Homicidios en América del Sur: aportes y límites del análisis económico

Salama, Pierre Camara, Mamadou

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Según Fajnzylber, Lederman y Loaysa (2001, 2002), el ingreso por habitante no tiene influencia sobre el grado de violencia mientras las desigualdades no varíen. Desde este punto de vista, la pobreza no explica la violencia. Sin embargo, si el ingreso por habitante crece poco y si las desigualdades aumentan la pobreza tiende a aumentar. En este caso, el aumento de la pobreza es un factor constitutivo del crecimiento de los homicidios. De manera menos sofisticada, según Barro (2000, pág. 7): "la desigualdad de las riquezas y de los ingresos incita a los pobres a integrarse al crimen". Aunque impugnada por numerosos exámenes econométricos[1], esta opinión encuentra eco en numerosos universitarios y políticos que ven en la pobreza a la "nueva clase peligrosa".

Oponiéndose a Barro y a numerosos economistas, Peralva (2001, pág. 8), escribe: "sea cual sea la importancia de las desigualdades sociales [...] no es posible ignorar que las tasas de delincuencia crecen allí mismo donde las desigualdades decrecen" en el caso del Brasil, país que se caracteriza a la vez por desigualdades importantísimas y violencia elevada. Este autor observa que a los índices de desarrollo humano regionales elevados les corresponden tasas de criminalidad fuertes, y viceversa. La ausencia aparente de relación entre lo económico y la violencia es una idea compartida por numerosos investigadores en ciencias sociales. En este sentido, se podría agregar que con el final de las hiperinflaciones en el Brasil (1994), el nivel de vida de los pobres creció más que el de las otras capas de la población durante los dos primeros años de relativa estabilización de los precios, de retorno del crecimiento y las desigualdades y la amplitud, la profundidad de la pobreza han disminuido. Esta evolución favorable a los pobres no duró y los índices que miden la pobreza y las desigualdades tuvieron tendencia a estabilizarse con ligeras fluctuaciones entre descenso y ascenso. Pero sea cuales fueran esas evoluciones, la tasa de homicidios siguió su ascenso: pasó de alrededor de 40 por ciento a finales de 1992 en la región metropolitana de Río de Janeiro a 70 por ciento a finales de 1995, es decir, a un nivel cercano al de ciertas ciudades colombianas, y en São Paulo pasó de 43 por ciento a 52 por ciento en el mismo período (Viegas Andrade y De Barros Lisboa, 2000, pág. 387).

La amplitud de la pobreza y su profundidad tienen un débil efecto sobre la tasa de homicidios que, por lo demás, no varían mientras los códigos de valor que rigen una sociedad permanezcan sólidos. Inversamente, si éstos son cuestionados (debido a la desigualdad creciente, a la urbanización salvaje, la impunidad manifiesta o al esfuerzo educativo insuficiente), entonces la violencia puede desencadenarse. Veamos el ejemplo de dos de esos factores susceptibles de cuestionar esos códigos: el aumento de las desigualdades ligado al modo de crecimiento excluyente asentado con la liberalización repentina de los mercados y la ineficacia de la represión debida a la insuficiencia de los gastos públicos y la corrupción. La acentuación de las desigualdades y más particularmente la evolución de la participación del 40 por ciento de los más pobres en el ingreso nacional o bien la del 10 por ciento de los más ricos (indicadores que preferimos a los coeficientes de Gini) conducen a una variación de la amplitud de la pobreza, de su profundidad y probablemente de las desigualdades entre los pobres. Estas variaciones podrían ser de naturaleza de llegar a cuestionar esos códigos y a destruirlos desde el interior. La utilización del condicional es, en este caso, necesaria, pues conviene ser prudente. La relación es más compleja de lo que una simple aproximación determinista sugeriría. Lo mismo que la curva de combatividad obrera medida por la cantidad de huelgas no es un calco invertido de la actividad económica en los países desarrollados, la curva de la violencia no se confunde con la de la pobreza o las desigualdades. Un aumento de la pobreza y de las desigualdades durante una crisis económica no se traduce, necesariamente, en un aumento de la violencia en un primer momento. La violencia puede desarrollarse, por el contrario, durante la recuperación económica, cuando los niveles de pobreza y de las desigualdades continúan elevándose a causa de los fenómenos llamados "histeresis"[2], o cuando la crisis es duradera, tal como lo muestra el análisis del caso argentino.

La tasa de homicidios evoluciona a veces bruscamente, pasando de un estado de relativo equilibrio a otro, sugiriendo la existencia de equilibrios múltiples en el tiempo. En Colombia la violencia aumentó fuerte y súbitamente en los años ochenta para decrecer enseguida de manera significativa en las grandes ciudades. Según Gaviria (2001), la explicación del pasaje de un equilibrio a otro superior sería por la débil y decreciente probabilidad de ser arrestado y castigado. La expansión del narcotráfico sería la principal causa del pasaje de un equilibrio a otro pues la insuficiencia de los gastos públicos destinados a la represión no permitía llevar adelante las investigaciones por cada homicidio cometido, ya que al llegar a los tribunales el número insuficiente de magistrados conducía a una congestión de los mismos. Investigaciones cada vez más escasas, falta de medios suficientes, congestión de los tribunales, provocan una disminución de la probabilidad de ser arrestado y castigado. La probabilidad de ser acusado de homicidio pasó del 48 al 40 por ciento entre 1980 y 1981, para remontar enseguida a 46 por ciento en 1983. La caída de esa tasa es particularmente fuerte desde 1983 a 1986 (del 46 al 38 por ciento), para llegar en 1992 del 16 al 17 por ciento (Gaviria). Es un razonamiento de tipo beckeriano basado en un arbitraje entre el interés del crimen cometido y el costo que podría implicar, moderado por la probabilidad de ser castigado, completado por la idea de un golpe externo (por ejemplo, la expansión del narcotráfico) que explicaría el pasaje de un equilibrio a otro. El descenso de la probabilidad de ser detenido constituye un "detonador" (la expresión es de Gaviria), y permite comprender el pasaje de un grado de violencia a otro más elevado. La mayor impunidad conduce a un aumento de la tasa de homicidios según esta aproximación. Es lo que hace decir a Gaviria (op.cit., págs. 179 y 180):

Los narcotraficantes desempeñaron roles diferentes en el surgimiento de la violencia en Colombia. Por una parte, generaron violencia directamente a través de sus actividades y, por otra, produjeron indirectamente violencia a través de diferentes exteriorizaciones criminales: congestión del sistema jurídico, transferencia de conocimientos criminales (aprendizaje), aumento de la disponibilidad de armas y creación de una "cultura"[3] que favorece el dinero fácil y la resolución violenta de los conflictos.

Inversamente, luego de haber bajado considerablemente luego del fin de los años setenta, el ascenso de la "tasa de detenciones" por homicidio en las grandes ciudades a partir de 1986 aumenta la probabilidad de ser detenido y castigado y conduce a una reducción de la tasa de criminalidad (Sánchez Torres y Núñez Méndez, pág. 317)[4].

El objeto de este artículo es, en primer término, analizar y discutir la influencia de las diferentes variables económicas sobre la tasa de homicidios[5] a partir de un examen econométrico referido a cierto número de países de América del Sur a lo largo del período 1995-2000. La violencia y su expansión tienen a menudo raíces de orden económico, pero es inútil limitar la explicación de ese fenómeno a un determinismo económico. La interpretación exclusivamente economía proporciona excelentes enseñanzas, pero se muestra igualmente limitada y, a veces, engañosa. Asimismo, es peligrosa porque grande es la tentación en numerosos economistas y políticos de atribuir a la expansión de la violencia tanto a causas económicas que convendría corregir como al resultado de una elección racional. Ahora bien, la comprensión de la violencia se encuentra en la intersección de numerosas disciplinas. Ciertos factores económicos son variables de tipo proxy: su efecto aparente sobre la amplitud de los homicidios, resulta en lo que concierne a sus consecuencias sobre factores de tipo sociológico, incluso antropológico, que actúan sobre el grado de violencia.

I. El análisis económico de las causas de violencia es múltiple...

1. El proceso econométrico

La mayoría de los exámenes efectuados estos últimos años lo son sobre una muestra de municipios del interior de un país o sobre una muestra de un país frecuentemente bastante heterogéneo. Para este último caso, la muestra considerada, por ejemplo, en el estudio de Fajnzylber, Lederman y Loayza (2001, 2002) lo es tanto sobre países de África subsahariana, de Asia sudoriental, de Europa oriental, como de América Latina y de la OCDE.[6] A pesar de la importancia de los vínculos entre violencia y factores económicos, se puede considerar que la heterogeneidad de la muestra, sobre todo considerada del punto de vista de las características culturales de cada uno de esos países, reduce la pertinencia de los resultados obtenidos, ya que los autores no introducen efectos fijos. Por ello, hemos considerado una muestra de países de la misma zona, América del Sur. La muestra está compuesta por diez países: la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

La variable explicada será el logaritmo de la tasa de homicidios (cada 100.000 habitantes) calculada a partir de los datos obtenidos de varias fuentes, principalmente de la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Crimen y la Droga, la Organización Internacional de Policía (Interpol), la base de datos sobre la mortalidad producida por Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Brasileño sobre la Coyuntura del Crimen.[7]

Los exámenes fueron efectuados en el período 1995-2000 (correspondiente al final de las hiperinflaciones y el retorno del crecimiento en América del Sur). Como variables económicas susceptibles de explicar la evolución (y no el nivel, sin duda elevado) de la violencia en América Latina durante el período reciente, hemos elegido: a) la eficacia del sistema de represión del crimen (ESRC). Este indicador expresa el porcentaje del número de causas de homicidios resueltas con relación al número total de homicidios y está calculado a partir de las mismas fuentes que la tasa de homicidios; b) la parte del 40 por ciento de los pobres en el ingreso disponible (PPIN) y la parte del 10 por ciento de los más ricos en el ingreso nacional (PRIN). Estos indicadores se obtuvieron, principalmente, de diversas publicaciones de la CEPAL y de la CNUD[8]; c) el indicador de desarrollo humano (IDH)[9] se obtuvo de varios informes anuales del PNUD; d) el logaritmo del PIB por habitante (PIBH), la tasa de crecimiento anual del PIB (Crec), la tasa de urbanización (URBA) y la tasa de escolarización a nivel secundario (SCOLSEC) fueron obtenidos de la base de datos del Banco Mundial y de la CEPAL.

Nuestro procedimiento econométrico se hace en dos etapas:

a) En una primera etapa establecemos un registro de correlaciones. El interés de este registro es doble. Ante todo permite localizar las variables que están fuertemente correlacionadas entre ellas. Lo que, en consecuencia, puede llevarnos a sospechar o no, de problemas de autocorrelación. Luego, permite identificar la naturaleza de los vínculos (positivo o negativo) entre el logaritmo de la tasa de homicidio y las diferentes variables explicativas. Lo que nos conduce a desarrollar teóricamente los mecanismos económicos susceptibles de legitimar la relación entre la violencia y cada una de esas variables. Luego, el registro de correlación completo, integrando los dummy o efectos fijos[10] introducidos para cada país, permite ubicar para cada serie la posición de la estadística del país con relación al promedio. Es gracias a esta localización que establecemos por consiguiente los diferentes grupos de países cuyas especificaciones deben ser tomadas en cuenta para dar a los resultados obtenidos en las regresiones un alcance más general.

b) La segunda etapa de nuestro procedimiento consiste en examinar un modelo explicativo de la violencia a partir de una serie de regresiones econométricas. En esta etapa, se tratará de estimar las elasticidades que vinculan el logaritmo de la tasa de homicidios a las diferentes variables explicativas tomadas simultáneamente. La comparación de los valores y de los umbrales de significación de esos coeficientes estimados nos va a permitir identificar entre todos los factores introducidos en el modelo teórico aquellos que explican la evolución de los homicidios.

La técnica econométrica utilizada es la de mínimos cuadrados ordinarios en datos de panel. Luego de haber sometido a prueba un modelo teórico general que no toma en cuenta las especificidades de diferentes países, examinamos algunas variantes de ese modelo introduciendo efectos fijos para tal o tal grupo de países.

2. La violencia, aunque desigual, es muy importante

Las tasas de homicidio difieren según los países: muy elevadas en Colombia y en Bolivia, importantes en el Brasil, en Venezuela y en el Ecuador, medianas en el Uruguay y el Paraguay, débiles en Chile, Perú y Argentina. Con el fin de apreciar la importancia de esas tasas, hemos agregado los datos para Francia. Sólo Chile, Perú y Argentina, por lo menos en el comienzo del período tienen tasas próximas a las de Francia. La evolución de las tasas de homicidio es diferente según los países: aumentan considerablemente en la Argentina, permaneciendo aún relativamente débiles en Venezuela, pero disminuyen considerablemente en Bolivia. Aumentan más o menos ligeramente en los otros países.

3. Las enseñanzas del registro de correlaciones

Conforme a la lógica de nuestro procedimiento, partamos de este extracto del registro de correlación para discutir mecanismos económicos susceptibles de sostener una relación entre el logaritmo de la tasa de homicidio y las diferentes variables.

Este registro de correlación nos sugiere discutir los factores económicos de la siguiente manera:

3.1 El coeficiente de correlación entre la eficacia del sistema represivo (ESRC) y la violencia es negativo (-0,09). Ello sugiere que una mayor rapidez de parte de la administración encargada de interpelar y de juzgar a los criminales tiene un efecto disuasivo leve. Es el efecto "becker" basado en la racionalidad del criminal al que ya nos hemos referido.

3.2 La relación entre la rapidez del crecimiento[11] y violencia es positiva, pero cercana al cero. Este vínculo aparece como sorprendente a priori y se explica por el modo de crecimiento vigente en los años noventa. El crecimiento incide, en efecto, sobre otros factores identificados como determinantes de la violencia, especialmente cuando va acompañado por un aumento de las desigualdades. Se hace particularmente volátil cuando es mezquino en la creación de empleos formales, pero generoso en empleos informales (Salama, 2002 y Camara, 2001). Teniendo en cuenta las modalidades del crecimiento en América Latina durante los años noventa, el coeficiente de correlación sugiere un impacto positivo sobre el aumento de la violencia.

3.3 La relación entre la parte del 40 por ciento de los más pobres y la violencia, positiva, si bien poco elevada (0,11), es igualmente sorprendente. La interpretación de esta correlación positiva reposa probablemente sobre la constatación de que el primero, incluso el segundo decil, excluidos del crecimiento por estar localizados en los empleos informales de estricta supervivencia en razón de su endeble calificación, ve declinar relativamente su parte en provecho del cuarto decil, por ejemplo. Esta hipótesis parece corroborada por las tasas de criminalidad más importantes entre los pobres que aquellas concernientes al conjunto de la población. Como sea, se ven los límites del análisis económico y la necesidad de recurrir a explicaciones acudiendo a otras disciplinas, tal como lo haremos.

3.4 El coeficiente de correlación entre la parte del 40 por ciento de los más ricos y la violencia es de 0,17, más elevada que en el caso precedente. Ello sugiere que el aumento del ingreso en provecho de los más extremadamente ricos acentúa la violencia. Este resultado corresponde a lo que está globalmente destacado por diferentes estudios. En ese caso, las desigualdades continúan creciendo y esa situación está considerada como anormal por los que no se benefician del retorno del crecimiento luego de haber sufrido los efectos de la crisis. Una situación tal puede engendrar la violencia si los códigos de valor se encuentran debilitados por lo que aparece entonces como una injusticia insoportable.

3.5 La relación entre el indicador de desarrollo humano y la violencia es negativa (-0,16). Este indicador compuesto es razonable que mida de alguna manera la calidad de la vida. Su aumento debería ser el origen de un descenso de tensiones sociales y por consiguiente contribuir a disminuir la violencia. Lo que explica que se espere un coeficiente de correlación negativo.

3.6 La correlación entre el aumento del PIB por habitante y la violencia es negativa. Se trata de un resultado esperable: el mejoramiento del nivel de vida puede atenuar las frustraciones. La violencia, ligada a veces a la estricta supervivencia, declina. Pero la solidez de tal vínculo depende de la evolución concomitante de las desigualdades en la distribución del ingreso, así hemos visto que los primeros años de recuperación son acompañados por un efecto de "histéresis" debido al mantenimiento de las desigualdades acentuada por el desarrollo de la crisis.[12]

3.7 La relación entre la urbanización creciente de las sociedades latinoamericanas y la evolución de la violencia es positiva. Es un resultado esperable: ello traduce los efectos de la expansión de lo informal, del subempleo en las grandes ciudades, expansión debida al modo de crecimiento específico de esos años y cuyos efectos son tanto más elevados en cuanto aumenta la urbanización.[13] Más fundamentalmente, más allá de la especificidad ligada al modo de crecimiento, la urbanización se acompaña del debilitamiento de las solidaridades clánicas y familiares de modo que hacen más frágiles los códigos de valor.[14]

En fin, el vínculo entre tasa de escolarización en el secundario y homicidios aparece como fuerte y negativo. El coeficiente de (-0,41) sugiere que un aumento de la escolarización secundaria tiende a disminuir la violencia extrema. Menos marginalidad, mejor ingreso y un trabajo más interesante pueden disminuir las tensiones, las frustraciones y, por ende, la criminalidad. Esta relación, sin embargo no es lineal. En ciertos casos, más educación puede en un primer tiempo conducir a una acentuación de la violencia, sobre todo si no es acompañada de suficientes perspectivas. Pero en conjunto, la relación es clara y fuerte en el período y la muestra observados y permite entrever de qué modo los homicidios podrían evolucionar gracias a una política educativa ambiciosa para los niños de las capas de la población más desfavorecidas.

4. Los resultados de las pruebas son a veces sorprendentes

La revisión de los vínculos susceptibles de ser establecidos entre la violencia y las determinantes económicas nos conduce, en esta segunda etapa, a examinar una serie de variantes del modelo econométrico siguiente, en datos de panel sobre el período 1995-2000, para los diez países de América Latina.

Log(Hom) = aESRC+ bPPIN+ cPRIN +dIDH+ eLogPIBH+ fCrec+ gUrba+ hScolsec+ ut

Se estiman en un primer tiempo las dos especificaciones del modelo. Para prevenir los problemas de autocorrelación entre las variables vinculadas entre ellas por construcción como por ejemplo entre el PIB, la escolarización y el IDH en que las variables de distribución de ingreso (PPIN y PRIN), nuestras estimaciones son corregidas por el registro de White a fin de evitar las autocorrelaciones entre las variables.

(1) Log(Hom) = constante + aESRC + bPPIN+ cPRIN + dIDH + eLogPIBH + fCrec + gUrba + hScolsec + ut

(2) Log(Hom) = constante + bPPIN + cPRIN + dIDH + eLogPIBH + fCrec + gUrba + hScolsec + ut

Esta segunda variante del modelo elimina la eficacia de la represión, Los resultados son los siguientes:

Fuente: Estimaciones de los autores.

4.1 La evaluación del primer modelo permite identificar como determinantes de la violencia en América Latina a partir de la segunda mitad de los años 1990 cinco principales factores (en negrita)[15]: el ingreso por habitante, la urbanización, la escolarización, el aumento de la parte del 10 por ciento de los más ricos en el ingreso nacional así como la eficacia del sistema represivo. Como se observa en el cuadro, todos los coeficientes tienen el signo esperable, con excepción de la elasticidad de los homicidios y la eficacia del sistema represivo mucho más elevado. Aparecen entonces como fuentes de violencia:

-La urbanización creciente cuya elasticidad para los homicidios es elevada, positiva y significativa en un umbral de 1 por ciento. En efecto, una aceleración de un punto de tasa de urbanización se traduce en un aumento de la violencia de 15,6 por ciento. La migración del campo hacia las ciudades, producida por la mercantilización del territorio, conduce a los campesinos, víctimas de una monetarización, que no pueden aprovechar debido a una mayor competitividad, a buscar un empleo en las ciudades, caracterizada por un grado de monetarización más elevada que en el campo del que fueron excluidos. La solidaridad tiende a fisurarse y es suficiente que escaseando las posibilidades de empleo y multiplicándose las actividades informales de estricta supervivencia, la violencia tenga más posibilidad de desarrollarse.

-Una evolución de la distribución del ingreso que aparejaría una suba de la parte 10 por ciento los más ricos es posible que acentúe la violencia extrema en un 3,27 por ciento. Este resultado coincide con la idea según la cual una acentuación de las desigualdades explicaría la tendencia creciente de la violencia en América del Sur.

-Como tercer factor de acentuación de la violencia se posiciona la eficacia del sistema represivo. Según los datos de la estimación, una mejora de la tasa de resolución de las causas sobre homicidios de un punto se traduce por una suba de 16,40 por ciento.

Los efectos producidos por los tres factores precedentes pueden ser atenuados por el impacto de un crecimiento económico sostenido y por un mayor esfuerzo en el ámbito de la escolarización secundaria. En efecto, según las estimaciones del modelo (1) se observa que:

-Un aumento del crecimiento económico de un 1 por ciento se traduce por un descenso de los homicidios de un 2,57 por ciento. Este efecto permite sostener que una parte de la violencia en la región emana de las condiciones de vida difíciles. Una mejora de la suerte de los pobres reduce los homicidios relacionados antes con la expansión del segmento criminal de la economía.

-El segundo factor que contribuye a atenuar el crecimiento de la violencia extrema en América Latina está constituido por el alza de la tasa de escolarización secundaria. Según los resultados de la estimación, un alza de la tasa de escolarización secundaria de un punto en el ámbito de la región se traduce por una baja de homicidios del 3,15 por ciento.

4.2 La segunda variante de este primer modelo, caracterizada por la exclusión de la eficacia del sistema represivo como factor explicativo de la violencia, no cambia fundamentalmente la naturaleza de los resultados. En este modelo (2) aparecen como factores de acentuación de la violencia: la urbanización creciente, el alza de la parte del 40 por ciento de los más pobres y en una menor medida el alza de la parte del 10 por ciento de los más ricos. El hecho de que el alza del 40 por ciento de los más pobres de un punto se traduzca en un aumento de los homicidios en 0,11 por ciento puede parecer contradictorio con la idea según la cual una distribución del ingreso favorable a los más pobres pueda bajar la violencia. Como lo hemos destacado precedentemente, la relación ligeramente positiva puede explicarse por la acentuación de las desigualdades entre el primer y cuarto decil, paralela a la mejora de esa ratio: un reparto desigual del crecimiento del ingreso entre pobres es susceptible de aumentar la violencia. Esta idea es interesante si se combina el efecto de una desigualdad entre pobres al producido por la desigualdad entre pobres y ricos. En efecto, según los resultados de la estimación del modelo (2), el primer efecto supera al segundo en términos de grado de significación, aun si la elasticidad del alza de homicidios relacionada con la desigualdad en provecho de los más ricos (3,08) es más elevada que la de homicidios relacionada con el crecimiento de la parte del 40 por ciento de los más pobres. La idea es que la profundidad de la pobreza y las desigualdades entre pobres se posicionan como un elemento clave en la relación entre desigualdad y violencia.

4.3 Se podría fácilmente reprochar a nuestros resultados el no tener en cuenta la especificidad de ciertos países pues se trata de un de un aspecto importante susceptible de cambiar la naturaleza de los resultados.[16] Se tendrá en cuenta este aspecto y se estimará el modelo introduciendo efectos fijos. Estos últimos aprehenderán las especificidades de ciertos países.[17]

Basándonos en un cuadro completo del registro de correlaciones, identificamos tres grupos de países, lo que hace que teniéndolos en cuenta en las estimaciones permita corregir varios aspectos.

1) El grupo del Brasil y Chile tiene la característica de poseer las tasas de eficacia del sistema represivo más elevadas. Esos países se posicionan igualmente como dos economías dominantes y además el Brasil tiene la particularidad de ser muy desigual.

2) El segundo grupo comprende a la Argentina, Chile y Uruguay. Este grupo tiene la particularidad de poseer los indicadores de desarrollo humano y las tasas de escolarización secundaria más importantes de la zona.

3) El último grupo, formado por Bolivia y Colombia, es el que posee el nivel de violencia más elevado. Esos países tienen la particularidad de ser productores importantes de droga.

La consideración sucesiva de estas especificidades nos lleva a estimar tres tipos de especificaciones:

(3) Log(Hom) = aESRC + bPPIN + cPRIN + dIDH + e(LogPIBH) + fCrec + gUrba + hScolsec + kDUMBRA + nDUMCHIL + ut

(4) Log(Hom) = aESRC + bPPIN + cPRIN + dIDH + e(LogPIBH) + fCrec + gUrba + hScolsec + iDumarg + jDumchil + lDumurug + ut

(5) Log(Hom) = aESRC + bPPIN + cPRIN + dIDH + e(LogPIBH) + fCrec + gUrba + hScolsec + rDumbol + sDumcol + ut

Los resultados son presentados en los cuadros siguientes:

Fuente:Estimaciones de los autores.

En la especificación (3) en que se toma en cuenta las especificidades del Brasil y de Chile, tres factores aparecen como determinantes en la evolución de la violencia extrema en América del Sur: dos factores de acentuación: la distribución del ingreso (los 10 por ciento y los 40 por ciento) y una variable de atenuación: la tasa de escolarización secundaria. Una comparación entre las tres elasticidades de esas variables en los homicidios permite destacar que los efectos de amplificación de la violencia extrema provenientes de una distribución de los ingresos más desigual inciden sobre el efecto proveniente de un alza de la educación (0,19+5,52 contra ‑3,45). Teniendo en cuenta la especificidad del Brasil y Chile, el modelo (3) sugiere que en el resto de América Latina la distribución del ingreso se posiciona como factor determinante de la violencia.

Teniendo en cuenta las especificidades del segundo grupo de países, el modelo (4) permite identificar cuatro determinantes en la evolución de la violencia en América Latina, de los cuales dos la acentúan (la urbanización y el alza de la parte del 10 por ciento de los más ricos en el ingreso en una menor medida) y otros dos que la atenúan (la eficacia del sistema de represión y el crecimiento económico en menor medida). Neutralizando los efectos ligados a la educación y a la mejora del desarrollo humano, el modelo (4) permite destacar que en América Latina la urbanización sigue siendo un factor de aceleración de la violencia puesto que un alza de esta tasa en un punto contribuye a aumentar los homicidios de 7,40 por ciento a un umbral de significación de 1 por ciento. La eficacia del sistema represivo es también un determinante importante. Considerando la debilidad de la tasa de resolución de las causas de homicidio en la mayoría de los países (con excepción de Chile y Brasil), se comprende por qué la violencia sigue teniendo niveles aún muy elevados. Si nos atenemos a los resultados de la estimación del modelo (4), un alza de la tasa de resolución de las causas de homicidio de un punto debería traducirse en una baja de los homicidios del 16,6 por ciento. La conclusión que puede extraerse de ese modelo es la siguiente: una urbanización desarrollada en un contexto de relevante crecimiento que da al sistema judicial la posibilidad de funcionar bien da ocasión a hacer bajar la violencia extrema en América Latina. Sin embargo, como sabemos, parte de esta violencia está ligada directamente e indirectamente a la droga. Lo que nos lleva a estimar el modelo con la introducción de los efectos fijos para Bolivia y Colombia).

Fuente: Estimaciones de los autores.

Esta última estimación tiene en cuenta la especificidad de dos países en los cuales a su vez los niveles de violencia son elevados y la industria de la droga es importante. Permite identificar tres elementos como determinantes de la violencia: el alza de la parte del 40 por ciento de los más pobres en el ingreso y el crecimiento real por un lado y la escolarización secundaria por el otro. Como las tres elasticidades respectivas son significativas en el umbral del 1 por ciento, una comparación de sus valores es interesante: la elasticidad de la escolarización secundaria (-3,76) supera las elasticidades del crecimiento y de la parte del 40 por ciento de los más pobres en el ingreso cuya suma es 0,77. Lo que significa que aún en un contexto de crecimiento desigual, el esfuerzo en materia de educación secundaria y la erradicación del tráfico de droga pueden contribuir a una baja relativa de la violencia extrema en América Latina.

II. El análisis económico de las causas de la violencia puede ser reductivo

Como ya lo hemos destacado, la aproximación de la economía a la violencia está llena de enseñanzas, como acabamos de verlo, pero también está limitada y es a veces engañosa, porque para numerosos economistas y políticos es grande la tentación de atribuir exclusivamente la expansión de la violencia a causas económicas que convendría corregir o bien el resultado de una opción económica racional.

La mejora del nivel de vida, mejores condiciones de hábitat, una mayor movilidad social, etcétera, deberían llevar a más armonía entre la gente y los conflictos creados por la violencia deberían disminuir. La curva de la violencia no se compadece con la mejora de las condiciones materiales y aún en algunos casos, la mejora del nivel de vida en términos absolutos y sobre todo relativos del 10 por ciento de los más ricos, por ejemplo, puede llevar a una aumento de la violencia. La relación como hemos visto es más compleja y hay que desconfiar del determinismo económico. El acrecentamiento de la represión aumenta la probabilidad de ser aprehendido y se alteran las condiciones de la opción de cometer o no un acto delictivo. Pero se sabe que la prevención es necesaria. No llegaría a ser suficiente mientras se limite a aspectos estrictamente materiales (aumento de gastos públicos de justicia y policía); en ese caso, se trata igualmente de determinismo económico. Una prevención que no se limite sólo a los aspectos materiales, pero que trate también y sobre todo problemas de integración, y una represión más eficaz, pueden reducir, con el tiempo, la violencia. Sin duda, la sola represión tiene efectos positivos en ciertos casos, pero no se puede dejar de constatar que esta eficacia, lo más a menudo, se refiere más a la seguridad que a la inseguridad en sí misma. Dicho de otra manera, la eficacia es discutible: según algunos investigadores, no hay o hay poca correlación positiva entre la tasa de criminalidad y la tasa de encarcelamiento.[18] En ciertos casos límite[19], cuando la impunidad es desmesurada, ya sea por falta de fondos públicos en cantidad suficiente, ya sea por un nivel de corrupción tal que permita evitar la aplicación de la justicia, es eficaz pero de corta duración, si no se llega a los fundamentos del origen de la violencia. Sin embargo, hemos demostrado que la tasa de homicidios podía ceder si la eficacia de la represión aumentaba, pero que la relación era más débil y sobre todo no significativa para la muestra cuando se introducía un efecto fijo para Bolivia y Colombia, países marcados por una tasa de homicidios muy elevada y una eficacia particularmente débil de la represión. En realidad, detrás de esta insistencia para resolver la violencia sólo con la represión hay que considerar dos puntos. El primero es fortalecer el sentimiento de mayor seguridad, aun cuando la inseguridad permanezca al mismo nivel. Wacquant (1999) recuerda, por ejemplo que los blancos de Nueva York en un 58 por ciento elogian al alcalde por su intolerancia con el crimen y un 87 por ciento de ellos se consideran menos amenazados. Inversamente, el 72 por ciento de los negros "consideran a la policía como una fuerza hostil y violenta que representa para ellos un peligro". En 1995, en los Estados Unidos, en probabilidad acumulada en la duración de una vida, un negro tiene una posibilidad sobre cuatro de ir a prisión por un año, un latino una posibilidad sobre diez y un blanco una sobre veintitrés (op. cit., pág. 86). Se llega así al segundo punto más importante. Detrás de la política represiva aparece una filosofía que atribuye al Estado de bienestar la responsabilidad principal en el alza de la criminalización. Este Estado sería, en efecto, permisivo, desalentando el trabajo, el esfuerzo, justificando la violencia por la insuficiencia de los gastos sociales. Se trata entonces de culpabilizar al pobre[20] y de imponer una mutación del Estado de bienestar o "wellfare" al "workfare", obligando a los pobres a trabajar más que a esperar una ayuda social. Los pobres que no desearan trabajar y estuvieran tentados por la violencia para asegurar su supervivencia, ante la ausencia de ayuda social, deberían ser castigados y así se pasaría de una atrofia deliberada del Estado social a una hipertrofia admitida por un Estado penal. Se ve cómo este debate entre prevención y represión está lejos de ser algo neutro y que detrás de lo que puede aparecer como técnicas (más gastos sociales, más represión) hay un debate sobre la opción de sociedad. Este debate se da actualmente en América Latina no sólo a causa de la influencia del dominante pensamiento anglosajón a favor de la represión, sino también y sobre todo porque la violencia se acrecienta a veces considerablemente, visto que esas sociedades conocen poco, y fragmentariamente, el Estado benefactor.

"Los hombres hacen su historia en condiciones que no son libremente determinadas por ellos." Aplicada a la violencia, esta cita de Marx resume bien la imposibilidad de buscar exclusivamente las causas de la violencia en el nivel individual (aproximación llamada del individualismo metodológico) o en el nivel de la sociedad (aproximación llamada holística). De hecho, si la violencia es decidida por un individuo, su acción es muy a menudo el producto de fuerzas que no maneja. Sin embargo, esas fuerzas no lo aprisionan. El libre albedrío existe, aunque contenido por coacciones globales. No hay pues en la violencia determinismo económico, pero tampoco hay una libre elección. Ésta es la dificultad del sujeto. Es por ello que no se puede comprender esta violencia y su desencadenamiento si no se la inscribe en su historia y no se acude a otras disciplinas de las ciencias sociales tales como la antropología y la sociología.

Este estudio tiene por objeto analizar las causas de la variación de la violencia y no del nivel de la violencia. Sin embargo, no se pueden comprender las primeras, prescindiendo de las segundas. Los modos de propagación de las relaciones comerciales en los países subdesarrollados se realizaron en un espacio estrecho: pocos decenios, mientras que en las economías consideradas desarrolladas esta difusión llevó varios siglos. Esta difusión de las relaciones mercantiles se hizo con ayuda de la violencia, decuplicada cuando el hombre se volvió brutalmente mercancía, y fue más fuerte que rápida. Es lo que explica que las formas de dominación del capital hayan tomado modalidades particulares y la asalarización haya tomado aspectos específicos (importancia de los empleos informales, importancia de las antiguas formas paternalistas). La mercantilización de los nuevos territorios conquistados y hombres encerrados en otras tradiciones y valores se hizo y se hace según diferentes modalidades de "adaptación-rechazo" y de combinación conflictiva entre ambos. Esta difusión de las relaciones mercantiles no es semejante en todos esos países y sus efectos son por tanto diferentes según sean las poblaciones de origen importantes o no; depende de las riquezas que había y que hay para explotar. Depende sobre todo de las antiguas formas de organización de los hombres, de sus creencias y de las modalidades de su cohesión, de las tentativas de desestructurar las relaciones establecidas entre esos hombres y de reestructurarlas como relaciones mercantiles. La desintegración de las antiguas culturas del dominado, a veces la incapacidad de reestructurar los códigos, incluso destruidos por esta propagación, deja el campo más o menos libre al desencadenamiento de la violencia. Inversamente, la reestructuración de los códigos puede dar lugar a un conjunto de valores coherente, gracias a la fetichización de las relaciones sociales de producción consiguiente a la difusión de las relaciones mercantiles con miras a frenar el aumento de la violencia. No siendo la fetichización nunca completa en razón de la especificidad de los modos de propagación de las relaciones mercantiles, la violencia permanece latente. Es este caudal histórico, variable según los países, lo que constituye el terreno sobre el que actúan más o menos fuertemente, en un uno otro sentido, los diferentes factores que hemos estudiado. Además, la influencia de las variables económicas esconde a veces las verdaderas causas que inducen y que actúan de hecho sobre la evolución de la violencia. Hemos señalado en varias ocasiones que la acentuación de las desigualdades, por ejemplo, o bien la urbanización salvaje, podían llevar a una desintegración de los valores. Ello puede favorecer entonces la expansión de la violencia. No es tanto la urbanización la que conduce a una expansión de la violencia, sino la forma en que se da y el impacto que tiene sobre las solidaridades. Si el Estado, considerado en la crisis de los años ochenta o en la ofensiva neoliberal de los años noventa, reduce sus funciones (infraestructuras, escuelas, salud, etcétera) o las cumple menos que antes, controla menos la Nación. Entonces el territorio se hace poroso y es en esos bolsones -barrios en las ciudades, regiones en las provincias- donde el poder mafioso, pero también las guerrillas en algunos países, pueden ejercer un poder de hecho. El abandono del poder de jure del Estado sobre esos territorios y su incapacidad para mantener el orden, dejan la puerta abierta al desencadenamiento de la violencia, única manera de solucionar los conflictos y también, medio privilegiado para adquirir rentas, es decir, enriquecerse sin trabajar, ya que el trabajo falta o está menos protegido. La violencia no sigue, por lo tanto, el curso previsto y analizado por Norbert Elias (1969) para las sociedades occidentales

El contexto económico, social y político influye sobre los comportamientos, favoreciendo la expansión de la violencia cuando el Estado pierde su legitimidad en el ejercicio de su propia violencia, ya sea de manera estructural en razón de la difusión demasiado rápida de las relaciones comerciales, o bien de manera más coyuntural, de la institucionalización de un modo de desarrollo particularmente excluyente. Considerar, pues que la violencia es el producto de una opción "racional-comercial", independientemente de la evolución de ese contexto, es una interpretación limitada de la violencia. Una vez más, la disminución de la probabilidad de ser castigado puede influir sobre el grado de violencia, pero mientras la desintegración de los valores no se invierta, las causas estructurales de la violencia continuarán actuando. Se puede hacer una observación similar con el rápido aumento de las desigualdades: el nivel de pobreza no es tanto generador de violencia, sino la impresión de profunda injusticia, de una justicia sin recursos frente a un Estado sometido a las coacciones neoliberales que favorecen la exclusión que sufren los pobres. Inversamente, un esfuerzo en términos de educación actúa claramente a favor de una reducción de la violencia permitiendo una integración más pronunciada y limitando la marginalización.

Los pobres no son en sí una clase "peligrosa" por naturaleza (débil cociente intelectual), pero las políticas económicas de exclusión pueden sí convertirla en "peligrosa" como se vio precedentemente. Inversamente, una política de gastos sociales (educación, salud, subsidios diversos), lejos de favorecer el "parasitismo" o la "holgazanería" o de trabar el funcionamiento del mercado impidiéndole lograr un equilibrio, permitiría favorecer la movilidad social y sería un factor de integración constitutivo de nuevos códigos de valor que frenen el desencadenamiento de la violencia. Los niveles alcanzados por la violencia en América del Sur exigen pues un cambio drástico de la manera de concebir lo económico y sus relaciones con lo social.


Casos extremos de violencia banalizada

En los casos extremos, cuando los conflictos no logran resolverse y la violencia se autosustenta, cuando, por ejemplo, la industria de la droga llega a ser lucrativa para los narcotraficantes, los paramilitares y, a veces, para segmentos de las fuerzas armadas, en momentos en que esta industria llega a gangrenar al Estado desde su interior, la violencia adquiere entonces aspectos que la acercan a lo que los antropólogos analizan en los países menos avanzados, en que los dirigentes de los protoestados patrimonialistas disputan la renta a los grupos armados.[21] La violencia, así liberada, generalizada "no se reduce ni a una guerra política ni a un conflicto social... sólo un escaso porcentaje puede ser directamente imputado a causas políticas o a la acción de grupos organizados de narcotraficantes, estando los mayores porcentajes relacionados con ajustes de cuentas o disputas de rutina" (Pécaut, 1994, cursivas nuestras). Esta violencia, despolitizada, banalizada, generalizada, en la cual el Estado no tiene más el monopolio de la violencia legítima[22] se metamorfosea en terror según D. Pécaut[23]. Cuando un país llega a este tipo de situación extrema es cuanto menos reductivo limitarse a considerar los aspectos económicos.


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* Artículo enviado especialmente por los autores. Traducción del francés: Myriam Pittaluga. Revisión: Carlos Cuéllar y Andrés Méndez. Por razones de espacio se han suprimido un gráfico y un cuadro anexo, cuya falta no altera a la comprensión del texto. Los lectores especializados que deseen acceder a los elementos omitidos pueden solicitarlos por correo electrónico.

[1] El análisis del caso colombiano es particularmente instructivo: pobreza importante, consiguientes desigualdades, narcotráfico y tasa de homicidios extremadamente elevada. El estudio de Sarmiento (1999) demuestra que no hay relación entre la pobreza y los homicidios. La variable explicativa pertinente sería el aumento de las desigualdades. Según Sánchez Torres y Núñez Méndez (2001) que analizan el período 1991-1998 a partir de una muestra de 769 municipios, la pobreza tiene un ligero efecto sobre la tasa de homicidios (‑0,02) pero el coeficiente no es significativo, siendo que las variables más importantes están relacionadas con el narcotráfico y con la guerrilla, y aquellas más directamente económicas como las desigualdades en términos de patrimonio y de ineficacia de la lucha contra el narcotráfico. Según esos economistas, la relación pobreza-homicidio, de hecho, no sería lineal, de tipo U invertida: la tasa de homicidio crece a medida que la pobreza aumenta, hasta cierto umbral de pobreza. Más allá, la tasa de homicidios disminuye mientras la pobreza continúa creciendo.

[2] El ejemplo de la Argentina es relevante. La violencia creció notoriamente entre 1996 y 2000. En el momento de la crisis de 1995, la pobreza aumenta significativamente y pasa al 24,8 por ciento de la población. Dos años más tarde, cuando la recuperación es más intensa (después de más de un año), la pobreza continúa creciendo y llega al 26,3 por ciento de la población. La recesión retorna en 1999 y luego del estallido de la crisis a finales de 2001 la pobreza abarca en 2003 a más del 50 por ciento de la población.

[3] La referencia a la cultura no es muy frecuente entre los economistas, acostumbrados a razonar en términos de arbitraje en la hipótesis de una supuesta racionalidad de los individuos tomados uno a no (individualismo metodológico), basada en maximización de beneficios-minimización de costos. La cultura es, a menudo, "recuperada" cuando se busca encerrar lo no económico en lo económico a partir de esta hipótesis particular de la racionalidad de los agentes, pero entonces pierde su poder explicativo: recuperada y, de algún modo, esterilizada. Sin embargo, la cultura está, a veces, presente entre los economistas cuando se refiere a las normas aceptadas y rechazadas. En el caso de los neoinstitucionalistas como North, por ejemplo, la violencia acrecentada podría ser interpretada como la manifestación de la imposibilidad de los actores de establecer acuerdos en el encuadre institucional existente, en un momento dado. La violencia llegaría a ser legítima para resolver los conflictos y lograr los objetivos de enriquecimiento buscados. Esta legitimidad explicaría entonces el efecto de contagio observado.

[4] A medida que el porcentaje de homicidios baja en las grandes ciudades (en 1991 en Medellín, 1994 en Santafé de Bogotá y en 1993 en Cali) algunos años antes del aumento de la tasa de captura... La comparación entre los gastos públicos afectados a la seguridad, la defensa y la justicia, y la evolución de la tasa de homicidios muestra que hubo una ruptura importante en la primera mitad de los años setenta, del orden de la mitad en porcentaje del PIB (del 4 al 2 por ciento), sin que haya habido en esa época un alza importante de la violencia (Esteban Posada y González, 2001, pág. 134). Ésta aumenta muy sensiblemente en la segunda mitad de los años ochenta, período caracterizado por la "bonanza" de la cocaína sin duda, y de estabilidad relativa de los gastos de seguridad, en una cifra, sin embargo, superior al 50 por ciento de la del período entre 1975 y 1983. Es exacto también que el aumento de esos gastos a partir de 1992 (en 1998 esa suba alcanzó el 4,6 por ciento del PIB) es paralelo a la caída de la tasa de homicidios en las grandes ciudades.

[5] La violencia constituye un factor que es, a priori, difícil de cuantificar. En efecto, si es posible dar cifras de una parte de esta violencia a través de estadísticas publicadas por las autoridades policiales o judiciales de diferentes países, otra parte -y de lejos la menos marginal- sigue siendo difícil de evaluar pues las declaraciones dependen de la confianza que se pueda tener respecto de la policía y de la justicia, lo cual no es, en general, muy elevada en América del Sur. Otro problema que suscita la cuantificación de este fenómeno emana de la existencia de los varios grados de violencia. Esos diferentes grados, que van desde los homicidios voluntarios a los delitos en materia de drogas, pasando por los abusos sexuales, los golpes, las heridas, los asaltos a mano armada, las estafas e infracciones en materia de falsificación de moneda, por ejemplo, plantean dificultades en cuanto a la clasificación de los actos violentos. Para resolver esta dificultad en las diferencias de calificación o de percepción de un mismo acto, hemos optado por tener en cuenta sólo los homicidios voluntarios. En la clasificación internacional de la mortalidad elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera homicidio voluntario a toda muerte provocada por la acción deliberada de otra persona. Esta definición permite excluir las muertes causadas por accidente, por error médico, por las guerras civiles y los suicidios. El margen de error existe, pero es débil. Esta estadística es pertinente para medir la amplitud de la violencia en la medida que corresponde al grado más extremo. Para los otros tipos de violencia, las encuestas de victimización son más débiles que las declaraciones ante la policía, pero por definición excluyen a los homicidios.

[6] Cuarenta y cinco países, desarrollados o no, forman parte del muestreo y del período considerado que va de 1970 a 1994. El estimador GMM (método generalizado de los momentos) aplicado a los modelos dinámicos de panel de los datos es el utilizado.

[7] Véase, respectivamente: www.odccp.org; www.interpol.int, y www.conjunturacriminal.com.br.

[8] Como lo hemos señalado, estos dos indicadores nos parecen más pertinentes que el coeficiente de Gini. Por otra parte, el 40 por ciento de la población más pobre corresponde más o menos a la amplitud de la pobreza, pero aquí se trata sobre todo de un indicador de distribución de los ingresos.

[9] Recordemos que el indicador de desarrollo humano está constituido a partir de cuatro elementos: la esperanza de vida al nacer, la alfabetización de los adultos, la tasa bruta de escolarización combinada y el PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo.

[10] La variable toma el valor 1 para ese país y 0 para todos los otros. Este efecto es capaz de captar todo lo que el modelo especificado no toma en cuenta para explicar bien el fenómeno que se ha elegido para estudiar.

[11] Recordemos que examinamos la variación de la tasa de crecimiento, por ello esta expresión.

[12] Este fenómeno de "histéresis" se explica esencialmente por la acentuación de las desigualdades en momentos de crisis, cuyo efectos se ven más desmultiplicados que en los países desarrollados, debido a la débil protección social de la mayor parte de la población. Los servicios públicos, de los cuales la escuela y la salud sufren particularmente reducciones de gastos decididas en la búsqueda de un equilibrio presupuestario. La duración media de escolaridad baja y su calidad disminuye. Los niños pobres frecuentan menos asiduamente la escuela y trabajan más. La búsqueda de actividades de supervivencia a corto plazo, necesaria por la crisis, la calidad y la duración de la escolaridad más debilitadas, la protección sanitaria reducida, la nutrición cada vez más insuficiente, disminuyen, en ciertos casos, de manera irreversible, la capacidad de salir de la pobreza una vez que la recuperación económica llega (Salama, 2002).

[13] La violencia extrema parece posicionarse como uno de los mecanismos de regulación en las redes ligadas al tráfico de droga, especialmente para imponer la ley del silencio (Camara y Tchapga, 2000).

[14] Se observa un fenómeno parecido en las sociedades en que los códigos de valor obtenían su solidez de la fuerte presencia de la religión. Con la urbanización la religión pierde su capacidad de mantener los códigos de valor, que no constituyen más un factor de estabilidad en ciertas sociedades en las que pesa mucho sobre las conductas. Discutida la religión, impugnada la secularización de lo religioso y un regreso a valores tradicionales, la religión oficial enfrenta una expansión de la violencia "en nombre de Dios" por grupos neofundamentalistas que se basan en la pérdida de categoría social experimentada por una fracción más o menos importante de la población (O. Roy, 2002). La evolución de la demografía, de la educación, pero también de las estructuras de la familia frente a la modernización y a la urbanización (E. Todd, 2002) pueden conducir a una liberación de la violencia. Una violencia que no tiene necesariamente un objeto político, como veremos, aunque pueda surgir de una reconsideración de la legitimación "no mercantilista" de los gobiernos.

[15] Tradicionalmente, la comparación entre la estadística de student estimada y la que figura en las tablas usuales permite determinar los umbrales de significación. El programa Eviews que utilizamos nos da directamente esos umbrales. Es por ello que hemos reemplazado todos los umbrales superiores a 10 por ciento por NS (no significativo).

[16] Recordemos que es la crítica que hemos hecho a los exámenes de Fajnzylber y Alli (2001, 2002).

[17] Demos un ejemplo, para ser más claros: si un país conoce desigualdades de ingreso muy importantes, su presencia influye mucho en los resultados obtenidos por el análisis de la muestra. Aplicar un efecto fijo en ese país permite analizar mejor para apreciar el efecto de las desigualdades de los otros países sobre la violencia.

[18] Recordemos que esa es de 648 cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos en 1997 y de 90 en Francia para el conjunto de los actos delictivos. La dureza de las penas explica lo esencial de la distancia entre las tasas de encarcelamientos. L. Wacqant (1999), sobre la base de numerosas encuestas científicas realizadas en los Estados unidos, señala que el éxito de la política de tolerancia cero realizada en Nueva York es débil si lo compara con otras experiencias realizadas en los Estados Unidos. En San Diego, por ejemplo, la política de lucha contra la delincuencia se realizó a partir del establecimiento de una policía llamada de proximidad. Entre 1993 y 1996 la baja de la criminalidad ha sido idéntica a la de Nueva York con un costo más bajo y con encarcelamientos menos numerosos (el número de arrestos baja un 15 por ciento mientras que aumenta un 24 por ciento en Nueva York)

[19] Recordemos que la probabilidad de ser arrestado y de ser sometido a un proceso es sólo de un 11 por ciento en Colombia a finales de los noventa y que en los Estados Unidos es de un 65 por ciento (Martínez Ortiz, 2001).

[20] Según R. Herrntein, psicólogo en Harvard y autor de un exitoso libro (The Bell Curve), la criminalidad es el producto de una depravación mental y moral que se encuentra sobre todo en los que no están beneficiados por un cociente intelectual elevado, es decir, principalmente los pobres. No sirve, entonces para nada reducir las desigualdades "basadas en la naturaleza" por políticas sociales. Para comentarios profundizados, ver Wacquant (1999), Laurant Mucchielli y Philippe Robert (2002).

[21] Como escribe M. Adam (2002) "Cuando las guerras oponen a grupos étnicos, hay que señalar que estos últimos no buscan el reconocimiento de una identidad colectiva que les habría sido denegada. Sus objetivos no son la autonomía territorial y la fragmentación del Estado. [...] Basándose en una imagen del Estado que es la de una máquina para succionar los recursos ajenos, ambicionan a través del acaparamiento egoísta del poder el control de los mismos recursos [...] El principio de funcionamiento de los estados africanos es así el de una rivalidad étnica que conduce a una lógica de guerra intestina" (pág. 9).

[22] Se encuentra en Elias esta relación inversa entre monopolio de la violencia por el Estado y la violencia individual: "Ahora bien, la estabilidad particular de los mecanismos de autocontracción psíquica... está estrechamente ligada a la monopolización de la contracción psíquica y a la solidez creciente de los órganos sociales centrales" (pág. 188).

[23] El pasaje al terror corresponde a un momento en el cual sus protagonistas recurren a medios que apuntan a romper los lazos sociales que definían la particularidad de ciertos sectores de población, sectores que se encuentran desde ahora sometidos a una influencia contra la cual no pueden apelar a ningún tercero, a ninguna institucionalidad reconocida" (Pécaut, 1998).