Quinientos años de latifundio.

Stédile, João Pedro

Este texto fue escrito por João Pedro Stédile, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin-Tierra (MST) y uno de sus dirigentes más respetados. Con un liderazgo nacional de gran envergadura y radicalizada representación de las luchas sociales de los trabajadores rurales, Stédile ha sido el principal vocero del más importante movimiento social y político de Brasil, responsable por una implacable oposición al desmonte neoliberal y destructivo del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) y de la revitalización de las luchas sociales en el Brasil de los años noventa.

El MST surgió a finales de la década de 1970, bajo la Dictadura Militar, cuando se desencadenó en Brasil un importante movimiento de lucha por la tierra. Este movimiento, ya con un marcado carácter de masivo, condujo en 1984 a la realización del Encuentro Nacional de los Sin-Tierra, en el estado de Paraná, que es cuando se formaliza la fundación del MST.
Su fortaleza y riqueza como movimiento social y político se deriva, en síntesis, del hecho que su actuación está volcada centralmente al movimiento social de base de los trabajadores del campo y no a la acción institucional o parlamentaria. Además de organizar a los trabajadores rurales, el MST ha sido también un polo receptor de los trabajadores excluidos, precarizados y desempleados del mundo urbano, lo que le da lo que James Petras caracterizó como su dimensión cosmopolita. Su origen ideológico y político está en la rica confluencia en la acción de la izquierda católica, a través de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), y de los movimientos de oposición sindical y los militantes sociales, con actuación en movimientos de inspiración marxista.
Tiene una vigorosa estructuración nacional, con una fuerte organización de base que le garantiza una enorme vitalidad orgánica y política. Entre la masa y la dirección hay una estructuración de fuerte interacción, lo que otorga al MST una gran fuerza y pujanza que contrastan con las vertientes institucionalizadas y moderadas que predominan en muchas organizaciones sociales y políticas de izquierda. Radical y consecuente en sus acciones, poniendo como eje de su accionar las luchas sociales concretas, fuertemente organizado, con un claro proyecto político e ideológico de inspiración socialista, aunque esta dimensión no necesariamente sea enfatizada en las acciones, hoy el MST es el más fuerte, vivo y denso movimiento social y político del Brasil y, junto con los Zapatistas en México y otros movimientos emergentes en nuestro continente, una clara señal de que en América Latina la lucha de nuestro pueblo por su emancipación social está viva, muy viva.
Ricardo Antunes
  
El origen del latifundio en Brasil.
 
Frecuentemente afloran argumentos tales como que los actuales grandes propietarios de la tierra las adquirieron con el sudor de su trabajo. Otros, menos disimulados, invocan simplemente el derecho "sagrado” y absoluto de la propiedad de la tierra. ¡Se compró y se pagó, está asentado en el registro de propiedad, y punto! Pero, ¿Cuál es el origen de la gran propiedad en Brasil? ¿Habrá sido el mismísimo fruto del trabajo acumulado de generaciones?
Hasta la llegada de los europeos, en 1500, ese territorio estaba habitado por aproximadamente 5 millones de personas, aglutinadas en más de 200 pueblos indígenas, con territorios, culturas y hábitos diferentes; la propiedad de la tierra no era privada. Era apenas un bien de la naturaleza utilizado por todos los miembros de los diferentes pueblos. Los brasileños que vivían aquí trataban a la tierra como un bien común, a quién todos tenían el derecho de explotarla para sobrevivir.
La llegada del europeo colonizador significó una ruptura con ese sistema, ya que uno de los objetivos de la colonización era el de apoderase de los bienes existentes, especialmente de la tierra y de los recursos naturales, de las minas y de los bosques. Ese conflicto que se implantó, a fuerza de pólvora y con el control ideológico de la religión, impuso una derrota a los pueblos que habitaban estas tierras. El vencedor, Portugal, pasó a regir los bienes de la naturaleza con sus propias leyes.
La primera forma de distribución de tierras, fue la Capitanía Hereditaria, concesión de uso que la Corona destinaba grandes extensiones de tierras para beneficiarios, amigos y servidores de la Corona. Los destinatarios de la concesión tenían derechos para repartir y distribuir las parcelas entre quienes les interesase, o bien para facilitar el aumento de su explotación
Durante todo el período colonial, hasta el final del siglo XIX, prevaleció este sistema, en que la tierra era un bien de la Corona portuguesa, con una concesión de uso para aquellos que se dispusiesen a explotarla, que tuviesen medios para realizarla (dinero para la compra de esclavos, por ejemplo) y que tuviesen servicios prestados a la corona.
A mediados del siglo XIX, Brasil sufrió grandes transformaciones sociales. Crecía la lucha de los negros esclavos, se multiplicaban los quilombos, se intensificaban las presiones externas e internas contra el tráfico de negros oriundos de Africa. En la sociedad brasileña, la existencia de sectores liberales, de clase media, con vocación republicana, también se oponían y luchaban contra la esclavitud.
Preocupada por esta presión y percibiendo la inevitable liberación de los esclavos, la Corona trató de legislar sobre la adquisición de la tierra en Brasil, de manera de garantizar que la posesión y la propiedad de la tierra mantuviesen un carácter restringido, o sea para apenas una minoría de la nobleza. Y sobretodo, para cuidar que aquellos esclavos liberados no tuviesen derecho al acceso a la tierra, tan abundante, manteniéndose como trabajadores asalariados en las haciendas. Aceptaban terminar con la senzala (alojamiento para esclavos), pero querían mantener la mano de obra cautiva en las grandes haciendas de caña y de café.
Por otro lado, en Europa por esta época, la tensión social se agravaba con una crisis generalizada del campo, por la existencia de multitudes campesinas sin tierra. Para los campesinos pobres de Europa, la migración para el continente americano era la posibilidad de realizar el sueño de tener un pedazo de tierra.
Fue en ese contexto que D. Pedro II promulgó la ley nº 601 del 18 de setiembre de 1850, conocida como la primera Ley de Tierras de Brasil, por la cual definió la forma en que sería constituida la propiedad de la tierra en nuestro país. Ya que, hasta esa fecha, el derecho de propiedad era reservado sólo para la Corona. Los usuarios detentaban apenas la concesión de uso y no la propiedad legal.
La ley de 1850 determinaba que solamente podría ser considerado propietario de la tierra, quien legalizase sus tierras en los registros oficiales, pagando cierta suma de dinero para la Corona.
Así, la principal consecuencia social de la Ley de Tierras de 1850 fue que mantuvo a los pobres y a los negros en la condición de sin-tierra y, por otro lado, legalizó como propiedad privada las grandes extensiones de tierra, en la forma de latifundio. Todos los antiguos concesionarios de la Corona, con la vigencia de la Ley de Tierras, corrían a los Registros o a las casas parroquiales que tenían registros, pagaban cierta suma por la tierra, y legalizaban su posesión. Así, inmensas áreas de tierra, primero de propiedad comunal-indígena, después apropiadas por la Corona, ahora eran, finalmente privatizadas en las manos de los grandes señores que se transformaban de amigos de la Corona, en señores de las tierras, en latifundistas.
Cabe destacar que, aún dentro del régimen de propiedad privada, capitalista, en países como los Estados Unidos, fueron impuestos límites y condiciones que regían la distribución de tierras. Abraham Lincoln implantó una ley de colonización de tierras públicas, que se basaba en el criterio de que la tierra debería ser por lo menos de quien la trabajase. Y sobre la base de este criterio, se estableció que cada familia que quisiese trabajar y vivir en la tierra, tenía el derecho asegurado a 160 acres.
Con esa Ley fueron distribuidas entre 1862 y 1880, cerca de 60 millones de hectáreas de tierras públicas federales y otros 120 millones de hectáreas de tierras públicas estatales, beneficiando a más de 3 millones de familias de agricultores. Estos teniendo acceso a la tenencia de la tierra, se transformaban en pequeños y medianos agricultores, y luego consumidores de productos industriales, como instrumentos de trabajo para la agricultura, maquinaria, y productos de consumo familiar. Gracias a ese proceso de democratización de la tierra, fue posible desarrollar una pujante agricultura, que aumentó inmediatamente la producción y generó un enorme mercado interno para la industria nacional instalada en el norte del país. Esas bases transformaron a un país dividido y desgarrado por una guerra civil, en la mayor potencia económica industrial de fines del siglo.
Pero en Brasil, fue creada una base legal, que desde el principio, fomentó y estimuló solamente la gran propiedad y consolidando el latifundio.
Por consiguiente, la raíz de nuestro subdesarrollo, de nuestra pobreza, y de nuestra desigualdad social está en el latifundio.
 
Las elites no precisan ni quieren dividir el latifundio
 
La propiedad de la tierra en los países desarrollados
 
La expresión reforma agraria no fue una bandera de lucha levantada por los movimientos campesinos. Estos se restringían al ideal de tierra para trabajar. La reforma agraria, como sinónimo de una política de distribución de la propiedad de la tierra, por parte del estado, surgió a fines del siglo pasado en Europa, levantada por las burguesías industriales. Después de décadas de desarrollo del capitalismo industrial, las elites industriales percibieron que había limitaciones de mercado interno en sus países, porque la mayoría de la población vivía todavía en el ámbito rural, y en condiciones de campesinos sin-terra, y por esta condición no tenían posibilidades de adquirir los bienes producidos por la industria. De ésta manera identificaron al monopolio territorial como un obstáculo para el desarrollo del propio capitalismo. Y para ese problema agrario se abogó por una solución: la reforma agraria
Por lo tanto, la reforma agraria surgió como una propuesta de política de Estado. Así, la reforma agraria no se restringe a asentamientos rurales, es esencialmente una democratización de la propiedad rural.
Estas políticas de reforma agraria, o de democratización de la propiedad de la tierra que apuntaban a transformar campesinos sin-tierra en productores autónomos de mercancías, con acceso al mercado, con una renta suficiente como para adquirir productos de la industria y dinamizar al mercado interno, fueron aplicadas en muchos países. Primero se aplicaron en países de Europa occidental, donde había un desarrollo mayor del capitalismo industrial, y en consecuencia, necesitaban de un mercado interno para sus productos. Después de la Primera Guerra Mundial fue aplicada en 18 países de Europa central y oriental. Y luego de la Segunda Guerra Mundial fue aplicada en el sur de Italia, en el sudeste asiático, particularmente en Japón, Corea, y en la provincia de Formosa.
Con esta misma perspectiva, se puede decir, que la ley de colonización de 1862 en los Estados unidos, aunque no tenía el nombre de reforma agraria, se constituyó en un importante instrumento de democratización del acceso a la propiedad de la tierra.
Todos estos ejemplos mencionados se refieren a procesos de reforma agraria en los marcos y dentro de una política del capitalismo. Hubo otros procesos de reforma agraria, en los marcos de revoluciones populares, anticolonialistas o de transición al socialismo, que no son objeto de referencia en este caso.
 
Modelo agro-exportador
 
Aquí cabe la pregunta: si los procesos de reforma agraria fueron impulsados para la ampliación del mercado interno, en busca de un mayor desarrollo, aún dentro del capitalismo ¿ Porqué no fue hecha en Brasil?
En Brasil, desde que arribaron los portugueses, se aplicó un capitalismo colonial dependiente. En el período del 1500 al 1900 reinó un modelo económico, que organizó la sociedad brasileña durante 400 años, únicamente para la producción agrícola de exportación. La prioridad era producir lo que la metrópoli deseaba, o sea, aquellos productos de origen tropical que no era posible producir en el hemisferio norte, a causa del frío: caña, café, cacao, cueros, algodón. Desgraciadamente, para la difusión de ese monocultivo exportador, se requería grandes extensiones de tierra; esta exigencia aumentaba, pues se empleaba esclavos, y no trabajo asalariado o aparceros (como en el feudalismo europeo). Este modelo generó sólo dos clases sociales: la oligarquía rural exportadora y los esclavos. El modelo de capitalismo dependiente, sustentado en la mano de obra esclava, se fundó sobre las raíces de la gran propiedad. O sea, en Brasil el capitalismo nació dándose las manos con la gran propiedad latifundista. El capitalismo no se basaba en el mercado interno, entonces no precisaba crear productores autónomos y más consumidores.
Este modelo agro-exportador, que está en la raíz de nuestra sociedad, entró en crisis de 1900 a 1930. Las razones de la crisis fueron varios factores conjugados, entre ellos: la crisis de la primera guerra mundial, que redujo las exportaciones agrícolas, la baja del precio internacional del café y, sobre todo, el hecho de que aquel modelo no podía producir los bienes necesarios para las demandas de la sociedad brasileña.
 
La revolución del 30: nuevo modelo económico
 
La crisis desencadenada por la incapacidad de la agricultura exportadora para sustentar el desarrollo del país, desembocó en la llamada “Revolución del 30”, que implantó un nuevo modelo económico: la industrialización del país. De 1930 hasta 1980, todos los esfuerzos de la sociedad fueron dirigidos hacia la industrialización del país. Se observa un proceso acelerado de producción de mercancías de origen industrial y de crecimiento económico. Pero ese nuevo modelo no rompió con las raíces de la formación económica del país. A pesar de que ahora el poder político estuviera en manos mayoritariamente en manos de las elites industriales, persistían los lazos con las oligarquías rurales que, contrariamente de lo que ocurrió con los señores feudales en Europa, perdieron el poder político, pero no perdieron las tierras.
Se instituye una asociación entre las oligarquías rurales y la elite industrial. La agricultura de exportación funcionaba como captador de dólares para financiar el fortalecimiento de la industria. Por otro lado, los pequeños productores del sur del país, originarios del proceso de colonización deberían producir para el mercado interno, con un riguroso control de precios de los productos agrícolas por parte del Estado, para garantizar una canasta básica a precios reducidos, y por consiguiente posibilitar el pago de bajos salarios a los obreros 
Así la pequeña agricultura nunca consiguió acumular y constituir un fuerte mercado interno consumidor, como ocurrió en Europa y en Estados Unidos, porque en Brasil su papel era financiar la subsistencia del nuevo proletariado.
Las presiones del creciente contingente de campesinos sin-tierra, que iban siendo excluidos por la concentración de la propiedad de la tierra, fueron en dirección de las ciudades. Atraídos por la posibilidad de transformarse en obreros. Esa mano de obra barata se fue constituyendo en ejercito industrial de reserva, de origen campesino.
Durante el período de 1930/80, Brasil invirtió su matriz de localización poblacional. Antes el 80% de la población estaba localizada en el medio rural, ahora con el modelo de industrialización, en apenas algunas décadas, el 80% de la población vive o se amontona en las grandes metrópolis.
Al contrario del proceso de urbanización, lento y gradual, distribuido en centenas de pequeñas ciudades, en Brasil, el éxodo rural se dirigía a los grandes conglomerados humanos. Éste es el origen de las grandes metrópolis brasileñas, con todos sus problemas, como la marginalidad social, la falta de viviendas y de empleo, que tienen su causa en la permanencia del latifundio.
En éste nuevo modelo de organización de la producción de la sociedad brasileña, las ganancias obtenidas por la elite urbana del sector comercial, exportador, industrial y financiero son aplicadas, en parte, a la compra de grandes extensiones de tierra. Grandes grupos económicos, industriales y comerciales, se transforman en propietarios de enormes extensiones de tierra, con 200, 300 mil hectáreas cada una. Datos catastrales del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y reforma Agraria), registran que las personas jurídicas, o sea empresas, particularmente de origen extranjero, son propietarias de más de 30 millones de hectáreas en Brasil.
Así, además de la oligarquía rural agro-exportadora de origen colonial, aparece ahora en escena, una burguesía agraria, gran propietaria de tierras, que mezcla sus intereses, entre la agricultura, el comercio, las finanzas y la industria. En esta perspectiva de clase, la burguesía industrial en Brasil, no tiene ningún interés en la realización de una reforma agraria para desarrollar el mercado interno, pues tendría que expropiar sus propias tierras.
Por otra parte, el modelo de desarrollo industrial brasileño está fundado en un proceso de concentración de la renta que permite a las industrias maximizar sus tazas de ganancia, con la conjugación de dos factores: la paga de salarios miserables, y la producción de bienes de consumo para la clase media. Es decir, de mercado reducido y no de masas, como sucede en los países desarrollados.
Entonces, si las elites no precisan dividir la tierra para acumular ganancias, aumentar el mercado, ellas jamás tomarán la iniciativa de hacer una reforma agraria.
Por esto, el proceso de reforma agraria, de distribución de la propiedad de la tierra será propugnado por la presión de los trabajadores y de los campesinos pobres, que dependen de la tierra para trabajar y progresar.
 
El latifundio es incompatible con la democracia y la justicia social.
 
Es imposible construir una sociedad más democrática en Brasil, sin destruir el latifundio. Es imposible resolver los problemas de la pobreza en el ámbito rural, de la desigualdad social en Brasil, sin derrotar al latifundio. Es imposible resolver el problema del desempleo en Brasil, sin utilizar a la agricultura como una actividad absorbente de mano de obra. Particularmente, en las condiciones del país, en que la mayor parte de los trabajadores desempleados poseen un bajo nivel de escolaridad, y se alejan cada vez más de la posibilidad de ser reclutados por los sectores de la industria y los servicios.
La derrota y destrucción del latifundio no depende solamente de los trabajadores rurales sin-tierra. El MST está convencido que apenas la ocupación de los latifundios no es suficiente para derrotarlo. El latifundio forma parte de la estructura económica de nuestro país, de la estructura política, de los intereses de la clase dominante en general, que aunque actúen en otras actividades económicas, la gran mayoría tienen grandes propiedades rurales.
La derrota del latifundio solo va a ocurrir, en nuestro país, cuando haya una gran movilización social y nacional para implementar otro modelo económico. Un modelo que reorganice la economía brasileña, volcada para la producción de bienes y servicios que atiendan a las necesidades de la población, no guiados por el lucro, por los intereses de la acumulación del capital. Un modelo económico que se caracterice por la justa distribución de las riquezas producidas y de la renta generada, para que cada brasileño tenga las mismas oportunidades de trabajo, de educación, de vivienda. En un modelo económico que tenga ese carácter popular, ciertamente la agricultura tendrá una nueva función en la sociedad, garantizando la producción de alimentos para la población, sirviendo de base para la generación de empleos para millones de trabajadores.
 
De manera tal que, para derrotar al latifundio es preciso derrotar al actual modelo económico, como un todo, que es excluyente y subordinado a los intereses del capital internacional y financiero. Y esta no es una tarea solamente de los sin-tierra, de los pobres del campo, de los trabajadores rurales. Es una tarea del pueblo brasileño, de todos los que se identifican con los ideales de un país socialmente justo, democrático y solidario.