Brasil. No hay atajos Organización

 
El debate en torno de la disputa en la esfera política en Brasil, por la continuidad o no del gobierno del Partido de los Trabajadores, tiende a ignorar la nueva configuración del capitalismo. Aun con todas las mediaciones entre una y otra esfera, esas transformaciones de fondo son base material de las determinaciones que se imponen para los Estados y para los gobiernos.
 
Impulsados por Estados Unidos, el Tratado Transatlántico, el Tratado Transpacífico y el TiSA (tratado de comercio de servicios) amplían en escala planetaria las zonas de libre comercio y las garantías para preservar los intereses de las empresas trasnacionales de eventuales intentos de cambios en la política interna de los países. La imposición de los tres tratados exige una adaptación del marco legal y del funcionamiento del Estado en cada país. Las consecuencias de estas modificaciones tendrán mayor impacto sobre las poblaciones de la periferia. Países como El Salvador y México, sólo para citar algunos ejemplos del continente, ya sufrieron esa transformación desde la última década del siglo XX. Las áreas de libre comercio y la instalación de maquiladoras en esos países son muestra de la tendencia que los tres tratados consolidarían como norma. Brasil de benefició de una posición intermediaria dentro del orden que viene configurándose, sirviendo, dentro de la región e inclusive en países de África, como operador para la realización de la especialización de los países "destinados" a la producción de commodities. La IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Sudamericana), que surgió en el año 2000 en la reunión de presidentes de la región, ya había apostado en crear la infraestrucutra necesaria para el flujo veloz de commodities.
 
Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores, el Estado brasileño actuó con relativa eficiencia para impulsar la expansión del capital en esos ramos de la economía, en el propio territorio, en el continente y en países africanos. Y ha apostado en el desarrollo de la infraestructura regional para esa finalidad de especialización productiva. Ese papel diferenciado de Brasil dio margen y creó condiciones para la extracción de lucros extraordinarios para empresas con sede en el territorio nacional y permitió cierto favorecimiento a la industria de transformación local. Ese margen se estrechó con la promoción de los tres tratados, la nueva "pax americana", que toma la iniciativa de reorganizar las cadenas productivas y su funcionamiento en escala planetaria, con un control más concentrado por determinadas empresas. Esa "pax americana" arremete ahora en América Latina.
 
En Brasil, la composición de clase interna que dio sustentación al proyecto de los gobiernos del Partido de los Trabajadores ya no puede ser satisfecha. Por ejemplo, el sector del empresariado industrial, que fue relativamente favorecido, no encuentra el mismo apoyo y representación desde el segundo gobierno de Dilma Rousseff. Es ese el motivo de la virulencia de la oposición de la FIESP (Federación de las Industrias del Estado de San Pablo) y la posición de la FIRJAN (Federación de las Industrias del Estado de Río de Janeiro) a favor del impedimento de la presidenta Rousseff. Las nuevas determinaciones externas obligan al gobierno a dar prioridad a otros sectores, subsidiar menos a la industria y aumentar los intereses, y esto es malo para el sector.
 
Sólo que ni el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), hasta hace poco aliado del PT, y mucho menos el PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña), principal partido de la oposición de derecha, se comprometen con una política de apoyo a la industria. Entre los partidos del orden, ninguno cogita resistir a esta imposición externa. Lo que hacen es disputar para ver quién continuará administrando esa transición, con estilos diferentes. Esta campaña judicial articulada con la campaña mediática que se realiza contra el PT terminará debilitando todos los partidos del orden, una vez que lanzan investigaciones que revelan la red de favores como práctica inherente a la gobernabilidad en el capitalismo dependiente. Esto pone al descubierto la autocracia propia de la dominación burguesa en la periferia, que implica a veces en ilegalidades y a veces en el uso selectivo de la ley para favorecer (en el sentido del favor como institución) un sector y no otro. La Operación Santiagraha, deflagrada en 2004 por la policía federal, que investigó el pago de soborno a políticos, jueces y periodistas por parte de banqueros y lavado de dinero, fue cajoneada porque iría a desestructurar el Estado si todo esto se expusiese. Los 315 políticos de la lista de delación premiada que la constructora Odebrecht reveló, en el contexto de la Operación Lava Rápido, no permiten mantener esta otra investigación con foco exclusivo en el PT, aun con todos los dispositivos que movilizaron para mantenerla en ese foco. Pero también el proceso de investigación sobre las cuentas en Suiza de Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados del PMDB y principal articulador del proceso de impedimento de la presidenta.  Y ahora son divulgados los "Panamá papers", resultados del trabajo de periodistas investigativos que revela nombres de cientos de políticos brasileños involucrados en la creación de empresas en paraísos fiscales. Además de ponerse fuera de alcance de la fiscalización de renta, las empresas están bajo sospecha de operar lavado de dinero de sobornos y otras actividades ilícitas. Es difícil decir cómo los partidos se recompondrán. Cualquier solución de carácter institucional que haya será inevitablemente inestable. ¿Cómo mantener alguna autoridad si ellos generaron tal desconfianza en el funcionamiento del Estado?
 
Dentro de esta disputa, las clases trabajadoras no tienen medios para pesar en la esfera política, no tienen instrumentos para esto. Primero, porque los instrumentos creados en el ciclo anterior de luchas, iniciado al final de los años 70, con la creación del PT, no representan la configuración actual de la clase y perdieron la relación orgánica con ella. Pero también porque estas organizaciones, del punto de vista de la estrategia política, permanecen pegadas al viejo proyecto y no vislumbran cualquier otra posibilidad. Ellas no tienen la confianza, el apoyo, el reconocimiento de la clase. Entonces, el grueso de los trabajadores no está manifestándose dentro de esta disputa. De hecho, sea en las movilizaciones, sea en las campañas, la clase está observando y desconfía que será usada. El PT está demostrando su forma de operar esta transición, sea con el "Lulinha paz y amor" (como Lula dijo en su discurso de la manifestación del 18 de marzo) de la conciliación de clases o con la sanción de la ley antiterrorista (publicada por la presidenta la noche del 17 de marzo, en una edición extra del Diario Oficial).
 
El impedimento resultaría en una reconfiguración de las relaciones institucionales. Lo que cabe pensar es ¿en qué medida esta ruptura va a traer consigo un fortalecimiento veloz del marco represivo? Mientras observamos la virulencia del conflicto en las instituciones, apreciamos un crecimiento de las luchas sociales, ocupaciones y movilizaciones; en gremios de trabajadores, estudiantes secundarios y pueblos indígenas. Desde 2013, por ejemplo, venimos superando el número de huelgas de 1989 (mayor marca desde el golpe de 1964). Son huelgas de gremios de trabajadores de la industria, de la educación, de servicios (en no pocos casos precarizados), muchas veces acompañadas por ocupaciones de los espacios de producción, para defender la fuente de trabajo. Pero vemos también la irrupción de una nueva generación de luchadores, trabajadores o hijos de trabajadores que estudian en las escuelas públicas, que realizan ocupaciones contra el proceso de deterioro y privatización de la educación. Somos testigos de una acción ininterrumpida de retomadas de tierras por las nuevas generaciones indígenas, ante la parálisis de la demarcación por el Estado y el avance avasallador del agronegocio sobre sus tierras. Son luchas centrífugas a los polos que disputan en la esfera política y no se dejan capturar por ellos.
 
Esas luchas aún no tienen alcance ni continuidad nacional que resulten en nuevas organizaciones. La gran preocupación de las clases trabajadoras con relación a esa disputa es en qué medida y cómo serán articulados los dispositivos represivos, porque ellos sí podrán afectar la amplitud de esas luchas. Aun esas acciones que se recusan a ser capturadas en el campo de fuerzas que disputan en la esfera política del orden pueden ser afectadas por un marco represivo rápidamente montado. La velocidad que pretende tanto el PSDB como una parte importante del PMDB puede crear situaciones muy inestables.
 
Sobre esta cuestión, el elemento externo determinante, los Estados Unidos, aún no tiene una opinión formada y consolidada. El complejo industrial-militar y petrolero, que tiene representación política en el Partido Republicano, impulsa toda esa articulación mediática y judicial. Para este sector, la desestabilización y los conflictos localizados crean oportunidades para negocios con lucros extraordinarios. El  sector del Partido Demócrata tiene una visión de conjunto, respondiendo menos a los intereses de uno u otro sector, y viene apostando a una dominación sin tropiezos. Él ve con cierta aprensión una situación que rompa con las instituciones republicanas. Y, de hecho, los gobiernos del PT mostraron capacidad de lidiar con los conflictos sociales. El PMDB y el PSDB no poseen esa capacidad de mediación de conflictos, y precisarían lanzar mano de la fuerza de represión para realizar la transición.
 
Dentro de este cuadro, la convocación a la movilización por parte del gobierno y del PT ocurre dentro del marco estrecho de mantener "respirando con aparatos" el apoyo  de las organizaciones sociales. Ellos convocaron con la contrapartida del gesto aislado de desapropiación de tierras ya recaudadas, pero que estaban cajoneadas, para comunidades remanecientes de esclavizados que se fugaron, pescadores o sin tierra, y la destinación de recursos para el programa de viviendas populares "Mi casa, mi vida", que estaba paralizado.
 
La oposición de derecha moviliza el resentimiento social de las capas medias contra los más pobres. Alimenta el comportamiento policialesco de esas camadas contra los más pobres, valiéndose del discurso de la meritocracia. No sólo en la espuma de las manifestaciones mediáticas, sino también con consecuencias en la sociabilidad en su aspecto más cotidiano.
 
Los partidos de la oposición de izquierda apuestan una vez más en la constitución de frentes que se presenten como un tercer polo en la esfera política. Reiteran así la estrategia de procurar al pueblo ahí donde él no está, sin diagnóstico sobre la experiencia que la clase está haciendo en esta coyuntura. Tanto el llamado para elecciones generales, como la propuesta de la asamblea constituyente apuestan en la posibilidad inmediata de que la clase actúe como protagonista en la esfera política. Pero el escenario entre los trabajadores es de descreencia en la participación institucional. Tanto de aquellos que están movilizados en luchas sociales como de aquellos que hacen de las tripas corazón para vivir su vida frente a la crisis económica. A estos últimos, la narrativa flexible de las novelas pide que continúen trabajando y sobreviviendo con esperanza en tiempos mejores que vendrán. Para lanzarse a batallas mayores y más decisivas, la clase precisa construir redes de solidaridad a partir de esas luchas parciales. Es en las redes capilares de la lucha donde se puede constituir un polo de cultura de la clase, potencialmente socialista.
 
No hay atajos, la tarea es impulsar las luchas sociales y articularlas. No se puede gambetear esa tarea.
 

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