández, hombre clave de ambas administraciones kirchneristas, y el secretario de agricultura Urquiza. Enfrentó además con el ejecutivo nacional a varios gobernadores justicialistas (a Schiarretti pero también, menos ruidosamente, a Uribarri, Colombi, Jaque, Gioja, Brizuela del Moral, Herrera y Das Neves) y a la muchos de los intendentes y consejales justicialistas del interior de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y partió los bloques parlamentarios oficialistas. Las retenciones se impusieron en Diputados por una ajustada mayoría de 129 contra 122 votos, para caer en Senadores tras un empate en 36. En ambos casos, el kirchnerismo no contó con los votos de varios representantes del PJ e incluso del Frente para la Victoria (15 Diputados y 13 Senadores) y de sus aliados (Frente Cívico y Social de Catamarca, Concertación, Movimiento Popular Neuquino y Frente Cívico de Santiago del Estero) (Perfil 5 y 16/7/08). La coalición de gobierno, para finalizar, quedó irreversiblemente cuestionada después del voto en contra del vice-presidente Cobos en el Senado.
Y, en tercer lugar, el conflicto despejó el terreno para la organización de alguna alternativa de recambio del kirchnerismo, desde afuera y/o desde adentro justicialismo. El mencionado voto en contra de Cobos abrió la posibilidad de cierta recuperación de la alicaída y dividida UCR y de integración en una coalición opositora de centroizquierda con el PS de Binner y la Coalición Cívica de Carrió. Esto, sin embargo, sigue siendo sólo una posibilidad. Más probable es la integración de una coalición opositora de derecha, pues puede conjeturarse que el hecho de que no fuera un nuevo ascenso de las luchas sociales sino una avanzada profundamente reaccionaria de una fracción de la burguesía la que iniciara esta crisis del kirchnerismo se impondrá de alguna manera en el sistema político. Las fuerzas de derecha preexistentes, en los hechos, no parecen haber mejorado sensiblemente su posicionamiento a partir de esta crisis política. Sin embargo algunas de estas fuerzas (como el macrismo), combinadas con los sectores del PJ que arrastre la defección respecto del oficialismo de ciertos referentes importantes del mismo (Duhalde, Solá, Reutemann) puede nutrir alguna alternativa de derecha.
En síntesis, esta crisis política abrió un escenario característico en el que, después de cinco años, el kirchnerismo parece comenzar a perder iniciativa y consenso. Las distintas fracciones de la burguesía reclaman, cada vez más violentamente, por sus intereses inmediatos; la iglesia toma aún mayor distancia del gobierno; los medios masivos de comunicación, hasta ayer condescendientes, se convierten en medios de la oposición; la burocracia sindical se inquieta; las fuerzas políticas opositoras, débiles y dispersas, empiezan a reagruparse y a envalentonarse; el apoyo se deteriora entre los trabajadores. Y el gobierno pierde paulatinamente su iniciativa hasta quedar merced a los vaivenes de la coyuntura. Las crecientes repercusiones en la economía doméstica de la crisis financiera global, que ya está hundiendo en la depresión el mercado mundial, pueden por sí mismas volver irreversible esta pérdida de rumbo del kirchnerismo. La razón es sencilla. El kirchnerismo no reemplazó los mecanismos de disciplinamiento de mercado sobre los trabajadores vigentes durante la década de los noventa y colapsados en 2001, sino que simplemente navegó en el gatopardismo durante un lustro de bonanza económica (Bonnet 2007b). Y, si se acaba la bonanza, se acaba el gatopardismo.
Referencias
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Enviado por el autor para Herramienta en junio 2010. Existe una versión más extensa como ponencia al IV Coloquio Internacional de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico Latinoamericano (SEPLA), que se realizó en Buenos Aires en octubre de 2008.
[1] El kirchnerismo remite de aquí en más a las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, de manera que el período en consideración se inicia en mayo de 2003 y se prolonga hasta el presente.
[2] El mayor conflicto social rural de la historia argentina previa fue el llamado Grito de Alcorta de 1912, pero sus protagonistas (los pequeños y medianos productores agrarios inmigrantes de la pampa húmeda de entonces, organizados de manera independiente y aliados a estibadores, braceros y otros trabajadores rurales) y sus reclamos (mejoras en su relación de arrendamiento, aparcería o mediería), así como las condiciones generales de la producción agraria, eran muy diferentes de los actuales. El régimen de tenencia del arrendamiento tradicional (que ya no sólo era usado por pequeños productores agrarios sino también por grandes productores pecuarios y mixtos que ampliaban así su capacidad productiva) comenzó a declinar ya en la década de 1920. Y aquellos chacareros trigueros de Berni son hoy una especie en vías de extinción (Barsky y Pucciarelli 1991).
[3] La primera característica decisiva del conflicto fue, justamente, la unidad en la acción prácticamente monolíticaque mantuvieron estas organizaciones agrarias. Desde luego que subsisten diferencias parciales entre los intereses económicos de las distintas fracciones que esas organizaciones representan y sus dirigentes las manifestaron en algunos momentos del desarrollo del conflicto, pero nunca permitieron que pusieran en entredicho aquella unidad en la acción.
[4] Las cuatro organizaciones presentaron sendos programas conjuntos a los gobiernos de Menem en 1994 y De La Rúa en 2001. CRA, CONINAGRO y FAA (con SRA en dos casos) realizaron 9 protestas agrarias nacionales con lock-outs comerciales y marchas y cerca de 20 asambleas y movilizaciones locales y regionales durante los noventa (Lattuada 2006: VI). Estas acciones conjuntas se intensificaron a fines de la década y, desde el inicio del gobierno de Kirchner, cada nueva medida atinente a precios, retenciones o cupos de exportación de cereales, oleaginosas, carnes o leche enfrentarían nuevas asambleas, movilizaciones, marchas y lock-outs. La acción más importante, hasta este lock-out de marzo-julio de 2008, fue indudablemente la encarada por los productores de carne en 2006.
[5] Véanse, en este caso, las declaraciones de Buzzi (Clarín 31/3/08) frente a los reintegros de retenciones, compensaciones de costos diferenciales de fletes, apertura de las exportaciones de trigo, incentivos a las producciones de mayor valor agregado, créditos blandos y creación de una subsecretaría anunciados por Lousteau el 30 de marzo (y parcialmente implementados mediante las resoluciones 284 y 285 anunciadas el 17 de abril).
[6] La manera más sencilla de apreciar esta trama es revisando las 40 entidades que integran el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina (www.foroagroindustrial.org.ar), que incluyen a las citadas SRA, CRA y cámaras industriales, entre otras varias, pero también asociaciones de bancos (ABA y ADEBA), bolsas de cereales y comercio (Rosario, Santa Fé), etcétera. Un informe de este foro de fines de 2007 extraía las siguientes conclusiones: “De esa investigación surge que la eliminación de los derechos de exportación permitiría: - crear 300.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta; - contribuiría a reducir 6,9% la pobreza; - a la vez que se reduciría la recaudación en $ 2.580 millones, cifra que podría ser recuperada por mayores ingresos de otros impuestos y por una actividad agroindustrial creciente” (Porto y Nogués 2007). Y esta era la posición de la SRA: “ha llegado la hora de eliminar totalmente las retenciones”, había vuelto a reclamar Miguens en su discurso en la 141º Exposición Rural a mediados de ese año (La Nación 5/8/07).
[7] Véanse apenas estos tres ejemplos. El tractorazo y cacerolazo en Suipacha (Buenos Aires) en repudio al discurso presidencial del 25 de marzo (Página 12 25/3); el masivo acto, con cerca de 8.000 personas, en Jesús María (Córdoba) del 19 de abril (Perfil 20/4) y la asamblea reunida en Gualeguaychú (Entre Ríos) cuando la detención de De Angeli el 14 de junio (Clarín 15/6). “"Todos vivimos del campo y no pueden robarles más", disparaba un vecino del lugar frente a las cámaras de TV. "Voy a defender al campo porque trabajo de ellos, vivo de ellos", se sumaba a viva voz un lugareño dedicado a la industria metalúrgica” (Página 12 20/4). Testimonios como estos fueron usuales en estas acciones.
[8] Véase las posiciones de sus secretarios generales, G. Venegas y J. A. Fantini (La Nación 26/3 y 13/6 respectivamente).
[9] Blumberg convocó su mayor concentración (150.000 personas) en el Congreso el 1/4/04 (Clarín 2/4/08) y, a partir de entonces, otras cuatro (22/4/08, 26/8/04, 2/5/05 y 31/8/06), pero cada vez más espaciadas y menos masivas.
[10] El pacato Miguens había declarado el 31/7/04, en la inauguración de la 138º Exposición Rural, que “es hora de terminar con la confusión entre el derecho de peticionar y el delito de extorsionar”. El 20/3/08, en cambio, reconocía ante Radio 10 que “el piquete está de moda. Es la medida que más duele” (Página 12, 20/3/08). El Centro de Estudios Nueva Mayoría ya contabilizaba 1622 cortes de ruta agrarios en marzo de 2008, cifra que supera los cortes de ruta piqueteros del 2001 (1383) y que seguramente alcanzó a los del 2002 (2336) si le agregamos los registrados de abril a junio.
[11] Nos concentramos en este discurso porque estamos analizando la crisis del kirchnerismo, pero no podemos dejar de señalar que el de las patronales agrarias fue, a su vez, un muestrario perfecto de todos los lugares comunes de la reacción: desde el propio campo, dios, la virgen y la bandera de la patria, pasando por los políticos que deben hacer sus deberes de Roulet y el bife de chorizo a 80 pesos de De Angeli, hasta esa manera en que suenan los cachafaces en la boca de Forte y los huevos y mingas en la de Llambías.
[12] La Carta Abierta / 1 fue adelantada en la inauguración de la Feria del Libro, presentada completa en una mesa redonda integrada por N. Casullo, R. Foster, J. Sorín y H. Verbitsky en la Librería Gandhi y publicada en Página 12 el 15/5/08. La firmaban unos 1500, entre los que se encontraban los citados y J. P. Feinmann, F. Schuster, H. González, E. Rinesi, D. Viñas, A. Kaufman, N. Galasso, etcétera. El colectivo, entusiasmado, publicó inmediatamente otras dos: la Carta Abierta / 2 Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones, centrada en los medios masivos de comunicación (Página 12 4/6/08), y la Carta Abierta / 3 La nueva derecha (Página 12 11/6/08).
[13] La Carta Abierta / 3 no se privó de recordar este antecedente, advirtiendo contra una “nueva derecha” que “se piensa contra la política y contra sus derechos de ser otra cosa que gestión y administración de los poderes existentes” y mencionó a continuación la “ilusoria eficiencia empresarial del macrismo” (Página 12 11/6/08).
[14] Uno de los lugares ideológicos populistas más comunes durante el conflicto fue contraponer esforzadas ganancias de capitalistas a parasitarias rentas de terratenientes. Axel Kicillof, ahora gerente financiero de Aerolíneas Argentinas, argumentaba así que “la economía científica” (cientificidad que remitía a Ricardo y Marshall, no a Marx) enseñaba que “los dueños de las mejores tierras (como las de Argentina) se quedan con esa diferencia que no se debe a la inversión ni al esfuerzo sino a condiciones naturales” y concluía que “es falso entonces que las retenciones impliquen una confiscación de la ganancia legítimamente obtenida por los inversores, como en cualquier negocio” (escrito bajo el curioso título de “La teoría económica contra los argumentos del campo” en Página 12 30/3/08).
[15] Véanse los comunicados Algunas memorias ante las protestas del ´campo argentino´ del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y A propósito del paro agropecuario del Movimiento Campesino de Córdoba, del 20/3. Ambos son integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena, aunque también el Frente Nacional Campesino se pronunció en contra de la burguesía agraria. Las posiciones de estos movimientos también se plasmaron parcialmente en el comunicado del Frente Popular Darío Santillán Tierra, trabajo y soberanía alimentaria para todo el pueblo, del 25/3, aunque mezcladas con posiciones de la FAA.
[16] Las características de la estructura agraria pampeana fueron motivo de controversia. Para una reseña de los debates sobre concentración y centralización de la tierra (particularmente entre O. Barsky y A. Pucciarelli por una parte y E. Basualdo y M. Khavisse por otra) puede consultarse Barsky (1997).
[17] Los considerandos de la resolución 125/08 sólo contenían “Que los precios internacionales de cereales y oleaginosas han registrado un significativo aumento en los últimos años, con una elevada volatilidad de sus tasas de variación interanual” y “Que la persistencia de un escenario semejante podría repercutir negativamente sobre el conjunto de la economía a través de mayores precios internos, menor equidad distributiva y una creciente incertidumbre en lo que respecta a las decisiones de inversión del sector agropecuario”. Pero durante su anuncio Lousteau agregó un tercero: “se pretende un mayor equilibrio hacia el interior de la actividad agropecuaria”, es decir, revertir la sojización (La Nación 12/3/08). Y la presidenta agregó un cuarto argumento cuando anunció la creación por decreto 904/08 del “Programa de Redistribución Social” para la construcción de hospitales, viviendas y caminos con la recaudación extra aportada por las retenciones móviles (La Nación 10/6/08).
[18] Véase economistascontralockout.blogspot.com. Los economistas en cuestión eran, entre otros, E. Basualdo, J. Schvarzer, M. Rapoport, M. Kulfas, G. Lugones, A. Gak, E. Arceo, R. Feletti, H. Trinchero, A. Rofman, P. Español, G. Wierzba y la ex ministra F. Miceli. Véanse también los artículos de los economistas del CENDA de la UBA en Le monde diplomatique 107 y en el citado dossier del Suplemento Cash de Página 12 30/3/08.
[19] Entre 2005 y 2008 los precios internacionales del trigo y el maíz aumentaron 28,6 y 25,7% contra un aumento del 24,8% del precio del aceite de soja y un descenso del precio del aceite de girasol del 7% (del World Economic Outlook del FMI). La 125/08 aumentó las retenciones a la soja del 35 al 44,1% y al girasol del 32 al 39,1% promedio, mientras que redujo las del trigo del 28 al 27,1 y del maíz del 25 al 24,2%.
[20] Los vencimientos ascendían para 2008 y 2009, respectivamente, a unos USD 11.341 y 11.202 millones por amortizaciones, 4.287 y 3960 por intereses y 503 y 207 por cupones atados al PBI (Infobae 4/8/08). Se estimaba, a mediados de año, que el gobierno sólo pagaría unos 11.000 millones del total resultante, mientras que intentaría refinanciar otros 4.500 en el mercado doméstico (vendiendo compulsivamente bonos a la ANSES y las AFJPs) y otros 4500 en el internacional. Esta necesidad de regresar al mercado financiero internacional condicionó a su vez los anuncios de pagar la deuda pendiente con el Club de París, de USD 6.700 millones según el gobierno, con reservas de libre disponibilidad del BCRA (como había hecho Kirchner con la adeudada al FMI en diciembre de 2005) (Clarín 3/9/08) y de volver a negociar con los hold-outs (USD 31.000 millones que no habían entrado en canje realizado por Kirchner a comienzos de 2005) (La Nación 22/9/08). El recrudecimiento de la crisis financiera mundial en octubre, de todas maneras, suprimió este escenario.
[21] Un análisis más detenido de las relaciones entre estas organizaciones y el estado se encuentra en Bonnet (2009).
[22] Algunas organizaciones sociales y políticas sostuvieron posiciones que, aunque con múltiples matices, apuntaban a preservar esa independencia política de la clase trabajadora: me refieroa algunos partidos trotskystas (PO, PTS, MAS) y el FPDS. Y hubo dos solicitadas con cierta circulación, Ni con el gobierno ni con las entidades patronales ´del campo´ (en Página 12 23/5/08) y Otro camino para superar la crisis (en varios sitios web y extractos en Página 12 30/5/08), firmadas por varios intelectuales, militantes y organizaciones sociales y políticas, en el mismo sentido.
