Una mirada dinámica sobre el concepto de bioseguridad y la biotecnología

Poth, Carla Mariela

 

Introducción
Luego de la inserción de las biotecnologías como forma de producción agraria, el concepto de bioseguridad surgió como elemento nodal de los marcos de regulación.
El concepto de bioseguridad conforma, en la actualidad, uno de los principales elementos de discusión tanto desde los movimientos sociales como desde los Estados. Esto se plasma en la presencia de la temática no sólo en la elaboración de tratados internacionales, sino también en la construcción creciente y paulatina de legislación sobre bioseguridad en las esferas nacionales. Entonces, ¿qué implica el concepto de bioseguridad?, ¿qué carácter adquiere en el marco del nuevo patrón de dominación instaurado en las regiones agrarias?, son preguntas que intentaremos repasar someramente, con el fin de acercarnos a una comprensión más acabada de este concepto.

 

 

Medidas neoliberales y biotecnología
Durante los últimos 30 años, hemos visto una serie de transformaciones que significaron la reconfiguración de las relaciones sociales, económicas y políticas, en el globo. Junto con la financiarización del capital, la implementación de nuevas estructuras productivas –como el toyotismo, por ejemplo- y los cambios en el consumo, se implementaron un conjunto de medidas políticas -reconocidas como las políticas neoliberales- tendientes a desarticular la fuerza del trabajo y recomponer la acumulación del capital (Pascual, Ghiotto y Lecumberri; 2007).
Así, se llevaron adelante políticas de apertura de los mercados nacionales, de flexibilización laboral, desarticulación del entramado sindical, reducción de los salarios, políticas fiscales regresivas, estabilidad monetaria (a través de la reducción del gasto público) y se operó una serie de transformaciones en la estructura y funciones del Estado, a partir de la tercerización, privatización y descentralización de servicios públicos. En el nuevo escenario mundial, las empresas transnacionales fueron las grandes beneficiadas. Estas corporaciones, productoras de bienes y servicios, al tiempo que especuladoras financieras, transformaron el mapa económico a través de sus inversiones y fusiones (Minsburg, 1999). Baluartes de la ideología del libre mercado se consolidaron como las principales propulsoras de los espacios de regulación internacional del comercio (OMC, TLC´s), instando a los Estados a negociar y establecer las reglas más seguras para la continuidad de sus ganancias. El sistema global necesitó estructurar sus mecanismos de dominación desarrollando una arquitectura -institucional, política y jurídica- que le permitiera generar ciertos marcos de certidumbre y seguridad jurídica a los efectos de proteger la tendencia expansiva del capital, por lo que se configuró una nueva legalidad internacional (Giarraca y Teubal, 2006). Así, se buscaba brindar todas las garantías necesarias para la libre circulación de capitales y mercancía. Su fin: la recomposición del proceso de acumulación del capital a través de la recuperación de las ganancias. El método: un avance intenso del capital sobre el trabajo, una profundización de la subsunción en cada momento de la vida social y, por tanto, en las interacciones con la naturaleza. 
La biotecnología se insertó y cobró importancia en este marco. Con la decodificación del genoma de seres vivos, la biotecnología permitió la creación de organismos genéticamente modificados a partir de la escisión y reinserción de cromosomas en diversos individuos. Los seres deliberadamente manipulados en su material genético obtenían una utilidad específica, propia de las características diferenciadas que este individuo poseía con respecto a la especie natural (Bercovich y Katz, 1990).  
La biotecnología, utilizada para la obtención de semillas y variedades mejoradas (organismos vegetales genéticamente modificados –OVGM, en adelante-), permitió la fabricación de especies cultivables resistentes a insectos, inmunes a virus y tolerantes a herbicidas o plaguicidas. Además, facilitó la reducción de los ciclos de crecimiento y el aumento de la adaptabilidad de los cultivos a diversos climas.
La inserción de estos OVGM fue acompañada de un paquete tecnológico con múltiples insumos. Las semillas genéticamente modificadas comenzaron a ser comercializadas junto con aquellos productos químicos a los que eran inmunes. Además, la inserción de maquinarias en el campo, que se dio entre las décadas del `50 y el `70, respondió a la expansión del uso de la siembra directa, técnica de cultivo comercializada junto a estas nuevas tecnologías (Bisang, 2004). En este contexto de reestructuración y consolidación de una nueva etapa del capital, la biotecnología puede ser pensada como un elemento central de un modelo de producción agrario que tiene como fin consolidar nuevas instancias de certidumbre para las ganancias del capital global preponderante.
En la actualidad “controlar los procesos de reproducción de la vida y de la propia riqueza es simultáneamente un fin y un mecanismo de construcción de poder” (Ceceña, 2001). En este sentido, la biotecnología significó la condensación de la lógica del biopoder, a través de la posibilidad de controlar los organismos vivos desde su génesis, imprimiendo una lógica mercantil. A través de este control, la naturaleza es abordada bajo una dinámica intrusiva de seguimiento, apropiación y manipulación. Con el fin de infiltrar cada vez más la vida y administrarla, la instauración del biopoder, a partir de diversas estrategias –como las nuevas tecnologías-, impregna el cuerpo social y la conciencia de los individuos con el fin de subsumir cada aspecto de la sociedad a la mirada del capital. La biotecnología ha permitido interpretar, absorber, y rearticular las relaciones humanas con el ambiente, a partir de las necesidades del mercado capitalista. Así la naturaleza, en constante apropiación, se ve permanentemente amalgamada a los ritmos productivos del capital. La necesidad de expansión y acumulación del capital en la etapa reciente ha alcanzado la producción y reproducción de la vida como nuevo espectro de dominación definiendo, en términos de la lógica mercantil, las condiciones de existencia de los individuos biológicos. Es en este sentido que podemos empezar a pensar en las lógicas del mercado capitalista como incrustadas en los procesos de la vida.
Pero también podemos imaginarlas con la lógica inversa: esto es, visualizar esos procesos de la vida ahora insertos en el mercado capitalista. Y esto se debe a que, con la biotecnología, se estableció lo que Lander (2005) denomina “la utopía del mercado total”. Es decir, no sólo comenzamos a hablar de la expansión del control de los mercados capitalistas sino también de la incorporación de cuestiones que antes no eran plausibles de ser mercantilizadas y apropiadas, como la naturaleza o el conocimiento.
Finalmente, estas nuevas relaciones entre la vida y el capital tienen un correlato legal que intenta consolidar la seguridad del control (el biopoder) y los mercados capitalistas. Durante los últimos 20 años, la globalización de la racionalidad productiva capitalista y la apropiación destructiva se cristalizan en marcos legales de carácter internacional que buscan consolidar este entramado y darle institucionalidad. Esta nueva legalidad internacional abstrae las capacidades de lucha del trabajo, actuando de manera interdependiente y garantizando el control total del proceso (Quijano, 2000).
En los últimos años, la biotecnología ha crecido a pasos agigantados. De seis países que realizaban este tipo de producción, para el 2008, el número se ha incrementado a veinticinco. La tasa de crecimiento de esta producción es de un 13 % anual, alcanzando el año pasado 800 millones de hectáreas cultivadas en el mundo (Clive, 2009). En este contexto, en que el crecimiento de la producción biotecnológica ha sido descomunal, la consolidación de una nueva estructura signada por tres formas de concentración, dan cuenta de las nuevas estrategias utilizadas por el capital para mantener sus posibilidades de dominación.
En primer lugar, podemos observar la concentración económica, caracterizada por la centralización del control (por parte de pocas y grandes transnacionales) de cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria. Las fusiones y compras entre empresas permitieron la obtención de nuevas tecnologías patentadas y mayores capitales, conformando “complejos biocientíficos gigantescos” (Rifkin, 1998) que monopolizaron el poder para definir las reglas de producción, de consumo y de vida. En este sentido, por ejemplo, el paquete tecnológico permitió la articulación de los mercados de semillas y agroquímicos subordinando la actividad primaria a otros estamentos de la estructura productiva[1] y generando lo que Vandana Shiva (2003) define como “totalitarismo alimentario”.
Además, la necesidad de grandes extensiones[2] facilitó la aparición de actores extra-agrarios, como el contratismo y los pools de siembra[3], institucionalizando el fenómeno de la concentración de tierras. Las lógicas de producción adquirieron un carácter financiero basado en la dispersión (arrendamiento y retirada de capitales al momento de culminada la cosecha) y arraigaron la circulación permanente del capital (Milton y Silveira, 2001).
En este marco, un gran número de pequeños y medianos productores acrecentaron su dependencia con respecto a las proveedoras de insumos. Los altos costos de producción deterioraron su capacidad de decisión en la producción (afectando su consumo) y provocaron, en la mayoría de los casos, su expulsión del proceso (a través de la venta o arrendamiento de sus campos). La expansión de una “agricultura sin agricultores” (Teubal, 2003) se profundizó con el aumento de la desocupación rural, que incidió fuertemente en el descenso de los salarios reales. La embestida contra el trabajo y la búsqueda de su disciplinamiento se hizo visible en la consolidación de un complejo agroalimentario “expulsor de la población agraria” (Giberti, 2003).
Luego, se observa una concentración en la biodiversidad a partir de que la biotecnología permitió -a través de lo que Pengue (2005) denominó “Bio-Revolución” -seleccionar y manipular las especies en torno a requisitos de eficacia y productividad-, llegando a una “concepción instrumental y casi industrial del ser vivo” (Bercovich y Katz, 1990). Esta racionalidad económica de la naturaleza fue globalizada a través de la creación de mecanismos legales, convirtiéndola en materia prima con el fin de ser explotado y valorizado (Leff, 2006). Esta concentración se potenció con la contaminación genética y de las napas de agua y tierra, a través de la homogeneización de las especies, la eliminación de bosques y selvas, y el proceso de agriculturización basado en los monocultivos.
Finalmente, la biotecnología potenció la concentración del conocimiento ya que la experiencia occidental impuso la existencia de un conocimiento acumulativo y plausible de ser apropiado (Kalsics y Brand, 2002). Así, al interior de la ciencia se establecieron formas de producción basadas en la racionalidad económica. El secreto académico se instauró como la base para proteger los réditos, que luego son ampliamente consolidados a través de la nueva legislación de propiedad intelectual (cada vez más restrictiva). Se profundizó la absorción de la investigación básica de los laboratorios públicos por parte de las empresas transnacionales, socializando los costos y privatizando sus ganancias a través de las patentes (Goldstein, 1989). La biopiratería se ha consolidado como la estrategia con la que las empresas transnacionales roban recursos y conocimientos milenarios a las comunidades, obteniendo una posterior rentabilidad por su uso.
La idea de bioseguridad
Con el monumental crecimiento en el uso de estas tecnologías agrarias se expandieron estas grandes transformaciones y sus consecuencias, poniendo en movimiento a un sinnúmero de sujetos sociales que comenzaron a exigir la reglamentación y, en muchos casos, la desaparición de los OVGM. El concepto de bioseguridad surgió en este contexto. Con el fin de “proteger el uso sano y sostenible de los productos biotecnológicos sobre los seres humanos, la biodiversidad y la sustentabilidad ambiental” (FAO, 1999) el Convenio sobre Diversidad Biológica, en 1992, fue el primero en utilizar este concepto y establecer la necesidad de crear un Protocolo específico sobre esta idea. Así, en enero de 2000, el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (PCB, en adelante), luego de ocho años de negociaciones, cobró vida (UICN, 2004).
El PCB es un acuerdo suplementario que regula la bioseguridad de los movimientos transfronterizos de transgénicos. Los objetivos principales que se propone son el de proteger la diversidad biológica de los riesgos potenciales de los OVGM y garantizar la información a los países para tomar definiciones sobre la importación y todo lo relacionado con los movimientos transfronterizos de los OVGM.
En este tratado, la construcción del concepto de bioseguridad se asocia directamente con el principio científico de precaución, que presupone la existencia de riesgos potenciales en cualquier OVGM, protegiendo la salud y el ambiente sanos. Es con este fin que el marco de bioseguridad planteado por el PCB se desarrolla considerando los “riesgos físicos y medioambientales” (UICN, 2004), analizando los posibles impactos en la producción y la oferta agrícola-alimentaria (Rangel Pessanha, 2004). La letra del Convenio plantea además la protección frente a cualquier impacto socioeconómico de la población y busca promover el acceso a la libre información, con el propósito de proteger la diversidad cultural y la participación democrática (Glover, 2003; Protocolo de Cartagena, 2000).
Sin embargo, el concepto de bioseguridad no tiene un carácter monolítico. Y esto puede visualizarse no sólo en las negociaciones del PCB. Aquello que parece una elaboración armoniosa de marcos de protección, no ha sido más que un proceso sumamente dinámico que aglutina, resignifica y, al mismo tiempo, presenta grietas frente a las demandas de los sujetos que participan. Las negociaciones han sido sumamente conflictivas. En líneas generales, podemos identificar cuatro ejes conflictivos en disputa. En adelante veremos cuáles son los actores fundamentales que han desarrollado estos debates en el marco del PCB, así como también los elementos generales que recorren cada uno de estos ejes.
Los debates sobre la bioseguridad
1) La biodiversidad y el medio ambiente
Como vimos anteriormente, la biotecnología ha tenido impactos directos en la gestión del ambiente natural. Mientras que, por un lado, los procesos de investigación biotecnológica han generado la necesidad de extracción de información biológica por parte de las grandes corporaciones; por el otro, se sufre la pérdida de diversidad biológica tanto de especies como de variedad genética debido a la contaminación genética (cruzamiento impredecible de genes) y el desmonte de los bosques a los fines de promover el monocultivo de especies transgénicas.
Dentro de estos debates encontramos dos discusiones fundamentales. Con respecto a los OVGM’s, aparece la cuestión concreta del control de los recursos genéticos y del germoplasma. El trabajo con estas cuestiones depende de la presencia de evaluaciones de riesgo que establezcan el comportamiento del organismo genéticamente modificado en el medio (OGM). Esto implica un control de la reproducción y evolución del OGM y su comportamiento en el ecosistema a lo largo del tiempo (Bohn, 2008). En este sentido, el principio de precaución aparece como un control de la expansión de estos organismos. Otra de las discusiones que se visualiza al momento de dirimir sobre las cuestiones medioambientales de los OVGM’s, es el uso de los agroquímicos.
Como plantean Tim Josling y Julie Babinard (1999), “la resistencia a los herbicidas es, hasta la fecha, el rasgo más común de ingeniería en plantas de cultivo”. Esto hace de los agroquímicos (herbicidas y otros tóxicos) insumos fundamentales para la producción agraria. El uso constante de los mismos conlleva a la aparición de supermalezas y superbichos (Rifkin, 1998), implica la pérdida de fertilidad del suelo, e impacta en la salud de aquellos que consumen o se ven expuestos a estos químicos.
En líneas generales, quienes han sido los principales impulsores de estos debates han sido actores como movimientos ambientalistas (con un peso específico en Europa), pero también los movimientos campesinos e indígenas, que tienen una participación particularmente fuerte en América Latina. Ambos tipos de organización propulsan normas restrictivas para los OVGM’s, aunque no confluyen en objetivos y estrategias. Además, se plantean los posibles impactos por el uso de agroquímicos, y la dependencia que el uso de este paquete genera por parte de los productores rurales. Mientras, los científicos de las compañías productoras de OGM’s definen que las biotecnologías ofrecen grandes beneficios a la agricultura y a la producción de alimentos, siendo un factor central en la lucha contra el hambre (Josling y Babinard, 1999). Sumado a esto, establecen que la producción con herbicidas resulta más eficiente para la erradicación de malezas, y claman que estas tecnologías son debidamente analizadas a los fines de garantizar su inocuidad.
2) El debate sobre la alimentación: ¿seguridad o soberanía alimentaria?
La cuestión de la seguridad alimentaria ha cambiado a lo largo del tiempo y según los marcos de discusión en los que la misma se ha insertado[4]. En lo que respecta a la aparición de las biotecnologías agrarias, las posturas no han dejado de ser contradictorias. De esta forma, encontramos que el debate se encuentra orientado por múltiples cuestiones. En primer lugar, se observa la cuestión de los efectos nutricionales potenciales de los OVGM’s y de los insumos que los complementan. En este sentido, no sólo se establecen dificultades para acordar el grado de inocuidad de los mismos[5]. Además, se plantea una fuerte confrontación en lo que se denominan “las soluciones biotecnológicas pro-pobres” que implican la producción de alimentos con aditivos nutricionales que morigeren la falta de nutrientes en las poblaciones marginales.
Frente a esta cuestión, surge el interrogante de quién define qué alimentos deben consumirse. Aquí lo que se pone en cuestión es el control alimenticio por parte de un reducido número de personas (sean empresas, o científicos). Estos dos puntos se asocian para posicionar la pregunta sobre el etiquetado de estos alimentos. La apelación al derecho de los consumidores a saber los contenidos alimentarios de lo que consumen y elegir en consecuencia, se hace presente, especialmente en aquellos lugares (como la Comunidad Europea, por ejemplo) donde las organizaciones del consumidor tienen un importante nivel de movilización. 
Finalmente, otro punto que conglomera este debate, es el que refiere a la relación entre el consumo de los alimentos y su producción. Cuando el eje se dispone desde esta perspectiva, cuestionando la brecha entre el crecimiento poblacional y los niveles de producción, lo que se está poniendo en cuestión es la implementación del modelo biotecnológico en su totalidad, refiriendo a la posibilidad de generar formas alternativas de abastecimiento de alimentos, pero también, estableciendo la necesidad de promover sistemas de acceso a los mismos y a los nutrientes necesarios. En estos términos, muchos movimientos sociales plantean el problema no sólo como de “seguridad alimentaria” sino también de “soberanía”, es decir, quién posee el control de la totalidad de la cadena alimentaria. En los casos más radicales se busca la socialización de la producción y se apunta a mejorar las condiciones sociales y económicas de los sectores más bajos para favorecer el derecho al acceso a alimentos. En todos los casos, son las organizaciones ambientalistas y del consumidor, junto con grandes movimientos campesino-indígenas quienes (aunque con matices) confieren al proceso un conjunto más complejo de preguntas para la discusión.
3) Los aspectos socioeconómicos y la cuestión cultural
Los principales participantes en estas discusiones provienen de las regiones agrarias, y están relacionados directamente con el proceso de la producción de los alimentos. El desplazamiento de productores rurales o el aumento de su dependencia respecto del insumo semilla, la desaparición de economías locales (con la consecuente disolución de las relaciones directas entre los productores y los consumidores) y el reemplazo de cultivos tradicionales por grandes monocultivos transgénicos ha generado una fuerte disputa respecto de la imposición de un modelo productivo que avasalla otras formas de relacionarse con la producción y el consumo de alimentos, y que implica grandes perjuicios económicos y fuertes impactos sociales (migración, pobreza, etc.) para un gran número de sujetos.
Junto a estos aspectos asociados a las transformaciones productivas, encontramos además una fuerte imbricación al carácter cultural de la naturaleza y el conocimiento. De esta manera, las disputas refieren no sólo a la cuestión de la histórica relación cultural de los productores rurales para con la tierra, sino también a la cuestión de las tecnologías biológicas, el uso de las semillas y, finalmente, la apropiación del conocimiento. Lo que en última instancia aparece como gran problema, es una discusión sobre la apropiación de los bienes comunes, es decir, esos “entresijos de hombres y mujeres en que el libre encuentro de maneras de hacer las cosas, de hablarlas o de vivirlas (...) es expresión de una cultura, al mismo tiempo que oportunidad de creación cultural” (Esteva, 2006:5), que en la actualidad buscan ser monopolizados por las grandes corporaciones a través de la creación de mecanismos legales de propiedad intelectual. 
Lo que se plantea en la actualidad es un creciente avance en las diversas formas de apropiación de la naturaleza y el conocimiento, una especie de nuevo cercamiento de estos bienes. Este cercamiento, impone formas univocas de construcción del conocimiento, y criterios de legitimación occidentalizados.
4) La participación pública y las dinámicas del debate
Cuando consideramos el tema de la participación pública en biotecnologías, debemos tener en cuenta dos elementos nodales.
En primer lugar, debemos observar la idea de ‘riesgo’ que prepondera en las negociaciones. Los principios de la denominada “ciencia hegemónica” (Lopez Monja, Perelmuter, Poth, 2009), entienden la bioseguridad desde una perspectiva que separa los aspectos técnicos y legales, de los elementos sociales, económicos y éticos concernientes a las biotecnologías. Esta concepción transforma a los detentores de este saber en árbitros y legitimadores de las decisiones, desincentivando la participación de un público que es considerado “poco capacitado” para definir y legitimando la decisión de reducidos grupos de elites (Glover, 2003).
Sin embargo, existe otra manera de construir la idea de 'riesgo'. El pensar en “políticas biotecnológicas” permite la inclusión de otros temas en el debate, tales como las implicancias éticas, las incertidumbres propias de la tecnología, la distribución de los beneficios, los propósitos de la modificación genética, y las diferentes formas de apropiación, entre otras (Newell, 2002). La incorporación de consideraciones socioeconómicas y de elementos concernientes a los medios de subsistencia promueve la inserción de los diferentes grupos sociales afectados.
El debate sobre la participación pública apunta, entonces, a la inclusión de diversas temáticas como el impacto del comercio, alternativas a la cuestión de la propiedad intelectual, la visualización de necesidades locales, pensando en la relevancia e implicancias de las biotecnologías. Además, se examina la preeminencia de la ‘ciencia hegemónica’ o de lógicas predominantes como la del libre comercio en los espacios de decisión, buscando expandir el material relevado en las evaluaciones de riesgo, incorporando elementos económicos, culturales y éticos y, fundamentalmente, ajustándose al principio de incertidumbre que tanto ha sido negado en el análisis científico de las biotecnologías. Por último, este debate contempla además la necesidad de que la participación de los múltiples implicados en las problemáticas del modelo biotecnológico agrario, no sólo sean consultados de manera subsidiaria, si no que sean parte del proceso decisional y, posteriormente, en la implementación, administración y monitoreo de los marcos regulatorios. En suma, el debate incorpora la necesidad de establecer el control completo del desarrollo y la tecnología por parte de los actores participantes.
El concepto de bioseguridad: Una visión dinámica
Una vez observados los debates, entendemos las múltiples formas complejas que adquiere el concepto de bioseguridad en transgénicos. Sin embargo, al momento de interpretar y cristalizar este concepto en el protocolo se observa que la instauración de normas de bioseguridad ha permitido la consolidación efectiva del modelo, a partir de la reinterpretación de las demandas de los movimientos por parte del capital. Es en este sentido que:
a) si bien el principio de precaución, elemento fundante de la bioseguridad (que implica medidas precautorias) responde a los reclamos efectivos de los movimientos sociales más afectados por la instauración del modelo biotecnológico agrario, se observan dos problemas que ponen en cuestión su forma y se contenido. Por un lado, el principio de precaución requiere de largas etapas de investigación con el fin de observar las consecuencias intergeneracionales de los OVGM. Pero los marcos regulatorios surgieron una vez instalado el modelo, por lo que fue imposible la corroboración de la inocuidad de los transgénicos. Al día de hoy, no hay certezas sobre sus posibles efectos intergeneracionales tanto en el ambiente como en la salud, sin embargo, el proceso de producción con transgénicos no sólo no se ha revertido, sino que crece a escalas espectaculares. Por el otro, el principio de precaución se presenta como un concepto acabado, como una idea totalmente consensuada en el ámbito científico. En cambio, incluso al interior de la academia la discusión, no se encuentra cerrada. Se desconocen los reclamos de los movimientos sociales implicados y de culturas alternativas que pretenden presentar nuevas formas de comprender la ciencia y la naturaleza.
b) la legislación internacional sobre bioseguridad plantea la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria (FAO, 1999) y, aunque reconoce un requerimiento fundamental de muchos movimientos sociales, esta idea continúa significando la presencia de los Estados (y las transnacionales) en el proceso definitorio de cómo, qué y quiénes tienen asegurada su alimentación. La idea de soberanía y seguridad alimentaria que poseen los tratados no acerca el control a la sociedad o a los sectores directamente implicados en el proceso agrario o de consumo; no modifica las condiciones actuales de la cadena agroalimentaria en la que las grandes corporaciones controlan la totalidad del proceso. Lejos se encuentra en el concepto de bioseguridad presentado por los tratados la posibilidad de garantizar la producción y la oferta agrícola, el derecho de acceso a los alimentos, garantizar la calidad nutricional y sanitaria de los alimentos y promover el control decisional de los pueblos sobre qué y cómo alimentarse (Rangel Pessanha, 2004). En este sentido, la participación social en estos acuerdos se restringe a las comunicaciones y la publicidad necesarias sobre los OVGMs, ya que la decisión final queda supeditada a los “conocimientos científicos”, únicos capaces de reconocer la seguridad o no de los transgénicos (Glover, 2003).
c) Lo mismo ocurre con la conservación de la biodiversidad y el control de la base genética del sistema agroalimentario. El criterio de sustentabilidad utilizado en los acuerdos (el Convenio de Biodiversidad es uno de los más visibles) responde a una “lógica capitalista” que, muchos de los que desarrollan sus potencialidades alimentarias a través de la diversidad genética (campesinos o pueblos originarios), desconocen o no comparten. Y esto se debe a que la sustentabilidad implicaría la transformación invasiva de la naturaleza, lo que se opone a las prácticas de complementariedad e integralidad que utilizan estos sujetos. Así, los tratados transforman a estos sujetos en los protectores de los recursos que otros explotan y eliminan. En última instancia estos acuerdos establecen regulaciones al intercambio mercantil de los recursos fitogenéticos, imponiendo una racionalidad de mercado.
Algunas reflexiones finales
A partir de la década del '90 la instalación, en las regiones agrarias del mundo, del conjunto de nuevas técnicas de producción, basadas en la biotecnología, implicó la promoción de una mayor rentabilidad de los productos agrarios. Esto significó la reconfiguración de las relaciones sociales, económicas y políticas. Con estas modificaciones se solidificó un nuevo patrón de dominación que, junto a un programa de reestructuración mundial más extenso, permitió reestablecer los márgenes de acumulación del capital.
En la actualidad, este nuevo modelo presenta crudamente sus transformaciones. Y en este proceso conflictivo se manifiestan las demandas de los movimientos sociales que se oponen a la profundización de este patrón de dominación y este modelo agrario que propone la exclusión, la concentración y la pauperización de la vida. En este contexto de disputas, “bioseguridad” ha sido el concepto con el que el capital buscó garantizar la expansión del nuevo patrón de dominación. Y al mismo tiempo, significó la asimilación que el capital hizo de los reclamos ejecutados por los diversos movimientos sociales que se han opuesto a la paulatina instauración de la producción biotecnológica en las regiones agrarias. La bioseguridad aparece como una fuerza argumental, una mediación que establece los márgenes capitalistas para comprender y negociar la problemática de los transgénicos.
Con la bioseguridad, el capital generó algo más que la manipulación simbólica de un concepto. Se dio por aceptada la existencia de los OVGM (alternando el discurso de la “inevitabilidad de su existencia” con el de la “panacea de la alimentación mundial”). Y se sentaron las bases para cristalizar y legalizar el nuevo patrón de dominación instalado en las regiones agrarias consolidando las tres formas de concentración. De esta manera, los marcos regulatorios de bioseguridad encauzaron la lucha desde múltiples instancias (tanto con estrategias globales como nacionales)
Con todo esto vemos que el concepto de bioseguridad, puede ser hoy comprendido como una estrategia del capital por “legitimar” la producción con OVGMs y, por lo tanto, establecer un marco de seguridad para sus ganancias. Sin embargo, este concepto deviene de una lucha concreta: la de aquellos afectados por este nuevo modelo desde múltiples espacios. Por esto, la bioseguridad debe ser entendida como un concepto en disputa. Los tratados internacionales reflejan los reclamos sociales amalgamados a las necesidades del capital.
En este sentido puede pensarse en la bioseguridad como un camino a recorrer por parte de las clases subalternas. Los movimientos sociales pueden pensar estrategias a los de participar y exigir la existencia de marcos de bioseguridad que podrían ser pequeños pasos hacia una instancia propositiva. Sin embargo, tal y como plantea Houtart (2001), es fundamental dar el salto hacia esa segunda instancia. Y para ello será necesario resignificar este concepto. En la actualidad, los movimientos sociales se encuentran en el primer escalón del camino, y sólo pequeñas experiencias aisladas muestran un esbozo de lo que puede significar dar ese segundo paso. Pareciera así que en lo que respecta a la bioseguridad, todavía queda mucha lana por ovillar
 
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Teubal, Miguel (2003), “Soja transgénica y crisis del modelo agroalimentario argentino”, Revista Realidad Económica Nª 196, Bs. As.
UICN (2004), “OGM y Bioseguridad: Un documento de antecedentes a responsables de la toma de decisiones y otros interesados para ayudarles en la consideración de los asuntos relativos a OVGM”, versión digital en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/9834/lc/1528e_2a.pdf


Artículo escrito para Herramienta.
 
[1]Hoy, sólo cuatro empresas controlan el 44% del mercado mundial de semillas y poseen el 100% del mercado de transgénicos. Al mismo tiempo, controlan el mercado mundial de agroquímicos (ETC, 2007; Shiva, 2003).
[2]  La siembre directa y las maquinarias agrícolas requieren de un mínimo de 300 hectáreas para trabajar.
[3]  El contratismo y los pools de siembra son sociedades anónimas que manejan contratos eventuales y realizan intercambio de servicios. Estos complejos empresariales, compuestos por grupos de inversores, técnicos agrarios y administradores de consultoras privadas, producen a gran escala.
[4]Para ver un análisis sobre las diversas posturas en lo que respecta a la seguridad alimentaria desde la década del ’70 en adelante, ver Scoones (2002) ‘Agricultural biotechnology and food security: exploring the debate’
[5] Recordemos que los OVGM’s se encuentra relacionados con posibles reacciones alérgicas a los alimentos que los contienen. Además, existen evidencias científicas (recopiladas por el Dr. Puszai) de efectos en el tracto digestivo de ratas que consumieron para transgénica (XXXXX).