Vacunas, salud y urgencias políticas

“Tiempos sombríos, en que los hombres parecen necesitar un aire artificial para poder sobrevivir”. De la contratapa del libro Respiración artificial, Ricardo Piglia

Después de  8 meses de iniciada la cuarentena, Argentina tiene registrados 1.300.000 de personas contagiadas con COVID 19, y uno  de los índices de víctimas por  millón de habitantes más altos del mundo. A este cuadro se le suma el fundado temor que genera el rebrote en Europa y las estadísticas de casos que se han disparado en EEUU, una situación que podría agravarse aún más si no se lo logra contener antes del invierno, que en el hemisferio norte ya está a la vista. La crisis, ha obligado a  muchos  gobiernos a recurrir nuevamente  al encierro extremo mientras se espera, con expectativas variadas,  el resultado de las investigaciones sobre las vacunas. La sensación de incertidumbre frente al efecto de la variedad de las estrategias tomadas se ha apoderado de las poblaciones que se debaten entre el dilema que va desde la desconfianza y el hartazgo por las consecuencias físicas, psíquicas y sociales del aislamiento, hasta el temor por una situación dramática que no  tiene un final cierto.

Las potenciales vacunas están en manos de un grupo acotado de institutos de investigación y empresas  farmacológicas multinacionales que están en condiciones de producirlas y en carrera para llegar a su aplicación en el menor tiempo. En este contexto, los gobiernos de los países  centrales se  apresuraron en financiar a estos mega-laboratorios, para asegurarse prioridades a la hora de su distribución, operatoria que no está exenta de la influencia de los poderosos lobbies que los representan. En el capitalismo globalizado,  con sus  flujos intensivos, el COVID se propagó velozmente por todas las latitudes, habrá que ver si las vacunas mantendrán los  mismos tiempos y seguirán los mismos recorridos.

El gobierno argentino, tomó la decisión de reservar una cantidad millonaria de dosis de la vacuna  Sputnik, desarrollada por el experimentado Instituto Gamaleya de Moscú. También reservó  la vacuna AZD1222 que es desarrollada por Astra Zeneca (Reino Unido) conjuntamente por la Universidad de Oxford y su empresa derivada, Vaccitech, que utiliza una versión que contiene el material genético de la proteína espiga del SARS-CoV-2  y que  en América Latina la  producen en conjunto el laboratorio del grupo Sigman y la empresa del  magnate mexicano Carlos Slim. Ambas vacunas, son adenovirus. Esto significa que es un vector viral (material genético del virus que tiene la capacidad de introducir el material genético adentro de las células) unido a material genético del COVID que codifica para la proteína S (es el material genético que el vector del adenovirus va a introducir en la célula). La de Pfizer (EE.UU.) asociada a BioNTech (Alemania) se prueba  en el Hospital Militar de CABA, las de Sinopharm (China) en los centros Vacunar coordinadas desde la Fundación Huésped y las de Johnson & Johnson (EE.UU.) en otros laboratorios que ya iniciaron el reclutamiento de voluntarios en territorio nacional.

La de Pfizer es un tipo  nuevo de vacuna nunca usado: inyectan el RNA (material genético) del virus, la parte que codifica para la proteína S. Y la Sinopharm es un virus muerto (inactivado), del tipo de vacunas que usaban en el principio de la historia de las vacunas. El Instituto Gamaleya  señaló en un comunicado de prensa a que la vacuna indujo una fuerte respuesta inmune en los participantes con un alto índice de eficacia, del 90%. Sobre la fase 3, al día de hoy no hay publicaciones porque están en ejecución. Pfizer y BioNTech anunciaron un resultado semejante, pero el entusiasmo se enfrió rápidamente cuando trascendió que requiere para su conservación una temperatura de  80 grados bajo cero. Para la Agencia Europea de Medicamentos, “los datos aportados no son aún una base adecuada para aprobar una vacuna. La respuesta inmune puede no ser directamente proporcional al grado de protección; esto solo se puede descubrir en ensayos a gran escala”. No debe confiarse sólo en lo que dicen los productores farmacéuticos, más aun  teniendo en cuenta que algunas de las técnicas utilizadas, como la de Pfizer-BioNTech utiliza el ARN mensajero viral como estrategia, un tipo de vacuna que nunca fue utilizado hasta el momento. Varias compañías farmacéuticas intentaron, durante los últimos 10 años, obtener el permiso para desarrollar vacunas de RNA o DNA, pero hasta el momento ninguna de ellas logró pasar los test de seguridad, ya que los efectos a largo plazo de este tipo de vacunas sobre el organismo son difíciles de evaluar.

Todas las mencionadas vacunas se han estudiado durante pocos meses y todavía con bajo número de personas. Algunas de ellas aún no han sido testeadas en adultos mayores de 55 años, quienes constituyen justamente la población de riesgo para el virus. Es cierto que los avances científicos y tecnológicos alimentados por inéditos y enormes presupuestos pueden acelerar los plazos de las fases I y II, pero para la tercera etapa, la de pruebas masivas, hay que respetar los tiempos biológicos,  estos plazos no son caprichosos. En la interpretación de "eficacia"  que ofrecen los laboratorios quedan muchas cosas sin saber. No existe información sobre si la vacuna previene los casos más graves, los que provocan hospitalización y muertes, tampoco se sabe el efecto de la vacuna en las infecciones asintomáticas, que ahora mismo son mayoría.  Es necesario saber cuánto duraría su protección y si hará falta volver a vacunarse y cuantas veces. Tampoco se conoce si las vacunas protegerán a quienes ya tuvieron la enfermedad. En parte, estas preguntas aún permanecen sin responder porque no sabemos lo suficiente sobre el virus, a pesar de que las investigaciones están dando resultados nuevos cada semana.

No es la mejor señal que sean mayormente empresas privadas las encargadas de probar y distribuir las vacunas  aún en estudio. Ha quedado demostrado que capitalismo y salud pública no son compatibles. El interrogante planteado para Argentina es, si estamos siendo privilegiados por estos laboratorios o si el nivel de contagios nos coloca en una buena situación para aportar información a través de las pruebas y de su aplicación a gran escala, lo que en idioma popular se llama conejillos de indias.

Las dudas razonables

La información que se merece la población,  es la imprescindible transparencia con los datos científicos que avalen la utilización de  vacunas que serán aplicadas  masivamente e involucran la salud de millones de personas. No se puede aceptar que el reclamo de datos fehacientes y rigurosos sea estigmatizado con el calificativo de ser parte del  movimiento definido como  “anti-vacunas”. El reconocido oncólogo Elmer Huerta señaló "Tenemos que fijar por ahora nuestras esperanzas y esfuerzos en la vacuna…. Solamente, cuando tengamos estudios científicos bien hechos, revisados por científicos, por pares, le podemos decir al público saben qué, esto sí se ha demostrado que vale”.

Las declaraciones anunciando que la población tendrá un menú de diferentes vacunas para poder elegir, no tranquiliza, al contrario, pues no se trata de productos a exponer  en la góndola del mercado, si no de vacunas que utilizan métodos y protocolos de investigación y fabricación distintos, con potenciales efectos que no son equivalentes.

Vale aclarar que me vacuno regularme, nadie sensato puede oponerse a la protección que ofrecen  las  vacunas, han salvado millones de vidas, el punto es como dice el refrán: que el remedio no sea peor que la enfermedad. Son múltiples los ejemplos que demuestran que ese riesgo existe, sobre todo si se piensa aplicar una vacuna, que recién está en su etapa de experimentación, a adultos  mayores y personas  que pueden tener  su sistema inmunológico debilitado y/o otras condiciones que ya se mostró que empeoran la infección por COVID-19. Verificar con certeza que no tienen complicaciones graves es fundamental, si se piensa en su aplicación masiva. Solo que estas consecuencias negativas impacten  al 2 o el 3 % de los vacunados estaríamos ante una realidad que  en nuestro país  afectaría a cientos de miles.

La utilización de la vacuna rusa generó una polémica y sospechas que se no se produjeron con los anuncios de los acuerdos para las vacunas del gigante químico-farmacológico Astra Zeneca, con sede central  en Reino Unido, de su par el laboratorio estadounidense  Pfizer, o la de Johnson & Johnson, lo que dio lugar al absurdo de tener que plantear la desideologización de la vacuna. La lógica de la guerra fría solo puede funcionar en cerebros recalentados. Los intereses en pugna  son enormes y nadie puede ignorar lo que se disputa. Las autoridades rusas hablan de producir 500 millones de dosis por año, Pfizer  cree que podría tener 50 millones de  dosis para finales de año y 1.300 millones de dosis al finalizar 2021, el resto de los laboratorios maneja cifras similares.

La  movilización de una banda de energúmenos que se oponen a la vacunación per se, con el único objetivo de erosionar cualquier medida que anuncia el gobierno, aunque sea sobredimensionada por la obsesiva coalición mediática, no es la referencia a considerar para definir el rumbo a seguir. El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, declaró, “solo el 1% de delirantes no se quiere vacunar”,  pero  un  sondeo realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) refleja que un 22% de la población no considera necesario vacunarse contra el coronavirus.

Si bien la mayoría espera  la vacuna  con natural  expectativa, como una alternativa al encierro y  las restricciones que impuso la pandemia, y  ante  la angustia que genera el alto  nivel  de víctimas que no cesa, un porcentaje no pequeño de la población duda honestamente de aplicarse inmediatamente las vacunas que se anuncian para una próxima campaña masiva. Es una duda razonable que debe ser atendida, pues  además de los considerandos científicos expuestos, ese dilema también ha sido alimentado por las contradicciones en las que, más allá de su  trayectoria e idoneidad  profesional, han incurrido asesores,  funcionarios y gobernantes, no solo en nuestro país

El  20 de enero de 2020, el epidemiólogo Zhong Nanshan declaró en Wuhan:  “el virus es  de origen animal y  es muy contagioso”. Y, tardíamente, el  11 de marzo, dado los altos índices de propagación y contagio, la OMS  determinó que la propagación del contagioso  COVID-19 se había convertido en una pandemia.  El 4 de febrero el  ministro de Salud, Gines García  declaró  "Hay una muy baja probabilidad que el coronavirus llegue al país”. El 27 de abril, el presidente Alberto Fernández, mientras la Argentina contaba  192 fallecidos, aseguró precipitadamente que “Vamos por el buen camino, la Argentina tiene una incidencia de muerte de 3 personas  por cada millón de personas. Somos el país con menos muertes del mundo”. El prestigioso infectólogo Pedro Cahn, una figura de referencia entre los asesores del presidente, señalo el 16 de marzo: “La gente no debe entrar en pánico, no es el fin del mundo. No estamos en la misma situación de otros países que tienen cifras altas de contagios y fallecidos”.

No hace mucho, con profuso  despliegue de  filminas se decía, en un ejercicio de  soberbia apuntado en la auto valoración comparativa con otros países,  que  “todo estaba bajo control”, después, ante la modificación negativa de las estadísticas, se pasó al argumento "podría haber sido peor".

La ausencia de un plan nacional integral de emergencia sanitaria, con los hospitales públicos, los privados y las obras sociales actuando por separado, sumado al criterio que dejó librada a los gobernadores e incluso a intendentes, la decisión de cómo responder a la pandemia, tuvo entre otras consecuencias el actual  efecto multiplicador hacia afuera del AMBA, que desplegó un mapa caótico de contagios y víctimas que dejó expuesta la precariedad del cuadro sanitario en el que se encuentran la mayor parte de las provincias y en evidencia un nivel de improvisación que no debe desconocerse.

Sumando inquietud, Edouard Mathieu, analista de datos en Our World Data, sitio web especializado en estadística en tiempo real con base en la Universidad de Oxford, comunicó vía Twitter que Argentina dejará de formar parte de su mapa de testeos porque las cifras no tendrían la calidad suficiente. En septiembre, al combinar tres fuentes de información diferentes, la provincia de Buenos Aires sumó más de 3500 muertos en un solo día. Así, pasó de 8.983 a 12.566 decesos totales.

La comunicación política, muchas veces se basó en referencias al trabajo de los científicos que están involucrados políticamente o tienen intereses en las corporaciones farmacológicas. Las urgencias y los ruidos habituales de la política no pueden justificar que aún existe cierta opacidad en las investigaciones y sus resultados, nuestra salud no es parte de una carrera por ver quien llega primero, ni tampoco sustentar acciones que son espoliadas por una  competencia  que es propia de los mercados de negocios y por intereses geopolíticos, que no deberían torcer y violentar los métodos de la ciencia.

Estas urgencias políticas funcionaron para que  en un procedimiento exprés, el 8 de octubre, con  208 votos afirmativos, y solo 8 negativos y 11 abstenciones,  se  aprobara una  ley que exime a los grandes monopolios farmacéuticos internacionales  de cualquier acción legal  en nuestro país, y pueden elegir arbitrariamente el lugar donde situar el caso,  ante las consecuencias que puede ocasionar la aplicación de las  vacunas contra el virus del COVID 19 en nuestra población. En este  un nuevo  acto de cretinismo parlamentario, coincidieron oficialistas y opositores,  allí no existió la mentada grieta, ambos bloques reconocen que no tenemos otra  opción porque son las condiciones que nos imponen las corporaciones farmacéuticas. El relato del Estado-Nación soberano se astilla ante el apriete de las empresas multinacionales que demuestran una vez más cómo funcionan las relaciones de poder en el mundo.

Uso y abuso de las estadísticas

Las cifras despojadas de su contexto tienden a  trivializar los factores que explican sus causas y consecuencias. Sirven para generar obediencia a base del miedo, pero también cuando hace falta para flexibilizar las precauciones y las medidas preventivas.

Muchas veces las expresiones que hablan de un ranking de personas contagiadas o fallecidas ejemplifican utilizaciones de las estadísticas descontextualizadas y exentas de reflexión. Es evidente que existen diferencias notables en la recolección de datos, ya que no es fácil obtenerlos con exactitud y precisión. Algunos países solo cuentan las muertes ocurridas en hospitales, otros incluyen, además, las acaecidas en el domicilio o en las residencias de mayores, igual ocurre con la disparidad de la cantidad de testeos y el seguimiento de cada caso. La importancia de contextualizar los datos es decisiva para evaluarlos, situarlos en su entorno físico o situacional, rasgos históricos y culturales.

Son diversos los factores subyacentes en las cifras y múltiples las variables que contribuyen a explicar sus causas y consecuencias. Son también relevantes factores demográficos como la pirámide de edad de la población, su densidad o su estructura social. Se ha dicho que el coronavirus no distingue clases, fronteras ni razas, pero lo cierto es que su letalidad se concentra  en los más vulnerables y los marginados sociales. Las probabilidades de contagio y las consecuencias de las medidas de confinamiento para la salud física y mental no son iguales para los ocupantes de las villas y asentamientos precarios que para quienes se pudieron refugiar en countrys y barrios cerrados aunque vivan en la misma ciudad. Los científicos, como muchos otros profesionales, lo saben bien. Su trabajo conlleva el compromiso y responsabilidad de prestar una escrupulosa atención a describir con exactitud y precisión cómo y en qué condiciones han obtenido y analizado sus datos y resultados.

Al margen de las cifras, son fundamentales las lecciones aprendidas, cuando se ponderaba la necesidad de ganar tiempo para estar mejor preparados, además del equipamiento y la aparatología médica, lo determinante y prioritario  era tener en cuenta el factor humano, el personal de la salud que tiene que ser cuidado y preservado por ser un protagonista decisivo.

A mediados de 1990 el antropólogo médico Merrill Singer utilizó el término sintemia, un neologismo formado por las palabras sinergia y epidemia, para describir las interacciones entre las enfermedades concurrentes y la inequidad sanitaria, causada por la pobreza, el estrés o la violencia estructural en relación con la salud pública, la salud comunitaria y los efectos de las condiciones sociales en la salud. La COVID-19 no es responsable de la desigualdad social, pero está claro que la agrava.  Este enfoque no ha estado presente en los análisis oficiales ni en la comunicación con la sociedad, los análisis fragmentados que  se manejan con una lógica cartesiana, que aborda cada fenómeno por separado, llevan habitualmente por un camino errado.

Como ocurre sistemáticamente, los medios, en su lucha signada por el ranking y los posicionamientos políticos, recurren a los opinólogos que dan la medida de la banalización y la irresponsabilidad con que se difunden datos e informaciones  en la telebasura. El resto del daño, lo hacen las plataformas digitales, las creaciones de los profetas de Sillicon Valley  que construyen  informaciones  pensadas  para  el rédito que otorga la posibilidad de viralizarlas. Viralizar, ese concepto que pasó de la  biología a la retórica corporativa y al marketing, para lograr determinar tendencias y conductas, que a diferencia del COVID, de síntomas reconocibles, penetran e infectan las  conciencias sin que nos demos cuenta.

El debate pendiente

A lo largo de la historia, las epidemias pusieron en evidencia los déficits y carencias de la vida en las ciudades, en muchos casos generaron cambios, derribaron murallas, se mejoraron las instalaciones sanitarias, multiplicaron los espacios verdes, fomentaron la creación de hospitales e institutos de investigaciones públicas. Al inicio de la pandemia se avizoró un debate sobre el modo en que vivimos, las lacras del capitalismo y la posibilidad de revisar los paradigmas de un desarrollo que se creía ilimitado. Hoy ningún gobierno se hace eco de ese debate y sus reverberancias tienen poca presencia  en la  actividad política, no se quiere escuchar la señal de alarma. La emergencia prioriza el arribar a una indefinida nueva  normalidad sin demasiada reflexión sobre causas, donde no hay azares cuando se alteran ecosistemas, se talan los bosques y se contaminan ríos y mares, se destruye los hábitats de las especies silvestres y se cría industrialmente animales favoreciendo la aparición de  zoonosis. En un tiempo dominado por algoritmos que transforman nuestros cuerpos en objeto de consumo, en un tiempo donde todo se acelera sin cesar, no hay espacio para pensar que cuidar la salud de  la naturaleza y de los humanos  es un solo tema, y que la vida  requiere de más respuestas, que  las que se hallan en los laboratorios. Es preciso asumir que esta pandemia no es un hecho fortuito, fruto de un descuido, es parte de una crisis sistémica, económica, social, sanitaria, ambiental y urbana, del modelo civilizatorio que el neoliberalismo del capitalismo globalizado ha llevado a límites extremos como parte de su metabolismo destructor  de la vida.

12 de noviembre de 2020

Silvio Schachter es integrante del consejo de redacción de Herramienta.