La deuda odiosa de Grecia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento de la deuda acompañó el movimiento de liberalización financiera. Puede verse que recién tomó impulso en los años 1980. En Francia, en las condiciones políticas e institucionales posteriores a la Segunda Guerra mundial, el recurso al endeudamiento público fue muy limitado. Con la liberalización financiera todo cambió. Fue la introducción a partir de 1982-83 [2] de medidas que permitían la colocación en el mercado de obligaciones especializadas de títulos emitidos por el tesoro (lo que se conoce como “titulización”) lo que hizo dar un salto a la deuda. La misma pasó del 20 % del PBI en 1980 al 35 % en 1990, antes de que su crecimiento se acelerase a partir de 1991 hasta alcanzar el 60 % bajo el gobierno Juppé y casi el 64 % en 2007. La indemnización por las nacionalizaciones de 1980-81 dio impulsó al movimiento, pues fue un regalo para los grandes grupos mediante el cual el Estado socializó las pérdidas anteriores y efectuó la reestructuración antes de devolverlos muy rentables al sector privado. Luego vinieron los gastos de la ley de la Programación militar 1987-1991 (los Rafales y otros portaviones y submarinos nucleares), produciendo una nueva aceleración de la deuda. A partir de la recesión de 1991, el efecto conjugado de altas tasas de interés real y de un lento crecimiento (debido también a la implantación del euro) llevó al servicio por los intereses de la deuda a un nivel muy alto. El servicio de intereses es el segundo gasto del Estado, que sigue a la Educación nacional (excluyendo Universidades) y está por delante de todos los otros Ministerios, incluso el de Defensa.

 

La desreglamentación financiera incrementada por la euforia financiera de los años 2000 acentuó los efectos de la fiscalidad favorable al capital y de la evasión hacia los paraísos fiscales –Suiza, Luxemburgo, además de otros paraísos fiscales más exóticos– y la deslocalización sistemática de las sedes sociales de las empresas. El informe Pébereau de 2007 presenta la “competencia fiscal” como un efecto normal de la liberalización de los mercados, al que no hay más alternativa que adaptarse. Con los ingresos fiscales en caída y en la medida en que el endeudamiento constituye un atentado contra las generaciones futuras, solo queda recurrir a los cortes en el gasto presupuestario y la “reforma del Estado” –reducción del número de funcionarios y desmantelamiento del estatuto de los empleados públicos–. La deuda está en manos de los bancos, las sociedades aseguradoras y los fondos de inversión financiera (los Hedge Funds). A fin de 2003, los inversores franceses detentaban el 56 % de la deuda y los extranjeros, el 40 %. En 2006, se invirtieron las cifras. A fin de 2009, la parte en manos de los fondos extranjeros era del 69,8 %.

 

 

*estimación; **previsión. Fuente: Eurostat. Para Finlandia, la tasa de crecimiento está calculada a partir de 2008.

 

Puede verse que el nivel de endeudamiento era ya muy elevado antes de explotar gracias al salvataje de bancos y empresas dispuesto por Sarkozy en 2008. A fin de 2009, la deuda pública francesa representaba el 68 % del PBI (cercano, como muestra el cuadro, a la media de la zona euro) y el 12 % del presupuesto del Estado. En 2009 [3] el servicio de la deuda a los bancos y a los fondos de inversión (43 000 millones de euros), ya absorbe casi la totalidad del impuesto a los ingresos y es más alto que los ingresos del impuesto a las sociedades (35 000 millones). Esto significa que el servicio de la deuda, en realidad, pesa exclusivamente sobre los asalariados. Ya en 2010, la Agencia Francesa del Tesoro[4] colocó en el mercado de títulos de la deuda pública 120 000 millones de euros en nuevos títulos: ¡60 000 millones sólo en el mes de marzo! [5]

 

 

La deuda pública francesa puede ser políticamente caracterizada como ilegítima por tres hechos: 1) tiene su origen en la negativa a aplicar impuestos a los altos ingresos, el patrimonio y las ganancias y en el montaje de una verdadera “desregresividad del impuesto”: mientras más se gana, menos se paga ; 2) sus estrechos lazos con los paraísos fiscales y la “competencia fiscal” entre países; 3) por último, el destino de buena parte de esos gastos: compra de armas, operaciones militares en África y en Afganistán, represión en los suburbios.

Dado que esto es así, hay que actuar en consecuencia. Entrar a discutir, como hacen muchos economistas de izquierda, si es o no demasiado alta, o la manera de administrarla, es, quiérase o no, legitimarla. Desde que la Caja de depósitos perdió el monopolio de la Libreta A (con lo que el pequeño ahorro ya no sirve para financiar las viviendas sociales), y dado que los bancos ofrecen una tasa de interés inferior a la inflación, decir hoy que “no hay que olvidar el ahorro de la gente” invertido en préstamos al Estado es preocuparse por los intereses de las capas superiores de una “clase media” demasiado elástica, por aquellas capas que no están obligadas a gastar todo lo que ganan en el mes.

 

Pero si en Francia es ilegítima, en el caso de Grecia debemos señalar que la deuda adquiere rasgos de “deuda odiosa”. El cuadro muestra que en 2007, en vísperas del estallido de la crisis financiera y económica mundial, la deuda griega era ya elevada en términos de porcentaje del PBI (94,8 %), sólo superada por la cifra de Italia. El mecanismo de fondo es el que acabamos de recapitular para Francia. Las políticas fiscales de disminución de impuestos (sobre el ingreso, el patrimonio y las sociedades) redujeron los recursos presupuestarios y crearon un déficit público financiado mediante el endeudamiento. Pero, como ya he dicho, la deuda de Grecia tiene rasgos de “deuda odiosa”, utilizando la caracterización que se dio a la deuda de los países que antiguamente colocábamos en bloque bajo el nombre de Tercer Mundo. Las sumas prestadas sirvieron para alimentar la corrupción a gran escala. Sabemos ahora y desde hace varios meses que el gobierno del partido Nueva Democracia y el antiguo Primer ministro Costas Karamanlis falsificaron las estadísticas, con el doble objetivo de ocultar la magnitud de su clientelismo y de salvaguardar la imagen económica de Grecia ante la Unión Europea, el Banco Común Europeo y los inversores. Sin embargo, no se inició ningún proceso contra Karamanlis. En los casos en que se conoce la utilización de los fondos (pero no las comisiones ocultas que los acompañaron), se trata de gastos muy altos para emprendimientos relacionados con la realización de los Juegos Olímpicos en 2004 y, sobre todo, con la compra de armas.

 

Las compras de armas se relacionan directamente con la problemática de las deudas odiosas. Los datos preliminares del informe 2010 del SIPRI de Estocolmo,[6] que es la más importante fuente de información en la materia, revelan que Grecia fue uno de los cinco más importantes importadores de armas de Europa entre 2005-2009.[7] La compra de aviones de combate representa por sí sola el 28 % del volumen de sus importaciones, especialmente por la compra de 26 F-16 (de Estados Unidos) y de 25 Mirages 2000 (de Francia), este último contrato por un valor de 1 600 millones de euros. Pero la lista de equipamientos franceses vendidos a Grecia no para aquí; se cuentan también vehículos blindados (70 VBL), helicópteros NH90, misiles MICA, Exocet, Scalp y aeronaves no tripuladas Sperwer. Estas compras convirtieron a Grecia en el tercer cliente de la industria de defensa francesa en el curso de la pasada década. En 2008, las entregas alcanzaron 261 millones de euros. Otro experto en la investigación sobre ventas de armas, Jean-Dominique Merchet, explica que “Grecia estaba en discusión avanzada con Francia y Dassault para comprar Rafales por 50 millones de euros por pieza. Hoy, debido a la situación actual, todo esto quedará en la nada”.[8] Y Francia no es el único de los grandes productores de armas (están también los Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Alemania) que se las vendieron a Grecia empujándola a incrementar su deuda. Por ejemplo, sólo Alemania le vendió entre 2005 y 2009 varios miles de millones de euros en equipamientos (carros Leopard, submarino Typo 214, municiones).

 

Aunque la relación se establezca en Europa y no en África o en América Latina, esta combinación de endeudamiento externo contraído con bancos y fondos de inversión pertenecientes a los mismos países que las empresas vendedoras de armas revela un tipo de subordinación característico del imperialismo. La agencia Public Debt Management Agency, citada por Natixis,[9] detalla los poseedores de la deuda de Grecia por nacionalidad y por tipo de institución. Informaciones un poco diferentes fueron publicadas por el banco británico HSBC y otras más por fuentes francesas, en lo que constituye una perfecta demostración de la opacidad de las finanzas. Aquí utilizamos las del servicio dirigido en Natixis por Patrick Artus, cuyos datos frecuentemente citamos. Por nacionalidad, los inversores griegos tendrían el 29 % de la deuda, seguidos por los británicos (23 %), los franceses (11 %) y los alemanes (9 %). La parte de los norteamericanos no representaría más que el 3 %. Por tipo de inversores, los fondos de colocación financiera (Hedge Funds, administradores de activos y fondos de pensión) representan el 58% del total, por delante de los bancos (45 %), seguidos muy lejanamente por los bancos centrales (5 %).

 

En el caso de la deuda griega, los medios franceses se escandalizan por “la elevada exposición al riesgo de los inversores”. Pero el monto de la deuda griega es en 2010 de 300 000 millones de euros en tanto que, a título de comparación, cabría recordar que las pérdidas en 2008, con los créditos “subprima” que los bancos centrales y los gobiernos cubrieron sin vacilar, se acercaban a los 700 000 millones de euros. Se constata un fuerte contraste entre las cifras publicadas para “justificar” ante los franceses el plan de austeridad impuesto a Grecia y las cifras de muy débil exposición al riesgo publicadas por cada banco individualmente: para el BNP Paribas 5 000 millones de euros, a los que se agregan 3 000 millones de compromisos comerciales con empresas privadas griegas; para la Societe Générale, 3 000 millones de euros más una participación del 54 % en el banco griego Geniki; para el Crédit Agricole 850 millones de euros, 600 de los cuales para su filial griega Emporiki; para Axa, 500 millones de euros. Vale la pena comparar esto con los 320 000 millones de euros que fueron puestos en octubre de 2008 por el Tesoro para financiar el salvataje de los bancos y las grandes empresas francesas.

 

Más allá de estas cifras y sus eventuales divergencias, lo esencial está en otra parte. Está en el mecanismo de financiación de “la ayuda al pueblo griego” que el Partido Socialista dice estar “orgulloso” de haber votado como muestra de “solidaridad” y la brutalidad del plan de austeridad que los diputados y senadores socialistas apoyaron con su voto. Los medios proclamaron que “Francia ayuda a Grecia”. El ministro del Presupuesto Barouin precisó de inmediato que “esta ayuda no costará nada a los contribuyentes franceses”. Efectivamente, es dinero tomado por el Tesoro en el mercado a una tasa de interés de aproximadamente el 3 % y que será prestado a Grecia al 5 % (tasa inferior a la que Grecia ya debió pagar a fines de abril, superior al 11 %). “La ayuda” “solidaria”servirá entonces para enriquecer una vez más a los inversores financieros, reforzando así nuevamente su poder social y político.

 

En la extrema brutalidad de las medidas dispuestas y que el gobierno griego tiene la misión de tratar de imponer bajo el control permanente de supervisores extranjeros es, posiblemente, donde más se evidencian los rasgos de deuda odiosa de la deuda griega, así como la relación de carácter perfectamente imperialista entre países deudores y acreedores cristalizada en el rol del FMI. Las medidas “negociadas” por el gobierno griego con el FMI y el BCE incluyen el congelamiento de salarios y jubilaciones de la función pública durante cinco años y la quita del equivalente a dos meses de salario para los funcionarios. En lo referido a las jubilaciones, la edad legal, que es actualmente de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, pasará a ser dependiente de la esperanza de vida media. El tiempo de trabajo para tener derecho a una jubilación plena será progresivamente elevado de 37 años a 40 años en 2015. La base para el cálculo tomará en cuenta el salario medio de la totalidad de los años trabajados, en lugar del último salario. La tasa principal de la TVA, tras haber sido pasada del 19 al 21 %, es llevada al 23 %. Las tasas al combustible, el alcohol y el tabaco aumentan por segunda vez en un mes un 10 %. El estado reducirá sus gastos de funcionamiento (salud, educación) en 1 500 millones de euros. La liberalización de los mercados de transportes y energía será acentuada, así como “la apertura a la competencia” de profesiones protegidas. En el sector privado, el gobierno modificará la legislación que prohíbe a las sociedades despedir más del 2 % de sus efectivos totales por mes. La flexibilidad del trabajo será reforzada y las indemnizaciones por despido disminuidas.

 

El carácter de deuda odiosa que estas medidas muestran se relaciona tanto con la pauperización de millones de griegos que las mismas provocarán rápidamente, como con la certeza que tienen todos los economistas mínimamente independientes de su carácter fuertemente “pro cíclico”. Son medidas que desencadenarán mecanismos de recesión “suplementarios”, podríamos decir, a aquellos que la Unión Europea conoce ya, y cuyos efectos serán tan fuertes que el monto de los intereses necesarios para asegurar el servicio de la deuda no será jamás realmente reunido. Tarde o temprano será necesario pasar por algún “arreglo” para evitar el défault de pagos. Los sufrimientos que los asalariados, la juventud y las capas populares van a sufrir tiene entonces el único objetivo de hacer algunas punciones mientras sea posible, para demostrar así el poder político de los acreedores. In fine, las medidas impuestas a Grecia por intermedio del FMI y el Banco Central Europeo son una demostración por parte de las finanzas de su poder económico y político, poder que la crisis financiera y la recesión económica, por ahora al menos, reforzaron.

 

Al principio del artículo utilicé la palabra prudencia y timidez. Me parece que demasiados artículos se sitúan en el terreno de las instituciones europeas, del euro (“salida del euro”, “moneda única” o “moneda común”), de la transformación del Banco Común Europeo, etcétera. Otros textos preconizan la imposición a los grandes acreedores (banco, aseguradoras, fondos especulativos, particulares de gran fortuna) “en relación con las acreencias que ellos posean”, o incluso los más osados la suspensión del reembolso de la deuda pública, llamado también moratoria de la deuda. Hace tres años, yo mismo sostuve esta posición para Francia, pero hoy la considero excesivamente tímida e insuficiente. La moratoria no borra la deuda, posterga el pago para un poco después. Keynes la propuso para Turquía y los estados balcánicos en los años 1920 y el FMI siempre está dispuesto, como último recurso, a efectuar lo que se llama el “reescalonamiento” o la “reestructuración” de la deuda con fin de evitar el no pago.

 

Se ha abierto una nueva etapa de la crisis económica y financiera mundial iniciada en 2007. También de la lucha social, especialmente en Europa. La magnitud de las manifestaciones y la violencia de los choques en Grecia, así como el anuncio en más países cada vez (Portugal, España, Francia, Hungría, Rumania...; la lista no es limitativa) de planes de drásticos recortes en los gastos presupuestarios, deberían incitar a la izquierda anticapitalista y revolucionaria a reapropiarse de la vieja consigna de denuncia de la deuda, de negarse a pagarla. Era la consigna tradicional del movimiento obrero. En el curso de la Revolución de Octubre, la denuncia de la deuda contraída por el estado zarista le dio en los años 1920 un eco y un prestigio considerable. La crisis mundial en curso nos acerca en algunos aspectos de la crisis de 1929. ¿Por qué la denuncia (a veces se emplea también la palabra repudio) y no “anulación”? Porque el término anulación vale para la deuda de los países muy pobres y muy vulnerables y el llamado a la anulación se dirige a los países acreedores. Si se tratara, por ejemplo, de la deuda de Haití hoy, sería la consigna correcta. En Europa, cuna del imperialismo donde, por ahora, solo en Grecia asalariados y sectores de la juventud han dado muestras de estar dispuestos a pasar a la acción, la consigna que se impone es la que mejor exprese el proceso mediante el cual los trabajadores se levantan frente al capital y los gobiernos que siguen sus órdenes. En Europa, donde el pago de la deuda va a traducirse en todos los países, si es que no se traduce ya, en planes de austeridad drásticos, se impone la negativa al pago. En el caso de Rumania, el 10 de mayo el FMI anunció su “apoyo” a las medidas anunciadas por el gobierno, que incluyen una disminución del 25 % de los salarios en el sector público y 15 % en las jubilaciones y ayuda a los desocupados. En España, los salarios de la función pública serán reducidos un 5 % al mes de junio y se disminuirán las jubilaciones. Por todo esto, pienso que la izquierda anticapitalista y revolucionaria debe militar por la denuncia de la deuda. Ello significaría la desaparición del mercado de títulos de la deuda pública, paso decisivo hacia el cierre de las bolsas que podría acompañarse por la socialización del crédito a escala de Europa.

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