Un nuevo capítulo del conflicto educativo: ¿Universidades para qué?

Díaz de Guijarro, Eduardo

 
 
A sólo cinco meses de la asunción del gobierno de Cambiemos se puso de manifiesto con una enorme repercusión pública un conflicto que recorre a todas las universidades estatales del país. No alcanza el presupuesto para los gastos de funcionamiento; los sueldos docentes son irrisorios; los estudiantes no encuentran respuesta a su demanda de un boleto de transporte reducido que abarate al menos parcialmente los costos de sus carreras.

Estudiantes y docentes, apoyados en muchos casos por los no docentes y otros sectores educativos, realizaron múltiples medidas de fuerza, incluyendo paros y clases públicas en las calles, plazas y hasta en el Aeroparque de Buenos Aires, y se movilizaron masivamente hacia el ministerio de Educación el 12 de mayo. Ese día la marcha fue encabezada por todos los gremios de docentes universitarios, superando una lamentable división que lleva ya mucho tiempo, y pudieron cubrirse seis o siete cuadras a lo largo de las avenidas Callao y Córdoba con una muchedumbre de universitarios como no se reunía en nuestra ciudad desde hacía 15 años, cuando el entonces ministro López Murphy, quien debió renunciar solo dos días más tarde, había anunciado un recorte del 20% en el presupuesto del sector.

Poco meses después de esa fecha, en diciembre de 2001, fue no solo un ministro sino el presidente de la Rua y todo su gobierno los que cayeron, expulsados de la Casa Rosada por la movilización popular. Habiendo tocado fondo, la educación superior, lo mismo que otros aspectos de la sociedad argentina, experimentó luego una cierta recuperación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se crearon nuevas universidades, que posibilitaron el acceso a sus carreras de una nueva generación de jóvenes, y se impulsó la investigación a través de mejoras en el CONICET y de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, la Ley de Educación Superior (LES), promulgada en 1995, salvo la reforma de dos artículos a fin de 2015, siguió en vigencia durante todos esos años, hasta el presente.
 
 
Qué es la LES y por qué sigue en vigencia
 
Suele atribuirse la LES al gobierno de Carlos Menem. Esto es verdad, pues fue sancionada durante su mandato, pero es solo una parte de la verdad. Y quizá sea solo una parte menor de la verdad.
La historia fue así: desde la década de 1980, el capital financiero internacional comenzó a buscar nuevas formas para que la educación superior sirviera mejor a sus intereses económicos. Las empresas imperialistas se concentraban y se internacionalizaban cada vez más, requiriendo profesionales e investigadores universitarios orientados hacia los temas prioritarios para optimizar sus ganancias. Además, los títulos debían tener validez internacional, para que las distintas filiales de las empresas consiguieran en sus respectivas locaciones ingenieros, economistas y técnicos igualmente capacitados.
Comenzaron a crecer los convenios entre las universidades públicas y las empresas, tanto para la investigación tecnológica como para las escuelas de negocios, al mismo tiempo que se fomentaban en todo el mundo las universidades privadas, vinculadas de forma mucho más directa con los intereses capitalistas. Este modelo de enseñanza superior nació en Estados Unidos y se propagó por toda Europa, Japón y los países más poderosos del mundo.
Siguiendo esta línea, en 1994 el Banco Mundial emitió un documento que sintetizaba sus propuestas para la educación superior en los llamados “países en desarrollo”i. El centro estaba puesto en el impulso a las instituciones privadas y en los mecanismos para introducir los intereses empresariales y los métodos gerenciales de gobierno en las universidades públicas.
Poco después, en junio de 1995, el Banco Mundial aprobó el Programa de Reforma de la Educación Superior para la Argentinaii, y poco después otorgó un préstamo de 165 millones de dólares para implementarlo. Entre las condiciones del préstamo se incluía la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que debía tener “un director ejecutivo aceptable para el Banco”, y que el dinero del préstamo sería destinado al Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC) siempre y cuando “su director, sus funcionarios, responsabilidades y funciones fueran satisfactorias para el Banco”iii.
En la CONEAU y en los otros organismos que rigen la política universitaria nacional tienen un fuerte peso los sectores privados y el poder político, que superan largamente a la representación de las universidades nacionales.
Detrás de Menem estaban estos intereses financieros y empresariales, que lamentablemente en 2016 siguen dominando el mundo, a través de las armas, del dinero, de los medios de comunicación y también de la educación superior.
 
 
De los gobiernos kirchneristas a Macri y sus aliados
 
Tal como ya dijimos, entre 2003 y 2015 algunas de estas tendencias privatistas se atenuaron en la Argentina, pero de ninguna manera desaparecieron, pues los intereses económicos imperialistas siguieron dominando el país.
Después del 10 de diciembre de 2015, los frenos desaparecieron, y la crueldad del lucro y del dios dinero apareció con fuerza renovada.
¿Qué piensa sobre esto el actual presidente? En el año 2014, Mauricio Macri ocupó el estrado durante el VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En su disertación no solo criticó la creación de nuevas casas de estudio, diciendo “¿qué es esto de universidades por todos lados?” sino que también expresó claramente qué tipo de universidad quiere el actual presidente: “no existe que la universidad y la empresa sean dos mundos”, dijo, “somos todos parte de un mismo mundo”iv.
Macri no mencionó como prioritario ningún problema social, en el campo de la salud pública, la vivienda, la alimentación, el medio ambiente, el transporte o el injusto sistema jurídico. Solo definió como misión de las universidades servir a las necesidades de las empresas, o sea mejorar su competitividad y aumentar sus ganancias. Según sus palabras, deben ser parte “de un mismo mundo”.
Esta es nuevamente, y en forma más explícita aún que en los años menemistas, la política del capital financiero, de las multinacionales y de las grandes empresas privadas. Es la política del Banco Mundial, del FMI y de la Organización Mundial del Comercio.
Esos sectores procuran que las universidades sean instituciones que sirvan para preservar y acentuar la explotación capitalista.
 
 
¿Qué debería ser una universidad pública?
 
Para quienes entendemos que la sociedad no debería estar dividida entre explotadores y explotados, la misión de la universidad pública debería ser algo muy diferente. En rigor, lo opuesto a lo que acabamos de describir en el apartado anterior.
Frecuentemente las luchas estudiantiles y populares se encolumnan tras la demanda de la educación como un derecho. Efectivamente, ese es el primer objetivo: no puede haber educación para pobres (que muchas veces es la ausencia casi total de educación) y educación para ricos. De allí se desprende la necesidad de la gratuidad, de las becas, del mayor presupuesto, del aumento de los sueldos docentes.
Pero esto no puede plantearse aisladamente, porque aunque se garantizara el acceso y la permanencia de los jóvenes en las universidades y un salario apropiado para los docentes, sigue sin resolverse la segunda gran cuestión: qué tipo de formación debe darse a los graduados, cómo debe orientarse la investigación científica.
Por lo que vimos más arriba, ambas cosas deberían cambiar radicalmente. De formar profesionales e investigadores al servicio de las empresas debería pasarse a formarlos para resolver los problemas sociales más acuciantes. Médicos orientados a la prevención y la salud pública; abogados dedicados a defender a los más débiles; arquitectos planificando viviendas económicas y urbanizaciones saludables; ingenieros resolviendo el problema del transporte y las obras públicas; economistas enfocados en cómo distribuir mejor la riqueza; sociólogos estudiando las necesidades populares; educadores y comunicadores formando conciencias críticas y no dóciles repetidores de los mensajes del sistema; científicos en las fronteras del conocimiento pero conscientes de la realidad del país en que viven.
Una multitud en la calle como la del 12 de mayo es una muestra de que un sector importante de la población no comparte la política educativa y cultural de este gobierno.
La movilización obtuvo un primer resultado, con una nueva oferta salarial que mejoró la situación de los docentes. Pero el resto de los problemas siguen vigentes y el alerta deberá mantenerse.
Un alerta que implica organización y medidas de fuerza pero que también incluye un trabajo cotidiano en los lugares de estudio y de trabajo.
Los miles de docentes que comprenden el carácter nefasto de la política del gobierno y del capital internacional pueden frenar al menos en parte su avance modificando desde abajo los contenidos de las materias y los métodos pedagógicos, estimulando el espíritu crítico de los estudiantes y aportando propuestas de enseñanza e investigación en el terreno de las necesidades sociales.
Los miles de estudiantes que comprenden que su papel como universitarios es otro podrán también frenar ese avance con su fuerza numérica y con el poder creador y la energía de su juventud.
Y unos y otros, lo mismo que los trabajadores administrativos y de apoyo, injustamente llamados “no docentes”, podrán proponer nuevos proyectos y soluciones participando en los organismos colegiados del gobierno universitario, los Consejos Directivos, las instancias departamentales, los centros de estudiantes y las asociaciones gremiales y académicas.
La tradición democrática en las universidades argentinas es fuerte y no será fácil derrotarla. Pero para seguir adelante se requerirán perseverancia, creatividad y energía.
 
 
i Banco Mundial: “La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia”, Washington DC, primera edición en inglés, 1994.
ii World Bank: Staff Appraisal Report, Argentina, Higher Education Reform Project, june 1995.
iii World Bank: Loan agreement between Argentine Republic and International Bank for Reconstruction and Development, 1995.
iv La versión completa de las preguntas y las respuestas de Macri puede verse en http://www.boscoproducciones.com.ar/video-la-opinion-completa-de-mauricio-macri-sobre-las-universidades-publicas/