04/12/2024
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Introducción
El proceso que se abrió en Venezuela a partir del Caracazo llamó la atención de América Latina y despertó el entusiasmo de no pocos militantes del continente. Levantando banderas de unidad latinoamericana y de superación del capitalismo dependiente. Varios fueron los intentos, que pasaron por el enfrentamiento a la propuesta estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y por la formación de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), uniendo gobiernos que se erigieron con promesas de superación de las políticas neoliberales y movimientos sociales del continente. También propuestas de un mercado común y una moneda común. Propuestas todas que fueron empalideciendo al calor de la demanda extractiva de las grandes cadenas de acumulación. Sin embargo, Venezuela permanecía como curadora de esa promesa no cumplida para esos militantes que vieron en la propuesta bolivariana no solo un proyecto de superación del capitalismo dependiente, sino también una concomitante transformación del ejercicio del poder hacia el poder popular, del Estado a las comunas como forma de ejercicio del poder popular.
Hagamos un poco de historia
El Caracazo, en 1989, inauguró una seguidilla de rebeliones populares contra las transformaciones neoliberales que las demandas de la acumulación capitalista impusieron al mundo. Anunciadas explícitamente por la primera ministra del Reino Unido, Margaret Tatcher, esas medidas eran coronadas por el mantra T.I.N.A. (“There is no alternative” -no hay alternativa). Como en las que le siguieron en América Latina, en la rebelión de Caracas predominó la espontaneidad de quien vio sus referencias cotidianas implosionar sin mediación de sospechas previas. Las gentes, hasta entonces conformes, que se levantaban a la mañana y eran sorprendidas por un aumento de las tarifas de transporte y un conjunto de medidas de ajuste que afectaban todos los planes.
La rebelión sorprendió a todos, inclusive a sus propios participantes, que midieron la fuerza popular contra la represión, que percibieron su falta de organización. Las organizaciones de izquierda y populares no dieron cuenta de prever, cuanto menos organizar, el movimiento, brutalmente reprimido. Pero el protagonismo popular de esas jornadas, guardado en la memoria, permitía que se hiciesen nuevos planes, que exigían tejer redes más amplias y trazar estrategias comunes. Eso demora: supone tiempo, pequeñas luchas en las cuales testear formas organizativas y confianza mutua. Es imposible saltar de una fuerza espontánea a un frente común que pueda armar acciones coordinadas que impongan cambios.
Pero hubo una organización que, por su régimen interno, el “orden cerrado”, pudo actuar rápidamente. Una corriente interna de las fuerzas armadas, ya organizada desde 1982, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), urgida por la intención de no ser confundida con la represión al Caracazo, se lanzó a un putch, en 1992. Sin lazos orgánicos con los movimientos populares, el grupo, hasta entonces, desconocido por la gente de a pie, no obtuvo apoyo popular. El putch fue sofocado, los líderes, entre ellos el teniente-coronel Hugo Chávez, fueron presos. Sin embargo, y contra las expectativas de las grandes mayorías, no hizo ningún acuerdo. Repitiendo, con otras palabras, el alegato del joven estudiante Fidel Castro, cuando fue preso por el dictador Fulgencio Batista, “la historia me absolverá”, Chávez admitió que habían perdido “por ahora”. Ese pequeño gesto fue leído por esas grandes mayorías como una disposición para continuar peleando, en lugar de la claudicación pronosticada por la desconfianza popular frente a los militares: “entre bueyes, no hay cornadas”.
Lo que sigue es más conocido: Chávez se candidateó a la presidencia de Venezuela en 1998 y ganó con el 56% de los votos; desde el gobierno, promovió reformas antineoliberales y una nueva constitución, aun sin romper con la dependencia de las exportaciones de petróleo; en 2002, sufrió un intento de golpe de Estado que fue revertido inmediatamente por una sublevación popular; con más fuerza, promovió reformas más profundas, como la reforma agraria. En 2007, lanzó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reuniendo varias organizaciones de apoyo para efectos electorales. El apoyo con el que contaba, sin embargo, rebasaba esta organización partidaria y tenía sus raíces en la confianza que había conquistado frente a las grandes mayorías y en las numerosas organizaciones populares de base territorial que florecieron en torno de las políticas públicas.
En 2010, Hugo Chávez propuso la Ley Orgánica de Comunas, una forma de organización de “participación y protagonismo” popular que formaba parte de lo que se llamó “la nueva geometría del poder”. Chávez proponía una transición socialista basada en la sustitución paulatina del Estado por las Comunas. Ese sería el camino bolivariano en dirección al “Socialismo del Siglo XXI”. Mientras tanto, esas organizaciones de base serían alimentadas con políticas públicas de transferencia de renta que fortaleciesen la autonomía productiva, para, así, acabar con la dependencia de las exportaciones de petróleo y las prácticas de “rentismo” que se habían consolidado a lo largo de la historia venezolana, con el abandono de la producción agrícola. La soberanía alimentaria era base fundamental para librarse de la dependencia. Por otro lado, ese proceso se veía lento y, en la práctica, las políticas de apoyo a las organizaciones eran absorbidas por los automatismos del “rentismo” (dependencia del flujo de recursos públicos procedentes de las exportaciones petroleras). Es decir, más que una estrategia para salir del círculo cerrado de la dependencia de las exportaciones, esas políticas tenían un efecto de distribución de renta.
Resultante de una iniciativa de arriba y con control del Estado sobre el flujo de recursos, las comunas no daban muestras de autonomía política y, cuando las daban, chocaban con la burocracia de un Estado pesado y lleno de vericuetos, cuando no de un rápido “disciplinamiento”. Más allá de que las amparase la razón o no, autonomía es también autonomía para equivocarse. Las primeras alcanzadas por tal “disciplinamiento” eran justamente las comunas formadas dentro de la industria, con la fuerza que supone la producción en escala. Lo que se esperaba que fuera la tendencia a ser afirmada, la autonomía de las comunas, terminó siendo excepcional.
Por otro lado, las importaciones de alimentos y productos manufacturados no podían parar. El gobierno promovió acuerdos con empresas de procedencia china y con el propio Estado chino, para fomentar un desarrollo interno, como alternativa a la dependencia de la venta de petróleo en un mercado dominado por las transnacionales de procedencia estadounidense. También promovió un empresariado que llevase adelante las importaciones e industrializase, con la esperanza de mantener la economía en funcionamiento. En la práctica, esa burguesía fomentada por políticas de Estado, lejos de estar dispuesta a cumplir un papel “transitorio”, profundizaba el “rentismo” al hacer sus negocios, y generaba relaciones de dependencia permanente.
Esa transferencia de renta para alimentar un sector privado con intereses de lucro y en un país que ralentizó cualquier proyecto industrializante desde el descubrimiento de los ricos yacimientos de petróleo, estaba lejos de fomentar el desarrollo de una burguesía industrial. Más bien nutrió una camada un tanto “pirata” con intereses privados y corruptora de funcionarios de la burocracia estatal, con la cual se acertaba para rapiñar los recursos públicos. La corrupción, sin embargo, argamasa predominante en los “consensos” del capitalismo dependiente, no era tratada como estructural, sino como simple desvío moral.
Ya en su lecho de muerte, y percibiendo la encrucijada en la que el proceso iniciado por él se encontraba, Chávez quiso dejar una consigna que no admitiese ambigüedades: “¡Comuna o nada!”. Era fácil decirlo. ¿Quiénes asumirían tal tarea?
¿Proceso “congelado”?
Para la mayoría de los militantes de América Latina que vieron con buenos ojos el proceso bolivariano, la historia de Venezuela parece congelada en aquel momento, más como una esperanza en el papel que como una realidad efectiva y concreta. Ya pasaron 11 años desde la muerte de Hugo Chávez. Mucha agua pasó bajo el puente.
La soberanía alimentaria no se concretizó, y, a través de los vínculos con el mercado mundial, imposiciones externas tienen efectos deletéreos en la economía interna, inclusive en la economía monetaria. El salario mínimo ha caído a niveles impensados y la escasez de productos de primera necesidad llevaron a un número altísimo de trabajadores a migrar. Se calcula en más de siete millones los que se han desplazado. Muchos de esos migrantes son trabajadores calificados que, sin embargo, aceptan empleos de baja remuneración en otros países.
Lejos de romper con la dependencia de las exportaciones de petróleo, hay una diversificación de las exportaciones que viene creciendo con la extracción mineral en el Arco del Orinoco. En 2018, el presidente Nicolás Maduro, que sucedió a Chávez, promulgó un decreto que atribuye a las Fuerzas Armadas Bolivarianas el comercio de los minerales del Arco del Orinoco. Es decir, además del presupuesto del Estado, las fuerzas armadas cuentan con recursos propios provenientes del extractivismo minero. Eso consolida vínculos con intereses económicos bien concretos que fortalecen la matriz exportadora de commodities, y militariza la defensa de esa matriz. Esto redunda no solo en más represión contra los pueblos que defienden los territorios de la destrucción, sino en represión a todo lo que amenace las políticas de ajuste neoliberal que vienen siendo tomadas para “reequilibrar” la economía.
La ruptura con la dependencia de las exportaciones y el extractivismo parece cada vez más distante y difícil. En términos existenciales, se vive una “fatiga” social, y decepción frente a los años de promesas incumplidas. El “¡Comuna o nada!” resulta una ironía cruel para muchos que apostaron en esa estrategia que, en la práctica, no salió del papel. Los funcionarios del gobierno ya no pueden repetirla sin sonrojarse, prefieren otras consignas que les retiren responsabilidades.
Después de varios intentos de la vieja burguesía tradicional aliada a Estados Unidos de retomar el gobierno, sea por golpe de Estado o por elecciones, incluyendo la formación de un supuesto “gobierno alternativo” reconocido por potencias alineadas con los yanquis, asistimos recientemente a nuevas elecciones. Esta vez, la alianza opositora desplegó un desempeño electoral mucho más eficiente. No son sus cualidades las que permitieron ese resultado: la alianza catalizó la fatiga y el descontentamiento que no encontró alternativas de recuperación de lo que se pensó en algún momento como estrategia bolivariana. La Unión Comunera, fundada como movimiento político en 2019, más allá del PSUV, con militantes de las comunas, terminó prestando su principal dirigente, Angel Prado, para fortalecer el gobierno de Nicolás Maduro como ministro de las Comunas, alejando toda posibilidad de presentarse ante los venezolanos como alternativa al estancamiento.
Cabe, para los militantes latinoamericanos, abandonar la imagen congelada de una Venezuela que ya no existe y derivó en un laberinto del cual “sólo se puede salir por arriba”. Es a ellos que está dirigido este dossier: un conjunto de entrevistas a venezolanos críticos, hombres y mujeres que en algún momento apostaron en la posibilidad de transformaciones estructurales de corto plazo.
Emiliano Teran Mantovani[1]
Hay una mezcla de factores. No se puede olvidar que Venezuela ha vivido uno de los colapsos societales más profundos de nuestra historia contemporánea, sin que haya habido una guerra en nuestro territorio. Y me estoy refiriendo a la historia mundial, hay datos comparados por países que han vivido crisis similares que muestran esta realidad.
Se puede debatir sobre los factores históricos nacionales que nos llevaron a esto, que son irrefutables, pero eso no exime de responsabilidades a los gobiernos bolivarianos, incluyendo a Chávez, que profundizaron los viejos males del modelo venezolano, basados en una sociedad y un conjunto de instituciones extremadamente dependientes del petróleo. Ya veníamos de una crisis desde los años 80, y se profundizaron esos males precisamente en el momento de esplendor del proceso bolivariano, cuando más popularidad y mayor hegemonía tenía, más alto estaba el precio del barril de petróleo, y mejores condiciones regionales tenían con el auge del ciclo progresista. Todo esto implicó acentuar la vulnerabilidad internacional del país, y del propio tejido social, no sólo afectado por la crisis económica sino por la corporativización de la sociedad en torno a un Estado con un poder muy vertical como el chavista.
Con Maduro se fue desarrollando el desplome societal, y se incrementó la conflictividad política con la oposición y con el flanco internacional. El régimen decidió, antes que atender a la sociedad venezolana ante la debacle, gobernar por la fuerza y mantener el control del poder del Estado a toda costa. Ahí tuvimos un cambio de régimen desde adentro, pulverizando el nacionalismo energético, el rentismo con enfoque popular y el marco de derechos promovido dentro del gobierno de Chávez, para mutar hacia un autoritarismo neoliberal. Hacia uno de los procesos de reestructuración neoliberal más agresivos y uno de los regímenes más represores de la región.
¿Qué factores específicos determinaron que se haya generado una de las más grandes migraciones de nuestro tiempo global actual? Pues como decía, son varios esos factores y vale la pena mencionarlos en detalle. Primero, el país vivió un empobrecimiento muy drástico y acelerado en pocos años, con anaqueles vacíos y millones de venezolanos perdiendo peso. Esto fue un shock para la sociedad. Segundo, hubo un proceso inflacionario que llegó a hiperinflación, obviamente la más alta del mundo. El Banco Central habló de 130.000% de inflación en 2018, mientras el FMI hablaba de 1 millón %. Más allá de la exactitud o inexactitud de las cifras, imaginen lo que fue para un venezolano vivir el desquiciamiento de los precios a este nivel. El dinero en la cuenta bancaria alcanzaba para tres papas, dos cebollas y una zanahoria. Se depreciaba varias veces cada día. Creo que podríamos escribir un libro sobre la experiencia social de vivir con hiperinflación, que es bastante irreal. Aquí tenemos un segundo shock.
Tercero, el colapso de los servicios públicos, elementos fundamentales para sostener nuestra vida cotidiana. Ya veníamos de la agudización de la crisis eléctrica, cuando en 2019 Venezuela vivió un apagón total del país por varios días. El impacto fue tremendo, pueden imaginar la vida cuando todo se apaga y no hay fuente eléctrica para nada. Sin duda el venezolano lo vivió como un shock, ahí tenemos un tercero. Lamentablemente la crisis eléctrica ha continuado en el país, con sus vaivenes, y no es el único servicio público en declive. Tenemos numerosos sectores de la sociedad que apenas reciben agua, algunos con varios meses sin recibirla. Otros sin gas, y por eso se dio un auge de deforestaciones para la obtención de leña para cocinar. Hubo período de la crisis en la que el transporte público prácticamente desapareció, y veíamos camiones de carga o 350[2] sirviendo de transporte, algo que recordaba también un poco el período especial cubano. Buena parte del día a día del venezolano se dedicaba a la obtención de estos elementos para la reproducción de la vida. Nuestra cotidianidad estaba extraordinariamente precarizada.
Agrego otros elementos: la falta de empleo y oportunidades, ya que la economía formal era prácticamente un desierto. ¿Dónde generas ingresos para vivir? Es una pregunta de difícil respuesta. También la represión social y política ha incidido mucho, ya que, a medida que se iba degradando el sistema social, el régimen político se hacía más y más predatorio. Se fue incrementando la persecución política, las detenciones arbitrarias, el autoritarismo. Operativos policiales en los barrios más pobres fueron dejando fallecidos, y se fue asfixiando más y más las posibilidades de disidencia política y social. En este sentido, el exilio o la migración era una opción de resguardo.
Permíteme incluir unos elementos más que explican la migración, que tienen que ver con los imaginarios sociales, las desilusiones políticas y la falta de sensación de futuro. Creo que al venezolano también se le ha desplomado el marco de sentido y posibilidades que se había construido desde el imaginario de una Venezuela rica, gracias al petróleo. Ese desplome ha dejado un vacío que creo que no se ha podido llenar, para abordar la reproducción de la vida desde otros códigos, desde otro modelo o sistema social. A mi parecer, estos son los efectos de la cultura petrolera, muy estudiados para el caso venezolano. A esto hay que agregarle las decepciones políticas que ha dejado el chavismo, que había generado gran ilusión previa. La sensación de desilusión ha sido muy grande. Recuérdese que el chavismo inundó el país de promesas emancipatorias y discursos grandilocuentes, y llegó a generar simpatía en casi el 70% de la población. La debacle fue para algunos como una especie de duelo que duró mucho en sobrepasarse.
Pero también hay que mencionar las grandes decepciones que dejó la oposición, que fueron muchas además. Estas decepciones se basaron en la falta de conexión real con la gente, sus personalismos vacíos, su incapacidad de comprender la realidad política y cultural del país, y para generar una unidad que pudiera enfrentar al gobierno. Mucha desilusión, en general, de una clase política que no ha estado a la altura de las necesidades para abordar la profunda crisis venezolana. Eso también ha pasado factura en la gente.
El establecimiento del régimen de Maduro, junto con la conflictividad planteada por la oposición, y las diferentes formas de intervención foránea, sea la estadounidense, la china, la rusa, la de los gobiernos uribistas, de la Unión Europea, han llegado a ser tan destructivas que han mellado considerablemente en las nociones y expectativas de futuro nacional. El gobierno de Maduro ha sido un régimen de terror, de tristeza y desesperación que han vaciado las perspectivas de futuro. Por eso la gente salió a votar masivamente contra el régimen; prácticamente el 70% de la población.
Maduro ha despojado de futuro el horizonte nacional, y, con el conjunto de factores que describo, es completamente comprensible ver tantos venezolanos saliendo por las fronteras y en muchos de los países de la región y otros continentes, buscando oportunidades. Creo que la gente quiere oportunidades en su propio país, pero no las consigue.
Sólo en los primeros años, incluso en los primeros meses del gobierno de Chávez, prevaleció un discurso petrolero no expansionista y austero. Chávez entendía bien eso que se llamó “la cuestión petrolera”, y las corrientes de pensamiento que previamente habían problematizado los delirios de grandeza de la Venezuela petrolera y los límites de las economías rentistas. Pero lamentablemente duró poco esa austeridad. Vimos pues un cambio de la orientación económica del proceso hacia el expansionismo petrolero, de la mano de la emergencia de la “construcción del socialismo del siglo XXI”. Para Chávez la idea del crecimiento del poder venía de la mano del crecimiento de la producción petrolera. El socialismo era un formato ultra-desarrollista con nacionalizaciones, y para ello el Petro-Estado debía maximizarse a partir de la expansión de los niveles de extracción, hasta llevarlos a la estrambótica cifra de 6 millones de barriles diarios. De nuevo, la Venezuela saudita que habíamos visto con Carlos Andrés Pérez en los 70. Y, también, esa maximización se basaría en la expansión de la captación de renta para financiar ese desarrollismo y la aceptación popular motorizada con la distribución rentista. A esto lo llamaron la “Venezuela Potencia Energética Mundial”.
Esa fue la narrativa predominante y desde hace mucho tiempo, no otra. Cuando Chávez hablaba de vez en cuando de salir de la dependencia del modelo rentista petrolero en realidad planteaba un discurso demagógico. La fórmula era petróleo y poder como eje de producción política, y lo demás fue elemento accesorio. La expropiación y entrega de tierras no logró trascender su dependencia de la renta petrolera y la corporativización. Con Chávez se propuso el más grande proyecto minero, el Arco Minero del Orinoco, en la Amazonía, como complemento a la propuesta de expansión extractivista. Así que se presentó la paradoja de un Chávez hablando de la consecución de la “independencia” de Venezuela en una fórmula estrechamente ligada a la intensificación de la dependencia petrolera. Cuando Chávez llegó al poder la dependencia de las exportaciones de petróleo era de 74%; al morir la dejaba en 96%. Difícilmente esto iba a terminar bien.
Con Maduro lo que ha ocurrido es que se ha dislocado la estructura de la economía nacional, pero su enfoque de reestructuración apunta hacia más extractivismo, relanzamiento de la industria petrolera con grandes facilidades para las corporaciones transnacionales, como lo vemos tanto con la Chevron de los EEUU, como de las empresas chinas en la Faja Petrolífera del Orinoco. Mucha minería de oro en la Amazonía, que es fundamentalmente ilegal o irregular, turismo de élites, entrega de tierras a inversores privados, y otros negocios ilícitos. Una economía para pocos.
Pero lo de Chávez y Maduro es la repetición de la fórmula que vemos tanto en izquierdas como en derechas: promover la expansión del extractivismo de hidrocarburos con viejas narrativas acríticas sobre desarrollo; y anclar la idea de soberanía e independencia a la extracción masiva de recursos naturales para venderlos al mercado mundial. Es decir, “soberanía” basada en el propio expolio, neocolonialismo, reprimarización, dependencia, rentismo, devastación de nuestros ecosistemas y saqueo de nuestros recursos. Muy problemática noción de soberanía.
Desde que el proceso bolivariano se montó en la ola expansionista de la Venezuela Potencia Energética Mundial se planteó esta contradicción: consolidar un poderoso Petro-Estado, presente en todo y determinador de todo; y al mismo tiempo conformar numerosas comunas como expresión del poder popular en los territorios. Este fue el planteamiento, pero me parece que pocos dentro del chavismo identificaron la contradicción estructural que había en esto, o por lo menos no fue denunciada.
Si entendemos las comunas como una forma de construcción de poder desde abajo y orientado a la sustentación autónoma de la vida desde los territorios, esto iba a estar reñido con el proyecto de poder desde arriba, y con el modelo extractivista, aunque todos los actores del chavismo anunciaran sus alianzas con la propuesta. Desde arriba, desde la programática gubernamental, y desde abajo, desde los comuneros, se reivindicaba la idea del llamado “Estado comunal”. El problema, o entre varios de los problemas, es que este es era un juego de poder de suma cero. La transferencia de poder debía ser de arriba hacia abajo hasta el punto de reducir a cero la dependencia política y económica con el Estado; hasta incluso prescindir de las figuras de poder tradicionales, como las alcaldías y las gobernaciones y todo fuese gestionado por las comunas. Eso era lo que se planteaba teóricamente en las discusiones y en los discursos. Pero, en realidad el Estado no tenía en su proyecto real el propósito de ceder poder. Muy al contrario, lo que quería era concentrar más poder, pero al mismo tiempo crear mecanismos de control hacia abajo y correas de transmisión de mando desde arriba que fuesen más eficientes.
Del seno del Petro-Estado chavista se desarrollaron extraordinarios procesos de concentración de capital y riqueza. No es casual que antes que comunas fortalecidas y extendidas en todo el país, lo que surgió fue una nueva burguesía chavista, que algunos llamaron “boliburguesía”. Del seno del proyecto bolivariano surgió el PSUV que propuso desde sus inicios la fórmula de partido único, es decir, que toda fuerza política se fusionara en ese partido. También se impuso la centralidad de lo electoral, de que el gobierno mantenga el poder a toda costa, y también las lógicas de lealtad al líder, así que las comunas terminaron poniendo sus fuerzas en actividades electoralistas, en marchas del gobierno, en tareas burocráticas o poniendo el pecho en la defensa del gobierno, que en nada tenían que ver con los procesos de empoderamiento popular territorial.
Y, no menos importante, la lógica de la renta petrolera seguía siendo un determinante de arriba hacia abajo, y las comunas fueron establecidas también atadas a la dependencia del Estado rentista. Todos estos factores asfixiaban las posibilidades de autonomía, que debía ser el horizonte comunal. El “Estado comunal” era un planteamiento inviable, a mi juicio casi un oxímoron. Es en este sentido que era un juego suma cero, y la disputa ha debido ser también a lo interno para la construcción de autonomía comunal, desde abajo. Una disputa inevitable con el Estado, una disputa que era política, económica, territorial, y también cultural. Disputa que servía a la vez para detener las fuerzas regresivas dentro del proceso bolivariano, que eran en realidad anti-comunales. Pero esa disputa nunca se dio, las comunas no insurgieron sobre su propio proyecto, a menos que mencionáramos casos muy puntuales. No hubo una disputa por ese proyecto político. Prevaleció a mi juicio la lealtad. El Estado comunal, como concepto, era la cruda expresión de la conciliación de dos fuerzas irreconciliables.
Si mencionaba que con Maduro se desarrolló un cambio de régimen desde adentro del propio proceso, esto a su vez configuró una nueva fase del extractivismo, mucho más predatoria. Atrás se quedó ese modelo de extractivismo centralizado y que construía hegemonía y gobernanza a través de la distribución estratégica de la renta, y pasamos a un modelo donde la renta quedaba pulverizada o muy disminuida; prevalece la apropiación directa de recursos naturales por parte de los sectores más poderosos y grupos de poder locales, un formato que podríamos denominar neo-patrimonial; se multiplican polos de extracción para alimentar esos grupos de poder; se violan normativas de todo tipo, pues el nuevo modelo se basa en derribar toda barrera a la apropiación de riqueza y acumulación de capital; y se imponen economías ilícitas y entramados de corrupción. Como vemos es un esquema extractivista más bien caótico, y como no gobierna por hegemonía, lo hace fundamentalmente a través de la violencia.
Aquí entonces me interesa resaltar esto que podríamos llamar una triada: extractivismo predatorio/autoritarismo/desregulación ambiental. Aunque prefiero llamar las cosas por su nombre así que llamémoslos extractivismo predatorio/dictadura/desregulación ambiental. Son elementos centrales que componen al régimen actual en Venezuela y uno permite explicar los otros, lo que va unido al cuarto componente, que es el abaratamiento de la fuerza de trabajo. Básicamente, la crisis y el sostenimiento del régimen en el poder la pagan no sólo los trabajadores y la población en general, sino también la naturaleza, que es objeto de recolonización y expolio para saldar las deudas externas contraídas por el régimen, sostener a la élite gobernante y financiar la maquinaria de represión. Y el expolio es desinhibido, desregulado, militarizado, abierto.
Los impactos socioambientales son numerosos y profundos, algo de lo que se está hablando muy poco cuando se mira y debate sobre Venezuela. Desde mi perspectiva, a este marco hay que llamarlo crisis ambiental nacional, como una dimensión más de la crisis venezolana. Los cuerpos de agua del país están siendo muy afectados por los derrames petroleros que son permanentes y suceden con total impunidad. Muchos campesinos más al sur, y pescadores en las costas del Caribe, están siendo muy afectados en su actividad de subsistencia por esta contaminación, socavando aun más la frágil seguridad alimentaria venezolana. En la Amazonía es el mercurio el que se está desperdigando por toda la cuenca del Orinoco y el Cuyuní, producto de la expansión extraordinaria de la minería ilegal. De la mano de todo esto está el avance de la deforestación, que está afectando selvas y bosques, penetrando nuevas fronteras de extracción producto también del avance hacia nuevas fronteras agrícolas desordenadas e ilícitas, o la extracción de madera, por mencionar ejemplos. El manejo de desechos es terrible en todo el país y produce impactos a la salud en los habitantes, aunque también se ha generado un nicho de enriquecimiento ilícito con el contrabando de chatarra. Las comunidades más pobres son las más afectadas por toda esta degradación ecológica, pues la intoxicación por contaminación se contrapone a los sistemas de salud pública colapsados; u obliga a las familias a hacer grandes esfuerzos por conseguir agua limpia y potable. Las comunidades indígenas están sufriendo con más intensidad estos impactos del extractivismo, porque al menos en la Amazonía, se establecen a través de grupos armados irregulares que amenazan seriamente su seguridad.
Creo que se habla muy poco de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela desde el campo popular, un proceso de lucha que ha venido surfeando las recurrentes olas de la crisis económica, la represión del régimen y los diferentes episodios de la crisis política nacional. Ha habido diferentes momentos de protesta popular, protestas del sector de trabajadores por salarios dignos y la recuperación de los derechos laborales; protestas por servicios públicos; movilizaciones en defensa de los derechos humanos; iniciativas sociales y comunitarias de tipo ambiental interesantes, de conservación, de defensa del agua y su acceso; continuación de procesos de autodemarcación y de guardias indígenas en la Amazonía. Todos estos procesos han tenido altibajos y grandes dificultades para articularse y vencer los altos niveles de dispersión y fragmentación que dominan, y disputar con más fuerza ante el régimen político. Allí hay un gran desafío, para sortear estos obstáculos y fragilidades. Pero el preámbulo de las elecciones presidenciales hizo evidente que el hartazgo generalizado de la sociedad venezolana, que es masivo, se había traducido en un deseo de cambio y de recuperación de la democracia que, ante tanta fragmentación, ha visto la posibilidad de ese cambio a través de la vía electoral. Por eso las elecciones generaron tanto entusiasmo y expectativas.
No creo que sea correcto interpretar esto que ha ocurrido en el campo popular únicamente desde la idea del ‘ciudadano votante’. Esto ha trascendido el evento electoral, y tampoco puede ser leído en clave de polarización política, o sólo de los propios candidatos participantes. Hay un deseo de cambio, una pulsión de libertad, un ansia colectiva de recuperación del país, de un horizonte de futuro que va más allá de un candidato u otro de oposición. Y eso debe ser resaltado. Se trata, a mi juicio, de un nuevo sentido político en el país, una nueva conciencia social, que ciertamente carece de un esquema de articulación amplia, desde abajo, orgánica, y que por eso es aprovechada fundamentalmente por los partidos de oposición. Pero insisto, trasciende lo meramente electoral y partidista. Haciendo apenas un ejercicio mental, podemos ver lo que representó el estallido social en el Chile del 2019, o el Caracazo en 1989, una fuerza popular masiva que iba mucho más allá de la organización de partidos o los lineamientos de un grupo político, que más bien expresó la ebullición de un prolongado descontento colectivo contenido, y cambió la historia de estos países. Hay cosas que se han movido en la sociedad venezolana sin poder decir ahora qué forma tomarán y qué pasará en el futuro del campo popular.
Pero al menos planteo dos cuestiones generales sobre posibilidades de cambio en Venezuela. Una, que el establecimiento de una dictadura tan violenta en Venezuela, sobre todo después del fraude electoral, ha abierto con mucha fuerza la necesidad de construir un gran frente nacional de lucha, uno muy amplio, que puede contribuir a que esta fuerza social pueda tener un espacio plural de expresión, de convergencia y convierta esto en agenda de lucha y objetivos que puedan ser logrados. Cuando se derrocó la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela en 1958, un frente nacional como este tuvo un rol crucial. El gobierno de Maduro controla el sector militar, básicamente gobierna por la fuerza, y eso es así precisamente porque carece de legitimidad y apoyo popular. Esta es una debilidad muy grande. Pero el proceso o no de una articulación amplia para poder salir del régimen podrá ser determinante, aunque creo que será una lucha no de corto plazo.
Una segunda cuestión tiene que ver con la continuación de los procesos sociales que se han venido generando en lo local, en lo pequeño. Procesos que se ampliaron precisamente por la falta de Estado, de lo público, y obligaron a la gente a fortalecer aspectos organizativos y de gestión para enfrentar los embates de la crisis. Hay un tejido que fue creciendo de organizaciones de derechos humanos; los sectores feministas también crecieron en el país en los últimos años, así como los grupos ambientales. La articulación de sectores sindicales se amplió, agarró mucha fuerza de calle y de presencia en los estados del país, y es algo muy positivo. Y ya mencionaba la experiencia de varias comunidades indígenas. Quienes se quedan en Venezuela buscan desarrollar estos procesos, pero, nuevamente, me parece crucial que se fortalezcan los canales de cooperación entre organizaciones, sectores y comunidades, pues es desde ahí que pueden enfrentar a la dictadura y crecer. Tarea nada fácil cuando el régimen se ha vuelto aún más represivo, pero esto es parte de la creatividad, imaginación y ansias de libertad que impulsen un urgente cambio político.
Omar Vázquez Heredia[3]
La inmensa mayoría de los siete millones de venezolanas y venezolanos que han migrado son trabajadoras y trabajadores, entonces la principal causa de esa migración se encuentra en la depauperación de sus condiciones de vida, como consecuencia de la destrucción del salario y el deterioro del acceso a servicios públicos básicos. En el caso del salario, fue destruido en dos sentidos: como equivalente monetario de un conjunto de mercancías que paga el empleador al empleado por su única mercancía, la fuerza de trabajo, y también como concepto central en las relaciones laborales. Hoy, en Venezuela el salario y la pensión mínima son 130 bolívares mensuales, que al tipo de cambio oficial son 3,53 dólares. Dicho salario mínimo es la referencia salarial de la mayoría de la clase trabajadora.
A su vez, los empresarios y el Estado, para reducir las renuncias de trabajadores, que en buena medida después migraban, empezaron a pagar bonos, pero sin incidencia en el cálculo de vacaciones, utilidades y prestaciones sociales. Los empresarios desde el 2018 empezaron a pagar los bonos, y el Estado lo empezó a pagar al conjunto de sus empleados en 2023. En el sector privado los montos de los bonos son variables, pero al parecer el promedio sería de 225 dólares al mes[4]. En el Estado el llamado ingreso mínimo mensual es de 130 dólares al incluir los bonos de guerra de 90 dólares y de alimentación de 40 dólares[5]. De ese modo, desde hace varios años, los empresarios y el Estado se ahorran un conjunto de recursos en lo que denominan pasivos laborales. Por otra parte, los cortes del suministro de electricidad y agua son cotidianos en la inmensa mayoría de los estados del país.
Además, la mayoría del país rechaza al gobierno dictatorial y antipopular de Nicolás Maduro, como se demostró el pasado 28 de julio, cuando el 70% de las electoras y electores votaron por el principal candidato opositor, Edmundo González. En ese marco, cuando se reducen las esperanzas de un cambio gubernamental, las trabajadoras y trabajadores venezolanos retoman sus planes de migrar.
El gobierno de Chávez acentuó la dependencia del petróleo e incrementó las importaciones en detrimento de la producción nacional en la industria y agricultura, porque estableció una sobrevaloración de un tipo de cambio oficial fijo. Así, como en toda la historia de la Venezuela petrolera, el Estado siguió subsidiando las importaciones privadas y gubernamentales a través del ingreso petróleo, que sostuvo la mencionada sobrevaloración del tipo de cambio oficial. Dicho aumento tendencial de las importaciones entre 2003 y 2012 permitió la imbricación circunstancial del proceso de acumulación y atesoramiento externo de la burguesía importadora y del consumo de las clases subalternas.
En 1998, el año antes de que Chávez comenzara su gobierno, el monto de las importaciones fue de 17.879 millones de dólares[6]; en cambio, en 2012, el monto de las importaciones llegó a 71.083 millones de dólares. Un crecimiento del 297,57%. Este incremento de la oferta de mercancías importadas coadyuvó al subsidio de los bienes salariales que derivó en una disminución de la pobreza general, que pasó de 43,91% en 1998 a 21,20% en 2012[7]. Paralelamente, hubo un incremento de la fuga de capital de la élite económica que pasó de tener depositado en el exterior 20.948 millones de dólares en 1998 a 149.547 millones de dólares en 2012.
Entonces, Chávez, al hacer al capitalismo venezolano más dependiente de las importaciones, cuando Maduro desde el 2013 empezó la contracción de su monto para disponer de recursos que destinó al pago de deuda externa y pasivos de Pdvsa, provocó un incremento de la inflación y escasez de mercancías. Los altos índices de inflación y escasez implicaron una depauperación del salario real de la clase trabajadora. En ese marco, los ideólogos de Maduro promovieron la falsa matriz comunicacional en la que explicaban a la inflación y escasez a partir de una llamada guerra económica contra el gobierno.
En realidad, Maduro a través del control de la administración de las divisas redujo el monto asignado a las importaciones, que pasó de 61.591 millones de dólares en 2013 a 12.942 millones de dólares en 2017. Al mismo tiempo, entre 2014 y 2016, el gobierno pagó 44.071 millones de dólares en pasivos de Pdvsa. Además, entre 2013 y 2017, dicho gobierno pagó por servicio de la deuda externa 81.131 millones de dólares.
Desde el 2006, los consejos comunales y la agregación de varios en las comunas fueron organizaciones constituidas en lo esencial desde el aparato del Estado a partir de leyes, el trabajo de empleados públicos y el financiamiento estatal. Por ejemplo, la ley especial de consejos comunales de 2006 y la ley orgánica de comunas de 2009. La creación de promotores comunitarios en las instituciones del Estado para organizar consejos comunales y después comunas, y la constitución en 2009 del actual ministerio del poder popular para las comunas y movimientos sociales (MPPCMS). Por último, desde 2006 el financiamiento inicial de 30 millones de bolívares para cualquier consejo comunal registrado en el antiguo ministerio de participación popular y desarrollo social (MPPDS).
En ese sentido, simpatizantes chavistas y en alguna medida opositores, con el acompañamiento de los llamados promotores comunitarios, organizaban en sus comunidades residenciales, urbanas y rurales, a los consejos comunales y comunas para recibir financiamientos del Estado, que dependían de estar registrados primero en el MPPDS y después en el MPPCMS. Así, dichas organizaciones comunitarias se convirtieron en un modo orgánico de distribución por el Estado del ingreso petrolero. Esto en la inmensa mayoría de los consejos comunales y las comunas constituidas en las ciudades, donde vive el 95% de la población venezolana. En consecuencia, cuando se desplomó el ingreso petrolero distribuido por el Estado solo siguieron existiendo algunos consejos comunales y comunas rurales, que no dependían totalmente del financiamiento estatal.
Por eso, consideramos que los consejos comunales y las comunas en el momento hegemónico del gobierno de Chávez solo fueron la principal forma orgánica en la cual el aparato estatal en sentido estricto se relacionó con la sociedad civil en medio del Estado ampliado venezolano, en sentido gramsciano. Si en el denominado Puntofijismo la principal forma orgánica de canalización de las clases subalternas por el Estado ampliado venezolano fueron los partidos tradicionales, AD y Copei, el gobierno de Chávez los reemplazó por las mencionadas organizaciones comunitarias.
Las llamadas experiencias de control obrero y cogestión que surgieron después del paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003, fueron generalmente exageradas por militantes en esa época. Además, implicaron una demanda al gobierno de Chávez para que las apoye. En uno de esos intentos de control obrero como Sanitarios Maracay hubo incluso represión estatal en 2007[8]. Dichos militantes igualmente aplaudieron mucho la re-estatización de Sidor, que también implicó una demanda de los trabajadores que llevó al gobierno de Chávez a asumirla, pero después de reprimir marchas de obreros sidoristas[9].
Entonces, si hubo episodios de represión puntual a la clase trabajadora en la época de Chávez, que expresaban la lógica chavista de control militar y policial de la movilización autónoma. A pesar de que en esos años la mayoría de la clase trabajadora estaba subordinada al gobierno, como consecuencia del aumento del salario real, las concesiones simbólicas y el liderazgo carismático de Chávez. Pero, cuando Maduro pierde el apoyo de la clase trabajadora producto de sus ajustes económicos inflacionario (2013-2017) y macroeconómico (2018-2024), provocó un incremento progresivo de la movilización laboral masiva y autónoma. Esto se observa por ejemplo en los paros nacionales del sector salud en 2018 y del magisterio en 2019. En este contexto, la represión militar y policial del gobierno de Maduro en contra de la clase trabajadora ha sido generalizada.
Después de la elección y el fraude del 28 de julio, estamos en una coyuntura caracterizada por un reflujo de la movilización política y social, entonces es difícil observar una alternativa a la consolidación de la dictadura antipopular y oligárquica de Maduro. Pero, si estoy convencido de que solo la movilización autónoma puede permitir una recuperación de las libertades y derechos democráticos en Venezuela. Sé que el terrorismo de Estado de Maduro y la desconfianza en la movilización autónoma de María Corina Machado dificultan la reactivación de las protestas y manifestaciones al menos hasta el 10 de enero, cuando Maduro se juramente para un nuevo período gubernamental, y la inmensa mayoría de las venezolanas y venezolanos en Venezuela tengamos que decidir si ponemos en riesgo nuestras vidas y libertad en las calles o nos exiliamos en el extranjero o en nuestro interior.
Luis Bonilla-Molina[10]
Venezuela vive una situación terrible en materia migratoria. La oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que el número de venezolanos que han salido del país en los últimos diez años alcanza los siete millones. En un país con 30 millones de habitantes y un poco más de 21 millones de electores esta cifra resulta astronómica. Cada familia venezolana tiene por lo menos a uno de sus integrantes en condición de migrante y en algunos casos es todo el núcleo familiar el que ha tenido que partir.
El origen social de clase pesa mucho en las modalidades a través de las cuales se concreta este proceso. La mayoría de trabajadores y trabajadoras han tenido que migrar por tierra, sin pasaportes por los costos y trámites burocráticos para obtenerlo, con el dinero resultante de vender sus pocas propiedades (si las tienen) y con los pocos ahorros, si es que le quedan después de la hiper inflación.
La inflación en los últimos nueve años resulta inverosímil para quien la mire sin una evaluación de conjunto de la situación en Venezuela. A partir de cifras independientes se estima que la inflación ha sido: en 2015 de 121.738%, 2016 de 254.949%, en el 2017 de 438.117%, 2018 de 6.537.408%, mientras que en el 2019 de 1.990.602%, 2020 de 235.515%, 2021 de 158.851%, 2022 de 186.542%, 2023 de 337.458% y en el 2024 va en 99.981%. Si sumas la inflación acumulada el número resultante pareciera de ciencia ficción.
Entre 2013-2021 se le han restado 11 ceros a la moneda nacional, es decir 100.000.000.000 de 2013 son 1 bolívar del 2024.
Si a esto se adiciona el salario mínimo mensual de los últimos diez años (presentados en dólares) tenemos: 2014 es equivalente a 40,36$; 2015: 18,01$; 2016: 28,70$; 2017: 4,09$; 2018: 5,62$; 2019: 0,10$; 2020: 2,33$; 2021: 27,42$; 2022: 7,43$; 2023: 3,66$; 2024: 3,54$, en un país donde los precios de la cesta básica son superiores a los del resto de Latinoamérica, te podrás imaginar el drama de vida de la clase trabajadora. Por ejemplo, el mejor salario de un docente Titular universitario (máxima categoría) escasamente alcanza los 130$ mensuales, de los cuales el 80% son bonos sin incidencia en prestaciones sociales y cálculos de beneficios laborales, mientras que los maestros y maestras que comienzan su carrera su salario base no supera los 20 dólares mensuales. Ante esta dantesca situación la migración es una opción de sobrevivencia, una decisión para poder comer y apoyar a los familiares.
Las remesas se han constituido en una fuente extraordinaria de sobrevivencia familiar. Por ello, para apoyar a quienes deciden migrar, la clase trabajadora vende sus casas, vehículos y pequeñas propiedades a precios irrisorios, procurando contribuir económicamente con el inicio de los proyectos migratorios de sus integrantes. La Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), en 2021, estimaba que para comienzos de esta década los montos de las remesas anuales venezolanas comenzaron a pasar de los 1.300 millones de dólares a los 3.500 millones dólares, tendencia que se ha mantenido, es decir estaríamos hablando del equivalente al 8% del PIB de ese momento (no contamos con los datos actuales que deben ser superiores).
Esta situación la justifica el gobierno por los efectos de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) o el bloqueo económico como popularmente se les llama. Sin embargo, vemos como el salario resultaba insuficiente ante el desborde de la inflación, mucho antes que se aplicaran estas medidas sancionatorias por parte de la administración norteamericana y las naciones imperialistas europeas. Peor aun, si vemos que los ingresos al país se han incrementado en los últimos tres años por la flexibilización de las MCU que han operado entre 2022-2024, con la guerra de Ucrania y las necesidades gringas de petróleo, esto no ha tenido un correlato en los salarios, por el contrario, el ataque del gobierno de Maduro contra el salario de la clase trabajadora se ha intensificado.
Se dice que el bloqueo ha mermado la capacidad productora de petróleo de Venezuela. Pero la verdad es que ya en 2014 -antes del bloqueo- la capacidad de producción de petróleo en Venezuela había caído a un millón cien mil barriles diarios y en lo que va de 2024 casi está en 900.000 barriles diarios y el propio presidente Maduro anuncia que el gobierno tiene como meta superar el millón de barriles diarios al finalizar este año. Es decir, se está volviendo a la producción que tenía Venezuela antes de las sanciones, pero esto no tributa a las condiciones salariales y de vida de la clase trabajadora, sino reafirma el modelo rentista de acumulación de la vieja y la nueva burguesía. El bloqueo sirve para esconder el modelo de acumulación de la nueva burguesía y eso es público y notorio para la población, por ello la apelación a las consecuencias de las medidas coercitivas sobre Venezuela en la economía venezolana por parte de Maduro, ha perdido su eficacia política y electoral.
Esto ocurre con el grueso de la migración que pertenece a la clase trabajadora.
Por otra parte, la derrota de las insurrecciones paramilitares urbanas implementadas por la derecha en Venezuela, entre los años 2014-2017, especialmente la del último de esos años, que fue aplastada con el trágico saldo de más de un centenar de muertos, especialmente jóvenes opositores, propició un sentimiento de desesperanza y hastío por la incesante confrontación entre los sectores económicos y políticos. Si bien una parte de la explosión migratoria 2017-2024 tenía un componente de opositores al gobierno de Maduro, el grueso de la misma fue de trabajadores que buscaban sobrevivir económicamente y estaban cansados de existir en medio de una refriega política en la cual ellos no contaban.
Las dificultades procedimentales (burocráticas) y los costos de la certificación y apostillamiento de títulos, calificaciones y certificaciones de Tesis afectó a una parte de quienes tuvieron que optar entre sobrevivir o esperar el largo proceso de legalización de credenciales. Muchos tuvieron que viajar sin sus títulos universitarios o sin haberlos legalizado debidamente de manera previa. Otros tantos lo hicieron sin pasaporte, por lo que tuvieron que ingresar de manera ilegal a sus países de tránsito y destino. En ambos casos, esto los forzaba a emplearse en otras áreas distintas a su calificación profesional u oficio, recibiendo salarios de “ilegales”, sin seguridad social ni protección laboral.
En Brasil incluso se incrementó el número de migrantes venezolanos pertenecientes a los pueblos originarios, quienes lo hacían en condiciones muy deplorables, porque algunos de ellos eran analfabetos en español y portugués, no tenían papeles de identidad actualizados y carecían de las habilidades para insertarse en el mundo laboral urbano.
Al no tener Venezuela una cultura de la migración, un segmento de los migrantes, especialmente aquellos que carecían de experiencia familiar en procesos migratorios, se aventaron sin tener garantizada las condiciones mínimas a la hora de llegar. Eso empujó a estos migrantes a condiciones de vida en la calle, de pobreza crítica e incluso en algunos casos a la mendicidad.
Todo ello ocurría mientras el gobierno venezolano acusaba inicialmente a los migrantes de “traidores”, luego les señalaba que se habían ido para “lavar pocetas” y al final ofrecía un plan de retorno al país consistente en vuelos aéreos de limitado impacto, que colocaban a quienes retornaban al país, nuevamente ante la tragedia inflación-salarios de hambre-carencia de poder adquisitivo-deterioro de los servicios públicos, situación que les empujaba a un nuevo ciclo migratorio.
A pesar de la tragedia migratoria el sistema educativo venezolano no termina de incluir en su pensum de estudio la migración, para garantizar conocimiento adecuado y actualizado para quienes salen del país. Esto es un vacío imperdonable en política pública en un gobierno que dice estar al lado de los pobres.
Finalmente, el giro autoritario del gobierno de Maduro, acentuado a partir de 2017-2018 -y ahora mucho más después de las elecciones del 28J-2024-, la incapacidad de la derecha para construir una opción válida, eclipsaban el horizonte de la población, especialmente la juventud, quienes preferían ir en búsqueda de la quimera del bienestar en otro país, algunos lo lograban construir, a otros les resultaba complicado. La izquierda fue judicializada y reducida a su mínima expresión legal, lo cual le limitaba para poder actuar de manera eficiente y disputar la influencia de masas.
La oposición de derechas, especialmente en el periodo del interinato de Guaidó, usó el tema de la migración como un factor para el acceso a importantes volúmenes de recursos de ayuda humanitaria, los cuales no tuvieron impacto alguno ni hay evidencias que realmente se usaran para lo que les fueron otorgados.
Ni para el gobierno ni para la oposición de derecha la situación material de la migración ha resultado un factor relevante en su actuación, coincidiendo en el desprecio por el destino de los más humildes.
Chávez hizo un intento por recuperar la producción agrícola. Y allí se encontró con un problema práctico y teórico. En un país en que había disminuido a niveles insignificantes al campesinado, ¿era posible construir o reconstruir el campesinado como clase social productiva? Chávez pensaba que sí y financió proyectos como los fondos zamoranos, las cooperativas y otros, pero la realidad es que tuvieron una inserción y desarrollo orgánico mínimo. La mayoría de los beneficiarios volvían a las ciudades, por un lado, por lo que implica el cambio cultural de producción agrícola y por otro, porque no se pudieron desmontar los mecanismos de apropiación de la renta petrolera por vía de las importaciones, que hacían fracasar la producción nacional por los temas de costos de producción, mercadeo y venta.
Por otra parte, la nueva burguesía, el nuevo empresariado bolivariano, compuesto por militares y civiles, adoptaron rápidamente el modelo de acumulación rentista de la vieja burguesía, centrado en asalto a las divisas obtenidas por el petróleo para la importación, las exoneraciones fiscales y tributarias.
El negocio, para la nueva burguesía, como lo ha sido para la burguesía clásica venezolana, era importar, no producir.
No obstante, sigue existiendo un tejido social importante de este esfuerzo. Este acumulado puede ser fundamental para el relanzamiento de un proyecto no rentista de economía nacional, amigable con el ambiente y distante del extractivismo.
El proyecto de Chávez fue de un nuevo policlasismo, que tenía el atractivo para los sectores radicales de izquierda que procuraban la destrucción de la vieja burguesía, el quiebre del mundo unipolar y la creación de una nueva geometría del poder asociada a su visión policlasista. El proyecto de Chávez fue progresivo, pero nadaba también en dos aguas.
Un sector de la vieja burguesía acompañó a Chávez en su candidatura de 1998, cuando hablaba de capitalismo humano. Pero esa burguesía se asustó con la nueva constitución de 1999, la ley de tierras y la recuperación del control estatal de la industria petrolera, esta ultima fuente del modelo rentista de acumulación burguesa. La burguesía anti Chávez y la burguesía que le había acompañado se reconciliaron para darle el golpe de Estado de 2002. Y cuando Chávez vuelve al poder de las manos y en los hombros del pueblo, se encuentra con un problema práctico en un país que hace de la importación de partes, insumos y mercancías terminadas, el eje de su economía. Y ahí otorgó licencias de importación, autoridad en las instancias de control cambiario e industrial a militares y altos funcionarios políticos, produciéndose una reingeniería burguesa, a la par que dentro del proyecto policlasista promovió los órganos de poder popular y comunal, la recuperación de tierras e intentos por reconstituir al campesinado como clase social, la toma de fábricas cerradas hasta llegar a la idea del socialismo del siglo XXI. Pero la idea socialista de Chávez nunca terminó de ser radicalmente anti capitalista sino de nuevos equilibrios entre burgueses y trabajadores.
Sin embargo, la percepción que tengo es que Chávez, en el periodo 2004-2009, apuesta con mucha más fuerza a la radicalidad del poder popular. Sin embargo, la crisis bancaria de 2009, donde sectores vinculados al gobierno resultaron propietarios de bancos y empresas importadoras, elevó las tensiones entre las dos líneas del proyecto policlasista: lo popular y lo empresarial. Entre 2010-2011, Chávez trató de equilibrar estas dinámicas, pero la enfermedad lo limitó seriamente. Al final murió y la llegada de Maduro significó la continuidad y énfasis en el impulso de una nueva burguesía, la restauración burguesa en términos de devolución de tierras, fábricas y hasta el emblemático centro comercial Sambil que Chávez había dicho que tendrían que sacarlo de Miraflores para que eso ocurriera.
En efecto, la guerra de independencia no fue anticapitalista sino de reacomodo de las relaciones de los grandes propietarios de tierras y empresarios de la periferia colonizada con el centro capitalista que se transformaba como resultado de la primera revolución industrial. Por supuesto para lograrlo y darle carácter popular nacional se hicieron concesiones a los sectores populares, pero, por ejemplo, la abolición de la esclavitud se concretó en Venezuela solo hasta 1854, décadas después de alcanzarse la independencia de España.
Pero, a mi juicio, el proceso actual tiene más similitudes con la llamada revolución restauradora que lideraron Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Castro desconoció la deuda externa y ello llevó a un bloqueo de las costas venezolanas por parte de las naciones europeas acreedoras, pero este incidente abrió las puertas a la mediación norteamericana y el ciclo aún no concluido de economía dependiente y neocolonial con el norte imperialista. Castro fue traicionado por su compadre y compañero Juan Vicente Gómez quien lo despojó del poder y borró cualquier iniciativa independiente de los EEUU, usando la naciente explotación del petróleo para estructurar el modelo de acumulación rentista petrolero de la burguesía, que hoy se sostiene. La vieja burguesía cuarto republicana tiene su ADN en los terratenientes, comerciantes y políticos independentistas, pero fundamentalmente en la estructura de clase burguesa que se configura alrededor del petróleo.
Es imposible no asociar -con las distancias y respetos debidos- la figura de Chávez con la de Cipriano Castro y la de Maduro -de manera caricaturesca- con la de Gómez. Gómez modeló el Estado venezolano, lo cual le garantizó quedarse en el poder hasta su muerte, y Maduro pareciera pretender lograr un acuerdo inter burgués (vieja burguesía -1917-1998- de la cuarta república con nueva burguesía -2002-2024- del periodo bolivariano) para garantizar su permanencia indefinida en el poder. Solo que a Gómez le salió la jugada y a Maduro no termina de cuadrarle la letra, especialmente después de la opacidad de los resultados electorales del 28 de julio de este año.
Pero un error que suele cometer la derecha y la izquierda no madurista es subestimar a Maduro. Maduro no es un hombre culto, pero es un hábil pragmático quien actúa con la lógica de un burócrata sindical en la forma de alinear y domesticar a las disidencias.
Los gobiernos de Maduro han tenido tres etapas diferenciadas pero complementarias, que forman parte del proyecto común del madurismo. El primer periodo, entre 2013-2017, en el que debió consolidar su liderazgo, execrando a los opositores internos en el gobierno y el PSUV a la par que aplastaba la capacidad militar insurreccional de la derecha. Fue exitoso en ello, a pesar que la economía se desplomaba, los Estados Unidos sancionaban a la economía petrolera del país, las condiciones materiales de vida y salariales de la población caían a niveles infrahumanos, pero no se producía revuelta popular alguna, el gran Polo Patriótico (aliados del PSUV) se intentaba rebelar y los judicializaba colocándoles directivas ad hoc que le beneficiaban.
El segundo periodo (2018-2024), en el cual se siente con la fuerza para intentar propiciar un acuerdo inter burgués con la vieja burguesía y sus representaciones políticas, avanzar en la reconstitución de un nivel en la relación con los Estados Unidos que le permitiera el levantamiento de las sanciones gringas y aplicar un programa de recuperación económica (al estilo del FMI) que colocara el peso de la crisis en la clase trabajadora. Avanzó de manera considerable en ese sentido, con las derechas logró votaciones parlamentarias casi de unanimidad en temas como el Esequibo, se reencontró con la patronal FEDECAMARAS que ahora llamaba a sus funcionarios “grandes amigos” y llevó al subsuelo el salario de la clase trabajadora, incluso al precio de enjuiciar y encarcelar a dirigentes obreros. El problema fue que no logró cerrar la negociación con todos y sectores de la vieja burguesía vinculados al liderazgo de María Corina Machado levantaron su candidatura y luego la de Edmundo González Urrutia que terminó convirtiéndose en un fenómeno electoral de masas.
El tercero (pos elecciones del 28J-2024) en el cual para sostenerse en el poder ha incrementado su tendencia autoritaria, incluso no permitiendo la transparencia de los resultados electorales y asumiendo las consecuencias de una pérdida de legitimidad de origen a partir de enero de 2025. No obstante, Maduro sigue siendo hoy el hombre fuerte de la política venezolana y como tal nada en dos aguas: la de la negociación con la Casa Blanca y sus correlatos nacionales, mientras afianza la estructura de control y poder a nivel nacional. En este segundo aspecto Maduro pareciera soñar con ser la encarnación de Juan Vicente Gómez, a pesar que el fantasma de Chávez (Cipriano Castro) puede terminar abriendo cause a una salida que ni a la nueva ni la vieja burguesía les convenga.
Con democracia y más democracia, nunca con autoritarismo ni en dictadura. La más imperfecta de las democracias liberales es mejor para la clase trabajadora que la más maquillada de las dictaduras. El proyecto original de Chávez planteaba esto, y esa es la fuerza que hay que rescatar. El éxito de la derecha en las últimas elecciones fue que abandonó la vía violenta para derrotar a Maduro y decidió participar democráticamente.
No desconozco que hay una izquierda en Venezuela -y Latinoamérica- que sigue repitiendo el mantra de la dictadura del proletariado cuando pierde mayoría electoral y de apoyos en la población. Desconocer que el proyecto revolucionario es de amplia democracia, de democracia socialista, que va más allá de la democracia liberal burguesa, debe servir no para negar sus beneficios sino para romper con los límites que ella impone. Venezuela no aceptará a mediano y largo plazo ninguna propuesta que se construya con una salida autoritaria, el desafío está en saber si lo hará en el corto plazo.
Pero, por lo menos a mi me interesa, es una salida para la clase trabajadora. Y en ese sentido la defensa de la transparencia en la democracia electoral, más que defender el triunfo de uno u otro candidato presidencial, lo que procura es la permanencia -o mejor dicho la recuperación- de las condiciones de posibilidad para que los trabajadores se organicen libremente, ejerzan la libertad sindical sin ser perseguidos o detenidos, que puedan organizar movilizaciones y huelgas dentro, organizarse en partidos políticos y expresarse sin restricciones. Para ello, se requiere democracia y más democracia, conjurar el autoritarismo y los riesgos de dictadura. El problema es que, así como Maduro pareciera ir en contravía a ello, María Corina Machado, en su propuesta de gobierno -que asumimos que es la de González Urrutia-, solo habla de la libertad del mercado, y no menciona ni una sola línea de recuperar el régimen de libertades mínimas para la clase trabajadora.
Democracia y más democracia, que, en términos del discurso socialista bolivariano, se expresa en demanda de transparencia, contraloría social y respeto a la soberanía popular expresada en el voto y sus decisiones de base.
Ante un panorama como este, ¿tiene futuro un proyecto revolucionario de izquierdas? Absolutamente sí. Pero este proyecto de reconstrucción de la izquierda revolucionaria debe partir de recuperar el trabajo comunitario, la organización de los trabajadores, el vínculo con los movimientos sociales y dejar a un lado la ilusión meramente electoral. Debe construir modos cotidianos altamente democráticos y horizontales que conjuren la tradición autoritaria que nos ha llevado en distintos momentos históricos a callejones sin salida.
Las Comadres Púrpuras[11]
Es importante destacar que los pueblos no desisten en permanecer en sus territorios, son expulsados, execrados, expatriados, y, con la premisa de no violentar la vida, nos hemos convertido en nómadas para confesar física y verbalmente la historia de un territorio que está siendo profanado y violado.
Han existido muchos métodos no violentos, donde en distintas coyunturas la venezolanidad ha mostrado mediante la protesta social, su descontento con las políticas gubernamentales empleadas, sin embargo, así como el tejido social aprende, los gobiernos sofistican más sus métodos de subordinación, adoctrinamiento, apalancamiento de los dispositivos de control, de terror, de miseria y verborrea propagandista embrutecedora, que muy bien se compra y se filtra en el academicismo, las izquierdas y en su propio modelo corporativo, que solo responde al afianzamiento del sistema patriarcal y capitalista. Pero ojo, este modelo se ha entrelazado con el mercado ilegal, antes era más subterráneo su comportamiento, ahora, es tanta la demencia de su violencia que sobresalen las prácticas mafiosas para el control social y la devastación de la vida o lo vivo que no responda a la lealtad de este modelo de coerción.
El despojo del territorio no es nada más de la tierra, es un despojo del pensamiento crítico, de la alegría, de la salud, de las culturas, cosmovisiones y espiritualidades, del aire, del agua, de los elementos necesarios para la vida, un despojo de lo común, la humanidad venezolana se mueve porque el hostigamiento ha sido sistemático. Hay pocas posibilidades para pensarse fuera del secuestro social que el gobierno de turno ha instaurado, ahora, en una temporalidad de gobierno que parece dinástico.
Las causas de esta crisis son múltiples y se entrelazan de manera compleja para la comprensión del pueblo venezolano y complementaria para el proyecto bolivariano, que principalmente se alimenta del abandono histórico que los gobiernos han dejado a su paso. El modelo rentista y extractivista nos ha convertido en un pueblo que internamente ha tenido una movilidad alrededor de los recursos, pero la globalización del trabajo informal y de las promesas de estabilidad en otros territorios impulsa una movilidad forzada fuera de Venezuela.
Se suma las precarias condiciones laborales, gracias a la pulverización del salario, la erosión de los derechos de las y los trabajadores, lo cual coadyuva al detrimento de la calidad de vida, aunado a la ineficacia de los servicios básicos, el desmantelamiento de las instituciones conlleva a la vulneración de la vida. Razones que se añaden para buscar mejores condiciones de vida fuera de nuestro país.
La hiperinflación galopante, la escasez de alimentos y medicinas en muchas regiones del país, el declive de los servicios básicos, la devaluación de la moneda y la pérdida del poder adquisitivo han erosionado el tejido social y han generado una profunda sensación de incertidumbre. A esto se suma la crisis política, marcada por la violación de los Derechos Humanos y la agudización de la represión, que ha socavado las instituciones democráticas y ha generado un clima de inseguridad, miedo y angustia.
El proceso iniciado en Venezuela bajo la dirección de Hugo Chávez prometía superar la dependencia de la exportación de petróleo con todas las llagas históricas resultantes de tal dependencia. Para eso, se proponía, entre otras medidas, la reforma agraria, que sería base de la soberanía alimentaria. Sin embargo, un cuarto de siglo más, la dependencia de la exportación de petróleo y también de otros minerales parece haberse intensificado. Y se siguen importando productos de primera necesidad. ¿Cómo explica esos datos?
Venezuela es reconocido como el segundo país más corrupto del mundo, esto debido a la participación de miembros del gabinete gubernamental en desfalcos de la Nación. Por ejemplo, recientemente en el año 2024, salió a la luz que el ex-ministro Tareck El Aissami ha estado asociado a toda una trama de corrupción en la petrolera estatal y de desfalco de más de 21.000 millones de dólares de los cuales aún se carece de información al respecto de este robo descomunal, pero podemos nombrar otros casos de corrupción como el denunciado en el 2013 por Edmée Betancourt, ex presidenta del Banco Central de Venezuela que, con solo 3 meses en el ejercicio del cargo, fue destituida por denunciar a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) quien había otorgado en el año 2012, la cantidad de 20.000 millones de dólares a empresas fantasmas o también conocidas como empresas de “maletín”.
También, la denuncia que hizo Alcedo Mora, el caso que desde 2013 puso en evidencia la existencia de una red de contrabando de combustible que habría corrompido las operaciones del llenadero de PDVSA en El Vigía, estado Mérida, involucrando a funcionarios de la estatal petrolera y de la gobernación merideña. Mora fue amenazado, y, el 27 de febrero de 2015, salió a su trabajo y no regresó, aún se encuentra desaparecido.
En el 2016 fueron instauradas las zonas de desarrollo estratégico nacional y por decreto se adjuntó al Arco Minero del Orinoco (AMO), que no es más que una gran zona de sacrificio de la naturaleza y la gente, al margen de cualquier ley. Y con ello, la devastación de cualquier proyecto ecosocial. Por otra parte, la soberanía alimentaria solo se quedó en leyes con letra muerta, pues la corrupción tocó buena parte de los gabinetes ministeriales, quienes debían velar por la seguridad alimentaria. En cuanto a la reforma agraria en la gestión de Chávez, se convirtió en el llamado mercado de tierras, si bien en sus primeras etapas se observó un beneficio hacia al campesinado, luego se convirtió en el mercado de un nuevo latifundio de élites de militares, políticos y malas prácticas orientadas al enriquecimiento de intereses de los funcionarios gubernamentales.
Por lo tanto, los commodities en el primer período del chavismo, fueron la base para sostener la política clientelar, un doble discurso donde por un lado se negociaba la soberanía con una política rentista y extractivista, y, por otro, se reunía con los sectores indígenas, campesinos, ambientalistas, populares, hubo cientos de mesas de trabajos donde por todos los frentes hubo promesas que afianzaron la cooptación y la instrumentalización gubernamental de los discursos de transformación social, pero que finalmente solo fueron vitrinas dependientes de la renta petrolera.
Cuando exponemos que el modelo implementado en Venezuela como proceso bolivariano engendra formatos de gestión mafiosa, es porque ha financiado gran parte de su propaganda política a punta de extorsión, secuestro y captura de financiamientos, es un modelo profundamente clientelar que, a quien no compra, excluye. Una parte significativa de los recursos provenientes de la renta petrolera fueron desviados hacia redes clientelares y proyectos faraónicos, en lugar de ser invertida en el bienestar del país.
Se explica de la forma más sencilla: el chavismo es un proyecto que representa una estafa global. Con el proyecto chavista se exacerbaron las políticas clientelares, no hubo diversificación de la producción, y los derechos laborales fueron mermando. Están las personas que de corazón creyeron y con fe y con su vida defendieron la causa, pero, al final de una u otra forma avalar el proyecto chavista es secundar la tortura, ser cómplice en la malversación de fondos, en la narrativa de odio y de guerra y en la transacción de la soberanía nacional, no hay escala de colores, este tiempo ha servido para concretar una forma de gestión de la política que subordina la idea y los principios colectivos o comunes por las necesidades del líder.
Venezuela, como muchas naciones latinoamericanas, tiene una larga historia de centralismo y de gobiernos autoritarios. A pesar de los intentos de construir una nueva institucionalidad, las estructuras del Estado y las prácticas políticas arraigadas dificultaron la implementación de un modelo radicalmente distinto. Los mecanismos de participación ciudadana, como las comunas, fueron cooptados por los poderes establecidos para legitimar decisiones ya tomadas o para fortalecer el control social. En el caso venezolano, las comunas fueron utilizadas en muchas ocasiones como instrumentos de control político, más que como espacios de verdadera autonomía y participación. Existen muchas experiencias que son vitrinas socialistas dentro de un país que es totalmente dependiente de la ineficiencia del Estado.
Como mujeres provenientes de sectores populares venezolanos y de zonas periféricas nuestra lucha es antipatriarcal, antirracista y anticolonialista; se centra en construir redes de apoyo con otras mujeres que, al igual que nosotras, han roto con el pacto patriarcal. Sin embargo, la actual situación política en Venezuela nos ha llevado a replantear nuestras alianzas.
Rechazamos los discursos que buscan dividir, polarizar y descalificar a quienes disienten, y exigimos el cese de las prácticas represivas, de la política de la crueldad y de guerra, que limita nuestra libertad de expresión y organización, que socava nuestra humanidad, y que somete los cuerpos y territorios, generando profundas heridas en nuestro tejido social y natural. Nuestra lucha se extiende más allá de las fronteras de Venezuela, abarcando todas aquellas situaciones donde se vulneran los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, comunidades y la madre naturaleza.
Hacer militancia antipatriarcal significa rebelarse directamente con el gobierno nacional, que evoca una gestión machista, militar, para-militar, mafiosa, caudillista y cruel con la vida, todo ello es la representación más simbólica y contemporánea del colonialista que traiciona a su propio pueblo, por unas piezas de oro, en este caso, no solo fueron unas piezas de oro, fueron las arcas de la nación, la pensión de vejez, el futuro y presente de las infancias, el trabajo decente, los derechos más elementales, obtenidos mediante luchas históricas, un saqueo a plena luz del día, destrozando el futuro vivo del territorio. Todo ello, no es más que la precarización de la vida de cientos de venezolanas y venezolanos, a la merced de la casa del amo.
La perversión en la política de quienes dirigen el poder de las instituciones del Estado crea la narrativa de un país polarizado y dividido. Ciertamente, las redes de solidaridad aún presentes son lo que mantiene la mínima cordura frente a los promotores de las desconfianzas. El impulso global del neoliberalismo es convertirnos en esclavas, nómadas de las migajas que se rebanan de la tierra. No es solamente una Venezuela, es un pacto de guerra que patriarcas poderosos han sellado para violentar territorios y cuerpos y extraer recursos para más proyectos de guerra y conquista y de pulverización del planeta Tierra y de la autonomía social. Ser seres más dependientes de la renta en todos sus formatos, incluso la renta sobre nuestros cuerpos. Salir de la violencia global hacia la vida digna es una cuestión emergente y solidaria con cada rincón en lucha, desde una serena arena en el Kurdistán, risas de jóvenes palestinas, remembranzas de tierra zapatista, el frío mapuche, el cálido Cauca, la vertiginosa sierra, mares nicaragüenses… es cuidarnos en la palabra colectiva que brota en la narrativa común del despojo y del amor. Abrazarnos, salir del atolladero es abrazar la causa de la vida frente al sepulcro de las luchas.
Si. Insistimos, seguimos insistiendo en la juntanza de almas que creen y crean con sus propias manos una vida más digna, más armoniosa, más autónoma. Almas que cuidan y que luchan, almas que se mueven, que transforman y conmueven, almas que siembran y se juntan para cosechar la esperanza, mientras tanto seguimos haciendo de nuestra alegre rebeldía un campo de construcción social, por un país que se construya desde la diversidad, la emancipación social, la autonomía de los cuerpos, la reivindicación de los territorios, la relación armoniosa con la naturaleza y sus recursos, la garantía de los Derechos Humanos y la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y ser sin represión.
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Juan Carlos La Rosa Velazco[12]
El estado venezolano, en los últimos 15 años ha tenido el sobre ingreso petrolero más alto, al menos 12 veces mayor que el sobre ingreso histórico del quinquenio 1974-1979, por un período más prolongado. La estimación más conservadora indica 970 mil millones de dólares distribuidos en 17 años. A estas cifras hay que agregarles los ingresos por vía del endeudamiento externo.
En 1975, algunos como Alfredo Maneiro y su grupo de trabajo de entonces, disidentes del Partido Comunista Venezolano (PCV), y Juan Pablo Pérez Alfonso, diseñador del sistema de la Organización de los Países productores de Petróleo (OPEP), advirtieron, sobre o ingreso petrolero, que pervertiría el alma nacional y recomendaron una reducción de la producción a la medida de un crecimiento asimilable industrial y culturalmente. Nadie los escuchó y apenas se recuerdan los documentos que argumentaban aquella advertencia.
Y así sucedió. Fue una época en que el sobre ingreso competía con el endeudamiento, lo clase media surgida de ese sobre ingreso de empleados bien pagados y inversores en negocios periféricos a la producción petrolera, corruptos, se apoderaron de la ciudad de Miami en EEUU y la hicieron crecer. Crearon su propio sueño americano para ir de visita y consumir dispendiosamente. Paradójicamente la pobreza y la inversión social mantuvieron sus indicadores, aunque en las mayorías también persistía la sensación de bonanza.
En el periodo chavista, ya desde el 2005, desaparecieron los indicadores y la opacidad estadística del Estado se hizo norma, junto a otras opacidades en relación a todas las políticas y manejos financieros del estado venezolano.
Con la caída de los precios del petróleo, todo se vino abajo en el 2014. Hizo que el ingreso constante de aproximadamente 50 mil millones de dólares anuales pasara a 10 mil millones de dólares anuales. El deterioro de este ingreso fue por falta de capacidades de producción. Debido la clara ausencia de políticas de mantenimiento siguió bajando esa estimación.
En lenguaje coloquial, ya estas cifras, contrastadas con el acelerado deterioro de la calidad de vida de los habitantes, suponen ya un saqueo a todos los niveles de la industria y de la ejecución de políticas públicas del estado venezolano, con especial énfasis en las políticas sociales, de la política social alimentaria, basada en la importación de alimentos con dólares preferenciales otorgados por el Estado, han salido los corruptos más escandalosos.
No hay una rectificación del saqueo ocurrido en el sobre ingreso y la crisis parió un saqueo en todos los niveles y un asedio mortal sobre los territorios y las soberanías sociales que se mantienen en pie.
La administración de Maduro, que a la muerte de Chávez le tocó administrar una economía recesiva, no cambió la lógica administrativa y persiste en el modelo nefasto practicado por su antecesor, endeudándose aun más y cargando los costos de la recesión a las mayorías empobrecidas.
El hambre es un signo oculto sobre el consumo desequilibrado de carbohidratos. La dolarización de la economía en el centro del país va de la mano con el uso de divisas de países vecinos en todos los estados fronterizos, incluso en estados centro occidentales como Barinas y Lara. En el sur, la moneda es la grama de oro y es territorio de venezolanos esclavos de los grupos irregulares que extraen el oro y otros minerales.
Cada vez es más evidente que el dinero con que nos sostenemos en la calle proviene de negocios irregulares, como el oro, otros extractivismos, el uso del territorio y las costas venezolanas para la narcoindustria y el narcotráfico. El contrabando de extracción de chatarra y otros negocios en manos del crimen organizado, hibridado con los cuerpos de seguridad del Estado.
En una reunión indígena en el Cauca colombiano, una trabajadora social que fue mi guía está desconcertada porque todo indicaba desnutrición en los venezolanos migrantes atendidos por un programa del que era parte, por poca ingesta o por ausencia de equilibrio en la dieta. Pero al ser entrevistados decían que migraban, a pie desde la frontera venezolana hasta el sur de Colombia, porque no podían ya viajar con frecuencia, comprar artículos suntuarios. Estudiar ha perdido sentido para las mayorías.
Nadie se reconoce aún en el hambre venezolana. Tal es la tragedia cultural de un país con una renta milagrosa al servicio del consumo de los países desarrollados.
Me he puesto muy serio al responder para ser un simple activista. Las razones de esta migración de millones de venezolanos, la más grande y significativa de la historia de esto que llaman Venezuela, se aclara en nuestros cuerpos, los mismos cuerpos que han perdido peso y lo han recuperado con baja calidad en el consumo, los cuerpos que reciben una bolsa “clap”[13] que evidencia el desprecio y la humillación en su contenido, en su periodicidad y en la reducción de nuestras vidas a un listado descuidado que no nos pregunta ni cuantxs niñxs ni cuantxs ancianxs viven en nuestra casa, si tenemos alguna persona enferma, si hay algún joven atleta en la familia. Estos mismos cuerpos alimentados como descarte saben que quienes nos venden a bajo costo esta bolsa de alimentos, la compran de nuevo o la cambian para volver a vendérnosla. Saben nuestros cuerpos que, con importación de estos alimentos, sin supervisión alguna de calidad sanitaria o nutricional, se han enriquecido rápidamente los corruptos más vergonzosos de la historia. Son estos cuerpos femeninos y adolescentes los que son solicitados para la trata de personas en países vecinos por los grupos irregulares. Son los mismos cuerpos que reciben los balazos en la cara de la violencia policial y de las bandas.
Nuestros cuerpos violados saben que la guerra económica es una ficción, que este gobierno y este Estado, se ha hecho funcional al saqueo definitivo, por eso se sostiene sin necesidad de votos y con la caricia oculta de sus supuestos enemigos.
Chávez fue un gran caudillo, de la talla de Antonio Guzmán Blanco[14], tan irresponsable y corrupto como él. Desde el principio, de una vocación autoritaria inocultable. Pese a la ilusión que despertó su jefatura en nosotrxs, pueblos recolonizados, en nuestra rebeldía, por la seducción del caudillo y la lanza en nuestras manos.
La última reforma agraria fue la de 1959. Chávez jamás propuso una reforma agraria. De hecho, no usó nunca ese nombre, pese a su irresponsabilidad verbal.
La ley de tierras y desarrollo agrario tiene su nudo de comprensión en la proscripción del derecho a recuperar tierras ociosas por iniciativa del movimiento campesino. Si ocupas la tierra que reclamas y comienzas a probarte en la producción de la misma, pierdes el derecho a ella de forma definitiva y eres sancionado.
Se otorgaron cartas agrarias y certificaciones, pero de manera proselitista y clientelar, para mostrar una vitrina y bajo la mediación ahora legal de funcionarios del INTI[15], que, con las honrosas excepciones de militantes sociales, preferían vender las cartas agrarias y los certificados de fincas productivas a terratenientes que honrar a los campesinos en lucha por la tierra. En la reforma más reciente de otorgamiento de título agrarios, los tribunales agrarios dictaron sentencias de desalojo a miles de campesinos con cartas agrarias aprovechando fallas en la gestión de transición a títulos agrarios. Conozco el caso de Zulia, a manos de Billy Gazca, de la tribu judicial de los Rincón, que en tiempos de Chávez fueron los primeros dueños de la justicia venezolana, la reforma de la ley de tierras fue un gran negocio para esa tribu o mafia judicial. Lo desalojos sentenciados fueron violentos y ejecutados por grupos irregulares con la asistencia de la policía.
El estado enajenó algunos predios de gran tamaño que, paradójicamente, eran, en el sistema de latifundio, los más productivos. El gobierno los uso como vitrinas y los saqueó. Tal vez fue una de las evidencias más vergonzosas de la falsa reforma agraria chavista.
¿Tiene algún sentido que funcionarios incapaces mandados de Caracas administraran este saqueo? Mientras esto sucedió, 400 campesinxs fueron asesinados en operativos de desalojo y en acciones de ajusticiamiento ejecutados por cuerpos de seguridad del Estado o por miembros de los mismos actuando de manera privada.
La importación era inevitable y era el negocio más rentable, ya que el control de cambio permitió la política de dólares preferenciales para importaciones de interés social y estratégico para el país. Cadivi se llamó el mecanismo de otorgamiento de divisas preferenciales.
Desde ese momento, el negocio era obtener estas divisas y sacarlas del país, comprar lo acordado y ponerlo en el país en las manos acordadas no era importante. Los funcionarios de Cadivi fueron voraces en el cobro de comisiones. Fue el momento de conteiners en los puertos con alimentos en descomposición, pues habían sido olvidados. Los importadores fueron a Brasil, Uruguay y Argentina a comprar mataderos y fincas, ganado de descarte pagado como nuevo, por desconocimiento o por negocio.
En Valencia y Maracay había y hay bufetes legales, que venden empresas nuevas, listas para importar con sus permisos listos. El precio oscila según la capacidad de importación que se quiera tener.
A veces me pregunto si debe darnos vergüenza a los campesinos esto. Y digo lo que dice un viejo de la comunidad: ellos son de Venezuela, nosotros somos de otros países sin nombre.
Por último, la Ley de tierras fue aprobada en diciembre del 2001, en pleno auge inicial de la popularidad del gobierno de Hugo Chávez. Se aprobó junto a otras 48 leyes especiales (hechas por decreto y con mayoría simple en la Asamblea Nacional) que prometían cambios radicales a partir de la nueva constitución, pero nadie pudo leerlas antes de su aprobación, no hubo debate social, solo las imprecaciones mediáticas del Presidente, en plena polarización y con los ganaderos quemando el decreto, todo parecía claro y suficiente. Hoy sabemos que todas estas leyes tenían su “guardao”, su nudo de comprensión que evidenciaba que no eran para los pueblos, sino para los intereses corporativos de los nuevos administradores del saqueo.
Las comunas fueron decretadas desde arriba y su implementación fue delegada a todo el poder administrativo del Estado, como, antes de ellas, los “núcleos endógenos”[16] fueron un falso positivo. Las comunas fueron lo mismo, con muy pocas excepciones, tan excepcionales como estériles para servir de inicio a una rectificación, aun desde los pueblos. Para la administración burocrática pragmática del chavismo, si Chávez amanecía hablando de mesas de agua, de consejos comunales, de “clap”, de comités de salud, de comunas, el asunto era ver quien le daba mejores cifras de tales “espacios sociales”. Así llegaron a anunciar “núcleos endógenos” de telecomunicaciones en el ministerio del ramo. El gobierno chavista fue un mercado de falsos positivos con un único comprador y de consumo pasivo de la clase media incauta creada por el sobre ingreso petrolero, parasitaria del Estado. Cada construcción de estas era otro negocio para algunos.
Por eso, teorizar sobre algo inexistente y analizar sobre lo que “si se dio”, no tiene sentido en la experiencia “comunera” del chavismo. Las comunas solo existen en Venezuela cuando llega el funcionario que pretende reunirse con ellas. Y cuando las sostiene algún ánimo social, casos que se cuentan con los dedos de una sola mano, han sido tan reducidas a vitrinas que nadie puede vincularse a ellas. Es decir, no sabemos si son de verdad o no.
Es de mencionar en el catálogo de las vergüenzas la literatura sobre comunas venezolana, el libro más popular de Juan Barreto[17], un periodista caraqueño y exalcalde metropolitano con graves evidencias de corrupción en su gestión y en toda su vida política que intenta presentarse como erudito comunero.
Los consejos comunales, la más real de todas las instancias de representación de base ciudadana frente al Estado, llegó, luego del fracaso del referendum de reforma constitucional que lo proponía, a depender directamente de la presidencia de la república para su legalización y financiación de proyectos que tenían techos presupuestarios que anulaban una incidencia real. Tal parece que toda la financiación se hizo para que los funcionarios se probasen a sí mismos que los consejos comunales no tenían la madurez de administrar nada.
La asamblea ciudadana es aún más excepcional que antes, ahora que la constitución dice que sus decisiones son vinculantes. No existe consecuencia procesal que permita este carácter para nuestras pobres asambleas. El gobierno las ha hundido culturalmente, al menos por un tiempo.
Para remate, el gobierno ha creado los “clap” y los ha hecho “legales” con su mayoría sin oposición en la Asambleia Nacional. Unos mecanismos donde, inconstitucionalmente, es el partido de gobierno quien promueve sus miembros y desde ahí controla la política alimentaria más precaria que hemos conocido, sin los consejos comunales, que quedan fuera de toda incidencia legal sobre nuestra alimentación.
Creo que las comunas solo se implementaron y normaron para ser una extensión, con nombre pretencioso, incómodo para los más reaccionarios, de los mecanismos de control social por hábitat, cuya base siempre es más protocolo, requisitos, que experiencia. Todos estos mecanismos han reducido la ciudadanía y la participación a lista de beneficiarios, que no inciden, ni tienen que existir realmente, sino agradecer desde el silencio. Estos mecanismos de control comenzaron con las misiones, suerte de políticas sociales outsourcing[18], que comenzaron y han ido perfeccionando los mecanismos de control por hábitat del chavismo en el gobierno. Cuando digo mecanismos, esto supone obviamente que fueron diseñados por especialistas que aún permanecen libres de responsabilidad por sus aportes tecnológicos y epistémicos. Las misiones inauguraron un modelo liberal oculto, para la última etapa del despojo colonial en nuestros territorios, una suerte de tercerización de la exclusión, concluyeron en el 1er Seminario de Integración Suramericana desde Abajo, realizado en Venezuela por activistas como Aníbal Quijano, Carlos Walter Porto Gonçalves y José Ángel Quintero.
Sobre el PSUV: cuando Chávez convoca al PSUV, este le da en su carácter de Presidente del mismo, poderes sobre la estructura como el veto y la capacidad de reformar a su gusto el diseño de la estructura de autoridades. La voluntad del presidente es absoluta como en los peores partidos patriarcales que podemos imaginar en la historia. Su propia base en ese momento no votó por sus candidatos y el los impuso por encima de los electos con otros cargos, que ainda hoy siguen al frente de ese partido.
Es muy duro ver cómo se supone la existencia de algo, a partir de que se habló en Caracas por intelectuales de café y chicharrón. Urge otra manera de vernos que no sea desde la narrativa de pobres metáforas de la propaganda oficial.
No solo las comunas no pudieron ser ni en experiencia ni en autonomía, ni en cultura, otros espacios que medían la relación del Estado con la sociedad, como las universidades y las experiencias educativas, fueron colonizadas por los ministerios hasta perder todos sus logros autonómicos que enriquecían la vida venezolana. Por ejemplo, la autonomía de las universidades, de muchas experiencias agrarias y sociales, de las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas de intermediación, que no eran fuertes a la llegada del chavismo, pero que ahora solo hablan cuando se les ordena con muy honrosas pero débiles excepciones.
Es el caso de Consejo Nacional Indígena de Venezuela (CONIVE) y sus sucursales que son una extensión electoral del PSUV. por poner un ejemplo desde nuestros haceres.
El modelo extractivista venezolano es irregular, como en Angola, como en el Congo, y en otras partes de la Amazonía. es más barato y manejable así y libera de responsabilidades sociales, penales, ambientales y políticas a los asociados en el negocio, menos al Estado.
Venezuela otorgó licencias de certificación para su oro y otros minerales a empresas “mineras” ad hoc creadas muchas de ellas en Londres en los meses anteriores a el acto administrativo. Estas no fueron a sacar minerales en el territorio, se instalaron en el Caribe a esperar que llegaran los cargamentos para limpiar su origen irregular e ingresarlos al mercado como comodities legales, sin sangre, sin crimen.
El decreto de la zona del Arco Minero, que ya legalmente por vía de otros decretos especiales, funciona por todo el país, proscribe derechos de asociación, de reunión y de protesta en el mismo y convoca al “poder popular” para, junto a los cuerpos de seguridad, garantizar la productividad. En la práctica este “poder popular” es la cara legal de grupos armados del crimen organizado, paramilitares del Estado venezolano y guerrillas colombianas devenidas al crimen para financiar sus operaciones y nóminas. El ejército venezolano está en la periferia de esas explotaciones para cobrar comisiones y administrar parcialmente el comercio extractivo del cual solo el 5% se legaliza en el tesoro del Estado.
Este negocio sostiene toda la operación corporativa incluso dentro del Estado, que no se preocupa por tener la categoría de Estado fallido, ya que esta le permite actuar con descaro y sin consecuencias inmediatas.
Obviamente esto supone la disolución desde adentro del proyecto nacional llamado Venezuela, pero supone la disolución por la fuerza externa de las nacionalidades y soberanías originarias de los territorios y toda la dinámica social y cultural de la vida de los pueblos. que debe integrarse al modelo o perecer. Como única respuesta efectiva hasta ahora, algunos pueblos se han organizado para integrarse manteniendo niveles de autonomía y otra relación con los minerales y su comercio. Esto no es absoluto y no es definitivo. Es un terrible riesgo, pero les permite construir alternativas de supervivencia y fuerza que los sostengan pese a la preocupación de ellos y sobre todos de las y los mayorxs de las comunidades. No son los primeros pueblos del continente que viven esta experiencia.
La autonomía entendida como proyecto político de los pueblos es nueva en Venezuela y en algunos casos es débil reflejo aun de otros pueblos. Acá han existido organizaciones de intermediación nacionales y regionales que dejaron de tener alguna utilidad para nuestras comunidades hace más de 25 años y el chavismo las encuentra débiles y pasa por un esfuerzo procelitista, acompañado de especialistas que antes fueron aliados de los pueblos, ahora funcionarios y asesores de la política del gobierno para los asuntos indígenas. Antes, nuestras organizaciones eran de intermediación, medianamente representativas. Su relación prioritaria era con los gobiernos, las iglesias y las ONG. Casi todas ellas son ahora franquicias de control del gobierno, de supresión de las disidencias indígenas, con débiles pero honrosas excepciones.
Algunas pocas se mudaron a darle prioridad a la relación con las ONG. Sólo los Pemón tienen una instancia de gobierno propio para dar respuesta a las necesidades y criterios de sus propias comunidades, pero el comodity que sostiene esta gobernanza novedosa es el oro. No lo inventaron ellos, les fue impuesto para subordinarlos y ellos revirtieron el proceso, pero esto aún está por resolverse en medio de graves riesgos de disolución de su identidad y de su vida cultural.
Otros pueblos sostenemos la gobernanza ancestral en el corazón de nuestras relaciones sociales, pero aún no damos el paso de rehacernos políticamente desde eso. Para tomar la decisión de resistir políticamente.
El extractivismo es el proyecto del despojo definitivo y es el proyecto del Estado venezolano y del gobierno actual. Siempre fuimos una capitanía general extractivista, pero la intensidad de las operaciones actuales es inédita y nos anuncia el genocidio.
Las leyes “para los pueblos” solo nos convierten en víctimas y beneficiarios y los estatutos más favorables son inaplicables sin que exista la voluntad política de aplicarlas.
Debemos aprender a rehacernos desde nosotrxs y actuar políticamente desde nosotrxs o desaparecer.
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Posfacio
Las preguntas sobre Venezuela que los compañeros y compañeras respondieron en las entrevistas son aquellas que muchos militantes latinoamericanos temen pronunciar, aunque se las formulen a sí mismos secretamente. La polarización que ha tomado cuenta de las prácticas políticas en el continente inhibe esa indagación tan necesaria. Necesaria, aun cuando las respuestas resulten en “las caídas hondas de los cristos del alma”, como decía César Vallejo. Todo lo que creíamos saber sobre Venezuela es puesto en jaque. La lectura de estas entrevistas nos hace volver los ojos “como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada” y ya no podemos aludir ignorancia.
No se trata sólo de Venezuela. Encarar de frente a deriva del proceso bolivariano, en contraste con las expectativas que se crearon años atrás, nos ofrece un espejo para mirar muchas de las prácticas políticas y proyectos que empujaron a la izquierda latinoamericana a eludir los desafíos de superar la dependencia, de la organización autónoma frente al Estado y de la defensa de los territorios y sus gentes frente a la destrucción de las cadenas extractivas. La omisión ante tales desafíos no puede ser mascarada con retórica antiimperialista.
[1] Profesor/investigador de la Universidad Central de Venezuela, y activista ecologista, orientado a las luchas contra el extractivismo y por alternativas ecosociales para América Latina.
[2] Referencia a modelo de camión.
[3] Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Politólogo de la Universidad
[4] https://www.bancaynegocios.com/datos-ovf-remuneracion-promedio-del-sector-privado-en-primer-trimestre-se-ubico-en-225-dolares/
[5] Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.746. Decreto presidencial N° 4.805
[6] Todos los datos son parte de las estadísticas de la página WEB del Banco Central de Venezuela.
[7] Solo los datos de pobreza son de una fuente diferente: la página WEB del Instituto Nacional de Estadística
[8] https://www.aporrea.org/actualidad/n93805.html. Consultado el 17-09-2024
[9] https://www.aporrea.org/actualidad/n110785.html. Consultado el 17-09-2024
[10] Profesor universitário venezolano. Integrante del Comité Directivo de CLACSO e investigador del Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación.
[11] Somos un grupo popular contra-cultural, despatriarcal de feministas insurgentes y autónomas, que se activa política y artísticamente en Venezuela, teniendo relaciones con distintas realidades y luchas del mundo.
https://lascomadrespurpuras.com/
https://www.instagram.com/lascomadrespurpuras
[12] Kekiisai, activista, educador, comunicador, investigador. Pueblo Kaketí, Organización Kainjirawa-UAIN. Experiencia Territorial El agua nos une, Cuenca de Tuy.
[13] Canasta de alimentos.
[14] El caudillo de más relevancia del último cuarto del siglo XXI en Venezuela, presidente tres veces.
[15] Instituto de Tierras.
[16] Los Nújcleos de Desarrollo endógeno fue una idea de Chávez que precedió a las comunas, en los primeros años de Chávez, muy con el enfoque de “desarrollo local” con enfoque popular.
[17] Se refiere a La comuna. Antecedentes históricos del gobierno popular. Caracas: 2011.
[18] Tercerizadas.