Cuando los extractivismos reconfiguran democracias y derechos Tensiones y contradicciones bajo el progresismo realmente gobernante

 

 

 

El concepto de extractivismo se refiere a un tipo particular de apropiación de recursos naturales,[1] de gran intensidad y/o grandes volúmenes, para ser exportados sin procesamiento o con escaso procesamiento. Bajo este  concepto se incluyen actividades como minería, petróleo y gas natural, monocultivos como la soja, pesca para harina de pescado, etcétera.

En la actualidad, los extractivismos se han convertido en el principal factor de presión ambiental y territorial en América Latina. Desencadenan diversos efectos locales, tales como impactos ambientales, desplazamiento de comunidades, pérdida de usos agropecuarios, ocupación de tierras indígenas, violencia, prostitución y tráfico de personas, criminalidad, etcétera. Sin embargo, también ocasionan efectos que se derraman sobre todo un país, desde la primarización de las exportaciones a la subordinación al capital internacional[2], con sustantivas implicancias políticas.

En los últimos años, todos los gobiernos sudamericanos, por derecha o por izquierda, han defendido tanto una profundización de los extractivismos en marcha, como su extensión a nuevos sectores: en Colombia, Juan Manuel Santos lanzó su “locomotora minera”, mientras que en Ecuador, Rafael Correa defiende la megaminería a cielo abierto.

Sin dudas existen diferencias importantes entre los extractivismos de los gobiernos conservadores y progresistas[3]. Los primeros han intentado algunos ajustes pero siguen anclados en actores corporativos; los segundos  aplicaron un mayor control estatal y captura de excedentes en algunos sectores (los ejemplos más exitosos tuvieron lugar en el sector petrolero en Bolivia, Ecuador y Venezuela). Sin desconocer la importancia de algunas medidas progresistas, lo cierto es que se mantuvo el núcleo del extractivismo y, para sostener ese estilo de desarrollo, esos gobiernos y sus bases políticas de apoyo deben recurrir a distintas medidas, varias de las cuales afectan el marco de los derechos, los mecanismos de participación e, incluso, las dinámicas democráticas. Se puede señalar que los proyectos extractivistas han profundizado las llamadas “flexibilizaciones” en normas y controles sociales, laborales y ambientales, que las evaluaciones de impacto ambiental adolecen de serios problemas y se incumplen los mecanismos de consulta y participación ciudadana. Muchos de los proyectos difícilmente serían aprobados por evaluaciones ambientales rigurosas o tolerados por las comunidades locales. Por lo tanto, sólo pueden concretarse incumpliendo derechos que aseguran la salud o calidad ambiental, o recortando los mecanismos democráticos de información y consulta. También se criminaliza la protesta, se reprime la movilización ciudadana, o se cae en situaciones extremas con el asesinato de manifestantes o de líderes ciudadanos.

Bajo estas condiciones, estallan resistencias y conflictos contra los extractivismos en todos los países sudamericanos, sin excepción. Estas resistencias parten desde muy diversos actores sociales, conformándose alianzas policlasistas heterogéneas. Se articulan por ejemplo, desde organizaciones campesinas o indígenas a ONGs de derechos humanos o ambientalistas, desde asociaciones vecinales a colectivos académicos. Es común que estas resistencias partan en cada país desde grupos minoritarios (por su condición racial, sus tradiciones, ocupación territorial, o temáticas de interés) y se expresan de variadas maneras: desde protestas vecinales a resistencia activa contra empresas, desde acciones judiciales a marchas nacionales (como ha ocurrido en Bolivia, Ecuador y Perú).

 

 

Actualmente, en América del Sur, los extractivismos son implantados bajo regímenes que son formalmente democráticos, pero se generan tensiones en la arena política. Los gobiernos promueven los extractivismos con medidas como flexibilizaciones, recortes en la participación y distintos grados de violencia, desde la sociedad civil proliferan las resistencias y conflictos. Como se insiste en mantener esos extractivismos, se llega a reformular la democracia y la cobertura de los derechos, pues de no ser así casi todos los proyectos extractivistas serían desechados.

No es sorpresivo que reformulaciones de ese tipo estén en marcha bajo administraciones conservadoras, como la de Santos en Colombia o Piñera en Chile, que mantienen estilos de desarrollo anclado en el mercado, dependientes de actores empresariales y posturas autoritarias.

Pero no puede desatenderse el que esas tensiones y contradicciones también aparezcan en países bajo gobiernos progresistas, tanto en aquellos que algunos analistas califican como socialdemócratas o moderados, como en los llamados revolucionarios. En todos estos casos aunque con diferentes énfasis, los gobiernos y Estados por un lado brindan concesiones al capital y con ello aseguran los extractivismos, mientras que por otro lado intentan compensar sus efectos negativos más agudos (especialmente por medio de compensaciones económicas). Esta postura ambivalente tiene un correlato político, en el ajuste de las ideas y prácticas de la democracia y la cobertura de los derechos.

El progresismo logró avances sustanciales en comparación con administraciones anteriores, inmersas en el espíritu neoliberal, tales como el nuevo protagonismo político de grupos mucho tiempo marginalizados, el regreso del Estado, mayor captura de parte del excedente de los extractivismos en algunos sectores, amplios programas de asistencia social, etcétera. Y no han caído en posturas francamente autoritarias como en Colombia. Debe quedar claro por lo tanto que un examen crítico de la condición actual de los progresismos no implica una nostalgia de las anteriores condiciones, sino que debe orientarse a una profundización en los cambios. Esta revisión crítica juiciosa debe partir asimismo de una recuperación de la perspectiva de izquierda que cobijó el nacimiento del progresismo. Y es urgente, ya que las presiones sociales y ambientales son enormes y existen riesgos de una deriva política que recorte democracia y derechos.

 

 

Las concepciones contemporáneas sobre democracia la entienden como un fenómeno multidimensional. Abarca aspectos políticos, como la competencia entre distintos agrupamientos partidarios en elecciones libres; componentes institucionales como reconocer los roles legislativos, judicial y electorales; asegurar derechos ciudadanos y avanzar en terrenos económicos, culturales, etcétera (visiones clásicas se encuentran en Dahl, 1993 y Held, 2007). Pero también debe recordarse que el progresismo nació desde una perspectiva de izquierda que, entre otras cosas, exigía ampliar y profundizar la democracia, para ir más allá de concepciones liberales esencialmente representativas, explorando mecanismos de participación más directa, deliberación sostenida, descentralización, comunitarismo, etcétera. Esos y otros aspectos fueron centrales en la militancia contra las dictaduras en las décadas de 1980 y 1990. Además, se promovía fortalecer la cobertura de derechos, particularmente entre minorías, y una ampliación a las esferas económicas, sociales (y ambientales, en Ecuador y parcialmente en Bolivia)[4].

Los extractivismos imponen condicionantes en una democracia liberal e incluso bajo el progresismo se generan situaciones complejas como resultado de diversas situaciones que veremos a continuación.

Medidas que limitan o detienen el proceso de reconocimiento pleno de quienes fueron marginalizados y subordinados por mucho tiempo como si no fueran ciudadanos. Esto afecta especialmente a pueblos indígenas y algunas comunidades campesinas, donde se llega a un desconocimiento a nivel fundamental de las personas como tales (particularmente en Brasil).  

Restricción de derechos o tolerar su violación. Desatendiendo los derechos a las consultas previas y el consentimiento previo libre e informado, incumpliendo los derechos sobre salud y calidad ambiental, recortando las autonomías indígenas sobre sus territorios, etcétera.[5]

Prácticas políticas que marginan a las minorías. Los extractivismos en muchos casos avanzan en zonas de baja densidad de población u ocupadas por grupos minoritarios, como indígenas, campesinos o pequeños agricultores, en tanto las mayorías que viven en las grandes ciudades poco saben sobre los impactos de esos emprendimientos. Desatendiendo las minorías, se impone un modelo de democracia de mayorías como determinante absoluto. Es apropiado rescatar aquí la distinción de Sartori (2009) entre dos nociones “operativas”, una de mayoría absoluta (“los más tienen todos los derechos, mientras que los menos, la minoría, no tienen ningún derecho”), y otra de mayoría relativa (“los más tienen derecho a mandar, pero en el respeto de los derechos de la minoría”). Existe casi unanimidad en que una genuina democracia debe inspirarse en un principio de mayoría relativa o moderada. En cambio, los extractivismos se imponen excluyendo las sensibilidades, derechos e intereses de minorías locales. Incluso el recurso a la fuerza se justifica diciendo, por ejemplo, que una “minoría” no puede impedir el desarrollo de “toda” la nación…

Condicionamientos derivados de la historia reciente de las democracias sudamericanas. Las largas dictaduras, con Estados autoritarios-burocráticos, fueron superadas por una recuperación democrática, que estuvo a su vez sujeta a las reformas neoliberales. Se apostó a que el mercado reemplazaría la política y los consumidores a los ciudadanos y se instituyeron marcos normativos muy favorables a los extractivismos. Varios países desembocaron en democracias delegativas en el sentido de O’Donnell (2010) y casi todos los progresismos se asentaron en ellas. El ganador de las elecciones presidenciales se siente revestido de poderes y representaciones excluyentes, asumiendo ser la encarnación de toda la nación, sin atadura a sus promesas, su partido, los votantes o a los controles parlamentarios, judiciales o ciudadanos. Cuanto más delegativa es una democracia, más se facilita la implantación de los extractivismos. Los contrapesos que dependen de mecanismos democráticos y reconocimiento de derechos, enfrentan enormes dificultades. Se reducen los espacios para debates y contralores parlamentarios, se acota la capacidad de los gobiernos subnacionales para condicionar proyectos, se limitan los controles, denuncias o propuestas desde la sociedad civil, etcétera.

 

Establecidas estas tensiones entre democracia y derechos versus los extractivismos, corresponde ofrecer examinar cómo han evolucionado bajo el progresismo. Se pueden reconocer al menos tres situaciones.

La primera es la de una transición fallida desde un gobierno conservador a otro progresista: los extractivismos se convierten en uno de los factores determinantes para imposibilitar ese cambio, el intento progresista naufraga y se retrocede hacia un régimen conservador.

Una segunda situación sería la de los países en que los extractivismos se mantienen, pero son reformulados y ajustados, mientras que simultáneamente también se redefinen la democracia y el marco de derechos para que sean funcionales a esa estrategia de desarrollo. En este caso, el empuje hacia un cambio político originado desde las izquierdas se transforma en un progresismo que reproduce los extractivismos. Finalmente, una tercera posibilidad es que las transformaciones inspiradas desde las izquierdas se impongan sobre los extractivismos y, consecuentemente, tenga lugar una radicalización de la democracia y una ampliación de los derechos.

Es apropiado comenzar por los casos extremos, dejando la situación intermedia para una posterior descripción más detallada.

 

El primer tipo de desempeño se corresponde con los intentos de virar a la izquierda en los gobiernos de Fernando Lugo en Paraguay y Ollanta Humala en Perú. El caso peruano ofrece un ejemplo muy claro de que la necesidad de asegurar proyectos extractivistas se volvió una condición excluyente de la política, impidiendo que el progresismo naciente pudiera constituirse y desembocando en un retorno conservador.

Este viraje ocurrió en 2011, en los primeros meses del gobierno de Ollanta Humala, que alcanzó la presidencia gracias al apoyo de amplios sectores de izquierda y varias organizaciones indígenas y campesinas. En su primer gabinete distintos actores provenientes de la izquierda peruana intentaron ordenar las estrategias mineras, reducir la conflictividad y retomar el protagonismo estatal, pero el ala económica del gobierno, de inspiración neoliberal insistía en profundizar la minería. Buena parte de las disputas giraron alrededor del controvertido megaproyecto de minas Conga (departamento de Cajamarca). La oposición ciudadana local era muy fuerte y escaló a protestas intensas, con represión policial y varias muertes.

El presidente Humala tenía al menos dos opciones. Una era profundizar la democracia, dejando de lado la represión y militarización del área, suspender el proyecto minero, e implantar procesos serios de evaluación y participación ciudadana, manteniendo sus promesas que podrían calificarse de izquierda. La otra era reforzar la delegación democrática, retomar una agenda conservadora y reprimir la resistencia ciudadana. Humala siguió el segundo camino: declaró el estado de sitio en la región del proyecto minero, redobló la presencia policial y militar, y generó una crisis de gabinete que terminó con el apartamiento de las corrientes de izquierda y muy rápidamente la administración viró hacia una política conservadora.

 

El tercer caso corresponde a los momentos iniciales de los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Las posturas de las izquierdas estaban muy presentes en esas etapas iniciales, permitiendo cambio tales como refundaciones del Estado, reformas constitucionales con sustanciales ampliaciones del marco de derechos y un protagonismo directo de movimientos sociales en el entramado gubernamental. En el caso específico de los extractivismos, esos gobiernos lograron imponer cambios sustanciales en el sector petrolero (retomando el control estatal, aumentando las regalías, nuevas formas de participación o asociación con empresas, etcétera). Sin embargo, ese ímpetu se fue aminorando poco a poco, no alcanzó otros sectores (por ejemplo, la minería) y aparecieron diversos problemas en las dinámicas políticas de tal manera que esas administraciones fueron volcándose, poco a poco al segundo tipo de situaciones.

 

 

El segundo caso es el más común. Los gobiernos actuales en la Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela, en algunos casos modificaron la gestión extractivista, pero mantuvieron sus aspectos básicos. No cayeron en un retroceso hacia políticas conservadoras (como el caso peruano), pero tampoco lograron mantener el ímpetu inicial alimentado por las posturas de izquierda y, como veremos, con el paso del tiempo introdujeron ajustes, cambios y condicionamientos en las concepciones y prácticas democráticas y en el marco de derechos.

Estos gobiernos no atacan las fundamentaciones de los derechos, pero desestiman los reclamos y críticas calificándolas como expresiones conservadoras, o neoliberales, o meros intentos opositores. Sin duda existen oposiciones en todos esos países que, en diversas circunstancias, han intentado colarse a distintos reclamos populares para cosechar réditos políticos. Pero eso no implica que todas las advertencias que partan desde grupos indígenas, campesinos u organizaciones barriales, sean intrínsecamente conservadoras o regresivas. No debe pasar desapercibido el abuso en calificar como anti-revolucionarios a los grupos que elevan alertas o críticas (un ejemplo es el uso de tales calificaciones por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, 2012). Se pierde de esta manera aquel componente de una izquierda que era plural y abierta, y que desde la escucha construía relaciones con los movimientos ciudadanos.

Se apela al “realismo político”, alegando que quienes ganan las elecciones cuentan con un respaldo que legitima todas sus decisiones y, entre ellas, los extractivismos. Según esta postura, si un proyecto como una minera o un pozo de gas es aprobado por alguna autoridad elegida en las urnas, ya estaría revestido de toda la legitimidad democrática necesaria. Es una variedad exagerada de la delegación democrática, donde se pierden los espacios para la consulta y deliberación ciudadana. El politólogo y periodista argentino José Natanson (2013), por ejemplo, afirma que no puede denunciarse a los extractivismos como no democráticos, ya que los políticos que aprobaron proyectos mineros o petroleros fueron elegidos democráticamente. Reconociendo que hay escasas consultas populares referidas a esos proyectos (y las que se realizaron arrojaron un rechazo ciudadano), sostiene que las victorias electorales otorgan legitimidad necesarias para calificar como democráticos los emprendimientos extractivistas. Esta idea del “realismo político” lleva en definitiva a tolerar los vicios de gestión, como puede ser un alcalde o un gobernador, que incumple exigencias sociales y ambientales.

El realismo político también sirve para justificar los casos en que un gobernante elegido rompe sus promesas de campaña. En muchos sitios se accede a los gobiernos locales prometiendo impedir la minería, pero una vez ganada la elección se termina aceptando el extractivismo. Argentina ofrece al menos un ejemplo contundente de esta problemática (que Natanson no menciona): Beder Herrera, en La Rioja, quien primero cuestionó y prohibió ciertos tipos de minería, pero después de ganar las elecciones provinciales de 2008 pasó a apoyarla y llegó a reprimir la movilización ciudadana en Famatina.

Un tercer recurso consiste en reducir los mecanismos de consulta y participación ciudadana, a contramano de las innovaciones y ensayos de las izquierdas latinoamericanas (consultas, plebiscitos, referéndums, presupuestos participativos, etcétera). Se recortan los mecanismos de consulta previa y participación de comunidades locales[6]. Componentes en las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia, como el Buen Vivir, comienzan a ser combatidos por el propio gobierno. En Bolivia también se discute eliminar las consultas ciudadanas en las fases de prospección y exploración minera[7]. Se apela al secretismo y la confidencialidad en las negociaciones con grandes empresas extractivistas. Se combate o directamente impide votaciones, referéndums o plebiscitos sobre los extractivismos. Esto es muy claro no sólo en Argentina, donde consultas sobre minería como las de Esquel no se han institucionalizado, sino también en la oposición de Rafael Correa a una consulta nacional sobre la explotación petrolera en la Amazonia. En Uruguay, país con una fuerte tradición de consultas plebiscitarias repetidamente usadas por la izquierda en el pasado, se viva la paradoja de un gobierno progresista que ahora ataca los intentos de plebiscitos locales o nacionales contra la megaminería[8]. Paralelamente, también se encoge la participación y consulta en el seno de los agrupamientos partidarios del progresismo. Los militantes encuentran pocos espacios de participación y debate, las decisiones no resultan de elaboraciones discutidas y consensuadas, y se pierde el aprendizaje que conlleva la organización autónoma de actores populares.

Un cuarto ángulo de ataque es recolocar cualquier debate o crítica en la arena de las disputas electorales. Se señala que los actores políticos que cuestionan los extractivismos tienen escasa representación política y que, en algunos casos, tras presentarse a elecciones perdieron, lo que “demostraría” que sus protestas carecen de fundamento. El presidente Rafael Correa utilizó ese argumento y desafió a los críticos de la explotación minera y petrolera a competir contra él en las elecciones presidenciales de 2013. En esa instancia, Correa triunfó ampliamente (57%), mientras que los candidatos que denunciaron el extractivismo recogieron un respaldo muy pequeño (la coordinadora plurinacional de las izquierdas apenas superó el 3%), aprovechando lo cual Correa sostuvo que el escaso apoyo significaba que ese tipo de reclamos debía ser desechados y que su gobierno seguiría adelante con sus planes extractivistas. Nuevamente se desnuda una concepción democrática fuertemente delegativa, casi minimalista, al tiempo que las elecciones presidenciales quedan revestidas de propiedades plebiscitarias sobre distintas políticas sectoriales, autorizando cualquier decisión presidencial y permitiendo excluir políticamente las demandas de las minorías. Si se siguiera las indicaciones de Correa, quienes demanden por mejor atención en los hospitales deberían esperar una próxima elección y organizarse en el “partido de los usuarios de hospitales”, los vecinos en barriadas populares deberían convocar a un “partido por la vivienda popular”, y así sucesivamente. Pero un gobierno serio no puede reaccionar ante los reclamos que le incomodan exigiendo que los afectados busquen votos en la próxima elección para así decidir si les prestará atención. Las políticas nacionales no pueden diseñarse únicamente en base a los votos de cada posición, ya que siempre terminaría despreciando a las minorías o se anularían las propias capacidades de innovación[9]. Obsérvese que también se asume que los votantes del ganador (todos ellos) conocerían y aprobarían por adelantado todos los planes que el triunfador tomaría en el futuro. Esta idea es, sin dudas, insostenible, y deja en evidencia que sus defensores lidian con serias limitaciones para entender la democracia.  Finalmente, tampoco puede pasar desapercibido que triunfar o no en una elección, nada dice sobre la realidad de los impactos sociales y ambientales: si los que denuncian que el agua está contaminada pierden en el día de la elección, de todos modos el agua seguirá contaminada a la mañana siguiente.

Se han mantenido o creado medios para criminalizar, encauzar y limitar la organización ciudadana autónoma. Desde la judicialización de líderes indígenas por la administración del PT en Brasil, al espionaje de líderes y organizaciones ciudadanas por la Gendarmería (con el llamado “Proyecto X” durante los gobiernos de Néstor y Cristina F. de Kirchner). Todos los gobiernos progresistas hostigan las voces de alerta o resistencia que parten desde sindicatos autónomos a grupos ambientalistas, desde las federaciones de pueblos indígenas a los colectivos feministas, y así sucesivamente. Se imponen nuevas condiciones para el reconocimiento legal de organizaciones ciudadanas (por ejemplo, en Bolivia son altamente complejas y se les exigen acuerdos de complementación con ministerios).

Un paso más es la división, intervención, clausura o expulsión de organización ciudadanas. Por ejemplo, en Bolivia, el gobierno Morales ha incidido en las dinámicas internas de organizaciones indígenas hasta conseguir la creación de directivas paralelas afines. También expulsó a la fundación danesa IBIS a fines de 2013 por su apoyo a movimientos indígenas y campesinos. En Ecuador, el gobierno aprobó un nuevo marco legal (Decreto Ejecutivo Nº 16-2013) con duras condiciones que han sido denunciados por contradecir derechos constitucionales como la libertad de asociación, reunión y expresión. Bajo esta enorme discrecionalidad, a fines de 2013 se clausuró a la  conocida Fundación Pachamama  que apoyaba a organizaciones indígenas amazónicas y alertaba sobre los impactos de la explotación petrolera (Fundación Pachamama).

 

Los extractivismos no implican únicamente impactos locales, que se solucionarían con medidas ambientales y compensaciones monetarias a los afectados. También desencadenan cambios políticos sustantivos. En los países con gobiernos conservadores los extractivismos se llevan adelante con evidentes restricciones en las ideas y prácticas de la democracia y derechos. Bajo los llamados gobiernos progresistas, que nacieron desde izquierdas comprometidas con la profundización de la democracia y el fortalecimiento de los derechos, los extractivismos impiden avanzar en esa dirección por las exigencias que impone el capital (requerimientos de los inversores, metas de exportación, o incluso la necesidad estatal de financiamiento). En la mayoría de los casos, se están llevando adelante, poco a poco, una serie de ajustes a la democracia para hacerla funcional a esa estrategia de desarrollo. Aquella izquierda inicial deriva hacia regímenes que aun siendo democráticos son más electorales que participativos, y manteniendo programas en el área social (planes de asistencia a los sectores más pobres) se vuelven más delegativos y disciplinarios. En casos como Uruguay, el resultado parece más una democracia liberal convencional que una renovación de izquierda. Donde sea posible se mantiene relaciones estrechas con movimientos sociales (especialmente algunos sindicatos), pero aquellos que critican o resisten los extractivismos son hostigados. Esta deriva es reforzada por los intereses de grandes corporaciones extractivistas y sus socios locales, que buscan sostener las corrientes exportadoras de materias primas. Se configuran así nuevos equilibrios entre los intereses comerciales y económicos y el despliegue de otras herramientas para controlar, disciplinar y encauzar la ciudadanía.

Varios gobiernos progresistas entienden que sus versiones de los extractivismos pueden articularse dentro del mito de un capitalismo presentado como benévolo, repleto de instrumentos de compensación económica con los más pobres y tolerando al consumismo del resto de la sociedad. Y algunos de sus defensores, sin renunciar a un futuro lejano anticapitalista, pierden de vista las contradicciones esenciales que existen, por ejemplo, entre el extractivismo contemporáneo y el Buen Vivir; entre radicalizar la democracia y el hiperpresidencialismo… por lo cual terminan justificando los extractivismos progresistas como única opción viable y consideran que al menos es superadora del extractivismo conservador (un ejemplo es Borón, 2012).

Entretanto, las corporaciones transnacionales en algunos casos consienten en ceder al Estado el control de la propiedad y acceso a los recursos naturales, ya que están aprendiendo que, de todas maneras, ellas serán las encargadas de extraerlos y comercializarlos. De esa manera, los países de la región vuelven a quedar atrapados en un papel subordinado en la actual globalización. Estas reformulaciones en la democracia y los derechos no son inofensivas y devienen elementos claves en la consolidación del progresismo actual. El resultado es evidente: el mito del progreso renace desde el progresismo.

Caben varias opciones ante estas contradicciones. La primera (y posiblemente la más dificultosa) es reconocer el problema. La segunda impone recuperar el empuje de cambio, de modo tal que tanto los señalamientos críticos como las alternativas no impliquen retrocesos políticos, sino por el contrario avanzar todavía más en las transformaciones. Esto sería punto de partida para que se abran muchas otras opciones desde la riqueza de propuestas alternativas que alberga la sociedad civil.

 

 

 

Borón, Atilio, América Latina en la geopolítica del imperialismo. Buenos Aires: Luxemburg, 2012.

Dahl, Robert A., La poliarquía. Participación y oposición. México: REI, 1993.

Delgado Ramos, Gian C. (coord.), Ecología política de la minería en América Latina. México: CIICH, UNAM, 2010.

García Linera, Álvaro, Geopolítica de la Amazonia. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista. La Paz: Vicepresidencia Estado y Presidencia Asamblea Legislativa Plurinacional, 2012.

Gudynas, Eduardo, “Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales”. En: Observatorio del Desarrollo, CLAES, 18 (2013): 1-17.

Gudynas, Eduardo, Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. Montevideo: Coscoroba, 2014 (en prensa).

Held, David, Modelos de democracia. Madrid: Alianza Editorial, 2007.

López Maya, Margarita, “Hacia el socialismo del siglo XXI: los consejos comunales, sus cambios conceptuales y las percepciones de los participantes”. En: Cheresky, I. (comp.), Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina. Buenos Aires: CLACSO y Prometeo, 2011, pp. 221-262. 

López Maya, M. / Panzarelli, D.A., “Populismo, rentismo y socialismo del siglo XXI: el caso venezolano”. En: Cheresky, I. (comp.), ¿Qué democracia en América Latina? Buenos Aires: CLACSO y Prometeo, 2012, pp. 205-234.

Natanson, José. 2013, “Un poco de realismo político”. En: Le Monde Diplomatique (julio de 2013), pp. 2-3.

O’Donnelll, Guillermo, “Revisando la democracia delegativa”. En: Casa del Tiempo 31 (2010), pp. 2-8.

Seoane, José, E. Taddei / Algranati, C. (comps.), Extractivismo, despojo y crisis climática. Buenos Aires: Herramienta y El Colectivo, 2013.

 

 

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