“No es sueño ni delirio, sino filosofía [...], ni el lugar donde esto se haga será imaginario…; su utopía será, en realidad, la América. [...] O inventamos o erramos.” (Simón Rodríguez, 1828)
“No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano.” (José Carlos Mariátegui, 1928)
Sentido y rumbo de las transiciones posneoliberales (?)
Siguiendo los vericuetos dialécticos de la historia, los excesos del neoliberalismo llevaron a América Latina “al borde del abismo”. Del abismo del sistema. La crisis de gobernabilidad en la que desembocó la arremetida imperialista –terrorismo de Estado de los ’70, terrorismo económico de los ’80 y privatizaciones en masa y desmantelamiento de lo público de los ’90– encendió las llamas de la radicalidad transformadora y éstas terminaron cristalizando en el llamado “giro a la izquierda” que experimentó la región, en Venezuela, Bolivia, Ecuador, y también en Brasil, la Argentina, Uruguay y Paraguay.
Ya transitada poco más de una década de la apertura de tales procesos, cabe preguntarse qué fue de esas fuerzas emancipatorias; hasta qué punto ese potencial crítico-transformador logró plasmarse en cambios estructurales y qué podemos esperar de sus políticas de cara al futuro.
Aún reconociendo las enormes diferencias que en diversos planos existen entre los países y gobiernos incluidos en lo que, económicamente, llamaremos el bloque progresista[1], acá procuraremos analizarlos en conjunto a la luz de las cuestiones planteadas. Para ello nos centraremos en la economía política seguida por estos gobiernos, limitándonos a indagar en las condiciones e implicaciones políticas del “modelo económico progresista”.
En términos generales, nuestra apreciación central es que el rumbo trazado ha obturado el potencial transformativo del ciclo político abierto con las rebeliones populares anti-neoliberales. La economía política de los gobiernos progresistas se ha quedado bastante atrás y por debajo de las expectativas emancipatorias originarias. Más aún, si bien todavía cuentan con mayoritarios respaldos electorales y un importante nivel de apoyo popular, cabe advertir que los modelos económicos vigentes muestran severas restricciones políticas y limitaciones económicas estructurales que no sólo impiden la profundización de los cambios, sino que incluso tornan bastante frágiles e inconsistentes los propios logros obtenidos.
A diferencia de las evaluaciones prevalecientes en los círculos políticos y académicos oficialistas, lejos estamos de un proceso reformista que “va por más”; vale decir, de un proceso que, para avanzar hacia mayores niveles de democratización sustantiva, precisa continuar en el mismo rumbo y profundizar el modelo. Por el contrario –sin menospreciar ni las significativas distancias políticas que separan a estos gobiernos de las administraciones ultraderechistas (tanto las de los ’90 como las actualmente vigentes en Colombia, México, y Chile, por caso), ni las efectivas mejorías constatables en las condiciones de vida de las mayorías populares respecto de las décadas pasadas–, acá planteamos que es el propio modelo económico adoptado el principal problema y no, parte de la solución. Dicho de otro modo, si lo que se pretende es impulsar transformaciones sociales hacia mayores niveles de igualdad, justicia social y vigencia y ampliación de derechos, lo que se requiere es un cambio rotundo del modelo y no su profundización.
Para justificar esta apreciación, nuestro argumento se dirigirá a señalar muy someramente lo que consideramos algunas de las principales implicaciones ecológicas y geopolíticas de la ecuación macroeconómica en la que se asientan las políticas de los gobiernos progresistas. Reforzando la argumentación, procuraremos señalar, en contraste, el potencial auténtica y radicalmente emancipatorio que, a nuestro entender, germina en los que llamamos los movimientos sociales del Buen Vivir. Paradójicamente, aún cuando estos movimientos estén siendo objeto de represión y criminalización –incluso por parte de las administraciones progresistas–, entendemos que éstos constituyen, en realidad, una de las pocas –si no la única– oportunidades políticas que se les ofrecen para corregir el rumbo y ensayar nuevas alternativas, estas sí propia y radicalmente emancipatorias.
Del imaginario revolucionario al “realismo” neodesarrollista. Limitaciones estructurales de los gobiernos progresistas
Como se ha señalado ya, las “salidas” posneoliberales han significado, extrañamente, la recaída en el viejo y remanido modelo primario-extractivo exportador (Gudynas, 2009; Svampa, 2012). Hasta los gobiernos progresistas han terminado entrampados en los fangosos pantanos del extractivismo[2]. El extraordinario ciclo de crecimiento económico que permitió la recuperación de la inversión pública, de las políticas sociales y el sustancial mejoramiento relativo de los indicadores socioeconómicos en general, ha estado básicamente sostenido en una fuerte expansión de las exportaciones primarias[3]. En términos generales, el peso de la exportación de materias primas sobre el total llegó a alrededor del 90% en países como Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia, y entre el 70% y el 60% en países como Colombia, Uruguay, la Argentina y Brasil (Cepal, 2009).
Así, desde fines los ’90 a lo que va del nuevo milenio, la matriz socioterritorial de América Latina parece marcar un drástico retorno a los patrones del siglo xix. Esta vez, no obstante, la reedición de un nuevo ciclo extractivista tiene implicaciones negativas muchas más gravosas y profundas que en el pasado. Además de marcar una profunda regresión en la matriz socioproductiva regional, signada básicamente por su desindustrialización, concentración y extranjerización (Basualdo / Arceo, 2007; Arceo / Basualdo, 2009; Gambina / Estay, 2012), el curso predominantemente trazado viene a sellar una no menos intensa devaluación del sentido político, del horizonte y las potencialidades transformativas originarias.
Si hace una década atrás las fuerzas populares de América Latina exploraban las posibilidades de transformaciones radicales y alimentaban las expectativas de proyectos alternativos al modelo civilizatorio de la modernidad colonial capitalista, hoy por hoy, predomina un lenguaje que habla de “capitalismo con rostro humano”, “desarrollo con inclusión social”, etcétera. El retorno a la senda del crecimiento económico acabó amortiguando y aislando las fuerzas sociales que pugnaban por una transición poscapitalista. Las proclamas por un “socialismo del siglo xxi” mutaron hacia consignas como la reconstrucción del Estado de Bienestar; las aspiraciones revolucionarias, recortadas a las de un keynesianismo sostenible.
En general, la economía política de los gobiernos progresistas se dirigió a obtener una mayor captación estatal de las rentas primario-exportadoras (de muy variables magnitudes y formas) y a reorientar esos recursos hacia políticas distributivas. Por esta vía, si bien se han dado importantes avances en materia de reducción de la pobreza, los cambios en la redistribución del ingreso son mucho más limitados. Ni aún en los casos de los gobiernos que ensayaron políticas más ambiciosas (Venezuela, Bolivia y Ecuador) se verifican cambios significativos en la estructura patrimonial y en las relaciones de propiedad de las economías nacionales, así como tampoco en sus respectivas estructuras tributarias. En materia de política social predominan los esquemas basados en enfoques asistencialistas, de focalización del gasto a través de subsidios condicionados (Estrada Álvarez, 2012).
A nivel interno, estos procesos terminaron fraguando en una dinámica de “normalización” capitalista en el marco de una recomposición del poder de clase liderada por el capital transnacional y por fracciones de las burguesías internas mejor posicionadas en las redes de la economía global[4]. Como resultado general, nos hallamos frente a sociedades menos pobres pero más desiguales y, sobre todo, más dependientes.
Lo más gravoso reside precisamente en las implicaciones macroeconómicas, geopolíticas y ecológicas del extractivismo. Lejos de ser un problema nuevo, estamos ante un mal endémico de las economías latinoamericanas. La tradición crítica de la región lo ha identificado, a mediados del siglo pasado, como el dispositivo estructural de “desarrollo del subdesarrollo” (Frank, 1965). Y es preciso aclarar que no se trata sólo ni principalmente del deterioro de los términos de intercambio; como lo ha planteado el propio Prebisch (1981), el problema es más complejo que eso.
Básicamente, una economía centrada en la exportación de materias primas configura un esquema de fuerte dependencia estructural: económica, comercial, tecnológica y financiera. Subordinado a los ciclos de las economías industrializadas, se estructura un aparato productivo poco diversificado, de grandes asimetrías sectoriales y regionales, baja densidad tecnológica y deficientes niveles de articulación a las economías locales. Tales condiciones provocan no sólo límites estructurales a la expansión del mercado interno y fuertes desigualdades en la distribución del ingreso, sino también gravosas implicaciones políticas, en términos de configuraciones oligárquicas de facto (Baran y Sweezy, 1968; Cardoso y Faletto, 1969; Marini, 1973).
En términos geopolíticos, el extractivismo implica efectos de alienación territorial (Santos, 1996). A través de este esquema, la dependencia se imprime en las formas geográficas: “la demanda procedente del centro” queda “directa e inmediatamente marcadas en la sociedad, en la economía y en el espacio” de los países periféricos (Santos, 1996: 50). Por el impacto de las inversiones primario-exportadoras, la tierra habitada se transforma en tierra ocupada: el capital provoca un proceso de desterritorialización y desplazamiento de las poblaciones y sus economías locales (expropiación) mediante la simultánea implantación de una actividad completamente extraña, no sólo en sus mediaciones y características tecnológicas, sino fundamentalmente en sus sentidos político-culturales y destino económico.
En términos ecológicos, las economías extractivistas implican una fenomenal transferencia de plusvalía ecológica. Con ello aludimos al efecto integral de apropiación y consumo desigual de naturaleza que se diseña a través de una geografía de la extracción completamente diferente a la geografía del consumo; la una como reverso y medio de subsidio de la otra. Las mega-explotaciones extractivas operan, por un lado, la destrucción, degradación y pérdida de capacidad productiva de los ecosistemas locales (Leff, 1994), y, por otro, la transferencia neta de activos ecológicos desde estos territorios-ecosistemas-poblaciones hacia aquellas donde finalmente son procesados y consumidos.
Finalmente, en términos de estrategia política, el extractivismo supone –abierta o veladamente– la apuesta a una “burguesía nacional” como agente estratégico del “desarrollo nacional”. Este planteo omite tanto el nivel actualmente alcanzado por la extranjerización y concentración del aparato productivo regional, como el resultado histórico de la experiencia ensayada bajo el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones.
En un agudo artículo, Vivek Chibber deja al desnudo este fundamental presupuesto de los actuales gobiernos. Su análisis pone énfasis en el comportamiento adoptado por las “burguesías nacionales” de la región como motivo central del fracaso desarrollista: la sistemática apropiación de la renta a costa de subsidios estatales, la socialización de riesgos y pérdidas y la continua fuga de capitales caracterizaron un comportamiento que, si bien impulsó el crecimiento y la industrialización durante unas décadas, lo hizo a un enorme costo público, que “terminó socavando las condiciones de su propia existencia” (Chibber, 2005: 179).
No habría que olvidar que, ya medio siglo atrás, André Gunder Frank señaló este punto ciego del desarrollismo latinoamericano. En el prefacio de su “Capitalismo y subdesarrollo en América Latina”, afirmaba:
[...] fue el capitalismo mundial y nacional el que generó el subdesarrollo en el pasado y que sigue generándolo en el presente. [...] La opinión de que el capitalismo debe penetrar aún en el resto del país es científicamente inaceptable, y la estrategia política que la acompaña –apoyar a la burguesía en su esfuerzo por extender el capitalismo– es políticamente desastrosa. [...] Es estéril hablar en términos de una burguesía o clase industrial nacional que fomenta la economía de un supuesto “tercer mundo”, liberando a su sector capitalista nacional del colonialismo y el imperialismo metropolitano. [...] Todos los estudios llegan a una conclusión de primera importancia: el capitalismo nacional y la burguesía nacional no ofrecen ni pueden ofrecer modo alguno de salir del subdesarrollo en América Latina. (Gunder Frank, 1965: 05).
Cabría preguntarse, por qué ahora habría que esperar resultados diferentes de la misma vieja receta.
Los movimientos del Buen Vivir y las alternativas descoloniales de futuro
No se trata de “ambientalistas”, si por ello –desde la ignorancia o desde la mala fe– se pretende asimilarlos a los conservacionismos elitistas de diverso tipo acuñados desde el Norte. Tampoco se trata de “minorías étnicas” o de “romanticismos indigenistas”, como desde el poder se busca acotar o ya deslegitimar el proyecto político del Buen Vivir. Se trata, por el contrario, de colectivos diversos, altamente heterogéneos, pero sin embargo políticamente aunados y organizados en torno a la “prosaica” lucha por la sobrevivencia. Colectivos afincados en territorios amenazados; movilizados, en principio, por la resistencia a las agresiones de esta última ola de modernización colonial: que han visto amenazadas sus fuentes de agua; sus bases alimentarias; la salud de sus entornos, la de sus hijos, y la de sus propios cuerpos.
Los movimientos del Buen Vivir nacen y están surgiendo literalmente de la lucha por la sobrevivencia; de la lucha contra el hambre, contra la expropiación y la intoxicación. Como todas, son identidades en tránsito; involucradas sí, distintivamente, en un arduo ejercicio de convivencia horizontal y diálogo de saberes. Vienen migrando desde antiguas rotulaciones (“pueblos originarios”, “campesina/o”, “trabajadora/es”, “urbanos”, etc.) porque sus modos de vida se han tornado prácticamente insostenibles, compelidos por las circunstancias a re-existir en y desde la resistencia.
Su irrupción supone un crucial desplazamiento en el eje ideológico-político de la cuestión ecológica global. Sus planteos conectan la crítica a la lógica insustentable de la modernización de la naturaleza con la crítica a la organización colonial del sistema-mundo moderno. Dicho en otros términos, lo que estos movimientos introducen como novedad es la inscripción de la crisis ecológica en el campo más amplio de la historia política de la expansión imperialista del capital; ponen sobre el tapete una visión en la que el colapso de la naturaleza se concibe como un problema indisociable y derivado del capitalismo y el colonialismo modernos.
Asimismo, estos movimientos ven en el extractivismo una profunda reorganización del imperialismo ecológico del capital; es decir, la implementación de nuevas modalidades de apropiación-mercantilización y subalternización de poblaciones, territorios y recursos, como dispositivo clave para el reaseguramiento de la dinámica de la acumulación en el nuevo escenario de la crisis ecológica global. Así, la conflictividad socioambiental y los movimientos del ecologismo popular emergentes irrumpen en la escena política como expresión de resistencia frente a los nuevos embates de mercantilización de la vida (Machado Aráoz, 2012). En particular, se constituyen como fuerzas antagónicas que impugnan las nuevas funciones que la geopolítica del capital le ha asignado al ámbito socioterritorial de América Latina, tras la drástica reconversión neoliberal.
De tal modo, estos movimientos del Buen Vivir traen una verdad realmente incómoda; vienen a afirmar que no hay salida a la crisis ecológica dentro de los límites civilizatorios del capital. Si el Buen Vivir está llamado a significar políticamente algo, sólo puede serlo en el sentido de enunciar un horizonte auténticamente poscapitalista; una idea-fuerza que impulse y oriente una transformación y superación radical del capitalismo. Esto suena utópico en el peor sentido de la expresión; pero –aclarémoslo– suena así para los oídos que han sido educados en una racionalidad para la cual le es más “sensato” pensar en el fin mismo de la vida que imaginar la posibilidad de acabar con el capitalismo.
En la actual coyuntural regional, los movimientos del Buen Vivir vienen a plantear, además, otra cuestión tanto más inconveniente. Vienen a recordar que el progresismo es colonialismo. Siempre lo fue. Desde los orígenes. Desde que fue “descubierta” (inventada), NuestrAmérica nació bajo el estigma de lo salvaje y lo incivilizado. El progresismo asumió, con distintas retóricas, estilos y suertes, la carga del hombre blanco. Nuestras “clases dirigentes” y la gran mayoría de gobernantes han gobernado persiguiendo el desarrollo; han construido y destruido en nombre del desarrollo; han prosperado (ellos) y han empobrecido (a las mayorías); han dictado leyes y han matado en nombre del desarrollo. Casi como una obsesión, cuanto más esfuerzos y recursos se invierten en pos de él, tanto más subdesarrollados nos hacemos.
Los movimientos del Buen Vivir no necesitan recordarlo. Llevan marcadas las huellas del progreso en sus cuerpos-territorios. Saben bien que el desarrollo es el nombre de la colonialidad, ese estado mental, afectivo y político en el que la dominación y la depredación de nuestras energías vitales, de nuestras riquezas y de nuestros sueños no precisa ya de fuerzas de ocupación extranjeras, ni de virreinatos; se administra más “económicamente” (como quería Jeremy Bentham en su Manual de Economía Política), con colonos pre-dispuestos a la “obra del progreso”.
No es pachamamismo, ni ningún idealismo romántico. Se trata del más estricto realismo. La gestión extractivista de los territorios está significando un gravoso desastre colectivo para la región; en lo ecológico, en lo económico, en lo social y en lo político. Además de los onerosos pasivos ambientales que se hacen sentir ya sobre la salud de las poblaciones, hay que sumar la impresionante apropiación de excedentes financieros usufructuada por los grandes conglomerados transnacionales; la profundización de las desigualdades estructurales, apenas disimuladas por políticas asistenciales de consumo básico para las mayorías populares. En lo político, el saldo es el de una profunda degradación de las bases materiales de la soberanía, expresadas en la pérdida efectiva del control territorial, el deterioro de la capacidad de autoabastecimiento de las dietas populares, la intensificación de un patrón de desigualdades hídricas que deja a vastos segmentos poblacionales en situación de vulnerabilidad y /o estrés hídrico, y el deterioro estructural de la matriz energética de nuestros países (intensificación de uso de energías fósiles, reducción de reservas energéticas propias e intensificación de las tasas de transferencia indirecta de energía, vía la exportación de bienes energo-intensivos).
Frente a este gravoso saldo, Buen Vivir significa soberanía alimentaria, soberanía hídrica, soberanía energética; desmercantilización de los bienes comunes; socialización de medios de producción y redistribución de las oportunidades de vida. Toda una agenda que, si bien aún en gestación, no deberíamos desdeñar ni menospreciar. No todas son sólo consignas. Muchas de estas propuestas están ya en obra. Los nuevos sujetos que están re(ex)sistiendo en las fronteras del extractivismo, no tienen –por supuesto– respuestas acabadas ni todas las soluciones. Pero se están planteando, al menos, las preguntas y los problemas que indican los caminos que pueden abrigar semillas de esperanza.
Bibliografía
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Baran, Paul / Sweezy, Paul, El capital monopolista. Siglo XXI: México, 1968.
Basualdo, Enrique / Arceo; Eduardo (comps.), Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales. Clacso: Buenos Aires, 2007.
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Chibber, Vivek, “¿Reviviendo el estado desarrollista?: El mito de la ‘burguesía nacional’”. En: VV.AA., Socialist Register. Clacso: Buenos Aires, 2005.
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Gambina, Julio / Estay Reino, Jaime (comps.), Economía mundial, corporaciones transnacionales y economías nacionales. Clacso: Buenos Aires, 2012.
Gudynas, Eduardo, “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”. En: VV.AA., Extractivismo, política y sociedad. CEAP – CLAES: Quito, 2009.
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Machado Aráoz, Horacio, “Los dolores de Nuestra América y la condición neocolonial. Extractivismo y biopolítica de la expropiación”. En: Revista OSAL XIII/32 (2012).
Marini, Ruy Mauro, Dialéctica de la dependencia. Era: México, 1963.
Petras, James, El capitalismo extractivo de Evo, Cristina, Ollanta, Correa, Dilma y Chávez. Disponible en: http://www.librered.net/?p=17980 (último acceso: 3/7/2012).
Porto Gonçalves,Carlos Walter, “A Reinvencâo dos Territórios: a experiencia latino-amêricana e caribenha”. En: Ceceña, Ana Esther (comp.), Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado. Clacso: Buenos Aires, 2006.
Prebisch, Raúl, Capitalismo periférico, crisis y transformación. FCE: México, 1981.
Santos, Milton, Metamorfosis del Espacio Habitado. Oikos-Tau: Barcelona, 1996.
Svampa, Maristella, “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina”. En: Revista Osal XIII/32 (2012).
Trabajo enviado por el autor para su publicación en Herramienta.
[1] La caracterización de estos gobiernos, así como las taxonomías posibles al interior del grupo, son toda una discusión en sí misma. Una vasta literatura reciente habla de “gobiernos de izquierda”, de “centro izquierda”, “nacional-populares” y/o “progresistas” (Véase por ejemplo el N° 46 de la revista Herramienta, el N° 234 de la revista Nueva Sociedad, las ediciones 475 y 450 de larevista América Latina en Movimiento, entre otras). Acá optamos por hablar de “gobiernos progresistas” para resaltar el imaginario neodesarrollista que los comprende.
[2] Aludimos con este concepto a las formaciones sociales basadas en la explotación intensiva de la naturaleza, donde la exportación de materias primas se erige no sólo como motor de la economía sino también como principal patrón organizador de sus estructuras socioproductivas, territoriales y de poder.
[3] Las exportaciones de materias primas agropecuarias de la región pasaron de 16.735 millones de dólares en 1990 a las de 72.250 millones de dólares en 2008, en tanto que las mineras saltaron de 27.000 a más de 140.000 millones de dólares. En volúmenes, saltaron de 215 millones de toneladas en 1990, a 830 millones de toneladas en 2010, lo que significa que en valores acumulados la región exportó bienes extraídos de la naturaleza por más de 12.000 millones de toneladas (Cepal, 2009).
[4] Para una evaluación política global de los gobiernos progresistas, véase Petras (2012). Para un análisis de sus políticas económicas, Katz (2012). Para un estudio de su matriz de inserción internacional, Arceo (2012) y para el de las políticas sociales, Estrada Álvarez (2012).