Ante las declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández: No damos vuelta la página

A pocas semanas de conmemorarse en Argentina el 44 aniversario del golpe genocida de 1976, volvemos a poner en palabras nuestro más enérgico repudio a cualquier intento de actitud reconciliatoria con las fuerzas represivas.

En un acto realizado en el día de ayer en las instalaciones del CAECOPAZ (Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz) ubicado en Campo de Mayo, el presidente Alberto Fernández dio la bienvenida a los nuevos jefes y manifestó su «alegría por el hecho de que hoy todos los oficiales y suboficiales son hombres de la democracia, egresaron de sus escuelas en democracia y esto amerita que de una vez por todas demos vuelta la página y celebremos”.

La profundidad del daño que generan estas declaraciones es abrumante para quienes seguimos sosteniendo tras décadas la lucha por memoria, verdad y justicia y la reivindicación de nuestrxs 30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs.

¿Con qué cara se puede decir a una familia que aún continúa buscando los restos de sus seres queridxs y algún mísero dato sobre dónde permaneció secuestradx y desaparecidx, que dé vuelta la página?

¿Con qué mirada se sostiene la vista hacia un abuelo o abuela, muy ancianxs, que dé vuelta la página cuando sigue buscando a su nietx apropiadx? ¿Y a un tío, una tía, un hermano, una hermana, que busca a su sobrinx o a su hermanx?

Con qué valores éticos y políticos se le dice a un pueblo entero que durante años dio -y sigue dando- con todas sus fuerzas una batalla por la memoria social, por los juicios a los genocidas, por la reconstrucción de las historias de lxs 30.000, que hay que dar vuelta la página, cuando hemos vivido como pueblo las más crudas represiones en dictadura y en democracia, y cuando sabemos ya comprobadamente que las formas de vigilar y castigar se transmiten de generación en generación dentro de las escuelas de las fuerzas represivas.

El terrorismo de Estado fue un plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y muerte de personas, como así también la apropiación de niños. Ese plan fue llevado adelante a través de la represión clandestina organizada en cientos de campos de concentración a lo largo y ancho de la Argentina. Ese plan fue instrumentado no por «algunos» sino por el conjunto de las Fuerzas Armadas y el resto de las fuerzas represivas, con la participación de empresas, la Iglesia y otras instituciones. Todo desarrollado de manera planificada y sistemática. La madeja de impunidad y complicidades no ha sido desmantelada a lo largo de todos estos años. Aún no tenemos respuesta sobre qué pasó con todos y cada uno de lxs 30.000 desaparecidxs. Existen centenares de jóvenes que fueron apropiadxs y aún no conocen su identidad. Los culpables no han sido identificados ni juzgados en su totalidad, continuando la «carga de la prueba» sobre las espaldas de lxs sobrevivientes y el pueblo argentino que ha develado tantas evidencias y continúa denunciando a los genocidas y sus cómplices; mientras al mismo tiempo la justicia otorga domiciliarias a los condenados, dicta sentencias con penas irrisorias para luego dejarlos en libertad y dilata de manera interminable el comienzo de juicios para que los culpables mueran en la impunidad.

Por todo eso no podemos dar vuelta la página. Pero también porque sabemos que los genocidas siguieron enseñando a torturar, a desaparecer, a violar, a asesinar, en «sus escuelas en democracia». Prueba de ello son los desaparecidos y asesinados de La Tablada, los compañerxs reprimidxs y asesinadxs en los cortes de ruta en los 90, Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Julio López, Carlos Fuentealba, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, las pibas desaparecidas y asesinadas por las redes de trata, lxs pibes torturadxs en cárceles y comisarías, entre tantxs violentadxs por las «fuerzas de seguridad de la democracia». Por todo eso no podemos dar vuelta la página.

A 44 años del golpe genocida seguimos exigiendo:

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS

APERTURA DE LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA

RESTITUCIÓN DE TODAS LAS y LOS JÓVENES APROPIADOS

NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS-NO NOS RECONCILIAMOS

¡30.000 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDOS Y DETENIDAS DESAPARECIDOS PRESENTES!

ASOCIACIÓN de EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS

 

Ni olvido ni perdón ni reconciliación

“Quiero darles la bienvenida a los nuevos jefes y manifestar mi alegría por el hecho de que hoy todos los oficiales y suboficiales son hombres de la democracia, egresaron de sus escuelas en democracia y esto amerita que de una vez por todas demos vuelta la página y celebremos”, dijo el presidente Alberto Fernández en un acto en Campo de Mayo, flanqueado por las cúpulas saliente y entrante de las fuerzas armadas.

La frase, inequívocamente encuadrada en la política de reconciliación popular con las FFAA, parte de una premisa falsa, la de pretender que un uniformado, por haber sido reclutado y formado durante un gobierno constitucional, no será un represor.

Así como hace cuatro décadas los organismos de Derechos Humanos que conservan su independencia del Estado repudian esa lógica, como organización antirrepresiva CORREPI ha señalado, casi por el mismo tiempo, que es igual de falaz la subsecuente afirmación de que, del mismo modo, la represión en democracia sería consecuencia de la existencia de “bolsones de autoritarismo” al interior de las fuerzas de seguridad, “herencia” de la dictadura.

En febrero de 1996, fue el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, confrontado por una serie de episodios represivos de marcada trascendencia pública, quien elaboró en igual sentido y, para despegar su conducción política de toda responsabilidad, dijo aquello de que “existe un vínculo entre estos hechos y los resabios de la última dictadura militar en el seno de la policía de la Provincia de Buenos Aires”.

CORREPI le respondió con ejemplos concretos, que ya entonces mostraban que la mayoría de los autores de fusilamientos de gatillo fácil y torturas eran personas reclutadas y formadas –incluso nacidas- con posterioridad al fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. En 2020, la evidencia que surge del abrumador número de hechos semejantes, que llegaron en los pasados cuatro años a representar una muerte a manos de las fuerzas de seguridad estatales cada 19 horas, nos exime de enumerar caso tras caso, sin perjuicio de que todos pueden ser consultados en nuestro Archivo 2019.

Otro dato histórico devela que la represión en democracia no es simple derivación del terrorismo de estado. Fueron los policías, como el comisario Ernesto Frimón Weber, alias “el maestro” o “220”, quienes enseñaron a usar la picana y otros métodos de tortura a los marinos en la ESMA o a los militares en otros CCD. Basta consultar los textos de más de 60 años de antigüedad de Rodolfo Walsh sobre el gatillo fácil y las muertes y torturas en lugares de detención para comprender que no fue la dictadura la que parió la represión en democracia, sino que son formas distintas de reprimir según las necesidades del poder en cada etapa.

A 44 años del golpe y 37 de la restauración institucional, el argumento hace todavía más agua. La idea de “los remanentes” permite presentar el gatillo fácil o las torturas como un resabio de la dictadura, que la democracia no ha sabido resolver, y se despega de la responsabilidad directa, como autor de una política de estado, al gobierno de turno. Planteado así el problema, sólo se trataría de fortalecer las instituciones, los mecanismos democráticos de participación ciudadana y los dispositivos de control. La realidad represiva de las pasadas tres décadas y media ratifica el fracaso de esa posición, y muestra que no es posible “dar vuelta la página” mientras subsistan los mecanismos estatales de opresión y represión.

Ni olvido ni perdón ni reconciliación.

Ni con los milicos de ayer ni con los policías, prefectos, gendarmes y servicios penitenciarios de hoy.

Juicio, castigo y cárcel efectiva a los represores de ayer y de hoy

CORREPI (Comisión nacional contra la represión policial e institucional)