¿No hay alternativa frente al ajuste? Crisis, competitividad y opciones populares en Argentina

La ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Esa idea, enunciada por Marx y Engels, resume una de las principales dificultades que enfrentan los sectores populares organizados: producir a partir de su práctica un discurso que realice, a la vez, una crítica del mundo social, prefigure una política transformadora y se imponga como discurso contra-hegemónico. En el marco de la actual coyuntura argentina (crisis económica a escala global, derrota electoral de la alianza gubernamental, relativa debilidad organizativa de los sectores populares) las consecuencias de este problema se potencian, en tanto el país parece atravesar la crisis de la coalición política en el gobierno pero no la crisis política del proyecto dominante. Situación que se manifiesta en avances de los sectores políticos más conservadores junto a la reactualización de un discurso de política económica explícitamente ortodoxo.

El discurso dominante en la sociedad tiende a imponer una determinada lectura de la situación (causas y consecuencias de la crisis) que conduce a propuestas de acción, para el Estado y los actores sociales, que no impugnen el modo de reproducción social predominante. Frente a la crisis económica las opciones más difundidas y debatidas en ámbitos académicos o políticos así como en los encuentros empresariales, plantean la profundización de una forma de desarrollo basada en una modalidad de capitalismo mundialmente periférico y regionalmente subordinado. Si durante la etapa expansiva del ciclo, tras la crisis política de 2001/2002, los sectores dominantes en Argentina se sirvieron de un discurso y un práctica neodesarrollista para avanzar en la reproducción ampliada de sus intereses, en la crisis presente ese discurso recupera sus rasgos neoliberales.

Este análisis no supone, sin embargo, que los sectores populares no puedan construir un discursos propio o no tengan fundamentos desde donde hacerlo. Al contrario, entendemos que desde la propia práctica y debate de sectores organizados del pueblo trabajador surgen elementos de ese discurso crítico. Son elementos que permiten ir configurando una “economía política del trabajo” que, en articulación con esa práctica de transformación social prefigurativa, van construyendo las posibilidades populares de cambiar el orden existente.

El texto se organiza de la siguiente manera: primero, analizamos brevemente las características y dinámica que asume la crisis económica actual en el marco de la Argentina; luego analizamos críticamente las alternativas de políticas para enfrentar la crisis formuladas por los sectores dominantes, discutiendo sus presupuestos; más adelante planteamos algunos elementos críticos, prácticos y teóricos, que desde los movimientos sociales se plantean frente al paradigma dominante de políticas públicas; finalmente presentamos unas breves conclusiones y las referencias bibliográficas.

 

Previendo la profundización de la crisis económica (pero también política), a comienzo del 2009 el gobierno argentino decidió adelantar las elecciones legislativas. A mediados de 2008 había comenzado a hacerse visible que el proceso de acumulación de capital que mostraba dificultades para continuar. Un ritmo de crecimiento económico que parecía irrefrenable encontró, a pesar de todo, sus límites. Como bien señala Salama (2009), la presencia de claros indicadores de vulnerabilidad no permitía en realidad hablar de un proceso sin fragilidades. En efecto, la modalidad de inserción internacional, que incluye y supone una particular forma de producción y circulación (distribución) del valor capitalista, creaba los presupuestos de la presente crisis en Argentina (Féliz, 2008).

La base de la expansión en la etapa ha sido la producción para el mercado mundial, con un fuerte sesgo hacia el aprovechamientode las riquezas naturales convertidas en recursos. Esta es la base del boom exportador de los años de la posconvertibilidad. Las exportaciones se convirtieron en punto clave en la lógica de circulación del valor, superando a la inversión como proporción del valor agregado desde 2002 y más que duplicando el peso que tenían en los años noventa (25,2% versus 9,8%). Dentro de ellas, las exportaciones ligadas al saqueo de las riquezas naturales incluyendo sus manufacturas (desde carnes y granos hasta petróleo, combustibles y aceites) representan el 70% del total.

Sin embargo, el proceso de crecimiento no se sostuvo sólo sobre esa base. En efecto, en una economía altamente trasnacionalizada como la Argentina, la competencia intercapitalista pone al capital local frente a la necesidad inmediata de garantizar su rentabilidad en condiciones de desarrollo productivo periférico. Esto supone que para la reproducción ampliada del ciclo del capital, es decir, para la valorización sostenida del capital social, las empresas producen y reproducen la superexplotación del trabajo o, en otros términos, generalizan y sostienen la precarización de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Esto se expresa tanto en la necesidad de mantener niveles de precarización laboral elevados (cercanos al 60% de los ocupados; ver Rameri y otros, 2008) y un tope salarial que mantiene a una porción considerable de los/as trabajadores/as con ingresos por debajo del valor de su fuerza de trabajo (es decir, superexplotados; Marini, 1973). A tales fines ha sido claramente funcional una política de precarización laboral sistemática en el empleo público y una política social que no garantiza pisos mínimos que uedan ser considerados dignos para los hogares más empobrecidos (Féliz, 2009).

De esa forma, el gobierno ha sostenido, más allá de un discurso por momentos progresista, una política macroeconómica que ha privilegiado un dólar caro (tipo de cambio real elevado) y mecanismos impositivos de redistribución interburguesa de la renta de los recursos naturales. En efecto, la salida devaluacionista junto a la suba internacional de los precios de las commodities de exportación han confluido en la etapa 2002-2008 creando un flujo excepcional de renta, en la forma de divisas de exportación. Esa renta, proveniente básicamente de la producción agrominera, fue parcialmente apropiada para su redistribución hacia el capital industrial. Junto a la desvalorización de la fuerza de trabajo, el dólar alto y el contexto internacional favorable, la redistribución de esa renta permitió la duplicación en las tasas de rentabilidad del capital en las ramas manufactureras (de un 5,1% en promedio entre 1993 y 2001 a 11,1% entre 2002 y 2004).[1]

El estallido de la crisis mundial impactó de lleno en la economía argentina, aunque bajo formas nuevas. En principio, la crisis golpeó fuertemente el frente exportador. En el 1er trimestre de 2009 las exportaciones totales (bienes y servicios) habían caído un 12,5% -en términos reales- en comparación al 1er trimestre del año anterior y las exportaciones de bienes se habían reducido un 20,6%, en términos nominales, en los primeros 7 meses de 2009 (comparado a igual período de 2008). El impacto fue muy fuerte en el valor de las exportaciones primarias (-43,9%), pero en términos reales la reducción fue casi tan fuerte en las exportaciones industriales (MOI): en el primer trimestre de 2009 (en comparación con un año antes) las MOI cayeron 22,4% mientras que las exportaciones primarias se redujeron un 27,8%.

Sin embargo, el impacto sobre la reproducción del capital ha sido relativamente limitado. Debido al éxito, en términos de los intereses del capital, que ha tenido la política pública de contención salarial y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos hasta finales de 2008, la crisis internacional golpeó a la Argentina en plena etapa expansiva. Los niveles de rentabilidad del gran capital en su conjunto (incluyendo el sector manufacturero) llegaron a sus picos entre 2006-2007 promediando un 16,6% (en contraste con el 10,4% de 2003).[2]

Lo que no significa que la reproducción capitalista no se haya resentido o no esté enfrentando serias dificultades en el espacio de valor de la economía argentina. Por el contrario, a mediados de 2008 la actividad económica comenzó a estancarse, reduciendo su crecimiento según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de una media de 0,5% mensual durante los primeros 6 meses del año a sólo 0,07% de Julio a Diciembre de 2008. En mayo de 2009, por primera vez desde noviembre de 2002, el EMAE cayó en relación al año anterior.

El estancamiento económico y la caída en la renta extraordinaria proveniente de las exportaciones conformaron el cóctel explosivo que, sumado al conflicto agropecuario y a la persistencia de carencias estructurales afectando a la mayoría de la población, crearon las condiciones materiales de la derrota (objetiva y sobre todo subjetiva) de la alianza de gobierno (kirchnerismo). Las suspensiones a más de 100 mil trabajadores/as en los primeros meses de 2009, miles de despidos (199 mil desde fines de 2008, según el INDEC) y la consecuente caída en la tasa de empleo, junto al aumento del subempleo, se conjugaron para conformar un mapa social en rápido deterioro.[3] Si la pobreza no había sido reducida de manera estructural durante la expansión, la misma aumenta exponencialmente en la crisis, aun si su impacto es todavía leve- pues ésta golpea fuertemente a la mayoría de los hogares.[4]

 

La mesa de diálogo social propuesta por el gobierno es una primera respuesta al final de la etapa de boom económico iniciada a mediados de 2003. Se agotó el ciclo expansivo con un gobierno debilitado por su incapacidad para, por un lado responder a las demandas populares surgidas de la última crisis y, por otro, contener los conflictos intersectoriales dentro del bloque del capital.

Frente a una crisis que podría convertirse a escala internacional en una depresión de mediano alcance (Beinstein, 2009), los sectores dominantes han echado sus cartas. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) –que condensa a la representación de los grandes grupos económicos y empresas trasnacionales- sintetiza claramente el programa del capital ante la coyuntura. Con base en el paradigma económico ortodoxo, plantean como punto de partida para las políticas públicas frente a la crisis –entre otras cosas- (a) la defensa de “el ámbito propio de la propiedad privada”, (b) la protección del patrimonio empresario y sus ganancias que “es fundamental para el desarrollo del país”, (c) favorecer la expectativa de rentabilidad que “es el motor de las inversiones”, (d) que es “fundamental el sistema de libertad de precios, en un marco competitivo”, (e) que deben “reducirse los gravámenes que desalientan la producción y las exportaciones” y “las retenciones de productos agropecuarios” y (f) que “las inversiones argentinas en el exterior son una parte principal de la proyección internacional de nuestro país” (Asociación Empresarial Argentina, 2009).

En síntesis, la propuesta del gran capital es devaluar la moneda, reducir las retenciones a las exportaciones, contener las presiones salariales, sostener el superávit fiscal y continuar con la política de subsidios (directos e indirectos, explícitos e implícitos) a las grandes empresas como medio para “salir de la crisis”. El planteo de la AEA es un decálogo de la economía política del capital en la cual todo gira en torno a recuperar la “competitividad internacional” de la economía.

 

¿Pero qué significa esto de “recuperar la competitividad”? Desarrollarse sobre la base de privilegiar la competitividad internacional implica que el país busca ganar espacios en el mercado mundial, ganando mercados para “sus empresas nacionales”[5]. Por supuesto, esto supone que las empresas localizadas en el espacio territorial de la Argentina ganarán a costa de desplazar a los capitales de otros espacios económicos que perderán. Es decir, estos se verán forzados a ajustarse (reducir salarios, despedir trabajadores, aumentar la productividad) para no ser dejados de lado por “los mercados”. En otras palabras y desde semejante lógica, “nuestro” triunfo es a costa de los trabajadores y trabajadoras de otros países. Si nosotros ganamos es porque ellos pierden. Dentro de esas reglas de juego, nuestro trabajo se logra a costa del trabajo de otros. Así, la forma de desarrollo capitalista supone que ganar es siempre “empobrecer al vecino” (el de la otra cuadra, del otro barrio, del otro municipio, provincia, país, región).[6] Ellos aparecen, porque lo son en esta forma perversa de desarrollo, como nuestros enemigos en esta carrera para llegar a ningún lado (aunque más correcto es escribir: en esta carrera para valorizar el capital).

En esta modalidad de desarrollo, la incapacidad o dificultad de competir impone la necesidad del “ajuste”. Es decir, las empresas deberán reducir su personal, los trabajadores aumentar su rendimiento (o su esfuerzo, su jornada laboral o “capital humano”) y postergar –para un futuro indefinido- sus demandas de mejoras en las condiciones laborales incluyendo sus magros salarios.[7] Todo esto so pena de aparecer como ineficientes, incapaces de honrar al Dios mercado (que es lo mismo que decir al Dios capital).

La metáfora divina no es sólo retórica pues si algo caracteriza al mercado –como a la idea de Dios- es su tendencia a la ubicuidad y, sobre todo, a una invisible omnipresencia. Como señala De Angelis (2007) la tendencia del capital es constituir al mercado como una gran panóptico, una meta-estructura que todo lo ve, sin jamás ser visto. Es un mecanismo de disciplinamiento que funciona fundamentalmente imponiendo sus valores y reglas en las prácticas y conciencias de todas/os, intentando replicar al infinito su necesidad de auto-expansión.

De aquí que cuando se pierde el don de la competitividad, la fuga, el desabastecimiento, la falta de crédito, despidos, suspensiones y lock-out se convierten en las respuestas del capital para recuperar espacios en el mercado mundial. ¿Qué son, todas ellas, sino manifestaciones de la huelga de inversiones con las que el capital busca recomponer en términos más ventajosos para sí las relaciones sociales de producción (como explicaba Kalecki)?

Claro que, paradójicamente, la política del ajuste es la base de esta forma de desarrollo también en los momentos de auge y no es sólo una opción de la economía política del capital en la crisis. La búsqueda de competitividad como piedra de toque de las políticas económicas supone privilegiar siempre la ganancia empresaria y, sobre todo, los valores del capital: la competencia como medio de desarrollo, la producción por la producción misma, los costos (y beneficios) privados por sobre los intereses de la sociedad. El ajuste es parte de la psicología del capital: crecer siempre y a toda costa, exprimiendo sin parar cada átomo de trabajo disponible.

 

Lo dicho significa que, si el gobierno continúa imponiendo el plan del capital, la recuperación económica pasará por profundizar la capacidad del país de competir internacionalmente sobre la base de la explotación ampliada del trabajo y la precarización de la vida.

Tal parece haber sido la opción kirchnerismo en el gobierno. La crisis política prolongada[8] parece conducir a fortalecer una política económica para una “larga” transición que apuesta a llegar a las elecciones de 2011. Esa política buscará contener los efectos de la crisis sobre las finanzas públicas y mantener la confianza del capital, como manera de evitar que la crisis económica se traduzca en una crisis del aparato estatal. En tal sentido apuntan las medidas recientes: fortalecimiento de la lógica capitalista en el ANSES (cuyo Fondo de Garantía de Sustentabilidad funcionará como una AFPJ, según indicó su director Diego Bossio) a los fines de sostener el equilibrio fiscal, política de acercamiento al FMI, continuar privilegiando la estabilidad de la reproducción del gran capital (por ejemplo, con subsidios directos a la ganancia empresaria como el REPRO o indirectos a través de los fondos fiduciarios de inversión en infraestructura) y buscando la reprogramación de la deuda pública.[9]

Lo que no garantiza, por supuesto, el éxito de la estrategia. Sólo desplaza hacia delante las contradicciones que la crisis de valorización expresa a través del aparato del Estado y el sistema político. Recordemos que el Estado capitalista es una forma social y por lo tanto a través de el se reproduce en forma política la crisis del capital como relación. La crisis capitalista manifiesta contradicciones reales de la relación-capital. Y las mismas no pueden ser más que desplazadas temporalmente pues no desaparecen por actos de la voluntad. La resolución o superación temporal de esas contradicciones involucra la destrucción de una porción del capital en sus diversas formas y por ello supone una lucha encarnizada por la distribución de los costos del ajuste. Lucha que tiene, tarde o temprano,  manifestaciones políticas.

 

En esta situación y frente a un creciente cuestionamiento, el gobierno continúa con su política de sostener con financiamiento a sus organizaciones aliadas, mientras pretende contener con poco los reclamos y exigencias de los sectores contestatarios, a la vez que busca dar señales “progresivas” a sus aliados de sectores medios que deben ver con recelo la estrategia transicional.[10]

Sin embargo, en el dilema de mantener la legitimidad del gobierno mientras garantiza al mismo tiempo las condiciones de reproducción de la sociedad manteniendo las mismas bases de esta modalidad de capitalismo periférico, el diálogo y las disputas sobre las políticas públicas es monopolizado, en lo estructural, por la economía política del capital, y se evita el necesario debate de fondo sobre las alternativas: ¿qué entendemos por desarrollo y cuáles son las opciones estratégicas que nuestro país (y nuestro pueblo) puede tomar en la actual coyuntura? ¿Sólo nos queda ser competitivos para “desarrollarnos”?¿Es verdad que “no hay alternativa”?

Por el contrario, nos parece que posible afirmar que a esta modalidad de desarrollo que expresa la economía política del capital (“ganar siempre más competitividad”) puede y debe oponerse otra estrategia, otra posibilidad: la economía política del trabajo. Esta economía política se basa en las experiencias de organización del pueblo trabajador y sus fundamentos. El más importante de ellos es la negativa a aceptar como base de las relaciones sociales al capital como mediador y articulador de las actividades humanas (Lebowitz, 2005).

La economía política del capital, cuyo fundamento conceptual fue desplegado por la economía neoclásica, parte del presupuesto de la separación de los seres humanos entre sí, de la separación de éstos de sus medios de producción y reproducción social y, por lo tanto, de la necesidad (devenida “objetiva”) de que su interacción e intercambios sean mediados por la forma-mercancía. Desde ese punto de partida, el enfoque neoclásico busca establecer la “optimalidad” de dicha modalidad de intercambio.[11] Sin embargo, como señala Lebowitz (2005) tal forma de intercambio es óptima sólo desde el punto de vista del capital. En efecto, la competencia y el intercambio mercantil es la forma bajo la cual los capitales individuales llevan adelante, inconscientemente, el plan del capital como relación social: la maximización de la valorización, la expansión sin límites (Marx, 1857-1858).[12]

 

La economía política del trabajo enfrenta la del capital sobre la base de cuatro elementos básicos.

Primero, a la competencia que todo lo destruye, la economía política del trabajo opone la cooperación (Lebowitz, 2005). La competencia capitalista conduce a la degradación de las condiciones de trabajo, a una creciente intensificación laboral y a la destrucción del medio ambiente. Todo ello ocurre por la presión que impone a los capitales competir como única forma de subsistir; tendencia que es la fuente originaria de la precarización laboral (Féliz y Chena, 2005). Desde la voluntad de organizarse colectivamente en sindicatos y comisiones internas, al armado de agrupaciones de base y asambleas barriales, la historia del pueblo trabajador muestra que la solidaridad y cooperación es la mejor estrategia para mejorar y defender sus condiciones de vida. A la negociación descentralizada sino individual que proponen las empresas, trabajadoras y trabajadores históricamente han planteado la asociación. De esa forma buscan superar la mediación del capital en el mercado de trabajo, imponiendo a través del Estado legislación que garantice mejores y estables condiciones de empleo.[13]

En segundo lugar, la organización jerárquica de la producción capitalista es cuestionada por las modalidades de autogestión obrera. En ese cuestionamiento, al interior de los procesos de producción los/as trabajadores/as buscan desplazar la separación que el capital impone entre ellos/as y los medios de producción. Esa economía política del trabajo muestra que el capital es ineficiente, pues privilegia la ganancia y no la reducción de costos. Es completamente innecesario, pues los propios trabajadores y trabajadoras tienen la capacidad de gestionar las empresas con menores niveles (y costos) de supervisión que en la empresa capitalista (entre otros, ver Bowles, 1985; Levine, 1989; Epstein, 1984; y más detalles en Féliz, 2006). Desde FASINPAT (ex–Zanón) hasta la bloquera en la que trabajaba Darío Santillán y las cooperativas textiles de los movimientos territoriales autónomos, todas estas experiencias dan cuenta de la improductividad de los patrones y los jefes (cuyo rol principal es la gestión de la explotación y la defensa de la ganancia) y dan muestras de la potencial eficacia de la auto-organización de trabajadores y trabajadoras.[14]

Tercero, frente a la producción por la producción misma, que privilegia sólo la ganancia privada[15], la economía política del trabajo reivindica la necesidad de producir para la satisfacción de necesidades y privilegia la protección del medio ambiente. Como señalamos al comienzo, la Argentina hoy basa su proceso de desarrollo capitalista en la apropiación indiscriminada y destructiva de las riquezas de la tierra y el subsuelo. Desde la producción agropecuaria sobre bases agroquímicas sin límites, a la explotación minera a cielo abierto, son todas formas de apropiación privada y destrucción de los bienes comunes al sólo efecto de la valorización del capital. Como manifestaciones de la economía política del trabajo, las experiencias propuestas por múltiples asambleas y movimientos que participan de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y los movimientos campesinos (por ejemplo, aquellos organizados en el Movimiento Nacional Campesino Indígena) son hoy ejemplo de la posibilidad de pensar y crear un mundo que respete a la naturaleza, tomando al ser humano como parte de la misma, y construir una modalidad de desarrollo que haga uso de las riquezas naturales, sin saquear y destruirlas. Estas experiencias plantean la necesidad de establecer otra relación entre los seres humanos y el espacio natural, que supere el vínculo utilitario y la “instrumentalización de la naturaleza” (Roux, 2008).

Por fin, la expansión sin límites de los mercados capitalistas y la propiedad privada es reemplazada por la voluntad de ampliar el espacio común y la distribución de bienes y servicios sin la mediación del dinero y los precios. El paradigma de la economía política del capital es bien conocido: “[es] fundamental el sistema de libertad de precios, en un marco competitivo” (AEA, 2009). La política de privatización de todo el espacio de lo común ha sido, históricamente, base de la expansión de los valores del capital. Intentar el cerramiento (y traspaso a manos privadas) de aquello que es público o de uso comunitario es hoy en día uno de los fundamentos del nuevo imperialismo (Harvey, 2004, 2005) aunque no sea una novedad en la historia del capital (De Angelis, 2004; Gilly y Roux, 2009). El capital busca ubicarse como mediación necesaria de la producción y reproducción de la vida en todas sus dimensiones, pero frente a eso la economía política del trabajo propone la ampliación de los espacios públicos, la producción común y en común de las necesidades vitales, y la ampliación del derecho a los servicios públicos frente a su mercantilización. En ese camino encontramos, entre otras experiencias, la lucha por el software libre y la producción pública de medicamentos, la recuperación y creación de espacios comunitarios y centros culturales autogestionados, la creación de bachilleratos populares y la lucha por la educación y salud pública, gratuitas y al alcance de todos/as. Estos emprendimientos discuten, a través de la práctica misma, la posibilidad de organizar formas de producción y utilización de valores de uso, el espacio, las riquezas, los saberes, que niegan y superan la mediación mercantil y sobre todo los valores del capital. Tienen como fundamento la posibilidad de encontrar (o recuperar) otras formas de asociación entre las personas, basadas en la cooperación y la solidaridad. Contrariando las tesis de “la tragedia de los comunes”, esta otra economía política muestra que pueden establecerse reglas de producción, gestión y uso de la comunidad que van más allá de los mercados y el capital.[16]

En síntesis, la economía política de los/as trabajadores/as enfrenta a los valores del capital con los sueños, deseos y necesidades vitales del pueblo.[17] Privilegia así la solidaridad por sobre el egoísmo, la unidad de los pueblos por sobre la concentración y centralización regional del capital[18], el tiempo vital por sobre el tiempo de trabajo abstracto, el movimiento de personas, culturas y experiencias frente al intercambio de dinero y mercancías. Esos valores, esa economía política, es la que puede orientar otro modelo de desarrollo pos-capitalista que pueda ser construido (pre-figurado) a partir de hoy mismo. Un proyecto de desarrollo que fomente los emprendimientos asociativos con financiamiento y tecnología adecuadas a modalidades cooperativas de gestión. Un programa que involucre la creación de espacios de intercambio no mercantilizados, que aseguren el derecho a los medios de vida, a la salud y la educación, a la información, al esparcimiento y al tiempo libre sin las restricciones de la propiedad privada. Un plan que suponga la socialización de los medios de producción estratégicos bajo el control del pueblo a través de formas de gestión democráticas y participativas. A estas políticas debería orientarse un lineamiento estratégico con base en los sectores populares organizados, apuntando a fortalecerlos como punto de partida y condición de posibilidad de una nueva forma de organización y reproducción social, organizada sobre las bases de las necesidades populares antes que de las necesidades del capital.[19]

 

La crisis económica y política que atraviesa la Argentina en la actualidad sólo se ha profundizado a medida que pasa el tiempo luego de la última elección nacional. La alianza en el gobierno delinea un programa de transición prolongado intentando llegar a 2011 en las mejores condiciones posibles para su propia reproducción. En ese camino, busca apuntalar un plan económico que garantice la estabilidad global de la reproducción capitalista en un marco que es recesivo en lo interno y de una profunda crisis de desenlace y duración aún inciertos a escala internacional.

Frente a esa política de transición que representa una nueva versión de la economía política del capital –expuesta claramente en el “decálogo” de la AEA-, los sectores populares se encuentran ante la disyuntiva de proponer y construir, desde su propia práctica, un discurso que pueda enfrentar la “naturalización” del ajuste permanente y la lucha a muerte por la competitividad. En esa línea, mostramos que las propias luchas del pueblo constituyen la fuente de la crítica radical a los paradigmas dominantes a través de una nueva economía política, ahora de los trabajadores y las trabajadoras. Esa economía política pre-figura en el discurso y en la práctica que la fundamenta los elementos del cambio social que podrá superar la realidad capitalista.

La situación es compleja, los equilibrios socio-políticos precarios y las dudas que subsisten son muchas. Entre otras, en qué sentido se orientarán las políticas públicas si la crisis se profundiza o prolonga en el tiempo. Teniendo en cuenta que el Estado capitalista no se suicida, en cualquier caso buscará garantizar las condiciones materiales para su propia reproducción al servicio de las clases dominantes. Es decir, intentará profundizar los ajustes macroeconómicos, incluyendo las cuentas públicas, aun si eso implica escalar en los niveles de represión (reproduciendo la vieja dialéctica entre las necesidades de acumulación y las de legitimación). Como contrapunto: ¿lograrán los sectores populares articular, en el marco de la mencionada transición política, una forma organizativa que permita traducir la dialéctica entre su práctica y la economía política que ella implica, en una fuerza social capaz de comenzar a desplazar la hegemonía social del discurso dominante? En tal sentido ¿continuará y cobrará nuevo ímpetu la recomposición política del pueblo trabajador, en el sentido marcado por las luchas de finales de los años noventa, en un marco de una “institucionalización conflictiva” (Dinerstein y otras/os, 2008)?¿O podrán las fuerzas políticas del sistema, incluidas las organizaciones gremiales con sus “cuerpos orgánicos” plenamente integrados, neutralizar esa potencia transformadora? La teoría sólo permite plantear la alternativa: sólo la lucha puede darle respuesta.

 

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