25/04/2024
Por Revista Herramienta
No voy a tolerar, que ya no tengan fe.
Que se bajen los brazos, que no haya lucidez.
La Vela Puerca, “Zafar”
Difícil proyectar el futuro próximo, aunque tal vez no tanto con un gobierno que se empeña en caminar con los ojos vendados hacia un precipicio. El presidente Macri insiste con que “no pasa nada, tranquilos”, pero el proyecto liderado por Cambiemos trastabilla y su castillo de naipes está a punto de derrumbarse. Diciembre de 2017 fue el quiebre social; mayo de 2018, su quiebre económico; ¿cuándo será su quiebre político? La crisis económica y social en desarrollo no alcanzará para quebrar por sí sola el proyecto neoconservador; hará falta la potencia social organizada.
El gobierno de Cambiemos llegó con el cuento de la Revolución de la Alegría, ocultando que su proyecto se ceñía a la consigna de acelerar la radicalización productivista del capitalismo dependiente argentino en un intento por superar la crisis transicional y recuperar la capacidad de acumulación de capital –es decir, el crecimiento económico– (cf. Féliz, 2016). Esta radicalización suponía la acelerada concentración y centralización del capital local, la intensificación de la superexplotación laboral y la consolidación de un patrón de participación dependiente en el ciclo global del capital. Cambiemos ha hecho mucho en ese plano general, pero aun así no ha logrado reiniciar un ciclo expansivo consistente (aún más desigual que el ciclo anterior).
En los primeros treinta meses de gobierno sólo logró producir una incipiente e importante redistribución regresiva de los ingresos. Limitado en términos macroeconómicos, el ajuste regresivo no consiguió alterar sustancialmente las condiciones de valorización del capital que podrían impulsar la ya mítica “lluvia de inversiones”. La tasa de ganancia no repunta: para el conjunto de las grandes empresas, se mantiene en torno a un piso de 11% del capital circulante entre 2011 y 2016. La inversión flaquea y cualquier brisa (aunque tormenta, dirá el presidente) quema como el glifosato cualquier brote verde: la inversión se mantiene estancada en términos reales desde 2011, con un repunte en 2017 que se frenó violentamente en la presente crisis cambiaria (cf. Lucita, 2018).
Tormenta perfecta
Entre finales de 2017 y abril de 2018 se confirmó lo que sabíamos: el plan Cambiemos no tenía futuro y sólo sobrevivía apoyado en un financiamiento externo (que en el gobierno soñaban ilimitado) y en una relativa pasividad social-política, ambas construidas en la contradictoria expectativa de un futuro venturoso por venir. Pero el globo se pinchó… (cf. Féliz, 2017a).
La radicalización proteccionista de la administración Trump en el gobierno de EE.UU., aceleró el deterioro en el contexto global que enfrenta la economía argentina. Se acabó el festival de endeudamiento externo que había permitido al gobierno argentino multiplicar la deuda pública: la misma pasó de 240 a 331 mil millones de dólares entre 2015 y el primer trimestre de 2018, y del 52,6% al 59,3% del PBI en igual período; en 2018 –devaluación mediante– la misma ya representa más de 75% del PBI. La suba en las tasas de interés internacionales y la crisis del proteccionismo global expusieron todas juntas las vulnerabilidades del capitalismo dependiente argentino: alta exposición al capital especulativo, elevado déficit estructural en la cuenta corriente del balance de pagos (5,3% del PBI acumulado al primer trimestre de 2018, 34 mil millones de dólares al año), posición dependiente en la división internacional del trabajo como proveedores exportaciones basadas en el monocultivo sojero, y subordinación regional (vía industria automotriz) a los avatares del capitalismo subimperialista brasileño, entre otras.
Diciembre de 2017 será recordado como el momento en que el ajuste impulsado por la gestión Cambiemos tuvo su primer “no” social de magnitud. La represión de la protesta contra el saqueo previsional comenzó a quebrar el espejo de la ilusión (cf. Féliz, 2017b). Se aceleró la articulación de fuerzas sociales frente al ajuste que pretendía venir a resolver la crisis transicional. Luego vinieron la movilización del 21 de febrero y –en especial– el paro nacional del 25 de junio, ambos masivos. Todavía está en disputa la conducción de este proceso. Los sectores burocráticos –o en proceso de burocratización; hoy, además, abiertamente aliados al Papa Francisco– continúan operando como históricamente lo han hecho. Usan los hitos de masas para intentar descomprimir la presión desde abajo mientras continúan pergeñando estrategias para mantener su control sobre sindicatos y organizaciones; la reciente reunión de la dirección de la CGT con los funcionarios del FMI es la última muestra de esta forma de construcción de poder burocrático. Por su parte, los sectores populares desde abajo tratamos de acelerar la organización en las bases y –con aciertos y errores– proyectamos un proceso que abra el campo de la lucha en los territorios y cree condiciones de ingobernabilidad arriba.
Dos años de ajuste gradual pero sostenido no habían logrado ninguno de los objetivos centrales del programa público del gobierno: reiniciar el proceso de acumulación de capital y reducir la inflación. Por un lado, prosigue el estancamiento que se proyecta sobre la economía desde al menos el segundo gobierno de Cristina Fernández (cf. Féliz, 2017a). El PBI ha crecido solamente 2,5% en total entre 2011 y 2017. La inflación sostenida y elevada expresa la incapacidad del capital y el Estado de atacar el poder obrero y popular –y sus conquistas históricas– en los territorios de producción y apropiación de riqueza, tanto en las fábricas como en las comunidades y en las casas: subió en 2016 con fuerte caída salarial, se redujo marginalmente en 2017 con una leve recuperación en el poder de compra de los salarios y volvió a acelerarse violentamente en 2018 con una reducción atroz en los ingresos reales. La dinámica del empleo es tendencialmente descendente en la industria y oscilante y precarizada en el conjunto de la economía, moviéndose al vaivén de la actividad económica. En el Estado, continúan la desarticulación a cuenta gotas de programas enteros, y persisten los despidos por oleadas. La caída profunda de estos últimos meses en la economía (con el estimador mensual de actividad económica cayendo 6,7% entre junio de 2018 y de 2017, y el estimador mensual industrial descendiendo 8,1% en igual período), prepara una inminente crisis abierta en el mercado de trabajo con tasas de desempleo acercándose peligrosamente al 15% de la población económicamente activa. La incidencia de la pobreza por ingresos supera el 30% de la población en el primer semestre de 2018, arriba de los valores del año anterior.
En una guerra de desgaste, los costos sociales son crecientes. Los efectos del ajuste no son neutrales al género: el desempleo se incrementa rápidamente superando el 20% en las mujeres más jóvenes y empobrecidas, se desarticulan políticas de cobertura social y aumenta la carga de trabajo no remunerado sobre las mujeres que compensan con esfuerzo (tiempo) personal las pérdidas de ingresos (cf. Velo, 2018), se deteriora el salario y otras formas de ingreso popular (incluidas las transferencias como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, nuevamente mayoritariamente recibidas por las mujeres) frente a precios que aumentan sin tregua.
En los primeros años del gobierno Cambiemos, la política fiscal-monetaria de Prat-Gay y Sturzenegger expresó la contradicción entre la voluntad del gobierno de ajustar y su imposibilidad de hacerlo al ritmo y profundidad deseados debido a la resistencia social en todos los planos. La intención de llevar adelante un ajuste fiscal profundo, sistemático pero gradual en el marco de un programa de liberalización financiera, tuvo su expresión monetaria en la acumulación de endeudamiento creciente del Banco Central a través de las LEBAC. Primero, cayó el Ministro de Hacienda (octubre de 2017), quien fracasó en el intento de conjugar las intenciones de varios Ministerios operando sin articulación estratégica (cf. Féliz, 2015). Con el agotamiento del financiamiento sin fin, la montaña de deuda comenzó a deslavarse, llevándose puesta en el camino a la conducción del Central; ya en diciembre de 2017 su poder interno se había desvalorizado, preanunciando la desvalorización del peso que ocurriría en los meses subsiguientes.
La llegada de Dujovne, primero, y Caputo, meses después, a los sitios claves en la gestión de la política macroeconómica (Ministerio de Hacienda y Banco Central, respectivamente), buscaron romper esta situación en la guerra de posiciones entre los sectores populares en lucha y en creciente articulación, y las fracciones dominantes del capital. El ataque de estos últimos meses es cada vez más frontal frente a una creciente impaciencia de las fracciones más especulativas del capital: más violencia (para)policial en las calles y crecientes intentos de debilitar la organización popular. La crisis del tipo de cambio de los últimos meses es una de las expresiones de la escalada de esa batalla.
La vuelta de un viejo “amigo”
Llegaron Dujovne y Caputo, y con ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con el apoyo de sus socios mayoritarios (entre ellos, el gobierno de EE.UU.), el Fondo intenta traer tranquilidad de que el ajuste se acelerará.
El acuerdo Stand-by firmado propone una violenta reducción en el gasto público, liderado por la administración nacional. A cambio de ello, el gobierno central recibió 15 mil millones de dólares en lo inmediato (la mitad de los cuales pueden ser usados para pagar deuda del tesoro nacional). Si el acuerdo es cumplido -con monitoreos trimestrales- podrá recibir cuotas por 3 mil millones adicionales hasta un total de 50 mil millones a lo largo de tres años.
El acuerdo tiene dos patas fundamentales. Primera y principal, el ajuste fiscal: una reducción de casi 50% en el déficit fiscal primario (es decir, antes del pago de intereses de la deuda pública) que debería llegar en 2019 a sólo 1,3% del PBI (en comparación con 2,7% en 2018); el déficit primario cero llegaría en 2020. Se estima una reducción de entre 250 mil y 300 mil millones de pesos.
En la práctica, el gobierno nacional ya estaba cumpliendo con esos objetivos antes de la vuelta al Fondo. Según el informe de ejecución presupuestaria, entre enero y junio de 2018 el gasto público primario subió 19,9% en comparación con igual período de 2017, por debajo de la inflación superior al 25%. En paralelo, los pagos de intereses de la deuda subieron 78%. El déficit primario baja, pero el déficit financiero (incluyendo el pago de intereses por la deuda pública) aumenta violentamente, ampliando las necesidades de financiamiento.
La segunda pata del acuerdo es la desactivación de la bomba de las LEBAC. Para ello, se inició un proceso –acelerado recientemente– para reemplazar el endeudamiento cuasifiscal del BCRA por deuda pública a través de Letras del Tesoro en pesos (LETES), entre otros instrumentos. Frente a la presión cambiaria, las LEBAC suponían un crecimiento exponencial de la creación de dinero. Las elevadas tasas de interés, superiores al 40% anual, se pagaban con pura emisión monetaria, alimentando la presión sobre el tipo de cambio. Las LETES, por el contrario, pagan intereses que suman al gasto público y en contexto de ajuste presupuestario compiten con otros usos de los ingresos fiscales e incrementan el déficit financiero del Estado nacional, aumentando inevitablemente las presiones hacia la cesación de pagos: ¿a qué costo podrá financiarse el déficit financiero en ascenso? En el semestre de enero a junio de 2018 representaron el 13,3% de todo el gasto público nacional (15,3% en comparación con el gasto primario); en igual período de 2017 fueron 9,4% (10,3%).
Con el acuerdo con el FMI el gobierno nacional intenta conseguir un respiro frente a una dinámica financiera de corto plazo que no lo deja tranquilo. A pesar del aporte del FMI (7500 millones de dólares de los cuales van a ‘fortalecer las reservas’ y no podrían ser usados para vencimientos de deuda externa), la pérdida de reservas del BCRA superó los 6000 millones de dólares desde entonces (un 10% del total), las tasas de interés de corto plazo se mantienen por encima del 45% anual y el riesgo país oscila en torno a los 700 puntos básicos (duplicando su valor de hace un año).
La primera misión de revisión del FMI a mediados de agosto de 2018 supuso ya poner en tensión el acuerdo, a poco de andar. Los objetivos macroeconómicos de inflación y crecimiento económico no se cumplirán. La situación política pone en riesgo los objetivos fiscales. El pedido de perdón (waiver) ya está en orden para garantizar la continuidad del Stand by; por ahora, entre los sectores dominantes, nadie quiere que el acuerdo de desmorone. La reputación del Fondo está en juego; la gobernabilidad de Cambiemos, también.
Mientras tanto, FMI y gobierno ya acordaron acelerar el ajuste fiscal golpeando en una misma estocada a aliados y enemigos: reducen reembolsos a las exportaciones regionales, frenan la reducción de retenciones a las exportaciones de la industria agropecuaria vinculada al complejo sojero (harinas, aceites), recortan el fondo solidario federal que alimenta la obra pública provincial. Además, se proyecta el congelamiento de los pagos de asignación universal por hijx (AUH) para 2019, entre otros recortes que el gobierno intentará incorporar en el Presupuesto del año próximo.
En el mismo sentido, Cambiemos acentúa su retórica y práctica antisindical, negando en los hechos los espacios de negociación paritaria en el Estado, avanzando molecularmente en formas de reforma de la legislación laboral (en los convenios colectivos ya que no puede avanzar en el parlamento) y combatiendo activamente a las organizaciones (por ejemplo, a través de su intervención o, más recientemente, con intentos de infligir multas multimillonarias a algunos sindicatos).
El ajuste actual no distingue entre necesidades o intereses, sólo prioriza pagar la deuda pública, que continúa en ascenso. ¿Conseguirá el gobierno aliados para avanzar en esta nueva fase del ajuste? ¿O la oposición parlamentaria frenará el recorte presupuestario, aun a riesgo de poner en crisis la gobernabilidad sistémica? Difícil que el chancho chifle...
El gobierno corre una carrera contra el tiempo. Cree que ajustando ganará la confianza del gran capital y llegará con posibilidades a octubre de 2019. Pero a la vez, el alza en el riesgo país parece indicar que su tiempo parece haberse agotado y estaríamos en tiempo de descuento, solo esperando el silbato final que dé por terminado un partido que –parece– van a perder por goleada.
G20: el gran capital planifica cómo apropiarse del futuro
Mientras continúa y se profundizan las contradicciones del proyecto Cambiemos de superación de la crisis transicional en el capitalismo vernáculo, pasa casi desapercibida la presidencia argentina del G20. En innumerables reuniones temáticas de alto nivel y encuentros de los Grupos de Afinidad los 19 países miembros más la Unión Europea, junto con organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y otros, delinean los senderos del cambio estructural para las próximas dos décadas o más.[1] Las organizaciones populares no logramos todavía registrar por completo la relevancia de estos ámbitos donde el gran capital transnacional pretende consolidar los consensos hegemónicos en torno a cómo construir un tipo de sociedad más acorde a sus necesidades.
El G20 nació como superación dialéctica del G7 (que lo integra) antes la imposibilidad de los EE.UU. y sus aliados más importantes (Inglaterra, Japón, Francia, Alemania, Canadá, Italia) para construir por sí solos el “Nuevo Orden Mundial” previsto por George W. Bush a comienzos de los noventa. La primera oleada de crisis en el neoliberalismo en los países dependientes a fines de los años noventa y la (re)emergencia de potencias subimperialistas regionales en el Sur Global (los llamados BRICS –China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica– y otros), obligó a las potencias imperialistas históricas a ampliar el juego. La crisis en el centro a partir de 2008 hizo aún más urgente para el capital acelerar un proceso de reorganización global. Ese año –durante la primera presidencia de Cristina Fernández– Argentina se incorporó al G20.
El nuevo tablero mundial –liderado por las grandes corporaciones transnacionales– requiere de una nueva arquitectura y nuevas reglas de juego, pero sobre todo la construcción de nuevas subjetividades sociales. El capitalismo intentará recuperar el brío perdido intentando constituir nuevos sujetos aislados, temerosos, anestesiados, incapaces de enfrentar la nueva barbarie capitalista.
El capital imperialista se juega mucho en este proyecto. Por ello está dispuesto a invertir masivamente en el control social, en la militarización de nuestros territorios y en la limitación de nuestras libertades. El dinero, las armas, la informática y las nuevas tecnologías (incluidas los algoritmos de inteligencia artificial y los drones, por ejemplo) son elementos claves hoy puestos al servicio del control capitalista de nuestras vidas: millones de pesos invertidos en la realización de las actividades del G20 en la Argentina, el reposicionamiento de las fuerzas de represión a lo largo y ancho del territorio nacional, y la intervención de fuerzas militares extranjeras en puntos estratégicos (frontera norte y sur) con la excusa del terrorismo y narcotráfico.
En ese plano se desarrolla hoy en día la batalla contra el G20. El capital globalizado necesita reconfigurar las formas de la superexplotación de la naturaleza (fractura hidráulica, mega obras energéticas y de transporte, organismos genéticamente modificados, agrotóxicos, etc.) y de la fuerza de trabajo remunerada y no remunerada. Los proyectos de infraestructura enmarcados en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), el proyecto de nueva Ley de Semillas, el Plan Maestro y el programa de evaluaciones PISA, las negociaciones del acuerdo de libre comercio del Mercosur con Unión Europea, la ‘inclusión financiera’ (endeudamiento masivo de las personas, y en particular de las mujeres) y las políticas sociales en clave emprendedorista. Todas ellas, entre otras, buscan conformar nuevos patrones de producción, apropiación y distribución de la riqueza social, del valor, más “justos” para el capital.
Enfrentar al G20 hoy día es enfrentar un proyecto de futuro basado en la profundización de la fractura socio-metabólica de las personas y la naturaleza, en la mayor precarización y privatización de la vida, y en la intensificación del individualismo y la apatía. A través del G20, el capital pretende configurar las bases de un nuevo proyecto societal que le permita superar su crisis civilizatoria. Frente a ello, nosotrxs debemos luchar por una alternativa económica, social y política que supere radicalmente la dominación de la muerte (el capital) sobre nuestras vidas.
El tiempo es ahora: entre el default social y el default del proyecto del capital
No exagero cuando digo que la lucha de los partidos políticos
en nuestra patria no es nada más que una riña entre comerciantes
que quieren vender el país al mejor postor.
Roberto Arlt, Los siete locos
Las jornadas del 13 de junio y 18 de agosto pasaron a la memoria de las luchas populares. Les compañeres y el movimiento feminista pusieron en crisis al sistema político en su conjunto, cuestionándolo todo: las prácticas cotidianas, las formas organizativas, las instituciones anquilosadas, sindicatos, Estado, capital, nuestras propias organizaciones. Están haciendo historia y ya nada será lo mismo, como ellxs mismxs dicen.
Como pueblo debemos aprender de esa radicalidad en esta hora crucial. Frente a la crisis del proyecto hegemónico, el gobierno está decidido a quemar las naves, profundizando y acelerando el ajuste. Ajuste más represión a escala ampliada, no caben dudas. Si no lo enfrentamos ya mismo, las consecuencias sociales, económicas y políticas serán de largo alcance.
En estos próximos meses se juega el futuro inmediato de la lucha social. Nada podemos esperar de lo instituido. Las fuerzas políticas de los Partidos del Orden demandan gobernabilidad y llaman a la tranquilidad, a no enojarse, a la reducción de daños, al “Hay 2019”. Temen que la lucha popular en las calles se lxs lleve puestxs a ellxs también; temen un 2001 político nuevamente; aborrecen un nuevo “Que Se Vayan Todes”.
Tenemos que confiar en nuestra propia capacidad de autoorganización y rechazar las prácticas burocráticas que muchas veces nosotrxs mismxs reproducimos. Cuestionemos con nuestras acciones la instrumentalización de nuestras luchas para objetivos ajenos. Desplacemos a lxs dirigentxs que bloquean la participación popular de base.
Si no derrotamos ya al proyecto hegemónico de salida de la crisis transicional, lo que viene no es una nueva etapa ‘progresista’, sino el avance del programa del G20. En la transición en marcha, el capital intenta avanzar en una nueva configuración del orden social, económico y político para los años por venir.
Estamos ante el desafío de reconfigurar las formas históricas de organización del movimiento popular. Construir aquello que parece imposible, pero que nos permitirá crear hoy mismo la sociedad futura. No tenemos opción que no sea luchar. Lo que está en juego no es un gobierno sino nuestra vida.
La Plata, 27-8-2018.
(Agradezco la lectura y comentarios de Melina Deledicque y Aldo Casas a versiones preliminares de este texto).
Bibliografía
Féliz, Mariano, “¿Vuelta a los 90 o comienzo de la segunda década del neodesarrollo?”, 2015. En: https://marianfeliz.wordpress.com/2015/12/29/ (septiembre 2018).
–, “Cambiemos en su laberinto”, 2016. En: https://marianfeliz.wordpress.com/2016/08/10/cambiemos-en-su-laberinto/ (septiembre de 2018).
–, “¿Quién pinchará los globos amarillos? ¿Hacia una nueva hegemonía social del capital en la segunda era neodesarrollista?”, 2017a. En: http://contrahegemoniaweb.com.ar/quien-pinchara-los-globos-amarillos-hacia-una-nueva-hegemonia-social-del-capital-en-la-segunda-era-neodesarrollista/ (septiembre 2018).
–, “La reforma que es ajuste y represión. Cambios previsionales, lucha popular y alternativas”, 2017b. En: http://contrahegemoniaweb.com.ar/la-reforma-que-es-ajuste-y-represion-cambios-previsionales-lucha-popular-y-alternativas/ (septiembre 2018).
Lucita, Eduardo (comp.), Anuario EDI 2018. Capitalismo argentino: ¿una vez más en la encrucijada? Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburg - EDI (Economistas de Izquierda), 2018. Disponible en: https://rosaluxspba.org/wp-content/uploads/2018/07/Anuario-EDI-2018-para-web.pdf (septiembre de 2018).
Velo, Estefanía, “El 76% del trabajo doméstico no remunerado lo realizan las mujeres”, 2018. En: https://pulsonoticias.com.ar/10187/el-76-del-trabajo-domestico-no-remunerado-lo-realizan-las-mujeres/ (septiembre 2018).
* Mariano Féliz es Docente universitario e investigador de CONICET. Integrante de COMUNA (Colectiva en Movimiento por una Universidad Nuestramericana) en el FPDS-CNy el Movimiento de los Pueblos, y la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay (SEC).
[1] Cf. el sitio web Asamblea NOG20 (https://noalg20.org/).