El ultra-liberalismo y la democracia en Brasil


Por Rosa Maria Marques

Presentación
Este artículo tiene cuatro objetivos: primero, el de destacar aquellos factores relevantes que determinaron el ascenso de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República del Brasil y que todavía sostienen su actual base de apoyo; segundo, caracterizar políticamente su gobierno; tercero, describir su política económica y su visión del Estado; y, finalmente, analizar el proceso de resistencia en curso, considerando tanto las acciones de los movimientos sociales como la utilización de la institucionalidad y de la legislación todavía vigente. Asimismo, este artículo se justifica en relación a lo perentorio de comprender el proceso que se vive actualmente en el país. Sin esta comprensión no se puede avanzar en el combate a la situación que se instaló en Brasil.

En la primera parte se intenta destacar que, más allá del proceso de desmovilización de los movimientos sociales y sindicales ocurridos durante los gobiernos de Lula Da Silva y de Dilma Rousseff[2], amplios segmentos de la sociedad no se dinamizaron durante el lapso que le siguió a la dictadura militar, al no asumir y defender los valores asociados a una sociedad más democrática y que tenga como foco la disminución de la pobreza. Asimismo, estos sectores percibieron que sus propios valores y las políticas de gobierno representaban una amenaza que colocaba en jaque las bases de la familia tradicional y que les empobrecía en términos relativos.

En la segunda parte, se discute si - al actual gobierno - es suficiente tratarlo solamente como un gobierno de ultraderecha o si, para su comprensión, es importante distinguir el gobierno de la figura del presidente siendo, este último, un proto-fascista. Se analiza así su política económica, enfatizando su carácter dual: de continuidad y de profundización de lo que ya se había iniciado con el proceso de destitución de Dilma Rousseff durante el gobierno de Michel Temer. Esa política, que se fundamenta en el principio de la plena libertad económica para que se produzca la acción del capital ha provocado, entre otros efectos, un aumento substantivo en la precarización del mercado de trabajo; la desestructuración de las empresas y/o autarquías estatales que todavía persisten; el aniquilamiento de las políticas sociales, de los derechos humanos y ambientales que se instalaron y se desenvolvieron durante los años que le siguieron al final de la dictadura militar; así como han producido una completa sumisión al gran capital financiero internacional. Asimismo, en la segunda parte se analiza, desde el punto de vista de su alcance y efectividad, el proceso de resistencia a las políticas y a las acciones del gobierno Bolsonaro realizado por los movimientos sociales y sindicales en las calles así como las representaciones y las demandas en el campo del derecho encaminadas por instituciones, grupos de personas o por parlamentarios.

Entre las conclusiones del texto se destaca, en el campo político, la necesidad de la implementación de un frente de lucha permanente que reúna a todos aquellos comprometidos con la defensa de los principios democráticos más elementales, de los valores humanos y del medio ambiente. Esta necesidad se sucede de otra conclusión: la de que la continuidad del gobierno Bolsonaro constituye la institucionalización de la barbarie en todos los campos de la vida social y económica del país.

1 - Motivos de la elección de Jair Bolsonaro[3]

La elección de Bolsonaro  - ex capitán del ejército -, en octubre de 2018 y con el 55,13% de los votos válidos en el segundo turno, fue la culminación de un extenso proceso. Para ello se combinaron varios factores. Destacaremos aquí apenas algunos de ellos, especialmente los que no fueron objeto de análisis de la denominada izquierda radical y que están situados más en el campo de la moral y de los valores[4]. No tenemos por objetivo, por lo tanto, analizar el conjunto de factores que contribuyeron a este resultado.

En primer lugar, debemos destacar el hecho de que el ascenso del Partido de los Trabajadores (PT) a la presidencia de la República jamás fue, en ningún momento, plenamente aceptado por las clases dominantes y por los sectores más conservadores de la sociedad brasileña. Inclusive pese a las críticas que fueron lanzadas en referencia a sus trece años de gobierno por los sectores más a la izquierda, como por ejemplo la de haber promovido la conciliación de clases, de haber favorecido con sus políticas económicas y programas a determinados intereses de las clases dominantes, de no haber alterado los determinantes de la reproducción de la desigualdad social existente en el país, entre otras. Asimismo, la oposición a la derecha siempre estuvo atenta y activa contra el PT, ya sea a través de los grandes medios de comunicación impresos, televisivos y radiofónicos, ya sea a través de las instituciones del Estado. Al mismo tiempo, como se muestra más adelante en este trabajo, los sectores conservadores de la sociedad brasileña siempre fueron adversos a las políticas de transferencia de la renta a los más pobres, a la extensión de los derechos de jubilación al personal del trabajo doméstico, a las políticas inclusivas referentes a los negros y a las minorías y, principalmente, a reconocer la diversidad de género, con todo lo que implica ese reconocimiento.

Prueba de esta percepción es que después de la elección de Luis Inacio “Lula” da Silva, en 2002 (cuando obtuvo el 61,3% de los votos válidos), la sociedad brasileña comenzó a polarizarse. Esa polarización aparecía, a medida que cada conflicto surgía, como más visible y profunda. La evolución de esa polarización puede ser vista gráficamente en MARQUES (2019). Tal como fuera escrito (p.15),:

“Cuando vemos los resultados de las elecciones presidenciales en perspectiva, o sea, cuando tomamos en cuenta la evolución de los votos a  favor y en contra en relación al PT desde 2002 ..., la derrota de Haddad, en 2018, aparece como inevitable, aún más porque fue precedida por la destitución de Dilma Rousseff y por el inmenso desgaste moral del partido desde la perspectiva de la clase media, a causa de la exitosa campaña realizada por los grandes medios de comunicación al asociar el partido, en su totalidad, con la corrupción. Lo que no estaba “escrito” en la trayectoria anterior es que el vencedor en las elecciones sería un candidato da extrema derecha, que no pertenecía al círculo de las clases dominantes presentes y activas en el escenario político brasileño desde 1988.”

Moral y costumbres

En el campo de la moral y de las costumbres, los sectores más conservadores reaccionaron negativamente a la creciente exposición de la homosexualidad, de la bisexualidad y de la transexualidad en la sociedad brasileña. Aunque esa exposición no haya sido, de todas maneras, resultado del período petista, si fue un desdoblamiento del largo proceso de democratización del país. No obstante, este movimiento - sin duda alguna -, era apoyado por el gobierno petista y, por esa razón, fue identificado como perteneciente al gobierno del PT. De esta forma, y en relación a las declaraciones de Bolsonaro durante su vida pública, no fue una sorpresa que, durante la campaña que a precedió las elecciones presidenciales, se hayan producido violentas manifestaciones contra gays, lesbianas y transexuales. Durante los primeros once meses de su gobierno los registros apuntan un aumento de la violencia contra esos segmentos y contra las mujeres, pobladores originarios, negros y pobres. Pareciera que la sensación de impunidad favoreció las manifestaciones de odio, muchas veces resultando en la muerte de las víctimas.

En Brasil, la presencia de la fuerza del movimiento por la diversidad de género es visible en los desfiles LGBTQI y en el reconocimiento jurídico del casamiento homo-afectivo (desde el 15/05/2013), hechos que se imbrican con la despatologización de la homosexualidad y de la transexualidad producida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990 y 2018, respectivamente. Como sabemos, esa creciente exposición de la homosexualidad, de la bisexualidad y de la transexualidad no es un fenómeno que se restringe al Brasil, habiendo ocurrido, de forma más o menos intensa, en varios países. En Brasil, sin embargo, está asociado al período democrático que le siguió a la dictadura militar y a la promulgación de la Constitución de 1988. Fue la fuerza del “movimiento gay” la que obtuvo la garantía del Sistema Único de Salud (SUS), desde 1996, de distribuir gratuitamente el cóctel de antirretrovirales contra el VIH/SIDA y logró que el programa de combate al VIH/SIDA fuese considerado el mejor del mundo. A pesar de ese reconocimiento, en octubre de 2010, en una entrevista dada al programa de humor CQC, de la red de televisión Bandeirantes, Bolsonaro declaró críticamente: “Una persona que vivió una vida mundana y después va a querer recibir del poder público un tratamiento que es caro [...] Si no se cuidó, el problema es de ellos”[5].

Al estar expuesto, el reconocimiento y los derechos a una sexualidad diversa (diferente de aquella propugnada por la denominada “moral y buenas costumbres” defendidas por el pensamiento conservador tradicional) vinculada al proceso de redemocratización del país está simultáneamente relacionada, en el imaginario de las grandes masas, al pensamiento progresista y/o de izquierda. Y la construcción del PT es parte constitutiva e importante del proceso de democratización ocurrido en el país. Durante el período de la Nova (Nueva) República (que sigue luego de la dictadura militar hasta nuestros días), el 42% de ese lapso estuvo bajo administración de un gobierno petista. A partir de lo citado se puede percibir la facilidad con la que le fue transferida al PT la responsabilidad por el hecho de que, en la actualidad, los segmentos LGBTQI sean parte activa de la  sociedad brasileña.

Valores e intereses

La votación expresiva a favor de Bolsonaro también fue el resultado de la oposición a las políticas públicas sociales desarrolladas durante las administraciones del PT y se localiza en la esfera de los valores e intereses de ciertos segmentos. Entre ellas se destacan la introducción de los cupos raciales en las universidades y en los servicios públicos, el Programa Universidad para Todos (Prouni), el Programa Bolsa Familia (BF), la extensión de los derechos laborales al empleo doméstico y la política de valorización del salario mínimo.

En el país, la primera institución de enseñanza que adoptó los cupos raciales fue la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), en 2003 (primer año del gobierno Lula), seguida por la Universidad de Brasilia (UnB), en 2004. En 2012, luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) dictaminó que los cupos no iban en contra de la Constitución, Dilma Rousseff sancionó la Ley 12.711, que reserva el 50% de las vacantes de las universidades federales para aquellos que hayan cursado integralmente la enseñanza media en escuelas públicas, respetando la proporción racial de cada Estado del país. De esa reserva, el 50% está destinado a estudiantes de familia con renta per capita de hasta 1,5 salario mínimo.

La aplicación de esta política, que constituyó una victoria del movimiento negro, pero que no se restringió a este segmento, cambió el perfil de los alumnos de las universidades federales. Entre 2003 y 2014 los estudiantes blancos, que constituían el 59,4%, pasaron a representar el 45,67%; y los pardos aumentaron del 28,3% al 37,75%; los negros de un 5,9% a un 9,82%. Pardos y negros, juntos, tuvieron su participación ampliada en diez puntos porcentuales. En lo que respecta a la renta familiar, entre 2010 y 2014, la participación de los estudiantes con renta familiar de hasta tres salarios mínimos pasó del 40% al 51% (ANDIFES, 2014).

A su vez, se creó el Prouni, programa que concede becas de estudios integrales y parciales en cursos de graduación de instituciones privadas de enseñanza superior a través de la Ley 11.096 del 13 de enero de 2005. De 112.275 becas ofrecidas en 2005 (71.905 integrales y 40.370 parciales), se llegó a 306.726 (205.237 integrales y 101.489 parciales) en su auge durante 2014 (SISPROUNI, 2015).

El Programa Bolsa Familia, creado en 2003, constituyó un programa de transferencia de renta dirigido a la población pobre y muy pobre y es considerado el programa estrella de los gobiernos Lula y Dilma. El mismo cumplió un rol significativo en su misión de colaborar con la solución de la pobreza absoluta y relativa de millones de brasileños durante varios años así como propició la mejora de diversos indicadores, entre los cuales se destaca la reducción de la mortalidad infantil en los estados y regiones de renta más baja. Este programa está conformado por un beneficio de valor fijo y por uno de valor variable. El segundo es abonado de acuerdo con el número y la edad de los hijos menores y adolescentes (con un techo) y exige condiciones a cumplir en el campo de la salud y de la educación. El beneficio de valor fijo, sin condiciones, está focalizado en la población que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. En 2017, las familias asistidas representaban el 21% de la población brasileña.

La Ley Complementaria 150 del 01/06/2015, que amplió los derechos de las y los trabajadores y trabajadoras domésticas, tal vez haya sido uno de los más fuertes motivadores de la reacción de la clase media contra los gobiernos del PT, en particular en relación a Dilma. Entre las nuevas garantías, esa ley determinó que les fuese abonado el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), el adicional nocturno, el seguro de desempleo y el salario familiar, provocando un aumento estimado del costo de contratación de un 8%. El empleo de trabajadores domésticos – oficio mayoritariamente conformado por mujeres – es parte de la realidad brasileña, así como la de la India y de varios países de América Latina. No obstante, es en el Brasil en donde se encuentra su mayor contingente relativo, estando presente en las familias de todas las clases sociales. Esa realidad se explica por el pasado esclavista tardío del país y por la extrema desigualdad en la renta y en el patrimonio de su sociedad (HARRIS, 2007). Como sería de esperar, especialmente en la denominada clase media brasileña, la ampliación de los derechos de los trabajadores domésticos no fue muy bien recibida porque constituyó, en primer lugar, un aumento en sus gastos. Además de lo mencionado, y dada la visibilidad que la ley recibió, se amplió el “empoderamiento” relativo de sus trabajadores, que en forma creciente han buscado a la Justicia para hacer valer sus derechos.

Durante los gobiernos de Lula y de Dilma, o sea, desde 2003 a 2016, el salario mínimo (SM) tuvo un aumento real del 77,18%. En ese período, aunque lejos de ser considerado adecuada, su valorización fue tratada como prioritaria. Esa política fue finalmente institucionalizada en julio de 2015, mediante la Ley 13.152: los reajustes del SM deberían contemplar la inflación medida por el INPC – IBGE y el crecimiento real del PIB de dos años previos con relación a la fecha del reajuste (BRASIL, 2015). Vale recordar que Michel Temer convirtió esa ley en letra muerta, y lo mismo ocurrió con Jair Bolsonaro. La valorización del SM benefició a los trabajadores (del mercado formal e informal) situados en la base y en los primeros niveles de la pirámide salarial. También benefició a los jubilados y pensionistas, urbanos y rurales, y a los beneficiarios de la asistencia social cuyo piso, por fuerza legal, equivale a un SM.

Ese conjunto de políticas, o sea, la introducción de los cupos como criterio de acceso a la educación superior (principalmente en lo que refiere a las instituciones públicas), la implantación del Programa Bolsa Familia y la valorización del SM, por más críticas y opiniones reservadas que hayan recibido desde algunos sectores de la izquierda brasileña (MARQUES, 2018, p. 527), colisionó directamente con los valores y fundamentos que siempre orientaron a la sociedad nacional. Nos referimos al protagonismo de la meritocracia y de las desigualdades[6].  La introducción de los cupos, ya sean raciales o de renta, se presentó para un importante sector de la población brasileña como una amenaza que descolocó la escala de valores hasta entonces vigente. Ese sector está conformado por personas en su mayoría blancas y de renta media y alta en general aunque su conformación no se restringe a ellas. La meritocracia, aunque integre las ideas vasculares del sistema capitalista y, por ello, esté intrínsecamente asociada a las clases dominantes, fue asumida en una mayor o menor escala, dependiendo de la historia de cada país, por el conjunto de las clases sociales. En el Brasil no es algo extraño encontrar personas de baja renta, aunque no elegibles para el programa Bolsa Familia, que defiendan la meritocracia.

El beneficio abonado por el Programa Bolsa Familia, combinado con la política de valorización del SM y la reducción del desempleo (que alcanzó su menor nivel en diciembre de 2014), tuvo un impacto inmediato en el costo de la contratación de los  trabajadores para servicios generales, formalizados o no. Se volvió cada vez más difícil encontrar alguien dispuesto a trabajar a cualquier “precio”, fenómeno que fue denominado por la  prensa escrita y digital como el “black-out de mano de obra no especializada”. Ante tal situación, además de que era difícil contratar trabajadores por bajos salarios, la valorización del SM, tal como mencionamos anteriormente, tuvo consecuencias en la conformación de la base extendida de la pirámide del mercado de trabajo. El resultado se reflejó en mayores ganancias salariales reales en la base cuando comparadas a los restantes segmentos de renta de los trabajadores. Esto fue percibido por los sectores de la clase media como empobrecimiento. Empobrecimiento no porque su poder de compra haya disminuido y sí porque el del “otro” aumentó más en términos relativos. Y aún peor, eso permitió que este último tuviera acceso a bienes que antes le eran prohibidos, convirtiendo a los aeropuertos en “verdaderas terminales de ómnibus”,  recordando el prejuicioso “post” de una profesora indignada subido a las redes durante 2014.

En el caso específico del Programa Bolsa Familia, hay una fuerte resistencia por parte de la sociedad brasileña en aceptar que es una obligación del Estado la de garantizar las condiciones de, como mínimo, la supervivencia para aquellos que por sus condiciones de vida y circunstancias, no tengan como hacerlo por sus propios medios. No hay nada de “revolucionario” en ello. Políticas semejantes fueron parte del ideario liberal en el pasado. Ocurre que, en los tempos en los que vivimos, la meritocracia fue asumida de forma total y amplia, no dejando espacio para considerar que la miseria y la pobreza son el fruto de la sociedad en la que vivimos. En la misma línea se ubica la reacción a los cupos: de acuerdo con la meritocracia, es inadmisible que algunos, por ser negros, pobladores originarios, oriundos de escuelas públicas y de baja renta, puedan “adelantarse en la fila” de quien tenga mejores calificaciones comprobadas en una prueba de conocimientos.

Por su parte, la ampliación de los derechos a los trabajadores domésticos, además del aumento del costo de contratación, conlleva a una pérdida simbólica originada en la “modernización” de las relaciones de trabajo. De hecho, y por lo menos en la ley, no se trata más de “servir”, y sí de realizar un trabajo definido para el cual se está siendo remunerado y con todos los derechos garantizados. El salario base, la jornada de trabajo, las vacaciones, entre otros derechos, están definidos a priori, externamente, no dependiendo de la “buena voluntad” del “patrón” o de la “patrona”. En este sentido, quien no tiene ya quien le “sirva” se ve rebajado en la estructura social, pierde estatus. El resultado de todo este contexto cristalizó en el rebajamiento de la posición social relativa de amplios sectores da clase media, lo que a su vez fue entendido como una pérdida de sus “privilegios”.

Las iglesias evangélicas, el papel de las Fake News y los grandes medios de comunicación

Las encuestas efectuadas pocos días antes de la realización del segundo turno electoral que consagró a Bolsonaro demostraron la amplia preferencia hacia este por parte de los que profesaban su fe en las iglesias evangélicas. Ese fue el caso de la encuesta realizada por Datafolha, divulgada el 25/10/2018, tres días antes del sufragio. En las últimas décadas, esas iglesias han aumentado su participación entre la población brasileña. Por otro lado, la religión católica, antes largamente mayoritaria (91,8% de la población se autodefinía como católica en 1970) fue perdiendo rápidamente relevancia. En 2010, el porcentaje de católicos se había reducido al 64,3% de la población, los evangélicos alcanzaban un 22,2% (y, entre estos, un 13,3% de origen Pentecostal), los que declaraban no tener religión alguna representaban el 8% y las demás religiones, entre espiritistas, umbandistas y candomblé (junto a otras creencias) un 5%. Solo un 0,1% no respondió o no quiso manifestarse (IBGE, 2012).  Según el demógrafo José Eustáquio Diniz Alves (2017), en el caso en que la tendencia de disminución de creyentes en la religión católica se mantenga y el ritmo de crecimiento de los evangélicos continúe constante, en 2036 estos últimos superarán a la población católica.

El crecimiento de las religiones evangélicas entre la población brasileña, especialmente de origen Pentecostal y, entre ellas, la Assembleia de Deus (Asamblea de Dios), es uno de los factores que explica la “onda conservadora” que se manifestó en las últimas elecciones presidenciales. Como hemos afirmado anteriormente, no es el propósito de este texto dimensionar su peso relativo en los resultados que condujeron a Bolsonaro a la presidencia de la República. Pero no es nada despreciable el hecho de que la primera dama, Michelle Bolsonaro, sea evangélica y que su casamiento con Jair Bolsonaro haya sido oficiado por el pastor Silas Malafaia (ciertamente el representante más importante de la Iglesia Assembleia de Deus). De la misma manera, la influencia evangélica en la definición de la primera línea del gobierno de Bolsonaro no fue reducida, ya sea vetando nombres, ya sea colocando - como mínimo - a una ministra. Pero lo más importante para entender la importancia de la posición de los evangélicos en relación a las elecciones sea, tal vez, la adherencia que las fake News representaron en su medio. Como fue denunciado por la periodista Patrícia Campos de Melo, en un reportaje dado al diario paulistano Folha de São Paulo, el 18/10/2018, importantes empresas fueron las responsables por el envío en masa de sendos mensajes contra el PT a través del aplicativo WhatsApp y preparaban una gran operación para la semana previa al segundo turno. Como es sabido, eso constituye una práctica ilegal, dado que caracteriza la donación de recursos en campaña por empresas, prohibida por la legislación electoral brasileña (MELO, 2018). Entre las fake News, se destacaron aquellas de fondo moral que, por ejemplo, afirmaban que el candidato Fernando Haddad pretendía legalizar la pedofilia, defendía el incesto y que él mismo, cuando era ministro de Educación en el gobierno Lula, habría distribuido en las escuelas y entre niños de seis años un “kit gay”, en el cual llamaba la atención una mamadera con pico en forma del órgano genital masculino. En su edición del 19/12/2018, el diario El País expuso las principales fake News que, por su amplia divulgación, beneficiaron al candidato Bolsonaro. Ese mismo vehículo divulgó que seis entre diez brasileños instalaron el aplicativo WhatsApp en sus celulares. Si tenemos en cuenta que tres de cada diez brasileños son analfabetos funcionales, o sea, “presentan limitaciones para leer, interpretar textos, identificar ironías y hacer operaciones matemáticas en situaciones de la vida cotidiana”, podemos tener una dimensión del impacto de las fake News (FAJARDO, 2018, p. 1). Resumiendo, esa fue la primera elección presidencial en el Brasil en donde se manipuló clara y masivamente al electorado a través de fake News.

Esta parte de nuestro trabajo no podría estar completa sin que realizásemos, por lo menos, una mención al papel ejercido por los grandes medios de comunicación, especialmente el Grupo Globo, en la consolidación de la “onda” antipetista. Ya mencionamos eso en otro texto, aunque en referencia al desgaste de Dilma en 2013 y 2014, así como durante el período que antecedió a su proceso de destitución o impeachment (MARQUES e ANDRADE, 2016 (A)). Desde ese momento hasta 2018, más allá de las omisiones, medias verdades y elección interesada en relación a qué y cómo divulgar como noticia, es preciso recordar cómo los medios insistieron en vincular a la corrupción con el PT (en lo que, de hecho, fue un proceso exitoso), nunca situándose o inclusive haciendo silencio en relación a los desmanes realizados por los que llevaban adelante la Operação Lava Jato, en especial cuando atacaban al ex-presidente de Lula, preso en segunda instancia pero sin pruebas tangibles[7].

Ese conjunto de factores, así como otros aquí no explorados o citados, actuaron en la construcción del antipetismo y en el surgimiento a la superficie del conservadorismo presente en la sociedad brasileña. Aunque, durante todo el período de la Nueva República, los valores progresistas vinculados a los derechos sociales y políticos de las personas se hayan afirmado, inclusive desde el punto de vista institucional y legal, estos no fueron abrazados por un amplio sector de la población brasileña.

2 – El gobierno Bolsonaro

La elección de Jair  Bolsonaro alteró el arreglo político, hasta entonces dominante, que se sucedió luego de la dictadura militar.  A pesar del apoyo recibido en el segundo turno de las elecciones (no hubo partido o figura pública asociada a las clases dominantes que no se hubiese alineado contra el candidato del PT, Fernando Haddad, ya sea por declaración de voto o por omisión), Bolsonaro formó su gobierno sin acuerdos con los partidos tradicionales de derecha. Es por eso que, además del golpe parlamentario y mediático infringido contra Dilma, ese hecho permite concluir que se produjo un quiebre en relación a la forma de gobernar que se estableció hacia el fin de la dictadura militar, o sea, el modelo que se apoyaba en una coalición en la cual los intereses de las clases dominantes estaban, de una forma u otra representados, inclusive durante los gobiernos de Lula y Dilma. Eso no significa, sin embargo, que las medidas encaminadas por el gobierno Bolsonaro no expresen los deseos de esas clases, en particular del gran capital financiero, tanto nacional como internacional.

El quiebre con la tradición de un presidencialismo de coalición es una de las características del nuevo gobierno. El otro es el de ser un gobierno civil que cuenta en sus cuadros con más militares en toda la historia de los gobiernos brasileños, inclusive al compararlo con el período de la dictadura militar. Además del vicepresidente, general Hamilton Mourão y de seis ministros que pertenecen a las Fuerzas Armadas, hay muchos otros que dirigen las principales autarquías del país o están en puestos claves de varios ministerios. Entre esos, llama la atención la acentuada presencia de militares en el Ministerio de Educación. Es importante destacar que del total de militares en el gobierno, el 75,5% pertenecen al Ejército.

La tercera característica del gobierno Bolsonaro es la presencia de ministros que claramente se posicionan contra la ciencia, la diversidad sexual, los derecho humanos, la defensa de las tierras de los pueblos originarios y la preservación del Amazonas o del medio ambiente (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos). El mismo presidente, en diversas oportunidades, expresó posiciones coincidentes con estos ministros. Entre las más recientes, que recibieron repudio internacional, inclusive de presidentes situados en el espectro de la derecha, se destacó su declaración sobre las quemas e incendios ocurridos en la región amazónica, en 2019, y el apoyo a las acciones realizadas por Pinochet, en Chile, atacando, inclusive, la memoria del padre de la ex-presidenta Michelle Bachelet. Las posiciones defendidas por Bolsonaro en el campo de los derechos humanos son más que suficientes para caracterizarlo como un proto-fascista. Su gobierno, no cabe duda alguna, es de ultraderecha.

La economía de Bolsonaro

En el plano económico no se produjo ninguna ruptura en relación a lo que era defendido durante el gobierno Temer o a lo que se expresaba en el documento Ponte Para o Futuro (Puente hacia el Futuro)[8]: todos los problemas del país fueron (y son) atribuidos a la deuda del Estado y a su tamaño. Para hacerle frente, el gobierno Bolsonaro considera que es necesario dar continuidad férrea a la contención de gastos definida en la Enmienda Constitucional 95[9] (EC 95), de modo de no incurrir en déficit primario y garantizar el pago del servicio de la deuda pública; disminuir la presencia del Estado en las más diferentes áreas, principalmente en las sociales y privatizar lo que aún resta público en el país. Esa posición es particularmente defendida por el ministro de Economía, Paulo Guedes, un ultraliberal formado en la Universidad de Chicago.

El primer año de la gestión de Bolsonaro, la continuidad de la implementación de la EC 95, en su tercer año de vigencia, y frente a un desempeño del PBI que, en el mejor de las hipótesis, se acercará al 1%, ha llevado a que el Estado brasileño enfrente una situación dramática y que la población sufra una caída inédita en renta y empleo. En septiembre de 2019, la tasa móvil de desempleo del último trimestre alcanzó el 11,8%, un poco menor si se compara al período anterior. Esa mejoría, sin embargo, es apenas aparente porque se mantiene elevado el número de trabajadores que dejaron de buscar empleo, lo que se puede definir como desaliento. Durante este año de 2019, si lo comparamos a 2018, se produjo un aumento de este contingente. El empleo en condiciones informales alcanzó un nuevo record con 38,8 millones de personas y, por su parte, el desempleo de larga duración (más de dos años) afectó a uno de cada cuatro desempleados. A su vez, el nivel de la inversión en el país, tanto en el sector público como en el privado, alcanzó en julio de 2019 su menor tasa en cincuenta años, expresando la situación casi paralizada de la economía. Del lado del gasto público, la frustración en lo que respecta a la recaudación tributaria y el objetivo de mantener en cero el déficit primario determinaron el bloqueo de recursos, afectando a la mayoría de los ministerios.

La austeridad en marcha y el desmonte de las políticas sociales

El primer bloqueo de recursos, abarcando el mayor volumen, se produjo en marzo de 2019. El segundo hacia el final de julio, de modo que quedó claro que se trataba de un verdadero corte en los gastos dado que la economía no presentaba ninguna señal de recuperación. 

Uno de los ministerios que más sufrió con el bloqueo fue el de Educación, responsable por la enseñanza y la investigación realizadas por las universidades e institutos federales. Durante el mes de agosto, la carencia de recursos fue tal que no había universidad pública federal que no estuviese cortando gastos de las naturalezas más diversas, comenzando con la limpieza, la seguridad y la luz, entre otras, y siguiendo con la cancelación de becas de estudios e investigaciones de su responsabilidad. Entre el anuncio del primer bloqueo y el inicio de septiembre, la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes), canceló 11.800 becas de maestría y doctorado. La última vez que la Capes se manifestó, el 03/09/19, anunció que 5.613 becas, que pasarían a estar vigentes en septiembre, habían sido canceladas. Ciertamente, la situación vivida por la universidad pública federal es la peor de toda su historia y eso tendrá impactos irreparables en la investigación y en el desarrollo en general.

Llama la atención que, concomitantemente con la reducción de recursos para la educación superior pública, el gobierno haya dado a conocer parte de su proyecto para la misma. Con el nombre “Future-se”, el Ministerio de Educación (MEC) propone que las universidades y los institutos de investigación obtengan una mayor autonomía financiera mediante la captación de recursos propios. Tal propuesta de adhesión voluntaria ha recibido el rechazo de la mayoría de las asambleas universitarias durante las reuniones de sus consejos realizadas en las universidades. Esta coyuntura acompaña la visión del ministro de Educación conocida hasta el momento sobre la enseñanza superior; él mismo afirmó que el país no necesita tantos magísteres y doctores. 

Además de lo mencionado, es digno de resaltar el hecho de que el presidente Bolsonaro ha alterado la práctica histórica de nombramiento de los rectores de las universidades e institutos federales: a pesar de que la legislación indica que ella es de responsabilidad del presidente de la República, los gobiernos anteriores siempre indicaron, de una lista con tres propuestas, aquella persona que fuera escogida mediante la elección de la comunidad universitaria de cada establecimiento. Hacia el final de agosto, esa tradición democrática no fue respetada en seis universidades y en un instituto siendo que, en dos de esos casos, el elegido ni siquiera formaba parte da lista de tres personas propuestas. Aún en relación al cercenamiento de la democracia por parte del gobierno, también se produjo un caso de prohibición, por parte del MEC, de la realización de un evento sobre Derechos Humanos en la Universidad Federal de Ceará, en el nordeste del país; así como la cancelación, también por parte del MEC, del proceso de selección de ingreso a la universidad dirigido a candidatos transgéneros e intersexuales acaecido en la Universidad de la Integración de la Lusofonía y Afro-Brasileña, también localizada en el estado de Ceará.  

Aún en el campo de la educación, es digna de registro la acción de Bolsonaro en lo que respecta a la militarización de la enseñanza fundamental, aunque este nivel de enseñanza no sea de competencia del gobierno federal. El presidente, al considerar que la militarización es la respuesta adecuada para enfrentar la indisciplina y para mejorar el aprendizaje, creó una subsecretaría en el MEC para tratar el asunto, definió recursos y escogió el Distrito Federal para la aplicación de un proyecto piloto. Con la militarización, el gobierno estatal o municipal continúa como responsable por el edificio, los profesores y el currículo, pero el director, la seguridad y la disciplina son de responsabilidad de la Policía Militar o del Cuerpo de Bomberos. Experiencias de militarización de la enseñanza no son novedosas en el país, pero nunca un presidente de la República había asumido su generalización en el territorio nacional.

La orden es privatizarlo todo

En relación a las privatizaciones de las empresas estatales que no fueron vendidas durante los gobiernos anteriores, especialmente durante las gestiones de Fernando Henrique Cardoso (FHC)[10], Bolsonaro, el 21/08/19, anunció el programa de privatización que comenzaría con las siguientes nueve empresas estatales: Telecomunicações Brasileiras S/A (Telebrás, responsable por la generación y transmisión de la energía eléctrica en el país), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Empresa Gestora de Ativos (Emgea), Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) y la Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF)[11]. Cuando se realizó el anuncio, Bolsonaro mencionó la intención de privatizar inclusive las cárceles y los parques nacionales. El 03/12/19, cumplió su promesa. Mediante un decreto, definió tres puntos turísticos muy conocidos y frecuentados para que formasen parte del “Programa de Parcerias de Investimento-PPI” (Programa de Asociaciones de Inversión), que estudia la viabilidad de ciertas privatizaciones. Esos parques son: el Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, en el estado de Maranhão; el Parque Nacional de Jericoacoara, en el estado de Ceará y el Parque Nacional do Iguaçu, en el estado de Paraná, donde se ubican las cataratas de dicho nombre.

La viabilidad y la conducción del proceso de privatización son de responsabilidad del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que, de ser un banco que financió la expansión de empresas nacionales y extranjeras, destacándose las empresas nacionales de construcción e infraestructura en los gobiernos del PT, volvió a ser un mero administrador de venta del patrimonio nacional. Es preciso observar, no obstante, que para que el programa sea llevado adelante es necesaria su aprobación por el Congreso Nacional, lo que todavía no ocurrió.

Eso no significa, sin embargo, que el gobierno esté paralizado en lo que respecta a las privatizaciones. Existen varias actividades relacionadas con las empresas estatales que pueden y ya están siendo privatizadas. Petrobrás, por ejemplo, ya está siendo privatizada hace tiempo con la venta de sus subsidiarias en las áreas de distribución, gas y derivados y de bloques de exploración de petróleo que había adquirido. La Caixa Econômica Federal (CEF), banco importantísimo público, se está librando de activos desde el inicio de 2019. Todo lo que no necesita de la aprobación del Congreso Nacional ya está siendo encaminado hacia la privatización.

Para finalizar esta parte, resta aún decir que Bolsonaro salió victorioso en su gesta por la reforma del sistema público de jubilación. La aprobación de la reforma fue multitudinaria tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. A partir de las nuevas reglas se introdujo el criterio de edad para el acceso a la jubilación y fue aumentado el número de años de contribución para recibir el valor pleno de los beneficios, entre otras alteraciones. Con la aplicación de los dispositivos de la reforma los sectores más perjudicados serán las mujeres y los trabajadores más precarizados, dado que en varios momentos de su vida laboral están desempleados o en la informalidad de modo que tendrán más dificultades para completar el número de años de contribución exigido para tener derecho al valor pleno de la jubilación. La creación de un Fondo de Pensión no siguió adelante en las negociaciones realizadas en la Cámara en función del riesgo de constituirse en un obstáculo para la aprobación de los demás aspectos de la propuesta. Nada impide, no obstante, que vuelva a ser propuesto para que sea considerado en otro momento.

La retórica y el estilo de gobernar del nuevo Jefe de Estado

Aquellos que se impresionaron con la retórica de Bolsonaro, cuyas declaraciones van más allá de las polémicas y muchas veces se sitúan en el campo de la teoría de la conspiración y manifiestan su total desprecio por la democracia, por los derechos humanos y por la ciencia, consideran que estas atestiguan su incompetencia y falta de habilidad política. Mero engaño. Muy por el contrario asegura el filósofo Vladimir Safatle en una entrevista concedida a “Ideias de Esquerda” (Ideas de Izquierda) en 2019:

Yo diría lo siguiente: el gobierno Bolsonaro hace lo correcto. Infelizmente, si hay alguien que sabe hacer política en este país es  Bolsonaro. Dentro de su lógica, el hace lo correcto: llamarlo inepto, inapto, es simplemente una especie de delirio de superioridad moral e intelectual que acomete la izquierda en estos momentos dramáticos. Él sabe que Brasil es ingobernable, que no es posible gobernar el Brasil, no a través de este modelo. Y él actúa un poco con una vieja dinámica “yo contra todos”: yo estoy en el gobierno pero no consigo gobernar; no lo  consigo porque el Supremo Tribunal Federal no me deja, porque el Parlamento no me deja, porque mi partido no me deja, porque la prensa no me deja, porque nadie me deja. O sea, eso le permite entregar muy poco y, asimismo, continuar movilizando un sector fundamental de la sociedad, que es más o menos un 30% y que se consolidó ideológicamente a su alrededor, o sea, él consiguió crear un bastión ideológico. Esos 30% no lo van a abandonar porque ellos tienen una adhesión ideológica, en el sentido tradicional del término, toda la pauta ideológica, neofascista, de extrema derecha…, él los consolidó. Entonces ¿qué es lo que él hace? Él espera un momento de ruptura, porque él sabe que ese momento llegará, él sabe que van a llegar… usted las va a ir viendo…, las convulsiones sociales a su alrededor, en algún momento eso llegará al Brasil. Y él ya está preparado para eso y la izquierda no está preparada. Él está preparado porque él va a hacer dos cosas: va a actuar de una forma brutal, como ya lo ha dicho, y va a decir lo siguiente: “miren, preciso fortalecer el gobierno porque estamos en un caos y yo nunca conseguí gobernar porque todas esas instituciones me perjudicaron y la situación ahora es una situación excepcional, entonces ahora iniciaremos una experiencia dictatorial más explícita”; es eso…, ese es su horizonte.

Estamos de acuerdo con Safatle en que, al contrario de lo que puede parecer a primera vista, Bolsonaro sabe hacer política y espera el momento propicio para construir nuevas instituciones, más adecuadas para un gobierno abiertamente autoritario. Si esto tendrá éxito o no en lo que respecta a este objetivo sólo el tiempo lo dirá. Lo que importa enfatizar es que, mientras esto no ocurra, la agenda de las clases dominantes, o sea, la agenda ultra-liberal que tiene como propósito completar las reformas en el país sigue avanzando. Existe un refrán muy conocido que expresa la situación en la que vivimos: “los perros ladran y la caravana pasa”. Es lo que ocurre en cada declaración o medida de Bolsonaro y de sus ministros: la oposición de izquierda y progresista reacciona, se moviliza y, muchas veces, promueve alguna manifestación en la calle. Pero, al final, avanzan las reformas y el desmantelamiento del Estado.

En el campo económico, por ejemplo, la agenda asumida durante el gobierno Temer siguió intocable y se profundizó, satisfaciendo los intereses del gran capital. Es lo que demuestra la aprobación de la reforma de la jubilación y las privatizaciones. En el área de la relación entre el Estado y la sociedad, el primero está reduciéndose (como resultado de la aplicación de la EC 95), especialmente en lo que respecta a los programas sociales construidos durante las últimas décadas, sobre todo en el área de la salud y la educación. Estos programas están siendo minados, en consonancia con lo que defiende la agenda neoliberal para garantizar nuevos espacios de acumulación del sector privado. Esa agenda, como máximo, admite el desarrollo de políticas sociales para los sectores más pobres de la población pero nunca las piensan como universales en el sentido de entender la salud y la educación como un derecho de todos y un deber del Estado.

En el campo de la moral, de las costumbres y de la ideología, aunque en términos institucionales y legales no haya habido avances significativos[12], las declaraciones del presidente, de algunos de sus ministros y de integrantes de su gobierno han contribuido para crear un ambiente que resultó en el aumento de la intolerancia, del racismo y de la violencia contra la población LGBTQI+, los negros, las mujeres[13] y los pobladores originarios. El proceso de puesta en jaque y de deconstrucción de principios y valores, hasta hace poco tiempo integrados a las ideas de la joven democracia brasileña, es tal que la periodista conservadora Eliane Cantanhêde, en su columna del diario Estado de São Paulo, el 29/11/2019, y bajo el título “¡Un espanto!” escribió:

Un negro que niega el racismo, una india contraria a los movimientos indígenas, un director de la Funai (Fundación Nacional del Indio) aliado a los dueños de establecimientos rurales, la estructura de Medio Ambiente fuera del Medio Ambiente, un secretario de Cultura que insulta a (la actriz nominada otrora para un Oscar) Fernanda Montenegro, una secretaria del sistema Audiovisual distante del cine y de la televisión. Sin mencionar a los ministros.

¿Qué es esto, mi gente?

La gota que rebalsó el vaso fueron las declaraciones del presidente de la Fundação Cultural Palmares (Fundación Cultural Palmares)[14], Sérgio Camargo, recién indicado para el cargo. Este sujeto, aún siendo negro, en varias oportunidades defendió que no existe un “racismo real”, que el Día de la Consciencia Negra[15] debería ser abolido, que está en contra de la “victimización” de los negros y que la esclavitud “fue benéfica para sus descendientes”, entre otras barbaridades[16].

El número de eventos, muchas veces resultantes en muertes, asociadas a las manifestaciones de intolerancia, racismo y violencia en 2019 es aterrador. No pasa un día sin que algo ocurra contra esa población. Al mismo tiempo, la sensación de impunidad es creciente, principalmente en la región amazónica y en las tierras indígenas y de quilombolas[17]. No por casualidad el desmonte registrado en la región, entre agosto de 2018 y julio de 2019, fue un 30% mayor que el año anterior según lo publicado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales), el 18/11/2019. Vale recordar que los incendios ocurridos en la Amazonía Legal[18] comenzaron en agosto de 2019, de modo que su impacto sobre la región aún no fue procesado por las informaciones del INPE. En el caso de los pobladores originarios, además de los homicidios, el Conselho (Concejo) Indigenista Missionário (Cimi), al analizar los datos de enero a septiembre de 2019, denunció que aumentó el número de invasiones y explotación ilegal en tierras indígenas. Entre los Estados, se destaca Roraima, donde se ubica la reserva de los pobladores originarios de la etnia Yanomami, lugar rico en minerales. A pesar de no haber ningún emprendimiento legal operando, Roraima detenta el oro como su principal producto de exportación.

Otro dato impresionante, que expresa el momento que se vive en el país, es el de las muertes como resultado de la intervención de las fuerzas públicas de represión. En el Estado de Rio de Janeiro, donde esa acción es más evidente, fueron muertas, entre enero y octubre de 2019, 1.546 personas, entre ellas niños y jóvenes estudiantes. Al momento en el que finalizábamos este artículo, se divulgó a través de los medios que nueve jóvenes fueron asesinados como resultado de la acción de la Policía Militar en un baile funk[19], en la favela o comunidad de Paraisópolis, reafirmando que la barbarie es una realidad hace ya mucho tiempo en el cotidiano de millones de brasileños[20]. Algunos días antes, el 21/11/2019, Bolsonaro envió un proyecto de ley para que sea evaluado por el Congreso que amplía la exclusión de ilegalidad. Este, si fuera aprobado[21], no sólo llevará al extremo las masacres que ya ocurren contra la población pobre y negra, como respaldará la represión a todas las formas de manifestaciones contrarias a su gobierno concediendo “licencia para matar” a las Fuerzas Armadas y de seguridad.

La resistencia y las instituciones

No se puede decir que no hay resistencia contra el gobierno Bolsonaro, ya sea contra la aplicación de la agenda ultra-liberal del ministro de economía Paulo Guedes, ya sea contra su pauta conservadora, homofóbica, racista, misógina, enemiga del medio ambiente y aniquiladora de las políticas sociales. La reducción de recursos para el área de educación, por ejemplo, llevó a millares a las calles de las principales ciudades del país, recordando en tamaño las manifestaciones ocurridas durante el año 2017. La lucha por la educación pública, sin embargo, en sus tentativas de repetir las protestas fue menguando, expresando las dificultades que el movimiento de resistencia está enfrentando. En 2019, todavía, los pobladores originarios de todos los grupos étnicos se manifestaron en bloque contra el hecho de que Bolsonaro haya transferido la Funai del Ministerio de Justicia al Ministerio de los Derechos Humanos[22], así como el haber transferido a la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura.

A nivel nacional, y durante 2019, se produjeron innumerables actos y manifestaciones con diferentes objetivos, ya sea para denunciar los incendios en la Amazonía, la desatención con relación a la ruptura de las represas contenedoras del descarte de las compañías mineras o para expresar el repudio a las declaraciones del presidente favorables a la dictadura militar. Al mismo tiempo, aunque con menos visibilidad, se multiplicaron las reuniones, los actos y las manifestaciones en todos los rincones del país en torno de reivindicaciones específicas como consecuencia del desmantelamiento de las políticas públicas y de la situación económica y social del país. También las huelgas de diferentes sectores no se detuvieron durante estos primeros once meses de gobierno Bolsonaro, aunque en número menor de las que se manifestaron en 2018. Según los datos preliminares del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), de las 918 huelgas ocurridas entre enero y noviembre de este ano, el 51,1% se refirieron al sector público y, de esas, el 65,3% fueron municipales. Del total de las huelgas, un 81,7% fueron defensivas, expresando el momento que se vive en el país. No está de más recordar que el magro desempeño económico, asociado a la contención de los gastos del gobierno federal y a la vigencia de los nuevos dispositivos legales referentes a las relaciones de trabajo (durante el gobierno Temer se realizó una profunda reforma en las leyes que regulan la contratación y las condiciones de trabajo[23]), provocaron no solo dificultades financieras tanto en el sector público (en las tres esferas de gobierno) como en el sector privado. También debilitaron el poder de negociación de los trabajadores.   

Todavía como expresión de resistencia, se gestaron una gran cantidad de iniciativas,  originando agrupaciones o asociaciones de algunos agregados de profesionales por la democracia. También algunos partidos políticos situados hacia el espectro de la izquierda o hacia el progresismo crearon un observatorio permanente que tiene como objetivo monitorear las iniciativas de Bolsonaro y analizar las consecuencias de sus posibles aplicaciones, así como formular propuestas alternativas en varias áreas y temas. En ese observatorio, llamado Observatorio por la Democracia, contribuyen diversos investigadores, profesores y líderes sindicales así como partidarios[24]

Además, no es de menor importancia la acción que los parlamentarios de izquierda y los progresistas están realizando en la Cámara de Diputados y en las asambleas a nivel estatal y municipal. Algunas veces, aunque estas son pocas, su acción concertada ha conseguido, sumándose a otros parlamentarios, modificar decisiones tomadas por el gobierno Bolsonaro o evitar alteraciones legales por él defendidas. Entre los ejemplos de lo mencionado podemos citar el retorno de la Funai y la demarcación de tierras indígenas al ministerio de Justicia, mencionado anteriormente, y la no aprobación de la exclusión de ilegalidad y de la prisión en segunda instancia en la votación del paquete anticrimen en la Cámara. Vale destacar que Bolsonaro, en diez meses de gobierno, editó 37 medidas provisorias. Ese número no es mayor al de sus antecesores en igual período. La diferencia es que, comparado a Lula y Dilma, él tuvo más medidas provisorias rechazadas y las que fueron aprobadas sufrieron modificaciones importantes. Además de los intereses en juego, una hipótesis que puede explicar esa performance es la “radicalidad” de algunas propuestas en algunas áreas.

De ese conjunto de manifestaciones y formas de resistencia, ya sea en el parlamento, en las calles o en los sindicatos, concluimos que lo que no falta en el Brasil actual es la lucha. La dificultad parece estar en el hecho de que los movimientos sociales, las centrales sindicales, los sindicatos, las asociaciones y los partidos de izquierda y progresistas no han, hasta el momento, construido un frente único con una agenda de resistencia definida en términos de contenido y de fechas específicas. Las iniciativas de acción conjunta que se forman son absolutamente circunstanciales y reactivas a una iniciativa del gobierno Bolsonaro o a un hecho impactante. No hay, por lo tanto, ni una agenda política que centralice las principales reivindicaciones y que organice a la población alrededor de sus ejes, ni un embrión de una suerte de organismo de intercambio permanente entre los diferentes sectores representativos de los trabajadores. Es preciso superar esas dificultades para hacerle frente a la situación actual.

Consideraciones finales

La elección de Bolsonaro no fue una elección como cualquier otra. Ella marca un nuevo período en la historia brasileña. Sus declaraciones lo califican como un proto-fascista y su gobierno ciertamente precisa ser caracterizado como de ultraderecha. Su manera de gobernar, que se expresa en la manera en cómo fueron indicados sus ministros y los cargos para los otros sectores, señala un quiebre con el presidencialismo de coalición produciendo, por lo tanto, una ruptura con el período denominado como “Nova República”.

Al mismo tiempo, sus ideas sobre derechos humanos, diversidad de género, medio ambiente, liberalización de las armas, entre otras, resuenan y se mantienen firmes en, por los menos, un tercio de la población, revelando que el Brasil, al contrario de lo que se pensaba durante el período de la Nova República, poco avanzó para dejar de ser un país racista, misógino, homofóbico y antiindígena. Sus declaraciones ciertamente han propiciado el aumento de la violencia de todo tipo, un desmonte record en la región  amazónica y el avance sobre las tierras indígenas por parte de diversos sectores blancos dado que el primer mandatario legitima y fortalece la intolerancia así como la ley del más fuerte.

En el campo económico, su gran victoria fue la de que las Cámaras aprueben la reforma jubilatoria. Esa reforma, pensada y ensayada por el capital hace décadas, solo fue posible, en este momento, dada la correlación de fuerzas a partir de su elección. Esa ley modifica radicalmente los parámetros de acceso al sistema jubilatorio y el valor de los beneficios y tendrá como resultado una disminución significativa de la cobertura entre la población de más baja renta y, por otro lado, debe favorecer la ampliación de formas de jubilación privada. En sus once meses de gobierno, avanza también la privatización de lo que todavía queda como patrimonio público en la economía brasileña. Además de empresas, parques y presidios, el desmantelamiento de la salud pública (que es un derecho de todos y es un deber del Estado), abre espacio para la ampliación del sector privado bajo la forma de Planes de Salud.

 Al mismo tiempo, en la medida en que no se constituyeron, todavía, instituciones y leyes que respalden o que estén en consonancia con la perspectiva de cuño proto-fascista de Bolsonaro, a pesar del aumento de la represión, la resistencia se ha hecho presente en manifestaciones expresivas y en el cotidiano de las luchas llevadas a cabo en todos los rincones del país. Esa resistencia, sin embargo, ha sido insuficiente no solo para detener el avance de las propuestas e iniciativas del gobierno en la esfera económica y social, sino también se ha mostrado inocua para detener el avance de la defensa de valores conservadores e intolerantes.

Por eso, en el campo político, es urgente la constitución de un frente de lucha permanente que reúna a todos aquellos comprometidos con la defensa de los principios democráticos más elementales, de los valores humanos y del medio ambiente. Esta necesidad se concluye a partir del hecho de que la continuidad del gobierno Bolsonaro constituye la institucionalización de la barbarie en todos los campos de la vida social y económica en el país.

 

São Paulo, 4/12/2019

Traducción de Ramiro Fernandez Unsain

 

Referencias

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Acceso el 22/12/18.

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SAFATLE, Vladimir. Entrevista concedida el 17/11/2019 a Ideias de Esquerda. Disponible en http://www.esquerdadiario.com.br/Vladimir-Safatle-A-capacidade-de-constituicao-de-novos-horizontes-da-esquerda-brasileira-hoje-e?fbclid=IwAR0LbxdfmvpvMpMVN6io9gqgn73jTawEWxCkoLuRPjfLVz8yyX1lHSpM9YY . Acceso el 01/12/2019.

 


[1] Rosa Maria Marques es Profesora titular del Departamento de Economía y del Programa de post-graduación en Economía Política de la PUCSP (Pontificia Universidad Católica de São Paulo). Ex-presidente de la Sociedad Brasileña de Economía Política (SEP).

Este artículo fue enviado por la autora para ser publicado en Herramienta

[2] El período de gobierno encabezado por el Partido de los Trabajadores y otros partidos en coalición, y cuyos presidentes fueron Luis Inacio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff respectivamente se sucedieron entre los años 2003 y 2016.

[3] Parte de este acápite se publicó en MARQUES (2019). Aquí, sin embargo, su contenido se presenta de forma resumida y se menciona aquello que es más importante para la comprensión de los determinantes de la elección de Bolsonaro.

[4] En otro artículo, analizamos algunos aspectos de la política económica de Luis Inacio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff, destacando la lucha que emprendió esta última enfrentando el spread cobrado por los bancos brasileños así como fortaleciendo y aumentando la participación de los bancos públicos en el mercado de crédito (MARQUES e ANDRADE, 2016).

[5] La entrevista puede ser reproducida en el siguiente link: https://catracalivre.com.br/cidadania/em--video-bolsonaro-se-diz-contra-medicamentos-gratis-para-hiv/

[6] La meritocracia, entendida como “poder del mérito” en su origen etimológico, implica considerar que la posición de un individuo en la sociedad es el fruto de sus méritos, o sea, de su dedicación y esfuerzo. De esta forma, las posiciones jerárquicamente superiores, así como las rentas y el acceso a bienes de cualquier tipo, serían reservados “naturalmente” a aquellos individuos con mejores aptitudes. Una sociedad que se organiza totalmente a partir de la meritocracia no reconoce derechos que provengan de la  ciudadanía o inclusive que puedan existir derechos básicos para todos y garantizados. Está claro que, en la sociedad contemporánea autodenominada democrática, no existe ningún ejemplo de país donde ese entendimiento sea llevado hasta las últimas consecuencias: la necesidad de mantener la cohesión social implica garantizar, por parte del Estado, lo mínimo para sobrevivir.

[7] En la sesión del 7 de noviembre de 2019 del Supremo Tribunal Federal, fue considerada inconstitucional la reclusión de un condenado en 2ª instancia. Como consecuencia de este fallo, Lula dejó la prisión al día siguiente, aunque sin recuperar sus derechos democráticos. Difícilmente lo dejarán participar en las próximas elecciones presidenciales.

[8] Documento publicado por el Partido Movimiento Democrático Brasileiro (PMDB), hoy MDB, el 29/10/2015, durante el auge de la crisis política construida contra Dilma. Michel Temer, quien la substituyó, es del PMDB.

[9] En diciembre de 2016, durante el gobierno Temer (que asumió la presidencia con la destitución de Dilma) con apenas seis meses entre el envío del proyecto de enmienda constitucional por el ejecutivo y su aprobación, fue adoptado un nuevo régimen fiscal que congeló el gasto del gobierno federal por veinte años (Brasil, EC 95). En este proyecto, el valor global del presupuesto es fijado en forma permanente, pudiendo acrecentar su valor nominal por la tasa de inflación. Además de que el número de años de vigencia del congelamiento esté escrito en la Constitución, llama la atención el hecho de que los intereses de la deuda pública hayan sido excluidos del congelamiento y que los gastos sociales estén sujetos a esa restricción, diferentemente de lo que fue aplicado en países que también adoptaron medidas de contención del gasto público para frenar y/o revertir el crecimiento de la deuda del estado (MARQUES e ANDRADE, 2016 (B)). La defensa del presupuesto cero, que llevó a cambiar el régimen fiscal congelando el gasto del gobierno central, ya estaba explícita en el documento Ponte Para o Futuro (Puente hacia el futuro). En el mismo, entre otras cosas (destacándose una propuesta de reforma del sistema de jubilación), se defendía un presupuesto “verdadero” (sic), o sea, inexistente y, para lograrlo, se deberían desvincular los recursos previstos para la salud y la educación, además de desindexar el piso de los beneficios previsionales y asistenciales del salario mínimo.

[10] Fernando Henrique Cardoso gobernó el Brasil por dos períodos consecutivos: enero de 1995 a diciembre de 2002.

[11] Se optó por dejar los nombres originales de las empresas en portugués dado que todas las informaciones correspondientes relativas a las mismas deben ser buscadas en su idioma de origen.

[12] El día 19/11/19, la ministra de los Derechos Humanos, Damares Alves, anunció que el gobierno federal creará un canal para que los padres de alumnos puedan quejarse de profesores que, durante las clases, atenten “contra la moral, la religión y la ética de la familia”. Ese canal estaría siendo desarrollado por los ministerios de Educación y de los Derechos Humanos. Al momento en que este artículo estaba siendo terminado, el canal aún no había sido lanzado. Por otro lado, es preciso recordar que la reforma administrativa realizada al inicio del gobierno, extinguiendo Ministerios y órganos, así como reubicando otros y redefiniendo la jerarquía y las pertinencias de los departamentos, implicó un cambio de prioridades y de enfoques en el tratamiento de determinadas cuestiones al interior del aparato del Estado (MARQUES, 2019).

[13] Es interesante destacar que Bolsonaro vetó, en su totalidad, el proyecto de ley que obligaba a los hospitales de las redes pública y privada a notificar casos sospechosos de violencia contra la mujer a la policía en hasta 24 horas.

[14] Órgano vinculado al Ministerio de la Ciudadanía. Fue creado en agosto de 1988 como parte central del proceso de redemocratización del país y, así, vinculado al Ministerio de Cultura. Con la extinción de este último, en el gobierno Bolsonaro, fue asignado al Ministerio de la Ciudadanía. En su estatuto de 1992 está estipulado que ese órgano tiene como misión priorizar los preceptos constitucionales de refuerzo a la ciudadanía, a la identidad, a la acción y a la memoria de los segmentos étnicos de los grupos que conforman la sociedad brasileña, además de fomentar el derecho de acceso a la cultura y a la indispensable acción de la preservación de las manifestaciones afrobrasileñas.

[15] Celebrado el 20 de noviembre, rige en todos los municipios de los estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, en tres ciudades da Bahia, en dos de Espírito Santo, en cuatro de Goiás, en una de Maranhão, en nueve de Minas Gerais, en la capital de Mato Grosso do Sul, en todos los municipios de Mato Grosso, en la capital de Paraíba, en dos ciudades de Paraná, en todos los municipios de Rio de Janeiro, en la capital de Santa Catarina y en noventa y ocho municipios de São Paulo.

[16] Esas y otras afirmaciones pueden ser leídas en: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2019/11/espanto-e-indignacao-resumem-as-redes-sociais-sobre-novo-presidente-da-fundacao-palmares/

[17] Quilombolas es el término que denomina a las personas afrodescendientes que habitan los quilombos. Si bien su significado remite históricamente a los movimientos de emancipación y liberación ocurridos por varios siglos en distintos países tras la esclavitud en América, contemporáneamente en Brasil designa a la autoidentificación de estas personas descendientes de estos pueblos, a sus comunidades y tierras rurales, suburbanas y urbanas.

[18] Amazonía Legal es un área que engloba nueve estados brasileños en su totalidad y uno parcialmente, pertenecientes a la Cuenca amazónica y el área de ocurrencia de la vegetación típica amazónica. La actual área que abarca corresponde a la totalidad de los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso y cerca del 79% del estado del Maranhão.

[19] El funk carioca es un estilo musical originario de las favelas del estado de Río de Janeiro, Brasil. A pesar del nombre, es diferente del funk originario de los Estados Unidos. Las fiestas del funk carioca están básicamente ligadas al público joven y son uno de los mayores fenómenos de masa en Brasil.

[20] El número de muertos como consecuencia de la violencia, en el país, supera al de los conflictos armados (ONU, 2019).

[21] El Proyecto de Ley (PL), conocido como “paquete anticrimen”, fue votado el 04/12/2019 en la Cámara de Diputados. Fue aprobado por 408 votos a favor y 9 contrarios. Hubo una propuesta substituta encaminada por el Ministro de Justicia, Sergio Moro. Esa propuesta, así como la prisión en segunda instancia, además de otras que integraban la propuesta de Moro, fueron retiradas del PL. Ahora, el trámite sigue para ser examinado en el Senado.

[22] El Congreso Nacional, al analizar la Medida Provisoria de la reforma administrativa, decidió que la Funai volviese al Ministerio de Justicia, así como la demarcación de tierras indígenas.

[23] Sobre eso ver MARQUES y UGINO (2017).

[24] Tal como informa la página del Observatório da Democracia (Observatorio de la Democracia), este nació de los cuestionamientos levantados durante los encuentros de un grupo conformado por siete partidos fundadores y a través de estos líderes: Cláudio Campos (PPL – Partido Pátria Livre) – Lauro Campos (PSOL – Partido Socialismo e Liberdade), João Mangabeira (PSB – Partido Socialista Brasileiro), Leonel Brizola – Alberto Pasqualini (PDT – Partido Democrático Trabalhista), Maurício Grabois (PCdoB – Partido Comunista do Brasil), Partido da Ordem Social (PROS – Partido Republicano da Ordem Social) y Perseu Abramo (PT – Partido dos Trabalhadores). Aún siendo discutible si el conjunto de esos partidos pueden ser considerados progresistas, vale destacar que esa iniciativa es inédita en el país.