La COMPA sobre YPF: una medida positiva

 

Desde la COMPA, entendemos que la construcción de soberanía popular es una tarea central de nuestro tiempo, expresada en los múltiples debates y acciones que se desarrollan a lo largo de nuestro país: la resistencia al saqueo de nuestros recursos naturales, la lucha por soberanía alimentaria y el reclamo de soberanía en Malvinas son sólo algunos ejemplos. Es así que la discusión sobre la propiedad, control y administración de los recursos energéticos, tiene importantes repercusiones para nuestro país.
Consideramos entonces que el anuncio realizado el lunes por la presidenta Cristina Fernández, donde surge un proyecto de ley de expropiación de YPF, resulta una medida positiva, que devuelve a la nación una porción del patrimonio subastado con la ley de hidrocarburos de 1994 y que además nos puede permitir proyectar nuevos pasos, de mayor profundidad, en la recuperación de nuestra soberanía energética. 

No sorprenden las posiciones del gobierno español y de otros países, como tampoco las de empresarios nacionales y extranjeros que responden a una tradición de saqueo y ven afectados intereses propios que nada tienen que ver con las necesidades populares. También grandes medios de comunicación se alinearon con los intereses de Repsol, así como algunos partidos políticos como el PRO. Las organizaciones y movimientos populares rechazamos las inevitables presiones del capitalismo transnacional ante cualquier medida que pueda allanar el camino para la liberación de nuestro pueblo.

Son de público conocimiento las cuantiosas ganancias de Repsol y de la familia Eskenazi, que en su ingreso a la empresa durante el año 2007 aplicó la misma lógica de los capitales españoles, demostrando el fracaso del proceso de “argentinización” impulsado en aquel entonces por el gobierno nacional. Ninguna indemnización a estos grupos resulta necesaria, y mucho menos justa, ante esa política de vaciamiento.
A partir de ahora se abren nuevas discusiones sobre las condiciones de la expropiación, donde existen distintas referencias en América Latina, siendo la más importante de ellas la empresa PDVSA en Venezuela, que fue expropiada en un 100% por el gobierno bolivariano. Por otro lado también se abre el debate sobre la política que deberá tomar el Estado en un mercado donde el resto de las empresas petroleras continúan en manos privadas y los intereses multinacionales siguen muy fuertes. Las aspiraciones a explotar el petróleo y el gas no convencionales, por ejemplo, representan ante todo una amenaza por los altos costos sociales y ambientales que provocan.
En Argentina, han sido numerosos los esfuerzos de trabajadores y trabajadoras que lucharon y se opusieron a la privatización de YPF, no sólo para defender su fuente de trabajo, sino también para resistir la pérdida de soberanía que significó esa medida. Las grandes puebladas de Mosconi, Tartagal y Cultral-Có son algunos hitos de la lucha de nuestro pueblo por su soberanía, que hoy se reproducen y encuentran su continuidad en nuevas resistencias y propuestas.
Creemos entonces que es fundamental abordar una perspectiva de avance en la construcción de soberanía popular, que incluye la recuperación y defensa del conjunto de nuestros bienes estratégicos, una proyección que enfrente el saqueo y la devastación social, económica y ambiental a partir de la movilización y la lucha y que nos permita ir por una YPF 100% pública con control popular.