Restricciones de movilidad contra el coronavirus en distintas ciudades como profundización de la segregación urbana
Por Revista Herramienta
Las restricciones de movilidad implantadas por los gobiernos frente al coronavirus no son medidas asépticas y sin relación con el modelo urbano. El que sean medidas temporales no evita que tengan durante meses un enorme impacto en las vidas de los habitantes. Estas tecnologías de gobierno, que viajan y son compartidas entre distintos países, adquieren mayor sentido en el contexto de modelos previos de desarrollo urbano que podrían contradecir o reforzar. En este texto se sostiene que diferentes medidas de restricción de la movilidad adoptadas en Madrid, Buenos Aires y Ciudad de México profundizan la segregación urbana preexistente. No se trata de una comparación sistemática entre las tres ciudades, sino simplemente de una descripción de cómo varios tipos de restricciones de movilidad se pueden entender desde el punto de vista de la segregación urbana.
El concepto de segregación urbana alude en primer lugar a la concentración de la pobreza y la riqueza sobre diferentes territorios. Pero la separación física cada vez mayor entre ricos y pobres también representa una desigualdad de oportunidades en el acceso a los recursos de la ciudad (Alvarez 2011). Existe un consenso sobre que la segregación urbana se ha ido agudizando bajo el neoliberalismo (Monreal 2016), hasta el punto de que se habla de un “urbanismo revanchista” (Smith 2005, Swanson 2007) e individualista característico de la fase neoliberal.
Hay quien ha destacado (aunque es muy cuestionable) que “en la presente fase del capitalismo tardío, la seducción y el deseo son a veces mecanismos más poderosos de ordenamiento urbano que la restricción y la prohibición. Los urbanistas alrededor del mundo se ven cada vez más atraídos por los poderes del afecto y de la estética” (Hentschel 2013: 200). Sin embargo las restricciones de movilidad contra el coronavirus han consistido más bien en lo contrario: nuevas fronteras al movimiento de personas, prohibiciones de uso del transporte público y otras técnicas de lo que Hentschel (2013) llamaría “exclusión forzada”, como controles policiales, vallas, etc. Desde luego que esto ha ocurrido con diferente intensidad en diferentes lugares, si se compara por ejemplo el recurso a la policía. La policía ha sido utilizada por el gobierno de Ciudad de México para amenazar con multas o clausurar negocios privados. Pero no se ha enfocado prioritariamente en los vendedores callejeros ni ha controlado a los transeúntes, con objeto de evitar los más que probables abusos policiales (que llevaron al asesinato policial de un joven en la segunda ciudad del país). El gobierno español, por su parte, ha acudido a la policía y el ejército para controlar a los transeúntes y en el caso de la policía multar o detener a quienes violaban las restricciones, cosa que sucedió con intensidad en Madrid. En la provincia de Buenos Aires, una policía poco cambiada desde la dictadura recibió un fuerte incremento salarial y de equipamento y fue enviada a reprimir al 45% de la población con ingresos inferiores a la canasta básica alimentaria y que necesitaba seguir saliendo diariamente para subsistir (Correpi 2020).
Las medidas de exclusión forzada -incluyendo el recurso a las “fuerzas del orden”- han sido justificadas como una necesidad porque mucha gente “no aprende”, se resiste al cambio de hábitos y no asume su responsabilidad individual para frenar la pandemia. Pero lo cierto es que resultaron tanto más necesarias para los gobernantes en la medida en que las restricciones de movilidad (no acompañadas de una fuerte redistribución de ingresos) impactaron con desigual dureza según los estratos sociales, afectando desproporcionadamente a los más pobres. Para este artículo se han agrupado las restricciones de movilidad productoras de segregación urbana en tres grupos: medidas universalistas que agravan la desigualdad, restricciones de uso del espacio público en beneficio de los establecimientos privados y restricciones focalizadas que reflejan jerarquías económicas.
1. Medidas universalistas que agravan la desigualdad
La evolución de la epidemia ha ido revelando que en gran parte dependía de patrones de desplazamiento, formas de sociabilidad y hábitos cotidianos. De hecho, la principal respuesta de muchos gobiernos no ha consistido tanto en medidas sanitarias como en restricciones de la movilidad a distintas escalas, desde el transporte a distancia hasta los pequeños desplazamientos cotidianos. Hay que precisar aquí que los geógrafos manejan como conceptos diferentes la movilidad y el desplazamiento: la movilidad es entendida como “el conjunto de movimientos recurrentes realizados en la escala de la cotidianidad”; de su interacción con un determinado contexto territorial “resultan los patrones de desplazamiento de los sujetos y los grupos sociales.” (Apaolaza et al. 2016: 21-22). La movilidad emerge de la interacción entre las características de los hogares (como la posesión de un vehículo, el conocimiento de la red de transporte...) y del territorio (incluyendo la fragmentación espacial, los servicios y actividades cercanos, las infraestructuras viarias o el transporte público) (Apaolaza et al. 2015, 2016; Blanco y Apaolaza 2018). Esto significa que la restricción en el acceso al transporte público o la clausura de actividades en el entorno cercano no tendrán el mismo efecto en la movilidad de distintos hogares, pues dicho efecto dependerá de las características de cada hogar. Por ejemplo, la restricción de acceso al transporte público no tiene el mismo efecto para un hogar que posee un vehículo privado y para uno que no.[1]
Y esto es grave porque la movilidad determina “las posibilidades de acceso a las actividades y servicios fundamentales para la producción y reproducción de la vida social” (Apaolaza et al. 2016: 21). Así, diferentes formas de movilidad (o pensándolas ya sobre el territorio, diferentes patrones de desplazamiento) dan acceso a diferentes estructuras de oportunidades, en el sentido bourdiano del término. Por ello, las restricciones a la movilidad adoptadas frente al coronavirus han limitado nuestras posibilidades vitales, pero no para todas las personas en la misma medida. Revisten la mayor gravedad para aquellas que necesitan desplazarse cotidianamente para mantenerse, que no tienen posibilidad de teletrabajar ni ahorros de los que vivir durante un período prolongado. Sin medidas contundentes de apoyo por parte del gobierno, sus vidas no pueden ser protegidas del coronavirus: son poco más que su fuerza de trabajo [2].
¿Quién ha podido reducir sus desplazamientos durante la pandemia? Las restricciones a la movilidad han podido ser más seguidas por los grupos sociales con mayor capital económico y posibilidad de teletrabajar, que tienen por ello las menores tasas de contagio. La desigualdad se ha plasmado en los desplazamientos cotidianos: mientras unos pueden hacer una compra grande que llevar en el coche, otros tienen que comprar diariamente o incluso acudir a los comedores sociales de Madrid o de la provincia de Buenos Aires (Kessler et al. 2020: 18-19). Mientras unos tienen ahorros para aguantar en casa varios meses, otros están obligados a salir a buscar trabajo cada día (Kessler et al. 2020: 19). Mientras unos disponen de internet para hacer sus gestiones, otros han tenido que desplazarse para conectarse, y de no lograrlo han quedado excluidos en la provincia de Buenos Aires de ayudas como el Ingreso Familiar de Emergencia, o del permiso de circulación para el transporte público (Prensa FOL 2020).
La desigualdad también ha atravesado la experiencia del confinamiento domiciliario, que es mucho más difícil para la población que vive hacinada o en un hábitat precario. Esta precariedad habitacional en muchos casos incluso se ha agravado durante la pandemia, como ha ocurrido con las miles de familias desalojadas en la provincia de Buenos Aires (véase Guernica o Stone) o con las familias del asentamiento informal de la Cañada en Madrid, privadas de energía eléctrica en pleno diciembre. Medidas como el traslado a centros de aislamiento en la provincia de Buenos Aires de personas contagiadas sin espacio para aislarse de sus convivientes suponen también un efecto desproporcionado sobre las familias más vulnerables, como apunta una promotora de Salud del CeSaC 20: “Sucede con los aislamientos obligatorios que muchas veces la persona aislada es jefa de familia y la internan o la mandan a un hotel y no se piensa en los hijos. La familia sufre una desmembración muy difícil, no todas las familias están compuestas por otros parientes como abuelos, tíos o tías; hay familias que no tienen otra contención, ni siquiera de los vecinos porque también está la estigmatización.” (ANRED 2020) [3].
Por todo lo mencionado hasta ahora (diferente necesidad de desplazarse diariamente, diferente necesidad de transporte público, diferente acceso a un vehículo privado, diferente acceso a internet, diferente vivencia del aislamiento domiciliario), las restricciones a la movilidad de carácter universalista impactan con mayor dureza sobre las poblaciones previamente víctimas de la pobreza y la segregación urbana.
Pero no se trata sólo de que las restricciones impacten de forma más aguda según el contexto previo de desigualdad. Las propuestas científicas de los epidemiólogos han tenido que pasar por el filtro de las presiones económicas y las prioridades de cada gobierno. El resultado han sido todo tipo de contradicciones que, tomadas en conjunto, sugieren una tendencia al reforzamiento de patrones de segregación urbana preexistentes y el establecimiento de nuevas barreras que se corresponden con jerarquías socioeconómicas.
2. Restricciones de uso del espacio público en beneficio de los establecimientos privados
Ocurre así por ejemplo con las restricciones de uso del espacio público y los equipamientos públicos que se han aplicado en muchos países (cierre de parques, corte de algunas calles, cierre de bibliotecas públicas, etc.). Es llamativo el cierre de parques dado que teóricamente al aire libre es mucho más difícil el contagio por aerosoles que en espacios cerrados. Aquí aparecen las prioridades económicas de los gobiernos locales, que tratan de mantener viva la hostelería y permiten el consumo en terrazas o incluso en el interior de los locales, pero cierran parques para evitar las “aglomeraciones de gente”. En Ciudad de México, muchas plazas ajardinadas permanecían todavía cerradas en la primera quincena de diciembre de 2020, mientras que se permitía el consumo dentro de los locales de hostelería; los cines estaban abiertos y las bibliotecas cerradas. (Aunque el consumo in situ y los cines volvieron a cerrar desde el 19 de diciembre con el nuevo semáforo rojo). En Madrid, los bares reabrieron su interior meses antes que las escuelas, las casas de apuestas reabrieron a final de junio mientras que parques como el Retiro siguieron clausurados hasta octubre, y las bibliotecas aún tienen fuertes restricciones de acceso.
Miembros de una organización juvenil acudieron a estudiar a una casa de apuestas de Madrid para denunciar que las bibliotecas tienen más restricciones por el coronavirus que las casas de apuestas. El Caso, 19/11/2020.
Los bancos inutilizados, la churrería abierta. Ciudad de México, 14/12/2020.
La disuasión del uso del espacio público resulta simbólica por cómo tradicionalmente se ha asociado el espacio público al concepto de ciudadanía: un espacio en el que (según el discurso dominante) se borrarían las diferencias de clase y todos se encontrarían en igualdad de condiciones. Si bien el derecho a la manifestación se ha preservado en mayor o menor medida en las tres ciudades mencionadas, a nivel material el cierre de espacios y equipamientos públicos en beneficio de negocios privados supone que, mientras las personas con suficientes recursos se reúnen en terrazas de bares o restaurantes, se establece un obstáculo económico para la sociabilidad de las personas con menos recursos.O bien se las empuja a socializar en el espacio cerrado de sus domicilios, con mayor probabilidad de contagio. Aunque se trate de una medida temporal, el cierre de espacios y equipamientos públicos supone una limitación del derecho a la ciudad, en la línea neoliberal del despojo de los bienes comunes. La privatización temporal del espacio público con las restricciones contra el coronavirus nos deja a solas ante la realidad de la segregación urbana.
Privar a la población de los espacios públicos en favor de los negocios privados puede requerir de justificaciones más o menos elaboradas. En Madrid el gobierno autonómico trató de legitimar el cierre de parques mediante la estigmatización de los jóvenes de los sectores populares que se reunían para beber y de las familias inmigrantes sudamericanas que se reunían para practican deportes como el volleyball. La presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso aludió directamente al “modo de vida de nuestra inmigración” para explicar la alta tasa de contagios en los barrios obreros. De este modo, pudo además aplicar restricciones específicas contra los habitantes de esos barrios, a las que nos referiremos en el siguiente epígrafe.
3. Restricciones focalizadas que reflejan jerarquías económicas
Siguiendo con esta clasificación, el tercer grupo de medidas de restricción de la movilidad serían las que se han aplicado reflejando jerarquías de tipo socioeconómico. Aquí surgen varios ejemplos: la segregación de zonas de salud (Madrid), la persecución de la venta ambulante (Madrid y Ciudad de México) y la reapertura al turismo internacional (Buenos Aires).
a) Confinamiento perimetral de zonas de salud en Madrid
En Madrid el gobierno autonómico, de signo conservador, optó por apoyarse en una división administrativa reciente por zonas de salud (conjuntos de varias calles a los que se le asigna un mismo centro de salud), en vez de por municipios, distritos o barrios. Estas “zonas de salud” son divisiones administrativas más pequeñas incluso que los barrios; pueden englobar tan solo una decena de calles. En plena segunda ola, la administración regional madrileña estableció a mediados de septiembre una línea divisoria en las zonas de salud con más de 1000 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en realidad eran tres criterios los que se manejaban, permitiendo quizás una mayor discreccionalidad[4]. Las zonas de salud confinadas se encontraban en los barrios más pobres y con mayores índices de inmigración; englobaban un 13% de los habitantes de la Comunidad de Madrid y el 24% de los casos positivos detectados la última semana (León 2020). Mediante un acuerdo con el gobierno central, se derivó a cientos de policías al perímetro de estas zonas de salud para intentar que sus habitantes no pudieran salir de ellas (excepto para acudir a sus obligaciones “laborales, legales o educativas”, recibir asistencia médica, cuidar a una persona dependiente o por fuerza mayor). Las multas son elevadas en caso de reincidencia.
Muchas voces se levantaron para denunciar lo absurdo de estos pequeños confinamientos perimetrales cuando existía una fuerte transmisión comunitaria del coronavirus en toda la región. La presidenta autonómica respondió en Twitter el 4 de octubre que “No se trata de confinar al 100% sino de detectar al 1 % que contagia para protegerle a él y a su familia, y que el 99% restante siga saliendo a ganarse la vida. Nos estamos arruinando”. Cuatro días después añadió que no debían “pagar justos por pecadores”. El gobierno autonómico fue después incrementando el número de zonas de salud confinadas, acercando las superficies confinadas cada vez más al perímetro de los barrios obreros madrileños. Las primeras manifestaciones contra “la segregación de Ayuso” comenzaron en Vallecas en el mes de septiembre.
Protesta en Vallecas contra las medidas de confinamiento selectivo. El País, 20/9/2020.
El cierre de zonas de salud incluyó el cierre de los escasos parques que hay en los barrios obreros, dejando a los vecinos sólo la posibilidad de pasear por aceras muy estrechas. El gobierno autonómico no quiso acompañar el confinamiento de medidas de refuerzo sanitario y anunció para estas zonas de salud la sustitución de las PCR por tests rápidos. Muchos jóvenes y desempleados se quejaron de la dificultad que les suponía este confinamiento a la hora de buscar un empleo, en desventaja frente a otros desempleados de la ciudad. La escasa popularidad de la medida dentro de las zonas de salud confinadas parece haber llevado a amplios sectores, especialmente juveniles, a saltarse el confinamiento esquivando a la policía, con el consiguiente riesgo de multa. La medida puede haber tenido una eficacia simbólica en tanto que castigo para las poblaciones díscolas de la ciudad y amenaza para el resto de habitantes de la comunidad de Madrid de ser confinados si no moderaban sus pautas de sociabilidad.
b) Persecución de la venta ambulante (Madrid y Ciudad de México)
Tanto en Madrid como en la Ciudad de México los grandes centros comerciales y las tiendas cerradas fueron obligados a implantar unas sencillas reglas de higiene de manos y uso de mascarillas, al tiempo que los mercados al aire libre eran prohibidos y los vendedores callejeros desplazados de la vía pública. Los comerciantes ambulantes de Tepito llegaron a realizar un plantón para protestar por esta medida el 22 de mayo.
No obstante, la flexibilización de esta prohibición y la práctica ausencia de multas contra comerciantes ambulantes en la Ciudad de México ha permitido a muchos vendedores callejeros retornar a la vía pública, mientras que en Madrid las familias gitanas, principales afectadas por la restricción de la venta ambulante, tratan de conseguir alimentos de los comedores y sobrevivir sólo de ayudas sociales. Muchas de ellas viven en el asentamiento informal de la Cañada Real, actualmente sin electricidad tras varias actuaciones policiales. Una vez más, la acción gubernamental contra una actividad al aire libre contrasta con el riesgo teóricamente mayor del consumo en espacios cerrados, a los que se permite seguir operando.
c) Reapertura prioritaria al turismo internacional (Buenos Aires)
El 30 de octubre, el ministro argentino de Turismo y Deportes Matías Lammens anunció la reapertura de las fronteras para recibir a turistas de países limítrofes en la provincia de Buenos Aires. En ese momento el transporte público seguía cerrado para las actividades no esenciales y los bonaerenses apenas acababan de ser autorizados a circular por su propia provincia. La palabra “turismo” era casi la primera vez que se utilizaba desde el inicio de la pandemia, puesto que los argentinos tenían todavía prohibido desplazarse a las provincias vecinas. Los extranjeros serían, pues, los primeros en realizar un desplazamiento largo por placer: los primeros turistas.
No se trataba de una discriminación legal, puesto que los extranjeros debían limitarse a circular dentro de la provincia de Buenos Aires al igual que los habitantes locales. Y estos últimos podían viajar a múltiples destinos en el extranjero que aceptaban la llegada de argentinos. Pero el hecho es que la movilidad a larga distancia (entre países limítrofes) fue liberada antes que los desplazamientos entre municipios o provincias, lo que según los medios de comunicación argentinos se habría debido al interés por favorecer la entrada de dólares en un contexto de crisis económica. Igual que la moneda extranjera pesaba más que la local, la movilidad a larga distancia fue priorizada sobre la movilidad local o interprovincial. Los intereses económicos se cruzaban así con la política de restricciones frente al coronavirus.
La priorización de la movilidad de larga distancia sobre la movilidad local o interprovincial resultó chocante para muchos internautas que se expresaron en la cuenta de Twitter del ministro de turismo, como esta persona que aún no había podido visitar a su madre en otra provincia:
En el mismo hilo de Twitter se señaló la paradoja de que los turistas extranjeros empezaran a llegar cuando el transporte público aún no estaba funcionando para los locales. Para desplazarse, los trabajadores no esenciales o personas exceptuadas (para realizar un trámite impostergable, cuidar a un mayor dependiente, etc.) tenían teóricamente que acudir a internet para descargarse a través de la aplicación CUIDAR un permiso de circulación por 24 horas. Aunque esto apenas se cumpliera en la provincia de Buenos Aires, las personas que tomaban el colectivo sin tener el permiso han estado expuestas a recibir una multa o a ser maltratadas por la policía.
Otro internauta señala en el mismo hilo que la restricción en los trenes y la restricción de número de pasajeros en los colectivos producía largas esperas:
Un usuario de Twitter criticó que las playas estuvieran abiertas (en parte para recibir a esos turistas internacionales) mientras que el turismo de camping, más económico que los hoteles, estuviera cerrado por una razón que de aplicarse a las playas acarrearía igualmente su cierre:
Quizás en reacción a este tipo de críticas, el gobierno argentino pospuso sine die la “inminente segunda fase de la reapertura al turismo internacional” que había anunciado el 11 de noviembre e iba a incluir a los turistas de toda Sudamérica y parte de Centroamérica. Además, optó por organizar el turismo interprovincial sólo para los ciudadanos argentinos a partir del mes de diciembre, mientras dejaba a los turistas de los países limítrofes sólo con la posibilidad de visitar la provincia de Buenos Aires.
La restricción a los vuelos internacionales no es un asunto sin importancia, y se vuelve a plantear a finales de diciembre con las nuevas cepas inglesa y sudafricana del SARS-CoV-2. Existen indicios de que cuando fue impuesta en un momento muy inicial de la pandemia, la restricción a los vuelos internacionales logró que los casos fueran muchos menos; según un estudio estadístico esto ocurre especialmente cuando la restricción tuvo lugar antes de las primeras diez muertes y se efectuó mediante cuarentena obligatoria universal de todos los que llegaban de lugares con alta presencia del SARS-CoV-2 (Koopmans 2020). La efectividad de la restricción a los vuelos internacionales decae cuando ya existe transmisión comunitaria y los vuelos nacionales se convierten en un vector de contagio mayor que los internacionales. Sin embargo el estudio mencionado deja abierta la posibilidad de que aún en este escenario sigan siendo relevantes los vuelos internacionales provenientes de países con alto nivel de contagios (Koopmans 2020: 65).
Esto dejaría sin efecto a las restricciones de vuelos provenientes de lugares con una incidencia del nuevo coronavirus similar al país de llegada; por ejemplo países con una tasa de mortalidad igual o menor. Pero no se trata solamente de que los vuelos puedan actuar como vasos comunicantes entre regiones con diferentes niveles de contagio, sino también de la intensidad de la movilidad de los sujetos[5]. En España durante el verano apenas llegaron turistas extranjeros pero la movilidad de los españoles se incrementó radicalmente y el virus se agitó como en una licuadora, dando lugar a la marea de casos de septiembre.
Conclusiones
Las medidas referidas en este artículo no son las únicas restricciones de movilidad tomadas contra el coronavirus. Se han quedado sin abordar otras como el toque de queda (en Madrid), la prohibición de salida de casa de los ancianos sin una autorización (Buenos Aires), el cierre de algunas estaciones de metro y metrobús (Ciudad de México), etc. Pero las restricciones de movilidad descritas en este artículo afectan a amplios sectores de la población y parecen encajar con formas de segregación urbana típicas del neoliberalismo, como la privatización y mercantilización del espacio público, el aislamiento de las poblaciones más vulnerables en barrios mal conectados con los centros urbanos, o el urbanismo individualista ligado al uso del automóvil.
Si la segregación urbana es en gran medida separación entre sectores sociales, ¿habrían sido posibles restricciones de la movilidad que no reforzasen la segregación urbana? Quizás sí, si lo que se restringiera prioritariamente fuera el acceso a los espacios privados asociados al capital especulativo, como los grandes centros comerciales o las cadenas de tiendas. Un ejemplo que se acerca a una restricción de movilidad no segregadora puede haber sido el cierre de las calzadas al tráfico rodado en Nueva York para facilitar la actividad en espacios exteriores, lo que benefició tanto a la actividad de pequeños negocios como al ocio no mercantilizado de los neoyorkinos. Sean cuales sean, las medidas de restricción de la movilidad no segregadoras no podrían apoyarse como en Buenos Aires en el uso de unas “fuerzas del orden” dirigidas a disciplinar a la población más vulnerable.
Notas
[1] El transporte público es crucial para las poblaciones alejadas de recursos que se concentran en determinados barrios, como posibilidades de empleo (Hernández 2012: 130); por ello la disponibilidad de transporte público incide de forma importante en el capital espacial de las poblaciones de barrios periurbanos (Apaolaza et al. 2016). Esto quiere decir que las restricciones en el transporte público reducen sobre todo el capital espacial de estos sectores populares.
[2] No vamos a citar aquí el concepto de “nuda vida” de Agamben que lleva toda la pandemia sosteniendo posiciones algo extrañas.
[3] Aunque de menor importancia que la subsistencia de los menores que quedan atrás, hay también un efecto simbólico que puede generar estigmatización: en el mismo artículo se menciona que el traslado de personas sin espacio para aislarse de sus convivientes a centros de aislamiento obligatorio, ejecutado por ambulancias y patrulleros de la policía, supuso una situación “bastante traumática para los vecinos por los miedos que había las primeras semanas” (ANRED 2020). La intervención de organizaciones territoriales ayudó a reducir el desmembramiento y la posibilidad de estigmatización.
[4] “Ruiz Escudero ha señalado que los criterios para establecer estas zonas han sido tres: la incidencia acumulada en los últimos 14 días por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes; la acumulada en los últimos 14 días con una tendencia estable o creciente; y la continuidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad.” (León 2020). Dos zonas de salud en zonas céntricas de Madrid superaban la tasa de 1000 contagios por cada 100.000 habitantes pero no fueron confinadas por su “falta de continuidad geográfica” con otras zonas de salud confinadas.
[5] Las normas restrictivas de la movilidad pueden tener menor seguimiento por parte de los turistas extranjeros. El menor control biopolítico de los cuerpos extranjeros quizás explica (mejor que la idea de los vasos comunicantes) las restricciones nacionalistas a los vuelos internacionales.
Referencias
Alvarez, Gabriel H. (2011). Segregación urbana. Grupos de significados en torno a un concepto y un problema social y urbano. Proyección 10, Planificación territorial: presencias... y ausencias, 5, pp. 41-67.
ANRED (2020). “Fiebre en el AMBA”. ANRED, 19/6/2020. Recuperado el 21/12/2020 de https://www.anred.org/2020/06/19/fiebre-en-el-amba/
Apaolaza, R. y Blanco, J. (2015). Sobre capacidades, experiencias y posibilidades de uso y apropiación de la ciudad: Breve estado del arte del concepto de capital espacial. XI Jornadas de
Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Apaolaza, R., Blanco, J., Lerena, N., López-Morales, E., Lukas, M., Rivera, M. (2016). Transporte, desigualdad social y capital espacial: análisis comparativo entre Buenos Aires y Santiago de Chile. Íconos Revista de Ciencias Sociales 56, pp. 19–41.
Blanco, J. y Apaolaza, R. (2018). Socio-territorial inequality and differentialmobility. Threekeyissues in the Buenos Aires MetropolitanRegion. Journal of TransportGeography, 67(C), pp. 76-84.
CORREPI (2020). Informe de la situación represiva nacional 2020. Informe nº 25. Recuperado el 21/12/2020 de https://drive.google.com/drive/folders/1KBJQzlHevGDmdp-7oPjxLq58x5sKlFV9
Hentschel, C. (2013). City Ghosts: TheHauntedStrugglesforDowntownDurban and BerlinNeukölln. En LocatingRight to the City in the Global South: TransnationalUrbanGovernance and Socio-spatialTransformations, editado por Tony R. Samara, Shenjing He, and GuoChen (Abingdon: Routledge), pp. 195–217.
Hernández, D. (2012). Activos y estructuras de oportunidades de movilidad. Una propuesta analítica para el estudio de la accesibilidad por transporte público, el bienestar y la equidad. Eure, 38 (115), pp. 117-135.
Kessler, G., Bermúdez, N., Binstock, G., Cerrutti, M., Pecheny, M., Piovani, J. I., Wilkis, A. y Becerra, M. (2020). Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Disponible en https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Informe_Final_Covid-Cs.Sociales-1.pdf
Koopmans, Ruud (2020). A Virus ThatKnows No Borders? Exposure to and Restrictions of International Travel and the Global Diffusion of COVID-19. DiscussionPaper SP VI 2020-103. WissenschaftszentrumBerlinfürSozialforschung.
León, Alberto (18/9/2020). “Madrid restringe la movilidad en las 37 áreas más afectadas y limita a seis personas las reuniones”, RTVE. Recuperado el 15/12/2020 de
Monreal, P. (2016). Ciudades neoliberales: ¿el fin del espacio público? Una visión desde la Antropología urbana. Quaderns-E, 21(1), pp. 98-112.
Prensa FOL (2020). “Cuarentena en los barrios: comen palomas para sobrevivir”, ANRED, 26/5/2020. Recuperado el 22/12/2020 de https://www.anred.org/2020/05/26/cuarentena-en-los-barrios-comen-palomas-para-sobrevivir/
Smith, Neil (2005). The New UrbanFrontier. Routledge, Londres y Nueva York.
Swanson, Kate (2007): RevanchistUrbanismHeads South: TheRegulation of IndigenousBeggars and Street Vendors in Ecuador. Antipode 39(4): 708-728.
* Nuria Alvarez Agüí es Antropóloga Social - Licenciaturas: Licenciatura de Antropología Social, 2012, Universidad Autónoma de Madrid, España.- Licenciatura de Historia, 2007, Universidad Autónoma de Madrid, España.- Licencia en Histoire, 2007, Universidad Paris X Nanterre, Francia.-Certificado de Docente en Educación Secundaria (similar al PGCE), 2008, Universidad Complutense de Madrid. Actualmente en el programa de Doctorado 'Sociología y Antropología Social', Universidad Complutense de Madrid, España.
