La dinámica del capitalismo periférico postneoliberal-neodesarrollista. Contradicciones, barreras y límites de la nueva forma de desarrollo en Argentina

 

El neoliberalismo fue un proceso de reestructuración de la sociedad capitalista iniciado a mediados de los años setenta. Fue un proceso global que, con modalidades diversas, avanzó por todo el globo acentuando la integración capitalista de las sociedades y la conformación de un capitalismo transnacionalizado (Marini, 2007). En Argentina tuvo sus primeros destellos en el año 1975, iniciándose violentamente durante la última dictadura militar, atravesando la “primavera democrática” alfonsinista y alcanzando su pináculo, su etapa de consolidación y crisis en los años de Menem y la convertibilidad (Féliz y Pérez, 2004). La crisis de la convertibilidad dio lugar a una nueva etapa en el desarrollo capitalista en Argentina. La misma puede ser caracterizada como postneoliberal en tanto se monta sobre los resultados del proceso político anterior y constituye una nueva forma estabilizada de desarrollo capitalista periférico (Féliz, 2007). Entender la etapa actual, iniciada en 2002, como postneoliberal implica reconocer las fuertes continuidades estructurales que se manifiestan en el patrón de acumulación capitalista en Argentina, a pesar de los cambios sustantivos que también pueden observarse. En tal sentido, compartimos la apreciación de Harvey (2009) quien señala que el proyecto neoliberal como medio para la restauración y consolidación del poder de clase de los sectores dominantes ha sido un éxito. Estamos ante el fin de ciclo del neoliberalismo y el inicio de una nueva etapa que puede denominarse postneoliberal (Thwaites Rey, 2010; Harvey, 2007). El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, dar cuenta del carácter postneoliberal de la etapa iniciada en el año2002. Por otro, señalar los rasgos novedosos y las contradicciones, barreras y límites de este nuevo proceso que, tentativamente, denominamos neodesarrollista. 

Las continuidades estructurales – la herencia neoliberal – se expresan en nueva forma de producción-reproducción del ciclo del capital en Argentina. En términos conceptuales recordemos que el capital es la relación social hegemónica y reviste la siguiente forma (Marx, 2007): D – M (FdT, MP) - … P … - M’ – D’

Es decir, el capital es un ciclo a través del cual el valor –manifestación fetichizada de esa relación social dominante –se produce y reproduce de manera expandida a través de la transformación de dinero (D) en mercancías– medios de producción, MP, y fuerza de trabajo, FdT –para ser transformados a través de un proceso material de producción (P) en nuevas mercancías (M’), cuyo valor social es mayor que el valor original. Finalmente, el proceso concluye (y recomienza) con la necesaria transformación de esas nuevas mercancías en dinero (D’) cuya magnitud –para que el proceso se reproduzca exitosamente– deberá ser mayor que la inversión original (D < D’). El análisis de la forma particular que asume el ciclo del capital en Argentina, nos permite comprender las continuidades estructurales que la etapa actual posee frente al período de auge del neoliberalismo (1993-1998) y también dar cuenta de las principales diferencias.

En la fase inicial del ciclo del capital (D – M) se conformó –en la etapa neoliberal– por un lado un mercado de trabajo hiperprecarizado y, por otro, una dinámica de niveles de inversión relativamente bajos. La derrota –parcial y temporal– de la clase trabajadora a comienzos de los noventa (Féliz, 2008b) permitió la consolidación de un patrón de precarización persistente y extendida con fuertes rasgos de superexplotación laboral (Marini, 2007). Los niveles de trabajo no registrado a 8 años de la crisis, superan aún los mínimos de comienzos de los años noventa (36,1% y 25,2%, a fines de 2009 y a comienzos de 1993 respectivamente). En 2008, cerca del 60% de los trabajadores y trabajadoras se encontraban precarizados/as (Ramieri, Raffo y Lozano, 2008) y a comienzos de 2010 los niveles salariales son para un 40% de los puestos de trabajo inferiores al salario mínimo. Esto da cuenta del carácter necesario de la precarización laboral en la reproducción del ciclo del capital en la Argentina postneoliberal.

En el proceso de acumulación de capital se observan aún tasas de inversión bruta interna fija (IBIF/PBI) relativamente bajas. En 2008, la misma se encontraba alrededor del 23,3% del PBI (en pesos corrientes, a precios del productor) mientras que se ubicaba en un 19,9% en el pico anterior (1998). Por otra parte, se observa un sesgo de la inversión en contra de la instalación de capital reproductivo: 5,7% del PBI en 2008 estuvo dirigido a la compra de maquinaria y equipo, apenas por encima del 5,5% de 1998.1. 

Desde el punto de vista de la siguiente etapa del ciclo (M - … -P- … - M’) podemos observar la consolidación de un patrón productivo transnacionalizado y orientado principalmente al complejo extractivo-rentista (agro-minero).2 En los años noventa el capital extranjero penetró profundamente en la estructura de propiedad del capital productivo. Del 32% de la propiedad de los 500 capitales más grandes (según sus ventas) en 1993 pasó a 48% de los mismas en 1998. Sin embargo, el fin del neoliberalismo en Argentina no condujo a una renacionalización del control social de la producción. Por el contrario, la etapa post-2001 marcó la profundización de la tendencia mencionada: 66% de las grandes corporaciones se encontraban bajo el control del capital transnacional en 2007. El proceso de transnacionalización del capital local otorga –a su vez– bases firmes para el fortalecimiento de un patrón de producción centrado en las ramas vinculadas al saqueo de las riquezas naturales; en conjunto, las ramas de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras pasaron de representar el 6,7% del PBI (en términos corrientes, a precios de mercado) en 1998 al 12,5% en 2008.3 Por último, la estructura del capital descrita conforma una modalidad de distribución-apropiación de los ingresos y de demanda final peculiar (última fase del ciclo del capital). La presente etapa consolida una distribución primaria (“funcional”) del ingreso regresiva. La pervivencia de la precarización laboral conlleva a que los trabajadores y trabajadoras se apropien de una porción estructuralmente reducida del valor por ellos generado: en el sector privado de la economía los trabajadores recibían el 28,1% del PBI (a precios corrientes de mercado) en 2007, mientras que en 1993 apropiaban un 32,3%. En paralelo con esta situación podemos marcar la persistencia de un elevado nivel de consumo suntuario. El conjunto de los no trabajadores –y trabajadores en funciones capitalistas– se apropiaba en 2007 el 42,1% del PBI (58,9% del consumo total) mientras en 1993 apropiaron el 43,6% del PBI (52,7% del consumo total).4 La continuidad en la reproducción de una estructura de distribución-apropiación de los ingresos basada en la compresión salarial y el consumo suntuario crea un patrón global de consumo altamente segmentado.

Esto se complementa a nivel de la realización del valor con un patrón de acumulación crecientemente extrovertido: mientras a comienzos de los noventa (1993) las exportaciones representaban sólo el 6,9% del PBI (en pesos corrientes, a precios del comprador), en 1998 esa relación llegó a 10,4% y en 2008 alcanzó el 24,5%.

La salida de la convertibilidad ha significado un cambio en el patrón de acumulación de capital en el espacio de valor de la Argentina. Sin embargo, dicho cambio manifiesta la consolidación de un patrón dependiente de valorización y no –por el contrario– su desplazamiento (Barrera y López, 2010). En tal sentido, la noción de postneoliberalismo es útil para caracterizar los rasgos generales de la nueva etapa abierta a partir de 2002. Enfatiza la continuidad pero describe también la necesidad de comprender el tiempo actual como algo nuevo, construido sobre el legado de la etapa anterior. El nuevo ciclo parece marcar el fin del proceso de desindustrialización regresiva iniciado con la última dictadura. La industria manufacturera mantiene –de conjunto– una participación estable aunque algo mayor en el PBI: 18,2% en 1993, 17,8% en 1998, alcanzando el 19,5% en 2008. Los capitales que resistieron la reestructuración aparecen como más rentables y competitivos pero, a su vez, más fuertemente articulados con los sectores productores de commodities (Azpiazu y Schorr, 2010). Dentro de los grandes capitales aquellos ligados a la producción más “primarizada” concentran hoy el superávit externo y la masa de ganancias. En 1998 –en el marco de un déficit global de 4.962 millones de dólares para el total de la economía– ese conjunto de empresas tenía un superávit global de 7.244 millones de dólares mientras que el resto de los grandes capitales obtuvo una posición deficitaria de 4.702 millones de pesos. En 2003, la relación había pasado a ser de 13.680 millones de dólares y 1.256 millones de dólares de superávit, para cada sector respectivamente. En cuanto a las ganancias, las ramas productoras de commodities se apropiaban del 32,3% del total de las ganancias de las grandes empresas en 1998 mientras que en 2004 llegaron a absorber el 77,2% de las mismas. Los veinticinco años de la etapa neoliberal han concluido. Lo han hecho –sin embargo– dejando una profunda marca en la sociedad argentina: (a) un dominio determinante del gran capital transnacional, (b) la consolidación de la posición periférica del ciclo del capital local en el ciclo del capital global basada en la preeminencia de la estrategia del saqueo de las riquezas naturales y (c) la precarización y superexplotación estructural de la fuerza de trabajo. Estos elementos dan cuenta de la continuidad y consolidación del ciclo de la dependencia. De todas formas, la conformación de una nueva hegemonía social no puede ocultar el nacimiento a través del neoliberalismo de nuevas fuerzas sociales del pueblo trabajador que aparecen en esta nueva etapa como las principales novedades.5 

En efecto, la formación de una segunda central sindical y el florecimiento de nuevas comisiones internas clasistas, el nacimiento de los “nuevos movimientos sociales” (de derechos humanos, de género, asambleas populares, en el movimiento estudiantil, etc.), el ciclo de recuperación de empresas y el desarrollo de una miríada de movimientos de base territorial (nacidos en los movimientos de trabajadores desocupados) han conformado un nuevo sujeto social. Este sujeto social –el pueblo trabajador– ha impuesto a los sectores dominantes, sobre todo luego de la crisis de la convertibilidad, la necesidad de una nueva forma de encauzar la contradicción entre las necesidades de acumulación de capital y las necesidades de legitimación. En definitiva, es la combinación de la trascendencia histórica del neoliberalismo y el surgimiento de su superación dialéctica lo que nos permite dar cuenta de las novedades de la etapa actual.

 

 

Debemos avanzar aquí sobre cuáles son los cambios se produjeron desde la finalización del proceso de reestructuración neoliberal, más allá de las continuidades antes señaladas. Para responder a esta pregunta resulta necesaria una caracterización de la forma que tomó el Estado a partir de 2002. La ofensiva del capital que significó el neoliberalismo introdujo nuevos límites al accionar de los estados capitalistas a nivel global. A través de la estrategia política del neoliberalismo, el capital global reconfiguró profundamente las formas de Estado-Nación previamente existentes en todas las regiones del mundo. Los Estados nacionales se encuentran en permanente contradicción por generalización de la ley del valor –que tiende a borrar las fronteras nacionales– y la realidad de que la legitimidad política y las alianzas de clase necesarias para garantizar la reproducción de la formación social se obtienen en el propio espacio nacional (Thwaites Rey, 2010; Burnham, 1997; Panitch y Gindin, 2005). Para los Estados de la periferia el giro neoliberal implicó un límite a su accionar al menos en dos aspectos: las posibilidad de intervención para lograr inclusión social y la capacidad de control de las directrices de la modalidad de desarrollo (Thwaites Rey y Castillo, 2008). Estos aspectos que habían caracterizado la forma-Estado en Argentina antes de la década del noventa fueron modificados a través de la reestructuración neoliberal. El reconocimiento de estos nuevos límites no niega que en la etapa actual los Estados de la periferia posean un cierto margen de maniobra. El Estado continúa representando –a nuestro entender– una relación social objetivada que condensa todas las relaciones de fuerza entre clases sociales y fracciones clase (Poulantzas, 1979). Por tal motivo, el Estado capitalista tiene como restricción esencial la necesidad de reproducir en su espacio geográfico específico las relaciones sociales capitalistas que lo sustentan y le dan contenido. Pero a su vez expresa –a través de sus intervenciones políticas concretas– las luchas sociales entre clases y fracciones de clase en cada momento histórico. En este sentido, para dar cuenta de las diferencias y similitudes en la forma del Estado en la etapa postneoliberal con los años del neoliberalismo, analizamos dos niveles de acción de las políticas públicas: el macroeconómico y el de las políticas sociales y laborales. Nos preocupa discutir en qué medida la nueva dinámica que adopta el Estado responde –por una parte– a condicionamientos impuestos por la estructura del capital y –por otro lado– es el resultado del conflicto social en tanto éste se materializa en las instituciones estatales. A su vez, las intervenciones del Estado en materia de políticas públicas responden –aunque subordinadas a los condicionamientos estructurales– al proyecto político de quienes ocupan los aparatos estatales y logran hegemonizar sus acciones. Siguiendo a Jessop (2008) entendemos que la condensación de relaciones sociales que expresa el Estado puede ser analizada mediante la noción de “selectividad estratégica estructuralmente situada”. Este concepto hace referencia a la forma en la cual las instituciones y aparatos específicos del Estado permiten que determinadas fuerzas sociales (generalmente, los bloques en el poder) utilicen el poder estatal de acuerdo a sus intereses materiales e ideológicos frente a otras fuerzas sociales.

A través de la idea de selectividad estratégica podemos ver cómo ciertas instituciones estatales –principalmente las políticas macroeconómicas– responden más a los intereses de los bloques en el poder mientras que las políticas sociales y laborales dan cuenta en mayor medida de las demandas que el pueblo trabajador dinamiza con sus luchas.

En la década de 1990 el Estado bajo su forma neoliberal adoptó con mayor claridad que en cualquier otro momento histórico el rol de “comité ejecutivo de los intereses de la burguesía” (Harvey, 2007). Argentina no fue a excepción y el Estado en la década de 1990 actúo en función de materializar en sus instituciones concretas los cambios estructurales que se venían configurando desde los años setenta. La novedad postneoliberal es que las selectividades estratégicas del Estado han cambiado de manera significativa. 

 

 

Analizamos, en primer lugar, las políticas macroeconómicas más características del período actual. Reconocemos entre ellas el tipo de cambio elevado, el superávit fiscal y el esquema de subsidios y la política de (des)endeudamiento. La devaluación del peso y la política cambiaria “competitiva” posterior es la expresión más concreta del nuevo bloque en el poder, conformado por el gran capital y –dentro de éste– del capital transnacional como hegemónico al interior del bloque dominante (Arceo, 2009). El posicionamiento estratégico del gran capital agro-minero-exportador lo coloca en una posición de fortaleza relativa frente a los sectores del capital productivo no ligados directamente al “extractivismo” y frente al conjunto de la clase trabajadora. El nuevo bloque dominante impone así un nuevo límite a la política cambiaria: el tipo de cambio real tendencial (estructural) de estos sectores –que contempla los costos unitarios relativos– se encontró en promedio en 2002-2009 un 46,4% por encima del que prevalecía en los años de auge (1993-1998) de la década anterior (Féliz, 2009) 6. El Estado a través de su política cambiaria actuó para que esta posición estructural se manifieste, devaluando la moneda y manteniendo un tipo de cambio real 6 elevado, en desmedro del ingreso del pueblo trabajador. A su vez, la política cambiaria –al permitir la manifestación de la posición estructuralmente dominante de estos sectores – mejora significativamente la valorización/acumulación del capital social total. Esta selectividad de las políticas públicas que reconoce el poder estructural de los capitales competitivos se asocia, a su vez, con las posibilidades del Estado de apropiar parte de los ingresos de estos sectores y subsidiar así a otras actividades. El establecimiento de derechos de exportación y subsidios cruzados a diversas actividades son, sin duda, una novedad de la etapa postneoliberal en relación a la década anterior. Esta cuestión nos conduce a problematizar la política de superávit fiscal y los subsidios al capital en otras ramas de actividad. En primer lugar, cabe señalar que el capital productivo (no extractivista) se enfrenta –en el período actual– un límite: su competitividad no se basa en incrementos de productividad y se sostiene –principalmente– en la precarización laboral y los ingresos vía subsidios estatales. El creciente déficit externo de estos capitales da cuenta del deterioro en su competitividad global frente a las presiones del pueblo trabajador organizado que ha recuperado parcialmente los niveles salariales en el sector privado formal: los salarios de los trabajadores asalariados del sector privado formal se encuentran hoy un 12 % por encima del valor de finales de 2001. En un proceso de inversión que –como marcamos– es limitado, el crecimiento de la productividad es bajo y consecuentemente los costos unitarios laborales en la industria manufacturera han aumentado en promedio un 54,6% desde 2003 (Féliz, 2009).7 Esto lleva a un deterioro –tendencial– en la competitividad global: el tipo de cambio real estructural en 2009 ya se encontraba 22,3% por debajo del que regía en 2001.8

Mientras los sectores hegemónicos dentro del bloque dominante tienen una competitividad estructural elevada y por ello la caída en el tipo de cambio real poco las afecta –como vimos en el persistente superávit comercial que generan– el resto de los sectores capitalistas –en particular, la industria manufacturera– enfrentan crecientes dificultades para competir internacionalmente: su déficit comercial va en aumento.

Esta situación de deterioro en la competitividad de las fracciones no hegemónicas del bloque dominante se traduce en una serie de políticas que vuelven a marcar la selectividad del poder estatal para actuar como garante de la reproducción del capital en su conjunto. Estos sectores han logrado aumentar sostenidamente la transferencia de recursos bajo la forma de subsidios o gastos en servicios económicos: los gastos en servicios económicos han pasado el 1,4% al 4,0% del PBI y de 9,3% a 21,6% del gasto total de la Administración Nacional (AN) entre 2003 y 2008 mientras que los subsidios al gran capital presupuestados en 2010 han llegado a los 7.300 millones de pesos por exenciones impositivas. Por otro lado, el aumento sostenido en los precios internos (la inflación) se ha convertido en un medio privilegiado del capital para dar batalla frente al pueblo trabajador a la hora de sostener las tasas de ganancia. La estrategia de devaluación salarial descentralizada por medio de la inflación es viable aunque sólo parcialmente eficaz. La estrategia capitalista de compresión salarial descentralizada tiende a reducir la competitividad del capital local vis-a-vis el capital internacional pues aprecia el tipo de cambio real. Eso es evidente para todos y por ello el capital en su conjunto (a través de sus organizaciones de clase como la UIA) exige la intervención del Estado en la regulación salarial. El Estado es requerido –nuevamente– para coordinar los intereses capitalistas parcializados. De ese modo, podría decirse que –al menos en esta etapa– la inflación se transforma más en un problema para los sectores dominantes (que pierden competitividad) que para los sectores populares que han logrado –a pesar de ella– recuperar en parte sus ingresos reales, si bien es cierto que en los últimos años las mejoras han sido casi nulas en promedio. En este marco, la política de superávit fiscal se asocia a la acción del Estado en su rol de garante de la reproducción del capital en el espacio nacional. Es decir, la Administración Pública necesita de un monto de recursos crecientes para sostener la competitividad del capital en su conjunto. Sin embargo, la forma en que se recaudan los ingresos de la Administración Pública no es neutral. Tanto los ingresos como los gastos de los aparatos estatales tienen relevancia en lo que hace a la (re)distribución secundaria de ingresos entre clases. De esta manera, el mayor peso que hoy tienen los impuestos que recaen sobre el plusvalor apropiado por una parte del bloque dominante y realizado a través de la exportación, resulta una de las fuentes de ingresos progresivas que ha implementado el Estado para mantener elevados niveles de recaudación impositiva.9 Las retenciones a las exportaciones agropecuarias y petroleras llegaron a representar un 8,8% de la recaudación total de la AN en 2009 y mejoraron significativamente la posición fiscal. Entre 2002 y 2009 el superávit fiscal primario representó –en promedio– 2,7% del PBI lo que significa una capacidad de gasto del Estado mucho mayor a la que poseía en el período neoliberal cuando el superávit primario llegó a sólo 0,9% en promedio entre 1993 y 2001. Esto no quita que se presenten barreras al sostenimiento de este superávit fiscal y, por tanto, comiencen a plasmarse contradicciones al interior de los aparatos estatales sobre cómo priorizar los gastos públicos. Las barreras parecen relacionarse al hecho de que dada la creciente necesidad de ingresos fiscales que deben destinarse a mejorar la competitividad de los sectores productivos no rentistas, la masa de recursos que deben ser apropiados a través del Estado es mayor. La selectividad estratégica –de clase– del Estado permanece pues sujeta a dos límites bien claros: la posición competitiva estructural (rentista) del nuevo bloque en el poder y la baja competitividad global del capital doméstico cuya reproducción es fundamental a los fines de la estabilidad política del bloque.10

Esto nos conduce al tercer punto clave de la política macroeconómica: el (des)endeudamiento y la necesidad de retomar la inserción al mercado financiero global. Si bien es cierto que el capital financiero ha pedido peso estructural a manos del sector productivo transnacional, su peso político continúa siendo significativo aunque se expresa de forma diferente a la década previa. Si bien los pagos de intereses de la deuda pública se han mantenido relativamente bajos (2,1% del PBI en 2008 luego de la renegociación, contra 1,91% en 2003) el peso de los vencimientos de capital opera como una presión permanente sobre la orientación general de las políticas públicas. En 2010 los vencimientos de capital de la deuda del Estado Nacional alcanzan los 22.400 millones de dólares, equivalente a 34,2% del gasto del Sector Público Nacional no Financiero. Cabe señalar que una parte importante de la deuda pública está hoy en manos del ANSES, el Banco Central y otros organismos públicos. Por un lado, en mayo de 2010 el 61% de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) estaban colocados en títulos públicos por un monto equivalente a 89 mil millones de. Por otra parte, el BCRA posee como activos 22,6 mil millones de dólares en Letras del Tesoro Nacional. Esto reduce significativamente el peso de los acreedores privados en la deuda pública total. De cualquier modo, la necesidad de la Administración Nacional de instrumentar un proceso de renegociación de la deuda pública con aquellos acreedores que quedaron fuera del canje en 2005 da cuenta de la relevancia que aun tiene el capital financiero internacional en Argentina. Las múltiples renegociaciones y canjes no sólo buscaron tener abiertas las puertas para refinanciar la deuda pública en manos de agentes privados o financiar políticas estatales que no podrían implementarse sin modificaciones en las fuentes de ingresos tributarios. Estas decisiones políticas también buscan generar un “marco de confianza” para que el capital privado acceda al financiamiento externo que, como señalamos antes, es fundamental en el ciclo del capital local. Es evidente que, en lo que atañe a las políticas macroeconómicas, el Estado argentino ha cumplido claramente el rol de garante y sintetizador de la reproducción del capital como relación social. Sin embargo, la forma concreta de estas políticas se diferencia sustancialmente de las que se manifestaron en la etapa neoliberal y esto es producto, en nuestra opinión, de dos cambios fundamentales en el poder estatal luego de la crisis de 2001: un nuevo bloque en el poder –que consolidó su posición mediante la reestructuración neoliberal– y un gobierno cuya impronta ideológica se sitúa más cerca de las posiciones desarrollistas tradicionales que de las neoliberales.

 

La lucha de clases y los conflictos sociales tienen su manifestación en las políticas públicas. Entendemos que en la etapa postneoliberal las políticas sociales y laborales han sido el resultado de la oposición al neoliberalismo a través de la cual el pueblo trabajador configuró nuevas formas de intervención y organización política y, a su vez, recuperó otras que habían sido negadas por la avanzada del capital. La nueva dinámica de luchas sociales que se desarrollaron en la etapa neoliberal lo hicieron a partir del cambio sustancial en las condiciones objetivas del pueblo trabajador. Como mencionamos, la profundización de la condición dependiente del capital que opera en el ámbito nacional implicó al afianzamiento de condiciones de empleo precarias y benefició la superexplotación y la pobreza generalizada (Féliz, López y Álvarez Hayes, 2009). Este marco de exclusión social –que se profundizó con la crisis de la convertibilidad y su salida devaluatoria– es el que empuja al pueblo trabajador a organizarse para reclamar al Estado la implementación de planes de alcance masivo que posibiliten ingresos mínimos de subsistencia. En relación a las políticas sociales, la conflictividad de los años de crisis forzó la implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en 2002. A diferencia de lo que ocurrió en la década de 1990, este plan tuvo un carácter masivo –incluyó a 2 millones de beneficiarios mientras que los programas de las décadas previas llegaron a un máximo de 300– y otorgó un ingreso de $150 con contraprestaciones mínimas. Este plan mantuvo, sin embargo, el monto fijo aún cuando las tasas de inflación comenzaron a acelerarse entre 2005-2008. La transformación del Plan Jefes en planes más segmentados, como el Plan Familias que mantenía los mismos niveles de gasto social pero para un menor número de beneficiarios, provocó nuevas reacciones de parte de los sectores populares organizados que tuvieron respuesta estatal mediante el Programa Argentina Trabaja y la Asignación Universal por Hijo para los trabajadores/as desocupados e informales con ingresos menores al salario mínimo, con 150 mil y 3,5 millones de beneficiarios respectivamente. Estas políticas sociales son –a nuestro entender– el resultado del desarrollo de una contradicción entre las nuevas formas de lucha ciertos sectores del

pueblo trabajador –principalmente de las organizaciones de base territorial– y las intenciones de los actores estatales de canalizar por la vía institucional estos conflictos y reclamos que no eran encuadrados en las instituciones previamente existentes (Dinerstein, Contartese y Deledicque, 2008). Las políticas laborales para los asalariados formales, por su parte, parecen responder más al carácter mediador del Estado entre las clases dominantes y los sectores del pueblo trabajador más ligadas a la acción sindical.

En este marco se destacan la reapertura de las paritarias, la renegociación de los convenios colectivos y los incrementos del salario mínimo, entre otras. Es más claro aquí que el accionar estatal permite la estabilización –conflictiva– del patrón de acumulación sintetizando las posiciones de los trabajadores formales y las clases dominantes. El accionar estatal concreto –en cuanto a las políticas sociales y laborales– luego de 2002 se ha modificado, volviéndose “más receptivo” a los reclamos y disputas que llevó adelante el pueblo trabajador. Esto responde, por un lado, al cumplimiento de sus roles de garante del sistema en su conjunto y, por tanto, de unificador de las fracciones de la clase dominante. Además, sin el reconocimiento parcial por parte del Estado de los reclamos populares difícilmente se podría haber establecido un patrón de acumulación sostenido como el que muestra la economía argentina. Por otra parte, la impronta desarrollista del proyecto político kirchnerista –que hegemoniza el poder estatal– cumple un rol subordinado pero relevante en la implementación de algunas de estas políticas de corte popular. Reconocer a los sindicatos como interlocutores válidos, por ejemplo, es una posición que no entra en los esquemas ideológicos del Estado neoliberal y que sí puede incluirse en una perspectiva ideológica más cercana al desarrollismo.

4-Contradicciones, barreras y límites del capitalismo periférico neodesarrollista postneoliberal

 

Todo proceso de valorización/acumulación de capital enfrenta sus contradicciones, barreras y límites. Entendemos como contradicciones aquellas relaciones que enfrentan fuerzas antagónicas y, por ello, son fuente de movimiento de la dinámica social. Barreras son aquellos puntos que enfrentan tales procesos dinámicos y que –dentro del propio proceso de acumulación– pueden ser superadas sin atravesar una crisis orgánica. Los límites –por el contrario– son en cualquier caso barreras insuperables dentro de un particular patrón de acumulación de capital. Las barreras están ligadas más directamente a la estrategia de política económica adoptada por los proyectos políticos que hegemonizan el Estado y, por tanto, son superables con cambios en dicha estrategia. Por el contrario, los límites incluyen aquellas restricciones impuestas por el capitalismo pero más concretamente son intrínsecas a las restricciones que plantea la inserción internacional periférica y dependiente de la economía Argentina. En tal sentido, su superación supone atravesar una crisis orgánica que involucre simultáneamente el desplazamiento de esas restricciones y la conformación de un bloque hegemónico que pueda alterar la correlación de fuerzas sociales para producir tal desplazamiento.

La dinámica de la acumulación exitosa en Argentina a partir de 2002 plantea una serie de restricciones. Ellas implican una combinación de contradicciones, barreras y límites que se articulan como los principales problemas de la etapa. El límite más importante que enfrenta el desarrollo capitalista en Argentina – y en principio cualquier proyecto postcapitalista – es la consolidación de un patrón de acumulación de carácter dependiente y periférico basado en el saqueo de las riquezas naturales (extractivismo) en el marco de una economía transnacionalizada. Esta situación conforma un obstáculo significativo a las posibilidades de avanzar en un proyecto de cambio social pues supone la conformación de una sólida correlación de fuerzas sociales a favor del bloque dominante burgués y –dentro de éste– de su fracción transnacional. Este rasgo de continuidad es el que da cuenta del carácter postneoliberal de la etapa actual.

Sobre la base de este límite estructural operan las principales contradicciones que dinamizan la acumulación: la contradicción elemental entre el bloque dominante y el pueblo trabajador y la contradicción entre las fracciones rentistas y no rentistas dentro del gran capital. Aún con esta correlación de fuerzas sociales claramente desfavorable, el pueblo organizado ha podido forzar mejoras –relativas y parciales– en sus condiciones de existencia a través de la superación de algunas de las barreras que enfrenta el actual patrón de acumulación: la restricción fiscal y la selectividad estratégica del Estado. En tal sentido, los sectores populares han logrado disputar (no desplazar) el control de clase del Estado al menos en los ámbitos vinculados al empleo y las políticas sociales. Dentro del bloque dominante los sectores no rentistas han conseguido establecer una suerte de equilibrio inestable con los sectores rentistas. A través de la política fiscal consiguen apropiar una porción importante de los ingresos extraordinarios del sector extractivista. De cualquier manera, la posición de reducida competitividad de los sectores no extractivos los enfrenta a una restricción que se torna progresivamente en límite: la puja distributiva con el pueblo trabajador hace caer el tipo de cambio real y las posibilidades de apropiar renta por la vía fiscal son cada vez más exiguas frente a las demandas crecientes de los sectores más desplazados de las clases populares. En esa dinámica es que el desarrollismo postneoliberal (neodesarrollismo) encuentra sus principales dificultades. El intento de conformación de una clase industrial transnacionalizada y no rentista con capacidad de absorber las demandas populares en un marco capitalista periférico enfrenta –por una parte– la barrera distributiva (que se manifiesta como inflación, estancamiento salarial y tendencia a la crisis fiscal) y –por otra– el límite de una economía de baja productividad y heterogeneidad estructural. El neodesarrollismo (kirchnerismo en la Argentina actual) enfrenta esas restricciones con un Estado postneoliberal, sin los instrumentos del Estado desarrollista clásico –empresas públicas en sectores estratégicos e instituciones para la intervención en diversas esfera de la reproducción del capital– ni la orientación política que supondría apuntalar una fuerza social de base popular, con posibilidades de desplazar la correlación de fuerzas en una perspectiva de cambio social.

 

 

 

1. Cabe señalar que el proceso inversor actual es – al igual que en los años noventa – que la deuda externa juega un rol preponderante para financiar la inversión privada. A fines de 2009 la deuda externa del sector privado no financiero fue mayor a 42 mil millones de dólares, monto equivalente al de 1998.

2. Al hablar de complejo extractivo-rentista hacemos referencia a que esas ramas se basan fundamentalmente en la extracción de recursos no renovables de manera directa (minería) o indirecta (agricultura y ganadería intensiva). En ambos casos, circunstancias geográficas e históricas hacen que en

Argentina esa producción y sus manufacturas primarias (mayoritariamente commodities) generen rentas extraordinarias.

3. El capitalismo transforma las riquezas naturales (valores de uso) en recursos naturales (valores de cambio). 

4. Asumimos que la masa de ingresos de los asalariados y trabajadores con “ingresos mixtos” menos el ingreso del 10% más rico de la población (según el ingreso per cápita familiar) es equivalente al consumo de los trabajadores y las trabajadoras. Suponemos que el ingreso de los más ricos refleja el consumo derivado de ingresos del capital de los gerentes y otros que ocupan funciones capitalistas y por ello no debe ser considerado – en una primera aproximación – como consumo necesario. La diferencia entre el consumo total y el consumo de los trabajadores es el “consumo suntuario”.

5. Usamos el concepto de pueblo trabajador como una caracterización más precisa de la realidad de la clase trabajadora. Siguiendo la propuesta de Cieza (2006), quien plantea que “la idea de sujeto social múltiple [pueblo trabajador] como potencial desencadenante de transformaciones sociales se corresponde con una sociedad fragmentada donde los trabajadores representan un conjunto heterogéneo y cambiante que sólo muy parcialmente puede identificarse con personas que tienen un trabajo formal y son explotadas por un empresario capitalista” (Cieza, 2006: 123; corchetes nuestros). Esta manera de conceptualizar a la fuerza de trabajo es similar la propuesta de Antunes (1999) quien refiere a la “clase-que-vive-del-trabajo”.

6. El tipo de cambio real es aquí el tipo de cambio nominal deflactado por el índice de precios mayoristas.

7. En la industria manufacturera argentina la productividad aumentó en promedio 2,9% por año entre 2002 y 2009 mientras que entre 1993 y 1998 el crecimiento medio fue de 5,4% anual (Féliz, 2009).

8. Este deterioro es producto sobre todo del fuerte aumento relativo en los costos laborales unitarios reales en Argentina en relación con el espacio nacional de referencia (Estados Unidos) vinculado a la moneda mundial (el dólar).

9. En efecto, la recaudación impositiva del conjunto del Estado nacional y provinciales pasó de 21,2% del PBI en 1998 a 31,6% en 2009. El principal cambio está vinculado a la creación de las retenciones a las exportaciones sin las cuales la recaudación total sería de 28,8% del PBI y el déficit fiscal primario superaría el 1,3% de PBI.

10. Sin la reproducción ampliada de los sectores subordinados en el bloque dominante la creación de empleo y la mejora en las condiciones de vida del pueblo trabajador se verían fuertemente limitadas en el marco de una economía capitalista periférica como la Argentina.

 

 

 

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