Elecciones del 28 de junio de 2009: el giro a la derecha en el ciclo político abierto por las jornadas de diciembre de 2001.

Belkin, Alejandro Piva, Adrián

Es ya un lugar común vincular el resultado de las elecciones del domingo 28 de junio con el conflicto entre el gobierno y el conjunto de la burguesía agraria iniciado el 11 de marzo de 2008. Pero, ¿cuál es el sentido profundo de ese nexo? Y, ¿cuál su relación con el ciclo político abierto por las jornadas de diciembre de 2001? En este artículo, intentaremos señalar sólo los principales puntos de lo que, entendemos, constituye un giro a la derecha de las relaciones de fuerza políticas entre las clases y el inicio de un nuevo período de intensificación de la ofensiva del capital contra el trabajo luego de 6 años de atenuación y de tibias concesiones a la clase obrera. 

1-     El gobierno kirchnerista y la recomposición de la acumulación y la dominación capitalistas

El primer período del gobierno kirchnerista (2003-2005) fue el de la recomposición del poder político, esto es, el de la reconstitución de la autonomía ilusoria-objetiva, de las capacidades y de la legitimidad del Estado iniciada por el interregno duhaldista en 2002. Sin embargo, esta reconstitución del poder político de la burguesía manifestó los límites a la ofensiva del capital, impuestos por la reacción “popular” de 2001, el modo en que podían seguir dominando y, por lo tanto, las nuevas relaciones de fuerza entre las clases.
El relanzamiento de la acumulación capitalista fue posible sobre la base de la devaluación e inflación que pulverizaron los salarios y recompusieron la tasa de ganancia, es decir, cristalizaron el papel subordinado que tuvo la clase obrera ocupada en las luchas sociales de 2001. El salario real entre el cuarto trimestre de 2001 y diciembre de 2002 cayó un 23,6 % -en promedio-, pero con una gran disparidad entre sectores: el salario real de los asalariados registrados del sector privado se redujo un 16,9 %, el de los asalariados no registrados del sector privado un 33,1 % y el salario real de los trabajadores del sector público un 28,5 %.[1] Sobre este fundamento se desarrolló la dualización del mercado de trabajo, profundizándose así la tendencia al crecimiento del empleo en negro desde principios de los años ’90. Entre octubre de 2001 y octubre de 2002, los asalariados sin aportes jubilatorios crecieron desde el 38 % del total de asalariados ocupados -pico del empleo en negro para el período 1989/200- hasta el 43,5 %.[2] En el último trimestre de 2003, según datos de la Encuestas Permanente de Hogares (EPH) continua, representaban el 46,8 % y, tres años después, en el cuarto trimestre de 2006, a pesar de su sostenido descenso, su porcentaje ascendía al 41,5 %.[3] Al mismo tiempo, la recuperación del salario real desde el año 2003, si bien alcanzaría a todos los trabajadores, tendería a ampliar la brecha de ingresos entre asalariados registrados y no registrados.
Pero, al mismo tiempo, durante el período duhaldista y el primer año del gobierno kirchnerista, las concesiones ya atisbaron en la cuasi-universalización de los planes jefes y jefas de hogar, posibilitada por la imposición de retenciones a las exportaciones agropecuarias, en la devolución con pérdidas moderadas de los ahorros “acorralados” y en una serie de medidas que recogían demandas de fracciones de los “sectores medios”, como los cambios en la Corte Suprema de Justicia, la política de derechos humanos, etc.[4] Debe incorporarse, en esta lista de concesiones, la política de no represión a las protestas sociales, expresión de las resistencias generadas por la política represiva menemista y aliancista en la segunda mitad de los años ’90 y del adelantamiento forzado de las elecciones en 2002 a raíz del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Esta reorientación parcial de las políticas estatales manifestó el papel central de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera y de los “sectores medios” en las jornadas de diciembre de 2001.
El bloqueo “popular” a la vía deflacionaria de salida de la crisis en 2001 y la salida devaluacionista-inflacionaria impactó en la propia clase dominante.[5] La ruptura de la convertibilidad abrió un espacio para las disputas interburguesas en torno al modo de respuesta a la crisis y la vía devaluacionista implicó una distribución desigual de sus costos. Esto se expresó en dos aspectos que resultan también muy importantes para dar cuenta de la recuperación de la tasa de ganancia del capital productivo: la caída en términos reales de las tarifas de gas, electricidad y otros servicios públicos [6] y la reducción de las tasas de interés respecto de los promedios de los años ’90 (Schvarzer, Finkelstein 2005). Estos hechos, a los que habría que agregar el resultado de la renegociación de la deuda externa, representaron una alteración en la relación de fuerzas de las fracciones del capital en favor del capital productivo, especialmente, del gran capital industrial orientado a las exportaciones y en detrimento del capital financiero[7] y de aquellos sectores del capital cuya inserción predominante es la propiedad accionaria de empresas privatizadas. Sin embargo, la persistencia de los rasgos centrales del modo de acumulación de capital y la sólida unidad de las diversas fracciones de la burguesía en torno a esos rasgos -incluso más allá del enfrentamiento del gobierno con la burguesía agraria, del que enseguida hablaremos- nos conducen a sostener la hipótesis de un cambio del balance de fuerzas al interior del “bloque en el poder”  más que de un cambio de bloque.
A su vez, la reversión precaria de la crisis de legitimidad y la recomposición de ciertos grados de hegemonía política de la clase dominante durante el primer gobierno kirchnerista, fueron posible gracias a la compatibilización de la continuidad de la acumulación capitalista con tibias mejoras y concesiones graduales en términos de aumento del empleo, el salario real, el consumo, etc. El desempleo cayó de manera constante desde 2003,  hasta alcanzar niveles de un dígito durante el año 2007. El salario real promedio se encontraba, en diciembre de 2006, un 1.4 % debajo respecto del cuarto trimestre de 2001, después de haber acumulado una caída del 23,6 % hasta diciembre de 2002. Pero, mientras los asalariados en negro estaban todavía un 17,3% debajo de los niveles reales del cuarto trimestre de 2001 y los trabajadores del sector público un 23,8 %, el salario real de los asalariados registrados del sector privado había experimentado un aumento del 18,4%. Esta nueva realidad fue también producto de una serie de luchas obreras, en particular del crecimiento absoluto y relativo de los conflictos sindicales, después de más de una década de derrotas, y de una serie de “victorias ejemplares” durante el año 2004 en el terreno salarial y de las condiciones de trabajo en subterráneos, telefónicos, ferroviarios, etc. Esto es, de una cierta recuperación de la acción sindical dentro del marco general de debilidad y fragmentación de la clase obrera desde 1989.
Por otro lado, los aumentos relativos de los ingresos de los distintos deciles, determinaron que mejorara la distribución del ingreso, según el Coeficiente de Gini (INDEC 2006), retrotrayendo las mediciones a niveles semejantes a los de 1996. Esto supone una reversión del deterioro de la distribución del ingreso entre 1996 y 2001 aunque sin alterar su modificación radical entre 1989 y 1995.
El agotamiento de este período empezó a manifestarse a fines de 2006 y en 2007, con el recrudecimiento de la inflación y la intervención del INDEC. Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, los salarios nominales aumentaron en promedio un 22,7 %. Las mediciones alternativas disponibles para el año 2007 muestran un incremento de precios de entre 22,3 % y 26,2%, de acuerdo a la medición alternativa de ATE-INDEC, y de un 23,9 %, según ECOLATINA. En ambos casos estaríamos frente a un estancamiento o caída del salario real. A su vez, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008, el salario nominal promedio se incrementó un 22,4 %, mientras que las mediciones de inflación de FIEL y ECOLATINA arrojan una inflación anual para 2008 del 24 % y del 23,5 %, respectivamente. En ambos años, los incrementos salariales de los trabajadores registrados del sector privado fueron inferiores al promedio.[8]
De manera que el gobierno kirchnerista, lejos de ser un gobierno popular o en disputa, fue el gobierno de la recomposición de la acumulación y la dominación capitalistas, aunque en un modo que manifestó cierta recuperación de la fragmentada y aún débil clase obrera en el ciclo abierto por las luchas sociales de 2001.
 
2-     Los “sectores medios” pasan a la oposición
 
Después de dos años de romance entre el kirchnerismo y amplias fracciones de los “sectores medios”, desde fines de 2006 y, sobre todo, desde 2007, éstos iniciarán un alejamiento del gobierno. Éste se manifestaría en ocasiones particulares, como con la repercusión política que tuvo en la Capital Federal la consulta del año 2006 por la habilitación de la posibilidad de reelección en Misiones y, en general, con el abandono del discurso de la transversalidad y la alianza con los intendentes del conurbano por parte del kirchnerismo. Seguramente, esta tendencia al distanciamiento fue potenciada por el crecimiento de la inflación y por la intervención del INDEC. Durante el año 2007, el macrismo se impuso en las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en las elecciones presidenciales de octubre, el Frente para la Victoria (FPV) perdió en varias de las principales ciudades del país, incluida, la Capital Federal. El retroceso kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires es particularmente significativo, ya que, en 2003, la alianza con el -por  entonces- Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, le había permitido imponerse con un apoyo electoral inédito para un gobierno peronista: la confluencia de parte de los “sectores medios” y del voto peronista tradicional.
Aunque no podemos extendernos aquí sobre el punto, la oposición de los “sectores medios” al estilo político del gobierno y las demandas manifestadas con mayor claridad durante el conflicto entre gobierno y burguesía agraria, tienen importantes puntos de continuidad con la acción y las demandas de estos sectores entre 1996 y 2001. Durante este período, un conjunto de demandas comunes: educación, justicia, transparencia institucional, etc., que expresan ciertos hábitos y representaciones mentales compartidos, tendió a “ligar” a ese conjunto heterogéneo y la percepción generalizada de su afectación pudo incidir en procesos de movilización colectiva. Sin embargo, tales demandas carecieron de un significado claramente fijado, funcionaron como “significantes flotantes” y su articulación con otras demandas podía darles un carácter tanto restaurador del orden como tendiente a su cambio. Esa disputa se desarrolló al interior de los “sectores medios” y tuvo como un escenario particularmente importante de ese desarrollo, fundamentalmente en diciembre de 2001, a las propias acciones de protesta. La persistencia de esas demandas compartidas, su significado político abierto y la utilización de formas de protesta construidas entre 1996 y 2001, como los cacerolazos, establecen puentes con aquel período pero, en éste, el giro a la derecha es inocultable.
La movilización de los “sectores medios” en el año 2008 tuvo como escenario el conflicto entre el gobierno y la burguesía agraria. Si bien el discurso y las manifestaciones de los “caceroleros” y de la “Mesa de Enlace” tendieron a estar dominados por el cuestionamiento al estilo político del gobierno, -recuperando muchos de los tópicos de la movilización durante 2001-, su significado estuvo determinado por la disputa en torno al excedente de la producción agropecuaria. La importancia que tuvo la articulación específica de las demandas de ambos grupos sociales en la definición del significado político de la protesta se pone de manifiesto en el sentido que adquirió una demanda central en las jornadas de diciembre de 2001. En aquella oportunidad, el “corralito bancario” fue percibido como un “robo” a los ahorristas. Pero en el contexto de una articulación en los hechos – de una yuxtaposición - con las luchas del movimiento piquetero, en el marco de los saqueos y de una movilización estallada contra el estado de sitio, la lucha contra el “corralito” tendió a asumir el carácter, no sin tensiones, de un enfrentamiento con el gobierno y los bancos. Durante el primer semestre de 2008, las quejas de los “productores” frente al “saqueo del gobierno” tuvieron el eco de las protestas de 2001, pero en la forma -presente también en aquel momento- de una lucha contra la violación de la propiedad privada por parte del estado. Alfredo De Ángeli sintetizó crudamente todo el sentido político de la protesta al gritar ante una multitud en Rosario: “no queremos que nos metan más la mano en la billetera”.[9]
 
3-     La rebelión de la patronal agraria
 
Con la “Resolución 125”, que establecía retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, y el lock out patronal de la burguesía agraria a partir del 11 de marzo de 2008, se produjo un punto de inflexión en el período iniciado en 2002-2003. La multiplicación y duración de los cortes de rutas, acompañados masivamente por la población de las zonas en conflicto, y los multitudinarios actos en Rosario y Buenos Aires, le dieron un tono inédito a una protesta encabezada por la gran burguesía agraria que, además, logró encolumnar a la Federación Agraria Argentina y movilizar a sus bases. Varios son los elementos que hacen de ese conflicto un punto de inflexión.
En primer lugar, por primera vez desde 2002, una fracción de la burguesía -el conjunto de la burguesía agraria- rompía abiertamente la unidad del “bloque en el poder” y se movilizaba contra el gobierno y, de ese modo, ponía en cuestión las relaciones de poder al interior de la clase dominante.
En segundo lugar, no sólo lograba movilizar en su apoyo a los pueblos del interior, dependientes de la actividad agropecuaria, sino que concitaba el apoyo y la movilización de una porción considerable de los “sectores medios” de las grandes ciudades. La gran burguesía agraria lograba así catalizar la oposición al gobierno a través de un discurso centrado en su estilo político.
En tercer lugar, dicha movilización fue la condición de posibilidad de la constitución de una “unidad en los hechos” de la oposición política hegemonizada por la derecha. De modo que el resultado fue la constitución de un bloque político-social de derecha que, sin embargo, no derivó en la formación de un solo partido o alianza.
La oposición de la burguesía agraria a las retenciones, y el movimiento político social constituido a su alrededor, no estuvo dirigida contra el gobierno kirchnerista en tanto proceso de recomposición de la acumulación y de la dominación capitalistas. Por su significado político y por su contenido programático -evidenciado con mayor claridad en los meses siguientes al conflicto- fue la oposición a un modo de dominación que debió expresar avances parciales de la clase obrera después de 2001. En este sentido, constituyó el inicio de un nuevo período de intensificación de la ofensiva del capital contra el trabajo. 
 
4-     Las elecciones del 28 de junio y el giro a la derecha
 
En las últimas elecciones, el oficialismo disminuyó sensiblemente su caudal electoral. Sin embargo, en un contexto de división de la oposición, retuvo por escaso margen su condición de primera fuerza a nivel nacional. Si bien la orientación predominantemente conservadora del voto opositor permite sumarlo como un voto de derecha, la imposibilidad del Acuerdo Cívico y Social (ACyS) y de Unión-Pro de formar una única alianza opositora es un dato objetivo y no debe subestimarse. En todo el país, el kirchnerismo obtuvo 5.081.671 votos, un 26,55%. En segundo lugar, aparece el ACyS con 4.506.648 sufragios que representan un 23,55%. Como tercera fuerza se ubicó la alianza Unión-Pro que alcanzó a sumar 3.391.391 votos, un 17,72% (La Nación, 30/06/2009). Sin embargo, en el año 2007, el gobierno había ganado en 20 de los 24 distritos electorales, esta vez sólo triunfó en 12. Además, “el oficialismo perdió en 6 de los 7 principales distritos, que equivalen, los 6 juntos, al 71% del padrón electoral nacional.” (Nueva Mayoría, 29/06/2009). A pesar de mantenerse como primera minoría, el Frente para la Victoria (FPV) resignó una veintena de bancas de las 72 que puso en juego, entre senadores y diputados (Crítica, 29/06/2009). En la Cámara alta “perdió la mayoría propia e incluso quedó apenas por debajo de la línea necesaria de 37 bancas para tener quórum por sí solo. El bloque K conservará 36 senadores, con lo que, a pesar de seguir siendo la primera minoría, se verá obligado a buscar alianzas para poder promover sus proyectos. (...) Los números son contundentes: de las ocho provincias en las que se elegían senadores, el Frente para la Victoria sólo pudo imponerse en tres: en Tucumán, en Chubut y en La Pampa” (Página 12, 29/06/2009). Por su parte, en la Cámara de diputados, “el kirchnerismo se mantiene como primera minoría, pero a partir de diciembre pasará de 115 a 96 legisladores” (Página 12, 29/06/2009).
Pero, sin duda, la derrota más significativa fue la sufrida en la provincia de Buenos Aires, debido a su peso en el padrón electoral nacional y a que las listas del FPV fueron encabezadas por el propio Nestor Kirchner, cuya estrategia electoral fue transformar las elecciones legislativas en un plebiscito sobre la política del gobierno nacional. Dirigentes y analistas esperaban una pronunciada merma del desempeño electoral en los distritos agropecuarios de la provincia, donde el FPV había tenido una buena performance en las últimas elecciones presidenciales. En este sentido, el dato más significativo -y que selló la suerte del ex presidente- es la pérdida, a manos de la derecha, de votos de los sectores más empobrecidos del conurbano bonaerense que habían votado masivamente al Frente para la Victoria en las elecciones de 2007. Es muy pronto para ensayar una explicación de este fenómeno, pero dos hechos debieran tomarse en cuenta. En primer lugar, el efecto del proceso inflacionario sobre los ingresos del sector informal y de los asalariados en negro, que observáramos en el primer apartado y que ha tenido un fuerte impacto sobre las condiciones de vida de esos sectores.
En segundo lugar, a este hecho hay que sumar el impacto de la crisis mundial sobre el nivel de actividad y empleo desde fines de 2008. De acuerdo a los datos difundidos por el INDEC, en el segundo trimestre de 2009 la tasa de desempleo ascendió a 8,8 %, es decir, experimentó un aumento del 0,8 % respecto de igual trimestre de 2008. Este crecimiento es enteramente atribuible a la destrucción de empleo, dado que la tasa de actividad no ha sufrido variación entre ambas mediciones. A su vez, la tasa de subempleo creció desde el 8,6 % al 10,6 %. De este modo, el desempleo volvía a crecer después de 6 años de caída consecutiva. El efecto de la pérdida de empleo y del incremento del subempleo es también mayor en el sector informal y entre los asalariados en negro. La relación de este fenómeno con la crisis mundial puede observarse a través de la evolución de la Inversión Bruta Fija (IBF). La IBF experimentó en el último trimestre de 2008 una caída interanual del 2,6 %, la primera desde el 4º trimestre de 2002. En el primer trimestre de 2009 tuvo una segunda caída consecutiva, esta vez del 14,2 %.
En tercer lugar, no debe desdeñarse la capacidad demostrada por la burguesía agraria -en unión con la movilización de porciones de los “sectores medios”- para producir una crisis política y afectar la actividad económica. Dicha capacidad pudo funcionar como una forma de “chantaje” sobre amplios sectores de la población, en particular, sobre los más pobres y, por lo tanto, más expuestos a las consecuencias económico-sociales de la inestabilidad político económica. Si esto es cierto, la demanda de diálogo, para amplios sectores, no es más que el revés del temor a un conflicto cuya prolongación es capaz de producir una crisis económica y política.
La pérdida de apoyo electoral por parte del gobierno debe verse, entonces, como el resultado de tres procesos interdependientes. En primer lugar, el agotamiento, desde 2007, del período que permitió la compatibilización de un acelerado proceso de acumulación de capital con incrementos del empleo, del salario real y del consumo. Este agotamiento, debido a las restricciones impuestas por el modo de acumulación (Piva 2007), confluyó con el efecto, aunque moderado, de la crisis mundial en los niveles de actividad económica y empleo interno.
En segundo lugar, la tendencia a la ruptura de los “sectores medios” con el kirchnerismo que intentó en sus primeros dos años rearticular la base tradicional del peronismo en los “sectores populares” con el apoyo de los “sectores medios urbanos”, esto es, internalizar políticamente la alianza “de hecho” que protagonizó las jornadas de diciembre de 2001.
En tercer lugar, el conflicto con el conjunto de la burguesía agraria que logró catalizar la oposición al kirchnerismo, movilizar a los “sectores medios urbanos” y que constituyó la condición de posibilidad para la conformación de una unión “de facto” de la oposición política hegemonizada por la derecha.
En este sentido, los resultados electorales del 28 de junio fueron la cristalización de un giro a la derecha de las relaciones de fuerza políticas entre las clases. Dicho carácter se pone más claramente de manifiesto si observamos algunos efectos inmediatos en el campo político, empresario y sindical.
Conocido el resultado electoral, las fuerzas políticas opositoras y las entidades empresariales de la industria y del campo se abalanzaron sobre el gobierno. La oposición pretende derogar las superpoderes antes de diciembre, poniendo en el centro de los cuestionamientos la facultad delegada al poder ejecutivo de fijar la tasa de los derechos de exportación (La Nación, 30/06/2009). Las asociaciones patronales quieren cobrarse viejas cuentas pendientes y procuran sacar ventajas de la creciente fragilidad del gobierno. La AEA (Asociación Empresaria Argentina), que reúne al capital más concentrado, salió a criticar con fuerza las políticas del gobierno, “reclamó un marco institucional sólido y previsible, bajar las retenciones agropecuarias, atacar la inflación, readecuar el Indec, respetar la propiedad privada y que no se afecte la libertad de prensa” (La Nación, 19/07/2009). Por su parte, la UIA (Unión Industrial Argentina) demanda la devolución de los reintegros del IVA y que se reduzca la carga tributaria. También exigen “una significativa mejora en la productividad, con énfasis especial en los aspectos impositivo, laboral y financiero” (La Nación, 07/07/2009). Por su parte, la Mesa de Enlace, nuevamente, busca reducir o eliminar las retenciones a las exportaciones. Todos piden más devaluación. El temblor causado por las elecciones llegó hasta la misma Confederación General del Trabajo (CGT), donde se renovaron los cuestionamientos a la conducción de Hugo Moyano: sus adversarios -los “gordos” neo participacionistas- debilitados por la crisis de 2001 y desplazados de la dirección con la llegada de Kirchner al gobierno, se sienten ahora más fortalecidos para recuperar posiciones.
La principal conclusión que se debe extraer y subrayar de las elecciones del pasado 28 de junio es que el descontento de la población fue canalizado mayoritariamente por fuerzas conservadoras, ubicadas a la derecha del gobierno. No se deben buscar excusas o vericuetos discursivos que intenten soslayar este proceso. El crecimiento o consolidación de opciones “progresistas” o centroizquierdistas, como las expresadas por Pino Solanas, en la Capital Federal ó Martín Sabatella, en la provincia de Buenos Aires, no contrarrestan esta tendencia general.
Terminado el proceso electoral, nos encontramos con un gobierno más débil pero esa pérdida de poder se produce a manos de la derecha, es decir, de opciones políticas más reaccionarias. Envalentonados por el resultado de las urnas, y en el marco de la crisis mundial, los empresarios renuevan la ofensiva sobre la clase obrera. Hay una fuerte presión por reducir puestos de trabajo, especialmente, sobre los contratados. Los delegados de diversas empresas informan que los propios trabajadores son reacios a realizar demandas por miedo a las represalias. En otros casos, están dispuestos a obtener aumentos salariales menores que los necesarios.
 
Bibliografía
INDEC (2006), Evolución de la distribución del ingreso en www.indec.mecon.gov.ar.
Piva, Adrián (2007) “Modo de acumulación y hegemonía en Argentina: continuidades y rupturas después de la crisis de 2001” en Anuario EDI, nº 3, abril de 2007, Buenos Aires: AEDI.
Schvarzer, Jorge, Finkelstein, Hernán (2005) El sistema financiero local: en busca de un nuevo modelo luego del fracaso de la convertibilidad, Notas de coyuntura nº 20, CESPA, Buenos Aires: Fac. de Ciencias Económicas de la UBA.


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[1] Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 
[2] Fuente: Elaboración propia en base a EPH puntual, INDEC.
[3] Fuente: Elaboración propia en base a la EPH continua, INDEC.
[4] “Sectores medios” no es una categoría de clase sino una categoría sociocultural. Ésta suele abarcar lo que tradicionalmente el marxismo ha concebido como pequeña burguesía –pequeños propietarios no liberados del trabajo de ejecución– más dos conjuntos de asalariados: aquellos que algunos marxistas han denominado “nuevas clases medias” (mandos medios de empresas capitalistas) y capas de asalariados puros asimilados a la pequeña burguesía por sus hábitos y representaciones mentales.
[5] En este punto, nos diferenciamos de aquellos que sostienen que las disputas interburguesas entre devaluacionistas y dolarizadores fueron la causa de la crisis de 2001. Pensamos, contrariamente, que el bloqueo de los sectores subalternos a la vía deflacionaria desató ese enfrentamiento.
[6] Fuente: CEP, Secretaría de Industria, Ministerio de Economía y Producción.
[7] En el sentido de capital que da interés.
[8] La evolución del salario nominal fue reconstruida en base al índice de salarios del INDEC, la evolución del índice de precios al consumidor hasta diciembre de 2006 procede de la misma fuente.
[9] Alfredo De Ángeli, dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos.