Nuevo patrón de legitimidad en América Latina: Aporías y soluciones

Osorio Urbina, Jaime Sebatián

 

Introducción
 
Además de constituir una relación de dominio, el Estado también es una organización de la comunidad, en donde juega un papel central el proceso por el cual los que obedecen reconocen el derecho de ordenar a los que mandan.
En las últimas tres décadas del siglo XX, América Latina asistió al agotamiento de una relación mando-obediencia en torno a la protección que el Estado ejercía sobre amplios sectores sociales, vía políticas de empleo, beneficios sociales en materia de salud, educación y vivienda, protección laboral y seguridad social. Este remedo en condiciones de dependencia del Estado benefactor, que alcanza forma en las economías centrales, permitió la conformación de amplias alianzas sociales que –bajo el cuadro de una onda cíclica recesiva a nivel del sistema mundial y de recesión en la región– se hicieron onerosas para el capital.
Con la puesta en marcha de nuevas formas de reproducción, en el contexto de una reorganización de la división internacional del trabajo, los sectores dominantes en la región buscaron restablecer la relación mando-obediencia sobre nuevas bases, haciendo de la ciudadanización, el voto, las elecciones y la transición a la democracia, los ejes de un nuevo patrón de legitimidad. La brutal guerra contrainsurgente llevada a cabo bajo formas militares y civiles desde la década de los años sesenta abría –en los cálculos de los sectores dominantes– un amplio espacio para transiciones sin sobresaltos políticos. 

Tras un inicio en donde parecían madurar los nuevos mecanismos de legitimación, sustentados en el imaginario de integración presente en el “tú decides” en las disputas electorales, pronto se harán presentes serios problemas cuyas expresiones más significativas constituyen la emergencia de nuevos gobiernos que expresan una temprana rearticulación de fuerzas populares que alcanzan expresión en las luchas electorales, los que se plantean no sólo modificar la política neoliberal en marcha sino también estatizar y nacionalizar importantes recursos naturales, amén de otras limitaciones a las operaciones del capital, apoyados en la organización y movilización de sectores populares.

El hiato entre Estado y aparato, en el dominio que requiere el capitalismo, y la administración de este último por sectores sociales ajenos a las clases dominantes, constituyen la base para comprender la posibilidad teórica y política de entronización de gobiernos populares como los presentes actualmente en la región.     
De estos procesos –y de la particular solución mexicana, con la instauración de un nuevo tipo de autoritarismo en medio de una descomposición de la vida pública–, se aboca el presente trabajo, en un esfuerzo dirigido a ofrecer una línea de interpretación general que integre los movimientos económicos con los políticos presentes en la región en las últimas décadas.[i]
 
Cambios en la reproducción del capital y en el patrón de legitimidad
 
La puesta en marcha de consultas electorales para la elección de las autoridades gubernamentales y su formulación teórico-ideológica, como transición a la democracia, formaron parte de un giro sustancial en los mecanismos de legitimación del Estado latinoamericano y de la relación mando-obediencia. Este cambio tuvo como fondo profundas modificaciones económicas y políticas en la región, las cuales formaron parte de una gran transformación a nivel del sistema en su conjunto llevada a cabo en las últimas tres décadas del siglo XX.
 
El agotamiento del Estado protector
 
En medio de la larga onda de caída de la tasa de ganancia a nivel sistémico, iniciada a fines de los años sesenta del siglo pasado y de sus expresiones en América Latina en descensos de la tasa de crecimiento en los años setenta, hasta alcanzar una aguda  expresión en la llamada crisis de la deuda en los años ochenta (la llamada “década perdida” para los organismos internacionales), las amplias alianzas de clases que sustentaban el patrón industrial vigente y una comunidad estatal regida por lazos de protección y obediencia se convirtieron en un duro lastre para la acumulación y reproducción del capital local.
Para las economías de mayor desarrollo en la región, dicho patrón implicó en términos políticos un remedo del welfare state que tomó forma en las economías centrales, lo que impulsó a los Estados a desarrollar políticas en materia de empleo, salarios, educación, salud, vivienda, seguridad social, protecciones laborales,[ii] etc., que constituyeron una base real para generar y sostener amplias alianzas con sectores asalariados de la pequeña burguesía estatal y del sector privado, así como con sectores obreros y campesinos. Ello embonaba a su vez con las primeras etapas del patrón industrial (parte final de los años treinta hasta la década de los cincuenta) que reclamaban niveles significativos de participación de sectores asalariados en el mercado local.
En los años sesenta y setenta tiende a profundizarse la división en el seno de la burguesía latinoamericana, la que tendrá importantes consecuencias en los problemas que aquí nos ocupan, al emerger una fracción monopólica fuertemente asociada con el capital extranjero, la cual se asienta en una producción industrial más compleja que la industria de alimentos, vestido, del calzado y de bienes durables, particularmente muebles y productos básicos para el hogar, que caracterizó las primeras etapas de la industrialización latinoamericana y que dio vida a una fracción burguesa tradicional.
La nueva fracción burguesa, más dinámica, concentra sus inversiones en bienes de consumo durable complejos (como la producción de autos y de bienes electrónicos: radios, refrigeradores, televisores), así como de bienes intermedios, lo que reclama la constitución y/o fortalecimiento de un mercado alto del consumo local, al tiempo que pone su mira en los mercados exteriores, particularmente regionales. De allí los primeros acuerdos de integración subregionales que se realizan en la época (ALADI, Pacto Andino en la parte sur del continente, Mercado Común Centroamericano más al norte), así como la agudización de las disputas interburguesas y las presiones iniciales de la nueva fracción burguesa por poner fin a las prerrogativas alcanzadas por el mundo del trabajo en la etapa más dinámica y expansiva del patrón industrial.[iii]
El agotamiento de aquellas amplias alianzas sociales se hizo más patente en términos económicos y políticos cuando el gran capital transnacional, desde fines de los años setenta, impulsó con fuerza la gran trasformación en orden a transmutar la organización global del sistema mundial sobre la base de una nueva división internacional del trabajo, la que terminará conformándose en torno a cadenas globales de producción[iv] y en la segmentación de los procesos productivos, proceso posible tras la revolución tecnológica producida en la microelectrónica, el software, las comunicaciones y el transporte, que permitieron el despliegue de segmentos productivos y de mercancías a lugares remotos del planeta a bajo costo, y el control de la producción y la calidad, en tiempo real, desde oficinas y despachos asentados en el mundo central.
En dicha segmentación las economías imperiales han tendido a monopolizar las fases de diseño, investigación y activos de conocimientos y la definición de políticas de marketing y comercialización, así como el control de calidad y la eficiencia, dejando las fases de producción, maquila y ensamble en las economías periféricas y dependientes.[v]
Bajo la égida de grandes monopolios transnacionales se han desarrollado a su vez cadenas de subcontratación a lo largo y ancho del planeta, en una estructura fuertemente jerarquizada, con grandes, medianas, y pequeñas empresas insertas en la dinámica impuesta por las empresas que hacen de cabeza de las cadenas globales, con fuertes transferencias de valores de las economías dependientes hacia el mundo central,[vi] y de descenso de salarios, prestaciones y derechos laborales de los trabajadores mientras más abajo de la cadena se encuentren. La llamada precariedad laboral (empleos sin contrato o con contratos de corto plazo que no generen antigüedad y derechos, largas jornadas sin pago de horas extras, bajos salarios) no es sino la otra cara, particularmente en el mundo dependiente, del reino de las grandes industrias de punta en las cadenas globales.
Nunca como a partir de las últimas décadas del siglo XX el capital logró un despliegue planetario de tal envergadura, alimentado por el derrumbe del antiguo campo socialista y su rápida inserción en los circuitos del capital y de las cadenas globales, así como por la agresiva incorporación de China al mercado mundial, y una subsunción real del trabajo y de la naturaleza de tal magnitud como la alcanzada en las últimas décadas.
 
Las bases para una nueva legitimidad
 
Esta nueva división internacional del trabajo marcó el fin del patrón industrial y sentó las bases de un nuevo patrón de reproducción del capital[vii] en las economías de la región, tras un período de tránsito más o menos corto según los casos: el exportador de especialización productiva, en donde el capital busca su realización particularmente en mercados externos,[viii] con lo cual se abandona el proyecto de industrialización diversificada que caracterizaba el patrón anterior, con el fin de alentar ahora la especialización sea agrícola, minera, agro-industrial o industrial.[ix] La fracción burguesa más dinámica, fuertemente monopólica y asociada al capital extranjero, reestructurada y fortalecida además por la masiva venta de activos públicos a precios irrisorios, será la que hegemonizará el nuevo proyecto.
La reestructuración productiva que reclamaba la nueva reproducción implicaba acelerar los procesos de centralización de capitales a fin de elevar las condiciones de competencia en los mercados externos y en el mercado local, ante los procesos de apertura que la gran transformación global reclamaba, por lo que la subordinación y disciplinamiento del resto de los sectores burgueses a este sector monopólico será necesaria y alcanzada en no pocos casos tras agudos enfrentamientos.
Aquellos procesos de privatización formaron parte a su vez de un agresivo proceso de despojo de activos sociales a la población trabajadora. Ello fue posible por un radical cambio en las correlaciones de fuerza en la sociedad y por el predominio que en aquel proceso asumió, ahora en el Estado, el gran capital local y transnacional.
La ruptura de las amplias alianzas hacia el mundo de los asalariados tenía condiciones objetivas para desarrollarse, dado el papel secundario de estos sectores en el mercado reclamado por la nueva producción, lo que hacía posible elevar la tasa de explotación recurriendo al simple traspaso de parte del fondo de consumo de los trabajadores al fondo de la acumulación por la vía de una violenta caída de los salarios reales,[x] lo que agudizó la tendencia de la reproducción dependiente a instalarlos por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Así se alentó una aguda concentración de los ingresos,[xi] lo que permitió la creación de un mercado interno estrecho socialmente pero con un elevado poder de consumo, que se constituyó en el otro mercado (junto al exterior) de la nueva reproducción.
En esa tónica se encadenan a su vez las medidas que devastan los derechos alcanzados en materia de seguridad social, laboral, prestaciones, etc. Bajo tal modalidad de reproducción, la precarización laboral, el incremento de la pobreza y la miseria y la elevación de la desigualdad social pasaron a ser resultados normales.[xii]
 
De súbditos a ciudadanos
 
El neoliberalismo se constituirá en la política económica que permitirá romper las trabas –y que abrirá los caminos– al nuevo patrón de reproducción. La austeridad y el equilibrio fiscal, la desregulación, el mercado como el espacio de asignación de recursos, serán algunas de las nuevas claves del discurso económico. En estas condiciones, el dominio y la legitimidad de los sectores dominantes no podía seguir sosteniéndose en el proteccionismo y el paternalismo estatal, ni en el derroche fiscal, de acuerdo al nuevo evangelio del capital. El fin del Estado obeso y de las políticas populistas fueron algunos de los señalamientos que indicaban el fin de una etapa no sólo económica sino también política.
Del Estado paternalista y protector se debía pasar al Estado eficiente, y del súbdito al ciudadano. La legitimidad se alcanzaría ahora no por las prebendas estatales otorgadas a sujetos acostumbrados a pedir y esperar, sino por adultos políticos que conocen y deciden en consultas electorales transparentes, y que reciben desde el mercado los beneficios equivalentes a su esfuerzo y capacidad. La impronta de un liberalismo rapaz, arropado en un mensaje que destacaba las virtudes distributivas del mercado y la fuerza del ciudadano-elector, hacía su entrada como fórmula que regiría ahora la relación mando-obediencia. Fue en medio de esta agresiva política económica y social que emergió en el discurso político el discurso de la transición a la democracia.
Si el paraguas protector del antiguo Estado había logrado aminorar los efectos de la explotación para ciertos sectores de la población, en las nuevas condiciones el capital monopólico redujo el paraguas, dejando en la intemperie al grueso de la población, conformando ahora un Estado protector, paternalista e interventor a la medida de sus necesidades.[xiii]
 
La aporía entre el proyecto económico y el discurso político
 
No deja de llamar la atención la aporía presente en el proceso visto en su conjunto: mientras en el campo económico-social se ponían en marcha agudos procesos de expoliación, despojo, pauperización y exclusión, en el terreno político se convocaba a la inclusión bajo el imaginario de una sociedad en donde los individuos-ciudadanos tomaban las riendas de las decisiones sobre la vida pública.
Vista la vida social como unidad, no es posible que en el mediano y largo plazo la economía y la política caminen en direcciones tan contrapuestas. O la economía no excluía como las estadísticas mostraban, con lo cual era viable una democratización incluyente. O bien la democratización no era tan incluyente como su discurso tendía a señalar, con lo cual embonaba con las exclusiones presentes en el campo económico. Esto último fue lo que en los hechos tomó forma en la región en los primeros años de transición a la democracia: la fuerza del voto sirvió simplemente para definir el relevo de las élites o de la clase reinante que administran el aparato estatal, nunca para definir la agenda ni el curso de los asuntos públicos, como el patrón de reproducción o la política económica a aplicar, el tipo de comunidad estatal a construir o el espacio de decisiones posibles en la llamada democratización.
Esto fue lo que expresaron en lo fundamental los gobiernos de Fernando Collor de Melo y Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle en Chile, Raúl Alfonsin y Carlos Menen en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Carlos Salinas de Gortari hasta Vicente Fox en México, para mencionar algunos nombres.
Sin embargo, a poco andar aparecerán otras opciones, inesperadas, cuando nuevas organizaciones sociales y políticas, sacando partido de las fisuras interburguesas abiertas por la nueva economía , y alimentadas por el malestar y los agravios hacia el campo popular, gestados por el patrón excluyente y depredador y la política económica neoliberal, se incorporan a la lucha electoral, triunfan y hacen suyas las promesas incumplidas de la transición democrática y comienzan a decidir no sólo sobre el personal que ocupará los puestos claves del aparato estatal, sino sobre el curso de los asuntos públicos, provocando problemas a la reproducción del capital y a su dominación, haciendo palpable la posibilidad de otras formas de democratización y de organización de la comunidad.
 
Los nuevos gobiernos populares
 
La elección y conformación de gobiernos que de una manera general pueden ser calificados como populares, sea por las fuerzas sociales y políticas en que se apoyan, sea por las políticas que impulsan, constituyeron una verdadera sorpresa para los sectores dominantes, pero también para las fuerzas populares, si se consideran las condiciones previas que prevalecían en la región.
 
La guerra contrainsurgente y los nuevos espacios para la dominación
 
El nuevo patrón de legitimidad sustentado en la figura del ciudadano convocado a consultas electorales confiables reposaba en las cuentas de los sectores dominantes con un asidero sólido para ponerse en marcha y funcionar: el enorme espacio político que la guerra contrainsurgente llevada a cabo fundamentalmente entre mediados de los años sesenta y los años ochenta en la región otorgó a los sectores dominantes.
Dicha guerra provocó efectos devastadores en el campo popular, considerando las organizaciones políticas y sindicales destruidas o desarticuladas; el número de dirigentes, militantes y simpatizantes asesinados, torturados, desaparecidos, detenidos o expulsados de sus países; la violencia y el terror ejercidos sobre el grueso de la población; el cierre de espacios políticos y el establecimiento de dictaduras militares en muchos casos; la proscripción de medios de comunicación; el cierre de escuelas y carreras de ciencias sociales; la liquidación de editoriales progresistas, la quema de libros, el control de las publicaciones y la prohibición de mantener títulos o autores en bibliotecas públicas y privadas.
La guerra contrainsurgente no sólo significó alterar radicalmente la correlación de fuerzas a favor del capital en términos políticos. Constituyó también el basamento que haría posible las grandes transformaciones económicas que el gran capital local e internacional puso en marcha. Sólo bajo el espacio y la fuerza alcanzados en aquella guerra, más abierta en algunos casos, más soterrada en otros, pero presente en todos los espacios regionales, el capital pudo sentar las bases políticas de disciplinamiento y paz social para la nueva reproducción. Nunca la política fue tanta economía concentrada.
A la vasta desarticulación llevada a cabo en Estados nacionales y también en la coordinación de operaciones de contrainsurgencia subregionales,[xiv] se agrega el impulso de las políticas neoliberales que, en lo que aquí nos importan, cumplían con el objetivo político de proseguir las tareas de atomización y desarticulación de redes sociales de contención iniciadas por la guerra de contrainsurgencia. Dichas políticas fueron así la continuación de la guerra por otros medios. Nunca la economía fue tanta política concentrada.
 
Una rápida rearticulación popular
 
Al ponderar la devastación provocada por la guerra contrainsurgente y sus derivaciones neoliberales, nada hacía esperar que en el corto y mediano plazo la apertura de ciertos espacios políticos provocaría irrupciones como las acontecidas en la región, con la emergencia de gobiernos como los de Hugo Chávez en Venezuela, elegido inicialmente en 2000, siendo reelegido en 2006, de Evo Morales en Bolivia en 2006, y el de Rafael Correa en Ecuador en 2007.
Estos gobiernos constituyen la punta del iceberg en materia de organización y disposición de lucha alcanzado por diversos sectores sociales, tanto en las sociedades en donde se produjeron esos triunfos, como en el resto de la región, donde cabe mencionar el largo accionar de los obreros metalúrgicos en Brasil, que sumó a nuevos sectores urbanos y populares y dio vida al Partido de los Trabajadores, y también, en este país, de los campesinos y obreros agrícolas organizados en el Movimiento de los Sin Tierra; el alzamiento indígena en Chiapas, en momentos que se ponía en marcha el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, proyecto que marcaba el ingreso de México al Primer Mundo en la visión oficial; las movilizaciones indígenas en Bolivia y Ecuador que propiciaron el derrumbe de diversos gobiernos; la sublevación popular que puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina; las masivas movilizaciones populares en las elecciones de 2006 en México y la organización y movilización de la Asamblea Popular de los Pueblos en Oaxaca; la resistencia de los pueblos indígenas en Perú y Chile más recientemente a diversos proyectos de despojo de sus tierras.
¿Por qué la guerra contrainsurgente, a pesar de su extensión y profundidad, no logró resultados de más largo aliento? ¿Por qué la transformación de estructuras y relaciones y la ruptura de tejidos sociales no otorgaron bases más estables a la dominación?[xv]
No hay parangones en la historia moderna de operaciones político-militares de tal envergadura[xvi] y que sin embargo presenten en un tiempo tan breve –en menos de tres décadas– un nivel tal de rearticulación y reanimación de fuerzas populares, asumiendo éstas incluso la iniciativa política y abriendo procesos con potencialidades de cuestionar el dominio del capital.[xvii]
 
Eslabón débil y actualidad de la revolución
 
Son muchos los aspectos que inciden en la situación recién señalada. En una simple enumeración cabe destacar los siguientes:
 
– Los agravios que provocó la propia guerra contrainsurgente alentaron respuestas que mantuvieron encendida la llama de la rebeldía aun en los peores momentos de represión, con la organización de nuevos sectores sociales que buscan dar con el paradero de hijos o esposos desaparecidos y reclaman el juicio a militares y civiles implicados en los crímenes, y que mantienen una disposición de desafío a la brutalidad dictatorial que impidió que el reflujo fuese mayor. Las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina constituyen el mejor ejemplo de estas organizaciones y de la audacia y osadía de sus acciones.
 
– La puesta en marcha del patrón de reproducción y la política económica neoliberal han constituido un poderoso aliciente para la efervescencia social, por la agresividad en materia de explotación, pauperización, despojo y desigualdad social que propician. La ortodoxia con que estas políticas se aplican en la región, en un cuadro de sociedades que han sufrido importantes transformaciones, como una elevada población urbana, con grados nada despreciables de educación y organización, han operado como detonadores políticos hacia la acción, a pesar de la represión y el miedo.
 
– Si bien la nueva reproducción ha tendido a debilitar numéricamente al proletariado propiamente industrial, ha alimentado la creación de nuevos segmentos proletarios en el campo de los servicios y del llamado trabajo informal,[xviii] elevando la magnitud de pauper urbanos, los que se han hecho sentir, por ejemplo, en las asonadas callejeras que llevaron a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina en 2001.
 
– La política de acumulación por despojo incentivada en las últimas décadas sobre territorios de comunidades campesinas-indígenas, sea para la apropiación de tierras como de otros recursos naturales revalorizados, ha puesto a estos sectores sociales en el centro de una de las manifestaciones más agresivas del capital, alentando su organización, resistencia y disposición de lucha, convirtiéndose en sujetos políticos significativos en diversos procesos en la historia reciente en la región.
 
– Existe un tejido social, político y cultural que proviene de las raíces comunitarias indígenas y campesinas que se mantiene vivo en muchas partes del subcontinente, en donde las tendencias del valor que se valoriza no han terminado de enraizar, y han operado como diques de contención a la devastación económica y política que el capital ha propiciado con particular fuerza en las últimas décadas.[xix]
 
– Todo ello se hace presente en la memoria colectiva de los expoliados y agraviados, en una región donde además las rebeliones populares han sido una constante en su historia de larga y mediana duración.
 
– En el terreno propiamente estatal, la puesta en marcha del nuevo patrón de reproducción ha sido posible sobre la base de profundas rupturas sociales, tanto en el seno de las clases dominantes, como particularmente hacia el campo de las clases dominadas. Esta situación ha limitado los proyectos de establecer un nuevo patrón de legitimidad para el capital sobre la base de una democratización formal y restringida.
 
– Las derrotas político-militares sufridas por las organizaciones que se planteaban formas de lucha por afuera de la institucionalidad en la etapa contrainsurgente, ante la ausencia o precariedad de mecanismos de lucha electoral mínimamente confiables, provocó en algunas de ellas redefiniciones, no sólo por las derrotas sufridas, sino por la puesta en marcha de aperturas que hacían factible contender en la vida institucional y electoral. Este proceso ha propiciado la presencia de nuevos partidos y de nuevos contingentes de la clase política en la región, con prácticas que se alejan de la descomposición imperante en aquella.[xx]
 
Aspectos como los antes mencionados, de por sí relevantes para comprender el ascenso social y político de los oprimidos en las últimas décadas, se redefinen y potencian cuando los insertamos en las debilidades estructurales del dominio en la región, expresión de formas de reproducción del capital que regeneran la tendencia a sustentarse en la explotación redoblada y que agudizan la tensión presente en la lógica del capital entre la dinámica de la estructura productiva y las necesidades de los trabajadores, lo que se expresa en un agudo desfase en el mundo dependiente.[xxi]
Este desfase propicia que en los casi dos siglos de historia (formal) independiente de la región sean patrones con vocación exportadora los que han predominado, siendo a lo mucho tres o cuatro décadas, allí en donde tendió a operar el patrón industrial, en las que encontramos una participación significativa de los asalariados en el mercado local. En el resto tenemos modelos exportadores que siempre han sido acompañados de significativos procesos de marginación y/o reducción del consumo de los trabajadores. Las cifras del radical descenso de los salarios en términos reales en el actual patrón corroboran lo anterior.[xxii]
Esta forma particular de reproducción del capital no puede sino agudizar las fracturas sociales y políticas inherentes a cualquier capitalismo y limita las condiciones para el desarrollo de modalidades de dominio más o menos estables y potencia la fuerza disruptiva de los dominados.
Esta modalidad de reproducción se inscribe en los procesos en donde el capital transnacional y el local han propiciado una acelerada inserción de la región en los procesos mundiales de acumulación,desde las rupturas de los pactos coloniales y acentuada en el último tercio del siglo XIX,[xxiii] fortaleciendo las alianzas entre estos sectores, sin menoscabar la transferencia de valores de las economías dependientes al mundo imperial en encadenamientos redituables sin embargo para ambos.[xxiv] Ello estableció límites a la emergencia de una burguesía con proyectos nacionales en la región.
Aquella acelerada inserción a los circuitos mundiales de acumulación propiciará la internalización de los conflictos que atraviesan al sistema mundial capitalista y a su vez una precipitada reorganización de las estructuras productivas locales, con una temprana maduración de los agrupamientos humanos y de los conflictos inherentes a la valorización del capital. La contradicción capital-trabajo se constituye así en la rectora de la vida societal en tiempos en que el encadenamiento del mundo bajo la dirección y sujeción del capital alcanzará un nuevo estadío bajo su fase imperialista, desde fines del siglo XIX. De allí en adelante las contradicciones del sistema tenderán a concentrarse en los eslabones débiles.
La vocación rupturista y la capacidad de los oprimidos de la región para generar de manera recurrente condiciones en que el dominio se ve amenazado no proviene de particularidades genéticas para la violencia ni para desconocer autoridades u otorgar obediencia. Es resultado de la particular configuración reproductiva que la atraviesa, en condiciones de una agresiva y acelerada vinculación con los procesos de acumulación a nivel mundial, en donde la barbarie que acompaña al tornado del capital predomina por sobre los efectos civilizatorios que puede propiciar, alimentando tendencias permanentes a la rebelión y a la constitución se sujetos sociales que ponen en entredicho de manera recurrente las bases del dominio y de la explotación.[xxv] Con ello se hace presente, también de manera recurrente, la actualidad de la revolución.[xxvi]
 
El hiato entre Estado y aparato de Estado
 
La posibilidad de que fuerzas políticas que no representan directamente posiciones del capital puedan acceder al aparato de Estado tiene su raíz en el desfase o hiato que se presenta entre Estado y aparato en el Estado capitalista.[xxvii] Detengámonos en este asunto.
Una particularidad del Estado capitalista refiere al hecho que el manejo y administración del aparato estatal tiende a reposar en manos de clases y sectores sociales distintos a las clases dominantes. Entre las razones de esta particularidad se encuentra que ella constituye un elemento esencial para el ejercicio del dominio en un orden societal que se sustenta en el imaginario de una comunidad conformada por hombres libres e iguales.
Una clase reinante tendencialmente conformada de esta manera, al igual que en general la clase política, bajo principios organizativos de representación, obscurece el carácter de clase del Estado y del dominio y otorgan bases más sólidas para la construcción del imaginario de comunidad estatal.
Lo anterior nos muestra que no es una excepción y que –por el contrario– es necesario a la dinámica estatal capitalista que el aparato estatal quede tendencialmente en manos de clases y agrupamientos ajenos al capital. Tal proceso forma parte de la esencia de la comunidad y del dominio que aquél constituye.[xxviii]
Más allá de las vicisitudes históricas referidas a los fundados temores iniciales presentes en las clases dominantes frente a esta situación, así como al establecimiento del voto universal, lo cierto es que para dichas clases, hasta un cierto punto, no constituye un problema mayor la procedencia social de la clase reinante ni de la clase política, en tanto el aparato se organiza y estructura en torno a las relaciones de dominio condensadas llamadas Estado. La preocupación se trasladará más bien al terreno de las claves políticas en torno a dicho personal, como a los proyectos que encarnan, las fuerzas sociales que los impulsan y especialmente a las coyunturas políticas de convulsión social, en donde el tema de quiénes ocupan el aparato estatal asume, ahora sí, una condición problemática.
Teóricamente no habría elementos para mayores preocupaciones desde el campo del dominio, una vez que se ponen en marcha de manera regular y con grados relativos de transparencia las consultas electorales como mecanismo para dirimir sobre las autoridades de gobierno en América Latina. Mucho menos cuando las primeras experiencias de “transición a la democracia” trajeron consigo a gobiernos como los de Menem, Cardoso, Aylwin y Frei, Sánchez de Lozada o Fujimori, entre otros. Ni la teoría ni la situación política hicieron del hiato entre Estado y aparato un asunto conflictivo para estas últimas. Y si lo hicieron, dichas preocupaciones no alcanzaron una dimensión regional ni geopolítica, quedando acotadas a problemas relativamente menores en el seno de Estados nacionales.
La situación, tal como hemos visto, comienza a complicarse cuando la rápida y acelerada recomposición popular se extiende e irrumpe en el terreno electoral y logra triunfos que llevan a la presidencia a gobiernos encabezados por Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, los que impulsan medidas que afectan la política económica neoliberal, nacionalizaciones y estatizaciones de rubros estratégicos y de empresas en manos de capital extranjero y local, cambios en las constituciones tendientes a otorgar mayores prerrogativas a sectores populares y limitar las del capital y acciones en orden a mantener y ampliar la esfera de organización y movilización de la población, enfrentando a su vez las arremetidas de quienes buscan limitar la puesta en marcha de medidas como las antes señaladas.
En este nuevo cuadro, el quiénes se constituyen en clase reinante se convierte en un asunto problemático para el capital de la región, al igual que para el Departamento de Estado y la Casa Blanca, cuya atención se había concentrado particularmente en Irak y Afganistán en el período previo.
Ello provocará un giro significativo en un movimiento tendiente a poner alto al potencial revolucionario presente en los procesos que comandan aquellos gobiernos, a limitar el quehacer de otros e impedir el ascenso de terceros, calificados como “peligrosos”. Es en este proceso contrarrevolucionario en la región que se deben ubicar el fraude electoral en México el 2006, la destitución de Manuel Zelaya en Honduras a mediados del 2009, así como las dudas y vacilaciones de la llamada comunidad internacional, más allá de las declaraciones, para la restitución de este último en su cargo, que finalmente no ocurrió, y la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia, con tímidos reclamos de los gobiernos de la zona, salvo los encabezados por Chávez, Morales y Correa y del ALBA en su última reunión en Cochabamba a mediados de octubre de 2009.
La principal arma de legitimación levantada por el capital, la llamada democratización, se ha convertido en un campo de disputas entre proyectos políticos claramente diferenciados y enfrentados.[xxix]
 
La excepcionalidad mexicana: el nuevo autoritarismo
 
Si se analizan las sociedades latinoamericanas del punto de vista de las soluciones alcanzadas respecto del patrón de legitimidad puesto en marcha en las últimas tres décadas, podemos distinguir grosso modo tres formas predominantes: la primera, sociedades donde el capital logró que el tránsito de un patrón a otro fuese allanado y las consultas electorales, la ciudadanización y el voto se han constituido en la forma fundamental de la reorganización de la relación mando-obediencia. Chile y Costa Rica constituyen los modelos principales de esta solución, sustentados en una cultura electoral de relativa larga data, la profundidad y extensión del proceso contrarrevolucionario en el primero y el desarme ideológico propiciado, así como la rápida adscripción de la izquierda política a los principios económicos neoliberales y al patrón de reproducción construido bajo el periodo dictatorial y a la desmemoria. Todo ello se combina para contar hoy en el país andino con una derecha demo-liberal y una izquierda que adscribe a la misma visión, siendo calificada por ello como “moderna”, y presentada por los voceros del capital como un verdadero modelo a seguir por el resto de la izquierda regional.
La segunda son sociedades en donde la recomposición y reanimación de diversos sectores populares permitió a nuevas fuerzas políticas alcanzar triunfos en las contiendas por la presidencia, impulsando políticas que obstaculizan las tendencias ejes de la acumulación. Los procesos para alcanzar el nuevo patrón de legitimidad se han visto trastocados y aparecen signos de interrogación sobre la capacidad del capital de restituir su hegemonía. Venezuela y Bolivia son los ejemplos principales en esta solución que encuentran soportes políticos en significativas tendencias nacionalistas y antiimperiales en el seno de las Fuerzas Armadas (de la cual proviene el propio presidente Chávez) en el primer caso, junto a la articulación popular y de la masiva y persistente organización y movilización de mineros, campesinos y de los pueblos indígenas en general en el segundo.
La tercera solución constituye una fórmula autoritaria que se aparta de las dos anteriores. En ésta los sectores dominantes rompieron en lo fundamental con las bases de sustentación de la relación mando-obediencia que organizaba la comunidad estatal en el remedo de welfare satate dependiente, pero no lograron establecer el nuevo patrón de legitimidad sustentado en consultas electorales y en el voto ciudadano. México es el modelo principal de esta no-solución, al violentarse las decisiones ciudadanas en 1988 (por el PRI, con el aval del PAN) y en 2006 (por el PAN, con el aval del PRI).
Lo que tenemos es un empate catastrófico en donde las clases dominantes no han logrado rearticular un proceso de legitimación y los sectores dominados no han alcanzado la fuerza suficiente para defender las mayorías electorales alcanzadas.
En esta situación, que divide al país sin una solución consensuada, la conformación de un nuevo tipo de autoritarismo emerge como respuesta, por la vía de una creciente militarización de la vida pública, la criminalización de la oposición social, el gobierno por la vía de decretos, arropado el Ejecutivo en una mayoría parlamentaria conformada por una vieja alianza partidaria que adscribe a las soluciones autoritarias (como los fraudes electorales, la promulgación al vapor de leyes antipopulares o el desafuero de opositores), y poderosos medios de comunicación que operan cada vez más como aparatos del Estado. En esta suerte de predominio del Estado como dominio y coerción y cada vez menos como mando legítimo y comunidad, se abre paso una acelerada descomposición de la vida pública y social.
Este ejercicio no debe impedir analizar los procesos que subyacen en esta última solución y una explicación de la misma. Si desde el ángulo del nuevo patrón de legitimidad lo que tenemos en México constituye una no-solución, desde la dinámica de la lucha de clases la fórmula mexicana de 2006 constituye la segunda solución contrarrevolucionaria exitosa en la región en el período donde la llamada democratización abrió espacios para una nueva maduración y expresión de tendencias potencialmente revolucionarias.[xxx]
Tras aquilatar las políticas y la reactivación popular impulsada por los gobiernos de Chávez y Morales, y sus peligrosos resultados en la reproducción del capital y del dominio, los sectores dominantes en México no estuvieron dispuestos a permitir la experiencia de un gobierno central encabezado por un líder “tropical” y populista como Andrés Manuel López Obrador,[xxxi] que además convocaba a la movilización y organización de amplios sectores de las clases dominadas.
Desde esa premisa, que propició inicialmente el desafuero de López Obrador y frente al cual la clase política aglutinada en torno al PRI-PAN debió recular como resultado de las movilizaciones populares desatadas por dicha medida, las clases dominantes (en una alianza gran capital local y capital extranjero), organizadas en un sólido bloque político-corporativo llevaron a cabo una agresiva campaña electoral, que tuvo en la televisión su punta de lanza, ante lo que definieron como un “peligro para México”, culminando sus operaciones en el fraude electoral en las elecciones de 2006, arropadas en las más diversas instituciones estatales y sus representaciones partidarias, ante la imposibilidad de detener de otra forma su arribo a la presidencia del país.
Este verdadero golpe blanco en México fue la respuesta de los sectores dominantes y sus representaciones ante el temor de una reedición en este país de lo que percibían en otras latitudes de la región, particularmente en Venezuela y Bolivia, no sin razones, como el desencadenamiento de procesos con tendencias revolucionarias. Su temor principal no provenía ni del programa de López Obrador ni de las organizaciones políticas que lo apoyaban, sino del movimiento social que su candidatura fue creando y organizando en el proceso electoral, de la presencia de otros movimientos sociales significativos en el país, como el de la APPO en el estado de Oaxaca, y de las tendencias progresistas y de izquierda que ganaban fuerza en la región. La condición fronteriza de México con Estados Unidos no es de ninguna manera un asunto secundario en todo este proceso.
Con el fraude electoral de 2006, las clases dominantes en México y sus representaciones (PAN-PRI) hicieron trizas el incipiente principio de legitimidad que las elecciones del año 2000 les habían otorgado –y que intentó superar los problemas derivados de la “caída del sistema” de cómputo en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato de la izquierda, iba a la cabeza de las votaciones–, así como la débil recomposición de la comunidad estatal, fracturada desde sus cimientos a lo menos desde la segunda mitad de la década de los setenta del siglo XX y acentuada particularmente por los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid en adelante.
El nuevo gobierno mexicano expresa el autoritarismo del capital en un nuevo estadío, pero prosiguiendo una tendencia de más larga data. La guerra de contrainsurgencia que debió tomar formas estatales de dictaduras militares en las principales sociedades de la región, pudo llevarse a cabo en México bajo la forma de la “dictadura perfecta” al decir de Mario Vargas Llosa, esto es de un Estado bajo ropajes civiles con un férreo control de las organizaciones sindicales y de los medios de comunicación, y sin presentar alteraciones demasiado visibles bajo los gobiernos encabezados por el PRI.[xxxii]
El nuevo autoritarismo civil ubica a los aparatos estatales armados en un lugar preponderante no sólo por su despliegue cotidiano por carreteras, retenes y sus labores de patrullaje y vigilancia en calles y avenidas de ciudades y poblados, justificado por el combate a bandas criminales cada vez más poderosas. También por su desmesurado despliegue en operaciones propiamente políticas y de preservación de la paz social.
El nuevo Estado autoritario se sustenta en la particular alianza parlamentaria (que expresa fuertes alianzas sociales) de las dos principales fuerzas políticas del país, el PRI y el PAN, que se han alternado para administrar y representar los intereses del capital,[xxxiii] en una dinámica de impulso a las soluciones autoritarias e ilegales[xxxiv] (avalando fraudes, acuerpándose para sacar adelante decretos antipopulares, propiciando el desafuero de opositores o la criminalización de sus acciones)[xxxv], alentando un tipo de mando cada vez más neo-oligárquico con coro electoral y de centralización de las principales decisiones de organización de la vida pública en el bunker hegemónico.[xxxvi] A ello se suma la creciente reconfiguración de los medios televisivos y su peso no sólo como espacios para crear opinión sino además con una creciente ingerencia en la vida política, con incidencia en el Congreso por la vía de parlamentarios ligados a dichas corporaciones, y en las decisiones de los poderes del Estado.
 
Conclusiones
 
El paso a nuevas formas de rearticulación de las relaciones mando-obediencia y de reconfiguración general del Estado en América Latina abrió las puertas para la emergencia de gobiernos que no se plantean simplemente administrar los proyectos e intereses del gran capital local y extranjero. Nuevas formas y principios de organización de la comunidad han comenzado a tomar forma, abriendo un período preñado de potencialidades revolucionarias y de agudización de los conflictos sociales, en donde las respuestas contrarrevolucionarias no se han hecho esperar.
En la base de estos procesos se ubican grandes transformaciones económicas que en el mundo dependiente han implicado agudizar la expoliación, la exclusión, el despojo y en general los mecanismos que ponen la vida de los trabajadores en entredicho, exacerbando los agravios y la rebelión. Con ello se puso fin a las protecciones sociales que daban cohesión a un precario sentido de comunidad y dejó pocos espacios para que las nuevas formas de legitimación, ahora de ciudadanos y de consumidores, alcanzaran formas estables de funcionamiento.
Bajo nuevos ropajes y nuevos rostros, la condición de eslabón débil de la región vuelve a hacerse presente. La pulsión que busca modificar el estado de cosas, y que proviene de raíces sociales y políticas extendidas y profundas alcanza condensaciones en gobiernos populares atravesados por tensiones internas entre consolidar lo alcanzado o proseguir el revolucionar la revolución[xxxvii] y romper las relaciones de dominio, en medio de políticas imperiales y del capital global cada vez más a la ofensiva.
 
Bibliografía
 
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Enviado por el autor para su publicación en Herramienta en abril 2010
 
[i] Para un desarrollo más amplio de algunas de las hipótesis presentes en este trabajo véase de Jaime Osorio, Explotación redoblada y actualidad de la revolución. Ítaca-UAM, México, 2009.
[ii] Desde la pérdida de muchos de aquellos beneficios se puede tener hoy una dimensión de la envergadura de aquellas políticas y de su capacidad para sostener alianzas sociales con amplios y diversos sectores de las clases dominadas.   
[iii] Es esta división la que explica en Chile las dos candidaturas que presenta la burguesía para las elecciones presidenciales de 1970, y que permite el triunfo de Salvador Allende con poco más del 30 % de los votos. En aquel tiempo no existían segundas vueltas, y el Congreso Nacional debía optar entre las dos primeras mayorías. Los votos de la Democracia Cristiana, fracturada por la lucha interburguesa y en medio de una creciente movilización popular, terminan por inclinarse hacia el candidato de la Unidad Popular.
[iv] Véase de Gereffy, Gary y M. Korzeniewicz, Comodity Chains and Global Capitalism, Praeger, Wesport, 1994. También de G. Gereffy “Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización”. Problemas del Desarrollo Nº 125, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, abril-junio 2001.
[v] Gereffy, Op. cit.
[vi] Desde 1999 hasta 2006 la transferencia neta de recursos ha sido desfavorable para América Latina, alcanzando los 75.536 millones de dólares. CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2005-2006, Santiago, 2006, pág. 345.
[vii] Sobre la noción “patrón de reproducción del capital” y sus formas en América Latina, véase de Jaime Osorio, Crítica de la economía vulgar. Reproducción del capital y dependencia. M.A. Porrúa-UAZ, México, 2004. Los capítulos de este libro se encuentran en diversas páginas en internet.
[viii] Entre 1973 y 1998 América Latina ganó pequeñas pero significativas posiciones en el comercio mundial, al pasar de 3,9 a 5,0% en el total de las exportaciones mundiales. Ello mientras Estados Unidos y Canadá descendieron del 19,1 al 18,6 % y Europa Occidental del 50,3 al 47,4 % de ese total. CEPAL, Globalización y desarrollo, Santiago, 2002, pág. 32. Indiquemos otro signo de la vocación exportadora del nuevo patrón: el valor de las exportaciones totales de América Latina y el Caribe casi se triplicó en el plazo de una década, al pasar de 280.685 millones de dólares en 1995 a 779.419 millones de dólares en el 2006. CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2007, Santiago, 2007, pág. 262.
[ix] De allí el error de llamar al nuevo patrón “secundario exportador”. Véase de José Valenzuela Feijóo ¿Qué es un patrón de acumulación?, Facultad de Economía, UNAM, México, 1990.Sólo algunas economías, particularmente México y Brasil, hacen de la producción industrial un eje clave del actual patrón. Véase de Jaime Osorio, Crítica de la economía vulgar. Op. cit., cap. 4: “El nuevo patrón exportador latinoamericano”.
[x] En México el salario mínimo perdió cerca del 70 % entre la década de 1980 y mediados de la década de 1990. CEPAL, Indicadores sociales básicos de la subregión norte de América Latina y el Caribe, México, 1997, p. 8. En Chile, una de las economías más dinámicas de la región, el salario medio en 2002 aún no alcanzaba los niveles de 1972. En Economía y Trabajo en Chile. Programa de Economía del Trabajo, Santiago, 2003, p. 276.
[xi] En 2002, por ejemplo, el decil más rico en la región se apoderaba en promedio del 36,1 % de la riqueza social en tanto el 40 % más pobre percibía una cifra promedio de 13,6 %. En CEPAL, Panorama social de América Latina 2002-2003. Santiago, 2003, pp. 72-75.
[xii] América Latina es la región que presenta las cifras más extremas en materia de desigualdad social como resultado del doble proceso del incremento de apropiación absoluta de riqueza en los deciles altos y de descenso, también absoluto, de los ingresos de los deciles bajos.
[xiii] El salvamento de la banca mexicana en la segunda mitad de los noventa, conocido como Fobaproa, cargando sobre el conjunto de la población y generaciones futuras los costos de dicho proceso, forma parte de la historia del Estado protector que el capital logró conformar en la región en estas décadas, cuando renegaba justamente del proteccionismo estatal, lo que muestra que el Estado siguió interviniendo, sólo que cambió el sentido social y político de dicha intervención.
[xiv] Como el Plan Cóndor , nombre de la coordinación de los servicios de inteligencia que pusieron en marcha las dictaduras del Cono Sur en la lucha contrainsurgente, no sólo para el intercambio de información, sino también para llevar a cabo operativos conjuntos en contra de opositores.
[xv] Chile es quizá la sociedad regional en donde la contrarrevolución logró sus más perecederos efectos, producto de una profunda transformación de todo el entramado social e ideológico. Pero aún allí ya vemos rearticulaciones y reanimaciones sociales importantes en la primera década del siglo XXI, sea en las movilizaciones estudiantiles, de los pueblos mapuches e incluso de organizaciones sindicales.
[xvi] Entre 1960 y 1996, el número de ejecuciones y desapariciones forzadas en Guatemala se eleva a alrededor de 200 mil personas. En Perú, se calcula en 69 mil los muertos y desaparecidos entre 1980 y el 2000, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación; en Argentina los desparecidos en el período militar de los setenta se eleva a 30 mil, y a 2.423 los muertos, en tanto en Chile los muertos bajo el período dictatorial de Pinochet fueron 2.095 y 1.102 personas las desaparecidas, y en varios miles los detenidos y los expulsados del país. En México, según el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el número de desaparecidos entre 1964 y 1982 (que cubre los gobiernos de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo), asciende a 784 personas, cifra que poco dice si se considera el terror estatal desatado el 2 de octubre de 1968 en la matanza de estudiantes en Tlatelolco y en diversas zonas del país en esos años; en Colombia los desaparecidos se elevan a 27.000 en unos quince años (1985-2000), y en El Salvador, el conflicto armado en la década de los ochenta dejó 75.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos. Véase la página http://www.desaparecidos, agregando el país.
[xvii] Después de la derrota en la Guerra Civil (1936-1939), donde se calculan a lo menos 500 mil muertos, las fuerzas de izquierda en España no logran salir del reflujo sino hasta el triunfo del PSOE con Felipe González en las elecciones de 1982, pero en ningún caso en condiciones de cuestionar la dominación.
[xviii] Véase de Ricardo Antunes “Al final, ¿quién es la clase trabajadora hoy?”, en Herramienta Nº 36, Buenos Aires, octubre de 2007.
[xix] Para un análisis de las rupturas de algunos de estos diques en la situación mexicana véase el artículo de Rhina Roux, “El Príncipe fragmentado. Liberalización, desregulación y fragmentación estatal”, en Veredas Nº 20, primer semestre 2010. Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco, México
[xx] Evo Morales y su equipo de gobierno son quienes mejor expresan esta situación. Pero podría agregarse el papel de ex tupamaros en Uruguay, de cuadros del Frente Farabundo Martí en El Salvador, de donde proviene justamente el actual primer mandatario Mauricio Funes, de los cuadros que alimentaron la formación del PT en Brasil y que participan en el equipo de gobierno de Lula Da Silva, al igual que de ex insurgentes en el equipo de Chávez en Venezuela. No son pocos, sin embargo, los ex insurgentes y guerrilleros que se han reconvertido y han hecho suyas rápidamente las prácticas más nefastas de la clase política regional. No es innecesario señalar que este proceso rebasa la simple explicación de casos individuales. Sobre el tema, véase de Jaime Osorio “Descomposición de la clase política latinoamericana: ¿el fin de un periodo?”, en Nueva Sociedad Nº 203, mayo-junio 2006, Buenos Aires. Este material se incluye en el libro Explotación redoblada y actualidad de la revolución, Op. cit.
[xxi] Una de las manifestaciones del conflicto que vive el capital frente al trabajador: en tanto productor que busca extraer el mayor plusvalor aun a costa de apropiarse de parte de su fondo de consumo, lo que se contradice en cuanto lo enfrenta como consumidor, donde desea que el obrero cuente con un elevado salario a fin de que favorezca la realización.
[xxii] Puede haber distintas formas de conformación de economías exportadoras por el capital: unas sobre la base de mantener o ensanchar el consumo de la población trabajadora (caso Alemania, por ejemplo), y otras reduciendo dicho consumo (las economías de América Latina), por la operación de los diversos mecanismos de la superexplotación.
[xxiii] “Lo que abrió la puerta al camino de la modernización que (…) estaba cerrado (…) al fin de la Colonia y en los primeros años de la Independencia, fue el proceso de formación del mercado mundial en la segunda mitad del siglo XIX y el ciclo de expansión del capital central que incorporó a América Latina (…) al movimiento del capital mundial, que sufrió una aceleración sin precedentes a partir de los años sesenta del siglo XIX”. En Adolfo Gilly, La revolución interrumpida, Ed. Era, México, 1994, pág. 16, nota a pie de página.
[xxiv] La gran burguesía local (y sus ancestros oligárquicos), en sus diversas etapas, necesita estrechar lazos con el capital extranjero, ya que así eleva su capacidad de apropiación de ganancias extraordinarias, lo que provoca que el peso sustancial de aquellos valores transferidos a los sectores más poderosos del capital terminen siendo asumidos por los sectores atrasados del capital local y particularmente por la explotación redoblada de los trabajadores.
[xxv] Los oprimidos de la región, hijos genuinos del capital, desarrollan explosiones sociales y capacidades organizativas cuya fuerza tiende a proyectarse sobre los nudos y relaciones que articulan y organizan la dominación, ante la fragilidad que la sostiene y la debilidad para ocultarse, o hacerse hegemónica en el sentido gramsciano. De allí que sus irrupciones políticas no tiendan a quedar en asonadas o motines sin mayores repercusiones en el campo del poder.
[xxvi] Con esta noción, Georg Lukács sintetizó uno de los principales aportes de Lenin a la teoría de la revolución. Véase, “Lenin. Estudio sobre la coherencia de su pensamiento”, en G. Lukács, Lenin-Marx, Gorla, Buenos Aires, 2005.
[xxvii] Para un desarrollo más amplio véase de Jaime Osorio, ¿Por qué las clases dominantes necesitan hacer política? El hiato entre Estado y Aparato de Estado. Mimeo, UAM-Xochimilco, México, 2009.
[xxviii] Lo anterior no niega la posibilidad, como excepción, de que personeros pertenecientes al capital puedan llegar a las cúspides del aparato de Estado. Entre los casos más recientes pueden mencionarse a George W. Bush en Estados Unidos, Silvio Berlusconi en Italia y Sebastián Piñera en Chile. La excepción confirma, no niega, la regla o tendencia.
[xxix] El triunfo de Sebastián Piñera en Chile en diciembre del 2009 puede indicar un cambio de tendencia en las próximas contiendas electorales, nada despreciable si se considera que ellas contemplan Brasil y Argentina.
[xxx] La primera, en estricto rigor, fue la destitución del presidente Jean-Bertrand Aristide en Haití, en febrero de 2006, cuando fuerzas militares especiales de Estados Unidos, bajo la supervisión de Otto Reich y Roger Noriega, a la fecha Subsecretario de Estado, en colusión con los servicios de inteligencia de Francia, desalojan a Aristide del Palacio de Gobierno y lo envían a Bagui, capital de la República Centrafricana, quedando en manos de los servicios secretos franceses. Véase de Thierry Meyssan, El golpe de Estado en Haití, en http://www.voltairenet.org/article120678.html. Con posterioridad, diversos gobiernos de la zona han colaborado con el envío de tropas para asegurar el control en Haití. Aristide, un ex sacerdote adscrito a la Teología de la Liberación, mantuvo posturas antiimperialistas que provocaron el malestar de Washington y París, como reclamar a Francia el pago de 90 millones de francos-oro que fueron apropiados por aquel país entre 1825 y 1885, así como la celebración el primero de enero del 2004 del bicentenario de la “Primera república negra de América”, frente a lo cual el Departamento de Estado presionó a los mandatarios de la región a no asistir. El intento de golpe de Estado al presidente Chávez en 2002, constituye a su vez la primera gran respuesta contrarrevolucionaria fracasada en este período.
[xxxi] El primer calificativo corresponde a Enrique Krauze discípulo del Octavio Paz político (no del poeta), quien se ha erigido en importante intelectual orgánico del capital mexicano y regional en las últimas décadas. Véase su ensayo “El mesías tropical”, en Letras Libres Nº 57, junio de 2006. En 2008 Krauze publicó Entre el poder y el delirio, Tusquets, México, un verdadero panfleto anti-Chávez.
[xxxii] Entre los aspectos visibles se ubicaban la proscripción de partidos opositores de izquierda, que se remedia tardíamente, la ausencia de elecciones autónomas al gobierno y creíbles, cooptación corporativa de gremios y sindicatos y un aparato televisivo que operaba como aparato del Estado.
[xxxiii] .- Esta particular alianza tomó forma bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, teniendo como contraparte en el PAN al entonces parlamentario Diego Fernández de Ceballos. Los grandes negocios y una política que alcanzó asesinatos de políticos y de turbias maniobras caracterizaron en sus inicios los procedimientos amparados en esta alianza.
[xxxiv] No deja de sorprender la ingenuidad de la izquierda política que sigue buscando a los sectores “democráticos” al interior del PRI para conformar alianzas que paren a la derecha política, así como su férrea defensa de las luchas en el marco de las leyes, frente a la tendencia del PRI y del PAN a pasar por encima de ellas las veces que sea necesario. Lo menos que podría esperarse es una seria denuncia pública de las maniobras ilegales de aquellas fuerzas políticas y de su doble cara en la materia. Ello cumpliría con una elemental labor de educación política hacia la población.
[xxxv] Algunos ejemplos recientes de la mancuerna autoritaria de estos dos partidos: el gobernador priísta de Oaxaca, Ulises Ruiz, ha sido nombrado responsable por el máximo tribunal de Justicia de México de violaciones a los derechos humanos durante la represión a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca en 2006 y 2007, represiones que contaron con la vista gorda del presidente panista Vicente Fox, así como con el encarcelamiento de varios de sus líderes. La represión en Atenco, Estado de México, por autoridades priístas, contó con el aval también del gobierno de Vicente Fox, al igual que las condenas de por vida para sus principales dirigentes. El desafuero de López Obrador en 2004, votado en el Congreso, contó con los votos de panistas y priístas. La actual ocupación militar de las instalaciones de la Compañía Luz y Fuerza y el despido de más de 40.000 trabajadores decretado por el presidente panista Felipe Calderón ha contado con el apoyo de los principales legisladores del PRI, en tanto su dirigencia guarda un cuidadoso silencio.
[xxxvi] Sobre estas nociones véase de Jaime Osorio, El Estado en el centro de la mundialización. La sociedad civil y el asunto del poder. Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
[xxxvii] Si la revolución “en tanto explosión imaginaria de libertad (…) y momento mágico de solidaridad universal” (…) pretende dejar huella en la inercia del (…) edificio social”, debe impedir atascarse “en la idea de que la libertad y la justicia se pueden lograr simplemente haciendo uso del aparato estatal ya existente y sus mecanismos democráticos”, algo como pretender “subvertir la dominación capitalista bajo la misma forma política de la democracia capitalista”, ya que esto sería lo mismo que querer una “revolución sin revolución”, al decir de Zizek. En Slavoj Zizek, Repetir Lenin, Akal, Madrid, 2004, pp. 10-11.