Gobernando para el mercado y en contra del mercado: La gubernamentalización del Estado, en la Argentina actual (2003-2012)

 

El presente artículo tiene por objetivo analizar la singularidad que cobra el proceso de gubernamentalización del Estado[1], en la Argentina actual (2003-2012). El hilo conductor se encuentra en cómo se reconstruye el rol del Estado, a partir de la reconfiguración de elementos propios de la economía, bajo el propósito de poner ciertos límites políticos y morales al mercado y, a su vez, posibilitar un marco para que el juego del mercado sea posible. Esto implica la puesta en juego de prácticas[2] y lógicas de gobierno[3] “para el mercado y en contra del mercado”.[4]

Lo propuesto se realiza siguiendo la línea de investigaciones, que desde la perspectiva foucaultiana, procuran apropiarse de las herramientas teóricas y metodológicas que se desprenden de los estudios sobre gubernamentalidad[5].Se trata de un análisis de dispositivos de poder y no de ideologías y/o estructuras de clases, por lo cual excede a los sujetos colectivos y a las voluntades individuales. En tanto existen heterogéneas configuraciones de relaciones de poder, que imprimen diferentes sentidos a elementos que tenían una procedencia y que es preciso reconstruir.

 

 

 

Se parte del supuesto de que en Argentina, luego de la implementación de recetas anarco-neoliberales en los noventa y, de la crisis posterior en el 2001 comienza un proceso de gubernamentalización del Estado entre nuevas y viejas racionalidades políticas. A modo de organizar la exposición se identifican dos momentos en el entramado lógico y práctico del gobierno actual: 2003-2007 y 2007-2012. Cabe mencionar, que la reconfiguración del rol del Estado, en la Argentina del presente, llega a ser posible y real en el marco de la geopolítica internacional-continental[6].

En el 2003, Néstor Kirchner asume la presidencia con un discurso centrado en una transformación del paradigma político y de gobierno, según el cual se comenzaría a realizar un alejamiento de las políticas neoliberales de la década de los noventa, en sus palabras:

 

La política puesta al servicio del bien común, las instituciones reconciliándose de a poco con la sociedad, el Estado tratando de restañar las heridas con asistencia y, sobre todo, con una intensa tarea de promoción social, las variables macroeconómicas bajo control y una proactiva inversión estatal al servicio del crecimiento y promoción de la actividad; el acento puesto en el fortalecimiento de la educación pública para que cumpla su rol de igualadora de oportunidades, forman parte del nuevo escenario que permite recrear la esperanza y las expectativas (MDS, 2010: 35)[7]

 

Esto implica reconfigurar el rol del Estado ahora “protagonista y promotor”, frente al rol subsidiario y ausente que se considera tenía en el gobierno de los noventa, como parte de la “dictadura neoliberal” iniciada en el 76'. Así se instala el proyecto político y gubernamental llamado “Nacional y Popular” (PNP): “[…]constituye un esquema concreto y coherente de objetivos, instrumentos y estrategias tendientes a garantizar el bienestar y el acceso a los derechos básicos de todos los ciudadanos de un país, en el marco de un Modelo económico y social de inclusión” (MDS tomo II, 2010: 92)

En el período inicial (2003), varias fueron las estrategias para ir tejiendo el diagrama de poder hasta hoy vigente. Entre las propuestas iniciales se encuentra la de transversalidad, presentada como una forma alternativa de representación y participación, a partir de la cual construir un nuevo consenso frente a la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales y de la dirigencia política: “La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos, con capacidad para la convocatoria transversal, el respecto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes”.[8] Estos entramados enunciativos se dirigen a refundar la Nación, así como a construir un nuevo espacio político partidario.

En este sentido, se proyecta la recreación del vínculo entre partido y movimiento en el proceso mismo de reconfiguración del peronismo-justicialista[9] y del Estado. Se trataba de no encerrarse dentro del peronismo como partido único, parafraseando al presidente: “ni derechismo ni izquierdismo”. En el 2004, con vistas a las elecciones de octubre la estrategia de transversalidad empezó a privilegiar el tejido de alianzas con aquellos sectores que permitieran ganar las elecciones.

En este proceso se profundizan tácticas de gobierno que habían tenido impulso al inicio de la gestión, entre ellas se amplía el dialogo con laFederación de Trabajo y Vivienda liderada por Luis D' Elia (CTA) y núcleos sindicales de la CTA y del Movimiento de Trabajadores Argentinos, liderado por Hugo Moyano. Paralelamente, se intenta influir globalmente al movimiento sindical, y para ello le es útil la resolución del Congreso Nacional en febrero de derogar la Ley Laboral 25.250, y la reinstalación de institutos protectores del trabajo y las negociaciones colectivas. En la estrategia de realizar “alianzas estratégicas”, también se realizan esfuerzos para incorporar a sectores empresarios de la Unión Industrial Argentina favorables a la actual política económica. Y por último, se ponen en juego vínculos con las agrupaciones “moderadas” de los movimientos piqueteros (FTV y Corriente Clasista y Combativa – CCC), mientras se pretende aislar a los sectores "duros" del Bloque Nacional Piquetero y del MIJP de Raúl Castells. Esto, también forma parte de la estrategia de construir un Frente para la Victoria, como movimiento socio-político (Godio, 2004: 5) Estas redes se amplían con otros nodos de relaciones estratégicas en torno de los diferentes sectores empresariales del país y capitales financieros diversos.

En este primer período, entonces, las racionalidades políticas puestas en juego se traducen en programas de gobierno con resonancias del peronismo temprano (neokeynesiano) ante todo, así como del liberalismo y neoliberalismo con perfil nacional y popular. Las principales medidas estratégicas se dirigían a refundar el lugar y la acción del Estado, sosteniendo la inversión y así la demanda, es decir, el poder adquisitivo. Mientras el Estado pretendía gobernar “con” la sociedad civil y las empresas, mediante participación y acuerdos estratégicos, en torno de la fijación de los precios, la inversión social y la productividad.

De este modo, el proyecto nacional y popular se reconfigura mediante procesos de institucionalización, con una centralidad cada vez más explícita en la figura del presidente-dirigente y una reapropiación singular de diferentes racionalidades políticas viejas y nuevas.

 

Siguiendo con el Proyecto antedicho, en el 2007, las racionalidades políticas que codifican las prácticas de gobierno sufren un vuelco “neodesarrollista”, cuando asume la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK). El gobierno de CFK se instala con un discurso centrado en el crecimiento económico sostenido, la creación de empleo-trabajo, de “inclusión social con equidad”, así como la intención de regular la distribución de la riqueza/ingresos, siempre bajo un margen soportable de “desigualdad”.

En los inicios de este período de gobierno surgen conflictos ligados a las dinámicas de concentración en los circuitos agroindustriales y la creciente articulación de su poder social, el llamado “conflicto del campo”. Se denota el estallido de una oposición alineada política y económicamente al interior de los grupos dominantes y de derecha neoconservadora argentina, que articula: “...a los agentes económicos y corporativo de una grupo dentro de la fracción productivo-exportadora del capital (ligadas al agro), los principales medios masivos de comunicación y una derecha política con distintas variantes” (Varesi, 2010a: 62). En este complejo contexto, también grupos opositores al gobierno se imponen sosteniendo “[...] su derecho participar como sociedad civil para exigir una vuelta a la más cruda economía de mercado” (Murillo, 2011: 106).

Ahora bien, no solo se trata de retenciones y libres mercados, sino también: “[…] de la disposición, por parte de un vasto sector de la llamada clase media, en torno del discurso de la ‘inseguridad’” (Murillo, 2011: 106).[10]

Cuando la crisis mundial estalla (2008) y el Frente para la Victoria pierde la mayoría en el Senado (2009), se decide dar un “giro progresista” mediante la profundización de las estrategias neodesarrollistas. Se consolidan las alianzas con el capital productivo ligado a la industria y el procesamiento de recursos naturales (petróleo y minería principalmente), así como se busca apoyo de los sectores llamado “populares”, sobre todo los sindicalizados[11] y agrupadas bajo la bandera de apoyo al proyecto nacional y popular vigente.

En el tejido de este diagrama de poderse retorna a la puja distributiva, así como se refuerzan ciertas alianzas sindicales y empresariales, mientras se profundizan las prácticas de intervención en torno de las poblaciones pobres[12]. Algunas de las medidas más importante desde el 2003 hasta el 2010, fueron: La estatización del sistema jubilatorio (AFJP); la estatización de Aerolíneas Argentina, los intentos de colocar impuestos a las exportaciones de soja (Ley Nº125); la ley de Medios N° 25.522 y, la Asignación Universal por Hijo. Si bien esta última es considerada una medida que modifica el sesgo focalizado de las políticas sociales, en el marco del trabajo informal e independiente, cabe aclarar que la misma es comprendida como una Transferencia Condicionada de Ingreso (TCI), mecanismos instalados por el BM acorde a la teoría de capital humano[13]. A partir de lo cual se sostiene: “[...] Los argumentos principales a favor de las TCI son aliviar la pobreza de corto plazo, por un lado, e incentivar la formación de capital humano para enfrentar la pobreza a largo plazo [...] La AUH representa una de las políticas más relevantes de los últimos años en lo que se refiere a Protección Social, con un fuerte impacto social de corto y largo plazo [...] el programa tiene como objetivo luchar contra la pobreza e incentivar la inversión en capital humano. Sin embargo, se plantean desafíos a futuro para reforzar este esquema de protección sobre los cuales se debe trabajar” (ANSES, 2010: 15)

Estas decisiones político-gubernamentales se refuerzan en torno a ciertas medidas como: las transferencias indirectas hacia el capital, vinculadas con el impulso a las exenciones y rebajas impositivas promoviendo la inversión en capitales e infraestructura, reduciendo aranceles de importación y otorgando beneficios impositivos. También, se gestaron transferencias directas al capital, con el fin de sostener el nivel de empleo, por ej.: mediante el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) que otorgaba a empresas en crisis un subsidio por trabajador para completar el salario; se impulso un incentivo al consumo, mediante créditos a sectores de ingresos medios y altos; se dispuso el blanqueo de capitales, mediante la declaración de fondos de diferentes tipos; se realizaron Obras Públicas, sobre todo de la mano del Plan Obras para Todos los Argentinos la distribución e inversión de fondos estatales para infraestructura vial, viviendas, energía, minería, etc. Por último cabe mencionar las medidas vinculadas a las poblaciones pobres y empobrecidas, en donde se destaca el aumento del salario mínimo, al aumento de la inversión y el gasto público, sobre todo en los presupuestos de Planes y Programas como, Plan Alimentario Nacional, la creación de Argentina Trabaja, Plan Familia y la ya mencionada AUH, sobre todo (cf. Varesi, 2010b: 157-161).

En el segundo mandato de CFK (2011-2015) se continúa profundizando el modelo, a partir de lo cual se considera necesario emprender un ciclo de industrialización por sustitución de importaciones, mientras se toman medidas como: la reforma del Banco Central, eliminando el régimen o posibilidad de convertibilidad, ya que el nuevo proyecto pretende modificar el paradigma de funcionamiento del Banco ampliando sus objetivos más allá de sostener el valor de la moneda, mientras lo provee de varias herramientas, como créditos, uso de reservas, entre otras. Lo cual se completa con la estatización de YPF,[14] decisión político estratégica, ya que Argentina era uno de los países de América Latina, en el cual el petróleo y el gas estaban en manos de empresas privadas extrajeras y no estatales.

Estas acciones contracíclicas, ante y entre un 2012 sin el crecimiento esperado y la profundización de la crisis internacional, dispone de una mayor intervención y regulación del Estado, así como la reactivación de las políticas de infraestructura y viviendas, mediante el plan Pro.Cre.Ar,[15] la regulación del mercado de capitales y los limites para el atesoramiento en dólares.

Ahora bien, las prácticas de gobierno dispuestas desde el 2007 hasta la actualidad, si bien se diferencian del primer período, en tanto profundizan algunos aspectos y priorizan otros, encuentran sus limitaciones en cuestiones tales como: el no control de la inflación, la ausencia de una reforma impositiva profunda y real, los bajos salarios en campos como educación y salud, así como la ausencia de un plan concreto de industrialización y la ausencia de un proceso distributivo progresivo a largo plazo. Más allá de las prácticas discursivas vinculadas con la distribución de ingresos, riquezas y territorios, lo que se práctica en una distribución diferencial de los mismos acorde a los sectores poblacionales y las condiciones de gobierno.

Por último, este diagrama de poder desplegado desde el 2003 también se reconfigura a partir de racionalidades políticas y prácticas de gobierno vinculadas con el extractivismo exportador y/o la economía abierta. En tanto, para sostener el crecimiento económico ascendente, el gasto público y la conciliación de sectores con interés diversos, se profundiza y sostiene un modelo de “acumulación por desposesión y extractivismo” (Zibechi, 2011), así como un modelo “extractivo-exportador” (Seoane, 2012), cuya promoción parece agravar los problemas que se dicen querer resolver, abandonando la pretensión de modificar la estructura de propiedad, ingreso, renta y riqueza en el país, así como neutralizar proyecciones políticas de lucha y movimientos surgidos, en defensa de los bienes comunes de la naturaleza.

Por tanto, ya no se trata de un neo-liberalismo de privatizaciones, aperturas económicas y desregulaciones, sino de prácticas de apropiación de bienes comunes manifiestas, sobre todo, en la producción minera[16] y sojera.

A modo de conclusión, el Proyecto Nacional y Popular se traza de un modo singular entre prácticas y lógicas de gobierno “para el mercado y en contra del mercado”. El Estado pretende “regular” promoviendo la inversión, el ahorro y el crecimiento con competitividad, así como controlando precios e inflación; mientras también “ordena” generando las condiciones de posibilidad para que el juego del mercado y la economía abierta sean posible: distribución y acceso de suelo, pautas culturales, técnicas, jurídicas, entre otras.

Así, la recreación del rol del Estado y el proceso de reconfiguración del mismo no dejan de tejerse en torno de los saberes dispuestos por la economía política y la biopolítica[17], puesto que el poder se intercambia y se con-cede, según la consideraciones del mercado y, paradojalmente, del Estado de Derecho. Mientras se gobierna a través de un complejo ejercicio de control, previsión y medición de las poblaciones, en diferentes escalas y lógicas.

Quizá un camino alternativo de análisis y critica, a partir del cual co-construir mundos menos in-mundos, se encuentre en el ejercicio de des-tejer y reconstruir los procesos de gubernamentalización del Estado en dialogo con “otras y diferentes” prácticas y lógicas de gobierno. Emergidas e instaladas éstas, en los territorios locales como experiencias de lucha y resistencia a “ser gobernados de cierto modo”, entre ellos: los movimientos piqueteros, las organizaciones indígenas, de mujeres, de trabajadores autónomos organizados, entre otros.

 

 

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