Un punto de inflexión en las luchas populares en la Argentina actual: la insurrección espontánea de diciembre de 2001.

Cotarelo, María C.

 Los hechos ocurridos en diciembre de 2001 constituyen un hito en el proceso de luchas sociales de los últimos años en la Argentina. Huelga general nacional, ataques a sedes de bancos, empresas privatizadas, edificios gubernamentales y viviendas de funcionarios y políticos, saqueos masivos a supermercados y otros comercios, que, en numerosos casos, derivan en choques callejeros; “cacerolazos” multitudinarios y espontáneos en las principales ciudades del país, acompañados de manifestaciones de masas; combate callejero en el microcentro de Buenos Aires; además de numerosas marchas y cortes de rutas, en todo el territorio nacional. Las capas más pobres de la sociedad, trabajadores ocupados y desocupados, pequeña burguesía: en suma, todas las fracciones sociales que integran el campo del pueblo. Estas son las acciones y los protagonistas de esas jornadas inéditas en la historia argentina.

 
Ciclo de luchas: 1989-2001[1]
Los hechos que se producen el 19 y 20 de noviembre constituyen el punto culminante de un largo proceso, y en este sentido cerrarían un ciclo de luchas. Este ciclo comienza con la revuelta de 1989, en la que la acción predominante es el saqueo de supermercados y otros comercios por parte de las capas más pobres de la sociedad. Como ya hemos señalado en otros trabajos[2], lo característico en ese hecho son los choques entre particulares, sin que las acciones se focalicen en las instituciones del gobierno o del Estado y sin que se constituya ningún enemigo. Por lo tanto la revuelta de 1989 no llega a constituirse en lucha.
La resistencia a las políticas que la oligarquía financiera logra implementar de manera generalizada a partir de entonces[3], o a algunos de sus efectos, es desarrollada por fracciones obreras directamente afectadas por esas políticas, como por ejemplo, las huelgas contra la privatización de empresas públicas y sus consecuentes despidos y empeoramiento de las condiciones de trabajo. Entre ellas, las huelgas de los ferroviarios, de los telefónicos, de los metalúrgicos de Somisa y de los mineros de Sierra Grande. Estas huelgas terminan en derrotas para los trabajadores, en medio de un profundo aislamiento de la lucha de la clase obrera, a raíz del consenso generalizado de la mayor parte de la sociedad hacia la política impulsada por la oligarquía financiera.[4]
Esta situación comienza a cambiar a partir del motín de Santiago del Estero de diciembre de 1993, en que se inicia un momento de ascenso en las luchas.[5] En los meses siguientes, trabajadores estatales en diversas provincias realizan huelgas y manifestaciones con ataques a edificios gubernamentales, locales partidarios de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Partido Justicialista (PJ) y casas de políticos y funcionarios. Estas luchas comienzan a articularse en la Marcha Federal de 1994 y en las huelgas generales que convocan las distintas organizaciones y centrales del movimiento obrero (CTA, MTA y CGT). En 1995 y 1996 se movilizan todas las fracciones obreras, que llevan a cabo huelgas generales con adhesión de fracciones de pequeña burguesía. Cabe recordar que estas huelgas generales, en particular las realizadas en 1996, logran frenar por cuatro años la sanción de la ley de “reforma laboral”.
Desde 1996-1997 se incorporan a las luchas los trabajadores desocupados, que participan, junto con otras fracciones sociales de la toma y defensa de una posición (los “cortes de rutas”) en Cutral Có – Plaza Huincul (Neuquén)[6], Tartagal y General Mosconi (Salta), diversas ciudades de la provincia de Jujuy[7], Cruz del Eje (Córdoba), entre otros.
En síntesis, entre 1993 y mediados de 1997, la mayor cantidad de luchas es llevada a cabo por trabajadores asalariados ocupados, organizados sindicalmente, que, hacia el final de este momento, comienzan a confluir con trabajadores desocupados, lo que marca una tendencia a la unidad del ejército obrero en activo y el ejército industrial de reserva. La huelga general es la forma que en este momento tiende a articular todas las demás. A partir del motín de 1993 se avanza hacia formas de lucha cada vez más sistemáticas, mientras se desarrollan mayores grados de unidad de los cuadros sindicales y de alianza de la clase obrera con otras fracciones sociales. El objeto de las protestas se va desplazando de las políticas aplicadas por los gobiernos municipales y provinciales a las del gobierno nacional. También se va produciendo un desplazamiento espacial de las protestas, desde las estructuras económico-sociales donde predomina la superpoblación relativa y la pequeña producción mercantil hacia aquellas en que el capitalismo se encuentra más desarrollado.
Desde mediados de 1997 comienza un momento descendente, caracterizado por la fractura en la unidad de los cuadros dirigentes del movimiento obrero y en un mayor grado de aislamiento social de las luchas de los trabajadores. Las luchas se atomizan, son de carácter económico-corporativo, a la vez que el movimiento de protesta se canaliza, en gran medida, a través de la formación de la Alianza UCR-Frepaso y de las elecciones legislativas de ese año, y más tarde, en las presidenciales de 1999. Cabe señalar que a pesar del descontento generalizado por las políticas aplicadas por el gobierno de Carlos Menem y del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, más del 70% de los ciudadanos que integran el padrón electoral vota por alguno de los partidos políticos que expresan el interés de la oligarquía financiera y por lo tanto, el llamado “modelo neoliberal”. Y Fernando de la Rúa es electo presidente tras una campaña electoral en la que uno de sus principales ejes es el de garantizar la continuidad de la convertibilidad de la moneda y el de profundizar las medidas aplicadas, con el aditamento de una vaga referencia a hacer al “modelo” más “justo” y menos “corrupto”.
Sin embargo, a partir de la lucha desarrollada por trabajadores estatales en Corrientes, que mantienen cortado el puente interprovincial, apenas asume el gobierno de la Alianza, se inicia nuevamente un momento ascendente. El flamante gobierno ordena a tropas de gendarmería que desalojen el puente y como resultado de los choques entre manifestantes y gendarmes mueren dos trabajadores. Serán los primeros de una larga lista de casi 40 personas muertas en choques callejeros con la fuerza armada del gobierno del Estado en manos de la Alianza y de los gobiernos provinciales, que se suman a los dos trabajadores muertos durante el gobierno de Menem.
Desde entonces, se intensifican las acciones de protesta de diversas fracciones sociales: trabajadores ocupados y desocupados y pequeña burguesía. Se multiplican los cortes de rutas y calles, huelgas, manifestaciones y otros instrumentos de lucha. Las protestas de trabajadores ocupados y desocupados llegan, en forma generalizada, al Gran Buenos Aires, a las puertas de la Capital Federal. Se desarrolla la organización de los trabajadores desocupados en tanto tales, que además convocan a varias jornadas nacionales “piqueteras” de cortes de rutas, en las que confluyen con fracciones de trabajadores ocupados y estudiantes. Se realizan ocho huelgas generales nacionales con marchas y cortes de rutas, convocadas por las centrales obreras, en conjunto o por separado, que alcanzan amplia adhesión. El segundo ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy, se ve obligado a renunciar pocos días después de haber asumido, ante la oposición que provoca el anuncio de un nuevo “ajuste” en el gasto público por parte de trabajadores ocupados estatales y de otras fracciones obreras, desocupados, docentes universitarios y estudiantes.[8]
También en el campo electoral se pone de manifiesto la protesta y la oposición a los partidos políticos del régimen. En las elecciones legislativas de octubre de 2001 la abstención, el voto en blanco y el voto nulo –el llamado “voto bronca”– alcanzan niveles altísimos, ocupando el primer lugar en cantidad de votos en algunos distritos electorales, como por ejemplo, la Capital Federal. Los diputados y senadores electos representan a una minoría del conjunto de los ciudadanos, acentuándose así la crisis de representación política.
Las protestas contra las políticas aplicadas por el gobierno de la Alianza se desarrollan, pues, casi desde el inicio mismo de éste, marcando una continuidad e intensificación con respecto al proceso de luchas que tiene lugar durante los dos gobiernos de Menem. Por lo tanto, afirmaciones tales como “el pueblo argentino estuvo dormido durante todos estos años”, “si nos hubiéramos movido antes esto no hubiera pasado”, “durante diez años nadie luchó”, “la CGT no luchó contra el gobierno de Menem” –desconociendo las nueve huelgas generales convocadas– etcétera no responden a la realidad.
Sin embargo, en diciembre se produciría, como veremos, un cambio cualitativo en el proceso de luchas. Las últimas medidas tomadas por el ministro Cavallo en noviembre de 2001 –que se suman a todas las medidas anteriores tomadas tanto por éste como por el ministro José Luis Machinea– y la profundidad de la crisis económica, social y política determinan una situación en que todas las fracciones sociales expropiadas y expoliadas se ven afectadas de manera simultánea, a la vez que en los últimos meses la lucha al interior de la oligarquía financiera se manifiesta abiertamente. Esto contribuye a la generalización de las luchas.
Lo expuesto hasta aquí muestra que los hechos ocurridos en diciembre no son un “estallido” sorpresivo y repentino, sino que son resultado de un largo proceso en el que, en nuestra hipótesis, se ha ido constituyendo un movimiento de protesta, con elementos de oposición al gobierno y al régimen político vigente. En esos días se sintetizan más de diez años de luchas, cerrándose, en principio, un ciclo y, a la vez, dando lugar a uno nuevo.
 
Los hechos de diciembre de 2001
 
La lucha librada en diciembre no puede circunscribirse sólo a lo ocurrido los días 19 y 20 de diciembre; éstos son el punto culminante de un hecho que comienza el miércoles 12. Ese día se encuentran movilizados todos aquellos que forman parte del campo del pueblo, aunque no de manera conjunta: se realizan marchas, caravanas, concentraciones, cortes de calles y rutas de trabajadores asalariados ocupados de distintos gremios –que responden a convocatorias de la CGT Moyano y la CTA–, trabajadores desocupados, comerciantes, estudiantes universitarios, vecinos, ahorristas, jubilados. Por primera vez en estos días, a la noche se realizan “cacerolazos” en distintos barrios de la Capital Federal, así como en otras ciudades del país, como Lanús (en el Gran Buenos Aires), Mar del Plata y La Plata (provincia de Buenos Aires), Salta y Jujuy. Si bien el “cacerolazo” forma parte de la convocatoria de la Coordinadora de Actividades Mercantiles y Empresarias (CAME), adhieren numerosos vecinos en forma espontánea.
Estas movilizaciones constituyen la antesala de la huelga general nacional del jueves 13, convocada por todas las centrales obreras –CGT Daer, CGT Moyano y CTA–, que se realiza con la adhesión masiva de los trabajadores asalariados y fracciones de pequeña burguesía. En el transcurso de la huelga, se realizan marchas y cortes de calles y rutas, mientras que en algunas ciudades se producen luchas callejeras y ataques a bancos y edificios públicos. A la noche, pobladores pobres de Guaymallén (Mendoza) saquean un supermercado.
Pero después de la huelga general la movilización de diversas fracciones y capas sociales continúa. Entre el viernes 14 y el martes 18 se producen marchas y cortes de rutas y calles de empresarios, productores agropecuarios y vecinos en Cañada de Gómez (Santa Fe), comerciantes en Haedo (GBA), vecinos en Villa Madero (GBA), propietarios de camiones y productores agropecuarios en diversas ciudades de Entre Ríos, obreros metalúrgicos en Zárate (Buenos Aires); caravanas, “cacerolazos” y cortes de calles de comerciantes, pequeños empresarios y vecinos en los barrios de Caballito, Belgrano y Mataderos en la Capital Federal y en La Matanza (GBA); “cacerolazos” espontáneos de vecinos y comerciantes en los barrios de San Cristóbal y Villa Pueyrredón (Capital); ocupación de un banco por parte de trabajadores estatales y docentes en La Plata (Buenos Aires); concentración de abogados frente a un banco en Capital; concentraciones frente a supermercados y otros comercios por parte de desocupados y piqueteros en Avellaneda, Quilmes, Boulogne (GBA), Concordia (Entre Ríos), Santa Fe; marchas de desocupados en Salta y de cirujas en Rosario; corte de calle y tiroteo entre habitantes de una villa miseria y policías en Rosario; y saqueos en Mendoza, Rosario, Concordia, San Martín (GBA).
Llegamos así al miércoles 19, en que se producen numerosos saqueos, concentraciones frente a supermercados, choques callejeros entre saqueadores y policías, marchas, concentraciones frente a edificios públicos (principalmente municipalidades), cortes de rutas y de calles y “cacerolazos” espontáneos.
Los saqueos se generalizan en buena parte del país: los barrios de Villa Lugano, Constitución y La Boca en la Capital Federal; Ciudadela, José Ingenieros, José León Suárez, San Martín, Villa Fiorito, Morón, Castelar, El Palomar, Avellaneda, Ramos Mejía, José C. Paz, Moreno, Malvinas Argentinas, Boulogne, Vicente López, San Fernando, El Talar, Maquinista Savio, Lanús, La Tablada, Merlo (Gran Buenos Aires); Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Reconquista (Santa Fe); Cipolletti (Río Negro); Neuquén y Centenario (Neuquén); Córdoba; Gualeguaychú, Paraná (Entre Ríos); Los Hornos, Campana (Buenos Aires); Godoy Cruz (Mendoza); Gran San Juan; Corrientes; San Miguel del Tucumán, Banda del Río Salí (Tucumán), entre otras ciudades. Son masivos: los llevan a cabo grupos de 50 a 1.000 hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes y adolescentes. Los comercios objeto de saqueos o de concentraciones para reclamar alimentos son en buena medida sucursales de cadenas de hipermercados y distribuidoras mayoristas de alimentos, camiones de grandes empresas alimenticias y supermercados y autoservicios medianos. Son numerosos los choques callejeros con la policía: en San Martín, Vicente López, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Cipolletti, Neuquén, Centenario, Córdoba, Gualeguaychú, Mendoza, San Juan, San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Capital Federal. Los saqueadores son, principalmente, trabajadores desocupados, indigentes, beneficiarios de planes de empleo y ayuda social, trabajadores que viven de changas, sobre todo en la construcción, de la venta callejera o del cirujeo. Es decir, trabajadores de las capas más pobres del proletariado, que forman parte de la superpoblación relativa. Son habitantes de villas miseria o barrios pobres. En varios casos, se dirigen primero a la municipalidad en reclamo de alimentos, y al no recibir respuesta van hacia los supermercados. Muchos de ellos no han cobrado el salario correspondiente a los planes de empleo de los últimos meses.
Grupos de trabajadores desocupados y pobres también realizan cortes de ruta en Chaco, Corrientes y Mendoza, y marchas y concentraciones frente a municipalidades en Moreno y San Justo (GBA), Cipolletti (Río Negro), San Miguel del Tucumán (Tucumán) y el barrio de Constitución en la Capital Federal, donde apedrean supermercados, chocan con la policía y se manifiestan en contra del ministro del Interior Ramón Mestre, al tiempo que reclaman alimentos. En Concepción del Uruguay (Entre Ríos) pobladores pobres rodean edificios públicos y armerías y se enfrentan con la policía.
Trabajadores asalariados estatales se movilizan en Córdoba contra el intendente Germán Kammerath, atacan la municipalidad y se enfrentan con la policía, junto con trabajadores de Luz y Fuerza, colectiveros y judiciales. En La Plata (Buenos Aires), 2.000 trabajadores estatales, docentes y de hospitales marchan hacia la Legislatura, donde se producen choques callejeros con la policía. También se producen choques con la policía y apedreo de comercios en San Juan, mientras que en Concepción (Tucumán) obreros de un ingenio azucarero cortan una ruta, con apoyo de cañeros, comerciantes y pobladores en general.
También se movilizan fracciones de pequeña burguesía. En la Capital Federal, en el barrio de Palermo, vecinos realizan una “batucada” en contra de De la Rúa y Cavallo; en Liniers, comerciantes cortan una calle; y en el centro estudiantes universitarios de ingeniería realizan una marcha.
A la vez, la pequeña burguesía en numerosas ciudades del país es presa de pánico ante rumores –en algunos casos promovidos por policías– acerca de supuestas “hordas de saqueadores” que avanzarían sobre los negocios en diversas calles comerciales y que resultan ser falsos. Así, por ejemplo, en el microcentro de San Miguel de Tucumán la gente grita y corre desesperada para todos los lados, mientras los comerciantes cierran las puertas de sus locales, pero los “saqueadores” no aparecen; en la city porteña corren rumores de que saqueadores han arrasado con el centro comercial del barrio del Once y que el próximo objetivo es el microcentro; también en la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios, los comerciantes y transeúntes dan por cierto que grupos de pobres provenientes del GBA van a arrasar con los negocios de la zona.
A pesar de este clima de tensión y pánico, a la noche, tras el discurso presidencial anunciando el decreto del estado de sitio, miles de personas, en gran medida pertenecientes a la pequeña burguesía, comienzan a hacer sonar sus cacerolas, a salir de sus casas y a marchar hacia las calles céntricas de cada barrio y plazas en forma espontánea. Este primer “cacerolazo” se va extendiendo en minutos por todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, Santa Fe, San Miguel del Tucumán y Córdoba, entre otras, desafiando de hecho la declaración del estado de sitio y en señal de oposición al gobierno. El reclamo implícito, no verbalizado y general es el de la renuncia de De la Rúa y Cavallo. En la Capital miles de manifestantes se desplazan desde los barrios hacia el Congreso y la Plaza de Mayo, donde un grupo decide pasar toda la noche; también se producen concentraciones, que se prolongan hasta la mañana del día siguiente, frente a la casa de Cavallo y frente a la residencia presidencial de Olivos (GBA).
Este “cacerolazo” marca el fin del ministerio de Cavallo, quien presenta su renuncia al cargo. Para quienes se movilizan en ese momento por primera vez en los últimos años, este hecho constituye el punto culminante de este proceso de luchas. Sin embargo, este punto se alcanza al día siguiente.
El jueves 20 a la madrugada la policía ataca a la multitud concentrada en el Congreso. Un grupo de manifestantes la enfrenta arrojando piedras. Se producen ataques a locales partidarios y viviendas de políticos en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires por parte de manifestantes o “desconocidos”. Pero el epicentro de la lucha se ubica en la Plaza de Mayo y calles del microcentro de Buenos Aires. Desde temprano miles de hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, ancianos, militantes de agrupaciones políticas y de organismos de derechos humanos, empleados de oficinas y comercios, amas de casa, jubilados, estudiantes, motoqueros, desocupados, entre otros, ocupan la Plaza exigiendo la renuncia del presidente, echan a diversos políticos del régimen que intentan sumarse a la movilización y se enfrentan a la policía, que intenta desalojarlos. Arrojan piedras, baldosas y todo lo que encuentran, se dispersan y reagrupan permanentemente, avanzan y retroceden, arman barricadas, colocan cuerdas en las calles para impedir el paso de los caballos de la Policía Montada, devuelven las granadas de gas lacrimógeno. Después de horas, son desalojados de la Plaza pero los enfrentamientos continúan en toda el área del microcentro. Reciben el apoyo de comerciantes de la zona y vecinos. Son numerosos los heridos por balas de goma y golpes y los detenidos. Y en horas de la tarde, policías de uniforme y de civil, en patrulleros y autos particulares, disparan con armas de fuego sobre manifestantes que se encuentran a varias cuadras de la Plaza; seis de ellos mueren por heridas de bala. Grupos de manifestantes apedrean bancos y locales comerciales, destruyen cabinas telefónicas, vehículos policiales, incendian autos y tachos de basura.
Lucha callejera, clara disposición al enfrentamiento, descorporativización, desinstitucionalización, elementos de oposición no sólo al gobierno sino también al Estado: estamos aquí en presencia de masas en lucha, que libran un combate callejero en el centro político del país.
Simultáneamente, continúan y se extienden los saqueos a supermercados y otros comercios, cortes de calles y rutas, marchas, concentraciones, “cacerolazos” y choques callejeros en casi todas las ciudades principales del territorio nacional: las zonas norte, sur y oeste del Gran Buenos Aires; Ensenada, Campana (Buenos Aires); San Miguel del Tucumán, Banda del Río Salí y Alderetes (Tucumán); Corrientes; San Juan; Córdoba; Rosario (Santa Fe); Paraná (Entre Ríos); Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn (Chubut); Neuquén; General Roca, Cipolletti, San Carlos de Bariloche y Viedma (Río Negro); Posadas (Misiones); Mendoza. Es decir que la movilización del pueblo se produce a nivel nacional, con un objetivo inmediato común: la renuncia del presidente De la Rúa, lo que finalmente ocurre; al atardecer, abandona la casa de gobierno en helicóptero, lo que marca el fin del gobierno de la Alianza UCR-Frepaso.
En nuestra hipótesis, lo que se produce el jueves 20 de diciembre es una insurrección popular espontánea, que se va conformando desde las movilizaciones del día 12. Surge, pues, en el período, una forma que termina subordinando a la que hasta entonces aparecía articulando las demás formas: la huelga general. La huelga general declarada por la CTA desde la hora 0 del jueves 20, por la CGT Daer desde las 18 horas de ese mismo día y por la CGT Moyano para el viernes 21 queda subsumida en la insurrección popular, hecho que, por primera vez en la historia argentina, determina, en última instancia, la caída de un gobierno surgido de elecciones, a partir de la acción de las masas.
 
¿Nuevo ciclo de luchas?
 
En los últimos dos meses se han generalizado los llamados “cacerolazos” y los “escraches” y se producen numerosos y continuos cortes de rutas y marchas.
Estas acciones se dirigen principalmente contra los gobiernos de Adolfo Rodríguez Saá y de Eduardo Duhalde, bancos, empresas privatizadas, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, políticos de los partidos del régimen y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A la vez que se producen luchas económicas de trabajadores, tanto estatales como de empresas privadas, contra sus respectivos patrones.
A la vez se desarrolla un acelerado proceso de organización de la población de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y algunas ciudades del interior del país a través de la realización de asambleas populares por barrio, lo que constituye un hecho novedoso.[9]
                Esta movilización, que se desarrolla en casi todo el país, es llevada adelante fundamentalmente por fracciones de pequeña burguesía asalariada y no asalariada y por las capas más pobres del proletariado.
Hasta el momento, el gran “ausente” en las luchas es el conjunto del movimiento obrero organizado, que tras el derrocamiento de Fernando de la Rúa y la asunción de los sucesivos gobiernos ha establecido de hecho una “tregua”. A la vez, algunas fracciones obreras se alinean con la fracción de capital del que son atributo, en defensa de sus intereses más inmediatos. Tal es el caso de los obreros de las empresas petroleras, de algunos bancos y de algunas automotrices, entre otros. ¿Puede atribuirse esto a la “traición” de la dirigencia sindical o expresa la conciencia de estas fracciones obreras? En una situación signada por una devaluación del 100%, aumento en los precios de todas las mercancías, salarios bajos y congelados y acelerado aumento de la desocupación y la pobreza, ¿por qué la mayor parte del movimiento obrero organizado sindicalmente no se ha movilizado?
El momento que estamos transitando no puede comprenderse sin tener en cuenta los conflictos y disputas al interior de la oligarquía financiera. Hasta el momento la insurrección espontánea de diciembre no marca el inicio de un cambio de iniciativa en el período. Las disputas en la cúpula de la burguesía ocupan el centro de la escena.
¿Cuáles son los alineamientos, conscientes e inconscientes, de las distintas fracciones que componen el campo de pueblo, con respecto a estas disputas? ¿Cómo se articulan las acciones y luchas de los explotados, expoliados y oprimidos con las luchas en la cúpula de la burguesía? ¿El proceso que se está desarrollando lleva a un nuevo momento de aislamiento de la clase obrera? O por el contrario, ¿la clase obrera, y en particular la fracción obrera industrial, se postulará como dirigente y logrará articular y conducir el movimiento?
febrero de 2002
 


[1]Este ciclo se inscribe en un período de carácter contrarrevolucionario que se inicia en 1976 y se extiende hasta nuestros días. Dentro de ese período, los hechos de 1989-90 constituyen un hito en el proceso de realización de hegemonía de la oligarquía financiera sobre el conjunto de la sociedad. Lo que presentamos en este punto es una síntesis de resultados de investigación ya publicados. Ver, por ejemplo, Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia. La protesta social en los ’90. Aproximación a una periodización, PIMSA, Documento de Trabajo N° 27, 2000; y Cotarelo, María Celia. La protesta en la Argentina de los ’90; Herramienta, 2000.
[2]Iñigo Carrera, Nicolás; Cotarelo, María Celia; Gómez, Elizabeth; Kindgard, Federico Mario. La revuelta. Argentina, 1989-90; PIMSA, Documento de Trabajo N° 4; Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia; Revuelta, motín y huelga en la Argentina actual; PIMSA, Documento de Trabajo N° 7, 1997; Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia; ¿Revuelta o motín? Rosario y General Sarmiento, 1989; PIMSA, Documento de Trabajo N° 32, 2001.
[3]Políticas que comienzan a implementarse desde 1976, tras el intento fallido del ministro Celestino Rodrigo en junio de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
[4]En esos momentos, la CGT convoca a la primera huelga general durante el gobierno de Menem, el 9 de noviembre de 1992, en defensa de las convenciones colectivas de trabajo y de los jubilados y por el acceso a la salud y la educación. Esta huelga tuvo alta adhesión entre los trabajadores industriales y estatales de varias provincias, aun cuando algunas fracciones —como los docentes organizados en la CTERA— se oponen. Ver Iñigo Carrera, Nicolás. Fisonomía de las huelgas generales de la década de 1990 (1992-1999), PIMSA, Documento de Trabajo N° 21, 1999 y Las huelgas generales, Argentina 1983-2001: un ejercicio de periodización; PIMSA, Documento de Trabajo N°33, 2001.
[5]Cotarelo, María Celia; El motín de Santiago del Estero. Argentina, diciembre de 1993, PIMSA, Documento de Trabajo N° 19, 1999.
[6]Klachko, Paula. Cutral Có y Plaza Huincul. El primer corte de ruta (del 20 al 26 de junio de 1996). Cronología e hipótesis. PIMSA, Documento de Trabajo N° 20, 1999.
[7]Gómez, Elizabeth y Kindgard, Federico Mario. Los cortes de ruta en la provincia de Jujuy. Mayo/junio de 1997, PIMSA, Documento de Trabajo N° 15, 1998.
[8]Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia. La protesta en Argentina (enero – abril de 2001); Observatorio Social de América Latina (OSAL) N° 4- CLACSO, Buenos Aires, junio de 2001.
[9]La organización en asambleas, en las que se observan elementos de democracia directa, se ha venido desarrollando desde 1996-97 principalmente entre trabajadores desocupados “piqueteros”. Lo novedoso está dado por su extensión a otras fracciones sociales, lo que a la vez le imprime algunos rasgos específicos.