El 2001 como murmullo, el saqueo como proyecto y las nuevas promesas para el cambio social

El escenario electoral de 2021 en Argentina pone sobre la mesa una serie de debates. Sin embargo, al mismo tiempo oculta otros tal vez más trascendentes. Se acerca el veinte aniversario de las jornadas de diciembre de 2001 y cabe preguntarse por su impronta, enseñanzas y proyección. ¿Se cierra un ciclo?

La campaña electoral de 2021 en Argentina está teñida por la crisis económica y la pandemia. Luego de una década de estancamiento, inestabilidad y alta inflación, el gobierno de Alberto Fernández busca proyectar la salida de la crisis; “Vamos que salimos” es su consigna. Asume que la apertura de la economía y la postergación para 2022 (o finales de 2021) del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayudarán a la recuperación de la actividad económica. Presume que el repunte económico ayudará a sus chances electorales en Septiembre y Noviembre. Supone, a su vez, que la situación social no se desbordará. Cree tener la situación controlada a partir de la articulación de una red de políticas compensatorias y de la anuencia de un amplio sector del campo de los movimientos populares que se han incorporado de lleno a la alianza de gobierno.

Sin embargo, la pregunta de fondo persiste: ¿puede el capitalismo argentino en crisis y en pandemia (de la cual no hemos salido, y posiblemente no saldremos por años) superar los límites estructurales que lo han conducido a tal situación? El gobierno de Fernández plantea su estrategia como continuidad del proyecto hegemónico construido a lo largo de 20 años. Con matices, lo central es reconstruir la acumulación de capital relanzando la matriz extractivista, ampliando sus bases y presentándola como proyecto progresivo.

Deuda y ajuste fiscal

El primer paso fue comenzar a reorganizar la dinámica del ciclo de endeudamiento. Luego de la crisis de sobreendeudamiento de 2018-2019, la prioridad fue despejar el horizonte financiero. Relajar la restricción externa (la dificultad del país para conseguir suficientes dólares) aparece en el centro de una estrategia que sin sacar a la Argentina de una posición dependiente en el ciclo del capital global, busca reubicarla como proveedora de commodities básicas y mantenerla integrada al sistema de deuda. Por tal motivo, la renegociación con el capital privado transnacional (y otros organismos como el Club de París) no incluyó una quita sustancial de capital sino básicamente condiciones para la sustentabilidad financiera del ciclo de la deuda. La negociación con el FMI se orienta en el mismo sentido, aunque incluye -por supuesto- las conocidas reformas estructurales. Por ahora, sólo sabemos que el acuerdo estaría negociado pero postergado para luego de las elecciones nacionales. Desde el Ministerio de Economía ya se anuncia un proceso de ‘convergencia’ al déficit cero en 4 años (2022-2025), acentuando el ajuste que se inició en 2018 (y se interrumpió sólo parcialmente durante 2020). Reorganizar y no desarticular el ciclo de la deuda garantizando ‘endeudamiento sostenible’; sacar los pies del plato no está en la agenda de un gobierno que se autopercibe como nacional y popular (o en camino a serlo).

El ajuste ya comenzó, aunque poques en el oficialismo se atrevan a confesarlo y algunes aún lo nieguen. Basta preguntar a les jubilades, pensionades o trabajadorxs del Estado para saber qué pasó con el ajuste fiscal; los ingresos de la mayoría de las y los trabajadorxs siguen corriendo por detrás de la inflación. Los aumentos en cuotas y pre-electorales no cambian la situación. ¿Los salarios concluirán por arriba de la inflación en diciembre de 2021? En algún caso, tal vez (si la inflación baja abruptamente en los próximos 4 meses) pero las pérdidas durante el año nunca se recuperan; menos aún las pérdidas de la última década. Un aumento de 40% para iniciar el año es completamente diferente de un aumento en cuotas que concluye con un 40% acumulado a Diciembre; la masa salarial (el total de los salarios recibidos a lo largo del año) será mucho menor en el segundo caso. Cosas del cálculo integral que funcionaries públiques (y muchxs dirigentes sindicales) pretenden ocultar.

El ajuste busca garantizar la sustentabilidad fiscal de la deuda, no la sostenibilidad social de la misma. Junto al ajuste se encuentra la estrategia de acumulación de capital basada en el extractivismo de exportación. Este es uno de los acuerdos hegemónicos más sólidamente construidos desde 2001.

Desarrollismo verde, desarrollismo extractivista

El neodesarrollismo apuntala de manera sistemática con recursos y regulaciones públicas, las bases de un nuevo saqueo de nuestros bienes comunes. La soja transgénica y el agronegocio (hoy fielmente representado en el Consejo Agroindustrial Argentino) sigue siendo el eje articulador, junto con el extractivismo minero. En este caso, ya no es sólo el oro y otros metales, sino que el litio se ha convertido en la nueva soja. La mega minería destructiva y contaminante consigue ahora ser promovida como el centro de un nuevo desarrollismo verde. En este plan entran también los proyectos de saqueo de los mares, las mega granjas porcinas (que serían ‘sanas y limpias’ como las cárceles argentinas) o las nuevas centrales nucleares.

El discurso desarrollista verde no tiene mucho que envidiar al capitalismo verde que impulsa el gran capital. Sin cuestionar la lógica destructiva del capitalismo en su versión dependiente, acepta que nuestro lugar en el mundo es ser territorio de sacrificio. El extractivismo afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables, en territorios donde el acceso al agua y la energía son un desafío cotidiano. A su vez, lejos de mitigar el cambio climático, lo acentúa deteriorando los suelos, contaminando las aguas, destruyendo hábitats naturales por completo.

De esta manera, el desarrollismo verde propone que en los barrios populares de las grandes ciudades, en los territorios y comunidades campesinas y originarias, entre tantos lugares marcados como explotables, las poblaciones son dispensables e infravaloradas. Sus opiniones no valen y menos sus vidas, como notan cada día las familias de los pueblos fumigados, o las poblaciones en los territorios ocupados por las mineras transnacionales o  las comunidades mapuches en las zonas de explotación petrolera.

Claro que el proyecto estrella, el yacimiento de esquisto Vaca Muerta, no encaja en este discurso desarrollista verde pero sí en el proyecto de sustentabilidad de la deuda. Sin importar las resistencias populares, y los costos sociales y ambientales, Vaca Muerta(e) pretende ubicarse como la alternativa al complejo sojero exportador como fuente de divisas para desplazar lo más posible la restricción externa.

Casi nada dice el Gobierno, y menos hace, para transformar de manera radical las restricciones al desarrollo en Argentina. El conflicto en torno a Vicentín y el proyecto de volver a privatizar el dragado de la hidrovía del Paraná son casos testigos de la ausencia de un proyecto estratégico en tal sentido. El proyecto neodesarrollista hace pie en los límites del capitalismo vernáculo y simplemente busca desplazarlos por la vía financiera, sin enfrentarlos ni tomar en cuenta los costos que tiene este patrón societal para la reproducción de la vida.

El camino emprendido por el gobierno sólo ha logrado consolidar las condiciones de pauperización de nuestro pueblo. La pobreza y el hambre se encuentran en niveles récord, y la evolución de la inflación y la dinámica distributiva no auspician una solución inmediata.

La economía recupera su crecimiento (que podría ser un nuevo rebote de corto plazo) pero no derrama al conjunto de las y los trabajadores en términos de empleo e ingresos. A pesar del aumento de la producción, el empleo apenas se recupera y los ingresos populares siguen corriendo por detrás de una inflación cercana al 50% anual. La desigualdad estructural en la economía argentina conduce a la paradoja anti-desarrollista: un crecimiento sin inclusión.

Las políticas sociales se amplían pero son insuficientes, y compiten con otros objetivos (como, por ejemplo, hacer frente a la deuda con el FMI o subsidiar el proyecto Vaca Muerta). Pero el gobierno no advierte el problema y continúa alimentando el mito del desarrollo con base extractivista. ¿No logran ver que más producción de petróleo, litio o soja no redundará en mejores condiciones de vida si persiste la precarización de la vida y el trabajo? ¿No comprenden que además ese camino contribuye a multiplicar los daños sociales y ambientales en un proyecto de muerte?

El estallido latente

La situación social es límite. Se multiplican los conflictos sectoriales, y la reproducción de la vida cotidiana está en crisis, con una carga creciente de trabajo en los cuerpos de mujeres y feminidades. Sólo la organización comunitaria, y las organizaciones sociales y políticas en los territorios evitan el estallido. Las propias organizaciones que apoyan al oficialismo reconocen la gravedad de la situación.

A veinte años del Argentinazo, las organizaciones populares enfrentan el dilema de la integración parcial y conflictiva al Estado, y la fragmentación colectiva. El espacio articulado por el tridente UTEP, CCC y el Movimiento Evita disputa su participación en una alianza de gobierno que no hegemonizan. Se hace evidente la contradicción entre sumar cuadros al Estado y gestionar recursos insuficientes, y la presión creciente que ejerce la crisis multidimensional sobre las bases de esos movimientos y sobre el conjunto del pueblo. Haciendo de la necesidad virtud, estas organizaciones hacen una apuesta anti-neoliberal (anti-macrista) que pretende resolver la ausencia de estrategia para una transformación radical. El resto de las organizaciones se encuentran mayormente fragmentadas y/o con serias dificultades para construir un proyecto contra-hegemónico de masas y dirección colectiva.

Frente a la consolidación de patrones de exclusión extendidos, el tridente ha corrido el centro del debate a dos ejes. Por un lado, en dirección de consolidar la institucionalización de las organizaciones de la economía popular -cuya caracterización todavía suscita debate- a partir del intento de la UTEP de irrumpir en la CGT (aunque con la resistencia de ciertos sectores). Por otro lado, a la disputa por una redistribución marginal a partir de la combinación del salario básico universal (SBU) y el empleo garantizado.

La economía popular expresa la heterogeneidad de actividades que van desde la subsistencia mercantilizada (empleo asalariado o autoempleo de muy baja remuneración y alta precariedad) hasta el trabajo comunitario de reproducción y cuidado no remunerado. La centralidad de la demanda de la UTEP de reconocimiento estatal (registro e ingreso), corre el riesgo de congelar los patrones de precariedad al no exponer enfáticamente que las condiciones actuales de esas tareas son la contracara de la brutal desigualdad social y el patrón de acumulación de capital. De alguna forma, al establecer un salario mínimo garantizado para cualquier empleo o trabajo, por precario que sea, el Estado está en los hechos garantizando un empleo sub-remunerado para una fracción de ese amplio conjunto de la población que habita la economía popular. ¿Será esta la base del nuevo mito del crecimiento con inclusión?

La propuesta de salario universal tal cual es divulgada (equivalente a ⅓ o ½ salario mínimo) no garantiza ingresos que permitan alcanzar condiciones de vida dignas más allá de las posibilidades impuestas por el capitalismo contemporáneo. Se propone como un complemento salarial para trabajadoras y trabajadores no registradxs, en la economía popular, jóvenes en ‘formación’ o en actividades estacionales, entre otras formas de trabajo.

Se presenta como ‘factible’ en el marco actual pues sólo requeriría aumentar el gasto público en un par de puntos porcentuales del PBI. Así, paradójicamente, en el afán de exponer la propuesta como “posible” sin alterar los fundamentos de la reproducción capitalista se la despoja de radicalidad. Al presentarse el salario universal como un complemento de un salario insuficiente o como mecanismo de transición hacia el empleo que ofrece el mercado capitalista, la propuesta sólo contribuye a validar la condiciones hiper precarias del mercado de trabajo. Seamos claros: pensar que puede el salario universal servir como transición al empleo formal implica asumir que, sin ningún cambio estructural el capitalismo argentino creará puestos de trabajo protegidos que no ha creado en décadas. Suponer, por otro lado, que servirá para promover la formación de les jóvenes para insertarse en el mercado de trabajo implica asumir que lo que impide su contratación es su falta de capacidades o conocimientos, cargándoles con la culpa de no ser empleades. Usar el SBU como complemento del paupérrimo salario que reciben trabajadoras y trabajadores en trabajos estacionales supone prácticamente validar las condiciones super-explotadoras en esas ramas de actividad. Finalmente, el trabajo de las trabajadoras en actividades no remuneradas de reproducción y cuidado sería reconocido monetariamente pero persistirá como subvalorado, por debajo del salario mínimo.

El 2001 bajo la alfombra y las nuevas promesas ecofeministas

De conjunto esta estrategia puede contener el estallido latente, sin resolver sus causas materiales. La consolidación de una red de redistribución mínima de ingresos es la principal transformación en el Estado en el ciclo abierto en 2001. La crisis de legitimidad del Estado burgués y su sistema político no se borró sino que parece barrida debajo de la alfombra, con el kirchnerismo y el macrismo reconfigurando el péndulo dentro del sistema de los partidos del orden.

La disputa de sentido en torno a la necesidad de un cambio radical (con ‘trabajo, dignidad, y cambio social’) parece quedar hoy como un murmullo lejano. El feminismo y el ambientalismo surgen como promesas de las batallas por venir atravesando todos los planos de la reproducción vital. La experiencia indica que sólo podrán evitar la normalización conflictiva, la institucionalización y el pink/greenwashing (maquillaje rosa o verde), si logran atravesar e intersectar el conjunto de las luchas y organizaciones populares. Lo que parece seguro es que forman parte integral de una nueva oportunidad para la disrupción radical, para la ruptura antisistémica. Convertir esa posibilidad en capacidad de transformación social requerirá de toda nuestra inteligencia, nuestras experiencias y nuestra imaginación. Solo así el murmullo del 2001 volverá a ser grito.

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Artículo preparado especialmente por el autor para ser publicado en el presente número de Herramienta web 34.

Mariano Féliz es profesor UNLP. Investigador CONICET. Integrante de COMUNA (Colectiva en Movimiento por Una Universidad Nuestramericana) y de la colectiva Al Borde (Construyendo Pensamiento Indisciplinado). Forma parte de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay (SEC) y integra el Comité Editorial de su revista Cuadernos de Economía Crítica). Es investigador asociado del IRGAC (International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies) de la Rosa Luxemburg Stiftung.