Estado y lucha de clases: una aproximación desde la política social en la Argentina neoliberal

Desde mediados de la década del ´90 se observa un desplazamiento del eje de la política social promovida por el Estado nacional: desde la protección de las condiciones de trabajo, en términos de derechos laborales y la prestación (pretendidamente) universal de ciertos bienes y servicios considerados básicos para el bienestar social, hacia la asistencia focalizada a grupos poblacionales específicos identificados como vulnerables, en función de la fragmentación de las problemáticas sociales.

Los programas sociales del nuevo siglo, presentados como respuesta al estallido de diciembre de 2001, expresan un intento por superar el desprestigiado asistencialismo. Pero el giro productivista que incentiva la generación de micro emprendimientos no supera, ni revierten dicho desplazamiento. La intención del presente artículo es indagar en las articulaciones y significaciones de tales cambios en la política social, respecto al debate en torno a la redefinición del papel del Estado en la lucha de clases en Argentina durante la etapa neoliberal.

 

En el capitalismo contemporáneo, las políticas sociales se presentan como un tipo específico de acción estatal orientada a garantizar la ciudadanía del sector social que vive de su propio trabajo. Para ello, las políticas sociales intervienen en las relaciones mercantiles regulando ciertos aspectos de los contratos laborales y facilitando el acceso a bienes y servicios indispensables para la reproducción de la vida.

En función de su legitimidad democrática, el Estado detenta la autoridad para mediar en los conflictos, garantizando la libertad de los individuos (aislados) y su igualdad ante la ley. De este modo, aparece como una institución que interviene desde afuera en las relaciones sociales. Por tal razón, las acciones estatales orientadas a regular ciertos sectores del mercado de bienes y servicios son pensadas en términos de intervención estatal en la economía, superando su ámbito natural.

Tal concepción del Estado expresa una relación de externalidad dicotómica entre lo político (el Estado) y lo económico (el mercado), y deja planteado un buen punto de partida para reformular esta relación.

En la crítica a la economía política clásica que Karl Marx realiza en El Capital, nos advierte que la Economía Política estudia las formas de la vida social prescindiendo de considerar su desarrollo histórico real, de este modo, el resultado del proceso social -lo que se ve- es tomado como dato y punto de partida, sin indagar en las determinaciones socio-históricas que han intervenido en la génesis de dicho proceso. Por tanto, la separación entre lo económico y lo político y consecuentemente, la constitución del Estado y del mercado como esferas separadas, no es un hecho natural, sino una construcción histórica.

En función de su relación con el Estado, todos los ciudadanos son libres e iguales. Pero, en las relaciones sociales que se establecen a través del mercado, nos encontramos con inmensas disparidades en las condiciones materiales de vida -provocadas por la desigual distribución de la propiedad sobre los medios de producción- y con la explotación del hombre por el hombre propiciada por la enajenación privada del trabajo social.

El obrero asalariado es tanto un factor económico de la producción como un ciudadano con derechos igualitarios. ¿cómo se puede dividir una persona en un ciudadano, por un lado, y un factor de producción por el otro? (...) el papel histórico del Estado burgués como protector de las leyes de propiedad privada conlleva al Estado como forma de las relaciones sociales de explotación. Sin embargo, siendo forma, parece quedarse fuera de las relaciones sociales como una institución por derecho propio cuya meta es salvaguardar, a través de las leyes, la buena conducta de las relaciones de intercambio libre y equitativo entre propietarios. (Bonefeld, 2005:46)

Tal como se plantea el fenómeno, no se trata de una simple separación de esferas, sino más bien de una contradicción esencial entre el poder del Estado que garantiza en términos abstractos la igualdad y la libertad y, la capacidad del mercado para reproducir la desigualdad y la explotación sobre la base de la libre compra-venta de mercancías.

Esta contradicción lleva a Marx a plantear que el Estado es un producto de la lucha de clases. La necesidad de garantizar la dominación de una clase sobre otra, bajo la apariencia de la neutralidad de clase, da lugar a la particularización del Estado y su reificación como esfera separada de las relaciones sociales de producción, como expresión del interés general.

En este sentido, Holloway (1994d:78) y Bonefeld (2005) destacan que la génesis del Estado capitalista se encuentra en la forma particular que adquiere la explotación. Las relaciones sociales de producción no son el contexto de surgimiento del Estado, por el contrario, éste es una forma[1] que asume la propia relación social capitalista.

El planteo retoma la pregunta formulada por Pashukanis:

¿Por qué la dominación de una clase no continúa siendo aquello que es, esto es, la subordinación de hecho de una parte de la población a otra parte? ¿Por qué adopta la forma de dominación oficial del Estado? O, lo que es lo mismo, ¿por qué no es creado el mecanismo de la coerción estatal como el mecanismo privado de la clase dominante? ¿Por qué se encuentra disociado de la clase dominante tomando la forma de un mecanismo impersonal de autoridad pública aislado de la sociedad? (Pashukanis, citado por Holloway, 1994:79 y Bonnet, 2007b:276-277)

La dominación de una clase sobre otra y su resistencia no se inauguran con el modo de producción capitalista. La pregunta apunta a su especificidad en el modo de producción capitalista. Se buscan aquellos rasgos distintivos del modo de producción capitalista que hacen necesario la existencia de una forma ilusoria y real[2] donde recaiga el ejercicio del poder.

La separación de lo político y lo económico es privativa del capitalismo. (...) El surgimiento de esta diferencia es parte integral del cambio en la forma de explotación. (...). A diferencia de las sociedades anteriores, esta coerción física directa se encuentra en el capitalismo separada del proceso inmediato de explotación y ubicada en una instancia diferente: El Estado. (Holloway, 1994b:108)

La explotación capitalista se caracteriza por la producción de plusvalía bajo la forma de capital. Lo que significa la enajenación del producto del trabajo social de las manos de sus productores. Ésta se encuentra mediada por el intercambio mercantil, donde los individuos son libres e iguales para comprar y vender sus mercancías, producidas en forma privada. Pero,

Para la transformación del dinero en capital el poseedor de dinero, pues, tiene que encontrar en el mercado de mercancías al obrero libre; libre en el doble sentido de que por una parte dispone, en cuanto hombre libre, de su fuerza de trabajo en cuanto mercancía suya, y de que, por otra parte, carece de otras mercancías para vender, está exento y desprovisto, desembarazado de todas las cosas necesarias para la puesta en actividad de su fuerza de trabajo. (Marx, 2002:205)

De este modo, el obrero doblemente libre vende su fuerza de trabajo en el mercado en condiciones de libertad e igualdad. Se trata de una relación contractual, donde ni el vendedor ni el comprador de la mercancía fuerza de trabajo ejercen coerción física el uno sobre el otro para participar de dicha relación.

Sin embargo, la existencia de poseedores de medios de producción por un lado, y de obreros doblemente libres por el otro, es resultado de la lucha entablada por sujetos sociales que se han valido de la fuerza para imponer las condiciones de la nueva dominación.

El ejercicio de la autoridad y la fuerza bajo la forma impersonal del Estado, ha respaldado el privilegio de la propiedad privada sobre las cosas a través del proceso de doble liberación –proletarización-. En términos históricos, ha hecho factible la constitución del mercado separando a los productores entre sí y de éstos de los medios de producción[3]:

La constitución del Estado político y la disolución de la sociedad burguesa en los individuos independientes –cuya relación es el derecho, mientras que la relación entre los hombres, los estamentos y los gremios era el privilegio- se lleva a cabo en uno y el mismo acto. (Marx, 1959:37)

El Estado, entonces, es co-constitutivo de la sociedad burguesa. No viene desde afuera, ni a posteriori. La génesis del Estado forma parte del mismo proceso en el cual se establece la relación social del capital y por tal motivo, está atravesada por la contradicción fundamental de dicha relación social.

La relación social del capital es imposible sin la reproducción de la fuerza de trabajo como mercancía, lo que supone el ejercicio impersonal de la dominación. Mientras que, sin la separación de las esferas de la producción y el consumo, con el consecuente intercambio mercantil como mediación de las relaciones sociales de producción, no existe la particularización del Estado.

Dicha co-constitución no es -exclusivamente- histórica, ya que eso significaría pensar que ocurrió una vez allá lejos y que el capitalismo actual es el resultado de un proceso histórico sin sujetos. Por el contrario, este proceso de co-constitución es dialéctico, debido a que es atravesado por la lucha de clases.

¿Por qué afirmamos la preeminencia de la lucha de clases en el proceso de co-constitución del mercado y el Estado?

Porque el capital es una relación social antagónica. Para que exista capital debe existir por un lado una clase propietaria de los medios de producción y por el otro lado, una clase de trabajadores sin medios de producción, libres para vender su fuerza de trabajo en el mercado.

El antagonismo en la explotación capitalista reside en la negación del trabajo concreto, y al mismo tiempo su dependencia al trabajo vivo. El capital no puede liberarse de la presión del trabajo sin desaparecer el mismo como tal. De este modo, los capitalistas buscan deshacerse de las reivindicaciones y necesidades de la reproducción de la vida de los trabajadores para obtener mayores porciones de plusvalor. Y la clase trabajadora busca vender su fuerza de trabajo en condiciones de menor explotación.

Se requiere entonces de una institución especial que no esté sujeta a las limitaciones del propio capital, una institución cuyos actos no estén determinados así por la necesidad de producir plusvalor, una institución que es especial en el sentido de estar ‘junto a la sociedad burguesa y al margen de ella’ [Marx y Engels, La ideología alemana], una institución que al mismo tiempo suple dentro de la indisputada armazón del capital las necesidades inmanentes que el capital ignora. Como resultado de esto, la sociedad burguesa desarrolla, en el Estado, una forma específica que expresa los intereses generales del capital. El Estado no puede ser concebido, entonces, ni como un mero instrumento político ni como una institución establecida por el capital, sino más bien como una forma especial de cumplimiento de la existencia social del capital al lado y conjuntamente con la competencia, como un momento esencial en el proceso de reproducción social del capital” (Alvater, 1977:91-92)

En este marco, el Estado va adquiriendo configuraciones específicas según la dinámica de la lucha de clases. La cual es contingencia, es resistencia (existencia creativa) de los sujetos a la explotación, dentro de ella.

El Estado, por lo tanto, no ‘interviene’ en la sociedad burguesa. Es, más bien, la fuerza organizada de la sociedad burguesa y, como tal, intenta asegurar la reproducción de las relaciones sociales de producción en formas no conflictivas, políticamente supervisadas y legalmente controladas; en pocas palabras, en formas civilizadas de violencia, el denominado carácter coercitivo del Estado. (Bonefeld, 2005:56)

De este modo, podemos distinguir dos grandes tipos de acción estatal (coexistentes en todo momento) a través de las cuales se ejerce la dominación impersonal, reproduciendo a los sujetos sociales constitutivos de la relación social del capital: La represión (directa e indirecta) y la pacificación o integración (subordinada).

 

La política social, materializa una de esas funciones estatales. Establece los límites (siempre inestables) a la explotación del proletariado y a la privatización de la esfera de subsistencia y reproducción de la vida. Dichos límites garantizan la reproducción del proletariado como clase, es decir, su disponibilidad física, psicológica, técnica para el trabajo y, también, su disponibilidad ideológico-política.

La política social ha sido definida como aquella acción estatal orientada a intervenir en ciertos sectores del mercado (especialmente en el mercado de trabajo) en aras de la satisfacción de necesidades que se consideran vitales en una época determinada, y que, como tales, no pueden estar supeditadas exclusivamente a la autorregulación entre la oferta y la demanda.

Ello ha dado lugar a pensar que la política social funciona a partir de una lógica diferenciada, guiada por la satisfacción de las necesidades. La provisión estatal de ciertos bienes y servicios y, la reglamentación de las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo, estaría configurando un espacio de relaciones sociales sustraídas del dominio del mercado y de las relaciones sociales de producción.

La ampliación de las políticas sociales hacia nuevos aspectos de la reproducción de la vida ha sido presentada como una contraposición entre el Estado y el mercado por el dominio de la producción y circulación de ciertos bienes y servicios.

Pensar la política social en estos términos, como mera respuesta desmercantilizada a las necesidades de la población, presenta varios inconvenientes. Por un lado, reproduce la fragmentación entre las esferas del Estado y del mercado, entre lo político y lo económico. Por otro lado, no repara en la contradicción fundamental constitutiva de la relación social del capital. Por último, personifica en el Estado al sujeto del proceso social, como aquel que cuenta con cierta capacidad para hacer, por fuera de los sujetos sociales.

El Estado y el mercado son ambos formas lógica e históricamente diferenciadas de unas mismas relaciones sociales de producción, atravesadas ambas por el antagonismo entre capital y trabajo inherente a dichas relaciones. (...) Estos procesos de mercantilización y estatalización (...) ambos son, procesos de subordinación de la clase trabajadora a una mismas relaciones sociales capitalistas. (Bonnet 2007a:157)

De este modo, la estatalización de las relaciones sociales no supone el resguardo o la protección frente a las relaciones mercantiles. Por el contrario, estatalización y mercantilización representan momentos distintos (aunque temporalmente simultáneos) de la lucha de clases.

Reformular la pregunta de Pashukanis, permite reflexionar en torno a estos momentos: “¿Por qué la dominación de una clase no continúa siendo aquello que es, esto es, la subordinación de hecho de una parte de la población a otra parte?” (Pashukanis: op cit.). ¿Por qué la subordinación de la clase trabajadora al capital se realiza, también, a través de la desmercantilización o estatalización de ciertos aspectos de las condiciones de vida y de trabajo? ¿Por qué la regulación de las condiciones de explotación de la clase trabajadora y la garantía de su reproducción, es asumido por aquel mecanismo impersonal de autoridad pública que disciplina a los capitalistas?

Así como el Estado coacciona a los trabajadores y marginados para proteger la propiedad privada y garantizar la explotación del obrero doblemente libre, también asume la función de limitar la voracidad de los capitalistas individuales para permitir sostener las condiciones materiales e ideológicas de la explotación.

La explotación capitalista no puede llegar al punto de destruir a la clase trabajadora. Por un lado, el proceso de valorización requiere constantemente de la objetivación del trabajo vivo, es una permanente fuga hacia delante, de búsqueda de mayores porciones de plusvalor, incrementando cada vez la parte de capital constante sobre el capital variable para desligarse de las presiones que éste ocasiona. Por otro lado, la clase trabajadora debe seguir reproduciéndose como tal, la mercancía fuerza de trabajo debe estar disponible en el mercado para su explotación.

Este proceso no es ni mecánico, ni automático, con lo cual tampoco lo son las funciones del Estado. Se trata de -ni más, ni menos- procesos históricos, construidos por sujetos sociales que no están determinados por una lógica estructural cerrada, aunque sí limitados por las condiciones materiales de reproducción de la vida.

Para responder a las preguntas, veamos cómo se desarrolla dicho proceso en circunstancias sociales concretas.

Acerca de la política social en la Argentina neoliberal

El neoliberalismo responde a una reestructuración del capitalismo a escala mundial, y significó un cambio drástico en la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, en detrimento de éste último. No obstante, la conducción de las transformaciones y la gestión de sus consecuencias estuvieron ancladas en las dinámicas sociales, económicas y políticas a nivel de los Estados nacionales.

Cuando se caracteriza (de manera positiva o peyorativa) al neoliberalismo, la mirada está puesta sobre la presunta debilidad del Estado frente al poder del mercado, como si se tratara de dos sujetos (internamente homogéneos) que se contraponen entre sí. Sin embargo, tales cambios no implican una mayor o menor presencia de la acción estatal en la sociedad capitalista, sino la reorientación de sus funciones sobre la base de un nuevo patrón de acumulación con eje en la valorización financiera.

Lo que debemos buscar no es el grado de contraposición Estado-mercado, sino aquello que permanece invisibilizado en el escenario discursivo y teórico: la significación de la clase trabajadora y su lucha contra la explotación capitalista que adquiere nuevas modalidades.

Durante las últimas décadas, la clase trabajadora como sujeto social y político no ha sido despreciable en términos de conflictividad social, ni tampoco despreciada por la acción estatal. La lucha de clases no se presenta como tal (como contradicción), sino que se particulariza en problemas sociales y la disputa por su enunciación y tratamiento se canaliza en las políticas sociales.

La crisis capitalista de los años ´70 fue expresión de la inadecuación de las relaciones establecidas de dominación. Las relaciones ya no daban lo que el capital requería –sea por la insubordinación del trabajo, sea porque mantener la subordinación necesaria costaba más y más al capital. Frente a la inadecuación de la subordinación, el capital hizo lo que siempre hace en estas ocasiones: se convirtió en dinero y salió a la búsqueda de mejores condiciones de acumulación y de explotación. Fue esta licuefacción del capital, esta transformación del capital productivo en capital-dinero lo que fue la base del auge del neo-liberalismo. (Holloway, 1994d:33-34)

En Argentina no puede comprenderse la década del ´90 sin considerar la sangrienta dictadura militar que pone fin al auge de la movilización político-social de las clases subalternas. Y deben considerarse asimismo los efectos disciplinadores de la hiperinflación durante el primer gobierno democrático.

En una situación de retroceso de los sectores asalariados, la década del ´90 expresa la culminación de una ofensiva del capital para recuperar la dirección e imponer nuevas relaciones de dominación del trabajo sobre la base de la legitimidad democrática, logrando “reafirmar su autoridad, su derecho a administrar y mandar” (Holloway, 2003:52)en el proceso productivo y social.

Del conjunto de políticas públicas centrales de la etapa neoliberal operan sobre las transformaciones en el mundo del trabajo, conformando una fisonomía heterogénea y fragmentada de la clase trabajadora:

·          La desregulación asimétrica y la apertura del mercado local, en un país de baja productividad como la Argentina, propiciaron el desmantelamiento del entramado productivo orientado al mercado interno dando lugar al aumento del desempleo en la economía formal.

·          La privatización de las empresas estatales implicó despidos masivos, pérdida de poder de negociación sindical y fragilidad de los convenios colectivos de trabajo. Así como también, el aumento de las tarifas.

·          La desregulación del mercado laboral, legitimó la precariedad laboral y la individualización de las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo.

·          La desmonopolización y descentralización de prestaciones sociales re-mercantilizaron ciertas condiciones de reproducción de la vida de las clases trabajadoras.

·          El desempleo masivo y la precarización laboral provocaron el aumento de la población en situación de pobreza e indigencia.

Dichos cambios, contribuyen a la redefinición de los problemas sociales en términos de costo social.

Durante los ´90, la cuestión social se desarrolla sobre dos ejes: Una intervención estatal marginal, desarticulada y no planificada en la problemática de la pobreza, reproduciendo su imagen de inevitabilidad y excepcionalidad. Y la autonomización de las problemáticas relativas a las condiciones de vida respecto de las condiciones de trabajo.

Si durante el período en el cual se propiciaron medidas asimilables al Estado benefactor, la política social buscó instalar la idea de que la acumulación de capital redundaba en beneficio del conjunto de la población trabajadora a través de la homogeneización y masificación del bienestar social, durante el neoliberalismo en cambio el capital busca deshacerse de tales presiones y, como tal, la política social se presenta fragmentada y externa al proceso socioeconómico. Así, las funciones del Estado consolidaron la búsqueda de autonomización del capital respecto de las condiciones de vida de las clases subalternas.

La política social (en singular) pasa a formularse en términos de políticas sociales (en plural). Éstas se conciben como paliativos externos a la relaciones sociales de producción, sin distorsionar el mercado de trabajo. El eje es la asistencia a la pobreza, en aquellos grupos poblacionales considerados vulnerables, cuya implementación fue gestionada a través de programas o planes especiales (generalmente con financiamiento externo) por fuera de las estructuras burocráticas tradicionales (Hintze, 2007).

Las condiciones de vida y las condiciones de trabajo se trataron desconectadas entre sí, y las relaciones que organizan, distribuyen y viabilizan el uso de la fuerza de trabajo en el mercado, estuvieron ausentes del tratamiento político y social del problema del desempleo, tanto como en el de la pobreza, apenas definida como estado de carencias diversas (...).  (Grassi, 2003:221)

Hacia mediados de década comienzan a sentirse con fuerza conflictos desatados por la emergencia social, donde confluyen demandas diversas, como el Santiagueñazo (1993), la Marcha Federal encabezada por la CTA (1994), los primeros cortes de ruta en Cutral Co y Plaza Huincul (1996).

Por esos años, se multiplicó la cantidad de programas sociales. Al igual que en la primera mitad de la década, captan financiamiento de los organismos financieros internaciones, se gestionan por programas y se focaliza la población objetivo en función de distintas características que los definen como vulnerables. El aspecto distintivo de esta sub-etapa de la política social neoliberal es que comienzan a asumir un rol en la generación de empleo (por supuesto, extremadamente precarizado). El viraje se orienta a la contraprestación del beneficiario en actividades comunitarias, para contribuir al llamado empoderamiento o capital social. En el mismo sentido, se incorpora la participación de los actores locales, tales como las ONGs y las asociaciones civiles a través de complejos mecanismos de financiamiento cruzado.

Al tiempo que se busca empoderar a los pobres, se establece el límite entre el pobre bueno y el pobre malo. La tendencia a la fragmentación, heterogeneización y focalización de las políticas sociales, también tiene un papel en la criminalización de la exclusión social. Así, los cambios en la política social no significaron el debilitamiento de las funciones represivas del Estado, sino una nueva forma de complementariedad entre ambas.

En suma, las políticas neoliberales en general, y la política social en particular constituyeron una ofensiva del capital sobre el conjunto de los sectores que viven del trabajo, donde la fragmentación del sujeto funciona como instancia necesaria de disciplinamiento.

Este proceso de desfetichización/ refetichización es una lucha constante. El proceso de penetración de los fetiches, el poner los fragmentos uno con otro, es, simultáneamente, un proceso de desfetichización, de recomposición de clase, la superación del estado de fragmentación de la clase trabajadora. Es mediante la organización práctica y la lucha de la clase trabajadora como se establecen las interconexiones sociales, tanto en la práctica como en la percepción. El proceso opuesto, el de la refetichización, es así mismo un proceso de descomposición de clase, un rompimiento de las interconexiones establecidas, tanto en la práctica como en la teoría. (Holloway, 2007:22)

Hacia finales de la década, la conflictividad social se embarcó en una espiral ascendente. Ésta incluyó tanto expresiones de resistencia popular tradicionales como procesos de lucha novedosos[4], protagonizados por sectores no convencionales de la clase trabajadora, que incluyeron a los excluidos y marginados. La rebelión popular de 2001 constituyó el punto de inflexión de un proceso que se tornaba cada vez más difícil de encauzar en los límites de la dominación estatal. Fue expresión de un momento de encuentro entre la particularización de las reivindicaciones sociales orientada a la impugnación de las instituciones.

El gobierno interino de Eduardo Duhalde, lanza el conocido plan “Jefas y Jefes de hogar desocupados” como eje de su política social. Lo significativo de este plan no fue su originalidad sino su magnitud, al superar los 2.000.0000 de beneficiarios. En el marco de un proceso social que interpela al Estado por haber reducido drásticamente su capacidad de garantizar los derechos constitucionales, el Estado va por más. El subsidio se presenta como “derecho a la inclusión”. Busca re-estatalizar las relaciones sociales, re-fetichizar la relación entre Estado y lucha de clases.

Sin embargo, en este juego de re-fetichizar y des-fetichizar, la recomposición de la clase pone nuevos límites a las funciones de represión estatal explícita.

A pocos meses de la rebelión de diciembre de 2001, la masacre del puente Pueyrredón -donde dos militantes sociales, Darío Kosteki y Maximiliano Santillán, son asesinados a manos de la policía en una protesta social-, desató el inmediato rechazo de gran parte de la población, que se hizo visible en una movilización de 12.000 personas en la plaza de mayo y otras tantas en otros puntos del país. Lo que precipitó la salida pretendidamente ordenada del Presidente interino.

A partir del 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, los sectores dominantes recuperan la iniciativa política. Retomando algunos aspectos de la lucha de clases, se logra direccionar la reproducción del orden social. En su primer discurso como presidente, Kirchner plantea como objetivos de gobierno: recomponer el papel del Estado y la inclusión social.

En lo que respecta a la política social, se expresa la intención de reconstruir la cultura del trabajo, la dignidad del trabajador a través del subsidio a la generación de micro emprendimientos asociativos. Se lanza así con entusiasmo, el plan “Manos a la Obra”.

Este tipo de políticas sociales apelan al voluntarismo y la capacidad emprendedora de los trabajadores desocupados, aislándolos de su identificación y sus reivindicaciones de clase. No es nuevo advertir que el trabajo así concebido, se caracteriza por la informalidad y la pérdida de los derechos laborales como el acceso a la seguridad social y la jornada laboral de 8 hs., ya que "traslada a los trabajadores la responsabilidad de hacerse competitivos en base a la autoexploración." (Arancibia, 2005:7). Se orientan a “construir sujetos pobres con diferente capacidades para la gestión de sus propios riesgos”. (Borzese et al, 2006:49-50).

De esta manera, se insta a los beneficiarios de los planes sociales a preocuparse por las cuestiones cotidianas de la gestión de su emprendimiento y se reconfiguran los lazos de solidaridad clasista, impactando en su disponibilidad para la iniciativa política.

A su vez, se establecen nexos más estrechos con un conjunto de organizaciones sociales que pasan a gestionar los planes sociales, abriendo un espacio de negociación entre el gobierno y las organizaciones.

Durante la pos-convertibilidad, las desigualdades y la precariedad se legalizan e institucionalizan. La discusión acerca de las condiciones de vida y de trabajo, pasan por cómo hacer más eficiente la asignación de los recursos, evitar la corrupción, delimitar la población objetivo, etc., es decir, todas acciones que tienen por sujeto al aparato estatal, tomando al verdadero sujeto como dato.

Las herramientas de la política social que aparecen como innovaciones -microfinanzas y microemprendimientos- reproducen la fragmentación de la clase trabajadora y su integración subordinada a los circuitos mercantiles.

La ingeniería de la política social remite a las transformaciones sociales originadas en la dinámica de la lucha de clases. Por tal motivo, podemos esperar nuevos procesos de resistencia, de des-fetichización donde la clase social que viven de su propio trabajo encuentre caminos para actualizar la lucha por su emancipación.

 

Analizar la acción del Estado en torno a la política social permite comprender que, a pesar de su apariencia, éstas constituyen formas diferenciadas de re-construir la subordinación de la clase trabajadora en la relación social del capital, dado que contribuyen a sostener la disponibilidad de la mercancía fuerza de trabajo en el mercado.

Si la ciudadanía es una mediación de la explotación capitalista, estatalizar o des-mercantilizar ciertos aspectos de las condiciones de vida y de trabajo no significa extirparlos de la relación social del capital.

La política social, alimenta la particularización en el Estado de la dominación de una clase sobre otra, a través de su conformación como autoridad pública impersonal. Lo cual implica su participación en la lucha de clases.

El Estado no tiene dos caras.

Acordamos con aquellos enfoques que plantean que el aparato estatal (que no es lo mismo que el Estado) no es un bloque homogéneo que actúa con coherencia interna. Pero ello no significa que las políticas que aparecen como contradictorias, responden a una doble lógica de acción originada por las tensiones entre las burocracias estatales.

Al igual que el derecho, el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, la política social también contribuye a la generalización de las relaciones sociales mercantiles. Pero si su papel esencial en la lucha de clases no se diferencia de las otras instancias estatales ¿a qué se debe su existencia?

Las transformaciones neoliberales expresan la ofensiva del capital sobre el trabajo, manifiestan un esfuerzo por disciplinar al trabajo, por librarse de las presiones de un sujeto social que lucha por liberarse de (y en) esa sujeción. En este marco, la reorientación de la política social fue parte de la dinámica de la lucha de clases, en un momento en el cual la voracidad del capital amenaza con destruir las bases de su propia existencia.

La política social es, pues, una mediación del antagonismo entre capital y trabajo, que evidencia la imposibilidad del capital de liberarse de las reivindicaciones de la clase trabajadora (y mucho menos de su existencia), aún en momentos en los cuales la capacidad de iniciativa de ésta se encuentra en franco retroceso.

Luego de varias décadas de repliegue de la lucha social en la Argentina y de consecutivas derrotas en el plano de las condiciones de trabajo, la lucha social que se consolida hacia diciembre de 2001 ha presionado para la reformulación de las políticas sociales de asistencia hacia áreas vinculadas con la producción autogestionada.

Este viraje es resultado y, a su vez, escenario de disputa. Abre la posibilidad de resignificar prácticas cotidianas en emprendimientos autogestionados que representan ámbitos de sociabilidad relativamente más autónomos. Desde este lugar, puede ser considerado como un logro parcial dentro del horizonte de lucha más amplio, como un espacio para la actualización de las modalidades de lucha social, como un ámbito más donde construir procesos de des-fetichización.

Sin embargo presenta ciertos límites, ya que la autonomía respecto de un patrón capitalista individual no libera de la subordinación a la relaciones sociales capitalistas.

Las políticas sociales funcionan como una actualización explícita de la subordinación del trabajo al capital motorizada por la lucha social, que se desenvuelve en el marco del proceso de fetichización de las relaciones sociales, en el juego de des-fetichización y re-fetichización. Es decir, como expresión de la contingencia de un tipo de dominación basada en una contradicción irresoluble dentro de los marcos del Estado.

 

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Trabajo enviado por la autora para su publicación en Herramienta.