Propuestas para un Nuevo Sistema Financiero

Autores: EDI (Economistas de Izquierda)

Marco general

El sistema bancario ha quedado totalmente destruido por la fuga de capitales, el corralito y la devaluación. La enorme proporción de los medios de pagos continúa atrapada y en la Argentina no funciona el sistema de préstamos. Por lo tanto, las empresas no cuentan con crédito para pagar insumos y salarios y el producto nacional cae estrepitosamente.

La experiencia de la convertibilidad determinó las dos crisis bancarias más grandes de los últimos tiempos, la de 1995 y la de 2002. La primera provocó la desaparición de la mitad de los bancos (bajaron de 200 a 100 entidades), la extranjerización del sistema y una propagación cada vez mayor de la dolarización de depósitos y préstamos, cuyas consecuencias catastróficas se comprobaron después de la devaluación de enero pasado. Cabe destacar que buena parte de los bancos públicos fueron privatizados, con algunas excepciones como el Banco Nación, el BICE, el Provincia de Buenos Aires, el Ciudad y alguno de provincias pequeñas.

En los últimos tiempos, el sistema monetario se desenvolvió en un contexto altamente volátil. Tanto la "tablita cambiaria" como el régimen de convertibilidad han pasado a ser ejemplos clásicos de libros de texto de funcionamiento especulativo e inestable de una economía. En el primer caso, el sistema monetario generó un déficit enorme, de características inéditas a nivel internacional y que equivalió durante la década del ochenta a un PBI entero.

Además, este tipo de políticas nos condujo a la hiperinflación y a la desaparición de la moneda. Con la convertibilidad, la Argentina vivió la crisis bancaria más importante de su historia y una destrucción de ahorros sin precedentes. En todas estas experiencias, la banca tanto pública como privada constituyó un engranaje que fogoneó los procesos de fugas de capitales. Hoy los capitales de la burguesía territorializados en el exterior totalizan 120.000 millones de dólares, una suma varias veces superior al tamaño del actual sistema bancario argentino.

La Argentina, por lo demás, ha sido el único país de desarrollo mediano en el mundo que adoptó el sistema de caja de conversión durante los años noventa con los resultados que estamos padeciendo.

El desplome final del sistema financiero aconteció a lo largo del año 2001, con el gobierno de la Alianza y el ministro Cavallo, operándose una caída de los depósitos de más de US$ 21.000 millones (24% del stock) computada entre febrero y diciembre, como puede verse en el siguiente cuadro (expresado en millones):


Esa salida brutal de depósitos fue provocada principalmente por la percepción de los capitalistas de la debilidad fiscal que derivaría en la imposibilidad de pago de la deuda pública y el temor de los mismos a la confiscación de sus depósitos para hacer frente a esos pagos. Los intentos desesperados del gobierno con el "blindaje" a fines del2000 y el "megacange" a mediados de 2001 no lograron revertir esa percepción. El Gobierno, atado a rajatabla a su único activo político que era el "uno a uno", no introdujo ninguna medida que impidiera la salida de dólares.

La merma de depósitos puso en riesgo de muerte a la banca y determinó que en diciembre del año pasado el gobierno (que fue expulsado por la movilización popular) estableciera restricciones a los retiros de fondos y el congelamiento de los depósitos, constituyendo el popularmente llamado "corralito", perjudicando a cientos de miles de pequeños ahorristas.

Comenzado el año 2002, el gobierno peronista de Duhalde introdujo una serie de medidas adicionales que terminaron de poner al sistema financiero en colapso: la devaluación inicial de un 40% con tipo de cambio fijo, luego la flotación del tipo de cambio con una devaluación desbocada, la pesificación asimétrica de débitos y créditos financieros, la reprogramación de los depósitos a plazo fijo, la afectación y desafectación del CER (aún indefinido sobre su aplicación).

Todo ello, sumado a los amparos que los medianos depositantes efectuaron ante la Justicia para recuperar sus depósitos y la huida hacia el dólar de los ahorristas continuaron el derrotero de la merma de depósitos, que con el nuevo tipo de cambio arroja al mes de agosto las siguientes variaciones contra el pico de depósitos de febrero de 2001 (expresado en millones)

La caída total en los depósitos expresada en dólares es de 69.800 millones (al tipo de cambio 3,60), es decir un 79% menos del valor en dólares de los depósitos de febrero de 2001. El proceso de reducción continuará si se concretan nuevas etapas de canjes de depósitos por bonos del Estado que el Gobierno y los bancos tienen planeados.

El retiro de depósitos por parte de los grandes capitalistas (a los que acompañaron medianos ahorristas) durante la última etapa del gobierno de De la Rúa fue financiado mayormente por reservas internacionales debido a la obligación de convertir pesos a dólares 1 a 1 y al sistema impuesto por los gobiernos capitalistas neoliberales de movilidad irrestricta de capitales.

Para el período feb/01 - dic/01, las reservas internacionales pasaron de US$ l 33.830 millones a US$ 19.744, cayendo US$ 14.086 millones. Si se tiene en cuenta que en ese último monto está computado un préstamo de emergencia del FMI de US$ 5.000 millones para reforzar la posición del Banco Central, la caída real de las reservas fue de US$ 19.000 millones (explicando el 90% de la "fuga" de depósitos).

Al presente, las reservas son de sólo US$ 9.109 millones, es decir US$ 10.635 millones menos que a fines de 2001. Esto fue por 3 razones: la venta por parte del Gobierno de divisas en el mercado de cambios para evitar que el dólar "explote"; la asistencia a bancos para pagar amparos en moneda extranjera (los redescuentos en pesos terminaban en compras de dólares) y la continuación de los pagos de deuda pública a los organismos internacionales.

Los gobiernos del peronismo y la alianza radical-frepasista junto con el establishment financiero concretaron una feroz expropiación de los pequeños ahorristas, que por falta de información permanecieron sin retirar sus depósitos. A su vez, su política benefició a los grandes grupos económicos deudores con la pesificación de sus deudas, aún a aquellos con ingresos de exportación en moneda extranjera.

Propuesta

La propuesta del EDI propuso en junio pasado -por razones de estricta justicia para con los pequeños ahorristas expropiados- la intervención de los bancos, seguida de una investigación profunda acerca de la fuga de depósitos, la intimación a los bancos extranjeros a hacerse cargo de sus obligaciones y en caso de no lograrlo, lisa y llanamente la expropiación sin indemnización de esas entidades.

Los bancos extranjeros, que se presentaban como ejemplos de solvencia luego de haber sido canales de fuga de los excedentes financieros de la clase capitalista y de haber apoyado a rajatabla al sistema de convertibilidad y libre movilidad de capitales durante una década, se han negado totalmente a restituir los depósitos en moneda extranjera y amenazan con huir del país. Ello ocurre a pesar de haber contabilizado y girado al exterior enormes ganancias en dólares en los último años, muy superiores en porcentaje a las de sus casas matrices.

Una reconstrucción de la economía al servicio de los trabajadores y las clases populares tiene que terminar con este sistema. La moneda nacional debe recuperar su valor como unidad de cambio y medida del valor y para ello el público debe volver a depositar su confianza en el sistema financiero. Consideramos que la única alternativa para que esto ocurra es la nacionalización de la banca en los términos que serán descritos más adelante y el establecimiento de un sistema de garantía de los depósitos que devuelva al público la seguridad que se le debe, basado en la solidez fiscal. Además, y como medida complementaria, debe resolverse el tema de los ahorros confiscados dentro del sistema.

La reconstrucción del sistema financiero junto con un control estricto del mercado cambiario que desestimule el ahorro en divisas fuera del sistema son condiciones necesarias para retomar un esquema de intermediación en la economía que conecte los excedentes empresarios y personales con la inversión reproductiva.

Los bancos, sin el apoyo financiero de sus casas matrices (de ser extranjeros), actualmente están fundidos y sería un despropósito destinar un solo peso más de redescuento a fin de auxiliarlos. Con las medidas impuestas hasta el presente, el stock de ayuda a los bancos alcanzaría los $ 32.400 millones, computando pases y redescuentos ya otorgados y los que están en proceso de otorgamiento para "comprar" los bonos que colocaron a los ahorristas a cambio de sus depósitos reprogramados y otras medidas técnicas del BCRA.

La moneda de un país es un asunto demasiado serio como para ser manejado por un puñado de aventureros. Hay que partir de cero. Hay que diseñar un sistema bancario que sirva para financiar la producción y que brinde a los particulares instrumentos seguros de ahorro y les facilite sus transacciones.

Una radiografía del sistema financiero agregado muestra la inviabilidad de mantener un sistema de banca privada sin incurrir en mayores costos sociales derivados de una asistencia estatal a los bancos con moneda espúrea.

El cuadro anterior muestra activos y pasivos a valor nominal. Sin embargo, la situación es peor ya que: i. los plazos de vencimientos de los pasivos bancarios son en promedio inferiores a los de sus activos, generando un descalce que pondría a muchos bancos en situación de insolvencia en los próximos meses; ii. el 58% de los activos son obligaciones de los estados nacional y provinciales en "default"; iii. de los créditos privados hay una parte importante de cartera irregular y iv. parte de la cartera regular no tiene actualización monetaria. De los últimos tres puntos se deduce que los valores de realización de los activos son insuficientes para la cobertura de pasivos, por lo que el sistema está técnicamente quebrado.

Esta situación patética tiene claros responsables: las políticas neoliberales dictadas por el FMI y su aplicación por parte de gobiernos funcionales que permitieron la fuga de capital y expropiaron y congelaron ahorros de la población.

La situación de iliquidez e insolvencia de los bancos se agravó por su propia connivencia con el poder político, puesto que ante las medidas de los últimos gobiernos, nunca plantearon una oposición legal seria dentro del propio marco de justicia burguesa para mantener los ahorros de los depositantes (sus clientes), a la espera de un salvavidas del Estado que le resolviera sus propios problemas. Es decir que su intención fue siempre hacer pagar al pueblo el costo de su ineficiencia.

Siguiendo la propuesta del EDI y haciendo un cálculo a valores nominales, si se repudia la deuda pública sin la nacionalización y centralización de la banca, la cobertura de activos privados remanentes para pagar los pasivos sólo sería suficiente para cubrir el 43,5% de los depósitos y de los pasivos totales (en pesos y dependiendo por supuesto del tipo de cambio).

Una nacionalización con gestión popular y el repudio de la deuda, tanto del Estado con los bancos como de los bancos (nacionalizados) con el exterior, permitiría mejorar la cobertura de los depósitos alrededor del 81% más algún punto porcentual adicional por el recupero de la cartera irregular, vía gestión de cobro o expropiaciones de empresas deudoras, según sea necesario. No se incluye en ese cálculo los bienes físicos del sistema.

Los valores de cobertura estarían sujetos al recupero de créditos con descalces a lo largo del tiempo. Esto implica que el sistema no está en condiciones de devolver los depósitos en efectivo y menos aún en moneda extranjera, pero sí en una moneda de poder adquisitivo constante, como se explicó en el documento del EDI de junio pasado.

La posibilidad concreta de que los ahorros en dólares atrapados vuelvan a sus legítimos dueños en la moneda original es a esta altura técnicamente inviable, luego del deterioro que sufrió todo el sistema económico y el desbarajuste bancario. La opción menos onerosa para esos ahorristas es implementar un mecanismo de actualización de esos ahorros, en moneda nacional, que garantice el poder interno de compra. Al respecto, hay que tener bien claro que luego de la devaluación del peso, los precios relativos de la economía variaron con mucha brusquedad en algunos casos.

Además hay que destacar que la fortaleza de la política fiscal propuesta por el EDI es la única garantía del valor de la moneda y que ningún ahorrista se quedaría sin ingreso, puesto que estaría garantizado un seguro de empleo o una jubilación o un trabajo digno.

Es importante señalar que pagar los depósitos contra los recuperos de créditos sin el horizonte de nuevos depósitos implicaría la desaparición lenta pero completa del sistema financiero y de los 100.000 puestos de trabajo aún con una nacionalización, por lo que es necesario generar inmediatamente nuevas instituciones de canalización del crédito y mantenimiento de los puestos de trabajo.

La nacionalización con gestión popular y liquidación del sistema financiero actual debería ser seguido por la creación de una nueva banca estatal unificada en un banco comercial transaccional, un banco de comercio exterior y un banco de inversiones (todos de jurisdicción nacional), más bancos cooperativos de gestión no estatal. Todos ellos deberían estar regulados por el Banco Central.

El gobierno de esta nueva banca debería tener como premisa el control popular de las acciones de la dirección de cada nueva institución, con mecanismos que permitan la elección de los más idóneos, rendición de cuentas a los órganos de gobierno popular y remoción inmediata de los cargos para aquellos cuya gestión no sea aprobada.

Características generales del Nuevo Sistema:

1. El marco de la nueva banca deberá ser el control de cambios y del comercio exterior. Esto significa que el sistema crediticio y monetario deberá tener como eje la moneda nacional y la fortaleza esa moneda estará respaldada fundamentalmente por la solvencia financiera del gobierno emisor, como ocurre en todos los países del mundo. En otros términos, esa solidez está dada por el flujo de ingresos e impuestos que recauda corrientemente el gobierno y que recaudará en el futuro.

La propuesta del EDI parte de la base de un sistema fiscal completamente sólido, sostenido con impuestos a la propiedad, a las ganancias y con impuestos indirectos, y además con ingresos corrientes por la producción de bienes y servicios. Estos ingresos deberán cubrir los gastos anuales previstos.

Asimismo, la propuesta del EDI contempla el mantenimiento de relaciones con los distintos países y bloques regionales, y la forma de la vinculación de la moneda nacional con las principales divisas internacionales debe estar sujeta a las necesidades comerciales y financieras del país.

2. El crédito cumple un papel primordial en una economía y resulta un instrumento decisivo para el funcionamiento del consumo, la inversión y el comercio exterior. El ahorro interno constituirá el factor clave para el crecimiento del país y la captación de los fondos de las empresas y de los particulares resulta decisivo para contar con un sistema bancario apto.

3. La actividad bancaria reviste una importancia de primer orden para el funcionamiento de la economía. Ello implica la necesidad de contar con un Banco Central cuyos objetivos sean generar una oferta monetaria de acuerdo a los planes prefijados por el gobierno, controlar el sistema bancario, monitorear la base monetaria y otras variables financieras, manejar las reservas internacionales, desenvolver el programa de crédito sectorial, regional y atender las relaciones financieras con el exterior.

La Argentina es un país subdesarrollado y dependiente y su desenvolvimiento económico va a estar inevitablemente condicionado por estas restricciones, aun cuando la propuesta del EDI esté encaminada a superarlas. Esto significa que también la política monetaria va a afrontar limitantes de carácter fiscal y externo y otros condicionantes de naturaleza estructural. El plan monetario y bancario debe ser parte de un componente de un plan general de crecimiento y de movilización de todas las fuerzas productivas y esta interrelación tiene que asegurar la consistencia y el cumplimiento de sus objetivos.

Este es un punto fundamental, porque solamente definir una reestructuración con estas características puede sentar las bases de un funcionamiento crediticio. Hoy la Argentina está lejos de la posibilidad de restablecer su sistema financiero, pero aunque lograra hacerlo, va a alumbrar un mercado bancario totalmente vulnerable por los extraordinarios condicionantes fiscales y externos que tiene por delante.

4. Como se dijo anteriormente, la nueva banca se basará en dos secciones principales, la banca pública y la banca cooperativa, cuyos roles y actividades serán de naturaleza completamente diferente a las que actualmente existen. No habrá instituciones bancarias en manos del capital privado.

Este último punto es muy importante, porque en la Argentina ya no puede hablarse de la existencia de capitalistas privados en el sistema bancario. Los dueños de los bancos ya no existen como tales porque están totalmente fundidos más allá de que tengan un patrimonio escondido en el exterior, y la única forma de devolverlos a la actividad sería mediante la inyección de dinero público para capitalizar las instituciones que quebraron.

5. El funcionamiento de los bancos públicos y cooperativos parte de la base de la existencia de una planta de trabajadores y técnicos calificados y con un alto entrenamiento en las distintas operaciones activas y pasivas. Por otra parte, el sistema bancario previo tuvo una gran extensión en los últimos años, de manera que la infraestructura existente de bancarización constituye un punto de partida muy apto que tendrá que ser readecuado y actualizado.

La profundización de la bancarización es fundamental para generar un férreo control impositivo y de pagos de salarios legales. Asimismo, debe abolirse todo tipo de secreto bancario, que facilita la evasión fiscal, el empleo en negro y otras actividades ilegales.

6. La programación del crédito al sector público y privado parte de un plan general de inversiones y producción. Asimismo, la gestión de los préstamos tiene que darse sobre bases económicas, porque una de los puntales de la solidez del sistema está dado por la solvencia de los préstamos otorgados.

Más allá de que es previsible que en un primer momento exista la necesidad de remonetizar considerablemente la economía y aprovisionarla de crédito, como norma general, la extensión, devolución y eventual renegociación del crédito deberán seguir pautas bancarias generales. De esta manera, el crecimiento de la cantidad de crédito o de la relación crédito/PBI obedecerá a un proceso de expansión de la economía real.

Esta regla general no desconoce que una economía con mayor planificación debe contar con subsidios y transferencias, pero estos subsidios y transferencias deben ser atendidos básicamente con fondos presupuestarios y además estar sujetos a estrictas normas de publicidad y control. Dentro del plan del Banco Central deberán existir líneas subsidiadas de crédito, pero tales partidas tendrán un respaldo presupuestario o bien de recursos propios del Banco Central.

7. El crédito de inversión de corto plazo y de consumo estará a cargo del banco comercial, que cumplirá además la función hipotecaria y prendaria y del banco de inversión que centralizará su acción en determinados emprendimientos de inversión que por su duración y volumen requieren de una canalización del ahorro de más largo plazo.

El gobierno trazará planes de inversión de naturaleza obligatoria o indicativa (por cuanto dará pautas de política industrial al sector privado) y la política crediticia de inversión seguirá estas pautas.

8. Una de las tareas principales de un gobierno popular tiene que ser la reconstitución de las economías regionales y el apoyo a los planes de recolonización, reforma agraria, desarrollo de infraestructura y de inversiones a nivel regional y provincial.

Esto exige que el crédito tenga una dimensión regional y también una descentralización de las entidades bancarias de acuerdo a un criterio territorial y sujetas a un plan de promoción regional.

En el sector agrícola, comercial y de servicios, la banca cooperativa deberá cumplir un rol primordial por su grado de especialización y su conexión con las necesidades locales y sectoriales.

La existencia de una banca especializada para la pequeña y mediana empresa es un factor sumamente importante para el funcionamiento de este sector y para evitar la aparición de mercados de crédito no regulados, por fuera de la supervisión del Banco Central, que entrañan el riesgo de tasas de interés usurarias. Este tipo de entidades se regirá por una normativa especial que se adecue a las características del sector de empresas pequeñas y medianas.

Toda la operatoria crediticia deberá estar sujeta a normas de control por parte del gobierno y de auditoría por instituciones de usuarios.

9. El país necesita contar con una banca especializada en comercio exterior que apoye las actividades de exportación y que financie las importaciones. Ello exige la creación de una institución bancaria específica que actúa coordinadamente con los organismos gubernamentales de producción y comercio externo. La nacionalización de las operaciones de exportación habrá de garantizar que los saldos líquidos rendidos por las empresas que venden al mercado mundial ingresen al fondo de reservas de divisas.

Asimismo, el gobierno deberá gestionar líneas comerciales con empresas y bancos de otros países. Una gran parte del comercio internacional se realiza con países del Mercosur. La Argentina deberá propiciar a breve plazo una moneda de reserva común para efectuar los intercambios. Tal moneda, que inclusive podrá ser una unidad de cuenta, debe ser un paso en el proceso de una mayor integración financiera.

10. La existencia de una moneda nacional sólida y de bancos con respaldo será una garantía efectiva para el ahorro interno. El sistema financiero deberá proporcionar distintas alternativas de ahorro, principalmente títulos, acciones de empresas públicas y privadas y depósitos de corto y de largo plazo capaz de absorber la liquidez existente de forma de evitar la aparición de circuitos especulativos no sujetos a la supervisión del gobierno.

Como forma para la recuperación de reservas e inyección de liquidez a la economía es importante introducir un esquema de compras internas de divisas bajo un programa establecido y a un tipo de cambio de equilibrio que absorba una parte importante de los US$ 28.000 millones que la población mantiene en efectivo en cajas de seguridad.

11. El crédito hipotecario (a cargo del banco comercial y transaccional) deberá ser parte de un plan integral de construcción de viviendas y será canalizado directamente a los particulares como también a cooperativas de construcción o de usuarios. Dado que la provisión del crédito a los particulares estará sujeta a un programa monetario, su asignación debe ser hecha mediante bases absolutamente democráticas y participativas según la orientación del plan general de la economía y la participación directa de los interesados. A tal efecto, se habilitarán organismos de control y auditoría, porque la asignación del crédito al consumo debe estar absolutamente alejado de prácticas clientelísticas y del burocratismo estatal.

Plan Financiero de Emergencia.

Asumiremos un PBI para el año 2002 de $ 385.000 millones y trabajaremos en términos reales. Partimos de una situación con un sistema financiero relativamente desmonetizado compuesto por depósitos totales por $ 60.500 millones de pesos, circulante por $ 15.300 millones y bonos provinciales circulantes como cuasi moneda por $ 7.400 millones. En total, los agregados monetarios ascienden a $ 83.200 millones, es decir un 21,6% del PBI.

El escenario contempla las siguientes hipótesis:

* Nacionalización del sistema bancario. No existen entidades financieras de capital privado.

* El gobierno no toma a su cargo el pago de los depósitos bancarios pesificados en su moneda original. Simplemente reconoce los depósitos al valor pesificado (1,40 pesos más indexación).

* En las nuevas condiciones de la economía -control de cambios, nacionalización del comercio exterior, nacionalización de la banca y de los servicios públicos y reactivación de la producción- los particulares deciden mantener sus depósitos en pesos en el sistema bancario. Dicho de otra manera, no hay retiros voluntarios de depósitos a partir del nivel actual.

Se postula el objetivo de llegar a 2003 con una monetización del 30% del PBI. Ello implica una cantidad total de medios de pago de $ 120.100 millones, de los cuales $ 115.500 corresponden a lo que podría denominarse demanda real de dinero (para llegar al objetivo del 30% del PBI de 2002) y los $ 4.600 millones restantes son atribuibles al crecimiento proyectado del PBI para 2003 del 4%.

Este grado de monetización permitiría poner en marcha un proceso de reconstitución de la producción y del crédito, con una expansión monetaria total de $ 36.900 millones (9,6% del PBI).

El objetivo del 30% del PBI toma como referencia un grado de monetización aún inferior al que existía en la economía antes de la crisis. Habría que hacer dos comentarios con relación a ese nivel. Primero, la composición del nuevo sistema es muy diferente al de la década del noventa porque los depósitos están íntegramente constituidos en moneda nacional. Segundo, ese grado de monetización es relativamente bajo en términos internacionales, aunque las vulnerabilidades propias de una economía que inicia la reconstitución de su sistema financiero hacen aconsejable tomar una meta cautelosa.

Los canales de expansión del dinero son la base monetaria interna y la externa porque existiría un tipo de cambio fijo y, en consecuencia, el Banco Central monetizaría el saldo neto de la balanza comercial. Se supone que toda la expansión de la cantidad de dinero se verifica vía la expansión de la base monetaria, esto es, los $ 36.900 millones de aumento de la oferta son creación de dinero por el gobierno.

Se destaca que la nacionalización de la banca propuesta desafectaría los $ 32.400 millones de redescuentos y adelantos otorgados por el actual Banco Central para mantener al sistema y debido a que en extremo son emisión pura para pagar retiros de depósitos; la emisión neta planteada sería de $ 4.500 millones, acompañando el crecimiento del producto. Es decir, no crearía dinero por encima del necesario transaccional.

Respecto del sector externo, se parte de un resultado de la balanza externa positiva de US$ 3.300 millones y se postula un tipo de cambio fijo de 2,5 pesos. Este tipo de cambio nominal es en valores reales similar al promedio del período 1985/2000. Es posible que este nivel sea compatible con un impuesto sobre las exportaciones, pero no se lo toma en cuenta en este programa monetario (no se explicita un ingreso del sector público). Esto representa una expansión monetaria de $ 8.250 millones.

El canal de expansión interno contempla el sector financiero y el sector público y totalizaría $ 28.650 millones. El rubro más importante del sector financiero es el objetivo del Banco Central de adquirir divisas en poder de los particulares. Se estima que resultaría posible cambiar por pesos gradualmente a lo largo del año un stock de US$ 8.500 millones ($ 21.250 millones).

El renglón más importante del sector público es rescatar la totalidad de los bonos públicos emitidos por las provincias y que circulan como cuasi moneda, que suman $ 7.400 millones.

Esto implica que la expansión monetaria interna que se verificaría a lo largo de un año alcanzaría aproximadamente para cumplir ambos objetivos, adquirir US$ 8.500 millones y duplicar el monto de reservas, y rescatar las cuasi monedas que circulan en la economía.

Sin embargo, estos dos objetivos de base monetaria interna vinculados exclusivamente con la "reestructuración financiera" no podrían ser cumplidos, porque el plan debe contemplar además la expansión crediticia al sistema productivo.

Supongamos, entonces, un cronograma más razonable, que durante el primer año rescatara sólo $ 4.000 millones de títulos públicos y comprara sólo US$ 4.000 millones de dólares. Ello insumiría un gasto financiero de $14.000 millones y dejaría un sobrante de $ 22.900 millones (5,7% del PBI de 2003), que serviría para expandir el crédito. Se trataría, en realidad, de una hipótesis de mínima y todo aumento de las posibilidades de aumentar el crédito al sector productivo iría en desmedro de los objetivos de la reestructuración financiera.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el crédito así canalizado constituiría un verdadero señoreaje. Esto es, el nuevo Banco Central, a través de un procedimiento contable apropiado, podría dirigir la totalidad de ese crédito al gasto estatal.

El canal podría ser el siguiente: el nuevo Banco Central crearía esa cantidad de dinero porque hay un salto inducido en la demanda real de dinero, y destinaría ese dinero como crédito directo a empresas públicas (reestatizadas), que usarían esos recursos para adquirir bienes (equipos) o servicios (sueldos). Naturalmente, el salto en la demanda real de dinero se daría de una sola vez (después la economía recuperaría un nivel más normal de monetización) y, en consecuencia, un señoreaje de esa magnitud se lo obtendría de una sola vez.


Comisión de Finanzas de los Economistas de Izquierda. Agosto de 2002.