Cooperativización: algunas aproximaciones a las relaciones actuales entre Estado capitalista y sectores subalternos

Introducción

La propuesta de este trabajo es poner en discusión algunas de las implicancias políticas del proceso de cooperativización que ha caracterizado a ciertas relaciones entre el Estado capitalista y los sectores subalternos en la Argentina de los últimos diez años. En este sentido, intentaremos mantener una distancia prudente tanto de las perspectivas que rechazan la cooperativización por signar un peligro para el sistema de libre mercado, así como de aquellas que promueven y defienden el cooperativismo como base indiscutible de prácticas emancipatorias. Sin embargo, lejos de buscar posiciones intermedias, la tesis latente en este trabajo es que la cooperativización instrumentada estatalmente es unos de los resortes económicos fundamentales para la construcción de la supremacía hegemónica capitalista actual.
El análisis de las relaciones entre Estado y clases subalternas a partir de experiencias concretas de tomas de tierras urbanas nos ha permitido identificar a la cooperativización como un proceso en el que se entrelazan complejamente tanto mecanismos estatales de dispersión del conflicto social como estrategias de subsistencia de los sectores populares. Lejos de las simplificaciones, estas reflexiones proponen analizar los límites y los alcances del proceso de cooperativización, distinguiendo algunos significados, estrategias, prácticas e ideales que se ponen en juego en las experiencias concretas de cooperación social. 

En primer lugar, problematizaremos las condiciones en las que se relacionan nuestros referentes concretos: el Estado capitalista en su versión local en manos de las gestiones Kirchner-Kirchner (2003-2007/2007-2011), y los sectores subalternos que en tanto clase trabajadora es sujeto privilegiado de los procesos de cooperación social.

En segundo lugar, despejaremos algunos de los significados atribuibles a los conceptos de cooperación social, cooperativismo, cooperativa y cooperativización, definiendo un posicionamiento teórico-político claro que nos permita avanzar en el análisis propuesto.
Lo cierto es que el proceso reciente de cooperativización se matererializa en diferentes formas concretas: aquellas ligadas a las iniciativas de fábricas recuperadas, aquellas que emergen de programas y planes estatales para microemprendimientos y aquellas vinculadas al acceso de la tierra urbana. Mientras que las dos primeras quedan como líneas pendientes de futuras investigaciones, es a partir de esta última que analizaremos dos experiencias concretas de tomas de tierras devenidas en cooperativas en la ciudad de Cipolletti.
Finalmente, quedarán planteadas algunas proposiciones problemáticas en las que categorías y experiencias se articulan, abriendo nuevos interrogantes y posibles líneas de investigación.
 
“Cooperativizate”, algo más que una consigna estatal
 
Al analizar la orientación de las políticas públicas pos-convertibilidad, encontramos que el giro productivista del gasto social implicó no sólo cierto viraje de la relación Estado-mercado propia del modelo neoliberal, sino que además sirvió de anclaje económico para la reconstrucción de la hegemonía capitalista. A través de distintos programas y planes, las gestiones duhaldistas y kirchneristas configuraron un entramado estatal desde donde intervenir activamente en la macro-economía y dirigir estrategias de inclusión de los sectores populares.
 
El gobierno interino de Eduardo Duhalde lanza el conocido plan “Jefas y Jefes de hogar desocupados” como eje de su política social. Lo significativo de este plan no fue su originalidad sino su magnitud, al superar los 2.000.0000 de beneficiarios. En el marco de un proceso social que interpela al Estado por haber reducido drásticamente su capacidad de garantizar los derechos constitucionales, el Estado va por más. El subsidio se presenta como “derecho a la inclusión”. (Ciolli, 2009)
 
De esta manera se intenta re-estatalizar la relación entre Estado y lucha de clases, la inclusión al mercado es mediada por las políticas sociales del Estado, es una inclusión regulada estatalmente.
A partir del 2003, el gobierno de Néstor Kirchner inicia la plena recuperación de la dirección política del ordenamiento social por parte de los sectores dominantes en nombre de la recomposición del Estado y de la inclusión social pos-neoliberal. La reorientación de las políticas sociales expresa la intención de reinstalar la cultura del trabajo en base a la dignidad del trabajador, recuperadas a través de los subsidios a proyectos de micro-emprendimientos asociativos, aglutinados en el inaugural plan “Manos a la obra”.
 
Los proyectos del Estado nacional orientados a consolidar una red de inclusión social y asegurar una mejor calidad de vida tuvieron su punto de partida en 2003 con el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra”, al que le siguieron el Programa Federal de Emergencia Habitacional “Techo y trabajo”, el Plan “Agua + trabajo”, el Programa de Inversión Social (PRIS) y el reciente lanzamiento del Plan de Ingreso Social con Trabajo (agosto 2009). Esta política estatal, basada en la generación de puestos de trabajo orientados a la realización de obras públicas con impacto en la calidad de vida: servicios básicos, infraestructura urbana y comunitaria, espacios verdes y viviendas, generó desde el principio expectativas y opiniones encontradas. (Plotinsky, 2010)
 
Más allá de las diferentes expectativas y opiniones, hoy resulta casi indiscutible que estas políticas estatales lograron reactivar la obra pública, reducir la tasa de desempleo e institucionalizar el conflicto social. Este último punto es el que nos interesa analizar, porque dicha institucionalización es compleja y no puede leerse linealmente ni en términos de cooptación estatal ni de conquistas sociales. En este sentido, cabe tener en cuenta que los conflictos sociales son canalizados por el Estado capitalista creando alternativas intrasistémicas (Therborn, 1997), que permiten mantener a un nivel latente las contradicciones estructurales de la lógica capitalista.
Así emergen gran parte de las cooperativas en estos últimos años, como una alternativa intrasistémica, que inicialmente pueden surgir como parte de las estrategias de subsistencia de los sectores populares, pero que –al mismo tiempo y en gran parte de los casos– deviene en un mecanismo de dispersión de los conflictos sociales instrumentalizando estatalmente la organización colectiva.
 
Según los registros del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), casi 10.200 de las 14.679 cooperativas registradas en la Argentina se crearon en los últimos 6 años. De ese total, más de 8.000 son cooperativas de trabajo, lo que explica que las mismas –que en 1980 eran el 27% del total– hayan crecido hasta representar hoy casi dos tercios de las entidades existentes en nuestro país. El crecimiento del cooperativismo de trabajo comenzó durante la década del 90, y reconoce entre sus causas el progresivo aumento de la desocupación, la flexibilización y precarización de las condiciones laborales, la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, y la formulación estatal de programas sociales basados en la creación, el desarrollo y el financiamiento de entidades cooperativas. (Plotinsky, 2010)
 
Si en los últimos seis años se crearon y registraron más de diez mil cooperativas, no cabe duda de que estamos frente a una política de Estado que planifica y regula la organización colectiva. En este sentido, en tanto política social de un Estado capitalista, la cooperativización implica un resorte que amortigua el conflicto entre capital y trabajo: aliviando al primero de la reproducción del segundo y legitimando en nombre de la inclusión social la fragmentación política, la instrumentalización burocrática y la precarización laboral de las clases trabajadoras.
 
La política social es, pues, una mediación del antagonismo entre capital y trabajo, que evidencia la imposibilidad del capital de liberarse de las reivindicaciones de la clase trabajadora –y mucho menos de su existencia– (…) Analizar la acción del Estado en torno a la política social permite comprender que, a pesar de su apariencia, éstas constituyen formas diferenciadas de re-construir la subordinación de la clase trabajadora en la relación social del capital, dado que contribuyen a sostener la disponibilidad de la mercancía fuerza de trabajo en el mercado… (Ciolli, 2009)
 
En la cooperativización como proceso y en la cooperativa como meta, el actual Estado capitalista encuentra uno de los fundamentos de su supremacía hegemónica. Esto quiere decir que no es unidireccionalmente impuesta, pues la construcción de hegemonía implica la incorporación de los estratos populares al desarrollo económico-social, realizando concesiones y equilibrando compromisos entre los intereses antagónicos (Thwaites Rey, 2007). En este sentido, los sectores subalternos son protagonistas no pasivos pero sí en condiciones de asimetría de este proceso de cooperativización. Asimetría estructural que permanece latente más allá de las particularidades.
Particularidades que configuran un campo de experiencias que encierran tanto iniciativas populares como mecanismos de instrumentalización estatal. De allí que identifiquemos formas de cooperativización que aparentan cierta autonomía en relación a las estrategias estatales, como son ciertas experiencias de fábricas recuperadas devenidas en cooperativas, que en su mayoría adoptaron dicha forma legal más por razones pragmáticas que por motivaciones ideológicas (Bonnet, 2008), ya que constituir una cooperativa costaba 255 dólares menos que una sociedad, con el 10 por ciento del salario de seis de sus integrantes alcanzaba. Además, el trámite de inscripción en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) era mucho más simple y barato, posibilitando sortear las normativas restrictivas del Instituto Nacional de Cooperativas (Sin Patrón, 2004).
Y también identifiquemos formas de cooperativización claramente direccionadas por el Estado, como son algunas cooperativas de trabajo creadas en el marco del Plan Federal de Viviendas, circunscriptas a beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar y al objetivo de construcción de la vivienda propia. Aquí la estrategia tiene tres dimensiones: dar de baja el plan duhaldista de subsidios, reducir la tasa de desempleo y satisfacer la necesidad de vivienda (Tifni, 2008). 
Estos ejemplos son solo algunos tipos de cooperativización, que implican experiencias diferentes y también grados variables de intervención estatal, pero que no deben invisibilizar la existencia de un proceso político y social general cargado de contradicciones, cuya comprensión requiere identificar posturas, precisar categorías y analizar experiencias concretas.
 
De la cooperación a la cooperativización: conceptos y visiones
 
Hasta aquí, la cooperativización aparece como proceso, pero también como estrategia. El Estado capitalista, como espacio, pero también como sujeto. Los sectores subalternos, como protagonistas de luchas sociales, pero también como sujetos de instrumentación estatal. En este sentido, puede resultar útil revisar algunas perspectivas puntuales.
Las diversidad de visiones sobre la cooperativización implica una gama de perspectivas que van desde la celebración a la crítica. Mientras que las primeras suelen caer en la ingenuidad sociológica de idealizar la cooperación entre los hombres y sus potencialidades emancipadoras, las segundas se esfuerzan en denunciar el arte de introducir la cooperación, convirtiéndola en resultado de un esfuerzo de ingeniería (De Jesús y Tiriba, 2004). 
Las primeras consideran que las políticas sociales relacionadas a la cooperativización
 
(…) buscan superar la tradicional modalidad asistencialista y expresan además la voluntad estatal de intervenir activamente en la economía a favor de los que menos tienen, marcando un camino que es necesario continuar profundizando. La elección del modelo cooperativo aparece entonces como una auspiciosa expresión del cambio en la actitud del Estado hacia la economía social y le otorga al proyecto un valor agregado ya que permite avanzar en el desarrollo de valores solidarios y una práctica autogestiva (…) Para eso, se debe impulsar al Estado a que los planes vayan más allá de la disponibilidad a financiar el trabajo, las herramientas y los medios materiales que permitan un desarrollo constante y sostenido del sector, para reconocer las aspiraciones, la visión, los valores y el carácter transformador de las empresas de la economía social. (Plotinsky, 2010)
 
Bajo esta perspectiva operan ciertos supuestos que tienen efectos puntuales al momento de interpretar las experiencias concretas. Uno de ellos es que la intervención del Estado en la economía es intrínsecamente beneficiosa para los sectores desposeídos, sin explicitar que en tanto Estado capitalista, este Estado busca a través de diferentes estrategias sostener un equilibrio de compromisos que garanticen la reproducción de las relaciones sociales de producción capitalistas, por lo que inevitablemente debe sostener a dichos sectores. Otro de ellos es que, al disminuir planes y subsidios individuales, la cooperativización implicaría la desaparición de prácticas asistencialistas; sin embargo, sabemos que dichas prácticas pueden apoyarse y operar perfectamente sobre organizaciones colectivas. Pero además el acceso a programas y planes vía cooperativas implica necesariamente el cumplimiento de requisitos y formatos institucionales-burocráticos que pueden significar serios límites y obstáculos a las prácticas de autogestión y organización política. Finalmente, el supuesto potencial transformador de la economía social resulta demasiado débil y difícil de materializar si es que depende del estímulo del Estado que, en tanto capitalista, no pondrá en peligro su propia existencia, es decir la de una sociedad basada en relaciones de explotación entre capital y trabajo.   
Algunas visiones más críticas que celebratorias
 
(...) ponen el acento en los modos de implementar los planes y en algunas limitaciones y riesgos que los mismos conllevan. El recurso a la forma cooperativa para resolver la desocupación e informalidad laboral presenta el riesgo de convertirlas en un instrumento de contención social, desnaturalizando su carácter autónomo, participativo y democrático (…) se objeta que estas cooperativas creadas desde el Estado no son “genuinas”, ya que no nacen del impulso voluntario y autónomo de sus miembros. (Íbidem)
 
En estas visiones la cooperativa aparece como estrategia estatal para resolver el problema de la desocupación y de la informalidad, instrumentalización que no sólo implicaría el riesgo de perder su contenido autónomo, participativo y democrático, sino además de quedar sujeta a la lógica clientelar-asistencialista de la política tradicional. Sin embargo, lo que tampoco se explicita en esta visión es el papel de las cooperativas en la actual reconfiguración de las relaciones capitalistas.
De allí que las visiones aún más críticas sostengan que
 
(…) estas nuevas cooperativas no funcionan como tales sino que se convierten en empleados del Estado. Es una práctica política que contribuye a la tercerización del empleo y al no cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Se convierten en empleos precarios, inestables. No contribuyen al objetivo planteado de reinserción social de los sectores populares porque continúan en el estado de marginalidad y desafiliación en el que se encontraban antes de participar de estos planes. Estas son políticas focalizadas, donde se subsidia y reproduce la pobreza. (Tifni, 2008)
 
A pesar de su criticidad, paradójicamente esta última postura también espera que sea el Estado el que extienda el espíritu cooperativista estimulando prácticas y valores que vayan más allá de la mera subsistencia. Por eso, solicita al Estado que estimule al movimiento cooperativo y promueva su objetivo primero de transformación social. 
Por todo lo anterior, resulta imprescindible discutir los posibles sentidos que adquieren las nociones de cooperativa, cooperativismo, cooperativización y cooperación en estas discusiones.
 
Cooperativas y cooperativismo
 
A pesar de las diferentes visiones sobre el actual proceso de cooperativización, estas posiciones comparten ciertas nociones comunes acerca de lo que es y/o debería ser una cooperativa y el movimiento cooperativista.
Una primera aproximación define a la cooperativa como forma legal, como instrumento de institucionalización de una organización colectiva regulado por el Estado. En este sentido, y adhiriendo a la Declaración sobre Identidad y Principios Cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional, el INAES define a una cooperativa como “(…) una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas”. (INAES, 2010)
De esta definición oficial se desprenden algunos rasgos básicos que podemos analizar: autonomía y voluntarismo de la asociación de personas, objetivos a un doble nivel, satisfacción de necesidades y de consecución de aspiraciones comunes, propiedad conjunta de una empresa y control democrático. Veamos cómo es el propio Estado quien apenas dos renglones más abajo realiza una operación de reducción de la definición de cooperativa, operación que veremos no es meramente discursiva:
“Es decir, la cooperativa: es una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente”. (Íbidem)
Así, de un plumazo, se reduce la asociación autónoma y voluntaria a la posesión colectiva de una empresa que se controla democráticamente. De este modo, lo democrático se convierte en mecanismo de control, se instrumentaliza, se burocratiza. ¿Qué queda entonces bajo la forma cooperativa? Queda la inclusión vía la propiedad conjunta –lo que no quiere decir propiamente colectiva– y la regulación interna, pero también externa, vía mecanismos democráticos. En apenas unos renglones se han extraviado cuestiones no menores como la autonomía, el carácter voluntario y los objetivos socialmente compartidos.
Más adelante, se enfatiza en que las características de “(…) propiedad y control democrático son las que diferencian a otros tipos de organizaciones como las empresas controladas por el capital o por el gobierno”. Sin embargo, se aclara que “cada cooperativa es una empresa, en el sentido que es una entidad organizada que funciona en el mercado, por lo tanto debe esforzarse para servir a sus miembros eficiente y eficazmente”.(Íbidem) Así los criterios de eficacia y eficiencia se insertan en la organización colectiva, a la que nominalmente se le atribuyen valores y principios cooperativos como la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, pero operativamente se la pone al servicio del mercado, en donde sabemos que no rigen esos valores ni principios, o solo lo hacen excepcionalmente y en pos del afán de lucro.
En este punto vale preguntarse por ese objetivo primario que comúnmente se le atribuye sin demasiadas reservas al movimiento cooperativista: la transformación social. En este sentido, se identifica la cooperativización con una alternativa a la economía de mercado, de hecho, se la enmarca en una economía de tipo social.
“El cooperativismo moderno es una práctica económica no lucrativa que surge en Inglaterra hace casi 200 años en respuesta a las desigualdades e injusticias que la incipiente sociedad capitalista ya entonces generaba.” (Lizuain, 2010) En este sentido, si el cooperativismo surge en respuesta a las desigualdades e injusticias de la sociedad capitalista y si realmente persigue la transformación social, cabe interrogarse cómo es que ha logrado coexistir y persistir a dos siglos de desarrollo capitalista, y aún no han sido superadas dichas desigualdades.
En relación a esta nueva ola local de cooperativismo, se dice que las verdaderas causas del crecimiento del cooperativismo son de origen neoliberal. “En los últimos años este crecimiento tiene vinculación con el importante aumento del cooperativismo de trabajo, que entre 1994 y 2009 creció un 517%. Este crecimiento tiene relación directa con una problemática generada por el neoliberalismo: la desocupación y la exclusión.” (Íbidem) De esta manera se escinde neoliberalismo de capitalismo y en la génesis cooperativista sólo aparece un modelo específico de desarrollo capitalista, el neoliberal, al que se le atribuye la des-ciudadanización y mercantilización de grandes sectores de población.
Por eso es válido rastrear y problematizar la génesis misma de la noción de cooperación social como núcleo de análisis de esta problemática.
 
Cooperación
 
Co-operar es operar con otros, es co-laborar, trabajar con otros. La cooperación es acción y proceso, es social porque se encuentra en la génesis misma de las relaciones entre los hombres.
 
La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como de la ajena en la procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación –de una parte, como una relación natural, y de otra como una relación social–; social, en el sentidode que por ella se entiende lacooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin. (Marx y Engels, 1985)
 
 Este papel fundante de la cooperación en la génesis de lo social no implica naturalizarla y menos aún abstraerla de sus formas particulares, porque lo cierto es que (…)un determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación que es, a su vez, una ‘fuerza productiva’”. (Íbidem)
Antes de avanzar en esta idea de cooperación como fuerza productiva, es necesario complejizar nuestra noción inicial de cooperación, en la medida que la consideramos como la “(…) forma del trabajo de muchosque,en el mismo lugar y en equipo, trabajan planificadamente en el mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos pero conexos(…)”. (Marx, 2009: 395, énfasis del original)Así la cooperación es espontánea y planificada: emerge en el trabajo de los hombres y es encauzada por un plan común. Pero además, el resultado de la cooperación no es equiparable a la mera sumatoria de las fuerzas individuales de cada trabajador, sino algo más, algo diferente, porque
 
(…) la suma mecánica de fuerzas de obreros aislados difiere esencialmente de la potencia social de fuerzas que se despliega cuando muchos brazos cooperan simultáneamente en la misma operación indivisa(…) No se trata aquí únicamente de un aumento de la fuerza productiva individual, debido a la cooperación, sino de la creación de una fuerza productiva que en sí y para sí es forzoso que sea una fuerza de masas.(Íbidem: 396, énfasis del original)
 
Hasta aquí la cooperación se presenta como el origen de la fuerza productiva del trabajo social, en la medida que cooperar le permite al trabajador rebasar los límites de su individualidad y desarrollar la potencialidad de la especie humana. ¿Qué pasa cuando revisamos el modo de cooperación en las sociedades capitalistas? Sorprendentemente descubrimos que la cooperación no es una forma particular de algunos oasis productivos, sino que la cooperación está a la base del modo de producción capitalista. Y para evitar malos entendidos, aclaramos que si bien existen diferentes expresiones de los modos de cooperación a lo largo de la historia, lo cierto es que “(…) la cooperación capitalista no se presenta como forma histórica particular de la cooperaciónsino que la cooperación misma se aparece como forma histórica peculiar al proceso capitalista de producción, como forma que lo distingue específicamente”. (Íbidem: 406-407, énfasis del original)   
Si reconocemos que el punto originario de la producción capitalista es justamente la cooperación de un número de obreros relativamente grande, al mismo tiempo, en el mismo espacio, bajo el mando del mismo capitalista, para la producción del mismo tipo de mercancías, entonces debemos admitir que la fuerza productiva del trabajo social de dichos obreros deviene en fuerza productiva del capital. En este sentido, “(…) la cooperación misma aparece como forma específica del proceso capitalista de producción, en antítesis al proceso de trabajadores independientes aislados o, asimismo, de pequeños patrones. Se trata del primer cambio que experimenta el proceso real de trabajo por su subsunción bajo el capital”.(Íbidem: 407, énfasis del original)
En este punto, entonces, cabe preguntarnos si la cooperativización instrumentalizada por el Estado es parte de las concesiones económicas y políticas que las clases dominantes se ven obligadas a realizar en pos de mantener su supremacía hegemónica, así como si es parte de la capacidad de las clases subalternas de modificar la correlación de fuerzas a su favor. 
Si abordamos la cooperativización como conquista de las clases subalternas, es necesario tener en cuenta que una de las consecuencias de considerar al Estado en sentido ampliado es que la lucha contra éste no puede reducirse a tomar los medios de producción y a destruir el aparato de coerción, sino que más bien es necesario librar una batalla “intelectual y moral”, que sea a la vez profundamente política e ideológica (Thwaites Rey, 2007: 156). Pero para librar dicha batalla, es necesario “(…) desentrañar los elementos que en la sociedad civil, operan como 'cemento' de las relaciones sociales vigentes, a partir de las prácticas cotidianas de las clases fundamentales”. (Íbidem: 143). Así el Estado deviene en la condensación material de determinadas correlaciones de fuerzas intra-clases y entre clases sociales antagónicas, cuya cristalización institucional no puede estar libre de contradicciones y conflictos (Poulantzas, 1991). 
De allí que la tesis de este trabajo sea que la cooperativización funciona como uno de esos elementos que sellan la hegemonía capitalista, y que es necesario disputar desde los sectores subalternos. Dar cuenta de la complejidad que implica librar esta batalla requiere comprender las formas concretas que adquiere el Estado capitalista en nuestros contextos reales.
 
Coordenadas contextuales: lineamientos de la política urbana
 
Bajo el signo kirchnerista, el Estado efectuó un giro re-centralizador de la política de la vivienda convirtiéndola en uno de los ejes centrales de la obra pública nacional. Este giro significó que se destinaran cuantiosos fondos federales para la construcción de soluciones habitacionales, a través de un doble mecanismo: la tradicional distribución vía los Institutos Provinciales de Vivienda y los nuevos programas de asignación de fondos por parte del ejecutivo nacional a los gobiernos provinciales y municipales.En este sentido, los fondos federales “…explican la mayor parte (en términos cuantitativos) de la política habitacional desarrollada en los últimos seis años”.(Duarte, 2009) Este rol activo del Estado es definido por el gobierno a nivel nacional, pero su coherencia y efectividad depende de los vaivenes políticos de las relaciones con los gobiernos provinciales y municipales. Esto se expresa con suma claridad en sus intervenciones y manipulaciones cruzadas de las tomas de tierras.
 
Nosotros estuvimos 2 años tirados, nosotros cambiamos la historia cuando vino el presidente en el 2005, movilizamos a nuestra gente y con dos pancartas le preguntábamos si conocía nuestra realidad, y ahí surgió la gran ayuda… no es apoyo, es su obligación, está en la constitución que adonde hay necesidad hay un derecho, y éstos, ni municipalidad, ni provincia nos dieron bola. (Referente barrial y presidente de la Cooperativa San Sebastián, 21/08/09)
 
Este tipo de intervención y llegada directa del gobierno nacional a los territorios locales se da en el marco del Plan Federal Construcción de Viviendas que se puso en marcha en el contexto de emergencia económica y social en el que se encontraba el país en el año 2003, al asumir la gestión de Néstor Kirchner. Uno de los programas a través de los que se ejecutó esta iniciativa fue el Programa Federal de Emergencia Habitacional Techo y Trabajo, cuyo objetivo era generar trabajo a través de las cooperativas integradas por desocupados y de esta manera construir viviendas en suelo que fuera de propiedad pública. En el año 2004 se lanzan los programas federales de construcción de viviendas a través de empresas constructoras, con el objetivo de sostener el proceso de reactivación económica, y al mismo tiempo reducir el desempleo y el déficit habitacional. Para el 2005 los programas están orientados al mejoramiento del hábitat urbano (Duarte, 2009). 
De este modo, el Estado encuentra en muchos casos que las políticas de viviendas son un espacio de inscripción y ampliación de su función reguladora de las organizaciones sociales. Varían los modos en que interviene y las resistencias o acomodamientos que encuentra. Pero más allá de la diversidad, el problema constante es la disponibilidad de tierras urbanizables. Y en ese punto entran en juego las provincias y los municipios en la gestión del suelo urbano.
 
Recuperando experiencias concretas de cooperativización
 
En el año 2003 se dan dos experiencias de tomas de tierras urbanas en la ciudad de Cipolletti: la toma de las tierras de Zoppi que más tarde será la Cooperativa San Sebastián, y la toma de las tierras de Calabró y Tachino que se transformará en el Bº Antártida Argentina, en el que se conformaron varias cooperativas y solo persistió la Cooperativa “Constitución y Dignidad”. Con recorridos diferentes, ambas experiencias derivaron en la institucionalización y dispersión del conflicto a través de la cooperativización.
 
Llegamos a la toma por una situación de necesidad, fue en el 2003, un grupo importante de acá Cipolletti que vivía en esa precariedad (…) La primera localización es en los terrenos atrás del hospital, que eran de Zoppi (…) fue con esta gestión… con este intendente, el asumió el 10 de diciembre del 2003 y le estábamos haciendo una movilización afuera. (Referente barrial y presidente de la cooperativa San Sebastián, 21/08/09)
 
Luego la toma se organizó en cooperativa. Estrategia que aparece en un primer momento como una práctica innovadora de los sujetos, pero que al rastrear sus orígenes encontramos una marcada vinculación con las políticas públicas del gobierno nacional en el marco del Plan Federal, al que muchos gobiernos provinciales y municipales llegaron más tarde.
Tras dos años de toma, la cooperativa gestiona la compra de nuevas tierras para la relocalización y construcción de viviendas asignadas por el Plan Federal, pero la tensión con el gobierno municipal implicó dos años más de espera en la construcción de las obras. En el momento de consolidación y transfiguración de la toma en barrio, se ven con claridad los entrecruzamientos de los diferentes niveles de gobierno, que a través de sus discrepancias y ambigüedades logran dispersar el conflicto político-social inicial.
En la actualidad la cooperativa cuenta con cinco barrios: San Sebastián A, B, C y D, y San Nicolás, integrados por 500 familias. Además, en enero de 2009 se iniciaron las obras del complejo deportivo, donde entrenan los chicos de la escuelita de fútbol y se realizan otras actividades, como la salida al aire de FM San Sebastián.
En el caso del Bº Antártida Argentina, el Estado se desempeña como un mediador aparentemente neutral que arbitra los intereses de los privados. Previamente, el aparato judicial desactiva las posibilidades de desalojo legitimando la toma en términos de necesidad social, pero aún así, es necesario desactivarla como conflicto político-social. El Estado realiza las gestiones necesarias para satisfacer la necesidad, mientras solapadamente opera para desactivar los focos de organización política capaces de trascender la lucha reivindicativa.
“El municipio toma dos personas para dirigir también, que los respaldan ellos, ahí ya empieza otra pelea (…) los toma como para manejar un sector, para liderar un sector. Entonces empiezan a bajar la bolsa, la copa de leche. Instalan una radio adentro, donde ellos querían manejar la copa de leche con los chicos y todo eso (…). (Referente barrial y presidente de la Coop. “Constitución y Dignidad” del Bº Antártida Argentina, 21/08/08)
En cuanto a la problemática habitacional, también implicó un proceso de fragmentación porque su solución quedó librada a las posibilidades individuales de construcción de la vivienda. Algunos grupos formaron cooperativas y otros no, de allí el acceso diferenciado a distintos programas de ayuda habitacional.
Así, el Estado desarticula la organización genuina de la toma y bajo la forma de cooperativa conserva la naturaleza colectiva pero diluyendo su componente político reactivo, clasifica a sus integrantes, desacelera sus tiempos y capitaliza políticamente sus soluciones. Las prácticas políticas encuentran su límite en la lucha reivindicativa debido al manejo estatal de las soluciones a esas necesidades iniciales. 
En relación a la política urbana adoptada, la cooperativización aparece como consigna:“…Cooperativizate, asociate, andá a un consorcio, andá a un sindicato, que es la única manera de conseguir lo que necesitás. Los últimos intentos de tomas que hemos tenido en los últimos dos años, se han desactivado precisamente transformando las ocupaciones en cooperativas”. (Intendente de Cipolletti, 15/10/08) Así la cooperativa es presentada como medio para desactivar las tomas y como fin para institucionalizar la organización colectiva.
Pero la desarticulación política no es ni automática ni homogénea y las experiencias pueden convertirse en aprendizajes que se multiplican y complejizan en el tiempo.
 
Proposiciones problemáticas
 
Este primer acercamiento al proceso de cooperativización posibilita el esbozo de algunas proposiciones problemáticas, que requieren continuidad y profundidad en tanto líneas posibles de investigación.
En este sentido, emerge la complejidad de entender a la cooperativización como un proceso en el que, dialécticamente, se entrelazan estrategias de subsistencia y formas de sociabilidad de las clases subalternas con mecanismos de instrumentalización estatal. De allí que la especificidad de cada experiencia particular no radique en su carácter original y único, sino más bien en sus aportes al proceso social general. Cada experiencia de cooperativización implica una acumulación de saberes y prácticas populares en relación a los pares y al Estado, así como una complejización de los modos de intervención e institucionalización estatal de los conflictos sociales.   
Por eso cobra sentido “(…) tener muy claro el concepto de Estado, es decir qué rol juega el Estado, y cómo se identifica el Estado (…) Son cosas muy importantes para tener en cuenta y poder confrontar. Si no estás preparado para enfrentar al enemigo terminás formando cooperativas, ¿me entendés? En las cooperativas, terminás haciéndote cargo vos de lo que generó el Estado”. (Referente barrial 1º toma del Bº Anai Mapu, 4/09/08)
Lo que nos lleva a retomar las discusiones sobre las implicancias políticas del cooperativismo, y en este sentido está claro que no puede sostenerse la idea de autonomía que se le atribuye a las cooperativas en el marco de sociedades capitalistas, como tampoco ese potencial transformador intrínseco que se le adjudica al movimiento cooperativista.
Sin embargo, la cooperativización rebasa la definición en términos de política social de un Estado capitalista en pos de garantizar la subsistencia de la clase trabajadora y de dispersar diferentes focos de conflictividad social, y la rebasa porque lo que subyace es la cooperación social en el proceso de trabajo concreto, es decir, de actividad humana creadora.
La cooperación como fuerza productiva capitalista no encierra ningún potencial emancipador, en la medida que rige la ejecución cotidiana del trabajo abstracto, es decir, trabajo asalariado, forma de actividad extrañada, fetichizada, esto es trabajo alienado (Antunes, 1999). Pero aún así, si reconociéramos la posibilidad de escapar a esta lógica dentro de las propias relaciones de producción capitalistas, el trabajo cooperativo de hombres aislados no puede detener el crecimiento del monopolio, como tampoco liberar a las masas ni aliviar su miseria (Stratta y Barrera, 2009). De lo que se trata, entonces, es de recuperar el sentido creativo y emancipador de la cooperación en tanto fuerza productiva del trabajo social.
De allí que“… el desafío está en crear las condiciones objetivas y subjetivas para el rescate y fortalecimiento de la cooperación como práctica social humanizadora y mediadora del proceso de reproducción ampliada de la vida”. (De Jesús y Tiribia, 2004)Lo que requiere cuestionar la cooperativización instrumentalizada estatalmente, disputando sus significados hegemónicos y configurando prácticas subalternas disruptivas que efectivamente apunten a la transformación y emancipación social.
 
Bibliografía
 
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Una primera versión de este trabajo fue presentada como ponencia en el I Congreso Internacional Extraordinario de Ciencias Política, del 24 al 27 de agosto 2010, San Juan, Argentina. 
Este es el núcleo de análisis de la tesis de maestría Giaretto, Mariana, 2010 Estado y tomas de tierras: aproximaciones a la problemática de la urbanización se los sectores populares. Análisis de experiencias concretas del conflicto en la ciudad de Cipolletti, CLACSO/FLACSO.