El NO a Evo, y el desmantelamiento de la comunidad indígena en Bolivia

Puente, Esteli Regalsky, Pablo

 
“Estamos asqueados de que se hable
una cosa
y se haga lo contrario de
lo que se dice...”
Silvia Rivera (2016)
 
Las cifras del referéndum de febrero 2016, a consecuencia del cual Evo Morales se ve imposibilitado de presentarse por cuarta vez a elecciones presidenciales en Bolivia, dan un 51 % al No. Aunque se estima que hubo fraude, la coacción no ha logrado que los cocaleros den su 100 % de apoyo a Evo, que solo alcanzara el 70 % en regiones en las que el cultivo de coca es la actividad principal, donde también el ausentismo fue alto. El NO expresa el golpe moral que el propio Movimiento al Socialismo (MAS) ha infligido a los pueblos indígenas y campesinos originarios, desmantelando su base social de origen, haciendo todo lo que está a su alcance para destruir los tejidos comunitarios indígenas. La hegemonía indígena que había logrado imponer una Asamblea Constituyente que reconoció el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos y naciones indígenas ha sido neutralizada por el gobierno. El MAS se constituye ahora como el partido que representa a los sectores arribistas urbanos y sindicales, esos con los cuales el MAS pretende establecer una precaria burguesía chola para que, como dijo el propio Evo, “seamos los socios” de las corporaciones que dominan la economía extractivista del país. El escandaloso espectáculo de los nuevos ricos del MAS es una distracción que no permite visualizar lo que es el mayor logro de este gobierno, algo que ningún gobierno boliviano había logrado en el siglo XX: la consolidación del Estado nación neocolonial frente al desafío que le presentaba el control de los pueblos indígenas de gran parte del territorio nacional. El objetivo de este artículo es entender el debilitamiento de este gobierno, que presumía de indígena.

Introducción
 
En este artículo hacemos un esfuerzo por entender cuáles han sido los motivos para que el último referéndum, celebrado en febrero de este año, haya resultado en la victoria del NO frente a la pregunta de si debía modificarse la Constitución Política para permitir que Evo Morales postulara una vez más en las elecciones presidenciales del 2019. Una buena parte de los análisis se centra en las contradicciones que cometió el gobierno del MAS desde que toma el control total de la administración del estado, en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Algunos atribuyen su debilitamiento al hecho de haber sido inconsecuente en la toma de medidas para la nacionalización de la economía (Solíz Rada, 2016; Fernández, 2012) mientras otros entienden que al no haber priorizado los intereses de los sectores que lo llevaron al poder quedó preso de sus propias contradicciones (Rivera). Aquí veremos que el MAS ya venía construyendo su personalidad política como partido del sistema desde sus inicios y que su gobierno no es más que la puesta en marcha en gran escala de las políticas de reconstrucción del estado que venía aplicando ya desde 1997.

¿Cómo llegó el MAS al gobierno… y para qué?
 
Para comprender el proceso que está atravesando Bolivia en los últimos años, es necesario el periodo previo a la subida del MAS al gobierno, la conformación y transformación del Instrumento Político (IP) de los movimientos y el surgimiento del MAS como partido político derivado del IP para participar en las elecciones municipales de 1995. Esta revisión histórica pone de relieve la cuestión de la mediación política partidaria como enfrentada al punto de vista de las comunidades indígenas y del sector campesino. Esa cuestión adquiere una importancia vital para el sistema político dada la gran crisis de estado que se vivía desde el año 2000 en Bolivia.
El Instrumento Político surgió en marzo de 1995 como un brazo táctico electoral de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) por decisión de un congreso que lo denominó IP-ASP (Instrumento Político – Asamblea de Soberanía de los Pueblos), como respuesta a los desafíos que presentaba la Ley de Participación Popular y enfocado en la problemática de la tierra y el territorio. La Federación Única de Cochabamba, con Alejo Veliz y Román Loayza como dirigentes, y la Federación de Uyuni con Francisco Quisbert, impulsaron su creación. Ni la dirección de la CSUCTB, bajo la dirección de Félix Santos, ni Evo Morales, estaban aun de acuerdo con la idea de un instrumento político “orgánico” para presentarse a elecciones, completamente subordinado a las organizaciones de base. Estos dirigentes seguían con la idea de que el partido debía estar por encima de las organizaciones, y proponían un Eje de Convergencia de izquierda. Sin embargo, la idea del instrumento orgánico prendió inmediatamente en las bases y en noviembre de 1995 el IP participó en las elecciones municipales como ASP-IU usando la sigla del partido Izquierda Unida. Ganaron en 15 alcaldías: 11 en el valle de Cochabamba y 4 en el Chapare.
Desde entonces se desplegaron varias orientaciones contradictorias: por un lado la dirección de la ASP (Veliz) centralizaba las reuniones de los dirigentes campesinos ahora alcaldes o concejales en la Federación Única para tratar de controlar el proceso, pero desde una perspectiva puramente municipalista, es decir, “obras entran por los ojos” al viejo estilo. Un sector minoritario, por el contrario, procuraba imprimirle a esas reuniones el carácter de movimiento político por la Tierra y el Territorio como una plataforma más de lucha. En contra de esa postura de lucha se plantaron tanto Veliz como el mismo Evo, pero entre ambos se planteó a la vez una lucha por la jefatura.
En 1996, bajo la dirección de Veliz, el Instrumento Político comenzó un proceso de burocratización como partido político. El conjunto de la dirigencia sindical estaba interesado en lograr desvincularse de la gran presión que las bases le imponían. Este es el punto de quiebre entre el Instrumento y las bases. En el momento en el que se incorporaron a la administración del Estado como partido político oficialmente reconocido, se desvincularon económicamente y lograron una autonomía financiera con la que, en base a los fondos destinados a las municipalidades que manejaban, lograron cooptar a varios dirigentes de comunidades indígenas y campesinas, ganando el control sobre centrales campesinas provinciales desde la administración estatal de los municipios.
En 1997 se celebraron elecciones presidenciales. A pesar de que el candidato presidencial del Instrumento Político era Alejo Veliz, Evo hizo un acuerdo con el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria dirigido por Paz Zamora), para lograr un voto cruzado. Se votaría por el MIR para presidente y por el IP para las diputaciones uninominales. Esta fue una traición de Evo a Veliz que terminó por enfrentarlos, y la elección en la que Evo fue elegido diputado por primera vez. En 1998 se produjo la ruptura definitiva al interior del IP. La fracción dirigida por Evo y respaldada por el movimiento cocalero asumió la sigla del MAS, herencia de la Falange Socialista Boliviana (ver CENDA, 2015), que en adelante fue conocida como MAS-IPSP. El MIR por su parte firmó un acuerdo con Banzer por el cual el ex dictador resultó elegido presidente por el Parlamento.
De aquí en adelante el MAS sufrió una transformación determinante. Dejó de ser el brazo político de la CSUTCB (ver Regalsky, 2006) y se convirtió en una organización política partidaria tradicional. Desde sus inicios como organización todavía no tenía la estructura definida de los partidos políticos, sino que funcionaba bajo una especie de doble poder. Por un lado las centrales campesinas tomaban decisiones y resoluciones democráticamente y por otro se celebraban congresos departamentales que se sometían a decisiones de base. Sin embargo, al poco tiempo de formado, las decisiones dentro del MAS comenzaron a ser tomadas por diputados, alcaldes y concejales electos en sus ampliados y ya no por las organizaciones sociales (ver Regalsky 2006, CENDA, 2015). Muy rápidamente las decisiones pasaron a ser tomadas solamente por el mismo Evo, al margen incluso de su comité ejecutivo. Las decisiones de las dirigencias indígenas, presentes en las listas electorales hasta el 2002, por ejemplo sobre las listas de candidatos para las elecciones en ese año y posteriores, fueron totalmente ignoradas por la burocracia partidaria (léase, Evo) que las reemplazaba con figuras de los partidos tradicionales hasta entonces enemigos del MAS (Regalsky, 2006).
Así es como se iniciaba la historia del MAS como partido político tradicional, legitimando aquella intermediación partidaria obligatoria cuestionada por los pueblos indígenas. Desde 1996, cuando el IP comenzó a ocupar alcaldías provinciales, desplazando a los sectores intermediarios vecinos de pueblo y colocando dirigentes sindicales campesinos como protagonistas, el MAS se empieza a presentar por un lado como la alternativa anti-imperialista, y a la vez como parte del sistema de la democracia liberal y de mediación de los partidos políticos. Cualquier voz disidente que surgiera en las bases era acallada con el argumento de que esa crítica servía a la derecha. Así se generó la recomposición y relegitimación del sistema político liberal cuya crisis se inició con la Guerra del Agua y luego profundizó en el 2003.
Los sucesos que prepararon el escenario de la recomposición política del sistema comenzaron con la crisis del año 2000, hasta que, en diciembre del 2005, el MAS gana las elecciones nacionales montado sobre la ola de las movilizaciones sociales. En el contexto político y social nacional, entre los años 2000 y 2005 se sucedieron una serie de movilizaciones,1 relativamente desencajadas de las organizaciones sociales, a partir de autoconvocatorias y cierto grado de espontaneidad de grupos sociales diversos que se fueron estructurando sobre bases locales y municipales urbanas y rurales.
Con el triunfo de la Guerra del Agua, y con la constitución de una alianza urbano-rural sin precedentes en la historia boliviana, la nueva relación de fuerzas con el Estado hizo que los sujetos indígenas constituidos como sujetos colectivos demanden su reconocimiento como tales. Esos sujetos colectivos indígenas tenían un objetivo principal: la recuperación y el control de sus propios territorios donde la propiedad privada se subordina a la propiedad común. De ahí vino la demanda de Asamblea Constituyente originaria, en la que exigían participar como sujetos colectivos, como naciones originarias, en la refundación del país. Esto fue un desafío al Estado nación constituido sobre la noción de individuo, el desarrollo de los derechos individuales, el fomento de la propiedad privada y la negación de la propiedad común. El desafío al Estado culmina con la marcha indígena de mayo de 2002. El MAS se juega contra la movilización indígena con el fin de mostrar su compromiso con el sistema político liberal vigente (Romero, 2006).
Con la subida de Gonzalo Sánchez de Lozada el 2002, con una situación internacional reaccionaria marcada por la guerra en Irak, y ante el hecho de que el MAS se pronunciara contra la marcha indígena por la Asamblea Constituyente, la situación parecía volcarse en favor de una re-estabilización del sistema político. La crisis de Estado parecía haberse cerrado y el MAS se había definido a favor del sistema político constituido y en contra de la demanda indígena por la Asamblea Constituyente. Sin embargo, los conflictos sociales volvieron a desatarse durante el 2003 con el enfrentamiento, en febrero de ese año, entre las fuerzas armadas y la policía como detonante. Por debajo se había ido acumulando una crisis económica a nivel nacional y de gobernabilidad a nivel municipal, cada vez más aguda. Ningún partido lograba conducir consistentemente un municipio y por una u otra razón se producían movilizaciones que impedían el desarrollo normal de los gobiernos municipales. A todo esto se sumó el hecho de que el empresariado privado comenzó a sentir el impacto del marginamiento de este sector por la incursión de las empresas internacionales privatizadas, por lo que empezó a reclamar al Estado central la mejora de su situación económica.
En el año 2003 estos movimientos sociales desagregados, que no habían estado conectados a nivel regional ni mucho menos nacional, encontraron un tronco al que arrimarse cuando el MAS los convocó a pronunciarse en contra de la venta de gas natural por puertos chilenos. Esta es la fuerza social que le dio impulso al MAS y que al mismo tiempo marcó su futuro, es su contradicción: el MAS se convirtió en un partido político tradicional basado en un conjunto de grupos y organizaciones de base sin una visión política homogénea, pero con una motivación cada vez más clara de parte de los dirigentes sindicales y campesinos. Como vimos antes, durante el proceso de gradual ocupación política de las alcaldías por parte de los dirigentes campesinos a través del MAS, la reivindicación de “tierra y el territorio” levantada por la CSTUCB se disuelve en el esfuerzo de dirigentes incorporados al MAS para desplazar a la vieja pequeña burguesía de los pueblos provincianos que había hecho del Estado su cuna y transformarse en los efectivos mediadores políticos entre los sectores dominantes y los pueblos oprimidos y el campesinado.
En 2003, al triunfar el movimiento de la ciudad de El Alto con el apoyo del resto del país –con el que se consiguió la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada– Carlos Mesa asumió la presidencia. Mesa determinó como su misión cumplir con la lista de demandas surgida de ese movimiento, conocida como la Agenda de Octubre. Esta agenda prohibía la venta de gas natural a Chile y Estados Unidos, determinaba la necesidad y urgencia de nacionalizar e industrializar el gas y el petróleo en territorio nacional, y destacaba la necesidad reconocida a nivel nacional de convocar a una Asamblea Constituyente. A esto se agregaron luego otras demandas: derogar la ley Antinarcóticos 1008 y modificar la ley INRA. La “media luna” cruceña y tarijeña, bajo una conducción de derecha, logró añadir la demanda de autonomías departamentales, con elección directa de prefectos o gobernadores departamentales. El gobierno del MAS heredó esta agenda de manos del presidente transitorio Eduardo Rodríguez Veltzé (en el cargo entre junio del 2005 y enero del 2006). El único punto sobre el que se había avanzado algo fue con el referéndum de hidrocarburos, celebrado en julio del 2004. Ese referéndum apoyado por el MAS, sin embargo no nacionalizaba nada, solo recuperaba las reservas existentes bajo tierra.
Silvia Rivera identifica éste (el comienzo del gobierno del MAS ignorando la Agenda de Octubre) como el punto de inicio de la deformación del autodenominado “Proceso de Cambio”. Subraya el desconocimiento del reclamo de cambio del sistema político a través de la constituyente para lograr la auto-representación sin mediación partidaria. Aquí, según Rivera (2016), comenzó la degradación de las demandas y de la agenda porque el MAS se enfocó en lo contrario: el fortalecimiento del sistema partidario, y en particular de su propio partido. Pero como mostramos ya arriba, el proceso “de cambio” ya estaba definido desde 1996.
Con la caída de Mesa en junio de 2005 se generó una situación cuasi-revolucionaria de vacío de poder: no existía gobierno, los movimientos sociales movilizados reclamaban la nacionalización total de las compañías petroleras y la inmediata convocatoria de una Asamblea Constituyente donde estuvieran representados directamente los pueblos indígenas y las organizaciones sociales. Gracias a una relación de fuerzas favorable, en marzo de ese año el Pacto de Unidad que reunía a todas las organizaciones y pueblos indígenas y campesinos (entonces, independiente del MAS) había logrado que una comisión del Parlamento aprobara un proyecto de convocatoria a la Asamblea Constituyente en el que se aceptaba la representación indígena de 20 % del total de los escaños con representantes elegidos según sus usos y costumbres.2
Pero no había una clara dirección en el movimiento. Aquí es donde Evo interviene decisivamente a favor del sistema político decadente: se reúne con la Iglesia, el presidente renunciante, el presidente del Parlamento y allí se decide el llamado a elecciones nacionales. Como anécdota queda que, en el transcurso de esa reunión, Evo pide en una comunicación telefónica el apoyo explícito de las organizaciones sociales reunidas en la Central Obrera departamental de Cochabamba. Éstas rechazan su planteo, exigiéndole mantener la demanda de Constituyente. Pero Evo, solo con el apoyo de los cocaleros, traiciona el movimiento. Ya había confesado su obsesión: ser presidente.
Un sector de los movimientos aún intentó organizarse como alternativa en base a la Coordinadora del Agua de Cochabamba. Pero la perspectiva de Evo presidente era demasiado tentadora para las burocracias dirigenciales. Incluso los dirigentes anti masistas de El Alto se incorporan a la campaña electoral del MAS.
La suma de los estallidos pre-revolucionarios del 2003 y del 2005 hizo evidente la incapacidad total de la antigua administración del Estado para seguir gobernando. La única opción viable de gobernabilidad y de control que quedaba y permitía a los sectores gobernantes –y dominantes en general– seguir ejerciendo su poder eran Evo y el MAS que ya habían construido una estructura de disciplinamiento social y habían dado señales para que el sistema pudiera confiar en ellos. El panorama político terminaba acomodándose para el triunfo inevitable de Evo en las elecciones del 2005.
 
Conclusiones: El proceso de cambio y el próximo colapso estatal
 
Entre 1994 y el 2005 se produjo un desplazamiento en las estructuras del Estado. El poder intermediario comenzó a construirse al interior de la sociedad, pero fue solamente con la subida al poder de Evo que este procesó terminó de consolidarse. En este punto Evo todavía no podía apoyar directamente a los sectores dominantes sino indirectamente, por el hecho de que él y el MAS ya estuvieran definidos como parte del sistema político tradicional. La fuerza de los movimientos sociales les obligó, especialmente a Evo, a asumir un rol de mediador o árbitro en ese período entre los movimientos sociales y los distintos sectores dominantes. Ese período duró hasta que termina la Asamblea Constituyente en 2007.
Hasta aquí hemos mostrado al MAS como un aparato de control social y de estabilización del sistema político liberal. Con la subida del MAS al gobierno este inicia políticas de gobernabilidad tanto en su rol de árbitro como a través de la fractura interna de toda organización que intentara movilizarse independientemente del gobierno. Ayudado por la coyuntura favorable de los precios de las materias primas genera la fractura de la alianza urbano-rural, dando lugar a un “termidor”. Para el año 2003, año de la crisis pre-revolucionaria, el control que las capas intermediarias de las clases medias tradicionales ejercían sobre los sectores subordinados ya no funcionaba. Los únicos que podían efectivamente asumir ese rol eran los sectores dirigenciales desde el MAS. La única opción viable de gobernabilidad y que permitirá a los sectores dominantes recuperarse eran Evo y el MAS, a través de esa nueva estructura de intermediación social. Hasta 2006, sin embargo, esas nuevas capas mediadoras aún no tenían el control absoluto sobre las bases indígenas y campesinas. La construcción de una demanda política expresada en la propuesta de convocatoria para la Asamblea Constituyente redactada por el Pacto de Unidad (que buscaba la refundación del Estado, la eliminación de toda intermediación partidaria, y se enfocaba principalmente en los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra y el territorio y los mecanismos de autogobierno propios de los pueblos y comunidades indígenas) se mantenían aún vigentes (algunos de los aportes que ofrecía se mantienen hoy en el primer capítulo de la Constitución).3 Sin embargo esa capacidad de autonomía política de los movimientos indígenas en particular es amenazada y combatida por el MAS a partir de fines de 2007 (Gustafson, 2011; Zibecchi, 2011). Como aparece ya explicado en otros espacios, las estructuras organizativas “que una vez lucharon por un Instrumento Político Tierra-Territorio, hoy están posibilitando que se amenace a las comunidades indígenas que siguen ejerciendo control territorial, y que se use para ello la fuerza y la violencia por parte de la actual administración del Estado Colonial boliviano” (Regalsky, 2012: 140 y s.).
Durante el gobierno del MAS y gracias a una coyuntura económica favorable se implementaron políticas que posibilitaron la movilidad social por parte de capas sociales numérica y socialmente significativas aunque subordinadas en el marco del colonialismo interno. Esta movilidad a su vez generó un acentuado individualismo y la fractura de las solidaridades étnicas y sociales. Pese a partir de una situación en la que los pueblos indígenas gozaban de una relativa hegemonía política, las fracturas que el MAS y su gobierno ocasionaron en los movimientos y en las propias comunidades indígenas erosionaron de forma radical dicha hegemonía. Las identidades indígenas que sostenían la noción de un Estado Plurinacional, fueron perdiendo cuerpo a medida que la cooptación dentro de las instituciones estatales y las dinámicas de poder y de movilidad social afectaron a las comunidades, debilitando sus identidades étnicas compartidas. Así la autoridad comunal perdió hegemonía. Como sujeto colectivo perdió cohesión, y la dirigencia comunal o sindical perdió autoridad sobre los individuos dentro de la propia comunidad. Se disolvieron las identidades indígenas y se individualizó a las comunidades y pueblos indígenas para acomodarlos al sistema democrático vigente en el país. El resultado se pudo documentar en el censo de 2012 donde aquellos que se identificaron como indígenas disminuyeron del 61 % que eran en 2001 a sólo un 43 % de toda la población.
Explicar el NO del último referéndum supone pensar en una combinatoria de estos elementos. El No fue la reacción de la clase media contra la corrupción “masista” de la representación política, reacción que se canalizó a través de organizaciones laxas como la que se llamó “Todos por el no” y de corrientes en las redes sociales. Desde esa perspectiva de clase media el fracaso del MAS se debe, principalmente, a su degradación ética, como dice Rivera (2016). El peso político que adquiere la clase media no es sino el resultado de las políticas del MAS para promover la propiedad privada, el arribismo y la individualización, liquidando los derechos colectivos indígenas. Con eso, el MAS dio un golpe traicionero a los movimientos indígenas. Sin el consenso de la clase media y habiendo el MAS desmantelado la movilización social sobre cuya ola este partido había subido al gobierno, el régimen se está quedando en el aire, solamente sostenido por sus políticas serviles ante las petroleras y la banca y terminará por caer. ¿Cuándo? Eso lo definirá la velocidad con la que se reconstituyan las comunidades con su conciencia étnica y de clase, y ya hay signos de que lo están haciendo.
 

Bibliografía

 

 
CENDA, Conosur Ñawpaqman. Revista rural bilingüe para la Nación Quechua, Suplemento especial 30 años. Cochabamba, 2015.
Fernández Terán, Roberto, “El reacomodo del poder petrolero transnacional en Bolivia”. En: VV.AA., La MAScarada del poder: Manifiesto Junio 22. Cochabamba: Textos Rebeldes, 2012.
Gustafson, Bret, “Flashpoints of Sovereignity. Territorial Conflict and Natural Gas in Bolivia”. En: Behrens, A. (ed.), Crude Domination. An Anthropology of Oil. Nueva York: Berghahn, 2011.
Regalsky, Pablo, “Bolivia indígena y campesina. Una larga marcha para liberar sus territorios y un contexto para el gobierno de Evo Morales”. En: Herramienta 31 (marzo de 2006).
–, “Cambio de Constitución ¿Cambio de civilización?”. En: VV.AA., La MAScarada del poder: Manifiesto Junio 22. Cochabamba: Textos Rebeldes, 2012.
Rivera, Silvia, “Hay una degradación ética del Proceso de Cambio”. 8 de marzo de 2016. Audio de entrevista en ERBOL. Entrevista disponible en: https://soundcloud.com/juan-mirko-rodriguez-franco/2018-03-08-silvia-rivera-degradacion-etica-del-proceso-de-cambio (último acceso: 12/5/2016).
Solíz Rada, Andrés, “Evo en la nueva geopolítica”. En: Bolpress (25/4/2016. En: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2016042507 (último acceso: 12/5/2016).
Romero, Carlos, El Proceso Constituyente Boliviano: El hito de la Cuarta Marcha de tierras bajas. Santa Cruz de la Sierra: CEJIS, 2006.
Zibechi, Raúl, “El Estado contra los pueblos indígenas” (2011). En: http://www.cipamericas.org/es/archives/2802.
 
Enviado por los autores para su publicación en Herramienta.
 
 
 
1 La lista de movilizaciones de los movimientos sociales entre estos años es demasiado extensa. Nombramos solamente algunas: 2000: Guerra del Agua en abril, levantamiento nacional en septiembre; 2001: bloqueo nacional de caminos en junio; 2002: IV Marcha indígena por la Asamblea Constituyente y conflictos cocaleros; 2003: “Febrero negro” por la subida de impuestos, enfrentamiento armado en plena ciudad entre policía y ejército, “Octubre negro”: Guerra del Gas en octubre y cae el presidente Goni; 2004: en ese año se documentan 188 conflictos municipales. 2005: movilización en la ciudad de El Alto para expulsar a la empresa Aguas del Illimani, “segunda” Guerra del Gas con toma de plantas petroleras de las empresas multinacionales, marcha de los mineros para cerrar el parlamento y evitar la subida de Vaca Diez a la presidencia.
2Al respecto, ver Regalsky: “Todas los Pueblos y Naciones Originarias y sus organizaciones, incluida la CSUTCB, Bartolinas, CIDOB, CONAMAQ, y regionales de Guaraníes, Afrobolivianos, etc. reunidos en el Pacto de Unidad donde NO estaban representados los cocaleros, presentaron una propuesta [a la constituyente] AL MARGEN del MAS o de cualquier otro partido político en agosto de 2006. Para elaborar esa propuesta se comenzaron a reunir desde fines del año 2003” (2012: 124).
3 Para más detalles sobre esta propuesta y la oposición que el MAS planteó al respecto y sobre los aportes que se conservaron, ver Regalsky (2012).