Argentina renegocia deuda externa mientras enfrenta la pandemia del coronavirus


Por Julio Gambina

Entrevista de Fernanda Paixão

Gobierno sigue en negociación con acreedores; movimientos sociales reivindican la suspensión del pago de la deuda

El contexto de la pandemia del nuevo coronavirus amplió el debate sobre la deuda externa en Argentina. Organizaciones sociales se reunieron a principios de este año para exigir la suspensión del pago y una auditoría sobre la legalidad de la deuda. El país está en riesgo de entrar en default – cuando un país deja de pagar su deuda – y, en consecuencia, de ser llevado a juicio en tribunales internacionales.

El gobierno del presidente Alberto Fernández, que asumió en diciembre de 2019, intenta negociar con sus acreedores. Ya vencieron diversas fechas de pago de los intereses mientras las partes intentan entrar en acuerdo.

En las últimas semanas, la propuesta presentada por el Ministerio de la Economía volvió a ser rechazada por el grupo de los tres mayores detentores de títulos de la deuda argentina, que concentran 40% del valor total. A pesar de ello, hay una disposición a seguir negociando y la próxima fecha estipulada para firmar un acuerdo entre el governo e investidores es el 12 de junio.

La propuesta original del gobierno prevé que la deuda dejaría de ser paga en los tres primeros años, entre 2020 y 2022, y, a partir del 2023, pasaría a ser paga en una tasa media de 0,5%.

Esta propuesta quitaría alrededor de 5% de la deuda, reduciría los intereses y aliviaría de manera considerable la necesidad de recursos en corto y mediano plazos. La reestructuración fue vista positivamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, recientemente, por el presidente francés, Emmanuel Macron, que manifestó apoyo a las propuestas argentinas frente al FMI y al Club de París.

Herencia neoliberal

El destino político y social del país entra en tensión mientras se desarrollan las negociaciones y se agrava la crisis social. El desaceleramiento económico en consecuencia de la pandemia se suma a los resultados de las políticas de los últimos cuatro años, cuando el país estuvo bajo el comando de Cambiemos, partido del expresidente Mauricio Macri. Es lo que apunta el economista argentino Julio Gambina.

“El endeudamiento público de Argentina es un tema muy preocupante, que viene desde la dictadura militar, y que se fue agudizando con el tiempo, especialmente durante la gestión de Mauricio Macri”, afirma. “La deuda pasó de representar poco más del 50% del PIB para 90%. La deuda pública externa equivale prácticamente a la producción de bienes y servicios de un año del país. Estamos hablando US$ 323 mil millones. Es una hipoteca imposible de pagar”, afirma.

De hecho, en la última auditoría del FMI, la deuda fue clasificada como insostenible por el propio organismo. El economista explica que, de los US$ 323 mil millones, 20% corresponden a deudas con fondos financieros externos, que administran invertidores extranjeros que poseen títulos de la deuda pública argentina. Ese porcentaje equivale a US$ 66 mil millones.

Por otro lado, el país tiene una deuda similar con organismos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. De todos ellos, el más importante es el FMI, por el préstamo de US$ 44,5 mil millones, otorgado en 2018, durante el gobierno Macri.

 

Estamos hablando de US$ 323 mil millones. Es una hipoteca imposible de pagar

“Argentina no puede pagar ni a los acreedores ni al FMI”, continúa Gambina. "El presidente Fernández dice que el país está en default virtual. Lo que se discute ahora, a principios de junio, es si ese default virtual se convertirá en un default real”, dice.

La vida antes de la economía

Si por un lado el gobierno actual se posiciona a atender a las necesidades sociales antes de pagar a la deuda, pautando, de esta manera, su propuesta de negociación con los acreedores, por otro, hay un gran cuestionamiento sobre la posición favorable al pago. Esto sin mencionar la campaña de la oposición que, enmascarando sus intereses de discurso moral, vocifera que “las deudas se pagan”.

Sin embargo, procesos semejantes de endeudamiento con tales organismos muestran históricamente como esos países son subordinados a la lógica del movimiento internacional de capitales y a las decisiones que se toman fuera de ellos.

En las propias palabras de Alberto Fernández, la vida viene antes de la economía, frase emblemática que configura su postura política frente a la crisis sanitária del coronavírus. En ese contexto, el presidente también ganó mayor popularidad ya en el inicio de su gobierno, período marcado por la pandemia y por el notable contraste del control del número de contagios en relación a otros países que no adoptaron el aislamiento social desde los primeros casos confirmados de covid-19.

Aunque Fernández contrarie la reivindicación de parte de la población, el gobierno se posiciona favorable al pago de su deuda, pero retomando la idea de que eso no debe significar “dejar las necesidades del pueblo en segundo plano”.

“Pagar esa deuda, sus vencimientos y los intereses, implica dejar de atender a una serie de necesidades de nuestra población”, afirma el integrante del Frente Patria Grande y del ALBA Movimientos Manuel Bertoldi. “Nosotros, de los movimientos populares, vemos como acertada la posición del gobierno de priorizar la vida antes de las ganancias. Sin embargo, debemos ser conscientes que, hoy, Argentina tiene más del 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza”, afirma.

“Si no es posible llegar a un buen acuerdo en función de los intereses de los sectores populares como prioridad por parte del Estado, es preferible no acordar”, defiende.

 

Pagar esa deuda, sus vencimientos y los juros que implica, significa dejar de atender a una serie de necesidades de nuestra población.

En ese sentido, movimientos sociales piden que el pago de la deuda sea suspendido y destacan el hecho de la deuda ser “odiosa”, o sea, que no es sinónimo de inversión en los intereses de la población ni en garantías de derechos sociales.

La agenda defendida por los movimientos populares en Argentina incluye una propuesta de aumento del salario social complementar, de actualmente 8.500 pesos argentinos (alrededor de US$ 123), y de implementar una agenda de tierra y techo para garantizar condiciones de vida digna en los sectores rurales y urbanos. “Estamos presionando el gobierno para llevar adelante esa agenda”, dice Bertoldi.

Un futuro posible

Mientras Argentina debate la mejor forma de atender a las necesidades de la población, Brasil discute sobre la posibilidad de contraer préstamos en moneda extranjera. Así como el proceso de endeudamiento y sus graves consecuencias sociales en Argentina sirve de lección para los países vecinos, se abre el espacio también para contemplar nuevos horizontes, otras alternativas que no las presentadas como únicas medidas de solución en gobiernos neoliberales, como el ministro de la economía Paulo Guedes busca también para Brasil.

En reciente conferencia con integrantes de las organizaciones que firman la autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda argentina, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó los principales puntos de la reivindicación: “Exigimos una auditoría para determinar qué es y lo que no es legítimo de esta deuda, y si no vamos terminar en los mismos lugares. Porque son mecanismos de dominación. No somos países pobres, somos países empobrecidos”.

Citando Eduardo Galeano, que decía que “mientras más pagamos, más debemos y menos tenemos”, Pérez Esquivel lanzó la interrogante: “¿Qué haremos? ¿Volveremos a los mismos lugares?”

 

Mientras más pagamos, más debemos y menos tenemos.

Esa pregunta parece revelar una llave para reflexiones que, en el contexto de crisis sanitaria y social actual, están tomando nuevo cuerpo. “Por suerte, la deuda externa no es un tema ajeno a las grandes mayorías populares”, señala Bertoldi. “Eso permite generar un debate amplio y colectivo, y elevar los niveles de consciencia que son fundamentales para pensar el país que queremos, en una sociedad que, como parte de la América Latina, es profundamente desigual”.

Según el economista Julio Gambina, quitar el flagelo del endeudamiento remite a un modelo de integración económico y productivo. Más allá de pensar en instrumentos para una nueva arquitectura financiera en la región – entre proyectos ya discutidos, como la idea de fondos de financiamiento regional –, la integración productiva de América Latina podría atender no solamente a la región, pero resolver, inclusive, el problema del hambre en el mundo; y, también en materia energética.

“El endeudamiento es la solución presentada por las corporaciones transnacionales. Pero la solución debe ser la soberanía de nuestros pueblos y la lucha articulada que recree el internacionalismo popular necesario para plantear un proyecto autónomo de independencia que atienda a las necesidades de nuestras poblaciones”, afirma.

Gambina agrega: “Tenemos la tecnología, la experiencia y la capacidad humana de producción de trabajadores, campesinos, productores, intelectuales, profesionales vinculados a áreas inmensas que permitirían resolver el problema de alimentación no solo de nuestros territorios, si no generar una excelente producción alimentaria para combatir el hambre en el mundo. Nuestra América tiene una riqueza en bienes comunes inmensa: agua, tierra, minerales, biodiversidad. Podemos pensar un proyecto productivo que ponga en primer lugar la satisfacción de las necesidades del pueblo y del medio ambiente, y no destruir la naturaleza como lo hace, hoy, el modelo productivo del capitalismo”.

Edición: Vivian Fernandes

Publicado por Brasil de Fato