Para una ética de la resistencia ambiental. El reconocimiento de los contextos y los usos de la violencia emancipatoria en los conflictos por la implementación de mega proyectos

 
Jorge A. Acosta Calderón
(Maestría en Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo)
tapalewi@gmail.com
 
Estudiar los conflictos ambientales por la implementación de Mega Proyectos de Infraestructura es reflexionar en torno a las disparidades entre las empresas trasnacionales respaldadas por los estados nación y las comunidades rurales aisladas, con carencias múltiples y una tradición de resistir. En algunos casos, esta tradición se hace explícita a través de movilizaciones o acciones colectivas de conservación in situ del patrimonio biocultural; pero en otros casos ésta se encuentra en potencia -o de forma agónica como diría Mariátegui- en el sustrato de la vida cotidiana, las prácticas rituales e incluso en las técnicas tradicionales de agricultura y pesca. Podemos decir entonces que estudiar los conflictos ambientales también es estudiar la resistencia ambiental de los Pueblos.
 
Desde la perspectiva de la Historia Ambiental Latinoamericana (Alimonda H., 2011) los conflictos ambientales no son problemas recientes, ya que la historia de las sociedades del Sur está plagada de estos fenómenos que han sido causados por la economía de rapiña que se basa en el saqueo extractivista.[i]En nuestra perspectiva esta Historia Ambiental también pone al descubierto las experiencias de resistencia basadas en el pensamiento creativo de los campesinos e indígenas, y da cuenta de que entre estos últimos persisten –como por ejemplo en el Buen vivir y la Comunalidad- formas que son cualitativamente diferentes a la vida capitalista. Por lo que debemos de comprender, desde el inicio, que los conflictos ambientales expresan la contradicción entre dos formas de pensar y vivir en el mundo.
La contemporaneidad de los conflictos ambientales relacionados con Mega Proyectos de Infraestructura, se debe a la exacerbación de la acumulación por desposesión y al proceso de neoextractivismo que el Norte mantiene en los países del Sur. Estas acciones se esconden detrás de la bandera del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) contemplado en el Protocolo de Kioto. En un estudio sobre cuatro proyectos de infraestructura del Programa de Mercados de carbono del MDL, se plantea que éstos deben de rediseñarse porque su implementación ha generado efectos negativos en las sociedades y ecosistemas de los países donde se desarrollaron. Dichos mega proyectos están lejos de lograr la pretendida sostenibilidad y sustentabilidad del capitalismo verde (Cfr. Lejano Raúl, Muñoz Gabriela, et al., 2010).
En efecto, se revisaron cuatro proyectos: el parque eólico del Istmo de Tehuantepec en México; el proyecto de reforestación en Mt. Elgon en Uganda; y dos hidroeléctricas, una en Bhilangana en la India y otra en Campo Novos, Brasil. En este análisis se identificaron los siguientes elementos comunes: 1) la escala de los proyectos desplaza las actividades locales; 2) los proyectos no son coherentes con las actividades locales; 3) la transferencia de carbono genera nuevas externalidades; 4) los proyectos se implementaron por medio de desajustes en las instituciones locales, es decir promovieron el faccionalismo por medio de la estrategia divide y vencerás (Lejano Raúl, Muñoz Gabriela, et al., 2010).
Por medio de la implementación de Mega Proyectos de Infraestructura aquellos Territorios que permanecieron aislados son hoy el gran botín que las empresas trasnacionales buscan adquirir. Los estados nación del Sur prepararon los marcos jurídicos necesarios para que las empresas adquirieran “legalmente” los Territorios. Estas reformas neoliberales se llevaron a cabo durante la década de 1990. En el caso de México nos referimos a la Reforma del Artículo 27 Constitucional de 1992 y a la implementación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE).
Como veremos al analizar el conflicto ambiental por la implementación del Mega Proyecto Eólico (en adelante MPE), durante el año 2000, después de la regularización de los ejidos de la zona oriente del Istmo (La Ventosa, La Venta, El Porvenir y Santo Domingo Ingenio), se inició la firma de contratos de arrendamiento, la compra de autoridades ejidales y la intimidación a los opositores. Mientras que casi diez años después y a partir de una estrategia de asedio e intimidación, el mega proyecto eólico sigue su desarrollo y lucha por el acaparamiento de las Lagunas Superior e Inferior, es decir, del territorio Ikood.
Martínez Alier (2006) enfatiza que en muchas ocasiones los Pueblos en resistencia se encuentran en desventaja cuando participan en las arenas políticas donde se hacen las negociaciones y se toman las decisiones en torno al conflicto. Porque dichas arenas son construidas precisamente para excluir y poner en desventaja a los Pueblos. Debemos tener en cuenta entonces que cuando los Pueblos buscan justicia ambiental por los medios oficiales, generalmente no logran resultados favorables, mientras que las empresas trasnacionales utilizan dichos medios para tomar ventaja.
Esta situación reduce los espacios para el establecimiento de acuerdos que convengan a las dos partes, deja a los Pueblos con la urgencia de reconstruir sus propios espacios de paz para reducir la violencia intercomunitaria provocada por los desajustes institucionales promovidos por las trasnacionales. Optar por la paz oficial implica ceder a todos los requerimientos y exigencias de las empresas trasnacionales e instituciones gubernamentales a cambio del dinero que estas ofrecen. Actualmente cualquier intento de auto organización o de organización al margen de las instituciones gubernamentales es aplastado por los grupos hegemónicos, que no toleran -ni siquiera- que la gente discuta entre ella para tomar una decisión consensada. Esta situación se expresa en la política imperante de criminalización de la protesta social en México.
En efecto, los habitantes de las comunidades que se mantienen en resistencia al mencionado mega proyecto eólico, lo hacen aun a costa de su vida. Algunos casos documentados sobre agresiones y abusos en contra de defensores comunitarios son los expuestos en el Seminario del Istmo en julio de 2013.[ii] Habría que agregar que las grescas y zafarranchos entre policías estatales y habitantes de Álvaro Obregón (Mpio. de Juchitán) han continuado hasta el 2014. Mientras que en las comunidades de Santa Cruz (Mpio. de San Mateo del Mar, Oax.) y Pueblo Viejo (Mpio. de San Francisco del Mar, Oax.) se ha mantenido vigente el conflicto intercomunitario.  
Esta situación es una generalidad que comparten los Pueblos que enfrentan algún tipo de conflicto ambiental. Los datos estadísticos presentados en el Informe Deadly Enviorment. The dramatic rise in killing of environmental and land defenders de la organización Global Witness en abril de 2014, nos muestran contundentemente que defender la tierra o defender los derechos de la Pachamama implica en el mejor de los casos arriesgar la vida. ¿Quiénes son los que tienen que arriesgar la vida para conservar sus Territorios? Según este informe, principalmente indígenas, campesinos y pescadores que habitan estos vitales espacios amenazados.
Los países en los que más muertes de defensores ambientales se registraron durante el periodo de 2002-2013 son Brasil (448 muertos), Honduras (109), Colombia (52), Perú (58) y México (40). Global Witness señala que estos datos son aproximados debido a la falta de información fidedigna, sin embargo nos indican hacia donde es necesario orientar los estudios de los conflictos ambientales contemporáneos.[iii]
Estos datos nos sugieren que en el estudio de los conflictos ambientales, la violencia en contra de los defensores y los Pueblos, debe ser estudiada como un elemento esencial. En el Prólogo de Cartografías del conflicto ambiental en Argentina (Merlinsky G., 2013), escrito por H. Alimonda se señala que los conflictos relacionados con la gran minería extractivista y los que se refieren a las grandes obras públicas y de energía, son aquellos en los que una y otra vez se repiten las violaciones sistemáticas de los derechos humanos individuales y colectivos. Las muertes provocadas por fuerzas policiales y parapoliciales al servicio de empresas mineras, por ejemplo, ya son una rutina en estos conflictos. A nivel regional, aparece lo que podría considerarse como una ofensiva sistemática contra los pueblos indígenas y afro descendientes.
Mientras que en la importante iniciativa Enviornmental Justice Atlas Mapping: ecological conflicts and spaces of resistence que coordinan Joan Martínez Alier, Beatriz Rodríguez Labajos y Leah Temper, se plantea el objetivo de generar una base global de datos que registre las injusticias sociales –principalmente los episodios de violencia- que los pueblos y comunidades enfrentan durante la defensa de su Territorio. En esta propuesta se identifican los efectos físicos del conflicto por medio de la metodología de la Economía Ecológica.[iv] Asimismo se parte de la noción de que frente al conflicto ambiental surge la resistencia con la finalidad de restablecer el control social de los Territorios amenazados. [v]
Estas dos posturas consideran que el uso de la violencia es un aspecto negativo y comparten la visión no optimista de los posibles efectos positivos de los conflictos ambientales. Otros puntos de vista intentan dar cuenta de la productividad de los conflictos ambientales, pero como veremoslas cuestiones negativas estarán siempre vigentes. Ejemplo de este tipo de perspectivas es el de Gabriela Merlinsky (2013:39), quien señala respecto a su trabajo de compilación en la ya mencionada obra Cartografías del conflicto ambiental en Argentina:
Los trabajos reunidos en este libro se alejan de la mirada que considera que los conflictos son episodios excepcionalmente dramáticos que es necesario evitar, prevenir o desactivar lo más rápidamente posible. Por el contrario, los autores de los textos que aquí se presentan, consideran que los conflictos son verdaderos medios de expresión y de toma de la palabra, una modalidad de intercambio entre los actores donde se construyen escenarios en los que confrontar discursos (Merlinsky G., 2013:39).
 
Cuando sugerimos que los aspectos negativos de los conflictos ambientales están siempre presentes, queremos decir que es una generalidad el hecho de que uno de los grupos es respaldado por las instituciones gubernamentales para prevalecer sobre el otro. Por lo que debemos ser cuidadosos al considerar como productivos los aspectos señalados por G. Merlinsky (2013:39), ya que no siempre que los conflictos ambientales finalicen mediante una negociación entre las partes; un acuerdo forzado por un tercero (por ejemplo el Estado) o una resolución jurídica, implican aspectos positivos para los Pueblos.
 
En este trabajo nos enfocamos en los diferentes matices que la violencia (directa, estructural, cultural y ambiental) ha tomado en el Istmo de Tehuantepec durante los procesos de negociación o desestabilización para la construcción de dos parques eólicos. Desde nuestra perspectiva la violencia directa y cultural es resultado de la estrategia de divide y vencerás, así como de la exacerbación del proceso de desajuste de instituciones locales que promueven los caciques regionales -disfrazados de diputados federales priistas- y las empresas trasnacionales.
Frente a esta situación, los pobladores han puesto en marcha distintas estrategias de resistencia como: la revitalización de las autoridades tradicionales y agrarias, el desconocimiento de las autoridades municipales, el cierre de caminos vecinales, la apertura al diálogo entre vecinos y la vigilancia constante de los linderos.
En efecto, en el caso de las comunidades indígenas (Binniz’a e Ikoods) del Istmo de Tehuantepec es difícil señalar aspectos positivos y productivos como consecuencia de dicho conflicto. Sin embargo, siendo optimistas, consideramos como productivo el hecho de que frente al faccionalismo promovido por las empresas, los pobladores han iniciado procesos de revitalización de las instituciones de la comunalidad (principalmente las asambleas comunitarias).
Mientras que hablar de los aspectos negativos resulta más fácil o digamos que se cuenta con más evidencia. El principal aspecto negativo es el faccionalismo, que se traduce en violencia directa, así como la degradación ambiental de los terrenos en disputa, es decir violencia ambiental. Es importante reconocer que la violencia intercomunitaria se ha utilizado históricamente en las contiendas políticas, sin embargo ésta se ha contenido con los mecanismos locales: asambleas y negociaciones informales.
En cambio el faccionalismo promovido por las empresas enfrenta a los vecinos bajo nuevas condiciones, ya que el grupo proeólico recibe recursos externos y herramientas para aventajar a sus oponentes, mientras que a los rivales les reducen el acceso a los recursos legales de impartición de justicia y los orillan a utilizar la violencia directa para defenderse. Esto último tiene como consecuencia que las resistencias y la defensa del Territorio sean criminalizadas, además justifica el uso “legitimo” de la fuerza policíaca en contra de los Pueblos. Como veremos, los defensores comunitarios y ambientales enfrentan una lucha en condiciones desiguales. Binniz’a
La resistencia Ikood y Binniz’a ha logrado momentáneamente detener el avance del mega proyecto eólico sobre la Laguna Superior e Inferior. Como la amenaza sigue latente, es necesario que los Pueblos pongan en marcha nuevas acciones e ideas para fortalecer sus mecanismos locales de contención y superación de la violencia intercomunitaria, es decir que reconstruyan su ética de la resistencia para acotar y reducir el uso de la violencia al interior de éstos.
Asimismo, requieren poner en marcha una agenda de desarrollo compatible orientado a reducir o mitigar los efectos ambientales negativos provocados por el enfrentamiento entre vecinos como la tala de potreros y la contaminación de áreas comunes de pastoreo y pesca, así como aquellos que posiblemente surjan en caso de que el mega proyecto eólico se concrete.[vi]  
La importancia de reconocer el doble carácter de la violencia en los conflictos ambientales, es decir la distinción entre el uso de la violencia para defenderse y la violencia ejercida para agredir en los conflictos ambientales en México consiste poder llevar las reflexiones en torno a la paz fuera de los márgenes de las instituciones estatales, y ubicarlas en el seno de la comunidad.
En el caso del conflicto ambiental por la construcción de los parques eólicos en Istmo consideramos que el único aspecto del conflicto ambiental que se pude transformar por medios no violentos, es el relacionado con la violencia intercomunitaria, es decir entre vecinos que apoyan o rechazan el mencionado proyecto. Mientras que llegar a acuerdos entre Pueblos y las empresas trasnacionales, es una realidad difícil de imaginar, no porque los defensores del territorio carezcan de argumentos para participar en esas mesas de negociación, sino porque las empresas trasnacionales, respaldadas por el gobierno, no modificaran en ningún punto su postura e intenciones.
El doble sentido de la violencia en los conflictos ambientales
En términos generales para la Investigación para la Paz (IPaz) hay al menos tres tipos de violencia: la directa, la estructural y la cultural. La primera tiene por objetivo inmovilizar a la gente, herirla y matarla. La segunda está anclada en las estructuras sociales (pobreza y marginación). Mientras que la última se refiera a los aspectos de la cultura que aportan una justificación a la utilización de los dos tipos señalados anteriormente. Pues se trata de la aprobación de la violencia en nombre de alguna causa religiosa, social o del desarrollo económico como en el caso de los conflictos ambientales.
En nuestro trabajo hemos utilizado esta serie de señalamientos sobre las formas de la violencia, y reconocemos que nos permitieron complejizar el análisis del conflicto, pero sobre todo nos permitieron identificar las dimensiones en las que hay que pensar la paz. Sin embargo, consideramos que hace falta dar cuenta de una distinción en los sentidos de la violencia para poder abrir la IPaz a la sociedad, aún más cuando la sociedad a la que nos referimos es la subalterna. No queremos dejar de señalar que en la IPaz es necesario tomar distancia de las posturas que naturalizan las desigualdades sociales.
Generalmente las distintas escuelas de IPaz abandonan todas aquellas teorías sociales que no niegan la violencia como por ejemplo el marxismo. Sin embargo, en nuestra propuesta de IPaz retomamos algunos autores de esta corriente -W. Benjamín, H. Marcuse, C. Preve, B. Echeverría y E. Dussel- para distinguir el doble carácter de la violencia: el destructivo y el liberador. Ya que de no hacerlo perdemos un importante elemento de análisis y crítica, debido a que desechamos a priori los esfuerzos que hacen los Pueblos –y en general los subalternos- por transformar la realidad.
En su ensayo Crítica a la violencia, Walter Benjamín señala al respecto:
La crítica de la violencia es la filosofía de su historia. Por eso, es la filosofía de la historia, porque la sola idea de su resultado hace posible un enfoque crítico, distintivo, y decisivo respecto a sus datos temporales. Un vistazo que se oriente a la inmediatez es apenas capaz de percibir el ir y venir dialéctico en la estructura de la violencia como fundadora y conservadora de derecho. La ley de esta alternancia se basa en que toda violencia conservadora de derecho, mientras dura, debilita de forma directa a través de la represión de contraviolencias enemigas también a la fundadora de derecho, la cual se representa en la violencia conservadora misma…Esto continua hasta que, bien nuevas violencias, bien aquellas oprimidas en el pasado, vencen a la violencia conservadora de derecho y con ello, instauran un nuevo derecho hasta su próxima caída… Pero sí, allende el derecho, la violencia tiene asegurada su existencia en tanto pura e inmediata, queda demostrado de qué modo es posible la violencia revolucionaria…la manifestación superior de la violencia pura entre los hombres (Benjamín W., 2009: 61-62). 
 
La violencia revolucionaria o emancipatoria se sustenta en el pensamiento creativo de los Pueblos, como por ejemplo las llamadas resistencias bioculturales a las que se refiere V. M. Toledo.[vii] Este pensamiento creativo es siempre colectivo, a veces es explícito como en los casos exitosos de conservación in situ, en otras sólo subyace en potencia, agonizando. Las condiciones para potenciar este pensamiento creativo son complejas, pero lamentablemente tenemos que reconocer que históricamente es potencializado por la defensa en contra de la violencia destructiva. Es decir, después de que un grupo ha experimentado de forma colectiva la violencia directa.
Para acercarnos al estudio sobre las representaciones sociales de la paz (visiones emic de la paz) y desarrollar la distinción de las violencias a la que nos apegamos, partimos de establecer que hay una diferencia empírica significativa entre la paz que ofrecen el gobierno y las trasnacionales y la paz que la población desea.
Paz del norte
La Paz del norte o la Pax Americana se fundamentan en el dominio global por la red de trasnacionales bajo la hegemonía político-militar de Estados Unidos de América. Esta Paz es un orden, resultado de la guerra como estrategia civilizatoria. Esta lleva de por sí el miedo a la acción; [que] lleva a la inacción, lo cual es idéntico a la falta de modelos alternos y define a esta guerra económica como la supremacía de un modelo global que gira alrededor de los valores del capitalismo americano (Torres G, 2006:18).
Como la Pax Americana se fundamenta en la guerra, debemos reconocer que en esta la violencia tiene un carácter destructivo. Si bien Bolívar Echeverría (2010:59-60) define a la violencia como la cualidad propia de una acción que se ejerce sobre el otro para inducir en él por la fuerza…un comportamiento contrario a su voluntad y su autonomía; atribuye, a partir de la recuperación del legado benjaminiano, el carácter negativo al hecho de que esta violencia es una contraviolencia, es decir una violencia que se ejerce contra aquellos que intentan interrumpir el continum del capitalismo. Además agrega como otro rasgo distintivo el regodeo en la crueldad, el surplus de violencia destructiva que daría un “toque de humanidad” a la acción del verdugo autómata en los campos de trabajo y extermino de Tercer Reich (Echeverría, B. 2010:59-80).
También, habría que señalar que la Paz del norte se sustenta en la violencia contra el ambiente, ya que como la guerra es su principal instrumento, no podemos esperar que los mecanismos reales para construir la sustentabilidad sean puestos en marcha, cuando la principal actividad que afecta al Planeta se ha encarnado como estrategia civilizatoria. Además las políticas ambientales tanto de los países del Norte, como del Sur, a excepción de Ecuador y Bolivia, se sustentan en un concepto light de sustentabilidad.
G. Torres (2006) denuncia este hecho al señalar que dichas políticas pretenden valorizar los daños ambientales y la contaminación en términos monetarios, con la finalidad de fingir que el desarrollo capitalista puede llegar a ser amigable con el medio biofísico. En los siguientes capítulos profundizaremos al respecto, por lo pronto habría que señalar que la violencia ambiental está implícita en la construcción de los Mega proyectos de Infraestructura que generan en los ecosistemas modificaciones irreversibles.
Paz del sur
Los sujetos que piensan en la Paz del sur son las víctimas, los agraviados y están conscientes que para poder construir una paz para ellos, es necesario transitar por un proceso de resistencia y defensa que les permita librarse de la opresión en la que históricamente han estado sometidos. En este sentido seguimos los planteamientos de E. Dussel quien propone que:
Si Rousseau mostró en el Emilio el prototipo de educación burguesa revolucionaria -solipsista, de un huérfano sin familia ni comunidad, metódicamente sin tradición cultural medieval o de la nobleza monárquica, dentro del paradigma de la conciencia y bajo la orientación solipsista de un  preceptor-. Un Paulo Freire, el anti-Rousseau del siglo XX, nos muestra en cambio una comunidad intersubjetiva, de las víctimas de los Emilios en el poder, que alcanza validez critica dialógicamente, antihegemónica, organizando la emergencia de sujetos históricos, que luchan por el reconocimiento de sus nuevos derechos y por la realización responsable de nuevas estructuras institucionales de tipo culturales, económicas, políticas, pulsionales, etc. (Dussel E., 2011:411).
La conciencia ético-critica que E. Dussel (2011:411) entiende como una toma de conciencia progresiva, de doble carácter, por un lado negativa, ya que da cuenta de la negación originaria como momento estructural del sistema de eticidad que crea a las víctimas; y por otra positiva ya que ahora inician ellas mismas el ejercicio de la razón crítico-discursiva, utilizan la imaginación creadora (liberadora) para construir alternativas utópico-factibles (posibles) de transformación, y con esto sistemas futuros en los que las víctimas puedan vivir.
Este planteamiento nos permite sugerir que en la Paz del sur lo importante es la imaginación creadora, más que el uso de la violencia en contra del opresor. Sin embargo, C. Preve (2007) nos señala que el uso de la violencia entre los subalternos es uno de los elementos por los que transita la síntesis de la relación opresión-resistencia. Por lo que identifica que el uso de la violencia subalterna debe ser diferente al uso hegemónico de ésta. En este sentido propone que la regulación de este tipo de violencia debe ser construida a partir de la experiencia colectiva y comunitaria.
En la Paz del sur la violencia es transformadora (H. Marcuse, 1969), dialéctica (Echeverría B, 2010), y tienesentido defensivo (E. Dussel, 2010). Podemos señalar que entre los Pueblos oprimidos la violencia tiene un carácter constitutivo y de trascendencia para la condición humana como señala W. Benjamín (2009: 61-62) ya que su uso tiene que ver con defender la vida de los oprimidos.
En su libro Ética y revolución (1969), H. Marcuse plantea que como la libertad implica principalmente la liberación de la condiciones de esclavitud y represión, esta liberación siempre quebranta las instituciones e intereses sacralizados y establecidos. En este sentido, el uso la violencia durante la Revolución se justifica si sirve para establecer, promover y aumentar la libertad y la dicha del hombre en una comunidad.[viii]  
Este autor reconoce que las revoluciones son sustentadas por una ética de la resistencia que debe ser mantenida en consonancia con los factores históricos para establecer sus códigos morales y éticos, y así convertirse en una fuente y origen de nuevas normas y valores. En este sentido señala:
Cualquiera que sea la manera como se justifiquen racionalmente los medio revolucionarios…hay formas de violencia y represión que no pueden ser justificadas por ninguna situación ya que niegan precisamente el fin para el cual la revolución es el medio. A esta clase pertenece la violencia arbitraria, la crueldad y el terror indiferenciado (Marcuse H., 1969: 149).
En este sentido H. Marcuse (1969:145) señala que la teoría y práctica política reconocen situaciones históricas en las cuales la violencia se convierte en el elemento esencial y necesario del progreso. Al analizar el hecho de que  Robespierre pidiera el despotismo de la libertad contra el despotismo de la tiranía, H. Marcuseconcluye que la violencia revolucionaria aparece no sólo como medio político, sino como obligación moral.
 
De modo parecido, la dictadura proletaria de Marx es el de una dictadura pasajera que se anulará a si misma porque debe durar sólo mientras el poder de la clase dominante dificulte el establecimiento y organización de la sociedad socialista; una vez lograda la derrota debe detenerse el mecanismo de la represión. En este caso se define la violencia revolucionaria en términos de defensa contra la violencia contrarevolucionaria, pero sobre todo se subraya el carácter efímero de ésta (Marcuse H., 1969).
H. Marcuse (1969:143-147) hace énfasis en que el uso de la violencia revolucionaria sólo puede ser considerado como medio para el establecimiento y la promoción de la libertad y dicha humana cuando se fundamenta en criterios racionales históricos. Por lo que un movimiento revolucionario para poder recabar derechos éticos y morales, tiene que ser capaz de aportar motivos racionales que hagan comprender sus posibilidades reales de ofrecer libertad. Y tiene que ser capaz de hacer ver fundadamente que sus medios son adecuados y oportunos para lograr este fin.
Los criterios racionales históricos conducen al cálculo de las posibilidades de una sociedad futura frente a las posibilidades existentes. Este cálculo histórico debería demostrar las posibilidades del movimiento revolucionario para mejorar las condiciones reinantes; o sea, mostrar que el fin revolucionario, o su programa, tiene fuerza técnica, intelectual y material, para poder disminuir los posibles fallos y número de víctimas. La posibilidad de tal cálculo revela su carácter inhumano cuantificador pero con base empírica (Marcuse H, 1969:147-148).
A partir de ésta “apretada” síntesis del pensamiento marcusiano, queremos resaltar que el reconocimiento del doble carácter de la violencia, no es una apología a esta, sino más bien un esfuerzo por comprender que desde el horizonte histórico de las víctimas, la violencia es una condición indispensable para la transformación de su realidad, pero principalmente es un esfuerzo por exaltar la responsabilidad que tienen aquellos que la usan para hacer frente a las agresiones, dicha responsabilidad implica contar con los mecanismos colectivos para identificar los momentos en los que se debe usar, pero sobre todo los momentos donde se debe detener su uso. 
En su compleja y profunda obra Ética de la Liberación (2011) E. Dussel nos presenta un sistema de pensamiento a partir del cual las víctimas y agraviados pueden transitar hacia su liberación, sin caer en las mismas estrategias y vicios que sus opresores. El autor pone atención en el momento en el que la legitimidad del orden dominante -en el sentido weberiano- se torna ilegítimo, ya que es cuando surge la acción liberadora, que lucha por el reconocimiento de una nueva legitimidad que reconozca la dignidad de la vida de los oprimidos.
En esta obra se reconoce que la violencia que utilizan las víctimas dentro de la praxis de liberación está fundada en el momento previo, es decir surge como una reacción a la opresión. No se trata entonces de una razón ontológica o razón crítica teórica, sino de la razón ontológica trascendida práctica e internamente por una razón ético-crítica, que se relanza a nuevos momentos futuros de realización, desde sus propios contenidos, pero, al mismo tiempo, innovados por aspectos nuevos provenientes de la exterioridad de las víctimas (Dussel E., 2011:412).
Uno de los principales aportes que hace este autor es considerar que la violencia que utilizan las víctimas, debe estar rodeada por medios jurídicos institucionales suficientes, acordados discursivamente por los afectados en simetría, que permita reproducir y desarrollar la vida de cada sujeto ético. A partir de estas instituciones la violencia toma el carácter de coacción legítima, y permite encausar a los que no estén dispuestos a cumplir con los acuerdos válidamente aceptados. 
En este sentido, la coacción legítima es ética ya que se ejerce cumpliendo las exigencias de los principios: material, formal discursivo y de factibilidad ética. Estos principios desarrollados extensamente en la mencionada obra establecen que la coacción legítima debegarantizar la vida de los afectados y sobre todo permitir que participen simétricamente en las decisiones de mediaciones factibles (Dussel E., 2011:539,540).
A partir de estas consideraciones E. Dussel distingue entre coacción legítima (que implica el uso ético de la violencia) y la violencia sin fundamentos éticos, la cual sugiere un uso negativo y perverso que nunca podría aceptarse con justicia. Es decir, cuando el Estado o los grupos hegemónicos ponen en marcha fuerzas en contra de los nuevos derechos es para las victimas una acción ilegítima y en ese sentido estrictamente violencia (Dussel E. 2011:540-541).
Si bien la praxis de liberación nunca puede ser considerada como violenta, sino como una  coacción legítima frecuentemente ilegal o una coacción defensiva de la masa inocente, no debe considerarse cualquier medio para cualquier fin; ni cualquier fin para efectuar los principios (Dussel E., 2011: 547-553). Este último señalamiento debe ser entendido como una llamada de atención en torno a que el uso de la violencia debe ser ético, porque la praxis de la liberación como táctica y estrategia, como realización de una factibilidad ético-crítica, camina siempre sobre el filo de la navaja: entre el anarquismo anti-institucionalista y el reformismo integracionista (Dussel E., 2011: 547-553).
B. Echeverría (2010:79) pone mucho énfasis en señalar que la contraviolencia es considerada por el Estado como una violencia inicial y no una violencia que responde. En el ámbito cultural se considera que esta violencia es contraria a la civilización. El reto que se le plantea a la contraviolencia de la sociedad es el de desarrollar la capacidad de refuncionalizar el enfrentamiento bélico al que lo orilla la violencia estatal; porque cuando la rebelión social no alcanza a hacer de esa contraviolencia destructiva sólo el momento pasajero y subordinado de una violencia dialéctica capaz de incluirla en su acción democratizadora y constructiva, corre el riesgo de no trascender a un estado superior.
Este autor nos plantea que en la violencia destructiva, su destructividad debe ser inmediatamente trascendida por el segundo momento de la violencia dialéctica a la que pertenece el momento constructivo o reinstaurador del conjunto como entidad política esencialmente superior a la existente. En este sentido señala que:
 La violencia dialéctica… es una violencia pacífica que no reacciona en los mismos términos en que está hecha la declaración de guerra del Estado moderno contra todo brote de rebeldía. Pero es una violencia que no renuncia a destruir el aparato y los usos y costumbres que reproducen la subsunción capitalista y que reprimen, sea en silencio y por las buenas o también escandalosamente y por las malas, la subjetividad política del ser humano (Echeverría B., 2007:80).
Por medio de estos planteamientos hemos intentado tomar una cierta distancia de la IPaz pensada desde el Norte, porque al negar la violencia emancipadora, niega la historia de “resistencia salvaje” de los Pueblos oprimidos, así como la posibilidad de que éstos puedan transformar la realidad a partir de sus medios y pensamientos creativos. Podemos decir que descarta de tajo la posibilidad de la Paz del sur, la Paz de los subalternos, la Paz de los pueblos originarios, la Paz Ikood.
Los autores revisados en este apartado consideran de suma importancia la distinción entre los dos tipos de violencia, porque como ya vimos, la violencia de carácter emancipatorio es un medio por el cual la praxis de liberación ha transitado históricamente. Otro elemento que comparten las posturas expuestas es que enfatizan la necesidad de que el momento destructivo de la violencia emancipadora sea superado, para alcanzar un estado que supone un uso menor de ésta,  un desbordamiento creativo de la resistencia y la emancipación a los ámbitos políticos y culturales de la no violencia.
En los conflictos ambientales por la implementación de Mega Proyectos de Infraestructura la violencia debe ser estudiada a partir de la comprensión de su doble carácter. Este punto de partida nos permite situarnos en el horizonte de las víctimas y agraviados, y nos acerca a reconocer los valores y principios de la Paz del sur, que como dice E. Dussel, muchas veces son legítimos pero no legales. La tradición de resistir de los pueblos no es comprendida por las instituciones gubernamentales, al contrario es criminalizada. Cuando se trata de castigar el uso de la violencia emancipadora, por lo regular el Estado se regodea en la crueldad.
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____________, El desarrollo sustentable en México. Visión crítica hacia un desarrollo compatible. México: UACh-Plaza y Valdez, 2009.
____________, Desarrollo compatible: nueva ruralidad y nueva urbanidad. México: UACh-Plaza y Valdés, 2012.


[i] “La importancia y primacía de los procesos de mercantilización y explotación de los bienes comunes naturales en América Latina fueron acompañadas por el creciente uso de los términos extractivismo, actividades económicas extractivas, industrias extractivas o modelo extractivo explotador…Más acotadamente, el extractivismo es utilizado para referirse a un tipo específico de extracción de bienes naturales para la explotación caracterizada por su gran volumen o alta intensidad…Complementariamente se considera que el extractivismo remite a las actividades que utilizan bienes que son considerados no renovables como por ejemplo el petróleo, el gas o los minerales. A lo largo del siglo XX la prevalencia de una lógica depredatoria ha hecho que ciertas actividades pesqueras y madereras fueran consideradas también bajo el mismo rótulo” (Seoane J., 2013: 24).
[ii] La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) hizo diversas denuncias respecto a la situación de resistencia en contra de megaproyectos eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec.  El 22 de agosto de 2012 denunciaron que “miembros de la Procuraduría General de la Republica, detuvo en la comunidad de Santa María Xadani [...] al indígena zapoteca José Ángel López Vásquez para comunicarle que tenía una averiguación previa iniciada por la Comisión Federal de electricidad, asimismo lo mantuvieron incomunicado, y se le negó el derecho de contar con un intérprete…Por otra parte, denunciaron que el 17 de agosto el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Saúl Vicente Vázquez, “simuló por segunda vez una elección para imponer a Jorge Alonso Santiago como autoridad en nuestra comunidad Binnizá de Gui’xhi’ Ro’ – Álvaro Obregón [...] cuya elección fue desconocida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca la ocasión anterior”. Además, señalaron una agresión a la “Policía Comunitaria “Gral. Charis” que resguardan la Asamblea Permanente instalada la plaza municipal, fueron agredidos a balazos por alrededor de 20 personas armadas”. Y finalizaron con que “Saúl Vicente y la COCEI continúan con su intención de imponer a toda costa a una autoridad manipulable a sus intereses que permita la entrada del proyecto eólico”. En cuanto a la situación de la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante APIIDTT, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), solicitó cesar la persecución contra la defensora, que está siendo juzgada por los delitos de privación ilegal de la libertad, y contra el consumo y la riqueza nacional, y que en los siguientes días se emitirá una sentencia… Respecto a la lucha en contra de los eólicos en la región del Istmo, también cabe señalar que la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) denunció recientemente que “la Secretaria de Energía instrumenta una simulación de consulta con el fin más de guardar las formas que de acatar una disposición legal y respetar un derecho de los pueblos originarios”. Documento disponible en: https://sipaz.wordpress.com/?s=seminario+del+istmo
[iii] El informe de Deadly Enviorment. The dramatic rise in killing of environmental and land defenders surge después de la presentación del informe de  Global Witness titulado A Hidden Crisis y en el cual se advertía sobre el aumento en el número de asesinatos de defensores ambientales. El objetivo que se plantea Deadly Enviornment es generar información fidedigna de este fenómeno.  Documento disponible en http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/Deadly%20Environment.pdf
[iv] “La economía ecológica estudia las relaciones entre la economía y el medio ambiente lo que incluye el debate sobre la sustentabilidad ecológica de la economía y el debate sobre el valor de los daños ambientales” (Martínez, J. , 2006)
[v] El Atlas de Justicia Ambiental está disponible en: http://www.ejatlas.org/about
[vi]La idea de desarrollo compatible se refiere a un no desarrollo, ya que no pretende construir alguna infraestructura o promoción de nuevas tecnologías para la extracción amigable de recursos, sino pretende deconstruir y desmontar las incompatibilidades socio-ambientales que prevalecen para mejorar las condiciones de vida. Esta idea ha sido trabajada detalladamente por G. Torres (2006;2009;2012)
[vii] Las resistencias bioculturales representan la lucha por la conservación del patrimonio biocultural en México, son de carácter cultural y político y atañe a una creciente movilización de los pueblos indígenas y campesinos en las últimas décadas. Esta insurgencia ha tomado diferentes expresiones desde resistencias en defensa del agua, la tierra, los bosques y el territorio, hasta batallas por la autogestión productiva, los recursos genéticos o la permanencia del maíz y la milpa, o como en el caso del neozapatismo, por la autonomía política y cultural a escala regional (Toledo V., 2012:33).
[viii] Para H. Marcuse (1969: 143) la Revolución es el derrocamiento de un gobierno y de una constitución legalmente establecida, por una clase social o movimiento cuyo interés es cambiar la estructura social y la estructura política. Esta definición excluye los golpes de Estado militares…..por que no cambian la estructura social básica. Si definimos la revolución de esta manera, podemos decir que este tipo de alteración radical y cualitativa, incluye la violencia.
 [1] “La importancia y primacía de los procesos de mercantilización y explotación de los bienes comunes naturales en América Latina fueron acompañadas por el creciente uso de los términos extractivismo, actividades económicas extractivas, industrias extractivas o modelo extractivo explotador…Más acotadamente, el extractivismo es utilizado para referirse a un tipo específico de extracción de bienes naturales para la explotación caracterizada por su gran volumen o alta intensidad…Complementariamente se considera que el extractivismo remite a las actividades que utilizan bienes que son considerados no renovables como por ejemplo el petróleo, el gas o los minerales. A lo largo del siglo XX la prevalencia de una lógica depredatoria ha hecho que ciertas actividades pesqueras y madereras fueran consideradas también bajo el mismo rótulo” (Seoane J., 2013: 24).
[1] La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) hizo diversas denuncias respecto a la situación de resistencia en contra de megaproyectos eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec.  El 22 de agosto de 2012 denunciaron que “miembros de la Procuraduría General de la Republica, detuvo en la comunidad de Santa María Xadani [...] al indígena zapoteca José Ángel López Vásquez para comunicarle que tenía una averiguación previa iniciada por la Comisión Federal de electricidad, asimismo lo mantuvieron incomunicado, y se le negó el derecho de contar con un intérprete…Por otra parte, denunciaron que el 17 de agosto el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Saúl Vicente Vázquez, “simuló por segunda vez una elección para imponer a Jorge Alonso Santiago como autoridad en nuestra comunidad Binnizá de Gui’xhi’ Ro’ – Álvaro Obregón [...] cuya elección fue desconocida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca la ocasión anterior”. Además, señalaron una agresión a la “Policía Comunitaria “Gral. Charis” que resguardan la Asamblea Permanente instalada la plaza municipal, fueron agredidos a balazos por alrededor de 20 personas armadas”. Y finalizaron con que “Saúl Vicente y la COCEI continúan con su intención de imponer a toda costa a una autoridad manipulable a sus intereses que permita la entrada del proyecto eólico”. En cuanto a la situación de la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante APIIDTT, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), solicitó cesar la persecución contra la defensora, que está siendo juzgada por los delitos de privación ilegal de la libertad, y contra el consumo y la riqueza nacional, y que en los siguientes días se emitirá una sentencia… Respecto a la lucha en contra de los eólicos en la región del Istmo, también cabe señalar que la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) denunció recientemente que “la Secretaria de Energía instrumenta una simulación de consulta con el fin más de guardar las formas que de acatar una disposición legal y respetar un derecho de los pueblos originarios”. Documento disponible en: https://sipaz.wordpress.com/?s=seminario+del+istmo
[1] El informe de Deadly Enviorment. The dramatic rise in killing of environmental and land defenders surge después de la presentación del informe de  Global Witness titulado A Hidden Crisis y en el cual se advertía sobre el aumento en el número de asesinatos de defensores ambientales. El objetivo que se plantea Deadly Enviornment es generar información fidedigna de este fenómeno.  Documento disponible en http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/Deadly%20Environment.pdf
[1] “La economía ecológica estudia las relaciones entre la economía y el medio ambiente lo que incluye el debate sobre la sustentabilidad ecológica de la economía y el debate sobre el valor de los daños ambientales” (Martínez, J. , 2006)
[1] El Atlas de Justicia Ambiental está disponible en: http://www.ejatlas.org/about
[1]La idea de desarrollo compatible se refiere a un no desarrollo, ya que no pretende construir alguna infraestructura o promoción de nuevas tecnologías para la extracción amigable de recursos, sino pretende deconstruir y desmontar las incompatibilidades socio-ambientales que prevalecen para mejorar las condiciones de vida. Esta idea ha sido trabajada detalladamente por G. Torres (2006;2009;2012)
[1] Las resistencias bioculturales representan la lucha por la conservación del patrimonio biocultural en México, son de carácter cultural y político y atañe a una creciente movilización de los pueblos indígenas y campesinos en las últimas décadas. Esta insurgencia ha tomado diferentes expresiones desde resistencias en defensa del agua, la tierra, los bosques y el territorio, hasta batallas por la autogestión productiva, los recursos genéticos o la permanencia del maíz y la milpa, o como en el caso del neozapatismo, por la autonomía política y cultural a escala regional (Toledo V., 2012:33).
[1] Para H. Marcuse (1969: 143) la Revolución es el derrocamiento de un gobierno y de una constitución legalmente establecida, por una clase social o movimiento cuyo interés es cambiar la estructura social y la estructura política. Esta definición excluye los golpes de Estado militares…..por que no cambian la estructura social básica. Si definimos la revolución de esta manera, podemos decir que este tipo de alteración radical y cualitativa, incluye la violencia.