La cuantificación de la renta sojera en la Argentina. Conflictos sociales y posiciones políticas. (1996-2018)[1]+
Por Revista Herramienta
En una economía fuertemente primarizada como la argentina, el debate en torno a la renta agraria ha suscitado importantes controversias a lo largo de la historia. La necesidad de sostener sectores menos competitivos en base a transferencias provenientes de la renta diferencial que hace comparativamente más productivo al agro local genera malestar en este último porque siente la renta como “parte de sus propios estómagos”. Esta disputa siempre presente en la Argentina ocupó el centro de la escena política a partir del estallido del denominado “conflicto con el campo” en la semana santa del 2008 y se ha cristalizado como disputa de poder político desde entonces.
En este trabajo abordaremos el caso particular de la renta sojera en Argentina por tratarse del principal cultivo del país a partir de los años noventa. Estudiaremos cuantitativamente su evolución en el tiempo y la apropiación de esta por parte del Estado y de propietarios y capitalistas agrarios.
Introducción
En Farina (2012) se abordó un tema que había vuelto al caldero algo más de una década antes pero que hoy ya es nuevamente un cásico en las disputas socioeconómicas locales. El tema de la renta había sido virtualmente abandonado, provocando grandes problemas para la comprensión de economías extractivistas. Al no tener en cuenta la teoría de la renta, se está igualando un medio de producción no producido con los producidos. Este error lleva a considerar a la tierra como si fuera capital y a ignorar la manera en que las distintas rentas forman o no parte de la conformación de los precios. Por suerte este debate ha recuperado el lugar de especial importancia que le corresponde en la Argentina (Farina 2006: 2 y 2012:112).
Se seguirá debatiendo acerca la legitimidad de las retenciones a las exportaciones de origen primario. Estas retenciones son un impuesto a la exportación de los bienes de ese origen con una finalidad tan recaudatoria como, en términos objetivos, inevitablemente redistributiva, dado que cuenta con gran poder a la hora de regular los precios internos de gran parte de los alimentos. De esta manera, la clase terrateniente argentina ve parcialmente disminuida la masa de renta internacional que obtendría de no mediar la acción estatal antedicha (Farina 2012:113).
Desde su incorporación el cultivo de la soja transgénica alteró el mapa de la propiedad y el uso de la tierra en la región pampeana y por su influencia en la transformación del espacio rural ha suscitado que se denominara a dicho proceso como el de sojización. Este fenómeno se vio potenciado por la coexistencia con un período de alza sostenida de los precios internacionales del poroto de soja y derivados impulsada por la creciente demanda por parte de China. De esta manera tuvo lugar en dicho período la generación de ingresos extraordinarios o de súper ganancias para el sector sojero (Farina 2012: 113 y Guzzetti 2019: 3).
Mapa Nº 1
Los debates se exacerban a la hora de discutir este gravamen para el principal cultivo nacional, la soja. Están quienes lo consideran una apropiación social de parte de la renta y quienes lo consideran una expropiación de una porción legítima de rentabilidad y, a su vez, una traba al ‘deseo natural’ de los capitalistas agrarios por expandir la producción. En este trabajo, se volverá a cuantificar, esta vez hasta el año 2018 el volumen de la renta sojera en la Argentina y su apropiación.
Antecedentes propios y breve desarrollo de la teoría de la renta diferencial de tipo 1
En Farina (2012: 112-115) se justificó acabadamente la pertinencia teórica de la aplicación de la teoría marxista de la renta diferencial para el cálculo de las superganancias sojeras en la Argentina contemporánea desde el marxismo cuantitativo. Para ello se abordaron muy brevemente los contenidos, también analizados en extenso en Farina (2006), que incluían los análisis pormenorizados en la materia de los aportes de Smith, Anderson, West, Malthus, Ricardo y Marx. Se analizó también históricamente la inserción de la Argentina al mercado mundial y las diferentes etapas que atravesó el complejo agropecuario hasta alcanzar la soja su preponderancia actual, al mismo tiempo que se revelaron los avances teóricos y empíricos a nivel local de Braun, Flichman, Arceo, Rodríguez e Iñigo Carrera, entre otros. Por último, se refutó la pertinencia de igualación de factores tan diferentes como tierra y capital a pesar de la posible superposición de roles a la que pudiere resultarle conveniente en términos contables.
En este trabajo, a pesar de algunas diferencias teóricas se usarán como equivalentes los conceptos de renta diferencial, renta ricardiana o la marxista renta diferencial de tipo I. Para Ricardo la renta es “aquella parte del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo”.
“Lo primero que queda claro en el concepto marxista de renta es que no es considerado un problema del valor ni de la circulación del capital. Es por ello que está ubicado en el tomo III y no en el tomo I o II. A Marx en este punto le interesa mostrar cómo se distribuye la riqueza. […] Inicialmente Marx hace una primera diferenciación entre renta diferencial y renta absoluta. A su vez la renta diferencial la divide en renta diferencial de tipo 1 (RD1) y renta diferencial de tipo 2 (RD2). Quien obtiene la renta no participa del proceso productivo, al menos en su rol de propietario del recurso en cuestión y la renta propiamente dicha es producto del trabajo, ya que lo que se paga en ese concepto es parte de la plusvalía previamente extraída al trabajador por parte del capitalista”. La RD1 es muy similar a la renta ricardiana mientras que en la RD2 es abandonado el supuesto de dotaciones fijas de capital (Farina: 2006: 7-8).
Para poder seguir analizando la RD1 hay que suponer que las mercancías se venden en sus precios de producción (PP). La cuestión que surge en este punto es ¿dónde está la renta? Dado que el precio de venta se da en el PP y este incluye los costos que a su vez incluyen a la ganancia media.
El excedente aparece en el caso en el cual haya un diferencial entre el PP social y el PP de los ‘favorecidos’ (por tener menores costos). Pero en el agro se debe tomar en cuenta el diferencial entre la parcela más favorecida y la menos favorecida (ya que de no ser su PP el que marca el precio de mercado no entra en producción). Esta diferencia se debe a la monopolización de la propiedad de cada parcela por parte de un terrateniente que es quien, en principio se apropia de dicha renta (Marx 1963: 657).
David Ricardo decía que la “[...] renta [diferencial de tipo 1], es siempre la diferencia existente entre el producto obtenido mediante el empleo de dos cantidades iguales de capital y trabajo” en dos parcelas de igual tamaño. Al agregarle lo encorchetado podríamos estar ante una definición marxista de la RD1. Esto demuestra la profunda base ricardiana de la teoría de la renta marxista y por consiguiente su potencial equiparación (Ricardo 1959: 54 y Farina 2006: 10).
Considerando, en consecuencia, a la fertilidad como fuente de las diferencias. Una fertilidad que excede el sentido agronómico, una fertilidad en sentido económico que difiere de la primera no sólo en considerar las características del suelo sino también la cuestión climática y ambiental, excluyendo los fenómenos de carácter extraordinario o eventuales. Otro progreso de Marx es dejar de considerar esa fertilidad agronómica como indestructible, algo de patente actualidad.
Suponiendo una tasa de ganancia (g) igual para toda la economía (20%) y que entran en producción cuatro tipos diferentes de tierras una posible tabla que exprese la concepción marxista de la RD1 queda construida como la tabla 1. Siendo A la parcela menos fértil y la parcela D la más fértil.[3]
En la tabla 1 vemos los rendimientos (en producto) crecientes a medida que vamos pasando a parcelas más fértiles. Por tratarse de la RD1 el capital es idéntico en las cuatro parcelas y asciende a $ 50. A partir de este capital se puede inferir que la ganancia normal para ese monto es de $10. Toda la ganancia que exceda esa cifra irá a parar a manos del terrateniente en forma de renta. Los costos totales de la producción son iguales siempre e incluyen el capital más la ganancia del 20% sobre éste. El costo de producción por quintal de la parcela A (la menos fértil) es la que va a fijar el precio en $60 y no en el costo de producción medio social de $24 (Farina 2006: 11).
La tabla 1 muestra el costo total de la producción más el monto que se lleva el terrateniente y el ingreso proveniente de la venta de todo el producto $600[4]. En este modelo la renta representa el 60% de la producción y la tasa de renta (R/K) es del 160%.
TABLA 1: La renta diferencial de tipo 1
Fuente y elaboración (Farina 2006: 10) en base a la teoría marxista de la RD1. Los datos no se
corresponden con la realidad
Contexto histórico y político del período a analizar
Durante los años noventa, si bien las políticas económicas relativas al sector agrícola fueron tendientes a la liberalización del comercio internacional, la convertibilidad y el consecuente atraso cambiario le restó competitividad al sector agroexportador mientras que el escenario global fue tornándose desfavorable para la Argentina, presentando una demanda en retroceso con precios internacionales a la baja y políticas de subsidio a los productores por parte de los países desarrollados. No obstante, la economía pampeana se vio impulsada y transformada no solo por el ingreso de la soja transgénica sino también por las nuevas formas de trabajo propias del momento. Los cambios estructurales producidos durante la década del noventa, como la flexibilización laboral y el contratismo, potenciaron el desarrollo de economías de escala, elevando la rentabilidad agrícola a través de la reducción de costos y ensanchando la brecha entre la rentabilidad de las grandes explotaciones respecto de la de las pequeñas y medianas (Guzzetti 2012: 10).
Luego del colapso a fines de 2001 del modelo que seguía varios lineamientos de corte neoliberal y que tenía como as de espadas a la convertibilidad, la actividad económica del país rebotaría y comenzaría a recuperarse, siendo la renta agraria uno de los pilares de la reactivación gracias a la devaluación y al mejoramiento de los términos de intercambio. En el año 2002, el entonces presidente Duhalde modificó el régimen de derechos a la exportación de productos agrícolas, llevando las retenciones a la exportación de soja de los 3,5 puntos porcentuales en los que se encontraba a una alícuota de 23,5%. Comenzaba así una nueva etapa en la que se dejaba de lado las “libertades comerciales” otorgadas por el modelo neoliberal que comenzó a partir del Rodrigazo, se profundizò durante la dictadura militar iniciada en 1976, que retornaría con poderes plenos durante el menemismo luego de condicionar económicamente al gobierno de Alfonsín, extendiéndose durante el gobierno de De la Rúa y que concluyera estrepitosamente en el Argentinazo de diciembre de 2001.
El extremo endeudamiento forzó un cambio de patrón de acumulación donde el Estado iba a hacer uso de las ganancias extraordinarias generadas por la soja con fines fiscales.
Desde entonces, y a lo largo de los 12 años en los que se extendieron los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner, las retenciones de derechos a la exportación sobre la soja se convirtieron en una de las principales fuentes de financiamiento con que el Estado llevó adelante políticas de redistribución y el pago del endeudamiento acumulado. A la vez que sostenía a sectores capitalistas menos competitivos a nivel internacional. Hacia fines de su mandato, en 2007, el presidente Kirchner llevó la alícuota de retenciones al 35%, tensando aún más las relaciones con los sectores rurales (Guzzetti 2019: 12).
En semana santa del año 2008, ya con Fernández de Kirchner en el gobierno, finalmente se cristalizó el conflicto con los terratenientes y capitalistas agrarios, que se autodenominaban como el campo. Además, sumaron algunos sectores que se identificaban con ellos llegando a movilizar a la izquierda morenista[5] y maoísta.[6] Aunque la génesis del conflicto, como ya mencionamos, era de larga data el motivo por el cual comenzaron las protestas de los sectores rurales, que implicaron cortes de rutas, tirar alimentos y provocar desabastecimiento, fue la resolución 125 por la cual se transformaba la tasa de retención del 35% en una tasa de retención móvil, que se ajustaría según los precios internacionales. Esta nueva tasa aplicada sobre los precios internacionales record vigentes en ese momento, implicaba una retención de casi el 50% sobre el volumen exportado valuado a precios FOB.
Luego de que el conflicto, los cortes de ruta y el lock out se extendiera más de cuatro meses, finalmente el Congreso de la Nación dejó sin efecto la resolución 125 y la alícuota de retenciones a la soja permaneció fija en el 35% por los siguientes 7 años, hasta la finalización del segundo mandato de Fernández de Kirchner. Vale aclarar que con la caída de los precios internacionales la voracidad terrateniente tuvo un mal trago ya que durante varios años pagó retenciones mayores a las que hubiera pagado bajo el régimen móvil propuesto en 2008.
Fuente y elaboración Guzzetti (2019: 5)
Las tensiones con el sector del campo persistieron y se agudizaron, traduciéndose en disputa de poder político. Finalmente, en el año 2015, luego de una campaña electoral polarizada y signada por los posicionamientos respecto a las retenciones a las exportaciones agrarias, entre otras cosas, se impuso en los comicios Macri, candidato que tanto capitalistas rurales como industriales encontraron que representaba mejor sus intereses en ese momento. Llegó al gobierno con una modificación sustancial de las condiciones de la distribución de la renta agraria entre los puntos más urgidos de su agenda. Tan solo a una semana de su asunción, el flamante presidente tomó dos medidas centrales en beneficio de los exportadores de productos primarios. La primera fue una devaluación del 42% de la moneda local, implementada a través de la eliminación de las restricciones que operaban sobre el mercado cambiario. La segunda fue la eliminación de las retenciones a la exportación de los principales cultivos, a excepción de la soja, cuya alícuota bajó del 35% al 30%. En la segunda mitad de su mandato el presidente Macri retomó la eliminación progresiva de las retenciones a la soja, reduciendo la alícuota en medio punto porcentual por mes desde enero de 2018, pero debido a los apremios del déficit fiscal y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) finalmente la tasa de retenciones volvió a ser modificada, resultando en un 28% aproximado (Guzzetti 2019: 14).
Metodología del cálculo
Como se anticipó, el método para la medición de la renta sojera y el análisis de su apropiación propuestos que vamos a usar como punto de partida es el acuñado por Farina (2012). Se vuelve a usar esa metodología porque se considera la más adecuada para ajustarse al espíritu a la teoría de la renta diferencial. El método original ha sido ajustado en algunos aspectos pero en términos generales nos hemos apegado a esa línea de análisis.
El período por analizar es desde 1996 hasta 2018. Las mediciones entre 1996 y 2008 fueron retomadas del trabajo que se está actualizando. El año 2008 representa un punto de inflexión dado que la irrupción del conflicto con el campo significó la marcha atrás por parte del gobierno de Fernández de Kirchner con la aplicación de retenciones móviles a través de la resolución 125.
Como se mencionó en el año 2016, con la asunción de Macri como presidente, se modificó el régimen de derechos a la exportación de productos primarios en beneficio de los ruralistas. Se eliminaron las retenciones para granos y oleaginosas a excepción de la soja, a la que se le redujo la alícuota en cinco puntos porcentuales. Analizaremos el volumen de renta que dejó de percibir el Estado a partir de esta resolución durante los años siguientes.
Vamos a analizar el volumen de la renta diferencial de la soja, como la diferencia con respecto a la renta que habría percibido una inversión equivalente en una actividad industrial. Para ello restaremos a los ingresos los costos de producción y la tasa de ganancia industrial aplicada sobre dichos costos.
La tasa de ganancia industrial es una tasa variable estimada por Juan Iñigo Carrera (2018), quien utiliza “la tasa arrojada por los capitales incluidos en la gran división ‘industria manufacturera’ del sistema de cuentas nacionales”. Dicha tasa se obtiene del cociente entre la producción industrial y el capital industrial adelantado en la producción industrial.
. R = {Ime – [Cme x (1 + gind)]} * Volprod . [7]
Los volúmenes de producción de soja y la extensión de la superficie cosechada fueron obtenidos de la Secretaría de Agroindustria, en particular de su publicación “Estimaciones Agrícolas”.
Para poder discriminar entra la superficie y producción de soja de primera y de segunda acudimos estimaciones llevadas a cabo por Patricio Calonge, profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA y presidente de la Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA), quien colaboró con esta investigación en este y otros temas.[8]
Ilustración Nº1 Esquema de división zonal aproximada
Fuente y elaboración Guzzetti (2019: 5)
El ingreso surge de multiplicar la producción medida en toneladas por el precio FOB promedio del año. Para realizar el promedio anual ponderamos doblemente los meses de marzo, abril, mayo y junio puesto que son los meses de mayor liquidación de exportaciones. Se considera el precio FOB, que no contempla gastos de comercialización, dado que es sobre este precio que se realiza la retención de los derechos de exportación.
Siendo que el consumo doméstico de los derivados de la soja no es estadísticamente significativo, vamos a considerarlo como despreciable, tomando el supuesto de que el total de la producción argentina de soja se destina a la exportación.
Dada la ubicuidad del cultivo de la soja, y de lo extenso del territorio de nuestro país, se presentan rendimientos muy dispares en las distintas zonas geográficas. En consecuencia, y para realizar una estimación de costos más ajustada a la realidad, consideramos la existencia de cinco zonas, cada una con rendimientos y requerimientos productivos diferentes. De esta manera identificamos las zonas Núcleo Maicera, la zona Oeste de la provincia de Buenos aires, la zona Sur de la provincia de Buenos Aires y las zonas del Noreste y Noroeste argentinos.
Como se mencionó para la estimación de los costos de producción del primer período analizado (1996-2008) se contó con el aporte de Patricio Calonge, quien desde el Ministerio de Economía brindó una estructura de costos que contemplaba los insumos, semillas y pesticidas utilizados para los diversos cultivos, por un lado, y la mano de obra medida en Unidades de Trabajo Agrario (UTA) por el otro.
Para el análisis del segundo período realizado en el presente trabajo tomamos las mismas estructuras de costos de actualizamos los costos de los insumos y de la UTA con datos obtenidos de la revista Márgenes Agropecuarios[9].
Para el caso de la estimación de los costos de la soja de segunda, creemos necesario considerar las implicancias de la rotación del cultivo de soja con el de trigo de ciclo corto. En consecuencia, retomamos el método implementado por Farina (2012) relativo a la consideración del beneficio del trigo de ciclo corto como un costo negativo de la soja. Para aplicar este supuesto debemos acotar el costo negativo generado por el trigo de modo tal que, si el beneficio del trigo superara esa cota, el costo total de la producción de soja de segunda sería cero (y no negativo).
El criterio de considerar el beneficio de una actividad secundaria como costo negativo de la actividad principal es análogo al método utilizado para la estimación de la renta del cobre en Chile, caso en el que se han considerado como costo negativo los beneficios provenientes de la explotación de metales secundarios. “[…]el concepto de costo C1 agrupa los costos incurridos a través de todo el proceso minero hasta la venta del producto comercializable (cátodo en el caso del cobre), descontando los ingresos provenientes de los subproductos en caso de que existan. La situación anterior permite que en algunos casos el indicador C1 sea negativo.” (Comisión chilena del Cobre 2015: 3)
Para el análisis de los resultados, consideraremos las mediciones a precios constantes 2016. Para ellos utilizamos como deflactor al Índice de Precios Mayoristas de Estados Unidos (PPI) obtenido del Bureau of Labor Statistics.
Resultados y análisis
Una observación que amerita ser mencionada antes de adentrarnos en el análisis de la renta y su apropiación es la gran expansión del área cultivada y de la producción de soja que se registró desde el año 1996. En el año 2009 se registró una superficie sembrada superior a la de 1996 en más de un 200%, lo que equivale a decir que en dicho período se ha triplicado la superficie destinada al cultivo de soja. A partir de allí aumentó algo más de un 13% hasta el máximo de casi 20,5 millones de hectáreas en 2016 a año siguiente del rinde récord. La caída de los precios internacionales hizo caer la superficie sembrada hasta apena por encima de los 17 millones de hectáreas en 2018.
Fuente: Elaboración propia en base a datos propios del CEMC-FCE-UBA.
En cuando a la producción de soja se observa la misma tendencia. Se registraron las cosechas más importantes entre los años 2010 y 2017, siendo la de 2015 la cosecha récord del período. Existe también una tendencia creciente en los rendimientos por hectárea, siendo el mejor año el 2015. Es importante aclarar que el avance hacia tierras menos productivas torna relativa la comparación de rindes.
Al observar la evolución de la renta diferencial de la soja en el período analizado, lo primero que ha de destacarse son los escalones que ha tenido esta porción del excedente agrario. La renta más que se duplica en el bienio que va del 2001 al 2003 y es el enorme salto cuantitativo (aún en dólares constantes) de la misma en el bienio 2006-2008 donde se multiplica por 2,5. Para poner en perspectiva de conjunto en siete años casi se sextuplica la renta en dólares constantes.
Recordemos que en 2007 la tasa de retenciones a la soja fue llevada de 23,5 a 35 puntos porcentuales, hecho que, sumado al mencionado notable incremento de la renta diferencial observado en ese período, se tradujo en un enorme incremento del volumen de renta apropiado por el Estado. En términos relativos, observamos que mientras que el volumen de total de renta diferencial se incrementó un 75% entre el 2006 y el 2007, el volumen de renta apropiada por el Estado lo hizo en un 121% en el mismo período. Como contra partida, el volumen de renta diferencial apropiada por los propietarios de la tierra en concepto de arrendamiento aumentó un 26% mientras que el apropiado por los capitalistas agrarios lo hizo en un 86%.
En el año 2008, momento en que estalla el conflicto por la resolución 125, el crecimiento del volumen de la renta diferencial total fue aún más pronunciado, resultando comparativamente un 146% superior a la del 2006, mientras que el volumen de renta diferencial apropiado por el estado en el 2008 lo fue en un 271%. En cuanto a la evolución del volumen de renta apropiado por los sectores rurales en 2008, vemos que la apropiación de renta por parte de los terratenientes se incrementó un 110% respecto a 2006 y el apropiado por los capitalistas agrarios lo hizo en un 84%. En términos relativos, la renta apropiada por los propietarios y productores creció respectivamente un 59% y 69% menos que la apropiada por el Estado, aun habiendo crecido en forma importante.
Estos números muestran la voracidad del sector y la ingenuidad de quienes los acompañaron. Sobre todo, los sectores morenistas y maoístas de la izquierda argentina, que dicho sea de paso bastante poco se preocuparon de los trabajadores representados por el burócrata Venegas. Al no estar en un optimo en el sentido de Pareto el aumento de retenciones, o mejor dicho su movilidad, con finalidad fiscal, no representaba ninguna medida revolucionaria. Sólo repartía el crecimiento de la renta a la vez que blindaba al sector ante eventuales caídas de los precios internacionales. Los ruralistas cegados por un largo período de aumentos de las commodities en general y de las agrarias en particular sobre todo la soja, rechazaron fuertemente una mayor imposición en la bonanza que se aliviaría en caso de que el viento cambiara a proa. El encandilo no les permitió prever que la mayoría de los años que le siguieron a 2008 los precios internacionales estuvieron por debajo de ese máximo local con un marco de costos en aumento que les implicó tributar más en períodos de soja flaca.
Si lo analizamos en términos nominales, siendo que con las retenciones móviles al nivel de precios récord vigente en el 2008 se estimaba que la alícuota sería de casi un 50%, la renta que se encontraba en disputa solo durante el 2008 ascendía aproximadamente a 2.000 millones de dólares. La fugaz vigencia del régimen de retenciones móviles implicó una recaudación de 1.095 millones de dólares por encima de lo que hubiera sido con la tasa del 35%.
Entendemos que la exposición de estos datos explica por qué el conflicto con los sectores autodenominados el campo en el 2008 alcanzó una magnitud y trascendencia históricas. Cabe al respecto citar a Iñigo Carrera: “…la separación entre la tasa de ganancia del capital agrario y la del capital del sector industrial marca una determinación excepcionalmente favorable para la renta apropiada por los propietarios de la tierra agraria a partir de 2002. Al mismo tiempo, la magnitud del conflicto remite a las tasas excepcionalmente altas de las retenciones. La confluencia de ambas circunstancias parece apuntar a un momento en que la magnitud total de la renta de la tierra agraria apropiada en Argentina ha alcanzado un nivel extraordinariamente elevado.” (Iñigo Carrera 2007: 3).
El año 2009 muestra una significativa caída de la producción de soja tanto de primera como de segunda, originada por la sequía padecida ese año. En consecuencia, el rinde de la soja se redujo a menos de dos toneladas por hectárea, generando un incremento de los costos de producción y una consecuente caída de la renta.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGyP y CEMC-FCE-UBA.
Del análisis de la relación entre los precios FOB y el volumen de renta diferencial total, se desprende, obviamente, la existencia de una clara correlación entre ambas variables, tal como se muestra en el Gráfico Nº 2.
Otra relación que nos interesa analizar es la existente entre el tipo de cambio y los costos de producción. Se desprende de los resultados arrojados la relación inversa existente entre el tipo de cambio vigente y los costos de producción por tonelada expresados en dólares.
Desde la devaluación del 2002 el tipo de cambio ha evolucionado en forma más lenta que el proceso inflacionario, provocando una situación de atraso cambiario. Este fenómeno se tradujo en un incremento gradual de los costos de producción en dólares.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCRA y Márgenes Agropecuarios.
A partir de la devaluación del 2014, en especial con la brusca devaluación de casi el 50% llevada a cabo en la primera semana de gestión de Macri y con la acelerada depreciación que desde entonces experimentó el peso, los costos de producción han transitado un recorrido a la baja.
Conclusiones
En primer lugar, planteamos la idea de que la renta diferencial es generada por factores que son ajenos a los ruralistas. Ergo se impone naturalmente el debate acerca de la legitimidad de la apropiación de dicha renta por el campo. ¿Por qué habría de corresponderle un diferencial con respecto al de otras actividades?
En términos de la teoría de la renta, el diferencial surge originalmente de la mayor fertilidad, en sentido amplio, de la tierra. En este trabajo, respetando el espíritu de tal teoría, establecimos dicho diferencial contra la ganancia generada por la actividad industrial. Observamos que la renta diferencial ubica a la totalidad del excedente agrícola muy por encima de la tasa de ganancia industrial a lo largo de todo el período estudiado. Lo que nos dio por resultado los cuantiosos volúmenes de súperganacia.
El volumen de la renta diferencial está determinado tal como se describe en Farina (2008) principalmente a 5 fuentes: la renta diferencial por la diferencia de rendimientos físicos a causa de la fertilidad en sentido amplio, tipo de cambio, precios internacionales, bajos costos por desarrollos de tecnologías por entidades públicas como el INTA y universidades públicas por un lado y al no pago de tecnologías extranjeras al no haberse impuesto en criterio de las multinacionales al respecto, y menores costos por el desacople de los mismos con respecto a los precios internacionales.
Hemos analizado la relación existente entre los costos de producción y el tipo de cambio vigente. La relación inversa que opera entre ambos radica en el importante peso relativo que tiene sobre los costos totales el costo desacoplado de la mano de obra, medido en UTAs. Toda devaluación conlleva una reducción del costo de la mano de obra a la vez que incrementa los ingresos en moneda local de los ruralistas. Al responder el tipo de cambio a un lineamiento de política macroeconómica adoptado por el gobierno nacional, es un factor ajeno a los ruralistas que aporta al incremento del volumen de renta diferencial.
Por la composición de la fórmula de cálculo el volumen de la renta responde en forma directamente proporcional al precio internacional de los cultivos, dependiente de los mercados globalizados. La incidencia de las acciones voluntarias de los ruralistas locales sobre la cotización de la oleaginosa es nula.
Por otro lado las decisiones gubernamentales influyen con la distribución que se hiciera de la renta diferencial. Observamos en la evolución de la distribución de la renta (Gráfico Nº 1) hasta el año 2002 casi el total de la renta era apropiada por los sectores rurales, siendo la participación del Estado únicamente del 3,5% sobre la producción valuada en precios FOB. Luego del colapso del 2001 y de la necesidad de obtener ingresos fiscales los ojos se posaron sobre los mayores ganadores de la devaluación, la participación del Estado crece en forma abrupta, pasando las tasas de retención primero al 23,5%, luego al 35% y llegando hasta un 42% aproximado en el 2008 durante la vigencia de las retenciones móviles. Constituyéndose ese origen recaudatorio uno de los principales componentes de los afamados superávits gemelos al tiempo que las exportaciones sojeras lo eran de la otra cara de la moneda.
Durante los 12 años que el kirchnerismo estuvo en el gobierno, la apropiación por parte del Estado de la renta agraria fue muy elevada considerada incluso en términos históricos. Los recursos fiscales obtenidos por esa vía permitieron al gobierno implementar políticas sociales, subsidiar al consumo y a otros sectores productivos, incrementar partidas en salud y educación e incluso cancelar compromisos internacionales contraídos por gestiones anteriores sin cuestionamiento alguno, al tiempo que enarbolaban la bandera de una mayor autonomía en el planeamiento de políticas macroeconómicas.
Este ciclo de creciente participación del Estado en la renta agraria se vio interrumpido con el cambio de gobierno del año 2015. Tras una campaña electoral cargada de mensajes de apoyo a los sectores rurales y promesas de eliminación de las retenciones a las exportaciones agrarias, el flamante presidente Macri anunció dos medias centrales a tan solo una semana de asumir el gobierno.
La primera fue la eliminación de las restricciones que operaban sobre el mercado cambiario, generando una brusca devaluación del orden del 42%. Esta medida, como ya señalamos opera directamente sobre los costos de producción, principalmente abaratando la mano de obra y los insumos nacionales, brindando mayor rentabilidad a los ruralistas en detrimento del trabajo rural asalariado, verdaderos productores.
La segunda medida fue la rebaja de cinco puntos porcentuales sobre la soja y la eliminación de todas las cargas que operaban sobre los principales cultivos. Dicha medida, anunciada simbólicamente en la localidad de Pergamino, fue recibida por los sectores rurales como un gran triunfo luego de la larga lucha que libraron contra la gestión anterior desde el conflicto de semana santa 2008 por apropiarse de una mayor porción de la renta agraria.
Queda pendiente para un artículo en el futuro próximo el análisis regional para el cual ya se cuentan con los datos en el CEMC-FCE-UBA. Por otro lado, siguiendo la línea ricardiana al respecto estos resultados se podrían extrapolar a parcelas con otros cultivos (sobre todo cereales y oleaginosas) ya que el propietario de la tierra no limitarían sus apetencias a la hora de exigir un arrendamiento a capitalistas agrarios que se decidieran por otros cultivos. Esta última extrapolación no puede hacer se en forma directa ya que podría haber aspectos agroecológicos, entre otros, que alteraran este razonamiento lineal de equiparar todos los cultivos al principal.
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RICARDO, David (1959) [1817], Principios de economía política y tributación, Fondo de Cultura Económica, México DF (México).
RODRÍGUEZ, Javier y ARCEO, Nicolás (2006), “Renta agraria y ganancias extraordinarias en la Argentina 1990-2003.”, Realidad Económica Nº 219. IADE. Buenos Aires (Argentina). Disponible en: http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=871
RECURSOS DE INTERNET
http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet
http://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones
[1]+ Este trabajo en la práctica es la actualización del texto de Farina (2012) publicado en Realidad Económica Nº265 cuya labor de hormiga en lo que hace a las actualizaciones de bases de datos fue la tarea de Guzzetti (2019) como becario y se volcó inicialmente en su tesina de grado. El trabajo original de la RE265 había sido un subproducto del encargo de la ONU-UNCTAD bajo la coordinación de Alfredo Calcagno y usado como insumo para su “Trade and development report, 2009”.
[2]* Joaquín Farina es Dr. en Economía y Empresa UCLM (España), Mg en Economía Internacional y Relaciones Laborales UCLM (España) y Lic. en Economía FCE-UBA (Argentina). Profesor Adjunto de Macroeconomía y Política Económica FCE-UBA y Adjunto Regular de Economía CBC-UBA. Docente regular en la FCS-UBA.; Director del Proyectos UBACyT "Economía Política y Marxismo Cuantitativo. Análisis económico-social desde la obtención de variables marxistas. Aspectos de los ciclos y de la inestabilidad de la acumulación capitalista." Además, es director del CEMC-FCE-UBA (Centro de Estudios de Marxismo Cuantitativo). joaquin_farina@hotmail.com
Néstor Guzzetti es Lic. en Economía FCE-UBA. Becario PROPAI (FCE-UBA). Investigador Becario del Proyectos UBACyT "Economía Política y Marxismo Cuantitativo. Análisis económico-social desde la obtención de variables marxistas. Aspectos de los ciclos y de la inestabilidad de la acumulación capitalista.". nestorguzzetti@gmail.com
[3] Marx, a diferencia de Ricardo, Malthus y West, no va a sostener colonizaciones sucesivas que van ordinalmente de la parcela más fértil a la menos fértil (Farina 2006: 11).
[4] Producto de multiplicar la cantidad de quintales por el precio de venta por quintal $60.
[5] Vale aclarar que este no fue el caso de El Nuevo Mas.
[6] Hoy el PCR (o PTP según su denominación legal) integra el Frente de Todos que llevó a Fernández a la presidencia.
[7] La Renta (R) es igual al Ingreso medio (Ime) menos los Costos Medios (Cme) multiplicados por 1 más la Tasa de ganancia industrial (gind) todo eso multiplicado por el volumen de producción (Volprod).
[8] Calonge ya había colaborado con la investigación original financiada por la ONU y por consiguiente con Farina (2012).
[9] Está en proceso de cambio una nueva matriz de costos.
