La “sustentabilidad” primero. La nueva reforma previsional mantiene en la pobreza a millones de beneficiarixs

I

La previsión social de base estatal fue un instrumento que históricamente unificó las iniciativas que las y los trabajadorxs construyeron autónomamente para salvaguardar sus condiciones de vida. Mutuales y sociedades de socorros mutuos fueron los primeros pasos de esta estrategia que buscaba contribuir a garantizar la reproducción de la vida en situaciones excepcionales como la pérdida del empleo y la enfermedad, o en etapas de la vida donde el trabajo (fundamentalmente, el remunerado) no se consideraba aceptable, como en la niñez o la vejez. La creación progresiva de un sistema público de previsión social amplió la cobertura y multiplicó los beneficios, pero simultáneamente desarmó una parte importante de las prácticas de autogestión obrera y popular para producción de seguro social.

II

La unificación estatal de la seguridad social supuso hacer tendencialmente obligatorio el aporte al sistema. En sus inicios, los aportes personales y patronales fueron la base de su financiamiento. Progresivamente, en la medida en que se amplió el sistema a mayor número de beneficiaries y tipos de beneficios, y frente a una creciente precarización del mercado de trabajo, el sistema fue recibiendo fondos provenientes de otras fuentes (impuesto a las “ganancias”, impuesto al valor agregado -IVA-, etc.). El sistema se transformó pasando de un sistema de jubilaciones y pensiones contributivas, a un sistema de beneficios mixtos y múltiples: en 2019 el 47,4% de los beneficios otorgados eran no contributivos. El derecho a la seguridad social se consolidó más allá de la base contributiva (es decir, más allá de si le beneficiarie había realizado “aportes” directos al sistema) y más allá de la institucionalización constitucional (de 1949, luego ratificada en el artículo 14bis): “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”.

III

En 2019 las prestaciones de la seguridad social llegaron a representar un 10,86% de toda la riqueza generada anualmente en su forma capitalista (es decir, el producto interno bruto o PIB); de ese porcentaje, 7,7% corresponde al pago de jubilaciones y pensiones. Estamos hablando de una redistribución masiva de ingresos que van en buena medida hacia los sectores populares, y que por lo tanto se deducen de las ganancias empresariales y el consumo suntuario de los sectores dominantes. Además, aún dentro de sus límites, la seguridad social se convirtió en una reducción considerable en la compulsión a trabajar en el marco de las reglas del mercado de trabajo capitalista. Sólo por eso los sectores dominantes exigen periódicamente la reforma del sistema. Ellxs consideran que las clases populares deben ganarse “el pan con el sudor de su frente”; claro, ellxs (las clases dominantes) pueden vivir de su riqueza heredada, del producto de la explotación (del trabajo de otres) o de las rentas financieras. Por ese mismo motivo, el FMI ve aquí (junto con las regulaciones laborales) la base de todos los problemas de la Argentina (bah, en realidad, de todos los países).

IV

Luego de las luchas populares históricas contra la desarticulación del sistema (siendo la batalla del Congreso en 2017 la más reciente), ya nadie habla de “ajuste” a la seguridad social sino que le quieren dar una pátina de racionalidad hablando de “sustentabilidad”. Esas reformas tienen una racionalidad, una racionalidad capitalista. En general, el debate se centra en el régimen de jubilaciones y pensiones, y se afirma que la precarización del mercado de trabajo no permite ya sostener el sistema pues la relación entre trabajadorxs ocupades con empleo formal y el número de beneficiaries de la seguridad social se ha reducido sostenidamente. Sin embargo, como señalamos, hace tiempo que el sistema no se financia sólo con aportes previsionales ni redistribuye sólo recursos a jubilades y pensionados. Además, se olvida decir que en las últimas décadas se ha consolidado una gran reducción en los aportes patronales que eran destinados al sistema; se tomó la decisión política de desfinanciar la seguridad social y ninguno de los partidos del orden (hoy FdT o JxC) han buscado cambiar eso. Por otra parte, se dice que el aumento en la esperanza de vida requiere incrementar la edad jubilatoria. Se olvida decir que la productividad laboral tiende a aumentar y que eso permitiría no sólo reducir la jornada de trabajo remunerado, sino acortar la vida laboral activa (es decir, la obligación de ofrecer la fuerza de trabajo en el mercado). Podríamos todes trabajar menos y vivir mejor, si no fuera porque el capitalismo transforma las cosas buenas del desarrollo de las tecnologías y las usa contra nosotres, para ganar más dinero a costa del disfrute de nuestras vidas.

V

En este 2020 de crisis pandémica, nos encontramos nuevamente debatiendo la reforma del sistema previsional. Nuevamente los sectores dominantes buscan imponer su racionalidad y desandar los derechos que hemos conquistado bajo la forma de redistribución de ingresos.

La propuesta impulsada por el gobierno de Alberto Fernández busca fundamentalmente modificar la fórmula de actualización general de los beneficios. Por ahora, nada más. La revisión general del sistema quedó desactivada, por ahora. La memoria de las luchas de finales de 2017 está latente y 2021 es un año electoral.

El problema fundamental de la nueva fórmula es que (al igual que la anterior) no garantiza que los beneficios puedan sostener al menos su poder de compra. Se elimina el ajuste por inflación (que representa el 70% de la ley actual) y se lo reemplaza por una combinación de evolución de los salarios y evolución de los recursos destinados al ANSES. Los beneficios de la seguridad social estarán atados al éxito de las luchas salariales y a la dinámica de la actividad económica y el empleo (que es la que determina centralmente la evolución de la recaudación de impuestos destinados al sistema). No se establece ninguna normativa que impida que los beneficios caigan en términos reales frente a la inflación. No tiene sentido remitir a la historia previa, como hicieron la titular de ANSES Raverta y el Ministro de Trabajo Moroni recientemente, pues lo que se ha consolidado es la crisis transicional (¿ya terminal?) del neodesarrollismo. En el actual contexto global y nacional difícilmente se replique la dinámica virtuosa del período 2007-2013 (cuando crecieron sostenidamente en términos reales); a partir de 2014 los beneficios previsionales se estancaron y cayeron luego violentamente.

La nueva fórmula limita las mejoras en los beneficios a los requisitos de garantizar la “sustentabilidad del sistema”. ¿A quiénes protege “esa” sustentabilidad? Imaginemos que a la hora de definir los pagos de la deuda pública se estableciera que “nunca se pagará más que un x% del total de la recaudación de impuestos”. Evidentemente, los derechos de les beneficiaries de la seguridad social son menos importantes que los “derechos” de los especuladores internacionales (acreedores de nuestra deuda odiosa).

Con este esquema, las jubilaciones, pensiones y otros beneficios quedan condicionados a una dinámica exitosa del capitalismo dependiente. Sólo en la medida en que la economía crezca y mejoren las condiciones en el mercado de trabajo, podrán les beneficiaries mejorar sus ingresos. Dado que el modelo es extractivista, contaminante, y dependiente, el proyecto de movilidad en debate ata la la evolución de los beneficios de la seguridad social al ‘éxito’ de ese proyecto económico, social y político de muerte.

Por supuesto, los debates parlamentarios han dejado fuera de la discusión la necesidad imperiosa de definir un objetivo mediato e inmediato para el valor de esos beneficios. Si la jubilación mínima era de 18129 $ en Octubre de 2020 y se plantea un aumento de 5% en Diciembre, ¿cuánto aumenta la mínima? 906 $ (30 pesos por día)! Con una inflación del trimestre que estará por encima de ese porcentaje, con seguridad su poder de compra volverá a caer.

¿Pero cuánto debería ser la jubilación y la pensión mínimas? Eso queda fuera del debate actual ¿Debería haber una diferencia entre ambas, o entre los beneficios llamados “contributivos” y los “no contributivos”? ¿Qué relación debe haber entre el ingreso en actividad y el beneficio? ¿Cuál debería ser el valor del resto de los beneficios que paga el ANSES? ¿Quiénes deberían aportar más recursos, pagar más impuestos, para mejorar los beneficios de manera sostenida? ¿No es posible emitir dinero para pagar mejores beneficios, de la misma manera que se emite para pagar los intereses de las Leliq que cobra el sistema financiero? Nada de esto entra en la discusión. O lo hace implícitamente: se asume que el Estado seguirá pagando por muchos años más, beneficios por debajo de la canasta familiar, la canasta básica, o cualquiera de los indicadores usualmente disponibles para evaluar las condiciones de vida.

VI

Por lo demás, el sistema permanece igual. Un punto importante es que la ANSES seguirá manejando un fondo de pensiones (llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS) cuyo papel real nada tiene que ver con la seguridad social. El FGS se creó cuando se absorbieron los fondos que manejaban las AFJP en 2008. Esos fondos y activos (depósitos, acciones, títulos públicos, etc.) son meras inversiones financieras que nada tienen que ver con la capacidad del sistema de previsión social de pagar sus beneficios. En efecto, el FGS es un fondo de inversión que el Ministerio de Economía utiliza para intervenir en el mercado financiero. El Estado maneja esos fondos como parte de la ‘timba financiera’.

Recordemos que el sistema de previsión social es un mecanismo de redistribución de la riqueza social generada en cada momento del tiempo. Los beneficios que hoy paga provienen de los recursos que hoy el Estado puede apropiar a través de distintas fuentes. Su contrapartida son los bienes y servicios que son producidos (a través del Estado o de empresas privadas) para el consumo de las y los beneficiarixs. Ese dinero guardado o invertido en el FGS no crea por sí mismo riqueza ni la transporta en el tiempo. El valor (la riqueza en el sentido capitalista) no se puede transportar hacia el futuro. Debe producirse y reproducirse cotidianamente. Aquello que no es producido no puede ser redistribuido.

VII

Es necesario poner el conjunto de la seguridad social en el centro del debate. La misma se ha convertido en una pieza clave en la reproducción de la vida cotidiana. Junto con la producción pública y/o estatal de bienes y servicios, la seguridad social configura un elemento clave en la reproducción social. A través de ella millones de familias trabajadorxs logran apropiar una porción de la riqueza social generada.

El trabajo de reproducción y cuidados está directamente articulado con el conjunto de esas políticas. El trabajo no remunerado que garantiza la realización de esas tareas en condiciones típicamente de elevada precariedad, realizado por las mujeres y cuerpos feminizados en general empobrecidas, tienen en las transferencias de la seguridad social un soporte fundamental.

En las condiciones actuales los recursos destinados a esas tareas son evidentemente insuficientes para garantizar condiciones mínimas de cuidados y reproducción vital para sus beneficiaries directxs. Este es el debate de fondo. ¿Cuánto y cuáles deberían ser los beneficios de la seguridad social? ¿Las jubilaciones y pensiones deberían garantizar que las personas superen la línea de la pobreza? ¿Es la forma de la transferencia monetaria individual la forma primordial de la seguridad social? ¿La seguridad social sólo puede garantizarse a través instituciones estatales como el ANSES, o deben pensarse otras formas de re-apropiación de la riqueza social? ¿Qué papel deberían tener las organizaciones sociales comunitarias y las familias en esta reconfiguración? ¿Podrá una nueva seguridad social fortalecer la autonomía colectiva, la construcción de poder popular en los territorios?

Yendo más allá: si las actuales transferencias no alcanzan, de dónde se podrían obtener los recursos para multiplicarlas, para llevarlas a los niveles adecuados. ¿Debería pagar más impuestos el capital financiero y extractivista? ¿Es tiempo de recuperar los “aportes patronales” reducidos/eliminados desde los años noventa, en particular a las grandes empresas? ¿Las grandes fortunas deberían pagar más impuestos de manera permanente y no sólo como “contribución extraordinaria”? ¿No habrá que tomar los recursos públicos que hoy se dirigen a subsidiar al gran capital y redireccionarlos a más y mejores beneficios de seguridad social? Estas son algunas de las batallas por sostener.

* Agradezco la atenta lectura de Melina Deledicque a una versión preliminar de este texto.

Publicado por Contrahegemonía Web el 23-12-2020